Politica

Fuente: Paula Vázquez | Revista Crisis Fecha: 04 de NOV 2017 “Coqui” es un poco rain man. Articula una verba sistémica con niveles de abstracción por encima de la media, y afectivamente puede parecer un extraterrestre. Cuando se relaja, lo que suele durar una fracción de segundo, aflora un chaqueño afable. Es un tipo joven “con toda la vida por delante”, y al mismo tiempo un político hecho y derecho de vasta experiencia y trayectoria. Con varios “saltos” a la política nacional, y sucesivas “vueltas” al territorio de una Provincia que parece quedarle chica. Aunque acaba de perder Resistencia, a manos del vendaval amarillo. Para el mundillo político Capitanich es sinónimo de eficiencia y capacidad de gestión, por eso se desempeñó como Jefe de Gabinete de Duhalde primero y de Cristina después (el Marcos Peña que no fue). Pero Coqui sueña con ser un estadista: estudia tres horas diarias, dicta conferencias, escribe libros. Su proyecto teórico apunta a mixturar el populismo posmoderno con la teología del pueblo de su viejo amigo y mentor, el compañero Bergoglio. Espera su momento, mientras insiste en la centralidad de la figura de Cristina o en el caudal de votos que, por el efecto de una varita mágica, podría transmitir a un elegido que se figura del riñón. En su discurso de la noche electoral, Cristina dijo “esto recién empieza”. Vos proponés un espacio de centro izquierda que no tenga como primera referencia al peronismo. ¿Ves a Unidad Ciudadana ocupando ese lugar? Es necesario una primera etapa de acumulación opositora y para eso necesitás identidad ideológica, doctrinaria, filosófica. A la luz de la realidad: ¿cuántos peronistas comulgan con Macri? Caló está con Macri, Moyano por lo menos no expresa oposición, gran parte de la CGT son adherentes al modelo. Urtubey, ¿en qué se diferencia cualitativamente? Y lo digo con buena leche: el peronismo como expresión política no es el que define la contradicción. Si hay una centroderecha neoliberal conservadora, entonces la contradicción es con una centro izquierda de base popular y/o progresista. La contradicción es inmanente a la política. Y la oposición no puede hacer lo mismo que el oficialismo, porque si no no existe democracia representativa. El primer peronismo tuvo su columna vertebral en el movimiento obrero, pero después de la dictadura el vector principal pasa a ser el territorio, ¿ahora se estaría planteando que la esencia es el discurso? Yo planteo que no hay política sin contradicción, y no hay contradicción sin discurso. El problema central es que el discurso precisa un actor como exponente, por eso la matriz hegemónica te va a insultar, agravia y descalifica al actor que enuncia. Nosotros tenemos un problema serio de comunicación, porque atacan al actor y descalifican el discurso. Pero la sociedad es cada vez más volátil. Cuando sean más los que pierdan, entonces habrá una redefinición desde el punto de vista electoral. Hoy la contradicción es pasado contra futuro, corrupción contra honestidad, lo cual te impide hablar del tarifazo o del endeudamiento. ¿Imaginás una recuperación de ciertos valores del kirchnerismo, para “volver” y afrontar lo que no se pudo o no se quiso hacer? ¿O ves necesario crear algo nuevo? Necesitamos una agenda de unidad de la oposición, de carácter programático: incorporar el problema de las identidades de género, una política ambiental, los problemas del desarrollo industrial, la desigualdad de ingresos, los modelos de comercio exterior, y a su vez la construcción del federalismo. Antes de que ustedes llegaran yo estaba trabajando en la construcción de cadenas de valor en la economía popular. Más allá de las medidas del gobierno, el ajuste se da fácticamente, incluso como consecuencia de la cuarta revolución industrial que definió Schwab, porque hay cada vez menos probabilidad de incorporación de empleo privado formal. Los que quedan por fuera del trabajo privado formal son “ajustados fácticos”. El kirchnerismo parece esperar que la malaria económica sea tan grave como para que el electorado vuelva corriendo a buscarlo, pero el macrismo ha logrado desacoplar las consecuencias de sus medidas de gobierno de las aspiraciones electorales. ¿No hay una suerte de aporía de la política en este planteo de sit and wait? Bueno, eso ocurre en una primera fase, no es sine die. Ellos, con mucha inteligencia, omitieron el presente. Trabajan pasado y futuro, ganan en base a las expectativas. Ahora bien, las expectativas tienen que traducirse en acciones porque si no pierden credibilidad. Entonces el presente se valoriza más que el futuro. Ahora ganaron un poco de tiempo pero tienen que demostrar, si no demuestran se les va a poner difícil. Cuando recorrés la historia argentina tenés dos modelos, el neoliberal clásico y el modelo populista. En ambos casos el ciclo termina con un problema de estrangulamiento del sector externo, nosotros por falta de divisas y ellos por crisis de deuda. Ellos resuelven las contradicciones con endeudamiento y el endeudamiento tienen un límite. Que las tensiones de stop and go e inestabilidad macroeconómica sean indefectibles no quiere decir que no puedan resolverse. Hay que tener el pensamiento muy ordenado desde el punto de vista de la conceptualización global e ideológica para tratar de administrar las contradicciones. La resistencia populista Las primeras armas de Capitanich en la política fueron a mediados de los noventa. Por entonces, un treintañero pujante y metódico se propuso derrotar la hegemonía radical del rozismo chaqueño. También fue funcionario de Menem: ocupó el puesto de Subsecretario de Proyectos Sociales en Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Palito Ortega. El otro Subsecretario, en la misma repartición, se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Mientras por los pasillos correteaba una novata Mariu Vidal. Luego, el estallido dosmilunero repartió las cartas de otro modo y las jóvenes promesas formaron en escuderías antagónicas. Pero se conocen. Y se respetan. Aunque Coqui pone en primer plano la ideología: “Hoy tenemos una matriz hegemónica de pensamiento neoliberal y no existe matriz contra-hegemónica. Esto no sucede solo en el plano nacional, sino que es un fenómeno internacional. Estamos ante un sistema económico que privilegia la especulación financiera y promueve asimetría y concentración económica:

