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Fuente: Ari Lijalad | Nuestras Voces Fecha: 20 de OCT 2017 El juez Pablo Cayssials declaró que es inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que el juicio político es la única forma de remoción del Procurador General. Con esta decisión deja habilitada la posibilidad de que Mauricio Macri pueda desplazar a Alejandra Gils Carbó con un simple decreto. La operatoria fue tramada entre el Gobierno, un juez vinculado a Macri y el Grupo Clarín. Mauricio Macri logró un fallo a medida para intentar remover a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó sin juicio político. El juez Pablo Cayssials resolvió que el requisito del juicio político es inconstitucional. Es en una causa iniciada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y uno de sus apéndices, la asociación Será Justicia. La operación fue coordinada con el Gobierno y avalada por un juez con estrechos vínculos con Macri y el Grupo Clarín. El Gobierno, la city y el sello de goma La operación contra Gils Carbó desnuda las relaciones entre el Gobierno y los abogados de la city, alineados en esta cruzada. El modus operandi fue la presentación de dos denuncias gemelas. Una presentada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), cuya sede en la calle Montevideo alberga lo que Horacio Verbitsky definió como “el establishment jurídico que postró al país”. La otra, por un sello de goma creado por el mismo Colegio de la calle Montevideo, la agrupación Será Justicia. Ambos, con un vínculo estrecho con el Gobierno. La relación del Gobierno con Será Justicia –el apéndice de los abogados del establishment– es explícita. Lo demuestran sus posicionamientos políticos y los funcionarios que provienen de sus filas. Un ejemplo es Maria Eugenia Talerico, la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), fundadora de la agrupación. Fue su primera protesorera. Otro, Juan Curutchet, actual presidente del Banco Provincia designado por Maria Eugenia Vidal, que fue vocal de Será Justicia en su fundación. El vínculo entre el CACBA y Será Justicia también es alevoso. El acto fundacional de Será Justicia, en 2012, fue en la sede del Colegio en la calle Montevideo. Su objetivo primordial fue accionar contra las reformas judiciales encaradas entonces por el kirchnerismo. Fueron los artífices de las movilizaciones a favor del eterno supremo Carlos Fayt y de la marcha del 18 de febrero de 2015, al cumplirse un mes del fallecimiento del fiscal Natalio Alberto Nisman. Será Justicia apenas funciona formalmente: tienen una página de Facebook pero el link a su web institucional no está operativo. El presidente del CACBA es Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló. Antes, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Máximo Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir Será Justicia. Fonrouge es socio del estudio Cassagne, uno de los más prominentes de la city porteña. Otro de los socios es Ezequiel Cassagne, que oficia de Secretario del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Forum shopping La presentación de denuncias gemelas es una de las formas de lo que en la jerga judicial se conoce como forum shopping. En criollo, son maniobras para manipular el destino de las causas judiciales y que le toque resolver a jueces y fiscales permeables o cercanos. La denuncia de Será Justicia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la del CACBA a Rita Ailán. El juez Marinelli, luego de un pedido del CACBA, las unificó. Este juez tuvo una tensa relación con el kirchnerismo. Con el macrismo, por el contrario, tuvo buenos gestos. Por ejemplo, rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó “blanqueo”) a los familiares de los funcionarios. Las denuncias tenían un sólo objetivo: lograr el desplazamiento de Gils Carbó. Pedían que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la puede remover por vía del juicio político. Es lo que ahora les concedió el juez Cayssials. Enseguida se notó la mano del Gobierno en esta operación. En lugar de defender al Estado y la legalidad de las leyes, el Ministerio de Justicia comandado por Germán Garavano le dio la razón a los demandantes. Fue la confesión implícita de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defender la legalidad de las leyes. El artículo 76 de la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal establece que “el Procurador General de la Nación solo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”. El 53 dice que la Cámara de Diputados puede iniciar un juicio político y el 59 que el Senado es quien juzga. En ambas Cámaras se requieren dos tercios de los presentes. Macri no tiene esos números parlamentarios y, por ende, intenta avanzar por otras vías non sanctas. La Procuración quiso intervenir en esta causa que apunta contra Gils Carbó, pero el