Politica

Fuente: El destape Fecha: 06 de MAR 2019  Luego de que publicara una nota acerca de un supuesto espionaje al difunto fiscal Alberto Nisman, el periodista ultraoficialista Nicolás Wiñazki fue desmentido de forma categórica. La misma Cecilia Rodríguez, exministra de Seguridad e involucrada en el artículo escrito en el diario Clarín, fue quien se encargó de contradecir la versión. En una entrevista al programa «Habrá consecuencias» de El Destape Radio, Rodríguez aseveró que es «totalmente falso» que durante su gestión se hayan hecho trabajos de inteligencia sobre Nisman. Concretamente, negó su vinculación con una carpeta que tendría datos sobre el exfiscal de la causa AMIA y su familia, tal como había explicado detalladamente Wiñazki en su nota. Además, adelantó que se va a presentar a declarar ante la Justicia para dar precisiones «respecto de los papeles relacionados con alguna actividad de trabajo» durante su gestión, pero aclaró que no se va a encontrar «nada que tenga que ver con espionaje». En la misma línea, el periodista y escritor Horacio Lutzky se explayó sobre la desmentida en una nota publicado en Página 12. A través de un hilo en la red social Twitter, desnudó punto por punto la mentira de Wiñazki.  

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 24 de FEB 2019 Marcelo D’Alessio reveló en su declaración indagatoria información confidencial de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para salvar de la trama de extorsión al fiscal Carlos Stornelli. Dijo que Aníbal Degastaldi (foto) y Ricardo Bogoliuk, ex comisarios bonaerenses, pertenecen a la Agencia que dirige el amigo presidencial, Gustavo Arribas y fueron quienes le encargaron el “trabajo”. Bogoliuk fue una de las últimas personas en hablar por teléfono con el fiscal Alberto Nisman. Fue denunciado por encubrir a piratas del asfalto. Degastaldi actuó en la caso de María Marta García Belsunce y estuvo vinculado a secuestros express cuando era comisario en San Isidro. “Es una de las personas que en Argentina más sabe de seguridad. Va al frente. Este es un tipo valiente”. Así ensalzó alguna vez Alejandro Fantino la figura de Marcelo D’Alessio en Animales sueltos. Nunca fue tan atinado el nombre del programa. Claro que había que ver a ese mismo personaje, lloroso y con las manos en posición de rezo, al implorar: “Déjenme ir a casa y yo les cuento todo”. Fue el 17 de febrero pasado, durante su indagatoria ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. En su atemorizado empeño por despegar al fiscal federal Carlos Stornelli del episodio extorsivo sobre el empresario Pedro Etchebest, hizo añicos un secreto de Estado: la pertenencia a la AFI de los ex comisarios bonaerenses Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, a quienes les atribuyó el rol de mandantes del chantaje en cuestión. ¿Acaso D’Alessio habrá sido consciente de que aquello era como huir de Hiroshima para refugiarse en Nagasaki? Degastaldi es apenas recordado a raíz de hechos ya desdibujados por el tiempo. Entre éstos, su asistencia al velorio de María Marta García Belsunce, de donde se retiró sin suponer que le habían volado a tiros la tapa de los sesos. Y también por su morosidad en la búsqueda de Hugo Conzi, dueño del famoso restaurante Dallas-Olas Boulevard, quien se encontraba prófugo tras matar allí a un cliente por cuestiones de polleras. En cambio, Bogoliuk –con una trayectoria signada por una discreción casi obsesiva– tuvo la desdicha de haber sido uno de los últimos interlocutores telefónicos del fiscal Alberto Nisman, poco antes de su muerte. Y eso hizo que por unos días su nombre titilara en los medios. Pero ambos son dos viejos pájaros de cuentas, cuyos vidriosos pasos por la función policial merecen ser evocados. Dúo dinámico El 12 de julio de 2002 fue una fecha infausta para el gobernador Felipe Solá y su ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero. Ese día ocurrió el secuestro del joven Juan Manuel Canilla. Aquel hecho fue el primero con epílogo fatal en la modalidad “express”. A la conmoción causada por el asesinato no tardó en sumarse un sujeto petiso y calvo que incesantemente acariciaba su tupido bigote. Era el jefe de la DDI de San Isidro, comisario Degastaldi. Su jurisdicción abarcaba la zona en que se cometió el crimen. A la noche se prestó a la requisitoria periodística con un semblante que lucía entre desencajado y furioso. Entonces, dijo: “Fue un delito aberrante, una cosa absolutamente salvaje”. Y dio por concluida la conferencia de prensa. Deslizaban en su entorno que desde ese momento algo pareció haberlo afectado. El sombrío final de la víctima era un tema que lo ponía sumamente nervioso. “Fue gente que se zarpó”, le confió en esos días al autor de esta nota. Pero no dijo más. Parecía atesorar un gran secreto. Después, alguien vinculado a la investigación sugirió la complicidad en ese secuestro de “policías de la seccional de Victoria, y su participación habría consistido en el encubrimiento”. También aportó el apellido de un sargento. Degastaldi había incrementado su prestigio al investigar los secuestros de Cristián Riquelme (hermano del jugador de Boca) y del rugbier Federico Virasoro, entre otros. Justamente su consagración se produjo el 4 de abril de aquel año, cuando en su oficina de la DDI convocó a la prensa para anunciar la liberación de Riquelme. “El pibe fue liberado a las cuatro de la madrugada, pero no tengo información sobre el monto”. Pronunció la segunda parte de la frase sin atenuar bajo el bigote una pícara sonrisa. “Degastaldi tiene absoluto conocimiento acerca de todos los secuestros en San Isidro”, dijo el hombre, antes de prender un cigarrillo. Y agregó: “Don Aníbal está en todas partes”. Entonces soltó una risita quejumbrosa. Era un tipo de la SIDE que había participado de un operativo conjunto