Politica

Fuente: Edgardo Mocca| El Destape Fecha: 29 de diciembre de 2019 La sociedad argentina observa a dos corrientes antagónicas, nacidas al calor del 2001: la rebelión plebeya al ajuste neoliberal contra las clases medias antipolíticas. Es posible que las dos coaliciones que sumaron poco menos que el 90% de los votos en las últimas elecciones presidenciales hayan nacido con el estallido social de diciembre de 2001. No es difícil percibir en aquel incendio la existencia de dos “humores” frente a la crisis: uno plebeyo, que se rebelaba contra la violencia de las reformas neoliberales iniciadas en los años noventa con Menem y que, ya en el gobierno la primera Alianza,  habían sumido a los sectores populares en las más duras privaciones. Era, en ese sentido, un hito en las movilizaciones sociales que tuvieron en la rebelión popular de Cutral Co una referencia memorable. El otro humor era el de las clases medias y medias-altas que fueron la base de sustentación cultural de la Convertibilidad, que disfrutaron de los viajes al exterior y pudieron llevar muy fácilmente a su régimen de vida a algunos de los productos de la revolución técnica que trajo consigo lo que dio en llamarse la “globalización”. Este sector se movilizó contra el corralito; es decir no contra las políticas neoliberales sino contra el último círculo de su decadencia en el que asomó la amenaza a sus ahorros y a su patrimonio. Fugazmente ambos humores se encontraron: piquete y cacerola la lucha es una sola, se gritó entonces. Cuando el gobierno de Duhalde fue enderezando el averiado barco de la sociedad argentina las aguas se separaron.     Menos de dos años después de aquel diciembre el país votó. Dos resultados vienen a cuento de esta hipótesis. Uno, el de la elección nacional que en un contexto de dispersión y debilitamiento de los partidos terminó eligiendo presidente a Néstor Kirchner ante la renuncia de Menem a disputar la segunda vuelta. El otro, el de la ciudad de Buenos Aires en el que Mauricio Macri, que había debutado cuatro años antes en las lides electorales ganaba la primera vuelta. Aun cuando fue derrotado en el ballotage por Aníbal Ibarra, la figura de Macri emergía en el centro de la escena política argentina. Lo anterior adquiere sentido y significación cuando se mira la coyuntura de estos días. La gran fórmula política que exponen los enemigos existenciales del gobierno de Alberto y Cristina es, justamente, la antipolítica. Para resistir las insinuaciones redistributivas del nuevo gobierno, se emplea el recurso de siempre: el “gasto político”. La fórmula mágica para pagar la deuda externa, para satisfacer demandas de la Argentina destruida sistemáticamente por la experiencia macrista, dar pan a los hambrientos, recuperar la producción y el empleo es…la disminución del gasto político. Que el ajuste lo haga “la política”. La oposición no se hace desde un partido o coalición alternativa, desde un programa opuesto y un partido históricamente reconocible; se hace desde el repudio de la política como tal. Hay que decir que Macri debe su malhadada experiencia presidencial a esa subcultura. Eso fue lo que, después del resonante éxito de Massa en las parlamentarias de 2013 inclinó la balanza a favor del empresario. Fueron las masivas columnas caceroleras, las solidaridades con la “familia” judicial después del suicidio de Nisman, las marchas que reivindicaban la “libertad” para comprar dólares, las que encontraron su referencia en Macri. Estamos hablando de una quiebra histórica en el sistema de partidos políticos argentinos. El bipartidismo peronista-radical ha sido desplazado por la lucha entre dos grandes coaliciones sociales que se ordenan en torno de relatos antagónicos del pasado y de imágenes ideales del futuro del país. Relatos que ciertamente han recorrido gran parte de nuestra historia, que han alcanzado un grado de sinceramiento y de intensidad y constituyen un desafío para la democracia argentina. El frente que gobierna ha producido un visible viraje de su lenguaje que se expresa en sus acciones. Propone a sus antagonistas el diálogo, habla de concertaciones, de pactos y de contratos, flexibiliza sus propuestas para lograr amplitud en sus respaldos. No hay dudas de que ese espíritu lo ha fortalecido en términos de respaldo popular. Sin embargo, los grandes emporios mediáticos – verdaderos termómetros de los humores de sectores decisivos del establishment nacional y global- siguen en pie de guerra. En una región conflictiva e inestable y en un mundo en el que están en juego las posiciones hegemónicas, Argentina se ha constituido en un punto de referencia para quienes creen posible un orden diferente y quieren transitar en esa dirección sobre la base de desarrollar la democracia y no de ignorarla.