juez Marinelli no aceptó. Sólo admitió a la propia Gils Carbó como tercera interesada. Esta intervención de la Procuradora logró un primer freno a esta maniobra a todas luces coordinada entre el Gobierno y los grupos de abogados afines. La cuestión era obvia: si alguien demanda y el demandado le da la razón, el juez falla a favor del demandante. En este caso, le iba a dejar despejado el camino a Macri para remover a Gils Carbó por un mecanismo fuera del juicio político. Finalmente, el juez Marinelli fue recusado y el expediente recayó en manos del juez Cayssials. Entre los últimos fallos de Cayssials se destacó la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la ley audiovisual (hoy derogada por Macri). Tal como informó Nuestras Voces, el juez Cayssials tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos. Nuestras Voces también informó

Fuente: M. Escalada & A. Ronconi | El Disenso Fecha: 19 de OCT 2017 Una nueva opereta que se cae a pedazos. Mientras Santoro desde las paginas de Clarín asegura que la secretaria del fallecido Fiscal Nisman “negó que su ex jefe haya avalado la firma del acuerdo con Teherán por la AMIA“, la defensa del ex canciller Timerman le responde contundentemente publicando documentación oficial donde Nisman firma que la fiscalía “recibe con beneplácito y encuentra altamente constructivo” el acuerdo. Desde El Disenso reproducimos el comunicado del ex Canciller Timerman sobre la causa. El ex canciller Héctor Timerman se presentó el martes en Comodoro Py citado por el juez Claudio Bonadio, por una supuesta “traición a la patria” a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán para intentar avanzar con el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Debido a sus problemas de salud, el ex Canciller solicitó declarar en el mes de septiembre, lo que fue rechazado por su señoria. La declaración debió interrumpirse por una descompensación de Timmerman, quien debió ser trasladado desde tribunales a la Unidad Coronaria del Sanatorio Otamendi. “Fue una tortura y una crueldad lo que hicieron hoy”, denunció su abogada, la doctora Graciana Peñafort. Durante su declaración, Hector Timerman dejó en claro que el fiscal Alberto Nisman, al que se le anunció oficialmente y por escrito la existencia de negociaciones reservadas, respaldó el Memorándum con Irán. Esta declaración provocó una nueva embestida mediática contra el ex canciller. Desde el medio hegemónico, Santoro aseguró que “los testimonios de la ex secretaria letrada del fallecido fiscal Alberto Nisman Soledad Castro tanto ante la Justicia como ante el Consejo de la Magistratura, entre otras pruebas, contradicen la coartada que Héctor Timerman ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa por encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA“. El Dr. Alejandro Rúa, abogado del ex canciller Timerman, fue quien echo luz sobre el tema. Según Santoro, la ex secretaria aseguró que “Nisman “siempre sospechó del Memorándum”“, lo que se hace difícil de creer luego de ver los documentos firmados por el propio Nisman donde queda claro la contundencia de lo declarado por el ex Canciller. La ex secretaria, cuyas declaraciones Clarín utiliza para la nueva embestida mediática contra el ex Canciller Timerman, hoy trabaja en la vocalía del ministro de la Corte, Horacio Rosatti. La palabra de Héctor Timerman Un día después de declarar ante el Juez Bonadío, quien rechazó la presentación espontánea solicitada por el ex canciller a raíz de su delicado estado de salud, Timerman hizó público un comunicado sobre la causa, que reproducimos a continuación. Por mi esposa, mis hijas, mi nieta, mis hermanos, y por la memoria de mis padres. Por mis amigos. Por los asesinados en el atentado a la AMIA, por sus familiares, y por todos los argentinos. Mi delicado estado de salud, tal vez no me permita enfrentar hasta su finalización, la investigación por traición a la patria y encubrimiento que lleva adelante el juez Claudio Bonadío. Por eso, solicité hace un tiempo, se fije una audiencia en forma inmediata, a fin de poder aclarar los hechos de los que me acusan, en una presentación espontánea. Pero el juez no respondió a mi pedido. Escribo la presente para que toda la sociedad conozca la verdad. El llamado Memorándum con Irán, aprobado por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, y por el que se me acusa de haber querido encubrir a los culpables del atentado, tenía un solo objetivo: Terminar con la parálisis de casi dos décadas en la causa, encontrar y juzgar a los responsables del más cruel atentado del que hayamos sido víctimas desde el retorno de la democracia. Desde que era joven participé de muchas acciones para proteger los Derechos Humanos en todo el mundo. Pensé que esta misión, impulsar la Causa AMIA, inmovilizada desde hace mucho tiempo, era la más importante de mi vida y que