entre ese organismo y La Bonaerense para detener a Félix “El Boli” Díaz, un integrante de la banda que capturó a Riquelme. Conocía al dedillo la cocina de aquella pesquisa y también las sospechas sobre Degastaldi. Según sus dichos, el comisario intervino activamente en las tensas negociaciones entre la familia y los secuestradores por el rescate, a pesar de que la policía trabajaba de oficio por no haber denuncia. En este punto, fue muy detallista: – Él se encargó de llevar el dinero a los secuestradores. O sea, la familia le entregó un bolso con 160 mil dólares, que Degastaldi en la comisaría contó billete por billete. Nunca se supo el destino de esa suma. Aníbal, desde luego, dice que se la entregó a la banda. Pero nadie lo vio. Entonces el espía soltó otra risita, que ceso cuando le preguntaron: – ¿Es habitual que un comisario sea el encargado de entregar el rescate? –No. Salvo en San Isidro. Ahí es tradición. Agregó que en el secuestro de Virasoro, Degastaldi llevó 50 mil dólares del rescate a los captores. El rugbier fue liberado tras cinco días de cautiverio en medio de un mar de dudas. También dijo que la SIDE habría detectado “llamadas efectuadas por los secuestradores a los teléfonos de Degastaldi”. Específicamente, al directo suyo en la DDI y a sus dos teléfonos celulares. A su vez hubo “llamadas entre la banda y cuatro oficiales de Degastaldi”. Claro que tales datos no llegaron a ningún juzgado. Por aquellos días el

Fuente: Irina Hauser y Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 24 de FEB 2019 Los mensajes entre el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio suman decenas, incluyendo algunos posteriores al estallido del escándalo y en los que D’Alessio se ofrecía a declarar a favor del fiscal. Pero no es lo único: hay centenares de comunicaciones por WhatsApp, contactos y llamadas con personajes que, presuntamente, revistan en los servicios de inteligencia. También hay comunicaciones con al menos otro fiscal y con distintos funcionarios públicos. Lo que arrancó como la investigación de una extorsión al empresario Pedro Etchebest para mejorar su situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos está derivando en algo de otro volumen: la investigación sobre una red u organización en la que no sólo fue extorsionado Etchebest sino que padecieron lo mismo otras personas –posiblemente unas 20– y en que los delitos derivaron también en extorsiones por dinero, coacciones, aprietes y hasta la maniobra de “plantarles” droga a imputados. El viernes se presentaron en Dolores dos ex comisarios de la Bonaerense que se estarían incorporados a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que fueron mencionados en los supuestos delitos. El juez Alejo Ramos Padilla no les tomó declaración porque quiere reunir todas las pruebas, pero les dictó la prohibición de salir del país y secuestró sus celulares. Allanamiento El juez federal de Dolores instruye la causa desde el momento en que Etchebest presentó la denuncia, el 28 de enero, porque, tras un encuentro de tres horas con Stornelli, en el balneario CR de Pinamar, el falso abogado Marcelo D’Alessio le pidió 300 mil dólares. Dolores tiene jurisdicción sobre Pinamar. La extorsión consistió en decirle que un arrepentido –Juan Manuel Campillo– lo había involucrado en la causa de las fotocopias y que para evitar problemas había que hacerle “una atención” a Stornelli. Poco después de recibir la denuncia, Ramos Padilla encabezó un allanamiento a la lujosa vivienda de D’Alessio, en el country Saint Thomas. Según se puede ver en el acta, el falso abogado arrancó diciendo que nadie podía acceder a las computadoras ni celulares porque él investigaba a la organización libanesa Hezbollah y también buscaba terroristas en la Triple Frontera. “Es una cuestión de seguridad nacional”, gritaba. En esa primera parte del allanamiento, D’Alessio le dijo al juez que llamase a Patricia Bullrich, a Gustavo Arribas e incluso al Presidente. Pero luego, más sereno, se escudó en Stornelli: “Estoy en la investigación que tiene en este momento Stornelli. Si quiere, llámelo. Es lo de Campillo. Yo estuve con él en Pinamar. Déjeme hablar con Carlos”. Los materiales conseguidos en ese allanamiento son los de mayor importancia porque no están contaminados: fueron secuestrados por el magistrado cuando la investigación no era pública. Desde entonces, en Dolores se reciben decenas de anónimos y se presentan varios denunciantes por día, pero funcionarios judiciales sospechan que las cosas tienen demasiado olor a armado previo. En cambio lo que se encontró en el allanamiento original es la clave de la investigación: una notebook, los dos discos rígidos, los tres celulares, 22 horas de desgrabaciones, cuadernos escritos de puño y letra por D’Alessio y asombrosos legajos de inteligencia. A eso se agregan horas de escuchas ordenadas por el propio juzgado. Conexiones Como ya anticipó este diario ayer, todos los textos de Whats- App y mensajes consignados en la denuncia de Etchebest serían originales, tal cual surgió nítidamente a simple vista en la pericia realizada el jueves. El informe final de la Prefectura no está entregado todavía. Pero Página/12 pudo saber que una primera revisión detectó decenas de mensajes entre D’Alessio y Stornelli. Los que despiertan más curiosidad son tres textos: Un mensaje en el que D’Alessio le dice a Stornelli que “yo me ocupo personalmente de Pedro”. Podría ser una referencia concreta a Etchebest, el extorsionado. Hay un pedido de Stornelli a D’Alessio para que se le haga una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor de uno de los imputados en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Hay un cruce de WhatsApp en el que se combina el encuentro en Pinamar, en plenas vacaciones de Stornelli. En una mesa esperaba el empresario