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 29 de diciembre de 2019 Fin de año es época de balances. De lo que se hizo y perfilando lo que vendrá. Pero, para tratar de avizorar el futuro, hay que partir del presente. Aunque este es un presente muy discutido, porque para Juntos por el Cambio parecería que nos dejaron un país muy ordenado, y que la cuestión de la emergencia es un tema del oficialismo. Por eso es esencial discutir el país que nos dejó Mauricio Macri y la emergencia en la que estamos. Una caída del PBI per cápita del 9% durante la gestión anterior, la tasa de desocupación más alta desde 2006 y un retroceso de más de diez años en la lucha por reducir la pobreza. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: perdimos 13 años. Se cerraron más de 20 mil empresas en cuatro años, de ellas, más de 4200 industriales. Se produjo una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones de entre el 15% y el 20%, similar a la pérdida de los salarios. Nos enfrentamos entonces a múltiples crisis, como lo dice la ley recientemente sancionada: emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Parecería que se está diciendo lo obvio. Pero es necesario insistir, pues hay una gran tergiversación desde los exfuncionarios (que además hablan como si no hubieran gobernado) y desde los grandes medios de comunicación hegemónicos. Entonces, un balance de lo que se heredó es el punto de partida para que más adelante veamos dónde estamos, y podamos decir si avanzamos o retrocedimos, si las jubilaciones mejoraron o no mejoraron, si la redistribución del ingreso mejoró o empeoró, si hay más desempleados o menos, si se han abierto pymes en vez de seguir cerrando, cuánto se ha reducido el flagelo del hambre. Las tergiversaciones Se dijo y se escribió mucho acerca de que Alberto Fernández, con la nueva ley, estaría aplicando el ajuste que pide el FMI. Sin embargo, el término «ajuste» está referido a cuando hay que ajustarse el cinturón. Es lo que les pasa a los que menos tienen, a los maestros que no ganan lo suficiente, a los trabajadores informales, a los jubilados que cobran la mínima, entre otros. Ahora se está intentando que los sectores más favorecidos contribuyan a partir de los beneficios que han tenido y que seguirán teniendo, para ir hacia un sistema tributario más progresivo. Porque lo que hizo Macri en estos cuatro años fue, precisamente, disminuir los tributos sobre los bienes personales (es decir, la riqueza) y sobre las ganancias de las grandes empresas. Y lo que se está haciendo ahora es corregir ese absurdo, que redujo los tributos a los que más tienen. Ahora, los que más tienen tendrán que pagar más. Desde Juntos por el Cambio se habla de ajuste a partir de la Ley de Solidaridad Social. No obstante, el programa económico actual está en las antípodas de un ajuste, porque se trata de obtener aportes de los que tienen capacidad para aportar los recursos. Y a esta estrategia la gente de Juntos por el Cambio la llama, yo diría maliciosamente, ajuste. Y gran parte de la oposición también degrada el significado de la «solidaridad» sobre el cual se asienta todo este cambio que genera la nueva ley. La verdadera solidaridad atraviesa todo el articulado de la nueva ley, denominada, precisamente, «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública»: todo un título. Porque hay una cuestión esencial: el asistencialismo es una herramienta para arrancar cuando se está en el peor de los escenarios. Sin embargo, las políticas tienen que apuntar a que se genere trabajo de calidad, con el cual las personas ganen lo suficiente para vivir decentemente, y esa es la rueda virtuosa que hay que poner en marcha. Estos conceptos están en la ley, porque despliega un plan asistencialista, pero en el marco de la justicia redistributiva y de la reactivación económica. Siempre sostuve que no soy partidario del déficit fiscal como meta a largo plazo, y que no creo que deba resolverse por la vía del recorte del gasto, sino por la vía del aumento de los ingresos que debe venir de una mayor actividad. Comencemos con los aumentos que obligatoriamente el gobierno tendrá que dar en los próximos dos trimestres a los jubilados. No se trata sólo de la nueva fórmula, sino de que hay que regenerar los ingresos previsionales para que una fórmula de mejora pueda ser sustentable. No se menciona, por ejemplo, que el 70% de la mayor recaudación por vía del impuesto al atesoramiento y a los gastos en el exterior irá a la Seguridad Social y al Pami, y un 30% a la vivienda social. En el caso de los eventuales aumentos en las retenciones, irían un 67% a financiar también a la Seguridad Social y al Pami, y un 3% a un fondo solidario de competitividad industrial para estimular la producción de pequeños productores y cooperativas; el 30% restante se destinaría a rentas generales. Además, «el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas» con criterios que tengan en cuenta las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización, entre otros. Estos son los conceptos de solidaridad incluidos en la ley, que la mayoría de la oposición y los medios concentrados casi no mencionan. La otra cara de la moneda de la solidaridad es que el sistema tributario se hace más progresivo. Por eso se incrementó el impuesto a los bienes personales. En verdad, se llevaron las alícuotas a los niveles de 2015, nada excepcional. Además, se excluye el valor de la vivienda familiar de la base de tributación. Lo que sí es nuevo, que los bienes en el exterior, principalmente los que fueron declarados en el blanqueo que hizo Macri, tributarían una tasa de hasta el doble

