Politica

Fuente: Carlos Alberto Rozanski | Página/12 Fecha: 18 de noviembre de 2020 La elección de características de determinados universos de personas como instrumento de estigmatización y eliminación física, no es nueva. Alcanzó su punto más alto en la doctrina nazi, enunciada por Adolfo Hitler, Führer (líder) de Alemania entre 1933 y 1945 y cuyas consecuencias, el mundo conoce. Los grupos eran seleccionados para su descalificación, concentración y posterior exterminio, no sólo por características físicas, sino, además, por sus costumbres, inteligencia, habilidades, gustos culturales, etc. De ese modo llegaban al concepto de raza y la supervivencia a partir de la aptitud. La noción actual de meritocracia, replicada hasta el hartazgo por la dirigencia de los nuevos grupos que se enuncian superiores, tiene sus raíces en aquellos brutales tiempos de la humanidad. No es casual que el entrenador de Macri y su equipo, haya sido Jaime Durán Barba, quien definió a Hitler como “Un tipo espectacular”. Tampoco lo es que desde antes incluso, de la elección presidencial de 2015, la principal técnica de captación de votos del PRO-Cambiemos, haya sido la manipulación inspirada en Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler. De ese modo. con la estructura vertebral de los medios hegemónicos de comunicación, la reiteración de la mentira, construyó verdad en nuestro país. Si bien esas ilegalidades permitieron el saqueo inédito de la Argentina, no alcanzaron para conservar el poder formal en 2019, debiendo replegarse para rearmar su discurso, con miras al 2023. La aspiración de máxima es lograr el retorno al gobierno en ese año, y de mínima, obtener impunidad para sus crímenes. La concreción del primer objetivo, depende de la eficacia en las técnicas de manipulación, y la respuesta que sea capaz de dar el actual gobierno. En cambio, el segundo, está casi garantizado por la permanencia en sus cargos del sector más reaccionario del poder judicial que fue cómplice del saqueo macrista. En cualquier caso, los crecientes discursos de odio y su difusión a través de quienes, permeables a esos discursos, queman barbijos, niegan vacunas, defienden a los multimillonarios y demonizan los “populismos”, son alarmantes. Precisamente porque se diseñan para generar alarma en un sector de la población, y de ese modo, obtener algún rédito político que mejore su deslucida imagen partidaria. Es en ese contexto, que se inscribe el curioso discurso de la ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Acuña. Describir a los estudiantes de carreras docentes como viejos, pobres y de izquierda, no es casual. Todos sabemos que esa imagen no se corresponde con la realidad, pero no es el caso. A ningún dirigente del PRO le interesa la realidad, sino la construcción que de ella se haga para manipular. Hay que recordar que quien era ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, sabía que el corazón de los jóvenes hacia el mismo ruido que el de cualquier ser humano. Sin embargo, rodeado de militantes, susurrando, los convencía que el sonido cardiaco era: “si, se puede”, si, se puede”. La actual ministra Acuña, se formó en el Colegio alemán Primo Capraro de San Carlos de Bariloche. Su director cultural durante el periodo de formación de la ministra, se llamaba Erich Priebke. Era un oficial del ejército nazi que una vez descubierto en Bariloche, fue extraditado a Italia y condenado a prisión perpetua por el asesinato de 335 personas incluyendo niñes, en las conocidas Fosas Ardeatinas. Nadie mejor que ella para definir, en un acto de brutal sinceridad, lo que considera característico de quienes estudian carreras docentes. Viejos, fracasados e incultos son algunos de los adjetivos que utilizó. Con los mismos prejuicios con que los nazis descalificaban como seres humanos a los judíos, homosexuales, con síndrome de Down o gitanos, Soledad Acuña, intentó humillar a los docentes. Sin embargo, la historia ha mostrado que del mismo colegio donde se formó la ministra, han egresado numerosos alumnos de ideas nobles que honran la cultura y jamás ofenderían de ese modo la condición humana. Eso prueba que la educación, si bien es un elemento fundamental en la formación de les niñes, lo que define, es la decisión que tomen de adultos de honrar o degradar la vida.