Etchebest y en la otra el fiscal hablaba con D’Alessio. Al final del encuentro, Stornelli se fue a dar una vuelta en la flamante camioneta de D’Alessio y al regreso éste le pidió los 300.000 dólares al empresario Etchebest. Las cosas no sólo están grabadas, sino que D’Alessio admitió haber pedido el dinero. Además, cobró 14.700 dólares en dos pagos, uno en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero y el otro en la confitería Selquet. Está constatado que el celular del que vienen y al que van los mensajes es el de Stornelli. Solo falta el informe oficial incorporado a la causa. Un dato asombroso es que, según parece, hay un mensaje del 11 de febrero de D’Alessio a Stornelli ofreciéndose a defenderlo ante el escándalo. El caso explotó el viernes 8 de febrero, es decir que seguía habiendo diálogo entre el falso abogado y el fiscal aún tres días después. D’Alessio le habría propuesto presentarse en la Cámara Federal para desvincularlo del caso. Esta semana también se conoció que el falso abogado declaró dos veces ante Stornelli de manera irregular, a principios de noviembre, en la causa por la compra de Gas Natural Licuado. El fiscal no tenía delegada la causa de manera que correspondía que D’Alessio declare ante el juez, no ante el fiscal. Y lo hizo en un momento clave: habían usado ese expediente para detener a Julio De Vido y Roberto Baratta, pero ocurrió que la pericia que era base de la causa resultó falsa y fraudulenta. D’Alessio fue a llenar ese agujero, declarando sobre los seguros y los costos en puerto. Lo grave es que ese testimonio recién se incorporó a la causa el 14 de febrero y es uno de los argumentos que usará este lunes el juez Claudio Bonadío para imputar en ese expediente a

Fuente: Carlos Romero | Revista Zoom Fecha: 20 de FEB 2019 Para el ex juez federal Carlos Rozanski, la situación del Poder Judicial, al que considera un instrumento en manos de Cambiemos, no registra antecedentes desde el fin de la última dictadura cívico-militar: “En ninguna etapa de la democracia argentina, jamás, se ha cometido la cantidad de delitos que esta gente está cometiendo”, aseguró el ex magistrado. Tampoco dudó en calificar al fiscal Carlos Stornelli como “un delincuente” y en atribuirle al juez Claudio Bonadio “la actividad de encarcelar opositores”. Como presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, en 2006 Rozanski condenó a perpetua a Miguel Etchecolatz y en 2007, al capellán Christian von Wernich. En 2016, presentó la renuncia y se jubiló, denunciando una persecución del PRO en el Consejo de la Magistratura, donde avanzaba una causa en su contra por “maltrato laboral”. En la actualidad, es docente en distintas universidades, incluida la de Madrid. Sobre el escándalo en torno a Marcelo D’Alessio, Rozanski aclaró que si bien siempre hubo “chantas que aprovechan (…) para sacarle plata a algún idiota, esto es otra cosa completamente distinta, es una organización criminal”, en cuya cima ubicó al propio Mauricio Macri. “La figura más trascendente de esta red es el presidente, es él quien ha dicho que tenía una lista de 642 personas para mandar en un cohete a la Luna”, subrayó. – ¿Cómo considera la situación del Poder Judicial en el país? – La justicia en Argentina ha hecho un retroceso de más de 40 años, porque tendríamos que irnos a marzo del ‘76 y los años siguientes para recordar alguna situación similar, en cuanto a un Poder Judicial que, en aquella época, aceptó la suspensión de las garantías constitucionales y los derechos esenciales. Este es un gobierno, en principio, elegido democráticamente, pero de inmediato transformado en un verdadero régimen de supresión de derechos, persecución política, cárcel y un nivel de violencia institucional y simbólica no conocido desde la dictadura. Por lo tanto, es altísimamente preocupante la situación del Poder Judicial, porque se está produciendo en un régimen aparentemente democrático, pero alejado de lo que significa el Estado de derecho, y es algo que no estamos adecuadamente preparados para enfrentar. Aclaro que me refiero al sector más reaccionario y recalcitrante de la justicia, no a la totalidad. El resto trata de sobrevivir y algunos hacen un gran esfuerzo para resistir y luchar contra este régimen. – En este escenario, ¿cómo actúan los distintos sectores judiciales? – Desde mi punto de vista, el Poder Judicial tiene tres sectores: uno, pequeño, es sumamente decente, con gente muy preocupada por el día a día, por trabajar bien y cumplir con lo que significa la responsabilidad de integrar un Poder Judicial que decide la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. Después, en el otro extremo, hay un sector criminal, porque está integrado por personas que comenten gravísimos delitos. Son los visibles apoyos que tiene este régimen y que se traducen en la actividad de encarcelar opositores, por ejemplo, del juez Bonadio; y la actividad de extorsionar, como es la banda que lleva adelante el fiscal Stornelli. Es un poderoso y muy influyente, pero no deja de ser también un sector pequeño. Entre ambos extremos, hay una franja enorme que es lo que yo llamo “los diletantes”, es decir, jueces y fiscales que van acompañando los momentos políticos sin mayor compromiso. Obviamente, los más preocupados son esa minoría de gente honesta. Los criminales han tenido históricamente y tienen un nivel de impunidad extraordinario. El sector intermedio tampoco tiene mayor preocupación, no son gente que se comprometa como para correr riesgos. Son diletantes pero causan un daño social enorme, porque su forma de actuar termina siendo completamente funcional a esa otra parte de la Justicia que opera como una organización criminal. – En ese mapa, ¿dónde ubica al juez Alejo Ramos Padilla? – Es uno de los jueces federales más decentes que tiene el país. Por eso es tan