Fuente: Eduardo Aliverti | Marca de Radio Fecha: 04 de NOV 2017 Fue un símbolo tristemente inmenso que había transcurrido muy poco rato desde el ingreso de un escribiente y miembros de Prefectura al departamento de Amado Boudou, cuando ya circulaban en los portales oficialistas no sólo las fotos sino el mismísimo video del momento en que le comunicaban su detención. Una transmisión en directo, para resumir. La fórmula consistió, como de costumbre, en decir que se había tenido “acceso” al lujo de detalles de esos instantes dramáticos, pornográficamente afectadores de la intimidad del detenido y sin ninguna necesidad de difusión pública. Se creyó que las únicas fuentes que pudieron proporcionar esos documentos testimoniales eran las del propio juzgado, pero después se aclaró que las directivas partieron del Ministerio de Seguridad. Tanto como en otros casos de show cinematográfico, avalados por las autoridades, el precepto es mucho más salir de cacería que hacer honor a la Justicia. Es desopilante –y quizá no tenga antecedentes– que la detención del ex funcionario sorprendiera inclusive al autor de la denuncia promotora del expediente, Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien reconoció que Boudou siempre estuvo a derecho. Así lo sostuvo además el fiscal Jorge Di Lello y el mismo juez Ariel Lijo en un fallo que, según los especialistas consultados de todo color y pelaje político, pasará a la historia de los escándalos jurídicos. Es imprescindible insistir, por mucho que se lo haya repetido, en que Boudou jamás fue siquiera indagado y hasta tuvo autorización para salir del país, porque la Cámara juzgó que no había posibilidad de entorpecimiento. También, so pena de naturalizar las obviedades impúdicas, debe reiterarse que hace pocos días el juez fue espoleado desde entidades jurídicas y ONGs adictas al macrismo, por observar “demoras excesivas en la tramitación de causas”. No podrá reprochársele que tardó en acusar recibo. El fallo contra Boudou abunda en una cantidad de potenciales, en su acepción de supuesto peligro de fuga, supuesta obstaculización, supuesto riesgo procesal, supuestos y graves hechos de corrupción, que, si se quiere extremar, a más de ser un bochorno legal no podría salir airoso en un examen de técnica periodística investigativa. A raíz de eso, circula asimismo la pregunta de por qué no debería ser detenido el presidente Macri en la causa del Correo Argentino, excepto considerar que él, su familia y allegados no son figuras poderosas en capacidad de entorpecer la investigación. Cómo serán las cosas que Joaquín Morales Solá preguntó si acaso se estaría viendo este proceso de “persecución” judicial de haber ganado Daniel Scioli. Es necesario detenerse en esa palabra, persecución, en boca de uno de los columnistas preferidos del macrismo. Su significado político es irrebatible. Por eso fue sustantiva la precisión simple del título de este diario, en su sitio web, tras la detención de Boudou: “Pasaron las elecciones pero la campaña sigue”. Y seguirá, porque la arremetida judicial y mediática desde la esfera política es el ancho de espadas para (el intento de) relativizar las consecuencias del paquete de reformas anunciado la semana pasada. Su centro es claramente el derrumbe de toda la legislación protectora de los derechos laborales, hasta el límite de hacerlos retroceder a la previa del surgimiento peronista a mediados del siglo pasado aunque hay quienes afirman que, en rigor, el bulto es pre-yrigoyenista. Se pretende cambiar el concepto de trabajo al definirlo como “una cooperación entre las partes” con derechos y deberes recíprocos. El trabajador deja de ser el producto de una relación asimétrica con la patronal para convertirse en un asociado, o poco menos. Resulta muy interesante que los laborantes de Techint, apenas para ejemplificar, pasen a sentarse en igualdad de condiciones negociadoras con Paolo Rocca. Como advirtió el colega Raúl Dellatorre en su columna “Avasallados” (PáginaI12, viernes pasado), “solamente los sectores más retrógrados de las cámaras empresariales se atrevían a pedir tanto, pero el gobierno de Mauricio Macri parece haber superado sus propias expectativas”. La reducción de las indemnizaciones por despido podía estar en los cálculos. Pero que el pago de horas extras sea sustituido por un “banco de horas”, para que el patrón disponga cuánto dura la jornada de trabajo y el tiempo libre del trabajador, es un sueño del pibe que difícilmente era imaginable en la correlación de fuerzas vigente, así fuere a los tumbos, hasta la llegada de Macri al poder. Otro tanto ocurre con la extensión del “fondo de despidos”, de manera que los montos destinados a ello surjan de un aporte mensual acumulado, para que la patronal lo emplee cuando le parezca y el empleado pague su propia indemnización. No parecería que las víctimas estén informadas del tema o, peor, más bien semeja que una gran parte de ellas prioriza festejar a De Vido y Boudou presos –sin importar en lo más mínimo la seriedad jurídica de los procesos que los alcanzan– a la espera de un brindis mayor al respecto que se llama Cristina Fernández. Tampoco hay registro alborotado de que echarán mano a los fondos jubilatorios en unos 100 mil millones de pesos. Como indica el ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis, el monto aproximadamente real son 150 mil millones cuando se suma, entre otros, el recorte contra la Asignación Universal por Hijo: con la reforma previsional se ajustan unos 7500 millones de dólares, y con el cobro a la renta financiera se recaudarán alrededor de 1200 millones de dólares. Implica sacarle a la economía 1,5 por ciento de crecimiento. Esa reforma previsional de Cambiemos, que llegó al poder directo con la bandera del 82 por ciento móvil, se propone reducir en casi 900 pesos por mes lo que ganan los jubilados de la mínima, a valores de hoy. No importa. Que viva la República, como twiteó Carrió al conocerse la detención de Boudou. La bomba del endeudamiento sin contrapartida de inversión externa alguna, porque ni a un loco de remate se le ocurriría poner plata productiva en una orgía de bicicleta financiera al mejor estilo de Martínez de Hoz y Cavallo, tampoco

