Politica

Fuente: Tali Goldman | Nuestras voces Fecha: 16 de ABR 2019 La construcción del triunfo en Entre Ríos fue un globo de ensayo exitoso que demostró que la unidad peronista da resultados ganadores. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó que se bajara el precandidato del Frente para la Victoria Julio Solana y la fuerza se alineó detrás de Gustavo Bordet. El presidente Mauricio Macri hizo un intento por revertir la situación, con un viaje relámpago, pero su candidato perdió por 25 puntos en las PASO. Unidad, unidad, unidad. Esa parece ser la palabra mágica que recorre los pasillos del Instituto Patria, el bunker de Cristina Fernández de Kirchner en el que se tejen las estrategias y desfilan los políticos con un único objetivo: ganarle las elecciones a Mauricio Macri. Esta semana el tema que apareció una y otra vez en cada charla y en cada análisis fue el triunfo de Gustavo Bordet en las PASO de Entre Ríos. La diferencia fue de casi 25 puntos con su rival de Cambiemos, Atilio Benedetti. Los resultados finales de las primarias son apabullantes. La Alianza Frente Justicialista Creer se consagró con el 58,15 por ciento de los votos; seguido por el 33, 5 por ciento de la Alianza Cambiemos; 2,48% del Frente Socialista y 2,03 el Frente de Izquierda. La estrategia de ir todos bajo el paraguas del Frente que dio como ganador a Bordet funcionaron como modelo de aplicación de la unidad peronista que impulsa la ex Presidenta. Cristina dio la expresa orden de que se bajara el pre-candidato Julio Solana, actual diputado nacional y candidato del Frente Para la Victoria (en 2015 sacó el 43 por ciento de los votos y no llegó a consagrarse como gobernador ante el propio Bordet). “Cristina fue la arquitecta del triunfo del peronismo en Entre Ríos. Si se suman los resultados del 2015 entre el candidato del Frente Para la Victoria y el del Frente Renovador, Adrián Fuertes, que sacó un 15 por ciento, da exactamente el 58 por ciento que sacó Bordet. Cristina dio la orden de juntar todo”, contó a Nuestras Voces un hombre que frecuenta los pasillos del Patria. Pasando en limpio: las primarias de Entre Ríos funcionaron como una prueba piloto de cara a octubre. A diferencia de los casos de Río Negro y Neuquén en donde ganaron definitivamente los oficialismos locales, esta es la primera elección en la que se puede hacer una lectura nacional directa porque el propio Mauricio Macri se metió de lleno en la elección. La amplia victoria de Bordet puede significar no solo un mensaje hacia la Casa Rosada sino, sobre todo, puertas adentro del peronismo. “Quedó claro que definitivamente la unidad es el camino”, repiten en el Patria. En ese sentido, los medios monopólicos de comunicación que intentan siempre disimular cualquier circunstancia en beneficio de Macri y en detrimento de Cristina, no pudieron disfrazar semejante resultado. Los días más felices… El resultado que deberá refrendarse el próximo 9 de junio—y que será difícil que se revierta— dejó varias cuestiones para analizar. En primer lugar, dentro de la Alianza Frente Justicialista Creer hubo lugar para todos: para La Cámpora, para el Frente Renovador, para los sectores del peronismo que a veces coquetean incluso con la Casa Rosada. En las listas, que llevaban el sello peronista, hubo espacio para dos integrantes de La Cámpora como Juancho Huss, actualmente Diputado Nacional y Estefanía Cora, actual concejala de Paraná. Y también para María Claudia Monjo, que se postuló nuevamente como intendenta de Villaguay, una referente explícita del espacio que comanda Sergio Massa y que en 2015 llevó a su marido, Adrián Fuertes, a disputar la gobernación. En ese sentido, Bordet fue claro tras conocerse los resultados: “En la Argentina hay que construir una alternativa que supere la lógica binaria que tenemos hoy y encaminar un proceso de unión nacional, de superar antinomias que son absolutamente estériles y ponernos a trabajar con grandeza en un proyecto nacional”. Borde no esquivó la pregunta sobre el rol del kirchnerismo: “ que el kirchnerismo haya decidido bajar su precandidatura tuvo un peso muy alto en estas elecciones. Unidad Ciudadana forma parte de esta base de consenso. Son tiempos de tener grandeza política para generar esta apertura que permita presentar una propuesta política con fortaleza”, aclaró. Contando porotos En Entre Ríos además de disputarse la gobernación, los cargos nacionales y las intendencias, se disputarán las bancas de senadores departamentales: se trata de un representante por cada localidad que entra por mayoría. El peronismo unido, que ganó 16 de los 17 departamentos, se quedaría con la mayoría casi absoluta en la Cámara Alta de repetirse los resultados en junio. Es más, en algunas ciudades ganó por una diferencia sideral: en Concordia 70%  a 21% ; en Gualeguaychú 58% a 25%. Un dato curioso es que el actual intendente de Paraná, Sergio Varisco, procesado por narcotráfico—así como suena, no hay metáforas alusivas—, perdió ante el actual vicegobernador y candidato peronista Adán Balh. Pero Varisco, que jugó por adentro de Cambiemos, sí le ganó en las internas a Emanuel Gainza, el hombre apoyado por Elisa Carrió y el propio presidente, Mauricio Macri. Esto también refleja que las internas adentro del equipo amarillo ya no se pueden contener. Por caso, el mismo domingo electoral, el local Gainza que tiene un cartel gigante con su cara, acompañada de la del Presidente y de la Gobernadora María Eugenia Vidal amaneció todo pintado con la palabra Traidor. “La agresión, el apriete y la intolerancia son típicas de la vieja política. Los paranaenses queremos dejar atrás estas prácticas y dar un salto al futuro con gente, propuestas e ideas nuevas que mejoren la vida a todos los vecinos”, escribió el candidato elegido por Macri. Sin embargo, quienes conocen las internas locales no dudan que fue el propio Varisco quien mandó a escrachar a su rival y nadie creyó el comunicado en repudio que el procesado por narcotráfico se apuró a viralizar. Perdedores No cabe ninguna duda que el gran perdedor de

Fuente: Gabriela Esquivada | Infobae Fecha: 13 de ABR 2019 Entre los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Argentina en los años de la última dictadura militar, muchos se ocupan del antisemitismo durante el periodo. Bombas en sinagogas, escuelas judías y otras instituciones comunitarias, publicaciones filonazis y amenazas a figuras de renombre, entre muchos otros actos, reconstruyen este aspecto particular de aquel tiempo. Algunos de los documentos se ocupan del uso antisemita que se podría hacer del Caso Graiver y otros del factor antijudío en el secuestro de Jacobo Timerman; otros más reseñan el análisis de los diplomáticos israelíes sobre el peso de antisemitismo en el gobierno de facto o recogen las opiniones del rabino Marshall Meyer sobre ese y otros temas. Y alrededor de unos 15 tratan el tema exclusivamente, lo cual habla tanto de la realidad del odio discriminatorio en Argentina como de la preocupación de los Estados Unidos por la cuestión. En el cruce de ambas variables, las diferentes posiciones de la comunidad judía argentina intervienen