importante su situación actual. Es necesario fortalecerlo ante el avance de los ataques que seguramente va a seguir recibiendo y cada vez mayores. – ¿Lo sorprendió lo ventilado en la denuncia contra Stornelli? – A la gente interesada por la actualidad, no la puede sorprender de ningún modo. En primer lugar, porque el fiscal Stornelli es un delincuente, es un hombre que comete delitos. En este caso, el que se denunció no solo es gravísimo desde lo institucional sino que además muestra el nivel de impunidad con que se manejaba. Incluso las respuestas parecen una burla. Burla en cometer los delitos pero también en descalificarlos. Hablamos de delitos ejecutados desde el Estado y no creo que los mandos terminen en Stornelli, creo que hay muchos socios y, además, superiores. Desde el Estado y con ese nivel de crueldad, se recaudan millones de dólares en una operación tan tremenda, que de todos modos no es la operación original. – ¿En qué sentido no lo es? – La operación original no es la extorsión, sino la persecución política, en este caso, en cabeza de la expresidenta Cristina Fernández y del resto de los opositores. No la persecución de un partido en particular, sino de todo el arco opositor. Esa era la finalidad y, al lado, la recaudación multimillonaria que generan estos delitos. Es la punta de un iceberg mucho más poderoso que el que terminó destruyendo al Titanic, porque ese iceberg es nada menos que un pedazo del Estado argentino al servicio del crimen. Es algo que deberíamos tomar con muchísima seriedad y creo que hay gente que lo está haciendo, pero se necesitan muchas instancias, especialmente políticas, y también que acompañen aquellos sectores decentes del Poder Judicial que mencionaba antes. El nivel de criminalidad es tan alto que enfrentarlo va a requerir una suma de voluntades de distintos sectores institucionales. – ¿Cómo se llegó a una situación tan crítica? ¿Qué parte es fruto de esta gestión y qué responde

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 10 de FEB 2019 El lunes 18 de julio de 1994 a las 9.53 estalló una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en lo que es considerado el más brutal atentado que sufrieron civiles en nuestro país luego del bombardeo de Plaza de Mayo del ’55, al cual las crónicas oficiales —inexactas— le atribuyen 308 víctimas. En el atentado de la AMIA murieron 85 personas. Pocas horas después, “el primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al gobierno argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Así se desprende de un cable emitido por el embajador argentino en Israel José María Valentín Otegui, a las 2.50 horas del 19 de julio de 1994”.   Comenzó entonces una historia que lleva casi 25 años y que debería avergonzar al Poder Judicial argentino y a buena parte del poder político. En enero del 2013, luego de 19 años sin avances sustanciales en la causa AMIA, la Argentina suscribió un Tratado de Entendimiento con Irán, para obtener, finalmente la declaración de los iraníes imputados por el Poder Judicial argentino de haber participado en ese atentado, que a la fecha permanece sin resolver. Dicho Memorándum fue aprobado por ley en el congreso argentino. Luego fue declarado inconstitucional. El gobierno de Mauricio Macri no apeló la inconstitucionalidad y por lo tanto la misma quedó firme. El Memorándum con Irán, jamás entró en vigencia. Esta es la historia de la infamante causa judicial que surgió a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, en la que acusó a Cristina Fernández de Kirchner, a Héctor Timerman (foto principal) y otros funcionarios y dirigentes sociales argentinos de haber utilizado ese Memorándum como herramienta para encubrir a los responsables del atentado. Esta es la quinta nota de la serie, donde intento contar la historia de la causa judicial que se inició con la denuncia de Nisman. Y también es la historia de uno de los hombres que sufrieron esa causa en carne propia. Se llamaba Héctor Timerman. Junto con Alejandro Rúa, fuimos sus abogados en esa causa. ………………………………….. El Memorándum con Irán se firmó el 27 de enero del año 2013. Y desató el infierno. A decir verdad, las primeras llamas se habían presentado antes de su firma, en el contexto de las reuniones técnicas que se habían acordado para encontrar la solución a la controversia entre funcionarios argentinos e iraníes. La controversia era —y continúa siendo— que la ley argentina exige que sean los funcionarios judiciales argentinos quienes interroguen a los imputados. Sin esa indagatoria la causa no puede avanzar. Por su parte, Irán no concede la extradición de sus ciudadanos. En 2012, la causa llevaba ya 18 años en punto muerto. Los equipos técnicos de ambos países discutían cómo hacer posible la declaración de los imputados iraníes. En dicho contexto, la AMIA y la DAIA solicitaron al fiscal Nisman que “toda vez que dichos acercamientos, o reuniones, podrían eventualmente llevar confusión a las autoridades de Interpol, encargadas de efectivizar las capturas ordenadas en el sumario… evalúe, a los efectos que pudiera corresponder, si deviene necesario hacer saber a las autoridades (locales e internacionales) de Interpol y de manera clara e inequívoca, que dichas capturas oportunamente ordenadas siguen plenamente vigentes y con todo su vigor”. También solicitaron que el fiscal evaluase si correspondía ratificar la plena vigencia de las alertas rojas. Dijeron también que rechazaban “la AMIA, de la DAIA e incluso de un grupo mayoritario de Familiares de las Víctimas del atentado, la intención del Poder Ejecutivo Nacional, instrumentada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de procurar un acercamiento, negociación, acuerdo o como corresponda llamarlo, justamente con las autoridades de la República Islámica de Irán, país que, en todas y cada una de