abril 2017

Fuente: Irina Hauser y Raúl Kollmann | Pág 12 Fecha: 05 de abril 2017 El juez Claudio Bonadio no encontró ninguna evidencia de que la familia Kirchner hubiera concretado alquileres ficticios, ni alquileres a valores que no eran de mercado, tampoco detectó pagos en efectivo, sino que se demostró que todos los movimientos de dinero de la sociedad familiar Los Sauces fueron a través de cheques y depósitos bancarios. Sin embargo, el magistrado –sin prueba alguna– diseñó un fallo en el que acusó a los Kirchner y a otras 18 personas de integrar una asociación ilícita –pese a que la mayoría de los procesados no tienen relación alguna entre ellos–; lavar dinero –pasando por encima del hecho de que todos los movimientos fueron bancarios– y negociaciones incompatibles con la función pública, pese a que los imputados ya habían sido sobreseídos de esa acusación. Pero lo más impactante de las 392 hojas del fallo es que el magistrado virtualmente admitió que la causa es un armado político –una verdadera Operación Bonadio– ya que se declaró incompetente. El magistrado sostuvo que de ahora en adelante debe investigar el juez Julián Ercolini que tiene expedientes con el mismo objeto procesal: alquileres, obra pública, asociación ilícita. Desde el primer momento, Bonadio fue cuestionado por haber fabricado un expediente-colectora, duplicado, de otras causas. Finalmente, sin haber encontrado pruebas, termina admitiendo su maniobra y da un paso al costado. Hipótesis La hipótesis básica de la acusación de Bonadio es la existencia “de una banda que, al menos en lo que respecta al hecho aquí investigado, encabezaron Cristina Fernández de Kirchner, junto a Néstor Carlos Kirchner y Máximo Carlos Kirchner en un primer momento, de haber armado una empresa denominada Los Sauces S.A., con fecha 7 de noviembre de 2006, con el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera magistratura de la República. Tal devolución o retorno se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta empresa, que se formó a tal efecto. La misma operatoria se hizo con el grupo Indalo, pero orientada a compensar la concesión de licencias de juego. Los alquileres fueron caros e innecesarios”. Ninguno de los elementos de esa hipótesis se demuestran en el fallo de Bonadio. El magistrado ordenó 40 allanamientos en los que se cubrieron las 13 propiedades de Los Sauces. En cada uno de los procedimientos se encontró a los respectivos inquilinos, de manera que no se pudo probar la existencia de ningún alquiler simulado. Báez demostró que alquilaba numerosas propiedades, a precios similares, para los empleados de Austral Construcciones, que en un 40 por ciento provenían de otras provincias. Cristóbal López y Fabián De Sousa, del grupo Indalo, que alquilaban dos propiedades de Los Sauces en Puerto Madero exhibieron los alquileres de otras oficinas de sus empresas e hicieron una comparación de precios: las contratadas a Los Sauces tenían un alquiler levemente más bajo que las contratadas en la misma zona, en Puerto Madero, o muy cerca, en Catalinas. La conclusión es evidente: si los alquileres eran reales y los precios de mercado, no implicaban ninguna coima ni transferencia oscura. Bonadio ordenó una pericia contable que no encontró irregularidades. Sólo una referencia a que hubo algunos contratos que no se encontraron o que se encontraron sólo fotocopias. Como ya señaló el abogado de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, esos contratos fueron secuestrados en allanamientos concretados por otros jueces, lo que prueba lo que Bonadio terminó reconociendo: que investigaba el mismo objeto procesal que otros magistrados. La defensa de los Kirchner viene reiterando un concepto adicional: en la hipótesis del juez no hay ninguna lógica en las proporciones. Los alquileres de Los Sauces no sumaron más de 22 millones de pesos en siete años y la obra pública que la Provincia de Santa Cruz adjudicó, por ejemplo, a Lázaro Báez superó los 20.000 millones de pesos. Por proporción –dice la defensa–, los alquileres no pueden ser retorno de obra pública. Y lo que también le juega en contra al juez es que a los Kirchner no se les encontró ninguna cuenta en el exterior ni dinero no declarado ni sociedades offshore que evidencien la operatoria de coimas. Bancos En las 392 páginas de su fallo, Bonadio no pudo detectar ni una sola operación en efectivo o alquileres que no se hayan cobrado con cheque o que no se hayan depositado en un banco. Pero en el texto se evidencia una maniobra del juez cuando se analiza la compra de la vivienda actual de Florencia Kirchner en la calle San José, en Buenos Aires. Dice Bonadio que no se sabe el origen del dinero y que se utilizó efectivo. La operación fue muy distinta y así lo aclaró el Banco Nación. A los Kirchner les venció un plazo fijo por 4 millones de pesos en ese banco. Con ese dinero se compraron Cedines, el instrumento para operaciones inmobiliarias que existía en 2011, y esos Cedines se le entregaron al vendedor de propiedad de la calle San