en los informes que la embajada en Buenos Aires enviaba a Washington DC. 1976: bombas y literatura nazi  Un telegrama del 1º de septiembre de 1976 informó que el embajador en Buenos Aires, Robert Hill, se entrevistó en Estados Unidos con Morton Rosenthal, director de la oficina latinoamericana de la Liga Antidifamación (ADL) de la B’nai B’rith, el 30 de agosto. El rabino Rosenthal habló sobre los casos de «sinagogas que habían sido bombardeadas y comercios [propiedad de individuos] judíos que habían sido baleados», además de «una enorme cantidad de literatura antisemita». Hill se comprometió a ocuparse del tema apenas regresara a la Argentina, y también «a consultar con el embajador israelí y con otros embajadores occidentales sobre el recrudecimiento del antisemitismo» en el país. Según el documento, también David Geller, del Comité Judío Estadounidense (AJC), había presentado las mismas preocupaciones a funcionarios del Departamento de Estado. El texto cierra pidiendo que se averigüe la posición oficial de la Casa Rosada ante «el terrorismo contra los judíos», ya que «si no se toman medidas para reducir el antisemitismo argentino», eso podría generar «importantes críticas adicionales» al presidente de facto Jorge Videla. La pregunta tiene particular sentido en la coyuntura: era el comienzo de la dictadura y las instituciones judías locales no habían denunciado una política antisemita específicamente. Como señalaría luego el «Informe sobre la situación de los detenidos desaparecidos judíos durante el genocidio perpetrado en Argentina 1976-1983», publicado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), «la comunidad judía fue afectada como parte de la comunidad argentina global: como miembros insertos en los diversos sectores de la sociedad, fueron afectados en su carácter de ciudadanos argentinos». Con el paso del tiempo —como registra el informe— la percepción se modificó: «Pero la comunidad judeo-argentina sufrió también en forma particular, tanto durante el secuestro y desaparición de las personas judías como durante su estadía en los centros de detención, donde numerosos testimonios denuncian el ‘tratamiento especial’ al que fueron sometidas las víctimas judías». Lo informaría, en su momento, el embajador que sucedió a Hill, Raúl H. Castro: «Las fuentes judías nos dicen —y nos inclinamos a creerles— que algunos judíos detenidos por razones de seguridad son sujetos a un trato más duro que los no judíos, debido al antisemitismo tradicional entre ciertos elementos policiales y de seguridad». Otro cable de agosto de 1976 detalló la denuncia del rabino Rosenthal: «En el mes de agosto se vio un aumento considerable del acoso anti-judío. El 1 de agosto se descubrió una bomba en un templo de la comunidad judía en Buenos Aires, pero la policía la sacó antes de que causara daño. El 4 de agosto una cooperativa de crédito judía y una cantidad de comercios de propietarios judíos fueron rociados con fuego de ametralladoras desde un auto en movimiento. Una bomba explotó en un instituto cultural judío el 24 de agosto y dos sinagogas y un comercio fueron atacados el 27 de agosto». El mensaje cierra con el último acontecimiento: «Un club judío en Córdoba resultó gravemente dañado por la explosión de una bomba». La enumeración fue el contexto que el documento de la embajada en Buenos Aires ofreció para su tema central: «Un grupo, que se autodenomina Frente Nacional-Socialista Argentino, ayer se declaró responsable de los ataques de la semana pasada a dos sinagogas y un comercio judío. En una carta enviada a las redacciones de los periódicos, el grupo anunció que había ‘declarado la guerra’ a lo que llamó ‘la plutocracia judeo-bolchevique’ que, denunció, tiene la culpa de la desintegración nacional de Argentina». Un peligro «todavía» no demasiado grave Sin darle mayor importancia a la banda nazi, el cable recordó que era la misma que «aparentemente se declaró responsable del ataque a un centro de mujeres judías hace un año». La desestimación se fundó en parte en que la embajada consultó a autoridades de la comunidad judía internacional y de la embajada israelí local, quienes habían coincidido en que los incidentes «todavía no constituyen una amenaza grave». Sin embargo, una semana más tarde los ataques habían continuado y la DAIA había publicado una declaración, «la más fuerte hasta el momento», según el nuevo telegrama, «en repudio de lo que llamó ‘una campaña delictiva repetida y sistemática de antisemitismo». El texto —informó el jefe adjunto de la misión estadounidense, Maxwell Chaplin, al Departamento de Estado— «siguió a la aceleración de los ataques contra establecimientos judíos, incluidas las bombas del viernes (4 de septiembre) en una escuela judía en Flores y una sinagoga en el centro de Buenos Aires». El texto habla también del nombramiento del nuevo embajador argentino ante Israel, Enrique Ros, y menciona que la felicitación oficial de Videla al diplomático «no fue vista como particularmente tranquilizadora para la atribulada comunidad judía». Alude también —como comentario valorativo de Chaplin— a la importancia de la protesta de la DAIA, que «ha sumado ahora otra voz a la creciente protesta pública contra la violencia descontrolada en el país». Días más tarde, cuando se habían producido otros atentados con bombas en la Sociedad Hebraica y el Banco de Israel, ambos en Córdoba, Hill volvió a mencionar la cuestión. Anunció también el cierre de una imprenta antisemita el 13 de septiembre, «Editorial Milicia» y la prohibición de «ocho de sus más recientes publicaciones antisemitas». El documento describió el sello como «responsable de producir la mayoría de las publicaciones pro-nazis, antisemitas que han proliferado en Argentina en los meses recientes». El «sentimiento» antisemita Una de las cuestiones que analizan varios cables es la naturaleza generalizada del antisemitismo. El problema no era

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 07 de ABR 2019 Las repetidos papelones de la Ministra de Seguridad son valorados como indudables aportes por parte de Estados Unidos e Israel. Patricia Bullrich sobreactúa su rol, vinculado a la criminalidad doméstica, para congraciarse con las prioridades estratégicas ajenas a los flagelos realmente existentes en la Argentina. Los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de los Estados Unidos, filtrados inicialmente por Edward Snowden a partir de 2013, muestran con claridad que las temáticas del narcotráfico y el terrorismo son los dos elementos utilizados por Washington para controlar y disciplinar a quienes se evalúa como antagonistas a sus intereses económicos o políticos.[1] Los informes filtrados de la NSA indican que la inexistencia de amenazas de terrorismo y/o narcotráfico en países socios, no pueden ser óbice para que abandonen su tratamiento como prioridad global: todos los recursos de los países subalternos deben estar orientados a su combate, para auxiliar la guerra que Estados Unidos lleva a cabo. Las diferentes agencias de inteligencia estadounidenses sugieren (y/o exigen) la permanente implantación de dichas agendas, con independencia de su relevancia doméstica. Algunos de esos documentos dan cuenta de cuáles son los procedimientos y formatos más recomendables para imponer el tópico del terrorismo que, se sugiere, debe estar coligado al del narcotráfico dada la pregnancia que genera la adicción juvenil a estupefacientes entre las familias.