Fuente: Jonathan Heguier | El Destape Fecha: 03 de NOV 2017 La Justicia impuso un nuevo modus operandi: meter presos a políticos sin condena por haber sido funcionarios y posible entorpecimiento de la causa, ya que el solo hecho de haber sido funcionarios provocaría tales complicaciones a las investigaciones. Tanto en el caso Julio De Vido como Amado Boudou usó a ese riesgo procesal limitado y llevó a la cárcel a ambos ex funcionarios del kirchnerismo que se presentaron siempre a declarar por sus propios medios y no dieron señales de querer entorpecer la causa. Hoy, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a Boudou se lo detiene con preventiva por orden del juez Ariel Lijo por haber sido ministro y vicepresidente y «por las relaciones que conserva en el poder». «La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-«, afirma el fallo, similar a la determinación con el ex ministro de Planificación. En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación. Con este mismo procedimiento de la «doctrina De Vido-Boudou», la Justicia argentina podría y debería detener a funcionarios del actual Gobierno que están imputados, procesados o asumieron bajo ese estado judicial. Al ser hoy parte del Estado, les daría un poder privilegiado para complicar el andar de las causas judiciales en su contra, si se siguie esa línea argumental inaugurada recientemente. La lista que complica al Gabinete de Mauricio Macri y hasta al mismísimo Presidente. MAURICIO MACRI El Presidente de la Nación es investigado por la causa del Correo Argentino. ¿El juez? También es Ariel Lijo. Es en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento. El mandatario además asumió procesado por la causa escuchas ilegales, procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Con la «doctrina De Vido-Boudou» no debería haber asumido o caer en prisión ya asumido. Además, Macri acumula causas por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, por el memorándum con Qatar, Panamá Papers y los casos Avianca y Fly Bondi. Todas bajo su presidencia. GABRIELA MICHETTI Imputada la vicepresidenta junto a Macri por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses. Luis María Blaquier, uno de los funcionarios del gobierno nacional que firmó el Memorándum, renunció a su cargo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa apeló y ahora está en manos de el fiscal Germán Moldes, quien debe impulsarla o dejarla caer. JUAN JOSÉ ARANGUREN El ministro de Energía está imputado por negociaciones incompatibles, ya que se inició una causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que hizo el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic, que ahora cambiaron nuevamente de nombre. La denuncia pide que se investigue si Aranguren incurrió en los delitos de «abuso de autoridad» y «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas». Según la denuncia, un funcionario «como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra» de las represas sobre el río Santa Cruz, ahora rebautizadas «Condor Cliff» y «La Barrancosa». GUSTAVO ARRIBAS El director de la AFI (ex SIDE) fue denunciado por recibir transferencias de parte del cuevero Gustavo Meirelles, en una fecha coincidente en la que se decidía el inicio de las obras por el soterramiento del Sarmiento, obra adjudicada a Odebrecht. Hubo documentación y declaraciones que los complicaban, además del propio testimonio de uno de los hombres clave del Lava Jato brasileño. El juez Canicoba Corral no solo no lo detuvo con la doctrina «De Vido-Boudou» sino que realizó un sobreseimiento exprés. Como si fuera poco, el fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de impulsar la investigación, pese a que él era uno de los más enérgicos críticos al cierre de la denuncia de Nisman. LUIS CAPUTO El ministro de Finanzas está denunciado por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Durante el 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión que administró el propio ministro hasta un día antes de asumir como secretario, en 2015. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez. Este magistrado es el primero que ordenó detener a De Vido, a expensas del fallo de la Cámara Federal. El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación. LUIS ETCHEVEHERE El recién asumido Ministro de Agroindustria está denunciado por evasión, desvío de dinero y cuentas ocultas en Uruguay. El Grupo Etchevehere está complicado por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias a través de maniobras irregulares con préstamos por $ 4,5 millones. CARLOS MELCONIAN

Fuente: Gustavo Varela | Socomba Fecha: 16 de OCT 2017 Son otra cosa. No son la rancia aristocracia del siglo XIX; no son las fieras fascistas del treinta. Se parecen a los de la Revolución Libertadora (los antiperonistas se parecen, cualquiera sea la filiación política o ideológica). Pero estos de ahora son definitivamente otra cosa. Varias, no una, pero lo que más son es efectivos (por eso mismo son patoteros). En la política son de genealogía reciente, de fines de los años setenta y comienzos de los ochenta: finanzas y era digital. O sea, máquinas de producción y resultado. Ni Roca, ni Agustín P. Justo, ni Frondizi. Ni Onganía, ni De la Sota, ni Cobos. Eso es carne vieja. Los de ahora son buitres de carroña actual. No son de derecha: no es ese el rango que los mide. Son otra cosa; neo-empresarios, de bicicleta, aire libre y viernes casual. No tienen país de origen, no les importa la Argentina. Pueden vivir aquí o en cualquier lado. No son conservadores ni ilustrados. Son gentes a pura eficiencia y con muchos recursos técnicos. No tienen cultura, apenas aquella necesaria para el desplazamiento. En general son iletrados, de bostezo fácil frente a un libro. Tienen preocupación por las formas, porque es parte del mismo asunto. Formas superficiales, de packaging de felicidad y armonía, de cartel en el subte que dice: “Si alguien se siente mal, ayudémoslo”. Lo obvio se convierte en slogan. Este marketing de vida sana y comprensión es la exudación de la economía política que sostienen. Son corporaciones que negocian. Ni fábricas fordistas ni empresa familiar. Estas corporaciones no tienen dueño, los excede. Son más grandes las acciones que la voluntad individual de un dueño. Por eso no importa si es Mauricio Macri o quién sea. Macri es un muy buen exponente, sí, pero el asunto es más amplio, de inscripción internacional, de lazos más complicados, de intereses cruzados. Tienen entrenamiento en el exterior, todos bajo el ala de las finanzas; son eficaces, muy eficaces para lo que quieren. Insisto: no son la derecha ni son conservadores. Son neo. Pura demolición a fuerza de anticipación financiera. Neo; no es ambición sino procedimiento: es la forma de operación sobre los otros. La eficacia no admite caras, ni parentescos, ni pertenencia grupal. Cuando hablan de equipo es porque los vínculos responden a esquemas funcionales. Son cuerpos de abrazo rígido, de compromiso con la tarea y nada de comunión. Es un equipo gélido. Por eso se abrazan como repeliéndose. La forma de operar sobre los otros es bajo una apariencia (amenaza) de modernización permanente. El Ministerio de modernización es la institucionalización del dominio financiero por encima