las resoluciones antes aludidas, ha sido sindicado como responsable último (a través de altos funcionarios de gobierno) de decidir, planificar y ejecutar el atentado”. Hay que señalar que aun no estaba redactado el texto del Memorándum y tanto la AMIA como la DAIA reprochaban ya que la Argentina procurase un acercamiento, o acuerdo con Irán. Pese a que era esa la única forma de permitir el avance efectivo de la causa por el atentado a la AMIA. También solicitaron que Nisman “libre oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fin de que informe —aún con carácter reservado si ello fuera estrictamente necesario— del trámite y resultado —aún parcial— de los encuentros mantenidos entre funcionarios de dicha dependencia y sus pares iraníes”. Nisman denegó todos los pedidos de la DAIA y la AMIA, salvo el de solicitar a la Cancillería que informase sobre el avance del trabajo de los equipos técnicos. La respuesta de la Cancillería llegó inmediatamente e informó que “embajadores de esta Cancillería integraron la delegación, junto con la Procuradora del Tesoro de la Nación, que mantuvo tres reuniones de trabajo con representantes de la República Islámica de Irán, en Ginebra”. Y que “durante las mencionadas reuniones las delegaciones trabajaron en el propósito de explorar un mecanismo legal que no esté en contradicción con los sistemas legales de Argentina e Irán en los puntos fijados por los cancilleres de ambos países en el comunicado conjunto del 27 de septiembre de 2012, en los márgenes del 67° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU”. Por supuesto, se hizo “saber al Sr. Fiscal General que tratándose de un proceso de negociación diplomática entre Estados las partes han acordado mantener reserva de su contenido mientras dure el mismo”. Lo que fue tenido presente por el fiscal Nisman e informado a las querellas (hojas 132.822 y 132.823). Luego de esa respuesta de Cancillería, la DAIA y la AMIA insistieron en que se le tomase “declaración testimonial a los funcionarios que, según esa información, habrían participado en las reuniones con los funcionarios iraníes”. Y el fiscal Nisman no concretó esa convocatoria, teniéndola presente. ¿Por qué la

Fuente: Irina Hauser | Página 12 Fecha: 10 de FEB 2019 “En un comienzo pensé que (Marcelo) D’Alessio actuaba por su cuenta, pero después me convencí de que hablaba en nombre del fiscal (Carlos) Stornelli”, le dice a PáginaI12 el empresario agropecuario Pedro Etchebest, el hombre que denunció una extorsión y pedido de coima para quedar a salvo en la causa de (las fotocopias) los cuadernos, de la que se considera totalmente ajeno. En esta entrevista cuenta cómo fue abordado por el abogado que se dice agente de la DEA y se jacta de colaborar con Stornelli. “Me fue coaccionando y metiendo miedo”, relata Etchebest. “Podrán decir que es una operación o lo que quieran, pero todo lo que volqué en la denuncia es fehaciente y exacto”, alude a las grabaciones, capturas de pantalla, mansajes, fotos y filmaciones que tomó él mismo, incluso cuando estuvo en Pinamar, por un encuentro gestionado por D’Alessio donde tomó imágenes de él y el fiscal. “Si a mí o a mi familia nos pasa algo, los responsables van a ser ellos”, enfatiza, ya lejos de la Ciudad de Buenos Aires, en busca de resguardo. –D’Alessio dijo públicamente, en algunas entrevistas, que fue usted quién lo contactó a él. –No es así, él me mandó un mensaje el 28 de diciembre a las 14 horas. Hacía más de dos años que no lo veía ni  tenía contacto con él. Yo me estaba preparando para viajar a ver a mis nietos. Me manda un mensaje que dice algo así como “Buen año Pedro, Dios te ha puesto en mi camino estoy en el lugar indicado”, ese era el concepto. Todo esto está en los whatsapp que entregué a la justicia. A partir de ahí empieza el calvario, cuando me dice “tema Campillo” (por Juan Manuel Campillo, ex funcionario de la Oficina Nacional de Control Agropecuario, que se convirtió en arrepentido en causa de los cuadernos). Le pregunto si lo puedo llamar para entender de qué se trataba. Entonces me empieza a decir que Campillo me había involucrado en su declaración, porque quería salir de la cárcel. Que había dicho que yo trabajaba con él, y que era el cajero. Esa primera conversación no la grabé porque no tenía ni idea de qué se trataba. –¿Pero usted conocía a Campillo? –Lo conozco desde fines de 2016, antes de eso no lo había visto ni una vez. D’Alessio me estaba hablando de 2011. Decía que me involucraba a mí. ‘Yo te voy a sacar de ese expediente’, cosas así me decía. Me quería hacer creer que me estaba ayudando. Le dije que estaba sorprendido, sobre todo porque no tengo nada que ver con esa causa. Y me dice que no es una cuestión de ser responsable o no, sino que el hombre tenía que salir de la cárcel y a alguien tenía que acusar. Insisto en que es una farsa, una mentira. Me dice que, bueno, que esa así, la prueba diabólica o algo por el estilo. Esa fue la primera conversación. Ese día me contacté con mi abogado y le comenté la situación. Le muestro la foto de D’Alessio y me dice que es un extorsionador serial, que no le de bolilla pero que grabe todo lo que hablábamos. Me dijo que esa iba ser mi salvación. –¿Y cómo es que usted tenía tanta confianza con D’Alessio, de dónde venía la relación? –Lo conocí en 2013. Tomé un café con él por un amigo, cuando estaba en Enarsa. En 2014 cuando justo alquiló una oficina debajo de donde yo alquilaba la mía, en Alicia Moreau de justo 1150. El estaba en el segundo piso, yo en el cuarto. Me vuelvo a encontrar ahí con él, como vecinos. Nos empezamos a ver más. Cada tanto subía. Yo no sabía mucho de él ni de sus vínculos. Sí lo había visto en televisión, donde hablaba con grandilocuencia. Me llamaba la atención porque no me había dicho que sabía de seguridad y drogas. Lo tenía como un abogado común. –¿En algún momento usted supuso que podían vincularlo con “los cuadernos”? –Jamás, yo qué tengo que ver. Tengo un campo chico donde se producen frutas, frutas orgánicas en Sierra de los Padres. –¿Y qué pasó después del primer llamado el 28 de diciembre? –Desde entonces se comunicaba todos los días. Yo le contesto. Son muchos diálogos.  