[2] La apelación al terrorismo ha sido utilizada por la NSA para espiar a la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la primera ministra alemana, Angela Merkel, o la empresa Petrobras; y para inventar el “asesinato” del fiscal Natalio Alberto Nisman.[3] En los documentos filtrados de la NSA (disponibles en ACLU) se especifican los mecanismos de asociatividad con gobiernos y referentes amigables, aptos para resguardar los beneficios estratégicos de Estado Unidos, tanto de su gobierno como de sus empresas.[4] Los puentes con dichos socios, como el caso de la ministra Bullrich, se establecen a través de las delegaciones diplomáticas, la consultoría, el intercambio de asesores y funcionarios, la financiación de Centros de Investigación (think tanks), la donación de recursos para operativizar sus intereses y la formación académica de dirigentes. Entre los colaboradores de la ministra, Alberto Föhrig, Secretario de Coordinación, y Eugenio Burzaco, Secretaría de Seguridad, han recibido titulaciones educativas en universidades ubicadas en Washington. Desde que Patricia Bullrich asumió como ministra realizó dos viajes relevantes, ajenos a cumbres o encuentros protocolares. El primero fue a Tel Aviv en noviembre de 2016 y el segundo a Washington en febrero de 2018. En el primero de los periplos adquirió software de vigilancia para el combate al terrorismo y cuatro lanchas de guerra para la lucha contra el narcotráfico. En el último viaje, en 2018, renovó su compromiso de enfrentar a Hezbollha, supuestamente instalado en la Triple Frontera, motivo por el cual logró renovar los U$S 700.000 de ayuda otorgada por el Pentágono, mereciendo, además, una felicitación de la DEA por su inestimable colaboración. Otra de las retribuciones otorgadas a Bullrich en Washington consistió en un acuerdo de información compartida para ser analizada por los centros de fusión, dependientes de la Office of Intelligence and Analysis (I&A) adscriptos a la NSA, donde se relevará y procesará material público y privado atinente a la lucha contra el terrorismo.[5] Durante ese viaje, la defensora de la doctrina Chocobar también visitó, en el seno de Cámara de Representantes, al legislador republicano Harold Rogers, presidente de la Subcomisión de Asignación de Fondos, encargado de otorgar viabilidad financiera a los más conspicuos seguidores de las políticas del Pentágono. Rogers ha sido nominado en más de una oportunidad, por asociaciones civiles, como “uno de los congresistas más corruptos”, por sus espurias relaciones con dictadores latinoamericanos y por promover negociados ajenos a su tarea legislativa.[6] Convocatoria a los fantasmas La Triple Frontera es un tema recurrente en el discurso de Washington y por extensión en el de Bullrich, porque permite actualizar periódicamente el fantasma imprescindible del terrorismo. Entre los analistas más rigurosos no puede ser explicado cómo un área compuesta por tres pequeñas ciudades, cuya población total es de 650.000 personas, no ha podido ser controlada por las fuerzas policiales de tres países, cuyo presupuesto invertido en la zona supera con creces el dispuesto sobre áreas de mayor criminalidad. La razón sustantiva del interés de Washington en la zona (eufemizado detrás del narcotráfico y el terrorismo) parece ligarse más a la exigencia de diferentes corporaciones multinacionales que exigen disminuir la proliferación del fraude con marcas comerciales, elusivo del pago de patentes. Las referencias a Hezbollha, por su parte, permiten intervenir y modelar a los servicios de seguridad y de inteligencia de los países a los cuales se busca subordinar. Ese objetivo supone además externalidades beneficiosas para las corporaciones monopólicas: incluye la comercialización de armamento y la cooptación de funcionarios mediante prebendas materiales y simbólicas con las que se imponen los modelos políticos exportados. La denominada Guerra contra el Terrorismo ha pasado a ser el elemento central de la política exterior luego del final de la Guerra Fría. A través de esa coartada, Washington se ha visto legitimado para operar en cualquier lugar del mundo, sin las limitaciones que imponen las soberanías nacionales.[7] Para darle vitalidad a la agenda consensuada con sus socios, la ministra ha procedido con sistematicidad a convertir en terroristas a las familias mapuche que pujan por no ser expulsadas de sus tierras. Para lograr ese objetivo, tergiversaron la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, asociándola a la lógica subversiva, y viabilizaron su represión causando los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Desde esta perspectiva legitimaron, también, la detención de los hermanos Salomón, que permanecieron 22 días encarcelados, y la apertura de una causa, de claro contenido islamofóbico, contra Hassan Adnan Hamze (primo de los Salomón), a quien el juez de Lomas de Zamora,  Alberto Santamarina, acusó de actividades sospechosas luego de encargar helados a un delivery. La reciente detención de los artistas chilenos y la difusión del caso como un hecho de terrorismo, sumado al irresponsable tratamiento del ministerio de seguridad relativo a

Fuente: Néstor Espósito | TiempoAr Fecha: 07 de ABR 2019 La supuesta red de espionaje por la que está preso el falso abogado Marcelo D’Alessio pudo haber manipulado a un preso para que involucrara, con datos probablemente ciertos, a un empresario vinculado con el kirchnerismo. Y, en un segundo paso, hacer jaque mate con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La trama es sórdida. La investigación sobre esos supuestos hechos ni siquiera ha comenzado. Pero la denuncia ya está en el juzgado federal de Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla investiga a una organización (por ahora) paraestatal de inteligencia ilegal. La exabogada del financista Leonardo Fariña, Giselle Robles, dejó el viernes en Dolores un escrito de una decena de páginas que podría ser una bomba de alto impacto o un chaskibum. Prudencia. Lo que sí está claro es que ese texto y la documentación que acompañó abrirán un nuevo capítulo en la investigación sobre la presunta asociación ilícita dedicada a la extorsión, el espionaje político y ahora también, según esa presentación, al direccionamiento y la manipulación de causas judiciales. Robles dejó por Mesa de Entradas del juzgado una descripción sobre cómo Fariña habría recibido mientras estuvo preso instrucciones a través de ella para complicar al empresario Lázaro Báez. Según reconstruyeron fuentes judiciales, la abogada explicó que, desde la prisión,  Fariña le facilitó el acceso a una cuenta de e-mail en la que habría recibido instrucciones sobre lo que debía declarar ante el juez federal Sebastián Casanello con el objetivo final de obtener la excarcelación. ¿A cambio de