una vez finalizada podía retirarme satisfecho de haber cumplido con mis ideales como persona y mi deber como canciller. Sentí, con la firma del memorándum, la profunda emoción de encontrar el camino para encontrar y juzgar a los autores del atentado a la AMIA. Es normal que haya desacuerdos en cualquier tema de política internacional, pero nunca me imaginé la reacción que se desataría en este caso. Y, particularmente, el vehemente rechazo de la comunidad judía a la que pertenezco, que me sorprendió y causó un profundo dolor. En la Argentina no existe la posibilidad de continuar con un proceso penal si no hay indagatoria de los imputados.Dado que varios imputados por el atentado a la AMIA residen en Irán, que por legislación nacional no los puede extraditar, todo lo que nos propusimos era lograr que la Justicia Argentina tuviera la posibilidad tomarle declaratoria a los imputados en su país. Contra todas las acusaciones sin pruebas, aclaro una vez más que: No solicitamos el levantamiento de las alertas rojas. Por el contrario, me comuniqué con el responsable de Interpol para asegurarme que las alertas rojas se mantendrían vigentes. No negociamos el reclamo de justicia a cambio del acuerdo. Ni el comercio de granos, ni de petróleo ni de nada. No hubo reunión secreta en Alepo. Nunca se negoció abandonar la causa de la Amia. El fiscal Alberto Nisman al que se le anunció oficialmente y por escrito la existencia de negociaciones reservadas, respaldó el Memorándum con Irán. Poco después de nuestro fallido intento de mover el estancamiento de la causa con una negociación para mandar a la Justicia Argentina a Irán, el por entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, intentó un camino de negociación. Firmó – junto con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China- un tratado con Irán. En este caso, para detener el acceso de los iraníes a la bomba atómica. A cambio, otorgó el levantamiento de sanciones contra Irán. Nosotros no cedimos nada – quizás por eso nunca logró la aprobación final en Irán. ¿De qué encubrimiento y traición se me acusa?

Fuente: Néstor Espósito | TiempoAr Fecha: 07 de OCT 2017 El fallo que confirmó los procesamientos de dos personas que dijeron haber visto al juez Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos, en la antesala de una reunión con Cristina Fernández, invita a profundizar la investigación para determinar quiénes estuvieron detrás de esa maniobra. Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, los dos procesados por “falso testimonio agravado”, corren riesgo de condena de hasta diez años de cárcel. Y, según se desprende del expediente, no les será fácil zafar. Ya no pueden argumentar que confundieron a Casanello con alguien parecido. No vieron a nadie parecido porque ni siquiera estuvieron en Olivos: “Las pruebas que desacreditan la visita del Magistrado a la morada presidencial revelan, al mismo tiempo, que ninguno de los imputados concurrió al complejo en la fecha declarada”, dice el fallo. Mintieron a sabiendas. El Código Penal lo define como “una divergencia entre lo que el (imputado) transmite y lo que conoce como verdadero”. ¿Hay alguna forma de mejorar sus situaciones procesales? Los difusos contornos del régimen de “delación premiada” no están pensados para el delito de falso testimonio. Pero las mentiras de ambos procesados parecían apuntar a apartar a un juez federal que está investigando un caso de presunta corrupción. Y para eso sí aplica la delación premiada. Corizzo y Scozzino deberían, en ese caso, revelar quiénes pergeñaron la mentira, y para qué. Corizzo se presentó en el expediente como “un soldado del proyecto” kirchnerista. Pero el fiscal Carlos Stornelli (quien no puede ser considerado K) advirtió que su relato “significaba una acusación grave contra la persona que conducía el ‘proyecto’ con el cual se identificaba fuertemente”. ¿Quién es, en realidad, Corizzo? El fallo de la Cámara aporta dos primeros nombres para una investigación ulterior y más profunda: Martín, uno de los hijos de Lázaro Báez, y su abogado, Santiago Viola. Pero la supuesta presencia de Casanello en Olivos y su relación con CFK sólo existieron en la literatura periodística, que luego fue reconocida por los propios autores de las notas como “pescado podrido”. Sin embargo, sobre la base de esos artículos que luego se revelaron falsos, Graciela Ocaña pidió el juicio político de Casanello ante el Consejo de la Magistratura. Peor aún: las publicaciones dieron cuenta de comunicaciones telefónicas reales que había sostenido el juez con parientes y allegados. Pero Casanello no tenía su teléfono intervenido por orden judicial. Es decir, lo espiaron ilegalmente. Lo que resta investigar está en manos del juez federal Luis Rodríguez. Tirar de esa cuerda podría dejar al desnudo una vergonzosa operación político-mediático-servicial.