de cualquier otra razón. No son humanistas, no dudan. Retroceden, a veces, pero no dudan. Saben a dónde van y no necesitan que haya alguna mediación. No tienen un proyecto de país. No les importa. Son lo más agudo del capitalismo, su bisturí más impiadoso. No es un nombre. Son otra cosa: una raza política nueva que casi no conocemos. La administración del gobierno actual tiene una forma específica de ejercer poder: es la política vaciada como aplicación (app). No hay votantes, hay usuarios. Eso ofrecieron en las elecciones: aplicaciones para usuarios. Es decir, herramientas de uso y habilitación personal: ser felices, estar todos juntos, la alegría es poder colaborar, en todo estás vos, mirar al futuro. La aplicación más elocuente: cambiemos. Ante cualquiera de estas aplicaciones, la fuerza argumental en contra es vista como violencia. Y en el colmo de la aplicación, como soberbia. La política como aplicación es el desplazamiento del elector al usuario móvil. La eficacia y la extensión de los íconos salen de las pantallas y se instalan y actualizan en la vida cotidiana. Google play: 700 mil aplicaciones bajadas. Android: más de un millón. Apple, millón y medio aprobadas desde 2008. 35.000 millones de descargas. La extensión no reconoce clase social ni lugar de origen. 35.000 millones (sólo de Apple) es signo de una práctica orgánica, de un tipo de necesidad vital. 35.000 millones: no elegimos, estamos adentro. Sergio Massa como opositor peronista es una aplicación del gobierno actual. En otras funciones, lo mismo Hugo Moyano y también lo fue el Momo Venegas. Los intendentes radicales, volver al mundo, el fin del cepo, ñoqui, contramilitancia, todas son aplicaciones conminadas al uso y la propagación. Y efectivas para administrar usuarios. El yaguareté de los billetes es la aplicación “basta de historia política”. Multitasking Pro. Narcotráfico: la reiteración del tema, la insistencia y difusión permanente, es la composición de una nueva aplicación. Es necesario instalar el ícono en cada pantalla: Narcotráfico. No vemos claramente qué es; es suficiente el ícono. Eugenio Zaffaroni da un reportaje. Argumenta: “Al narcotráfico no le importa la Argentina porque queda lejos de Estados Unidos, lejos del lugar del consumo. El narcotráfico no es un problema aquí”. La aplicación se distribuye igual. A la aplicación no le importa Zaffaroni, no hay lugar para los argumentos de Zaffaroni. La aplicación es eficiencia sin ética ni compromiso. Por eso puede ser una y lo contrario. Carlos Melconián: “Vamos a devaluar”; Macri, un día después: “No devaluamos”. La aplicación se actualiza. Todo es posible. Cedamos siempre el asiento. Dejemos bajar antes de subir. Tiremos la basura en los cestos: aplicaciones para la vida Pro. La más clara, la que indica el gesto de un solapado disciplinamiento social: Esperemos siempre detrás de la línea amarilla. No todo es aplicación. El poder judicial, el poder mediático y las fuerzas de seguridad no son aplicaciones, son la garantía de funcionamiento de las aplicaciones. ¿Para qué? Para la marcha precisa de la economía financiera y del vaciado político. La aplicación que ya no sirve, se borra o se elimina (Ernesto Sanz y buena parte del radicalismo). El ícono Pro, con su tecla de avance, no es un partido sino una aplicación con voluntad de vaciado político. El gobierno Pro no fue votado, fue descargado por un 51 por ciento de usuarios. Esa es su conquista inesperada.

Fuente: Ari Lijalad | Nuestras Voces Fecha: 29 de OCT 2017 Hace algunas semanas se conoció que Cristóbal López y Fabián de Sousa buscan desprenderse del Grupo Indalo. Entre los compradores está Jorge Rosner, financista del Grupo Macri y de Clarín. Pero también el fondo OP Investments, radicado en Estados Unidos. Hasta Marcelo Tinelli opinó sobre la venta. Un joven pero potente buffete de la city porteña interviene en el negocio. Todo a pesar de que las empresas que integran el holding están inhibidas por orden del juez Ercolini por una deuda con AFIP. ¿Quién es quién en esta operación que puede reducir aún más el arco de medios críticos al gobierno? El futuro del Grupo Indalo, el holding multirubro comandado hasta ahora por Cristóbal López y Fabián De Sousa, es una de las incógnitas centrales de los últimos días. Si bien hace meses que circulan versiones de una venta debido a la ruinosa situación fiscal y judicial que atraviesan, ahora los rumores se convirtieron en avances concretos. Quedan, sin embargo, varios obstáculos para que se concrete el pase de manos. Una operación que incluye fondos radicados en Estados Unidos, un financista ligado a los grupos Macri y Clarín, abogados de la city, a Marcelo Tinelli, jueces permeables que mantienen inhibidos los bienes en disputa y un Gobierno que, entre otras cosas, tiene especial interés en esta operación por el destino de los medios de comunicación del Grupo Indalo, entre ellos C5N y Radio 10, que asomaban como voces discordantes en el afinado coro mediático oficialista. Compraventa Los vendedores son más conocidos. Se trata de Cristóbal López y Fabián De Sousa, que construyeron un grupo empresario partiendo de sus negocios con el juego y luego diversificado hacia la energía, combustibles, infraestructura, alimentos, industria, finanzas y medios de comunicación. Su antigua relación con la familia Kirchner es vox populi. Lo mismo sus asuntos con el fisco: acumulan una deuda de más de 8 mil millones de pesos con la AFIP, generada al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La idea de López y De Sousa era deprenderse de algunas empresas para pagar la deuda, pero el juez contencioso administrativo Enrique Furnari impidió que se desmembrara el Grupo hasta que no resolviera el pago de su deuda. La AFIP denunció penalmente a ambos dueños de Indalo, causa que quedó en manos del juez Julián Ercolini –de los más permeables y maleables de Comodoro Py– que inhibió todos sus bienes. Con este panorama, López dejó trascender que no soportaría ir preso y aceleró las negociaciones para desprenderse de sus empresas. El primer intento fallido fue con los mendocinos del Grupo Terranova, cercanos a Macri. Ahora aparecieron nuevos interesados. Los compradores reales son aún un misterio. Alguna de las partes de esta operación decidió filtrarla a la prensa. La vía elegida, el diario La Nación. El pasado miércoles, el periodista Hugo Alconada Mon publicó que el Grupo Indalo quedará en manos de un financista, Ignacio Jorge Rosner. Al día siguiente, el mismo medio y el mismo periodista dieron por concretada la venta del Grupo Indalo al fondo OP Investments, pese a que las empresas que