qué? Según Robles, de una carambola que impactara primero en Báez para que este se convirtiera también en arrepentido e hiciera caer con su relato a CFK. Robles era la abogada del barrabrava de Boca Juniors Maximiliano Mazzaro, a quien Fariña conoció en prisión. Lo que se insinuaba como una relación conflictiva (porque Fariña es amigo de Rafael Di Zeo, otro barra por entonces enfrentado con Mazzaro), no lo fue. La abogada asumió la defensa de Fariña. En 2016 el financista declaró como arrepentido ante Casanello, pero lo hizo con un régimen diferente al actual. En aquel momento podía mentir, porque declaraba como imputado, en indagatoria. Hoy no podría hacerlo porque la mentira en ese caso se traduce en un delito adicional con diez años de prisión. Cada uno elige qué riesgos asumir. La clave parece estar en una cuenta de mail, elturista@prontomail.com. Robles sostiene que esa cuenta era de Fariña, que él le facilitó el password para que la utilizara mientras estaba detenido (y no tenía acceso a Internet) y que allí recibía la letra de lo que finalmente fue su declaración como arrepentido. Fariña, en cambio, asegura que la cuenta no es suya, que nunca lo fue. Así lo denunció ante Casanello cuando se rompió la relación con su abogada. Lo cierto es que cuando Fariña declaró ante Casanello, en abril de 2016, acompañado por Robles, llevaba consigo unas anotaciones manuscritas y recurrió a ellas para brindar su declaración como colaborador. ¿Qué pasó luego de esa declaración? Fariña estaba detenido a disposición de un juzgado federal de La Plata (en rigor, había dos causas, una de ellas camino a juicio oral) pero no de Casanello. Las causas de La Plata pasaron a tramitar en la Capital Federal. Entonces el financista rápidamente obtuvo la excarcelación y cambió de tribunal que lo debía juzgar en la otra causa. De esa manera quedó afuera de su juzgamiento el presidente del tribunal oral de La Plata, Carlos Rozanski. Finalmente Fariña fue condenado por un tribunal en lo Penal Económico a cuatro años de prisión. La sentencia está a revisión de la Cámara Federal de Casación Penal desde hace más de un año. Según la denuncia de Robles, Rozanski era uno de los jueces a los que Fariña temía. Así, según consta en su escrito, se lo manifestó al ministro de Justicia, Germán Garavano, cuando se reunieron en un salón del quinto piso de la sede del Ministerio, en la calle Sarmiento. Esa reunión fue gestionada por el periodista Luis Majul. Fariña quería mejorar su situación en el marco del programa de protección de testigos porque media docena de custodios lo vigilaban a toda hora y, por ejemplo, ni siquiera tenía carnet de conducir. Generoso, Garavano accedió a recibir a un arrepentido que acaba de salir de la cárcel gracias a haber denunciado al empresario amigo de Néstor Kirchner. Fariña habría dicho en esa reunión –siempre según Robles– que aspiraba a que Báez también se arrepintiera para mejorar su situación, pues la estaba pasando mal en la cárcel. El ministro respondió algo así como que ya lo estaban «operando» al empresario y que pronto se iba a arrepentir. Sólo faltaba que diera el gran paso: acusar de la supuesta corrupción en la obra pública a Cristina Fernández de Kirchner. Fariña niega que la reunión hubiera discurrido en esos términos. ¿El encuentro pudo haber sido grabado por los colaboradores del ministro Garavano? En tal caso, esa grabación ¿desmiente o confirma lo que denunció Robles? Lo que parece emerger con claridad es que si Fariña fue «coucheado» para su declaración como arrepentido no fue Garavano quien lo hizo. La reunión con el ministro es posterior. Si hubo adoctrinamiento fue mientras estuvo preso. ¿Es posible que servicios de inteligencia que antes operaron contra el kirchnerismo ahora hayan cruzado de vereda y estén utilizando la misma información en sentido contrario? ¿O es que finalmente se desnudó la matriz de intromisión y operaciones de inteligencia como un grano estallado que no para de drenar pus? Entretanto, ¿qué es de la vida de D’Alessio? Encerrado prácticamente todo el día en una habitación inhóspita, desprovista de toda decoración, sin ventanas que permitan el ingreso de la luz del sol y sin TV ni contacto con el mundo exterior, el falso abogado Marcelo D’Alessio pasa sus días en el Hospital Penitenciario de Ezeiza (HPC) como una fiera domesticada enjaulada. Sólo lo visitan su esposa y su abogado, Claudio Fogar, sus únicas contenciones

Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 24 de MAR 2019 Las carpetas de inteligencia ilegal secuestradas en el allanamiento al espía Marcelo Sebastián D’Alessio complican al Hada Buena y pueden generar una onda expansiva en la tensionada coalición oficial, donde se discute nada menos que su continuidad hasta las elecciones de octubre y quien será su portaestandarte. El informe acerca del show sobre animales que conduce un relator de fútbol contiene elementos que, según D’Alessio, le suministró el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Santoro, que ponen la mira sobre el productor del programa;  la empresa licenciataria de América 2, que con la inflación ya es América 24 y la gobernadora bonaerense. Secreto a voces La ley dice que las sesiones de la comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia son secretas. Al enviar la documentación sobre la causa, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, extendió esa obligación de reserva a los legisladores. Pero entre diputados, senadores, asesores y personal de servicio del Congreso asistieron a la sesión medio centenar de personas. En esas condiciones, los trascendidos son inevitables. Lo que no hay es un relato único, sino el armado de un rompecabezas a partir de piezas sueltas. Este es el resultado: D’Alessio dirige su informe sobre el show de los animales al ex comisario Ricardo Bogoliuk, inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia. El show de los animales no es realizado por América, sino por la productora Jotax, que también tiene a su cargo  Intragables, otro programa político de escándalo en la misma emisora. D’Alessio, vía Santoro, menciona al titular de la productora como un amigo muy íntimo del Hada Buena. El informe añade que la gobernadora le entregó varios millones de pesos de publicidad y fondos reservados de la provincia de Buenos Aires, para que comprara parte del paquete accionario de América que pertenecía al hermano de Daniel Vila, Alfredo. Afirma que las entregas son de 2,2 millones de pesos por mes (que al cambio promedio del último semestre son unos 600.000 dólares en un año) y la pauta sirve para blanquear el uso de los fondos reservados. Santoro le dijo a D’Alessio que se quería ir del show de los animales porque desde que el relator de fútbol se reunió con la ex presidente CFK, dejó de referirse a los encuadernados por el doctor Glock como presos por corrupción y comenzó a llamarlos presos políticos. Según el operador judicial del Grupo Clarín el encuentro con Cristina fue gestionado por el ex colaborador de Horacio Antonio Stiusso en la ex SIDE, Javier Fernández, a quien menciona como contacto de su compañera de mesa, Romina