José. En todo ese movimiento no hubo dinero en efectivo, sino que el propio banco hizo el cambio de los 4 millones por los Cedines. Sin embargo, Bonadio alega que no se sabe el origen y que se usó efectivo. Hay tramos en los que Bonadio cuestiona la forma en la que el contador Víctor Manzanares llevó la contabilidad de Los Sauces. El profesional explicó que hay antecedentes, jurisprudencia, sobre una forma global de llevar las contabilidades de las sociedades familiares. “No hay forma de distorsionar las actividades –explicó Manzanares–. Cada una de las operaciones pueden ser reconstruidas sin mayores inconvenientes mediante la información que surge de las entidades bancarias con las cuales operó la firma, así también las personas físicas”. Curiosidades Una de las curiosidades que vuelve a surgir en la causa es que Bonadio señala que Los Sauces pagó demás unas reformas

Fuente: Memoria Activa Fecha: 03 de ABRIL 2017 Los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en la asociación civil MEMORIA ACTIVA queremos denunciar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tomado decisiones muy graves que ponen en peligro la posibilidad de obtener verdad y justicia en este crimen que permanece impune después de 23 años de promesas y frustraciones. Pareciera, señor Presidente, que lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados, desde agosto de 2015, en un juicio oral y público por irregularidades en la investigación, y entre los que se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex Secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, el entonces juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex Presidente de la DAIA, Rubén Beraja y el ex Jefe la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios. Como consecuencia del nuevo posicionamiento tomado por la querella que representa al Estado Argentino en esta causa, los apoderados de la misma —Mariana Stilman y Ezequiel Strajman— presentaron su renuncia al ministro de Justicia de la Nación y alegaron haber sufrido “presiones” por parte del ministro Germán Garavano que les impedirían ejercer el rol de querellantes “con libertad y probidad”. Esto, según señalaron, podría llevar a la Secretaría AMIA a defender “intereses opuestos” o a “declinar” la búsqueda de la verdad, lo que causa verdadero estupor. Es así que nos preguntamos: ¿qué “intereses opuestos” puede tener una parte acusadora si no es explícita o implícitamente salvar a los imputados? Y, en el mismo sentido, si los ahora ex apoderados de la querella no se dejaron presionar, ¿quiénes sí lo harán? Frente a este panorama, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación e indignación por el hecho de que mediante estas maniobras obstructivas de la búsqueda de la verdad y la justicia se procure también afectar la imparcialidad de los jueces que intervienen en este caso. A su vez, queremos señalar que la pretensión del ministro Garavano de diferenciar la querella de la Secretaría AMIA de las de los familiares alegando la búsqueda de un perfil “objetivo”, no resiste el menor análisis. Resulta una subestimación ofensiva y sugiere que las querellas de los familiares son “subjetivas”, como si ellos fueran fruto de nuestros sentimientos personales y no de nuestras reflexiones maduras. Como si nos movilizara un primitivo ánimo de venganza y no la aplicación civilizada de la ley y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. En verdad, esa aludida pretensión del Ministro expone una visión prejuiciosa y retrógrada del rol de las víctimas en el proceso penal y, fundamentalmente, no se corresponde con el testimonio que ha dejado nuestra lucha histórica en este caso. Justamente, quienes frente a la búsqueda de la verdad y la justicia antepusieron intereses “subjetivos”, personales, económicos, políticos y coyunturales no fueron precisamente las víctimas del atentado a la AMIA. Sino que, por el contrario las actitudes más mezquinas y los hechos más bochornosos de este caso han provenido (y provienen) de funcionarios inescrupulosos de los tres poderes del Estado y de la dirigencia comunitaria judía. Los familiares que participamos en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA hemos demostrado con creces nuestro compromiso con la verdad y la justicia, compromiso que de ninguna manera autoriza al Estado Argentino a descansar sobre el esfuerzo de los damnificados y justificar un actuar reticente de la Secretaría AMIA, o a tener actitudes que no están a la altura de la responsabilidad que este caso exige. Sin lugar a dudas, estas maniobras que aquí denunciamos vulneran flagrantemente los compromisos asumidos por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plasmados en el Decreto Nº 812/05, de garantizar la investigación efectiva del atentado y su encubrimiento, apoyar la investigación y fortalecer el trabajo de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El Estado se comprometió también a impulsar como querellante el proceso en el que se juzga el encubrimiento del atentado a