Fuente: Carlos Heller (*) | Tiempo Argentino Fecha: 8 de noviembre de 2020 Los argumentos de los sectores opositores para intentar incidir en la agenda del gobierno y en el rumbo de las políticas suelen ser variados. Entre ellos está el que dice que las empresas se están yendo del país porque acá “no te dejan producir”. No es más que posverdad. Hay una realidad y es que la “salida” generalizada de empresas ocurrió durante los anteriores cuatro años, bajo la forma de cierres y quiebras. Es la postal más evidente de las consecuencias de un modelo que prometía “lluvia de inversiones” y generó todo lo contrario. Respecto de las que ahora se estarían yendo, ¿estarán pensando en las MiPyMEs, que representan el 99,8% de las firmas del país, y que ya resistieron en la prepandemia las consecuencias del brutal achicamiento del mercado interno? Para nada, se habla de las empresas más grandes, la mayoría de capitales extranjeros, algunas de ellas que sólo generan trabajo de bajísima calidad. Es importante tener presentes estos números, ya que en general se recurre a una falsa retórica que trata de hacer pasar el interés de unos pocos como si fuera el del universo más amplio, y de esta forma intentar incidir en la opinión pública y en las políticas. Para desmitificar argumentos, resulta interesante un informe que elaboró el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde se comenta que para justificar un supuesto “éxodo de empresas” se recurre a ejemplos de lo más variados. Desde empresas que anunciaron su salida (varias aerolíneas, como Latam Argentina) afectadas por la pandemia, un fenómeno global; a otras que sólo implicaron un cambio de manos (Glovo, que pasó a manos de PedidosYa) o la búsqueda de un socio local (Falabella). También están aquellas noticias que involucraron falsas partidas (como Starbucks o Burger King). Salvo en el caso de Glovo, son todas empresas que fueron impactadas negativamente por la pandemia. Pero que además contaron con el auxilio del Estado a través del programa ATP para el pago de parte de los salarios, algo que mucho no se menciona. El informe del Ministerio de Desarrollo Productivo menciona que “hubo éxodo de empresas en Argentina −sea por retiro o por cierre− durante el período 2015-2019, cuando, producto de equivocadas políticas macroeconómicas y nulas políticas productivas, el país sufrió tres años de recesión sin que mediara pandemia alguna”. Entre 2015 y 2019, sigue el documento “cerraron o se fueron empresas de todos los tamaños: pequeñas, medianas y grandes (…). De acuerdo a datos de AFIP, son más de 25.000 las empresas que dejaron de existir en Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. No se veía tamaña destrucción empresarial desde la crisis de 2001-2002”. Queda claro que lo que determinó la gran desaparición de empresas fue un modelo insostenible para los hogares y la mayoría de las compañías. Por eso es crucial que el país vuelva a la senda del crecimiento. Es un proceso que viene promoviendo el gobierno para recuperar lo perdido durante las dos pandemias (la heredada y la del Covid). Otro argumento contrario al interés general es el de la devaluación, que no sólo no es necesaria sino que sería otro duro golpe. Respecto de su impacto en las empresas, según el Observatorio PyME, “si el Gobierno logra controlar el tipo de cambio y evitar un salto violento del dólar, el 51% de las PyME industriales prevé recuperar el nivel de producción pre-pandemia en diciembre 2020 y el 33% durante el primer semestre de 2021. El restante 16% prevé alcanzarlo en el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022 (…). Si, por el contrario, ocurriera un salto devaluatorio antes de fines de año, el principal impacto será sobre el poder de compra del mercado interno y no sobre el balance comercial (externo) de las PyME. No habrá más exportaciones y tampoco mayor protección contra las ya muy deprimidas importaciones. Es decir, la devaluación de la moneda postergará el ritmo de recuperación de las PyME locales y alejará al país del patrón de recuperación mundial”. Una opinión que refuerza la convicción del gobierno de no convalidar una devaluación, además de estar mostrando que tiene las herramientas para conseguirlo. Respecto de quiénes buscan beneficiarse, un dato a no perder de vista es que las exportaciones argentinas están concentradas en relativamente pocas empresas, al igual que ocurre en el resto de los países de América Latina. Según datos oficiales, en Argentina, para el año 2018, el 1% de las empresas que más exporta concentró el 73% de las exportaciones totales en un año, y el 10% de las empresas más exportadoras es responsable de casi el 95% del total anual de exportaciones. Tranquilizando y apoyando la recuperación Las políticas que buscan tranquilizar la economía, cuidar los ingresos y apoyar la recuperación, comienzan a mostrar resultados, y lo hacen aplicando lo prometido en la campaña electoral. Éstas van a contramano de las recomendaciones de quienes piden ajustes que jamás derivaron en los resultados prometidos.  En octubre se volvió a registrar una mejora de la recaudación en términos reales (descontada la inflación), producto tanto de la paulatina recuperación de la actividad económica como de la desaceleración del nivel general de precios. En concreto, la recaudación tributaria subió en octubre un 43,9% interanual, observándose por segundo mes consecutivo un aumento superior a los 5 puntos porcentuales en términos reales. Es un buen ejemplo del círculo virtuoso que se busca consolidar y que contrasta con lo que ocurría en los dos años previos. En esos años se veían caídas reales de la recaudación, producto del ajuste de la actividad económica, de la creciente inflación y de la reducción de alícuotas impositivas siguiendo un espíritu regresivo. Otro tipo de paradigma, tanto económico como social. Entre los indicadores de la actividad, el Índice de Producción Manufacturera del Indec evidenció en septiembre un crecimiento del 4,3% respecto al mes anterior, y un aumento del 3,4% respecto a igual mes de 2019, el primer incremento interanual positivo en este