Fuente: Página 12 Fecha: 07 de OCT 2017 «El presidente ha dicho que soy la peor lacra que existe en el país, y luego ha dicho que el país andaría bien si pusieran en un cohete y enviaran a la luna a 562 personas, entre las cuales dijo que hay periodistas. Yo por las dudas me ajusto el cinturón”. Con estas palabras, Horacio Verbitsky graficó sus sensaciones ante la ofensiva de Mauricio Macri contra aquellos que critican con pruebas el gobierno de Cambiemos. El periodista y titular del CELS quedó en el ojo de la tormenta por la publicación en Página/12 de una nota en la que revelaba que Gianfranco Macri, hermano del presidente, había blanqueado más dinero que el propio Mauricio, aprovechando las bondades del decreto a través del cual modificó la ley de blanqueo y permitió que los familiares de funcionarios públicos se sumen a este beneficio. “El Presidente esta omitiendo bienes en su declaración, de otro modo es incomprensible que su hermano menor, que ha tenido siempre un rol secundario en los negocios de la familia, pueda blanquear cinco veces más de lo que el Presidente declara», dijo Verbitsky en FM La Patriada. El columnista dejó traslucir su molestia por la serie de trascendidos respecto de la irritación de Macri por esa nota y la ofensiva oficial a través de otros medios. «Son amenazas muy directas, muy claras, que yo no las minimizo en absoluto. Puedo decir que los insultos de Macri son un galardón, que me honran, pero de todos modos prefiero que no me lo coloque personalmente al galardón», aseguró. También consideró que “la irritación presidencial, incluso con el principal accionista de Página/12, Victor Santa María, no es por él específicamente, sino por las cosas que yo he publicado específicamente en la nota ‘Gianfrancamente hablando’ sobre el blanqueo del hermanito». Así, no dudó en calificar como “represalia” el enojo de Macri, que llevó a buscar en la AFIP la fuente que pudo haber suministrado información sobre el blanqueo de capitales. Para Verbitsky, también tuvo que ver la labor del CELS en tres casos: el 2×1 en el fallo de la Corte Suprema que benefició a genocidas, la desaparición de Santiago Maldonado y la denuncia por el arresto arbitrario de Milagro Sala en Jujuy. «Me parece que esos son los motivos de la furia presidencial, eso es lo que dicen periodistas que no son afines ni a mí, ni al CELS, como Carlos Pagni o Alconada Mon, por ejemplo”, afirmó el autor de Robo para la corona. «En el caso de Menem, por ejemplo, quién me llamo ‘terrorista de la pluma’, ponía la cara y lo decía él, en consecuencia esto estaba dentro de un marco institucional y habían formas de enfrentar esto”, agregó. Precisó que “no lo dice el Presidente, lo deja trascender a través de funcionarios, a través de voceros, de periodistas, incluyen amenazas de muerte”, y que “desde el año 75 con las notas de la revista El Caudillo no recuerdo algo similar en la Argentina». Respecto del caso de Milagro Sala y el trabajo del CELS, narró que el gobernador Gerardo Morales respondió al pedido de la CIDH llevándola “a una vivienda que no es su domicilio y que la eligió él arbitrariamente, y colocar allí un destacamento de Gendarmería en la puerta. Es una violación directa de la Ley de Ejecución Penal”. Para comprender la magnitud de la medida, dijo que “hay 150 funcionarios de la última dictadura, procesados o condenados por crímenes de Lesa Humanidad que tienen el beneficio de la prisión domiciliaria y ni uno de ellos tienen la menor custodia de fuerzas de seguridad”, lo cual da la pauta de lo “absolutamente ilegal” de lo ocurrido en Jujuy. Verbitsky habló además del caso Maldonado y estimó que “la resolución de Naciones Unidas de ayer habla claramente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de sus declaraciones, de sus actitudes, del retaceo de información, de la información falsa que suministró a la opinión pública y a las propias Naciones Unidas. Es una declaración muy dura, si a ellos les consuela pensar que yo manejo los organismos internacionales, bueno, cosa de ellos». Sobre el caso del joven desaparecido desde el 1º de agosto, remarcó que el informe de la ONU consigna “ese diálogo terrible entre el subsecretario Barbieri, de Seguridad, con un grupo de gendarmes donde Barbieri dice ‘Estamos en el mismo bote, nos salvamos todos juntos o nos hundimos todos juntos’, lo cual, a su juicio, “no es el lenguaje institucional de la Seguridad sino es el lenguaje de la mafia”. El titular del CELS puntualizó que “no ha habido ninguna sanción a Barbieri por decir eso, no ha habido ninguna sanción a ningún gendarme, al margen de que si judicialmente se prueba o no se prueba quién hizo qué con Santiago Maldonado”; y fue categórico al resaltar que “está acreditado absolutamente que varios de los gendarmes han mentido, entre ellos el segundo jefe del operativo de represión”.