Hasta el día 7 de enero, que viene Buenos aires. En toda esa conversación que teníamos había me fue coaccionado de manera sutil. Me fue metiendo miedo. A mí y a mi familia. Me decía: ‘Yo te voy a salvar, pero no te olvides de que esta persona te puede hacer mucho daño. Y te va a hacer responsable de algo que no hiciste’. Porque así opera, me insistía. ‘Yo te puedo cambiar por otra persona que este hombre tiene que entregar’, decía. –¿Precisó cómo era la relación con Stornelli?   –Me decía que trabajaba con él, que el fiscal era su jefe. Tal es así que me mandaba las capturas de pantalla de lo que dialogaban. Pero lo que me quitó el sueño fue el día que me mandó una captura en la que él decía: “de este sujeto Pedro, yo me ocupo”. Que estaba bajo control de él. Hasta ese momento, para mí era todo una farsa. Que no debía ser verdad, que me querían sacar dinero. En un comienzo pensé que D’Alessio actuaba por su cuenta, pero después me convencí de que hablaba en nombre del fiscal Stornelli. –¿Qué lo convenció, además de aquel mensaje? –Quizá el viaje a Pinamar y algunos detalles que no puedo decir porque la causa está bajo secreto de sumario. Cuando me dice ‘vení conmigo que vamos a ir a ver a este hombre’ yo no le creía. Me dijo que me pagaba un remís hasta su casa, en el barrio Saint Thomas creo que es. De ahí partimos y tuvimos una conversación extensa durante todo el viaje. Para convencerme me había mandado la declaración de

Fuente Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 27 de ENE 2019 Los mensajes de Whatsapp de las últimas 48 horas de la vida de Alberto Nisman dejan pruebas de lo que le ocurría al fiscal, ya encerrado en su departamento, con las cortinas bajas, sin vestirse y afrontando la debacle de la denuncia que había presentado por el Memorándum de Entendimiento con Irán. El listado de los registros de esos mensajes, a los que tuvo acceso Página 12, muestra la obsesión del fiscal por borrar y no dejar rastros. El viernes 16 de enero de 2015, borró veinte chats de whatsapp y el sábado 17 se dedicó a borrar en 35 oportunidades, incluyendo los intercambios con Diego Lagomarsino, el informático que fue la segunda persona ala que pidió prestada un arma (ver aparte). Para quienes sostienen que un comando iraní-venezolano-kirchnerista “limpió” el celular de Nisman, el volumen de borrado es una prueba arrasadora en su contra: el fiscal, estando en vida, se ocupó de borrar 55 veces las conversaciones. El listado de mensajes entrantes y salientes es llamativo. Se comunicó en 146 oportunidades con periodistas, la mayoría del grupo Clarín, y 99 veces con modelos, agentes de modelos y chicas vinculadas a la prostitución VIP, mientras que dedicó muchísimo menos tiempo al intercambio de mensajes con sus colaboradores: sólo 21 veces con integrantes de la fiscalía, y en 29 oportunidades cruzó whatsapp con dirigentes del PRO. Ese viernes tuvo una feroz pelea por mensaje con su ex pareja, Sandra Arroyo Salgado, quien le recriminó que sólo le importaban el poder, los medios y pagarle a chicas jóvenes. Ese intercambio no lo borró. Cabe preguntarse por qué lo dejó en su celular. En cambio cruzó Whatsapp con su madre y esos mensajes, seguramente un típico diálogo madre-hijo, los borró. Después de almorzar el viernes 16 con un periodista de La Nación, el fiscal volvió a su departamento en el piso trece del edificio Le Parc. Bajó las cortinas, se puso el pijama y no volvió a salir más. Sólo recibió una visita brevísima de su madre. El domingo 18 a la noche apareció su cuerpo, con un disparo en la sien derecha, tirado en el baño. Las pericias indican que la muerte se produjo ese domingo a la mañana. El departamento estaba cerrado por dentro, no había rastros de pelea ni desorden, el cuerpo no tenía lesiones defensivas, no había pisadas ni una gota de sangre fuera del baño. Le había pedido un arma prestada a dos personas y en sus manos se encontraron partículas consistentes con disparo de arma de fuego. Son todos elementos que sustentan la evidencia de que Nisman se disparó a sí mismo. Después de estar en la cumbre de la popularidad opositora el miércoles 14 por haber presentado la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum, las malas noticias se empezaron a suceder: los jueces le dieron la espalda al texto del fiscal, el gobierno kirchnerista exhibió documentos sobre la falsedad de la acusación, el ex titular de Interpol, el norteamericano Ronald Noble dijo que la denuncia era falsa. La pelea con Arroyo Salgado trepó hasta la explosión, las hijas virtualmente cortaron toda comunicación. Su soporte durante años, el ex jefe de Operaciones de la SIDE Jaime Stiuso, no le contestaba los llamados y para colmo, debía ir al Congreso el lunes 19 a enfrentar al bloque del Frente para Victoria ante las cámaras de televisión. Ese fue el ambiente de sus whatsapp del viernes 16 y el sábado 17. Borrado El dato que surge de manera llamativa es la interminable secuencia de borrados. Nada menos que 55 veces en dos días. Durante cuatro años, quienes sustentaban y sustentan la hipótesis del homicidio alegaban que una de las pruebas centrales era que se habían borrado evidencias del celular. Lo que demuestra el listado de los whatsapp de Nisman es que él mismo borraba y lo hacía de manera permanente. Y no es que quería ocultar conversaciones con integrantes de los servicios de inteligencia o diálogos ultra secretos con la clase política: borraba casi todo. Por ejemplo, el viernes borró 15 veces