Fuente:  Gabriela Cerrutti| Nuestras Voces Fecha: 25 de octubre de 2020 La confesión de Mariano Macri en el libro Hermano, de Santiago O’Donnell termina de confirmar lo que ya se sabía sobre el ex presidente y denuncia lo que no imaginábamos: cinismo, maldad y perversión. “Macri es el sumun del ultraliberalismo económico, autoritarismo político, egoísmo y codicia personal”, dice la diputada y periodista, Gabriela Cerruti, autora de El Pibe y Big Macri. Hermano contiene referencias a estos libros y a muchas de las investigaciones publicadas por Nuestras Voces. “Sos la principal protagonista después de los Macri”, me escribió Santiago O’Donnell hace una semana y confieso que me dio un poco de vértigo. Es atardecer de sábado, acabo de terminar de leer “Hermano” y respiro con cierto alivio. Como siempre, Santi es riguroso y tiene razón: las menciones a El Pibe y mis investigaciones son muchas y profusas, pero también la confirmación de Mariano Macri de cada una de esas historias. Las que conocíamos, las que habíamos podido documentar, las que escuchamos pero no teníamos confirmación. Y lo que no podíamos ni imaginar porque no entra en el sistema lógico de la vida humana de este lado del Big Bang: la insondable perversión del hombre al que su codicia y su soberbia impulsó más allá de su padre, sus hijos, sus hermanos. Y todos los argentinos. Hay algo en Hermano que es compasivo para todos los votantes del macrismo: ni siquiera su familia podía creer el nivel de cinismo y maldad de Mauricio Macri. Todos tardaron mucho en comprenderlo y admitirlo. Es tal vez la mayor revelación del libro. La confirmación del vaciamiento de las empresas, los autopréstamos, la triangulación para evadir impuestos, para ocultar patrimonio (da igual si es para estafar al estado, a la justicia o a una ex) es eso, una confirmación. Desde adentro mismo de la familia. Desde una mirada que intenta mostrarse inocente aunque es difícil saber los límites que se habrán cruzado. ¿Quién es Mauricio Macri? Siempre creí que de todo lo que hizo en sus empresas y sus gobiernos, hay un acto que lo define más que ninguno aunque en peso específico de dinero en juego pueda parecer menor. A poco de asumir como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Macri se encontró con una oportunidad de negocios que, además, lo acercaba a su lugar en el mundo, la cancha de Boca. Con un fideicomiso, compró un viejo edificio de Alpargatas  para construir viviendas de lujo que tendrían una particularidad: desde todas las ventanas se vería la Bombonera. Cuatro días después de comprarlo, mandó a la legislatura una ley para eximir de impuestos a todos los emprendimientos que se hicieran en esa manzana. Con tanta impunidad que el proyecto de ley, firmado por él, llevaba como anexo para mostrar el perímetro a eximir de impuestos el folleto de publicidad del futuro desarrollo. Cuando asumió como presidente, repitió el esquema. Primero, sus negocios. En los primeros seis meses de gobierno se intentó autoperdonar la deuda del Correo de setenta mil millones; aumentó los pagos por el Soterramiento del Sarmiento porque era una obra de Iecsa, que nunca dejó de ser suya a pesar de todos los pases de mano que intentaron, y habilitó el negocio de las Low Cost para que la empresa de aviación de la familia, Mac Air, pudiera entrar al negocio. Entrevisté en esos días a Colunga, la mano derecha de Franco Macri que había fundado la empresa de aviación y ahora no entendía bien cómo terminaba el negocio en manos de una empresa fantasma que llevaba el nombre de Avianca. “Franco está destrozado, se quedaron con todo los pibes del Newman”, me dijo entonces, anticipando el lamento de Mariano. Un año después iba a hacer votar la ley de blanqueo para que su hermano Gianfranco ingresara los millones que habían guardado en las cuentas en el extranjero. En el pase de manos queda claro como todo, siempre, es de Mauricio. Cuando asumió como jefe de gobierno, puso sus acciones de SOCMA a nombre de sus tres hijos mayores. Unos meses después, los hijos lo cedieron a nombre de Gianfranco. Gianfranco sacó todo a bancos europeos, y recién volvió a traerlo cuando Mauricio fue presidente. Queda claro que todo seguía siendo de Mauricio. Mauricio se quedó con todo, siempre. Franco estaba convencido que cuando lo dejó a cargo de la negociación con los italianos para la representación de la Fiat en la Argentina, Mauricio se había aliado con Ricardo Zinn, gerente de la empresa, y su tío Jorge Blanco Villegas para dejarlo afuera del negocio. En una escena de Francis Ford Coppola, Franco llegó a la cena en que se firmaba en el acuerdo y los vio en la cabecera de la mesa y se dio cuenta de todo. Rompió el acuerdo y abandonó el lugar. Es cierto