Fuente: Guillermo Wierzba | El cohete a la luna Fecha: 29 de diciembre de 2019 Acorralado y desprestigiado debido a los pésimos resultados macroeconómicos de su gestión, el gobierno de la Alianza Cambiemos, rebautizada como Juntos por el Cambio, intentó resaltar aspectos presuntamente exitosos de la misma. Sus referentes y los operadores-periodistas que la blindaban eligieron apologizar supuestas mejoras en la vida institucional argentina, como soporte para sostener la campaña reeleccionista del presidente neoliberal que culminaría su mandato el 10 de diciembre pasado. Pero el debate planteado dejó expuestas las evidencias de un grave deterioro de esa vida institucional durante el macrismo. El intento de designar jueces supremos por decreto, la estigmatización y represión de la movilización social, las presiones sobre el Poder Judicial y la articulación con sectores de éste para el despliegue de una sistemática persecución a dirigentes sociales y funcionarios de los gobiernos anteriores, caracterizaron ese grave retroceso. Fuera de la ley Una cuestión adicional fue el incumplimiento de la Ley como modo permanente de ejercicio del gobierno. Hoy se tramitan judicialmente, entre otras, la causa sobre el incumplimiento de las formalidades necesarias y exigidas por el orden legal y administrativo en el endeudamiento con el FMI. La lógica de comportarse por fuera de las leyes incluyó la violación permanente de la Carta Orgánica del BCRA. El artículo 3° de la Carta Orgánica sancionada en 2012 expresa la clave del cambio de legislación que se introdujo, dándole al organismo objetivos múltiples que reemplazaban la versión sustituida que sostenía uno único. El texto vigente establece que: “El banco central tiene como finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Con un claro objetivo de escamotear lo previsto por la Ley, Szturzenegger en su discurso 14/12/15 expresó: “Fíjense qué interesante cómo está redactado. Lo que aquí se enumeró no está en orden alfabético, está en orden de prelación o importancia”. El Doctor en Economía del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) había resuelto autorizarse, así, a dar por legislado lo que no lo está: jerarquizar el objetivo de “estabilidad monetaria” frente a los otros establecidos para la institución, acudiendo al orden prelativo. Szturzenegger aseguró que en una enumeración siempre existe una jerarquía y fijó un criterio, no enunciado por el legislador, que implicó inferir una misión para el Banco Central, devaluando el cambio de la Carta Orgánica, y que de hecho significó asimilarla al espíritu de la ley sustituida. Así, el economista ortodoxo se hizo su propia ley. ¡Vaya institucionalidad! Metas de inflación Con esa treta se dio comienzo al período de aplicación de un esquema de metas de inflación para bajar la tasa de crecimiento de los precios. El banco central asumió, así, el dispositivo preferido y recomendado por el FMI, para la construcción de las políticas monetarias y el combate de la inflación. El diagnóstico subyacente respecto de ésta es que el incremento de los precios proviene de un exceso de demanda en la economía. Para combatirlo, el Banco Central adopta como instrumento la tasa de interés de referencia de política, con la cual pretende afectar el precio de los activos y el resto de los tipos de interés. La autoridad monetaria se propone una inflación objetivo, y si se evidencia una tendencia de la tasa de inflación efectiva a superarla, se elevará el tipo de interés de referencia, provocando la disminución de la actividad económica, el consumo y la inversión, para lograr un descenso del ritmo de crecimiento del nivel de precios. El esquema supone que la reducción de la actividad también impactará en el nivel de empleo, deprimiéndolo, para alcanzar una tasa de desocupación que, como manifiestan Abeles y Borzel en el documento de trabajo n°1 del CEFID-AR Metas de Inflación: implicancias para el desarrollo, “mantiene los reclamos salariales en línea con la distribución del ingreso prevaleciente”. Una de las condiciones requeridas para la aplicación del dispositivo de Metas de Inflación es la independencia de la autoridad monetaria, autonomizada de las representaciones ciudadanas, que, una vez definida cuantitativamente la meta inflacionaria, deberán abstenerse de discutir la estructura del régimen de política monetaria. ¡Vaya democracia! Su aplicación requiere la libre flotación cambiaria y la libre movilidad internacional de capitales. Este régimen fue aplicado durante el gobierno de Macri hasta que estas dos últimas condicionalidades, junto a la decisión de financiar el déficit fiscal en pesos tomando préstamos en dólares, condujeron a la situación de iliquidez e insolvencia externa. De hecho, un virtual default, sin haber logrado -ni haberse acercado nunca- a las metas de inflación planteadas, pese a haber sometido a la economía a una elevadísima tasa de interés que, junto a otras medidas de política económica, provocaron el devenir de un cuatrienio de caída del PBI, derrumbe del salario y de los ingresos fijos y aumento del desempleo. Un festival de títulos y letras Mientras tanto, un festival de títulos y letras remuneraban con abultados intereses al capital especulativo. En la Argentina el esquema de Metas de Inflación constituyó un rotundo fracaso de la receta fondomonetarista. Por el contrario, el nivel inflacionario superó con creces el tan cuestionado de los doce años de gobierno popular. Siendo dos inflaciones de sustancia distinta. Mientras la primera se desplegaba en un patrón de acumulación de valorización financiera que despojaba a los sectores populares, la del período del gobierno de Cristina Fernández expresaba una puja distributiva, en la que los asalariados defendían las mejoras alcanzadas. Pero el fracaso en Argentina de tal régimen, no es un episodio aislado. La ineficacia parece extenderse a los países periféricos en general. La ortodoxia se ha empeñado en destacar la disminución del traspaso (pass throught) del tipo de cambio a precios en esos países, adjudicando su causalidad al establecimiento de regímenes de metas de inflación, asociados a un crecimiento de la credibilidad en las autoridades monetarias y al cumplimiento de las otras condiciones requeridas para la vigencia

Fuente: Raúl Kollmann | Página/12 Fecha: 28 de diciembre de 2019 No será una nueva pericia, sino un análisis técnico y científico del informe que la Gendarmería presentó en la causa. Probablemente participen expertos independientes, enmarcados en una Comisión que diseñe y concrete el estudio. Su comienzo coincidirá con el recambio de las cúpulas de las fuerzas de seguridad. Pese a la andanada de los medios oficialistas y hasta advertencias de Comodoro Py, habrá una revisión de los trabajos que hizo la Gendarmería en la causa Nisman. No será una nueva pericia, sino un análisis técnico, inicialmente interno, de lo realizado por la Dirección de Pericias de la fuerza en un hecho de trascendencia judicial, política e histórica. Fue el propio Presidente de la Nación el que pidió que se revise lo actuado. El formato del estudio todavía no está definido, aunque posiblemente se conforme una Comisión en la que participarían no sólo integrantes de la Gendarmería, entre otras cosas porque gran parte del trabajo tiene que ver con la autopsia, un terreno en que la fuerza no tiene capacitación. Como se sabe, aquella pericia incorporada a la causa fue un verdadero grotesco que tuvo como hipótesis central que al fiscal le dieron una cantidad indeterminada de una sustancia llamada ketamina, de la que apenas se encontraron