Manguel, a quien moteja de filokirchnerista. Santoro opina que al relator de fútbol “le hicieron la croqueta”. Hasta allí el tratamiento del tema en la Comisión Bicameral, en un encuentro que duró dos horas y media, la mitad que el informe público que el mismo magistrado rindió la semana anterior en la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados presidida por Leopoldo Moreau. De canillita a campeón El productor a quien D’Alessio vía Santoro señala como operador de la gobernadora en América se llama Gabriel Hochbaum. Cuando ingresó a la empresa manejaba cuentas publicitarias de municipios y hacía lobby político. Además de programas para el canal y su señal de cable, produce espectáculos teatrales con la marca JOTAX. El informe estaba dentro de la carpeta dedicada al relator de fútbol, quien al enterarse sacó de la mesa a empujones a Santoro. No se informó cuánto duraría la licencia que Santoro dijo haber pedido para ocuparse de su defensa, aunque por ahora no hay causa judicial abierta en su contra. La resolución del juez dice que tal vez Santoro no sabía el uso que D’Alessio daba a las informaciones que le proveía. Es decir que quizás sólo era incapaz de detectar a un extorsionador, con quien se visitaban semanalmente en sus casas, esposas incluidas. También participó activamente al menos en su último libro. El contenido de la carpeta trascendió por las nerviosas gestiones de Hochbaum ante distintos medios de comunicación para que no se publicara la noticia. EL 15 de febrero, el Grupo América anunció la constitución de su nuevo Comité Ejecutivo, responsable de la dirección estratégica y administrativa, liderado por Agustín Vila y Gabriel Hochbaum. Agustín es el hijo del principal accionista, Daniel Vila, quien anunció que se desvincularía de la gestión diaria. Según el comunicado empresarial su hijo lidera el Comité que también integra Hochbaum, quien “mantiene el cargo de Director de Relaciones Institucionales”. El Comité “representará los intereses de los accionistas y supervisará en sus actividades al management de Grupo América, encabezado por su CEO, Sergio Basich”. El accionista minoritario es el ex ministro del Interior José Luis Robo para la Corona Manzano. Todos los medios de América han estado durante los últimos años orientados por la línea política de Sergio Massa, si  tal cosa puede distinguirse en la zigzagueante deriva del líder del FR. La semana pasada hicieron una encendida defensa de Stornelli, el propio Massa (“creo en su honestidad y buena fe”), y su operadora legislativa, Graciela Camaño (“Por tres whatsapps con un chanta de estos se pone en tela de juicio toda la carrera judicial de un hombre con una trayectoria como la de Stornelli”). Horacio Hace cinco meses, Camaño, presentó un recurso de amparo contra el tarifazo anunciado por el entonces ministro de Energía Javier Iguacel, quien también fue objeto de una denuncia penal por parte del fiscal Guilermo Marijuan, quien era el candidato a ocupar la Procuración General si Massa llegaba a la presidencia. En uno de sus frecuentes raptos de furia real, no la simulada para la campaña (“cuando se enoja le sale el verdulero calabrés”, me dijo uno de sus colaboradores más próximos)  Macrì amenazó con querellar al Pocero de la Patagonia por calumnias, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, según informó Carlos Pagni en el diario La Nación el 11 de octubre de 2018. Lo más

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 24 de MAR 2019 El análisis de la documentación procesada por la Comisión Bonaerense de la Memoria (CPM) y la exhibida ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia revela la utilización de aparatología de espionaje capaz de interferir teléfonos celulares mediante tecnologías de IMS, Interception Management System (Sistemas de Gestión de Intercepciones). Los dispositivos capaces de utilizar IMS acceden al contenido completo de los celulares de quienes han sido elegidos como objetivo, mediante una clonación de los mismos. Su captación permite también su geolocalización, es decir, el control de la ubicación exacta a través del GPS y por lo tanto la trayectoria cotidiana recorrida. Tanto el listado elaborado por la CPM como el detalle de los documentos consultados por la Comisión Bicameral contienen evidencias de la utilización de dichas tecnologías, seguramente provistas por entes gubernamentales. Los vínculos ilícitos constatados con Ricardo Bogoliuk, reconocido como un agente inorgánico de la AFI, y con los fiscales Juan Ignacio Bidone y Carlos Stornelli, permiten entrever los diferentes accesos a fuentes de información provenientes de agencias gubernamentales con terminales fuera de las fronteras nacionales. El ex directivo de la empresa petrolera PDVSA Gonzalo Brusa Dovat declaró ante el juez Alejo Ramos Padilla que Marcelo D’Alessio contaba con información precisa sobre sus traslados, registros de llamadas telefónicas, y referencias a sus diálogos cotidianos con familiares, datos solo asequibles mediante la clonación de las pantallas del celular de Dovat. Además, la carpeta confeccionada por D’Alessio que guardaba información sobre el ex legislador porteño Gustavo Vera, también muestra informes de geolocalización y registro de mensajes entrantes y salientes con terceras personas, conseguidas a través de la intercepción de circuitos digitales. El hallazgo de la carpeta dedicada al titular de la Asociación Civil La Alameda, fue inmediatamente ligada al ex integrante de la SIDE, Antonio Stiuso, quien fue denunciado por casos coincidentes de espionaje paraestatal y por la utilización de Natacha Jaitt para divulgar información sobre abusos sexuales. Los sistemas IMS se ponen en ejecución mediante la instalación, en el celular del vigilado, de una aplicación que es activada inocentemente por la propia víctima. No existen muchos proveedores de estos sistemas. Los tres oferentes de estas tecnologías son NN (Nokia Network), VERINT y NSO Group. La primera es de capitales finlandeses y las dos últimas de origen israelí. Empresarios de VERINT y NSO Group llegaron a Buenos Aires en 2017 junto a su primer ministro, Bibi Netanyahu, después de que Patricia Bullrich participara meses antes en el congreso de ciberseguridad en Tel Aviv, donde 500 empresas de ese rubro se reúnen cada dos años para ofrecer las últimas invenciones en espionaje y guerra cibernética. La visita a Israel de la ministra de seguridad fue gestionada por el presidente de la Cámara de Comercio Israelí Mario Montoto. Waldo Wolff acompañó a la ministra en representación de la cámara de diputados, para realizar labores cuyos resultados nunca fueron detallados por la bancada del PRO, a la cual pertenece. Pocos meses antes de la visita de Netanyahu, el 19 de junio de 2017, el New York Times reveló que varios gobiernos latinoamericanos habían adquirido las tecnologías IMS con el objeto de realizar tareas de espionaje. En México y en Panamá se logró detectar a la empresa NSO Group como la proveedora de una aplicación, denominada Pegasus, con la que se realizaron seguimientos constatados a integrantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre ellos a familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos durante el gobierno de Peña Nieto, quienes desarrollaban una campaña internacional de repudio al gobierno del PRI por su falta de investigación en relación a las desapariciones.  