que entonces echó a Blanco Villegas de la empresa y Zinn murió poco después en un inexplicable accidente de avión, más o menos en la época en que secuestraron a Mauricio. Una Famiglia complicada. Cuando lo entrevisté para El Pibe, Franco estaba convencido también de que Mauricio había simulado la venta de Iecsa a su primo Angelo Calcaterra pero que seguía manejando el negocio a través de la italiana Ghella, la misma empresa que hizo la obra de ingeniería más grande de su gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, el entubamiento del Maldonado, y que se quedó finalmente con el soterramiento del Sarmiento cuando era presidente. Te mira como mira él, dice el hermano Mariano en el libro de O´Donnell. Con esa mira gélida, que nos transmite ningún sentimiento. Con la boca apenas abierta. Como si no entendiera qué le estás preguntando. Es que no entiende. Pero no es que no entiende por ignorancia o incapacidad de comprensión. No entiende porque su sistema de decodificación es diferente al de la mayoría. No entiende por qué alguien le cuestionaría que algo no sea para él, que algo no sea como él quiere, como él necesita, como a él le conviene. Es

Fuente: Carlos Alberto Rozanski | Página/12 Fecha: 25 de octubre de 2020 Hay una posición del ajedrez que se conoce como “Zugzwang”. Es cuando el tablero está trabado de tal manera, que al que le toca mover, pierde. En esa posición quedó la Corte Suprema de Justicia de la nación. La secuencia fue más o menos así. El Consejo de la Magistratura determinó que había diez traslados de jueces federales que podrían haber sido efectuados de manera irregular. Envió entonces los antecedentes al Senado de la Nación, que es el cuerpo encargado de la aprobación de pliegos de magistrados federales. El Senado citó a los diez jueces cuestionados a una entrevista a fin de aclarar las cosas y decidir lo que correspondía hacer. Siete de los magistrados concurrieron y respondieron las inquietudes de los legisladores. Los tres restantes, no asistieron, descalificando públicamente al Senado de la Nación. La Cámara Alta, por 41 votos a 0 rechazó los pliegos de los jueces rebeldes. Ante ello, el Poder Ejecutivo de la nación, mediante Decretos 750/20, 751/20 y 752/20, dejó entonces sin efecto los traslados irregulares. La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, dando cumplimiento a los decretos presidenciales, dispuso el término de las subrogancias que ejercían los jueces que reemplazaron a estos magistrados en sus juzgados originales. A pesar de la contundencia de las inobjetables intervenciones institucionales, los jueces rebeldes presentaron un amparo, que fue rechazado y finalmente, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia pidiendo un “salto de instancia”. Los Supremos, rápidamente abrieron el excepcional recurso y aún no resolvieron a casi un mes de esa habilitación. Una explicación la encontramos en el antiguo y sabio juego de ajedrez. Como se señaló al comienzo, en posición de “Sugzwang”, al que le toca mover, pierde. Y sin dudas le toca a la Corte. Y, en cualquier caso, algo va a perder. Veamos rápidamente las posibilidades. Si rechaza la cuestión de fondo y confirma que los traslados violaron la constitución, algo pierden porque no deberían haber abierto el per saltum. Si por el contrario mantienen en sus cargos actuales a los rebeldes, es la propia Corte la que violaría la constitución, desconociendo las decisiones de las instituciones que intervinieron, con lo cual, además, comprometen seriamente sus propios cargos. Finalmente, cualquier solución intermedia, como dejarlos hasta que se cubran los concursos a convocar, sería igualmente irregular ya que, si los rebeldes no reúnen los requisitos para quedarse definitivos en ese lugar, tampoco es legal que se queden de manera provisoria. En ese caso, se violaría el principio lógico de “no contradicción”. En síntesis, nuestro sistema judicial está estructurado de manera piramidal. La base está integrada por los jueces de primera instancia y hacia arriba, se encuentran los tribunales de revisión y control. En la cúspide de la pirámide, se ubica la Corte Suprema de Justicia de la nación, que debe ser garantía de experiencia, conocimiento y sobre todo, equidad. Desde ese espacio de máximo poder, se debe brindar a la ciudadanía, la seguridad de que las leyes de nuestro país y en especial su Constitución Nacional, sean respetadas sin vacilaciones. Cuando los jueces de cualquier instancia, pero en especial los de la más alta jerarquía, claudican en sus convicciones y deberes, el ciudadano queda desamparado. Nuestro Máximo tribunal, a lo largo de la historia, ha tenido etapas de complicidad con gobiernos de facto, que han ocasionado daños irreparables a la población. Pero, también ha tenido momentos de valiente defensa de los derechos humanos, con magistrados que aún hoy integran el máximo Tribunal. Cada fallo judicial es una oportunidad única e inmejorable para mostrar integridad, sabiduría y sobre todo decencia. De las opciones sintetizadas, sin duda el rechazo de la pretensión de tres jueces que reniegan de las instituciones, es la única admisible. El ajedrez es un juego en el que el tablero puede quedar trabado y el que mueve pierde. En la vida de una sociedad, en cambio, los jueces siempre tienen la posibilidad de una decisión que le da a cada uno lo que le corresponde. Aunque a veces, signifique resignar un poco de orgullo.