trazas y que no se sabe cómo se la suministraron porque en el cuerpo de Nisman no había rastros de ninguna inyección. La jugarreta se evidenció desde el principio cuando el diario Clarín anunció el resultado de la pericia sin que siquiera hubieran empezado los trabajos. Fue en mayo de 2017, con el siguiente título: «Nuevas pericias oficiales sostendrán que a Nisman lo asesinaron». Recién en noviembre se terminó el estudio, por supuesto confirmando lo anunciado por el diario, que estaba en línea con lo pedido por Cambiemos. El anuncio de la ministra Sabina Frederic de que se hará una revisión de la conducta de la Gendarmería en los casos Maldonado, Nahuel y Nisman provocó la histeria de los medios alineados con Cambiemos y de los dirigentes de esa fuerza. También desde Comodoro Py hicieron circular en off the record que se oponen a cualquier revisión y que si se hace un nuevo análisis significaría una especie de «intromisión» en la justicia. Finalmente en la tarde de este viernes el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, afirmó que «no tenemos ningún plan de repetir el peritaje». El diputado Waldo Wolff le puso su toque de desprecio y misoginia refiriéndose a Frederick «a esta chica hay que explicarle como funciona la república «. En realidad, Frederic no hará ningún trámite judicial. Va a ordenar, a fin de enero, que se realice una revisión de la calidad técnica y científica del informe que la Gendarmería presentó en la causa. La ministra sostiene que es pública la controversia por ese estudio y que corresponde que la fuerza revise si se actuó correctamente. Es una segunda mirada sobre algo realizado por la Gendarmería. Una vez que estén los resultados, seguramente se enviará el estudio al fiscal y al juez Julián Ercolin, que serán libres de disponer lo que consideren. No es verdad que el estudio de la Gendarmería haya sido aceptado por las partes: la defensa del informático Diego Lagomarsino presentó un largo análisis firmado por los conocidos forenses Mariano Castex y José Speranza, además del balístico y criminalista Luis Olavarría, que contradijeron a la Gendarmería y sostuvieron que Nisman se suicidó. Pero la mayor controversia fue con los integrantes del Cuerpo Médico Forense que destrozaron el estudio de la Gendarmería como se reflejó en la nota publicada por Página/12 en octubre de 2017. El CMF forense conocía el caso al dedillo porque recibió en pocas horas el informe de la médica que revisó el cuerpo en el mismo baño donde se lo encontró; intervino a través de dos forenses en la autopsia que se hizo a las 8 de la mañana del día posterior, y revisó los resultados en una junta médica en la que participaron 14 especialistas del máximo nivel. En el CMF están los mayores expertos en la realización de autopsias: realizan unas 3.000 por año, comparado con los de la Gendarmería que no hacen ni una sola. En concreto, el CMF sostuvo: * Que no existía evidencia alguna de que a Nisman lo hayan drogado, porque ni siquiera la Gendarmería pudo cuantificar la ketamina que supuestamente le dieron para atontarlo y llevarlo dócilmente al baño. La evidencia fue tan floja que ni el fiscal Taiano pudo convalidar lo dicho por los gendarmes y no pudo incluirlo en su dictamen. Todo indica que la ketamina apareció por una contaminación en el cromatógrafo de la fuerza verde. * La Gendarmería sostuvo que para suministrarle la ketamina a Nisman le pegaron primero una tremenda paliza. Es algo que no se verifica en la realidad: no se encontró ni una gota de sangre fuera del baño ni hubo el menor desorden en todo el departamento. * Sobre esto el CMF dijo que los peritos de la Gendarmería cometieron groserías elementales: por ejemplo, confundieron un derrame biliar con una hematoma; una lesión post mortem típica de los dientes dejando marca en el labio inferior, con un golpe en la boca, y, sobre todo, diagnosticaron que a Nisman le fracturaron la nariz, cuando es el efecto de un leve chanfle en la radiografía que le tomaron de la cara. En las fotos y videos se ve con claridad que Nisman no tenía ninguna marca morada ni rastro alguno en la nariz, cuando una fractura produce marcas tremendas. * La Gendarmería batió un record internacional del delirio señalando que Nisman murió a las 2.46 de la mañana del 18 de enero. Es algo que no tiene parangón. Es obvio que todo estudio forense traza una franja horaria, porque no existe la menor capacidad de señalar en qué minuto murió una persona dado que el cálculo depende de la temperatura ambiente, del cuerpo de la persona y de las características que tiene el lugar y el individuo. La Gendarmería argumentó que «eso es lo que arrojaron los cálculos de

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 17 de diciembre de 2019 El expediente que martirizó a Héctor Timerman naufraga en el purgatorio de la historia, al igual que sus perpetradores. Cambio de escenario y roles a un año de una persecución mortal. La procesada ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, derrapó al comparar el asilo otorgado a Evo Morales con la llegada de nazis al país. Y la DAIA la acusó de “banalizar el Holocausto”. Una controversia impensable en días no lejanos. De hecho, el 18 de julio pasado, en el acto por los 25 años del atentado a la AMIA, ella fue aplaudida por la dirigencia comunitaria, mientras el ex vicepresidente de la DAIA y diputado del PRO, Waldo Wolf, sonreía a su lado. Desde los orígenes del régimen macrista, ambos habían compartido una epopeya: apoyar la denuncia contra CFK y Héctor Timerman, entre otros, por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Una causa que el devenir de la realidad atascó en el purgatorio de la Historia. Ahora el destino quiso que el conflicto de esa mujer con la entidad israelita coincidiera con la fecha en que Timerman hubiese cumplido 66 años y la proximidad del primer aniversario de su muerte. Instruido por el juez federal Claudio Bonadio, dicho expediente fue un himno al desplome del estado de Derecho. Y el procesamiento del ex canciller requirió, por su debilitada salud, una dosis extrema de crueldad. Prueba de eso fue que su absurda prisión preventiva le impidió viajar a Estados Unidos para continuar el tratamiento oncológico. De modo que su cuadro se agravó. Era como si pesara sobre él una condena a muerte aún no escrita. Pero ya festejada en redes sociales por sujetos despreciables como Fernando Iglesias, Eduardo Feinmann y Federico Andahazi. Un detalle que convertía tal condena en un linchamiento. Y qué, en un plano más que simbólico, articulaba nada menos que la continuidad del martirio de su padre, el periodista Jacobo