Peña Nieto había adquirido el software a NSO Group, a través de la Procuración de la Nación, por un monto de 32 millones de dólares. En el caso de Panamá, el Pegasus fue utilizado en relación a la causa Odebrecht y motivó la detención, por orden de la Corte Suprema panameña, del ex presidente Ricardo Martinelli y dos de su hijos. Andá a contarle a Montoto El 70 % de NSO Group, titular de Pegasus y de otros programas de ciberseguridad, fue adquirido en 2014 por el fondo de inversión Francisco Partners, uno de cuyos accionistas es Elliot Management, administrado por Paul Singer, el millonario estadounidense que fue agraciado, junto a Sheldon Adelson, con la retribución de sus bonos basura, apenas asumió el gobierno Mauricio Macri. En síntesis: las aplicaciones de espionaje utilizadas en la Argentina, son controladas por servidores gestionados por una empresa propiedad de los fondos buitre, dado que los servicios de IMS exigen que el flujo de datos circule a través de islas de memoria (nubes) ubicadas en los países que proporcionan dichos servicios. La peculiaridad de esta aparatología de espionaje es que puede ejecutarse sin intervención judicial, como sucede con las escuchas telefónicas, que deben ser autorizadas por un juez. El espionaje digital permite una asociación difusa entre el proveedor de la tecnología y su cliente, dado que su operativización es supranacional, motivo por el cual se consigue eludir las normativas locales. Llegado el caso, en última instancia, la intervención de un celular podría adjudicarse a hackers cuya sede es ajena a la legislación argentina. Sheldon Adelson, Paul Singer y Bibi Netanyahu En octubre de 2017, en el marco de los acuerdos firmados entre Macri y el premier israelí se empezaron a utilizar los dispositivos IMS orientados a detectar circuitos de narcotráfico. Uno de los objetivos privilegiados fue el grupo conocido como Los Monos de conocida influencia en la Ciudad de Rosario y sus alrededores. En el allanamiento en la casa de D´Alessio se identificó una carpeta caratulada como “Narcotráfico en Rosario” con imágenes de capturas de pantalla, solo asequibles mediante tecnologías IMS. El falso abogado visitó en prisión en dos oportunidades a uno de los líderes de Los Monos, Ramón Monchi Machuca. En la segunda de ellas, el 15 de febrero de 2018, D´Alessio intentó convencerlo para que involucrara al gobierno

Fuente: M. Escalada y A. Ronconi | El disenso Fecha: 23 de MAR 2019 Lo adelantamos en 2018: la gobernadora Vidal realizó pagos millonarios a la productora de Intratables, Animales Sueltos y Desayuno Americano. Luego de la reunión del Juez Ramos Padilla en el Congreso, trascendió que en una de las carpetas secuestradas en la casa de Marcelo D’Alessio se habría encontrado información proveniente de espionaje ilegal en la que, de acuerdo a lo publicado por LPO, se sostiene -sin ningún dato concreto- que Vidal “participó de alguna manera” en la compra de acciones de América 2 que pertenecerían al hermano de Daniel Vila, uno de sus dueños. Esta semana, el Juez Ramos Padilla, que investiga la posible extorsión realizada por el super agente del recontra espionaje vernáculo Marcelo D’Alessio hacia el empresario de los kiwis Pedro Etchebest, fue invitado a una sesión de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia presidida por el Senador Marino. Si bien el contenido de estas reuniones es de carácter “secreto”, dada la cantidad de gente presente y el tipo de información dada a conocer, las filtraciones a la prensa fueron inevitables. De esa forma, se conoció que D’Alessio informó a RB (quien sería el detenido ex comisario Ricardo Bogoliuk, reconocido por la AFI como agente inorgánico) respecto al programa de TV “Animales Sueltos” en base a información que habría sido provista por el periodista Santoro. También se menciona la posibilidad de que la gobernadora Vidal haya realizado erogaciones millonarias desde la provincia como parte de un acuerdo de compra del paquete accionario de América que obraba en manos de Alfredo Vila Santander, hermano de Daniel y cuñado de Pamela “si vuelve CFK me voy del país” David. Esta información respecto a los millonarios pagos realizados desde la gobernación de Buenos Aires a la productora de Animales Sueltos que circula en modo condicional desde el viernes en diversos medios, fue publicada en exclusiva por El Disenso, hace más de un año! Fútbol, medios y política Gabriel Hochbaum es quien oficia de RRPP entre el grupo de multimedios, la política y el fútbol. Si bien en los papeles figura como miembro del directorio, Director de Relaciones Institucionales y líder del nuevo Comité Ejecutivo de Grupo América, también fue el encargado de casar a través de una ceremonia budista laica a María Noel, una de las hijas mayores de Daniel Vila. Acostumbrado a tender puentes entre diferentes personalidades, en abril de 2018 Hochbaum inauguró junto al presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, un emprendimiento de comida japonesa llamado Dashi House, situación que sirvió para juntar al empresario Marcelo Tinelli con Daniel Vila, y con la rama larretista del Pro. Por esta razón no sorprende encontrar a D’Onofrio recorriendo la provincia junto al doctor Manes, al tiempo que Tinelli desembarca en la política. Es que el socio de D’Onofrio también forma parte de la comisión directiva de San Lorenzo. El 27 de mayo de 2017, desde El Disenso en la publicación “El Boliche de Majul”, te contamos como el gobierno oculta el total de las contrataciones realizadas al periodista y solo reconoce 24 millones. Tras investigar a diferentes organismos, encontramos que este dinero era apenas la punta del iceberg. Al Margen Producciones es una de las empresas de Majul en la que su accionista es Facundo Belocopitt, el hijo de Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group procesado en 2011 en el marco de la quiebra de Ferrocarril Oeste y quien le compró el 40% del paquete accionario en Grupo América a Francisco de Nárvaez gracias al DNU con el que Macri aggiornó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 que originalmente (en su artículo 41) impedía la transferencia total o parcial de licencias. Hoy el empresario es miembro del directorio del Grupo América, que incluye a América TV, A24, Radio La Red, la web de noticias Primicias Ya y Canal 10 de Junín. Al momento de convertirse en accionista de la productora de Majul, el hijo de Belocopitt tenía apenas 20 abriles. La (constante) presencia de Vidal en diferentes programas pertenecientes a Grupo América nos motivó a buscar los pagos realizados desde la Provincia de Buenos Aires hacia las diferentes productoras de los principales referentes mediáticos del grupo. La gobernadora evita la publicación de la pauta erogada y no contesta los pedidos de informes, por lo que desde que asumió “Mariu”, no se sabe cuanto dinero