Fuente: Horacio Verbitzky | El Cohete a la Luna Fecha: 11 de octubre de 2020

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 27 de septiembre de 2020 Hace pocos días Alberto Fernández manifestó que “muchas veces los medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades empresariales”. Dicha aseveración remite en forma directa a la actual operación destinada a montar un clima de época basado en dos dimensiones. La primera, de carácter directo y explícito, diseñada para frustrar o entorpecer el cumplimiento del programa de gobierno del Frente de Todxs y la segunda enfocada a enrarecer el clima social, generar desaliento y garantizar el regreso del neoliberalismo. La primera interpela a las tres fracciones convergentes y superpuestas de la oposición, los neoliberales antiestatistas, los antiperonistas viscerales y los anticuarentena conspiranoicos. Sus mensajes buscan empoderar a los defensores de los grupos concentrados, dotándolo de autoconfianza para obstaculizar la gobernabilidad. La segunda maniobra, más sinuosa y estratégica, tiene como destinatarios los perfiles menos sensibles a los debates político-institucionales. Sobre estos últimos, la trifecta corporativa de medios (Clarín, La Nación e Infobae), viene desplegando una batería de falacias e inexactitudes manifiestas destinadas a sumarle aflicción y confusión a la actual situación pandémica. Mientras sugieren cuestionamientos larvados de las medidas sanitarias indicadas por los epidemiólogos e infectólogos, difunden (y propician) pretendidos éxodos multitudinarios a Punta del Este, publicitan la visa de residencia en variados destinos internacionales y notifican la (supuesta) huida en masa de empresas trasnacionales. Las fracciones fuertemente ligadas al mundo financiero exhiben un espanto manifiesto frente a la posibilidad de perder influencia en el manejo de los resortes claves: por un lado lideran el cuestionamiento a las medidas impulsadas por el gobierno, y –en forma simultánea– instalan la degradación del clima social, impulsando el desánimo y su traducción anómica del sálvese quien pueda. Esta última operación, además de disolver cualquier expectativa respecto al actual gobierno, intenta fundar un espacio vacante para la irrupción de una esperanza política futura, que logre anclar en las próximas elecciones legislativas, cuya campaña se inicia en un semestre. Esta siembra de mensajes cotidianos trabaja para debilitar cualquier contacto entre los colectivos menos politizados de la sociedad y el Frente de Todxs. El ataque directo se ejecuta contra la progresiva desarticulación de la mesa judicial macrista –impulsora de las causas mediáticas destinadas a destruir al kirchnerismo–, el impuesto a las  grandes fortunas y las regulaciones del Banco Central en relación con la divisa estadounidense. La justificación discursiva desde la que se monta esta ofensiva es la defensa de los valores republicanos y el resguardo de la instituciones. Sin embargo, esta arremetida omite el rol que ocupan dos de sus instituciones claves: el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. Para los poderes fácticos, los valores republicanos solo son reivindicables cuando coinciden con los criterios y los intereses de sus portavoces y/o sus respectivos patrones. La ofensiva directa es palmaria y explícita. Interpela a los grupos opositores, les brinda insumos discursivos para desafiar al gobierno y los dota de confianza para ilusionarse con un retorno al poder político en un futuro cercano. La maniobra de desánimo, por su parte, tiene como destinatario al tercio de la sociedad cuyo voto es fluctuante y está básicamente articulado al universo simbólico, cotidiano, que lo rodea. Este colectivo  es el que ha decidido los diferentes vuelcos electorales desde 1983 hasta la actualidad. Para este segmento, la trifecta sigue los postulados de la metodología instituida por primera vez en el Reino Unido en la década del ’70 del siglo pasado, consistente en la siembra sistemática de malas noticias y la difusión del pesimismo. Se inocula, mediante la insistencia de malas noticias,  la sensación de caos social. A la pandemia que conlleva el peligro permanente de contagio, ahogo económico y dificultad para proyectarse en el tiempo, se le añade la sensación de desgobierno y el horizonte de una crisis terminal. Esta actividad comunicacional es específicamente pregnante entre quienes se sienten ajenos a las disputas políticas institucionales, suelen percibirlas con desconfianza y cimentan su percepción de la realidad en torno a contextos marcados por el optimismo socioeconómico o su contracara, la depresión. Estratagemas que son coherentes  con los modelos elaborados por el Departamento de Estado para fomentar la catalogación de Estados Fallidos, necesitados de asistencia o injerencia extranjeras para su sobrevivencia. Desolación y después La ofensiva comunicacional indirecta apunta a divulgar determinados mensajes periódicos, dispuestos para exacerbar la decepción, el desaliento y el abatimiento generalizado: La recurrente invitación para acceder a ciudadanías extranjeras de diversos países como solución al desasosiego previamente instalado, haciendo caso omiso a su contraparte de regresos vertiginosos producto de situaciones más graves en otros países. La multiplicación de noticias falsas sobre manejos más eficientes de la gestión sanitaria respecto al coronavirus en otros países. La propagación de información sobre la huida de empresas trasnacionales. (Cantidad mínima comparada con el éxodo sucedido durante el gobierno macrista, según esta concisa cronología). El exilio dorado de integrantes del mundo del espectáculo. Estos discursos fomentan el pánico