integran el holding están inhibidas por orden del juez Ercolini. OP Investments es un nombre genérico que utilizan los fondos de inversión. Aún no se sabe quiénes serán realmente los que aporten el dinero. Estos inversores emitieron un comunicado donde anuncian la adquisición del 100 por ciento del Grupo Indalo que, según el texto, comprende más de 170 sociedades. “OP Investments firmó el acuerdo de adquisición el pasado 20 de octubre”, afirmaron. El único dato que dieron es que está radicado en Estados Unidos. Según el portal opencorporates.com, en Estados Unidos hay varios fondos con ese nombre. El financista Diez años en el Grupo Macri, diez años en el Grupo Clarín. Ese es el núcleo del currículum de Ignacio Jorge Rosner, que parece ser el ariete de la operación Indalo. Cuando reveló su nombre como el armador de la operación, el periodista Alconada Mon lo presentó de forma escueta: “Egresado en 1975 del colegio Cardenal Newman –en la promoción anterior a la del presidente Mauricio Macri–, Rosner trabajó para el Grupo Clarín, integró el directorio de Papel Prensa, pasó por los grupos agropecuarios El Tejar y La Banda, y desde 2005 es el director ejecutivo del fondo Latin American Assets Management LLC, con oficinas en Buenos Aires, San Pablo, México DF, Nueva York y Londres”. Hay algunos datos más en la biografía de este financista. En su perfil de Linkedin, Rosner revela que no sólo compartió el Newman con Macri. Al igual que el presidente, también se recibió de ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina. Luego hizo un seminario en el Massachusetts Institute of Technology entre 1991 y 1992. Dice que tiene más de 30 años de experiencia en medios, negocios agropecuarios, energéticos, eléctricos y en la construcción. Detalla su paso por proyectos de infraestructura como las hidroeléctricas Yaciretá y Piedra del Águila, entre otros. En 1985 ingresó a IECSA, por entonces aún bajo el mando del pater familia, Franco Macri. Se quedó hasta 1995, cuando pasó al Grupo Clarín. El currículum de Rosner muestra una prolífica carrera dentro del Grupo Clarín, donde integró los directorios de sus principales empresas. En 1998 ya era director de CIMECO, la compañía que comparten Clarín y La Nación para administrar los diarios La Voz del Interior y Los Andes de Mendoza. Compartía la mesa de trabajo, nada menos, que con Julio César Saguier, José Antonio Aranda y José Saenz Valiente. Es decir, parte de los dueños de los diarios y su abogado de confianza. En 1999 fue director titular en CTI y en 2002 llegó a ocupar la vicepresidencia. En 2000 ya figura como director titular en el directorio del Grupo Clarín comandado por Héctor Magnetto y José Antonio Aranda. El cargo de director titular lo tenían también Lucio Pagliario (el cuarto accionista del Grupo), los Sáenz Valiente (abogados de confianza), Saturnino Herrero Mitjans (lobbista

Fuente: Martín Granovsky | Página 12 Fecha: 24 de OCT 2017 Alejandro Grimson dijo a este diario que “la antropología no es la única disciplina que ve la importancia de no perder jamás la determinación de cuál es el punto de vista de los actores sociales”. Admitió que lo mismo hacen muchos sociólogos o historiadores. Pero aclaró que “los antropólogos buscamos ese punto de vista obsesivamente, porque si te olvidás de la subjetividad de los demás dejás de ser antropólogo”. –No tengo relativismo ético, moral o político –dijo a PáginaI12 este investigador del Conicet y la Universidad de San Martín–. Pero como antropólogo debo comprender incluso lo que no comparto. Y, ya que estamos, no sería una mala cosa para la política, ¿no? O para analizar las elecciones. –¿Por qué triunfó Cambiemos? –A mi juicio, no ganó porque pudo resolver los problemas sociales y económicos que se agudizaron en los últimos años. Ganó porque pudo resolver la interpretación de la causa de esos problemas y, para sus electores, consiguió quedar fuera de la responsabilidad. Una gran parte de los votantes de Cambiemos no considera que está mejor que antes. Pero piensa que los problemas actuales no son culpa de Cambiemos. Y sigue teniendo una expectativa alta de que las cosas mejoren en el futuro. Hace más de un año que existe una brecha entre personas con altas expectativas hacia el futuro, que son alrededor del 50 por ciento, y personas que dicen estar mejor y son una franje mucho más chica: alrededor del 20 o 25 por ciento. Néstor Kirchner dijo una vez que la política es cash más expectativas, Cambiemos no ganó por cash sino por expectativas. En algún momento esa brecha entre los dos grupos puede cerrarse. –¿Cómo? –Una posibilidad es que la gente esté mejor y lo sienta así. Otra es que esté peor y las expectativas se diluyan. Muchos de nosotros pensamos que esa brecha se resolvería pronto. El logro de Cambiemos es haberla mantenido mucho tiempo. No se cerró en su favor, pero tampoco en su contra. –¿Los votantes tienen intereses objetivos? –Hay un problema de concepción de la política y de lo social que parte de una presunción muy polémica: la de suponer que alguien sabría con certeza absoluta cuáles son los intereses de los votantes. Como si fueran intereses totalmente objetivos. Por ejemplo, es probable que todos querramos ganar salarios más altos y pagar menos de luz y de agua. Pero la gente tiene ilusiones, confianzas, desconfianzas. A veces puede identificar su propio interés con el interés del personal jerárquico de su propio trabajo y no con sus pares. Puede querer por sobre todo una inflación baja porque prefiere cierta previsibilidad a situaciones que considera inestables. Y podría seguir. –¿Los intereses son fijos? –No. Se van desplazando a lo largo del tiempo. Si las personas consiguen ciertos objetivos en términos económicos cambian sus demandas y pasan a tener otras, por ejemplo vinculadas a la transparencia, al transporte público o a la seguridad ciudadana. Es erróneo tener una concepción objetivista de la política, que pase por alto los imaginarios o el deseo. –Sin ser objetivista, ¿no hay un terreno objetivo? –Tomemos la ciudad de Buenos Aires, donde el índice de aprobación de Horacio Rodríguez Larreta, de alrededor de un 70 por ciento, supera inclusive la votación de Elisa Carrió. La gestión no hizo subtes pero sí cumplió con otras cosas o cositas que las personas perciben como concretas y en su beneficio. Y para hablar a nivel nacional, la inflación de 2017 es altísima pero menor que en 2016. El desempleo todavía no se disparó a las cifras a las que podría llegar sin el famoso gradualismo del Gobierno. O quizás la percepción sobre Cambiemos fue buena porque el Gobierno recién hará desde hoy lo