antes del mediodía, fundamentalmente intercambios con periodistas de Clarín, Infobae y algunas radios; con dos integrantes de la fiscalía, con su asesor de prensa y con un abogado. Por la tarde siguió borrando. Al día siguiente, el sábado, el último día en el que mantuvo actividad, borró todavía más que el día anterior. Un borrado llama la atención: el de sus diálogos con un escribano, Bruno Santin (ver aparte). Ese sábado arrasó con los intercambios concretados nuevamente con periodistas, en especial Nicolás Wiñazki y Natacha Niebieskikwiat de Clarín y Laureano Pérez Izquierdo de Infobae, otra vez con dos colaboradoras de la fiscalía, borró los diálogos por mensaje con Patricia Bullrich y Waldo Wolff y los numerosos cruces con Lagomarsino. Lo que queda claro de los 55 procesos de borrado en menos de 48 horas es que Nisman se ocupaba de hacerlo. Se percibe el mismo patrón en forma continua. Esa evidencia contrasta con lo que se venía afirmando desde el principio: que los supuestos asesinos tomaron el celular y borraron registros. En el aparato sólo se encontraron huellas del propio Nisman y ahora está claro que, además, fue él quien hizo los borrados. Otra prueba de la inexistencia del comando iraní-venezolano-kirchnerista que nadie vio entrar ni salir del edificio y sobre el cual no pudieron encontrar ningún indicio en cuatro años. Intereses El listado de Whatsapp les da la razón a los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA que, mucho antes de la muerte de Nisman, pedían que fuera apartado de la fiscalía. Argumentaban que investigaba poco. Eso se percibe en la nómina de intercambios del viernes y sábado en los que llama la atención la cantidad de mensajes dedicados a las modelos y a los periodistas, comparado con los pocos contactos con sus colaboradores. Más aún teniendo en cuenta que la denuncia venía fracasando por falta de pruebas

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha 27 de ENE 2019 El último 24 de diciembre, horas antes de la celebración de la nochebuena, el diputado de Cambiemos Waldo Wolff dialogó con el misógino Baby Etchecopar en su programa radial El Ángel del Mediodía, en relación al aniversario de la la muerte de Alberto Nisman. [1] En el transcurso del fluido intercambio pasó desapercibida una frase del legislador, asiduo asistente a los paneles de debate vespertino de carácter político revisteril: “Yo también –afirmó— tengo acceso a carpetas de la vida privada de mucha gente”. El pseudo-periodista Etchecopar no repreguntó. Pero la frase dejó una duda inquietante. Wolff es el actual presidente de la comisión bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior, cuyo rol no permite el acceso a ningún tipo de información privada. En ese marco, el sincericidio asume una trascendencia relevante si se recapitula el vínculo del ex vicepresidente de la DAIA con Patricia Bullrich, la adquisición de materiales de ciberseguridad y espionaje y su presunta utilización para la persecución política. El 12 de septiembre de 2017, el gobierno argentino suscribió un acuerdo con el Estado de Israel en el que ambos países decidieron cooperar –entre otros ítems— en relación a crímenes a la investigación e inteligencia para la seguridad pública, la cooperación en el área de Cibercrimen y el Intercambio de Información Clasificada y Datos Personales. Quien quedó responsable de ejecución del acuerdo binacional es Rodrigo Gastón Bonini, un antiguo colaborador de Antonio “Jaime” Stiuso en la ex SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) y encargado, mientras Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del área de inteligencia de dicha jurisdicción. Por su parte, el vínculo de Patricia Bullrich y Waldo Wolff aparece como tan estrecho que la totalidad de las reuniones concertadas entre Bullrich y Macri (9 en total según el listado proporcionado por ceremonial y protocolo del ministerio) contaron con la coincidente presencia del legislador. Quizás esa confianza explique la aseveración trasmitida el 24 de julio de 2016, por parte de la actual ministra, sobre las sorprendentes tareas llevadas a cabo por el diputado, acaso algo llamativas para un integrante de la cámara baja: “Estamos trabajando con la Dirección de Comunicaciones de la Corte (la ex OJOTA, encargada de las escuchas telefónicas) un establecimiento de protocolos. El otro tema al que nos estamos dedicando fuerte es el de la creación de un protocolo unificado de emergencias. El diputado Waldo Wolff lo está trabajando con expertos de distintos lugares en el mundo, para saber qué hacer y cómo operar para que no se colapsen las comunicaciones y la logística”.[2] La referencia a Wolff se constituyó, en su momento, en un enigma para sus colegas de la cámara Baja. Misterio que el propio Wolff se encargaría de develar, ante Etchecopar, en la última Navidad. Turismo blindado Waldo Wolff fue el encargado de acompañar a la ex cuñada de Galimberti  en su periplo por Israel. Durante ese viaje oficial, en 2016, la Ministra de Seguridad participó de un congreso de ciberdelito y adquirió 4 lanchas de guerra, por un monto total de 50 millones de dólares. Las embarcaciones fueron derivadas a la Prefectura Naval para la lucha contra el narcotráfico. El monto oblado por las mismas fue cotejado con los precios internacionales y caracterizado por varios expertos como dispendioso en demasía. De hecho, los tecnólogos de los Astilleros Río Santiago, empresa estatal perteneciente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, consideraron que por el mismo valor podrían fabricarse en nuestro país por lo menos el doble de lanchas dotadas de las mismas características, en una etapa en que el gobierno de María Eugenia Vidal intentaba vaciar dicha empresa.