le pagó la Provincia a medios, productoras y periodistas. El hermetismo no fue impedimento para que El Disenso accediera a una parte de los pagos realizados por la Tesorería de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Loterías y Casinos hacia las productoras de los principales programas de tv. Llamativamente, los depósitos parecen coincidir con la visita de la gobernadora a los programas beneficiados. Jotax Producciones, la productora creada bajo la razón social JXA SRL el 14 de noviembre de 2008 por Juan Cruz Avila y su entonces pareja, Cecilia Soledad Oubiña, recibió entre el 11 de septiembre de 2017 y el 11 de febrero de 2018, 22 pagos de parte de la provincia gobernada por Vidal. Seis de ellos provenientes del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, cada uno por $227,533.88. El resto de las erogaciones, fueron enviadas directamente desde la Tesoreria de provincia y consistieron en 7 pagos de $208,389.26 y 8 con montos que van de los $198,389.26 a los $25,661.16. El incremento en los pagos coincide con el cambio de autoridades en la productora, originalmente a cargo de Juan Cruz Avila. Luego del fallido nombramiento de Avila como “Coordinador de Hospitales Universitarios”, puesto consignado por el entonces Ministro de Educación Esteban Bullrich que fuera aceptado y declinado en apenas 48 horas, el productor se asoció con “Grupo América”, quedando la hija de Daniel Vila, María Noel, como gerenta titular de la sociedad junto a Avila y Sergio Ceroi. Apenas un mes después de este cambio societario, Grupo América intentó quedarse el año pasado con C5N y CN23, una operación que finalmente no logró concretarse luego de que

Fuente: Juan Alonso | Nuestras Voces Fecha: 21 de MAR 2019 El fiscal federal Carlos Stornelli pidió una extensión del tiempo para presentarse a declarar ante el juez Ramos Padilla en la causa que lo involucra por las extorsiones del falso abogado Marcelo D’Alessio. En tanto, una multitud se convocó en Tribunales para defender la actuación del juez de Dolores, a quien el macrismo intenta remover en una medida desesperada. Novedades en el expediente: las operaciones de D’Alessio que afectaron a Irán, Rusia y Uruguay; la testigo que involucró a Majul. El fiscal federal Carlos Stornelli está inmerso en la brisa de las cornisas. Ante la apabullante prueba fáctica en su contra (concreta, real, sin arrepentidos ni declaraciones amañadas con operadores free lance y servicios de inteligencia en camionetas con patentes truchas) su defensa recurrió a un desesperado atajo judicial y pidió una prórroga en su tercer citación a indagatoria ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Esta movida de ajedrez encierra un dilema. Al recurrir a la prórroga, su abogado Roberto Ribas no tuvo más remedio que reconocer (de hecho) la competencia de Ramos Padilla que seguirá instruyendo el expediente. Un dato nada menor para el dispositivo discursivo de las libertadoras cívicas, que salieron a exigir  la lapidación pública del juez Ramos Padilla, quien hizo mucho más por la historia de la democracia en la Argentina, en estas pocas semanas, que la diputada Elisa Carrió en toda su carrera de apostolado de la nada, con cruces a lo Torquemada y nervios de cadencia ansiolítica. Ya no hay nada que logre calmarla, porque sabe que está severamente cuestionada en las propias menciones del mayor imputado, Marcelo Sebastián D’Alessio, quien la recuerda y no en la Biblia precisamente; al igual que la diputada Paula Oliveto,  alias “Pau” para el amigo espía. “Fuera, fuera, fuera Macri, fuera”, sonaba en la caída de la noche en los Tribunales, muy cerca de un nuevo 24 de marzo. Y esta vez ya no está Obama como en 2016 para asistir al presidente y al británico Joe Lewis en su paraíso privado de la Patagonia. Una multitud se manifestó a favor del juez Ramos Padilla y apoyó al único canal de noticias y sus trabajadores que televisaron el reclamo en vivo por C5N, cuyos propietarios, Fabián De Sousa y Cristóbal López, están presos al igual que el licenciatario de Radio del Plata, Gerardo Ferreyra, con causas delirantes de la más rancia moralidad de los inmorales con lógica del Medioevo. Así las cosas, los pedidos de sendas nulidades en los expedientes de los encuadernados con la foto de un cuaderno y el gas licuado, son la calesita del destino para el mecanismo extorsivo que cruje y se quiebra por la palabra inflamada de un soldado de su propia tropa de élite. El escándalo planetario del presunto agente de EE.UU., Marcelo Sebastián D’Alessio y su grupo de espionaje mafioso -que incluiría jueces, fiscales, periodistas, policías y supuestos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que “apretaron” a grandes empresarios y ejecutivos encuadernados- amenaza con provocar la caída definitiva de Py. Por eso, la presentación de Ribas intentó hacer llegar a tierra firme a un Stornelli debilitado por el ansia. Ya no arregla relojes antiguos los fines de semana, porque detesta el tiempo, que lo acosa con su oleaje de sombras estiradas. De él se habló ayer en la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, con un legislador oficialista un tanto inquieto en la silla. Se trata de Daniel Lipovetzky, a quien Mauricio Macri le encargó una tarea titánica: viró de defender el aborto legal y gratuito a sostener el pantalón del fiscal preferido del Poder Ejecutivo, acusado de presunta extorsión y espionaje. Tristísima tarea la de Lipo, que se esfuerza en repetir ante el espejo las tres frases que pronuncia con las subordinadas de un infante adelantado. Uruguay y Rusia también Los legisladores del Frente Amplio de Uruguay, que quieren preguntar -no como el periodista de Clarín, Daniel Santoro, al borde de un ataque de pánico por la amistad indubitable que lo unía a D’Alessio. En Uruguay están furiosos con el macrismo y las gravísimas fallas de contrainteligencia de la AFI, que no quiso evitar el presunto espionaje de D’Alessio a una delegación rusa e iraní en Montevideo, con datos de inteligencia sobre empresarios uruguayos, colombianos y argentinos. A esta hora un asesor de Vladimir Putin debe estar leyendo, quizás, la trepidante no ficción rioplatense sobre el oro de Moscú, que el grupo paraestatal de D’Alessio quiso arrebatarle. Y eso no es, digamos, un buen diagnóstico de salubridad para el futuro del hombre que tenía en su mansión del country Saint Thomas de Esteban Echeverría una escopeta marca Kel Tec Modelo KSG calibre  12 UAB con un cañón de 380 a 599 milímetros y 16 cartuchos, dos millones de dólares y una docena de autos de alta gama. “Los rusos no conocemos el miedo”, suele repetir Putin a los cuatro puntos cardinales. Los hombres de D’Alessio se habrían excedido con Irán y Rusia en Uruguay. Y eso derivaría en consecuencias inevitables. D’Alessio habría sido contratado para evitar que logre instalarse la misión comercial iraní/rusa de acuerdo a los parámetros geopolíticos y económicos del Departamento de Estado, el Comando Sur y el Pentágono. La excusa habría sido sostener el lazo con EE.UU. y alejar la influencia rusa en América del Sur, en línea con la base argumental del la agresiva política exrerior de Donald Trump. De estos asuntos complejos de vidriosa claridad se habría discutido en la Bicameral donde estuvo  Ramos Padilla. La carpeta escrita por D’Alessio con el título “Operación Fantino” (una de las 19 carpetas de espionaje y contraespionaje que halló el magistrado) encerraría un mensaje encriptado sobre la gobernadora María Eugenia Vidal. El escrito habría sido facturado por el presunto agente estadounidense y supuesto numerario de la AFI, en una escaramuza de “fuego amigo”.  La vocación por el espionaje es tan alienante para algunos que esperan la voz de