moral, que busca la reacción de un sector de la sociedad frente a una amenaza que exige respuestas rápidas. Sus difusores cuentan con los sucesos del 2001 como referencia obligada y, aunque no nombren dicha crisis, la utilizan como espejo caótico posible de destino prefijado. Según el sociólogo británico Stanley Cohen, que concibió el concepto de pánico moral, su utilización por parte de los sectores conservadores gira en torno a una amenaza agitada por soportes mediáticos para etiquetar enemigos y al mismo tiempo impedir las transformaciones sociales. Se trata –como sugiere Raúl Zaffaroni en La estructura inquisitorial– de apelar a un instrumento discursivo que proporciona la base para crear un estado de temor colectivo, orientado a ubicar límites a quienes estorban al poder. Este ejercicio se asemeja a una verdadera caza de brujas que necesita personificar y hacer visibles a los chivos expiatorios (la familia Kirchner, los tomadores de tierras en Guernica, los maestros que se resisten a convertirse en vectores de contagio en CABA), de forma similar a quienes fueron etiquetadxs y perseguidxs por el macartismo en la década de 1950. Algunas de las características detalladas por Cohen respecto de la conformación del pánico moral son claramente visibles en

Fuente: Edgardo Mocca | El Destape Fecha: 26 de septiembre de 2020  «Nunca en toda nuestra historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal por decretos del Poder Ejecutivo. Hasta acá, las remociones o desplazamientos forzados de los jueces habían sido patrimonio exclusivo de los gobiernos que usurparon el poder por golpes de Estado”, señalaron los legisladores del interbloque opositor. Este texto forma parte de una declaración en la cual un conjunto de legisladores de Juntos por el cambio “exhortan” a la Corte a intervenir en la cuestión abierta sobre la anulación del traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidida en su momento por el entonces presidente Macri a través de un decreto.   La mentira en la discusión de los hechos consiste en que se rechaza una “remoción”, cuando de lo que se trata es justamente del restablecimiento de la forma establecida por la Constitución, violentada durante el anterior gobierno y reemplazada por la decisión presidencial sin necesidad del paso por el Senado: la famosa designación “a la carta”. Pero la cuestión principal no es la falsificación de los hechos sino el tono del documento.   Lo realmente inédito en los años posteriores a 1983 es la expresa deslegitimación de un gobierno producida por el principal bloque de oposición. Una deslegitimación que, además, no surge del entusiasmo de un discurso de barricada, sino que forma parte de un documento de diputados del Congreso de la nación dirigido nada menos que a la Corte Suprema. En buen romance, miembros de un poder de la república le piden a otro poder que restablezca la vigencia de la constitución alterada por la acción de un tercer poder –el ejecutivo. Eso sí que es un ataque directo y perverso a la legalidad democrática en uno de sus aspectos cardinales como es el carácter soberano del sufragio popular, el principio de la mayoría electoral como forma de elegir las autoridades.  Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE   Cuenta la historia que el día 11 de octubre de 1945 una coalición llamada “junta de coordinación democrática”, que abarcaba al radicalismo encabezado por su sector “unionista”, al conservadorismo e incluía a sectores de izquierda, acordó llevar al ejército la propuesta de la renuncia del gobierno militar de entonces y la entrega del poder a la corte suprema. El contexto era la crisis de gobierno provocada por el disenso en la oficialidad respecto del liderazgo del coronel Perón, quien un día después de ese pronunciamiento sería llevado preso a la isla Martín García y luego liberado por una hasta ahí inédita concentración de trabajadores en la Plaza de Mayo. Hay, pues, una tradición argentina en torno al recurso de las clases más poderosos al único poder no electivo de nuestra constitución como garante último de sus intereses. Esto está en línea con la tradición del pensamiento conservador que acuñó el concepto de “poder moderador” o “poder neutral”. Los conservadores consideran que lo que hay que moderar, en definitiva, es “el poder del número”, el poder de las mayorías.  Para convocar al poder moderador hay que construir una escena de crisis, de angustias colectivas, de barco sin timón. Es la tarea a la que se dedican a tiempo completo las maquinarias comunicativas oligopólicas. En estos tiempos ha nacido otra rama en la estrategia del desgaste al poder elegido por las mayorías: la pandemia ha habilitado una forma de “rebelión” que consiste en la ocupación de calles por pequeños grupos que invariablemente convierten en gritos e improperios (con algún condimento de violencia) las consignas que son títulos principales de las grandes cadenas de la “información”. No importa que sean muy poco numerosas esas demostraciones porque en los tiempos de la pandemia los pequeños grupos funcionan articuladamente con esos medios en la creación de un clima de rebeldía y de desorden. La creación de ese clima es la etapa que está transitando la desestabilización entre nosotros. En otras palabras se está tratando de gestar la necesidad política de un “poder moderador”. La Corte Suprema tomaría el próximo jueves una resolución sobre el caso de los jueces designados por Macri y vueltos a su lugar anterior por el Senado actual. No hay ninguna posibilidad de que la Corte “modere” nada. En general, en Argentina no aparece posible esa moderación, pensada desde fuera de la lucha política. Duhalde presentó su candidatura a moderador