[3] La hipótesis de sobreprecio no se constituyó en el único inconveniente que tuvieron que sortear ambos: en los meses previos al G20, expertos militares del Comando Conjunto de Ciberdefensa, a cargo del general de brigada Hugo Leonard, cuestionaron firmemente la adquisición de material ligado a la seguridad del evento, adquiridos a la firma Rafael (conglomerado de empresas de carácter mixto subordinadas al Ministerio de Defensa israelí). El motivo de dicho disgusto se vinculó con que Rafael es también la encargada de proveer el sistema de gestión misilístico utilizado por el Reino Unido para la protección colonial de las Islas Malvinas. El sistema, conocido como Modular, Integrated C4I Air & Missile Defense System (MIC4AD) es utilizado para la operación de los misiles Rapier pero requiere la misma información georreferenciada a la que los británicos tienen ahora capacidad de acceder a través de Rafael, gracias al contrato promovido por Bullrich y firmado por el Ministerio de Defensa. La paradoja es que Estados Unidos e Israel han sido los dos únicos países que han acompañado, consecuentemente, dentro de la Asamblea de las Naciones Unidas, las posiciones británicas contrarias a la soberanía argentina. Otra de las aplicaciones tramitadas por Wolff y Bullrich es un paquete de ciberseguridad que costó al erario público la suma de 5.200.000 de dólares, cuyo desarrollo bien podría haber sido realizado con recursos propios por parte de las unidades tecnológicas ligadas al CONICET. El software está orientado –según se informó— a prevenir ataques terroristas y posee la capacidad de recolectar y procesar datos de redes sociales y permite acceder a bases de datos privados. La aplicación se suma al sistema de reconocimiento facial que utiliza inteligencia artificial, obteniendo lecturas inmediatas de rostros, a través de las cámaras existentes en los espacios públicos, en tiempo real. Según un funcionario de carrera de seguridad, ese fue el dispositivo para detectar y detener a manifestantes en las últimas marchas multitudinarias desarrolladas en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos a Nacho Levy, referente de la agrupación La Garganta Poderosa, el 24 de octubre de 2018.[4] Patricia Bullrich y Waldo Wolff continúan su derrotero destinado a convertirse en uno de los dúos más opacos de la historia política macrista. Cuando el actual hechizo político concluya, quedarán expuestos los actos administrativos que ya no estarán regidos por

Fuente: José Cornejo Pérez* | Ag. Paco Urondo Fecha: 23 de ENE 2019 Desde la derrota presidencial de 2015, un sinfín de compañeros y compañeras se pasan la posta. En el reclamo, los más audaces cuestionan a CFK, lo más prudentes arrancan con la cantinela «porque los pibes de La Cámpora bla-bla». Cautelosos, no sea cosa que en nueve meses CFK esté ganando de nuevo. Se me ocurren algunas impresiones. La más evidente, que la autocrítica tiene muy poco de auto. Militantes que tuvieron responsabilidades importantes de gestión ven mucha paja en el ojo ajeno y poca en el propio. Sería interesante escuchar: «Yo por ejemplo en el INCAA o en la secretaría de Agricultura no me preocupé mucho si los fondos llegaban verdaderamente a los destinatarios». Segundo. Cuando se pide autocrítica, a) no hay mucha claridad sobre qué cosas se corregirían. Vagos reclamos específicos sobre cómo debería haberse implementado la Ley de Medios o perfeccionado la gestión del ministerio de Desarrollo Social. (Dato: lo que sigue funcionando en el ministerio a pesar de Carolina Stanley fue lo que construyó Alicia Kirchner). También están los b): quienes reclaman grandes cambios estructurales que hubieran sacado a la Argentina de su condición capitalista periférica. Le reclaman a CFK que «no industrializó» o «no terminó la pobreza» como si eso no fuera una estructura del capitalismo planetario y dependiera solamente de la botonera del presidente local. Posiblemente el último mandatario que tuvo esa decisión en sus manos haya sido Mao, dado que su Estado administra un quinto de la población mundial y cuatro décadas después de su fallecimiento, el Imperio Celeste aún está resolviendo el asuntillo de industria y pobreza. Tercero, el peronómetro. Los y las que saben perfectamente lo que hubiera hecho Juan Perón, Néstor Kirchner y Eva Duarte y pontifican sobre cómo CFK debería imitarlos. Me guardo las observaciones sobre esta legión de médiums. A todo esto, hay que prestar atención sobre la funcionalidad de las autocríticas. Cuando el kirchnerismo fue gobierno, desde la AGENCIA PACO URONDO criticamos muchos aspectos: los estragos que produjo la devaluación de 2014, la falsa promesa de regresar a los mercados pagándole al Club de París, la masacre de Once, el error de pelearse con Hugo Moyano, los límites de 678, y un largo etcétera. Todas esas autocríticas las hicimos en notoria soledad. Pero ahora que el campo popular fue derrotado y está fragmentado, ¿cuánto suman las críticas? ¿Qué resortes de poder reales tiene el campo popular cuando pierde el Estado? Porque el establishment, en una sociedad capitalista, puede soportar la pérdida del Estado razonablemente bien (Gramsci dixit). La coacción económica y el sentido común individualista lo protegen de un Estado adverso. Pero cuando el campo popular pierde el Estado cunde la confusión y el oportunismo. Hasta Perón fue desafiado en los muy combativos 60s. Naturalmente hay críticas excelentes, que deben ser tomadas en cuenta. Como ejemplo, la última de Coco Blaustein. Pero en la abrumadora mayoría de los casos, los alcahuetes del ayer se han convertido en los sermoneadores del presente. Así las cosas, propongo que cada uno y una mire qué bastón de mariscal tiene en su mochila y vea qué le puede aportar al Pueblo para que la oligarquía tenga que entregar el sillón de Rivadavia. Y ese aporte tiene que exceder la reflexión de la cafetería. * Director Agencia Paco Urondo.