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 10 de MAR 2019 El avance de las investigaciones que lleva a cabo el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla inquieta a no solo a Stornelli y Bonadío, sino también a funcionarios dentro de la delegación diplomática de Washington con sede en Buenos Aires, que temen quedar expuestos en relación a una operación global destinada a saquear una de las empresas más poderosas del mundo. Los documentos encontrados en casa de Marcelo Sebastián D’Alessio, en ocasión del allanamiento realizado en su lujosa mansión en el barrio privado de Saint Thomas, contiene material sensible para quienes participan de la coalición destinada a hostigar al chavismo. El gobierno de Mauricio Macri ha participado dentro del Grupo de Lima en la ofensiva continental dispuesta por Trump, para contribuir a su asfixia económica y disciplinar políticamente a la región. Uno de los objetivos centrales de las políticas del Departamento de Estado hacia Venezuela es el manejo y/o la apropiación de sus formidables recursos naturales, distribuidos básicamente en la cuenca del Caribe. La planificación para lograr dicho objetivo es similar a la operada en Medio Oriente luego de la guerra de Irak, donde los contratistas de las grandes corporaciones texanas lograron controlar las refinerías y erigir una infraestructura hidrocarburífera acorde a las necesidades de Washington.[1] Con la misma concepción estratégica, en la última semana John Bolton, el jefe de asesores de Seguridad de los Estados Unidos, amplió el bloqueo de activos de PDVSA en 7.000 millones de dólares y anunció una asfixia análoga para el año próximo, pero de 11.000 millones. Las sanciones del gobierno de Trump se refieren a la empresa petrolera venezolana SITGO (integrante del grupo PDVSA), que cuenta con tres refinerías en territorio estadounidense.  Dado que el 100 % de sus acciones pertenece al Estado bolivariano, sus autoridades son nombradas por el gobierno de ese país. Su máxima autoridad, hasta el 13 de febrero, era Asdrúbal Chávez, primo del extinto Presidente. El último 30 de enero, el gobierno de Donald Trump decidió violar la sacrosanta normativa de la propiedad y adjudicó a Juan Guaidó el control financiero de la empresa. Esta medida permitirá al sector petrolero de Houston contar con la conducción de una empresa valuada en U$S 10.000 millones, que posee tres refinerías y una red de casi 6000 estaciones de servicio distribuidas en el territorio de los Estados Unidos. Un decomiso legitimado por supuestas razones de seguridad nacional. En forma sincrónica, a 8.000 kilómetros al sur de Washington, un operador adscripto (o líbero) de alguna de sus variadas agencias gubernamentales, quedó expuesto al llevar a cabo operaciones extorsivas contra uno de los ex funcionarios de PDVSA. El ex director de logística Gonzalo Brusa Dovat fue manipulado, con el objetivo de contribuir a esmerilar dicha corporación, en el marco de los objetivos planificados, en forma coincidente y concurrente con el Departamento de Estado, para lograr el naufragio del chavismo. Según la documentación secuestrada por el juez, el falso abogado D’Alessio mantenía una complicidad activa con el fiscal Carlos Stornelli en esos menesteres de incidencia internacional. El fiscal de la causa de los cuadernos se mostraba muy comprometido en favorecer a la deslegitimación de PDVSA. Las numerosas presencias del fiscal en la delegación diplomática de Estados Unidos y su denodado interés por la difusión de malas noticias sobre PDVSA revelan una operación de pinzas a nivel global, en obvia connivencia con el gobierno de Mauricio Macri. La operación ayuda humanitaria con la que se pretendía conseguir, a partir del último 23 de febrero, el estallido de una guerra civil o una deserción en masa de integrantes de las fuerzas armadas bolivarianas, no logró los frutos esperados. En el marco de esa frustración, el Departamento de Estado se vio obligado a volver a su estrategia original de cuatro ejes: Confiscar cuentas del Estado venezolano en territorio estadounidense; Amenazar a terceros países con sanciones a quienes viabilicen formas de cooperación, desplieguen acuerdos comerciales o compren hidrocarburos; Ampliar el bloqueo financiero y el acceso al crédito para evitar la continuidad de su diversificación industrial y la conquista de la seguridad alimentaria autónoma; Propagación global de una crisis humanitaria terminal en la sociedad venezolana y de una corrupción endémica al interior del gobierno chavista. Para colaborar en este último objetivo D’Alessio llevaba a cabo operaciones de espionaje, extorsión y operaciones psicológicas, en connivencia con el aparato comunicacional más extendido de la argentina, el Grupo Clarín, y uno de sus periodista estrellas, Daniel Santoro. La inquietud del establishment jurídico, mediático y de la AFI previa a la (fallida) indagatoria del fiscal Stornelli ante Ramos Padilla, se concentró el último jueves en un simple adminículo tecnológico denominado celular. Dicho aparato fue observado durante la última semana por técnicos recomendados por la embajada de Estados Unidos, que se comprometieron a ejecutar una limpieza parcial en 48 horas. Dado que la información queda también registrada en otros celulares y en la nube de los proveedores de las aplicaciones utilizadas (por ejemplo WhatsApp), la zozobra permanece activa en varios de los contactos del fiscal encuadernado. Sin embargo, según comentaron algunos informáticos con residencia laboral en Comodoro Py, aparece como improbable que los propietarios de las aplicaciones (utilizadas por Stornelli) con servidores ubicados en Estados Unidos, se dignen a responder en tiempo y forma a potenciales exhortos solicitados por la justicia argentina interesada en PDVSA. El esquema develado posee varios antecedentes, coincidentes con el objetivo de Washington de timar un recurso ajeno. En un cable enviado por el embajador estadounidense en Caracas, fechado el 17 de febrero 2009, filtrado tiempo después por WikiLeaks, se describen los interrogatorios especiales y pormenorizados realizados a los funcionarios de PDVSA y CITGO con el objetivo de recopilar información de inteligencia para abonar al futuro control de ambas empresas. Dos años después, gracias a los documentos filtrados por el contratista de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) Edward Snowden que se publicaron en The Intercept, quedó en evidencia la ejecución de una operación conjunta entre la NSA y la CIA para espiar a funcionarios