nacional, presentando como curriculum su desempeño en el período posterior a la crisis de diciembre de 2001. Pero como supo decir el gran Alfredo Le Pera “las horas que pasan ya no vuelven más”. No solamente porque Duhalde sufrió en el medio más de un derrumbe electoral, sino porque la realidad política se ha transformado, ha construido un antagonismo político que habrá que transitar con prudencia y espíritu pacífico pero que no puede deshacerse por decreto. Allá por 1955 primó la idea de deshacer aquel antagonismo (referencia ineludible del actual) recurriendo a la violencia, la persecución y la proscripción. Y dentro de pocos días el peronismo cumplirá 75 años unido y en el gobierno. La misma lozanía que muestra el antiperonismo incondicional. Para suprimir con violencia el antagonismo político hubo muchas dictaduras y en 1976 se llegó a la más violenta de todas, la que incubó el más criminal de los terrorismos de estado. En la década de los 90, Argentina parecía haber llegado a la meta: el gran consenso neoliberal. Introducidas por Menem y continuadas por De la Rúa, las “reformas de mercado” parecían el fin de la historia de los antagonismos argentinos, lo que estaba además en la agenda política y cultural del mundo. Ese tiempo pasó. En 2001 se dio vuelta la página. Y las dos coaliciones políticas que hoy compiten en el terreno político y electoral son herederas de aquella crisis. Expresan la diversidad social de aquella rebelión. Con la particularidad de que se han alternado en el gobierno sin rupturas constitucionales.  Eso es lo que hoy se amenaza,

Fuente:  Jaime Rosemberg| La Nación Fecha: 24 de septiembre de 2020 Las entidades centrales de la comunidad judía en el país reaccionaron de manera dispar ante el discurso del presidenteAlberto Fernández, que ayer, en su primera presentación ante las Naciones Unidas, pidió a Irán que «coopere» en el esclarecimiento del atentado a la sede de la AMIA y a la comunidad internacional en el cumplimiento de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre ex funcionarios de Teherán implicados en el ataque, que dejara 85 muertos y centenares de heridos. «Vemos como muy positivo que se haya retomado el reclamo y una hoja de ruta que se abandonó con el Memorandum de Entendimiento (con Teherán, firmado en 2013). Pero a Irán hay que exigirle, y no pedirle, que entregue a los buscados por Interpol para que los juzgue la justicia argentina», afirmó a La Nación Jorge Knoblovits, titular de la DAIA. Para el dirigente comunitario, hay «cierta inocencia» en pedirle «a Irán que colabore», luego de 26 años sin avances en el juzgamiento de quienes, a criterio de la Justicia, fueron responsables de la planificación del atentado, ejecutado por el grupo pro-iraní Hezbollah. Con un tono más diplomático, la AMIA valoró las declaraciones del Presidente y calificaron de «necesario destacar la vital importancia de que en un foro internacional de máxima trascendencia se haya reclamado expresamente la colaboración de la República Islámica de Irán, para poder avanzar en el total esclarecimiento del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país el 18 de julio de 1994, y en el juzgamiento de sus culpables». La entidad mutual recordó, en un comunicado, que «está probada la responsabilidad intelectual y material del ataque a la sede de la AMIA de ciudadanos y funcionarios de la República Islámica de Irán, y de la agrupación terrorista Hezbollah» y calificó de «gran importancia» el pedido de Fernández para que los ex y actuales funcionarios iraníes buscados sean detenidos al salir de su país. En diálogo con La Nación, el titular de la AMIA, Ariel Eichbaum, fue más allá. «Creemos que la mención que el presidente Fernández dedicó a la causa AMIA, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue correcta, precisa y también novedosa. El hecho de que haya pedido que los países no hagan caso omiso a las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes es algo inédito, y es algo que la AMIA viene reclamando año tras año», afirmó el titular de la mutual judía. En su discurso, el primero ante la ONU como Presidente y de manera virtual, el Presidente afirmó que «a 26 años del atentado a la sede de la AMIA quiero continuar la política iniciada en este ámbito en 2003 y continuada posteriormente, y requerir a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado». Fernández también solicitó a la comunidad internacional «cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar». No mencionó al Memorándum y aludió sin nombrarlo a la política de Néstor Kirchner en relación al tema durante su mandato como presidente. Los matices entre DAIA y AMIA tienen su explicación en el vínculo que los une con la Casa Rosada y el kirchnerismo. Mientras la DAIA se mantiene como querellante en la causa por presunto encubrimiento del atentado a través del acuerdo con Irán, en el que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, la AMIA reitera cada vez que tiene oportunidad que no tiene «nada que ver» con esa querella, que además de la DAIA está impulsada por dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch. «Es una relación que transita, como debe ser, canales de diálogo institucional de manera frecuente», definió Eichbaum en diálogo con este diario. Las reacciones del Gobierno ante las entidades también son disímiles. Mientras el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, acompañó a la quinta de Olivos a encontrarse con el Presidente al padre de una de las víctimas (Sebastián Barreiro), el pasado 16 de julio, Knoblovits no fue vuelto a citar luego de un encuentro suspendido a último momento con el Presidente, antes del ingreso del coronavirus al país.