la AMIA (cfr. Decreto Nº 229/06). Es en ese sentido y dada la gravedad de la situación, que denunciaremos estos incumplimientos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Por último, reiteramos nuestro rechazo al proyecto de ley de Juicio en Ausencia, que el Gobierno negocia en el Senado Nacional y que presentó después de meses de tramitarlo en secreto. Lo hace aún conociendo el público rechazo de las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado al mismo y de personalidades académicas y jurídicas contrarias a este intento de simular un juicio a iraníes en ausencia de los acusados, de testigos y de pruebas. El único objetivo de todas estas maniobras es claro: cerrar la causa AMIA de nuevo, inventando otra “historia oficial”. Justicia, justicia perseguiremos… MEMORIA ACTIVA

Fuente: Martin Granovsky | Página 12 Fecha: 03 de ABRIL 2017 El ministro de Educación escribió un galimatías sobre Ana Frank y ahora calla. Si hay miseria, en este caso intelectual o política, que no se note. Pero se nota. Para los Granovsky, Ana Frank es como de la familia. Mi tío Gregorio Lerner, casado con una hermana de mi papá, fue el editor de su diario íntimo en la Argentina. La idea se le ocurrió en 1951, solo seis años después del final de la Segunda Guerra Mundial y de que Ana enfermara y muriese de tifus en el campo de concentración de Bergen Belsen. En los años 50 los libros aún se imprimían como en tiempos de Guttenberg. Una linotipo esculpía cada letra en barras de plomo. Las barras formaban planchas y las planchas entintadas se convertían en páginas tras el contacto con el papel. Antes de la versión final dos correctores se sentaban frente a frente, con un juego de originales cada uno. Se alternaban para leer el texto marcando incluso puntos y comas. Uno leía como si fuera un rezo. Otro marcaba los errores. Los originales se llamaban galeras. Mis viejos, Eva y Súlim, se pagaban la carrera de Medicina corrigiendo galeras para mi tío. Experto en teatro yddish, cultísimo, divertido, gran cocinero de gefilte fish, el tío Gregorio era un personaje maravilloso que amaba todas las palabras pero consideraba que dos eran solamente propiedad suya: “Sí” y “No”. ¿Cómo alguien podría llevarle la contra si su voluntad era la encarnación del humanismo universal? Mis viejos se casaron el 22 de febrero de 1952. Cuando le pidieron plata para la luna de miel en Córdoba, el tío no les contestó con un sí. Les dio trabajo. Con bronca, recuerdan todavía hoy, Eva y Súlim cargaron las galeras en la valija para corregirlas en su luna de miel. Eran los originales del Diario de Ana Frank. La bronca, recuerdan también, se les fue al leer el texto, que mi tío imprimió muy pronto para su editorial Hemisferio con un título hermoso: Cartas a mi muñeca. En 1961 mi viejo hizo un viaje de trabajo a Berlín. Cuenta que ni comió para traernos regalos, y debe ser cierto porque no teníamos un mango. A mí me trajo un tren eléctrico Trix Express. Paula, mi hermana, se ligó una muñeca de porcelana. Vino cargado de relatos. Por supuesto que viajó hasta Amsterdam para visitar la casa donde estuvo escondida Ana Frank. Siempre cuenta que desde la ventana se veía el mismo paisaje, la misma construcción que había llamado la atención de la adolescente que quería ser escritora. El miércoles propuse en “Te quiero”, el programa de la 750, que le hiciéramos un reportaje a mi viejo sobre Bullrich, que en la casa de Amsterdam escribió exactamente ésto sobre Ana Frank: “Ella tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que proponía la intolerancia”. Cuando Federica Pais empezó el reportaje mi viejo le contestó duro al ministro. “Esteban Bullrich no es ignorante, es simpatizante nazi”, dijo este señor que en los últimos años escribió un libro sobre el exterminio de los armenios, otro sobre las víctimas no judías de Hitler y ahora está investigando el genocidio guatemalteco. Explicó Súlim que ante el nazismo no hubo falta de diálogo sino exceso. Dialogaron demasiado Arthur Neville Chamberlain y Edouard Daladier. En 1938 ellos dos, uno primer ministro del Reino Unido y el otro de Francia, firmaron el Pacto de Munich con el italiano Benito Mussolini y el propio Adolf Hitler. Acordaron que los Sudetes checos, una región de 30 mil kilómetros cuadrados, podían formar parte de Alemania. Hitler ya había anexado Austria. Hizo lo mismo con los Sudetes y en 1939 repitió el método con el resto de Checoslovaquia. La invasión de Polonia, el mismo año, marcó el principio de la Segunda Guerra Mundial. El aire en Alemania ya estaba envenenado desde 1933. Por eso Otto Frank emigró con su familia a Holanda. Un mal cálculo, pobre. Tuvo solo siete años de paz. En 1940 los Países Bajos también fueron ocupados por la Alemania nazi. Otto había montado una pequeña fábrica en el centro de Amsterdam. Cuando arreció el antisemitismo diseñó un refugio en la parte trasera y en 1942 pasó a la clandestinidad junto con Edith, su esposa, y sus hijas Ana y Margot. Ana ya tenía su diario íntimo. Se lo habían regalado cuando