Timerman, durante la última dictadura. Jacobo fue secuestrado en su hogar por una patota de La Bonaerense el 15 de abril de 1977. Primero fue llevado a Campo de Mayo antes de pasar por otros centros clandestinos de detención. En todos esos sitios fue torturado con saña por su condición de judío mientras sus captores encabezados por Camps y Etchecolatz le inquirían sobre temas tan variados como la relación entre el diario y la guerrilla, el sionismo, la teoría marxista y, desde luego, el dinero de David Graiver. La repercusión internacional del asunto fue notable, particularmente por su trasfondo antisemita. Así lo entendió, por caso, la Liga Antidifamación de la B’nai B’rith al organizar una campaña pública por la libertad de Timerman con apoyo del senador Edward Kennedy, que hasta incluía una gira del propio Héctor –de 23 años, por entonces– para hablar de su padre en varias ciudades norteamericanas y canadienses. En Argentina, en cambio, el silencio de la dirigencia judía era absoluto. En parte porque el presidente de la DAIA, Nehmías Resnizky, tenía una deuda con los militares: ellos habían secuestrado a su hijo y después le permitieron viajar a Israel. ¿Y su sucesor, Mario Gorenstein? Ese hombre, ya sin presiones de tamaña magnitud, afirmó en 1980 que Timerman “no fue detenido por ser judío”, y que el régimen castrense era “muy receptivo a denuncias por casos de antisemitismo”. Cabe destacar que en la crucifixión de Héctor el papel de la DAIA fue aún más vil, puesto que sus jefes no eran esta vez cómplices pasivos sino los artífices de su desgracia, en tándem con la servidumbre judicial del macrismo. Fue dicha dirigencia la que lo denunció en base a una trampa tendida por el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, al grabar clandestinamente en 2013 una conversación telefónica con él; allí, en su condición de canciller, se lo escucha decir sobre la táctica para indagar al lote de iraníes sospechados del atentado a la mutual judía: «¿Y con quien querés que negocie? ¿Con Suiza?”. Esa frase, en términos “procesales”, fue su pecado. Así lo interpretó a fines de 2015 el fiscal Eduardo Taiano al imputar a Héctor por “traición a la patria y encubrimiento”. Una iniciativa festejada por la señora Alonso. “Timerman debe muchas explicaciones. Que lo haga ante la Justicia es lo correcto”, supo señalar entonces en una entrevista con la agencia Vis a Vis (propiedad de Claudio Avruj y Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich). La buena de Laurita también dijo: “Hoy el Memorándum no existe porque la AMIA y la DAIA plantearon una lucha muy fuerte. Los aplaudo por el coraje de haberlo hecho. Y me alegra haber acompañado en la lucha a los dirigentes de las dos organizaciones”. En este punto no está de más retroceder al ya remoto invierno de 2013, cuando el por entonces presidente de la DAIA, Julio Schlosser, se reunió con Timerman en la Cancillería para discutir el Memorándum. El cónclave fue reconstruido por Timerman el 10 de febrero de 2018 en su piso frente a la Plaza Alemania, al recibir –ya convaleciente y con arresto domiciliario– al autor de esta nota; también estaba el dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y el periodista Juan José Salinas. Los detalles vertidos por él adquieren ahora una notable relevancia. Schlosser había llegado al despacho de Timerman con su vice, Wolff, y el secretario general Jorge Knoblovits. Al canciller lo secundaba el secretario de Culto, Guillermo Oliveri. Los visitantes no creían que el acuerdo con Irán para interrogar allí a los presuntos responsables del atentado pudiera guiar la pesquisa hacia la verdad. También invocaron “impedimentos estratégicos” no debidamente aclarados. Y al respecto, Schlosser esgrimió un notable argumento: “Los muertos ya están muertos, ¡Héctor; hay que pensar en los vivos!”. Wolff, a su vez, permanecía mudo, con los ojos clavados en el suelo. Y Knoblovits, abogado de profesión, iba levantando temperatura. Hasta que, de pronto, saltó de su asiento, al grito de: “Si Canicoba Corral (el juez de la causa)

Fuente: Ileana Arduino, Natalia Federman, Sebastián Angresano Ilustrador | Revista Anfibia (Univ. Nac. de San martín) Fecha: 17 de diciembre de 2019 El gobierno de Macri, que alegaba que el eje de su gestión era la transparencia, apostó a la oscuridad. Por eso los anuncios del presidente Alberto Fernández tienen la potencialidad de saldar una de las grandes cuentas pendientes de la democracia: los campos de la inteligencia y la justicia federal. Será una gran tarea la de reordenar el sistema institucional democrático en sus vigas básicas y desarticular la triada medios, jueces y servicios. Lo saben quienes se vieron involucrados en procesos penales donde la extorsión ha suplido a la investigación. El martes el Presidente Alberto Fernández anunció la derogación del Decreto 656/2016, dictado por el saliente Presidente Macri. Lo dijo así: “Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. En el marco de la derogación de dicha medida, que significó un lamentable retroceso institucional, también he tomado otra decisión: dichos fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina”. Semejante reorientación no sólo implica una mejora sustancial en términos de calidad institucional sino que también conectó dos ejes sobre los que urge actuar: el deterioro institucional y la acuciante crisis socioeconómica que para demasiadas personas se ha vuelto lisa y llanamente hambruna. El anuncio, además de ser una loable reasignación de fondos, es una buena oportunidad para recordar de dónde venimos en materia de inteligencia y cuáles pueden ser los efectos de esta medida. No casualmente las definiciones sobre la política que se planifica en relación al sottogoverno fueron inmediatamente posteriores al anuncio de que en los próximos días se enviaría al congreso un conjunto de leyes para avanzar en una reforma integral del sistema federal de justicia, básicamente, para que deje de funcionar como un aparato de persecución política. Desactivar el tándem inteligencia /justicia federal como paso indispensable para mejorar la dinámica institucional en nuestro país es un ya viejo reclamo de abogados/as defensores del fuero y de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el sistema democrático -la iniciativa ciudadana para el control de la inteligencia lleva tiempo trabajando en torno a esta cuestión– y debería ser celebrado y apoyado por todo el arco político. De dónde venimos: la política como acoso y extorsión Entre 2014 y 2015, dos procesos de cambio empezaron a transitarse en el sentido correcto para la democracia pero