que hasta ahora postergaba porque buscaba una legitimación electoral de medio término. –Sin embargo el Gobierno no prometió un tarifazo pero no escondió que subirá tarifas o practicará una reforma laboral. –La campaña de Macri en 2015 se enmarca en la famosa frase de Menem: “Si les decía lo que pensaba hacer no me hubieran votado”. La elección del último domingo 22 fue distinta. No solo fueron anunciando lo que vendría sino que resultaron efectivos en cargar las culpas de la inflación de 2016 sobre el kirchnerismo, sobre muchos de cuyos funcionarios pesan cuestiones judiciales. –Pero hubo procesos de movilización. –Sí, con una intensidad pocas veces vista en una situación que no es terminal como en 2001 o 2002. Hubo marchas por temas científicos, educativos, sociales y de derechos humanos. Pero se trató de heterogeneidades políticas que no pudieron ser sintetizados por ninguna fuerza política por sí sola. Cambiemos pudo imponer su interpretación sobre los problemas de la realidad y al mismo tiempo hubo fragmentación de las oposiciones al proyecto político del Gobierno. –Los grandes medios jugaron a su favor. –Sin duda. Y no menosprecio su enorme poder pero tampoco lo absolutizo. En la Argentina y en América Latina triunfaron y se mantuvieron en el Poder Ejecutivo procesos políticos que no coincidieron con la visión de los grandes medios. Cuentan las oleadas, los ciclos o los momentos. –¿Lo mismo pasa con las redes sociales? –Es una dimensión diferente. A veces incluso sirven para fenómenos de democratización. Hay grandes movilizaciones convocadas a través de las redes. –La marcha contra el dos por uno sentenciado por la Corte Suprema, en mayo último. –Sí. Una marcha que fue posible porque reflejó el rechazo visceral de la sociedad argentina ante el fallo. –¿Todo es visceral en política? –En el voto se juegan emociones, identidades, relaciones entre emociones y bolsillo, entre emociones y casa propia, entre emociones y derechos… Ahora está de moda decir que todo es nuevo. Pero el voto de febrero de 1946, cuando Juan Perón le ganó a la Unión Democrática, también puede ser analizado como un voto visceral. Si pensabas que Perón era nazi votabas visceralmente a Tamborini-Mosca. Si estabas convencido de que la Unión Democrática era la oligarquía votabas

Fuente: Juan Alonso | Nuestras Voces Fecha: 22 de OCT 2017 El juez Gustavo Lleral dijo que habrá que esperar dos semanas más para determinar, según los datos que arroje la autopsia, la fecha aproximada de la muerte de Santiago Maldonado y saber cómo se produjo. El gobierno salió nuevamente a despegarse de la responsabilidad del caso. Repasamos en esta nota los puntos centrales que demuestran que Gendarmería está involucrada en la muerte de Maldonado: el rol de Noceti, los gendarmes identificados durante la respresión, el terror del sargento Pelozo y las contradicciones del subalférez Echazú. ¿Por qué todavía no se allanó la estancia de Benetton? ¿Por qué no se peritó el teléfono de Noceti? Esta crónica está hecha sobre la muerte. Una muerte joven. La de Santiago Maldonado. A veces escribir es lacerante. Los primeros datos de la autopsia determinaron, según fuentes confiables, que no hubo lesiones visibles o aparentes, pero eso no significa que no haya sido obligado a arrojarse al río con el agua fría que calaba los huesos. Los resultados finales de la autopsia estarán en quince días. Santiago murió durante un operativo represivo de la Gendarmería. De ahí en más (casi) todo es debatible, menos la consecuencia funesta de haber puesto en marcha un aparato militarizado capaz de acorralar la vida. Argentina vive uno de los momentos más oscuros de su historia. Un gobierno negador que intentó tapar la responsabilidad de la Gendarmería en la muerte de Santiago desde el 1 de agosto. Hay al menos siete gendarmes identificados. Llegaron a la vera del río después de las 11:32 del 1 de agosto, luego de que la propia fuerza tomó una fotografía de Santiago vestido de azul-celeste a la izquierda de una casilla de la Lof en resistencia mapuche de Cushamen, Chubut. Lo que sucedió después de ese fragmento de tiempo encriptado hasta las 12:30 es un misterio macabro. Santiago hoy estaría vivo si no fuese porque la Gendarmería entró de forma ilegal con la ruta despejada. Este gobierno eligió al pueblo mapuche como chivo expiatorio y lanzó una cacería criminal que aquí venimos narrando desde enero. Santiago tenía una causa sublime: fue hermano de los otros. Por eso estaba en el kilómetro 1848 de la ruta 40 a las 18 horas del 31 de julio. Para pedir por la libertad del lonko mapuche Facundo Jones Huala, preso desde fines de junio en Esquel, con pedido de extradición de Chile. Podría decirse que el dramático desenlace de la vida de Santiago comenzó cuando Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidieron elegir a los mapuches como hipótesis de conflicto. A las 10 de la mañana del 31 de julio, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó una reunión en la ciudad de Bariloche. Allí estaban los jefes regionales de las fuerzas federales, sus pares de la Policía de Chubut y de Río Negro, y el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. ¿Qué discutieron? Un informe de Inteligencia de Gendarmería que decía “R.A.M.” (Resistencia Ancestral Mapuche). Allí constaban seguimientos de antigua data, que definieron como de “seguridad nacional” y aconsejaron no revelar el contenido completo de esa carpeta sigilosa. Aquella vez Noceti hizo una arenga sobre lo “inconveniente” para “el turismo y las inversiones agropecuarias de los productores locales y extranjeros” el hecho de convivir en la Patagonia con “un grupo de mapuches extremistas”. Con esos mapuches, que Noceti y los funcionarios de su Ministerio, entre ellos, Daniel Barberis y Gonzalo Cané tildaron como “terroristas” estaba Santiago Maldonado. Viajó desde El Bolsón a Cushamen en la camioneta 4×4 de la testigo Claudina Pilquiman y participó del corte de ruta del 31. Así fue grabado por el Canal 4 de Esquel y reconocido por sus familiares, amigos y la comunidad mapuche. ¿Qué sucedió después? Pasó la noche en la Pu Lof con varios testigos, entre ellos Matías Santana, tan hostigado por estas horas de odio y persecución contra el pueblo mapuche. Todo comenzó a transformarse en una sombra maligna. Fue luego de las 11:15 del 1 de agosto. Al verse en minoría, los mapuches y Santiago huyeron rumbo al río Chubut, y en ese lugar Santiago se topó con los gendarmes y su muerte. Dentro de la comunidad sólo quedaron dos mujeres y sus niños. ¿Qué gendarmes estaban en los alrededores? Uno de ellos era el sargento Juan Carlos