cumplió 13, el 12 de junio de 1942. Al principio, todavía al aire libre, opina hasta sobre sus compañeros de escuela. “Sallie Springer es un chico muy grosero y se dice que ya ha tenido relaciones sexuales”, confiesa. “A pesar de todo me cae simpático porque es muy divertido.” Cuando la familia se encerró en la parte de atrás siguió con la escritura. Siempre dirigiéndose a Kitty, una amiga imaginaria, hace historia sobre lo que fue el año 1940, después de la invasión: “Los judíos deben llevar una estrella de David, deben ceder sus bicicletas; tienen prohibido viajar en tranvía; no pueden viajar en coche, tampoco en coches particulares; los judíos solo pueden hacer las compras desde las tres hasta las cinco de la tarde; solo pueden ir a una peluquería judía; no pueden salir a la calle desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana; no les está permitida la entrada en los teatros, cines y otros lugares de entretenimiento público; tienen prohibida la entrada en las piletas y en las canchas de tenis”. Un día Margot, tres años mayor que Anna, recibió una citación de las SS. Otto había planificado el encierro y lo apuró. El 9 de julio muy temprano la familia caminó hasta la fábrica de Otto, en la calle Prinsengracht 663. “Creo que aquí nunca me sentiré realmente en casa, con lo que no quiero decir en absoluto que me

Fuente: APEMIA y Asoc. 18J Fecha: 02 de ABRIL 2017 Los abajo firmantes, representantes de organizaciones de familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, nos dirigimos a la opinión pública para denunciar que en las últimas semanas el gobierno nacional ha tomado decisiones muy graves que ponen en peligro la posibilidad misma de obtener verdad y justicia en este crimen que permanece impune después de 23 años de promesas y frustraciones. Una de esas decisiones provocó la renuncia de los apoderados del Ministerio de Justicia ante el Juicio Oral que se realiza desde hace casi 2 años contra Beraja, el ex presidente Menem, Anzorreguy, el ex juez Galeano, entre otros ex funcionarios del Estado argentino. La renuncia es una acusación al ministro Garavano, quien habría resuelto limitar a la querella del Ministerio para no tener un rol activo contra los imputados. Los abogados salientes advirtieron que al cambiar el criterio que mantuvieron hasta ahora «podría generarse la defensa de intereses opuestos» a los declamados en el juicio que aún se supone contra “el encubrimiento” y que transita sus tramos finales. En tanto, el gobierno anuncia que firmará un nuevo decreto para abrir los archivos secretos en poder de la AFI que hasta hoy permanecen cerrados, pese a la docena de decretos firmados en el pasado con la misma declaración de intenciones. Consideramos que esta medida es parte de una maniobra para desmantelar la Unidad Fiscal y su Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERAD) que procesa los archivos desde hace poco más de un año, entregando al titular de la Secretaría AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, el control de este proceso. De concretarse, el Secretario compartiría la documentación secreta con Arribas y Majdalani, también integrantes del Poder Ejecutivo, y los archivos que se habrían abierto como parte de una campaña de prensa, seguirían cerrados en los hechos al conocimiento público y de las partes. Por último y después de muchos meses de tramitarlo en secreto, el gobierno negocia en el Senado un proyecto de ley de “Juicio en Ausencia” con Pichetto. Lo hace después de conocer el público rechazo de las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado y de personalidades académicas y jurídicas contrarias a este intento de reforma del Código Penal y de simular un juicio a iraníes en ausencia de los acusados, de testigos y de pruebas. El único objeto de este engendro es cerrar definitivamente la causa y bloquear un debate serio para crear una Comisión Investigadora con personalidades independientes y familiares de las víctimas, poniendo a su disposición todos los archivos del atentado a la AMIA que el Estado sigue ocultando. Denunciamos que todas estas medidas apuntan a cerrar definitivamente cualquier atisbo de investigación del atentado a la AMIA, de su comisión y su encubrimiento, y que el gobierno las adopta para exculpar al Estado argentino de sus responsabilidades criminales y encubridoras, al mismo tiempo que satisface las presiones de la dirección de AMIA, DAIA y del Estado de Israel. Con estas consideraciones, solicitamos una reunión con carácter de urgente al Ministro Garavano y a la Procuradora General Gils Carbó. Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y populares a debatir y pronunciarse: Contra la impunidad organizada por el Estado Por el esclarecimiento del atentado a la AMIA Que se duplique el número de integrantes del GERAD y que continúen centralizados por la fiscalía Que se abran los archivos secretos No al Juicio en Ausencia Por una Comisión Investigadora OLGA DEGTIAR p/ASOCIACION 18J LAURA GINSBERG p/APEMIA Buenos Aires, 2 de abril de 2017