Fuente: Carlos Alberto Rozanski (*) | Página/12 Fecha: 23 de septiembre de 2020 Una situación inédita en nuestra justicia se instaló en el país. Para comprender sus alcances y riesgos, hay que remontarse al año 2015. El contexto político era un plan de saqueo económico en plena marcha, aplicando las recetas más sangrientas de Milton Fridman y la escuela de Chicago: transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los más poderosos. Durante la dictadura genocida, el mismo plan económico se llevó adelante en la región mediante la metodología de secuestro, tortura, desaparición y muerte de decenas de miles de ciudadanos. Es lo que se conoció como “Plan Cóndor”. Cuarenta años después, los mismos sectores de ultraderecha, representando los mismos intereses económicos, accedieron al poder mediante elecciones que manipularon a partir de técnicas “aggiornadas”, pero que igualmente se inspiran en aquellos trágicos 11 principios de Goebells. Fundamentalmente se trata de la reiteración de la calumnia como instalación de una nueva verdad.  Mauricio Macri es la primera persona en el mundo, fuertemente sospechado de pertenecer de manera orgánica a una mafia, que llega a la presidencia de una nación (El lado oculto de la familia Macri. Beinstein y Cieza. 2019) y lidera en el país el nuevo Plan Cóndor II. La finalidad de saqueo es la misma, pero la metodología es lo que se conoce como “Lawfare” o guerra judicial (Charles Dunlap 1999). Consiste en cinco pilares en los que se apoyan las operaciones. El Poder Ejecutivo (en manos en ese entonces de Macri), un grupo de legisladoras y legisladores, el sector más reaccionario del Poder Judicial Federal, Los servicios de Inteligencia (que dependen de manera directa del ejecutivo) y los medios hegemónicos de comunicación.  Del 2015 al 2019, coordinados por la denominada “Mesa Judicial”, desarrollaron un plan de estigmatización, persecución, procesamiento, encarcelamiento y hasta condena de opositores políticos y de aquellos ex funcionarios y magistrados que pudieran significar algún tipo de resistencia al nuevo plan criminal instalado el 10 de diciembre de 2015. En lo que hace a la presente reseña, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero Fueron desplazados de sus cargos como jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Dos de las vacantes las cubrió Mauricio Macri por Decreto con Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladándolos desde el Tribunal Oral 4 porteño. Desde allí, operaron en sintonía con el titular de la Cámara, Martin Irurzun, a la medida del lawfare que se comandaba desde la mesa judicial. Allí, el Ministro de justicia German Garavano y Juan Bautista Mahiques eran los encargados de materializar la distribución de las operaciones de carpeteo, extorsión, manipulación y amenazas que permitieron la concreción del plan de saqueo y fuga de más de cien mil millones de dólares de las arcas del país, con perjuicio directo a los sectores más necesitados de la sociedad, aunque igualmente afectó las capas medias y altas de la economía.  El cambio de gobierno permitió en diciembre de 2019 el inicio de una etapa de recuperación paulatina del país, aunque con las dificultades evidentes de la pandemia que afecta al mundo y el estado de tierra arrasada producto del saqueo macrista. De los cinco pilares anteriores del Lawfare, las modificaciones que se produjeron fueron obviamente el reemplazo de un ejecutivo de fuertes características mafiosas por un ejecutivo claramente democrático. Asimismo, la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reemplazando a los titulares integrantes de la banda (Arribas y Majdalani), por una figura de indiscutida capacidad y honestidad como es Cristina Caamaño. Sin embargo, al quedar intactos los espacios más poderosos de la justicia federal, así como los de los medios hegemónicos de comunicación, los brazos del Lawfare siguen operando, desde una mesa judicial en las sombras comandada por el expresidente Macri, Patricia Bullrich y sus socios. Ahí se encuentra explicación de la brutal oposición de Juntos Por el Cambio a que se dejen sin efecto los traslados de los jueces federales que, junto a German Castelli, se negaron a comparecer a la audiencia en el Senado de la nación para el examen de sus pliegos y responder preguntas, como lo han hecho la totalidad de los miles de magistrados convocados por ese cuerpo desde el inicio de ese sistema de selección. Es lo que manda la Constitución Nacional y es a lo que se han negado los tres jueces señalados. Un juez que no respeta la constitución, no puede continuar en su cargo. No están desafiando al Senado, están desafiando la democracia. *El autor es ex juez de Cámara Federal