Pelozo, quien declaró ante el juez Guido Otranto, las querellas y el defensor oficial Fernando Machado. En esa ocasión, Pelozo estaba muy nervioso. Vestía una campera negra y la risa que esgrimió durante “el procedimiento” al andar por las vías de La Trochita, se le esfumó del rostro cuando le preguntaron sobre el subalférez Emmanuel Echazú: –¿Lo vio a Echazú dentro de la comunidad? –Sí, haciendo las actuaciones. –¿Y en el río? –No, yo en el río no lo vi… Es curioso lo de Pelozo. En estas horas llamó a un familiar para que lo asista en su abismo personal. Tiene miedo al miedo. Es decir: pánico. Vive dentro de un cuartel y teme a sus camaradas, a los mapuches y al destino. La última vez que estuvo frente al Juez pidió garantías para él y su familia. Declaró que fue uno de los primeros en llegar al río, pero dice que no vio a Echazú, del que hemos hablado varias veces aquí. El subalférez Echazú bajó al río con una escopeta calibre 12/70 que carga postas de goma y plomo, y volvió con una fractura de pómulo y serias heridas en el maxilar. Dijo que había sido herido con una piedra al igual que su colega Ernesto Yáñez antes de ingresar por la tranquera de la Pu Lof. Pero no. El enfermero Juan Ramos y los escopeteros Darío Rafael Zoilán y Aníbal Cardozo aseguraron en la causa que lo vieron con un abundante sangrado hasta el cuello del uniforme dentro del territorio mapuche y no afuera. ¿Si Echazú y Yáñez fueron heridos dentro de la Lof, hubo delito en flagrancia?

Fuente: Ari Lijalad | Nuestras Voces Fecha: 20 de OCT 2017 El juez Pablo Cayssials declaró que es inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que el juicio político es la única forma de remoción del Procurador General. Con esta decisión deja habilitada la posibilidad de que Mauricio Macri pueda desplazar a Alejandra Gils Carbó con un simple decreto. La operatoria fue tramada entre el Gobierno, un juez vinculado a Macri y el Grupo Clarín. Mauricio Macri logró un fallo a medida para intentar remover a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó sin juicio político. El juez Pablo Cayssials resolvió que el requisito del juicio político es inconstitucional. Es en una causa iniciada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y uno de sus apéndices, la asociación Será Justicia. La operación fue coordinada con el Gobierno y avalada por un juez con estrechos vínculos con Macri y el Grupo Clarín. El Gobierno, la city y el sello de goma La operación contra Gils Carbó desnuda las relaciones entre el Gobierno y los abogados de la city, alineados en esta cruzada. El modus operandi fue la presentación de dos denuncias gemelas. Una presentada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), cuya sede en la calle Montevideo alberga lo que Horacio Verbitsky definió como “el establishment jurídico que postró al país”. La otra, por un sello de goma creado por el mismo Colegio de la calle Montevideo, la agrupación Será Justicia. Ambos, con un vínculo estrecho con el Gobierno. La relación del Gobierno con Será Justicia –el apéndice de los abogados del establishment– es explícita. Lo demuestran sus posicionamientos políticos y los funcionarios que provienen de sus filas. Un ejemplo es Maria Eugenia Talerico, la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), fundadora de la agrupación. Fue su primera protesorera. Otro, Juan Curutchet, actual presidente del Banco Provincia designado por Maria Eugenia Vidal, que fue vocal de Será Justicia en su fundación. El vínculo entre el CACBA y Será Justicia también es alevoso. El acto fundacional de Será Justicia, en 2012, fue en la sede del Colegio en la calle Montevideo. Su objetivo primordial fue accionar contra las reformas judiciales encaradas entonces por el kirchnerismo. Fueron los artífices de las movilizaciones a favor del eterno supremo Carlos Fayt y de la marcha del 18 de febrero de 2015, al cumplirse un mes del fallecimiento del fiscal Natalio Alberto Nisman. Será Justicia apenas funciona formalmente: tienen una página de Facebook pero el link a su web institucional no está operativo. El presidente del CACBA es Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló. Antes, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Máximo Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir Será Justicia. Fonrouge es socio del estudio Cassagne, uno de los más prominentes de la city porteña. Otro de los socios es Ezequiel Cassagne, que oficia de Secretario del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Forum shopping La presentación de denuncias gemelas es una de las formas de lo que en la jerga judicial se conoce como forum shopping. En criollo, son maniobras para manipular el destino de las causas judiciales y que le toque resolver a jueces y fiscales permeables o cercanos. La denuncia de Será Justicia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la del CACBA a Rita Ailán. El juez Marinelli, luego de un pedido del CACBA, las unificó. Este juez tuvo una tensa relación con el kirchnerismo. Con el macrismo, por el contrario, tuvo buenos gestos. Por ejemplo, rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó “blanqueo”) a los familiares de los funcionarios. Las denuncias tenían un sólo objetivo: lograr el desplazamiento de Gils Carbó. Pedían que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la puede remover por vía del juicio político. Es lo que ahora les concedió el juez Cayssials. Enseguida se notó la mano del Gobierno en esta operación. En lugar de defender al Estado y la legalidad de las leyes, el Ministerio de Justicia comandado por Germán Garavano le dio la razón a los demandantes. Fue la confesión implícita de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defender la legalidad de las leyes. El artículo 76 de la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal establece que “el Procurador General de la Nación solo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”. El 53 dice que la Cámara de Diputados puede iniciar un juicio político y el 59 que el Senado es quien juzga. En ambas Cámaras se requieren dos tercios de los presentes. Macri no tiene esos números parlamentarios y, por ende, intenta avanzar por otras vías non sanctas. La Procuración quiso intervenir en esta causa que apunta contra Gils Carbó, pero el juez Marinelli no aceptó. Sólo admitió a la propia Gils Carbó como tercera interesada. Esta intervención de la Procuradora logró un primer freno a esta maniobra a todas luces coordinada entre el Gobierno y los grupos de abogados afines. La cuestión era obvia: si alguien demanda y el demandado le da la razón, el juez falla a favor del demandante. En este caso, le iba a dejar despejado el camino a Macri para remover a Gils Carbó por un mecanismo fuera del juicio político. Finalmente, el juez Marinelli fue recusado y el expediente recayó en manos del juez Cayssials. Entre los últimos fallos de Cayssials se destacó la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la ley audiovisual (hoy derogada por Macri). Tal como informó Nuestras Voces, el juez Cayssials tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos. Nuestras Voces también informó