inconvenientes para la lógica corporativa y/o mafiosa: la transformación del sistema de justicia penal federal y la reforma del sistema de inteligencia, que incluyó reglamentar de manera más transparente el uso de fondos secretos y quitarles el control sobre las interceptaciones telefónicas. Al asumir Mauricio Macri se tomaron inmediatamente medidas para revertir o paralizar esos procesos. El gobierno saliente suspendió la implementación de la reforma del sistema de justicia penal federal que, en lo sustancial, implicaría sacar dicho fuero del modo de funcionamiento colonial, cuya única funcionalidad es mantener el secreto, la maraña de expedientes y la discrecionalidad como modos corrientes de actuar. La cultura inquisitiva que aún mantiene el sistema de justicia no es solo un problema de viejos diseños, es un dispositivo que funciona perfecto para las operaciones políticas y la persecución: hoy los jueces de instrucción son quienes llevan adelante la investigación y quienes controlan esa misma investigación, los fiscales carecen de poderes suficientes para investigar con autonomía, lo que en los medios se llama pruebas luego tras varios años resulta que no eran pruebas, hay ausencia de contradicción efectiva entre las versiones en juego y declaraciones tomadas de espaldas al público son opciones procesales que garantizan impunidad. No todos los que trabajan allí se valen de esas funcionalidades pero quienes las necesitan las tienen a mano con la excusa de que así es la ley. Así, el sistema procesal penal aprobado en 2015 quedó anquilosado, con una implementación parcial que comenzó bien lejos de Comodoro Py, mientras se desplazaba de la Procuración General a la gestión de la Dra. Gils Carbó que mostró empeño en ese proceso de reforma. Para acompañar esa decisión de obturar la modernización del sistema de justicia, en materia de inteligencia se tomaron a poco de asumir decisiones que agravaron las cosas. En los primeros 18 meses de gestión, sin disimulos y mediante decretos simples o decretos de necesidad y urgencia, se revirtieron los ejes principales de las reformas que en 2015 se habían introducido a la ley de Inteligencia Nacional (Nro. 25520) como producto de consensos políticos intersectoriales. La reforma de 2015 nació en un contexto preciso: estuvo precedida por el reconocimiento de que el modelo vigente estaba agotado y de que su sola continuidad implicaba un riesgo democrático. Presentó los primeros pasos para que pudiera desarrollarse una política que desande, de una vez por todas, la máquina de extorsionar que fueron los servicios de inteligencia —en alianza con otros factores de poder— en nuestra vida democrática. La disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) – creada en 2000 como sucesora de la ochentosa SIDE- y la conformación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue una decisión que tenía como objetivo sacar a las estructuras de inteligencia de la autonomía y la desorientación estratégica. Con esas modificaciones a la ley se propiciaba también una conducción profesionalizada, cuyas autoridades tendrían que ser designadas con criterios de idoneidad y control político parlamentario, para acompasar las regulaciones que se adoptaron en materia de doctrina  y formación, todo acompañado por la incorporación transversal de criterios de transparencia en cuanto a los recursos económicos disponibles. A eso se sumaba una decisión estratégica de aquella política como fue la de transferir la gestión de las interceptaciones de las comunicaciones que se hicieran por razones de inteligencia o a

Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna Fecha: 15 de diciembre de 2019 La relación de la Argentina con Estados Unidos es una de las cuestiones principales a las que debe prestar atención el gobierno del Presidente Alberto Fernández, dado el rol decisivo del accionista mayoritario del FMI. A su vez, el organismo internacional es clave para la renegociación de la descomunal deuda contraída en apenas cuatro años por el alegre gobierno anterior. Bajo la conducción de Fernández, la Argentina debe cruzar un abismo, sobre un inestable puente de troncos. Llegar a la otra orilla no es imposible, pero un paso en falso puede precipitar una caída mortal. Del acuerdo que pueda alcanzarse, tanto con el FMI como con los acreedores privados, depende la disponibilidad de recursos para revertir la estanflación que dejó como herencia Maurizio Macrì, sin lo cual el nuevo gobierno no tendría futuro. La nueva directora del Fondo, Kristalina Georgieva, muestra hasta ahora buena disposición, como si la Argentina pudiera ser el leading case para mostrar un cambio radical respecto de sus predecesores. Más frágil que el Kristal Fernández presentará la campaña nacional contra el hambre en la ciudad más castigada por esa aberración, la entrerriana Concordia, sede de la primera capital alternativa donde sesionará el gabinete nacional. Ese programa prioritario y las diversas medidas de recuperación del poder adquisitivo de salarios y asignaciones y de contención de precios son los pasos iniciales de un giro de 180° en la política económica, aquello que Alberto ha definido como poner plata en el bolsillo de los argentinos. En su primera conferencia de prensa, el Ministro de Economía Martín Guzmán advirtió que esos fondos no provendrán de la emisión monetaria, declaración que sorprendió a quienes preveían otro curso de acción. Como expone en otro artículo de esta edición Guillermo Wierzba, las fuentes fiscales que quedan para hacer política económica y evitar la continuidad del descenso de la actividad económica son la reasignación de las partidas previstas para el pago de deudas, las retenciones al sector agropecuario, al minero y a las grandes empresas industriales con competitividad  exportadora, los impuestos a los activos de los argentinos en el exterior, a los bienes personales y los tributos a los bancos que tuvieron ganancias extraordinarias debidas a los negocios con LEBACs y LELIQs y a las altas tasas de interés. El primer paso fue el decreto que modificó el esquema de retenciones. El enojo de las cámaras patronales no es razonable: Alberto procedió al amparo de la ley y no como Maurizio Macrì, y la alícuota para la soja estuvo por debajo de lo que estaba facultado para imponer. En septiembre, Macrì fijó una retención de 4 pesos por dólar exportado, medida para la que el Congreso no lo había facultado. ¿Por qué los autodenominados constitucionalistas ni el sector protestaron? Tal vez porque en tiempos de alta inflación, una alícuota fijada en pesos se iría extinguiendo más temprano que