Fuente: M. Escalada & A. Ronconi | El Disenso Fecha: 19 de OCT 2017 Una nueva opereta que se cae a pedazos. Mientras Santoro desde las paginas de Clarín asegura que la secretaria del fallecido Fiscal Nisman “negó que su ex jefe haya avalado la firma del acuerdo con Teherán por la AMIA“, la defensa del ex canciller Timerman le responde contundentemente publicando documentación oficial donde Nisman firma que la fiscalía “recibe con beneplácito y encuentra altamente constructivo” el acuerdo. Desde El Disenso reproducimos el comunicado del ex Canciller Timerman sobre la causa. El ex canciller Héctor Timerman se presentó el martes en Comodoro Py citado por el juez Claudio Bonadio, por una supuesta “traición a la patria” a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán para intentar avanzar con el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Debido a sus problemas de salud, el ex Canciller solicitó declarar en el mes de septiembre, lo que fue rechazado por su señoria. La declaración debió interrumpirse por una descompensación de Timmerman, quien debió ser trasladado desde tribunales a la Unidad Coronaria del Sanatorio Otamendi. “Fue una tortura y una crueldad lo que hicieron hoy”, denunció su abogada, la doctora Graciana Peñafort. Durante su declaración, Hector Timerman dejó en claro que el fiscal Alberto Nisman, al que se le anunció oficialmente y por escrito la existencia de negociaciones reservadas, respaldó el Memorándum con Irán. Esta declaración provocó una nueva embestida mediática contra el ex canciller. Desde el medio hegemónico, Santoro aseguró que “los testimonios de la ex secretaria letrada del fallecido fiscal Alberto Nisman Soledad Castro tanto ante la Justicia como ante el Consejo de la Magistratura, entre otras pruebas, contradicen la coartada que Héctor Timerman ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa por encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA“. El Dr. Alejandro Rúa, abogado del ex canciller Timerman, fue quien echo luz sobre el tema. Según Santoro, la ex secretaria aseguró que “Nisman “siempre sospechó del Memorándum”“, lo que se hace difícil de creer luego de ver los documentos firmados por el propio Nisman donde queda claro la contundencia de lo declarado por el ex Canciller. La ex secretaria, cuyas declaraciones Clarín utiliza para la nueva embestida mediática contra el ex Canciller Timerman, hoy trabaja en la vocalía del ministro de la Corte, Horacio Rosatti. La palabra de Héctor Timerman Un día después de declarar ante el Juez Bonadío, quien rechazó la presentación espontánea solicitada por el ex canciller a raíz de su delicado estado de salud, Timerman hizó público un comunicado sobre la causa, que reproducimos a continuación. Por mi esposa, mis hijas, mi nieta, mis hermanos, y por la memoria de mis padres. Por mis amigos. Por los asesinados en el atentado a la AMIA, por sus familiares, y por todos los argentinos. Mi delicado estado de salud, tal vez no me permita enfrentar hasta su finalización, la investigación por traición a la patria y encubrimiento que lleva adelante el juez Claudio Bonadío. Por eso, solicité hace un tiempo, se fije una audiencia en forma inmediata, a fin de poder aclarar los hechos de los que me acusan, en una presentación espontánea. Pero el juez no respondió a mi pedido. Escribo la presente para que toda la sociedad conozca la verdad. El llamado Memorándum con Irán, aprobado por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, y por el que se me acusa de haber querido encubrir a los culpables del atentado, tenía un solo objetivo: Terminar con la parálisis de casi dos décadas en la causa, encontrar y juzgar a los responsables del más cruel atentado del que hayamos sido víctimas desde el retorno de la democracia. Desde que era joven participé de muchas acciones para proteger los Derechos Humanos en todo el mundo. Pensé que esta misión, impulsar la Causa AMIA, inmovilizada desde hace mucho tiempo, era la más importante de mi vida y que una vez finalizada podía retirarme satisfecho de haber cumplido con mis ideales como persona y mi deber como canciller. Sentí, con la firma del memorándum, la profunda emoción de encontrar el camino para encontrar y juzgar a los autores del atentado a la AMIA. Es normal que haya desacuerdos en cualquier tema de política internacional, pero nunca me imaginé la reacción que se desataría en este caso. Y, particularmente, el vehemente rechazo de la comunidad judía a la que pertenezco, que me sorprendió y causó un profundo dolor. En la Argentina no existe la posibilidad de continuar con un proceso penal si no hay indagatoria de los imputados.Dado que varios imputados por el atentado a la AMIA residen en Irán, que por legislación nacional no los puede extraditar, todo lo que nos propusimos era lograr que la Justicia Argentina tuviera la posibilidad tomarle declaratoria a los imputados en su país. Contra todas las acusaciones sin pruebas, aclaro una vez más que: No solicitamos el levantamiento de las alertas rojas. Por el contrario, me comuniqué con el responsable de Interpol para asegurarme que las alertas rojas se mantendrían vigentes. No negociamos el reclamo de justicia a cambio del acuerdo. Ni el comercio de granos, ni de petróleo ni de nada. No hubo reunión secreta en Alepo. Nunca se negoció abandonar la causa de la Amia. El fiscal Alberto Nisman al que se le anunció oficialmente y por escrito la existencia de negociaciones reservadas, respaldó el Memorándum con Irán. Poco después de nuestro fallido intento de mover el estancamiento de la causa con una negociación para mandar a la Justicia Argentina a Irán, el por entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, intentó un camino de negociación. Firmó – junto con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China- un tratado con Irán. En este caso, para detener el acceso de los iraníes a la bomba atómica. A cambio, otorgó el levantamiento de sanciones contra Irán. Nosotros no cedimos nada – quizás por eso nunca logró la aprobación final en Irán. ¿De qué encubrimiento y traición se me acusa?