tarde, tal como ocurrió. En cambio, Fernández invocó el artículo 81 de la ley 27.467, sancionada en diciembre de 2018. Allí se establece que, de acuerdo con el Código Aduanero, el Poder Ejecutivo podrá fijar una alícuota del 12% para mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación y hasta del 30% para las demás. En vez del 12% el gobierno se contentó con el 9% para carne, maíz, trigo y otros cereales. Y con la soja también se detuvo 3 puntos por debajo del 30% que le permitía la ley. No es seguro que las entidades valoren este self restraint, pero sería bueno que supieran que dentro del gobierno hubo incluso quienes pensaron en llegar al 35%, mediante un artículo en la ley de emergencia en ciernes. Esto se relaciona con las negociaciones entabladas con los acreedores. Guzmán fue recibido en Washington por Georgieva a pedido de Alberto Fernández, quien la llamó para comunicarle mucho antes del anuncio público que el joven académico de Manhattan sería su ministro. —¡Tenemos un amigo común con — respondió Georgieva, en referencia a Joseph Stiglitz, quien ya había hecho sondeos en Washington sobre lo que podía esperar la Argentina. El respaldo del premio Nobel de Economía obra como un reaseguro para Georgieva ante la incertidumbre de un cambio en las prioridades del organismo. Aun así, la primera respuesta de la nueva directora gerente del Fondo ante la solicitud de que se reuniera con Guzmán antes del cambio de gobierno, fue que no podía apartarse del procedimiento establecido, que requiere un previo dictamen de la línea del organismo sobre un proyecto oficial. Fernández replicó que la línea tendría una actitud defensiva, porque el Fondo es corresponsable de la situación argentina, y luego de mucho insistir consiguió la excepción pedida. En la segunda parte de la reunión, Georgieva hizo pasar al nuevo encargado de la Argentina, el venezolano Luis Cubbedu, quien desplazó al italiano Roberto Cardarelli. Un venezolano, oh casualidad. Son cuatro años, no dos Tanto en ese encuentro de Guzmán con Georgieva, como en los que se han venido sosteniendo con los tenedores privados de papeles argentinos, el nuevo gobierno plantea que durante cuatro años no podrá afrontar pagos de capital ni de intereses. Cuatro, no dos como se ha venido publicando en diversos medios. Es decir, todo el mandato de Alberto Fernández y de su Vicepresidente CFK. En principio habría asentimiento, aunque faltan detalles no menores por definir. Por ejemplo, algunos acreedores privados pretenden que los intereses que no se paguen en esas 200 semanas se capitalicen, lo cual engrosaría aún más la factura a partir de 2024. Es lo que Scalabrini Ortíz llamó atarse a la rueda del interés compuesto. En cambio, el gobierno plantea que se practique una quita sustancial en los intereses, que refleje las condiciones actuales del mercado mundial, donde el 8% anual que paga la Argentina se ve como un fósil de otra era, cuando la tasa de interés de los nuevos convenios apenas levanta de cero, e incluso hasta en Alemania los bancos están recibiendo depósitos con tasas negativas, es

Fuente: Carlos Heller *| Página/12 Fecha: 15 de diciembre de 2019 El Presidente, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, convocó a todos los argentinos y las argentinas a que se pongan de pie. Hubo allí una alusión implícita al pasado inmediato: si hay un llamado a levantarse es porque antes se ha sufrido una caída. De allí partimos: de una Argentina que está en el suelo o ha dejado de caminar. Fue una de sus pocas referencias al pasado. En general, el país al que se refirió fue el del futuro inmediato. Su agenda de problemas urgentes fue acompañada con una serie de propuestas también urgentes. Una de ellas, la que ya venía anunciando: resolver el problema de la inseguridad alimentaria de más de 15 millones de personas en un país que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo.  Esa es la primera prioridad: que quienes padecen hambre dejen de padecerlo. Lo resume una de las frases del discurso: “los marginados y excluidos de nuestra Patria, los afectados por la cultura del descarte, no sólo necesitan que les demos con premura un pedazo de pan al pie de nuestra mesa. Necesitan ser parte y ser comensales en la misma mesa. De la mesa grande de una Nación que tiene que ser nuestra «casa común»”, citando expresiones habituales del Papa Francisco. Hay una nueva prioridad en esta Argentina inmediata: son quienes denominó “los últimos”, de los que hay que ocuparse de modo urgente para después poder llegar al resto de la sociedad. Para ello, uno de los instrumentos propuestos es el Plan Integral Argentina Contra el Hambre. Pero, en simultáneo, adelantó la convocatoria a trabajadores, a empresarios y a diversas expresiones de la sociedad para poner en marcha un conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia que además contribuyan a encender los motores de la economía. En ese marco, el Presidente se refirió al próximo envío al Parlamento de un proyecto de Ley “para institucionalizar un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década”. La idea es que “en este ámbito plural se diseñen los grandes pilares institucionales y productivos de mediano y largo plazo —sin discusiones coyunturales—, rumbo a un desarrollo humano integral e inclusivo”. Así, lo urgente aparece naturalmente articulado con el largo plazo. Desde el Plan Integral Argentina Contra el Hambre hasta el Consejo Económico y Social para el Desarrollo, pasando por otra serie de anuncios en la misma línea, el Presidente presentó ante la Asamblea Legislativa los principales pilares de otro proyecto de país, opuesto y alternativo al modelo neoliberal que tanto daño le produjo a la mayoría de los argentinos y las argentinas. En otro pasaje de su intervención, además de referirse a la situación de las PyMEs, el Presidente adelantó que “la economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar, serán también actores centrales de estas políticas públicas”. La totalidad de las propuestas aparece contextualizada en un marco aún más amplio: la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social, una idea adelantada por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner un tiempo atrás. El Presidente llamó a este acuerdo social “fraterno y solidario” y afirmó que “supone unir voluntades y articular al Estado con las fuerzas políticas, los sectores productivos, las confederaciones de trabajadores, los movimientos sociales, que incluyen al feminismo, a la juventud, al ambientalismo”. “Vamos a sumar en ello, también al entramado científico–tecnológico y a los sectores académicos”, completó. Es decir: un Estado que moviliza a toda la sociedad en el diseño y puesta en marcha de un conjunto de consensos estructurales. Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue la prórroga del Presupuesto de 2019. Según lo afirmado por el Presidente en su discurso, “sus números (los del borrador del Presupuesto 2020) no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente han sido asumidos”. Se trata de un Presupuesto para otra política, la que fue derrotada en las últimas elecciones. Sus previsiones sobre inflación, tipo de cambio y producción son absolutamente ficticias. De todos modos, se planea aprobar uno nuevo durante 2020. Un Presupuesto adecuado, según palabras del Presidente, sólo “puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestras deudas haya sido completada y, al mismo tiempo, hayamos podido poner en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real”. De allí, el objetivo de negociar con el FMI y el resto de los acreedores para tener resuelto ese frente lo más rápido posible. Tal como afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, “no venimos a hacer ninguna promesa rimbombante, eso nunca funciona, (…) lo que nosotros venimos a hacer aquí es resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social (…) y el problema del virtual default que ha dejado la administración anterior”. Y agregó: “no vamos a ir sobre una dinámica desestabilizante de más ajuste, más recesión y más carga de deuda”. Guzmán puntualizó además que el programa de metas fiscales que se acordó con el FMI “no funcionó y ya se cayó”. Junto a estos anuncios en el plano económico y social, el Presidente adelantó otras iniciativas. Se refirió al “gran pacto educativo”, a las políticas ambientales activas —inspiradas en la Encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco— y a los derechos de las mujeres, sobre los que aseguró que “Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república”. También anunció una reforma integral del sistema federal de justicia y la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia con el objetivo de impulsar una reestructuración profunda de todo el sistema de inteligencia del Estado. Lo hizo recurriendo a una frase emblemática de la cultura democrática en nuestro país: “Nunca Más”. “Nunca Más a una justicia contaminada por

Fuente: Raúl Kollmann | Página/12 Fecha: 15 de diciembre de 2019 Fue otro de los mitos armados por los operadores de Cambiemos. Aseguraban  que no se escuchaba para que no se sepa lo que pensaban «realmente» los forenses. Pero sí se escucha. Qué dicen los médicos durante el procedimiento. Otra mentira y van… Durante casi cuatro años se argumentó que el Cuerpo Médico Forense (CMF), que depende de la Corte Suprema de Justicia, manipuló la autopsia de Alberto Nisman y que la mejor prueba era que la autopsia se fotografió y se grabó en video, pero sin audio, sin que se pueda escuchar lo que estaban diciendo los forenses. «Escondieron sus verdaderas conclusiones», era la versión difundida por los operadores judiciales-mediáticos de Cambiemos. La realidad es que el audio está en la causa judicial y la defensa del informático Diego Lagomarsino, al volver a estudiar el video, se encontró con que el audio está normalmente en la grabación. Durante la semana que pasó, los abogados de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, le pidieron al fiscal y al juez que manden a trabajar técnicamente el video, limpien el audio de ruidos y lo incorporen en la causa judicial. La autopsia hecha en la Morgue por el CMF concluía que «no había participación de terceras personas en la muerte de Alberto Nisman», algo que le adelantó por teléfono, el titular de la Morgue, Fernando Trezza, a la fiscal Mónica Fein en la mañana del 19 de enero de 2015, horas después del hallazgo del cuerpo. Eso también consta en la causa:  la fiscal dejó asentada en un acta de la llamada telefónica y lo hizo pública ante el periodismo esa mañana. Pero de inmediato empezó el bombardeo contra el CMF para deslegitimar la conclusión, al punto que se envió a hacer un estudio posterior a la Gendarmería, la fuerza que estaba al comando de Patricia Bullrich. El estudio, al que trataron de darle jerarquía llamándolo interdisciplinario, concluyó lo que el gobierno de Cambiemos pedía: que a Nisman lo mataron, le pegaron una tremenda paliza que incluyó la fractura de la nariz, golpes en la boca, los riñones y una pierna, y además lo habían dormido usando ketamina, una droga que ni siquiera se utiliza para dormir a seres humanos ni pudieron determinar cómo se le suministró al fiscal. Para lograr semejante conclusión, el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano evitaron que hubiera confrontación de ideas y de diagnósticos con el CMF, o sea que no permitieron que los forenses –los mayores expertos del país en autopsias– participaran del estudio. El audio es, según le contaron expertos a Página/12, el normal de cualquier autopsia. Como en cualquier cirugía hay comentarios personales, chascarrillos y sobre todo indicaciones de cómo exhibir lo que se está haciendo ante las cámaras. En la transcripción realizada por este diario hay muchas imprecisiones, básicamente por desconocimiento de las denominaciones técnicas. Estos son algunos tramos: 1:01:01 «Ponele un chorrito muy suave de agua» pide la operadora de video para que se pueda grabar. 1:01:45 «Le corto acá antes de sacarle», dice uno de los autopsiantes. 1:03:04. «Cuando lo sacamos lo damos vuelta», otro forense. 1.04:50 «Temporal izquierdo» 1:06:40. «¿Te muestro Bubi?». Bubi es Héctor Di Salvo, el forense a cargo de la autopsia. 1:06:50. «Están cayendo pedacitos de plomo», seguramente se refiere a trozos del proyectil alojado en el cerebro del fiscal. 1:08:24 «Recorrido transversal de derecha a izquierda». 1:09.24 «Peñazco temporal izquierdo lo tenías nombrado pero no el territorio». Los diálogos son de ese estilo, en medio del ruido de los instrumentos, que en algunos casos hacen inaudibles partes de las frases. También hay diálogos que no tienen nada que ver con la autopsia: los forenses se quejan de las llamadas de «los putos periodistas» que según ellos obtuvieron sus números de celular a través del fallecido forense Osvaldo Raffo. Además acotan «se ocupan de esto porque no hay noticias en enero». Por supuesto igualmente hablan de las facturas que venden en determinada panadería y hacen algunos chistes sórdidos sobre su trabajo. En ningún momento hablan de una conclusión global: van analizando órgano por órgano, mencionan la trayectoria del proyectil y en ningún momento hablan de golpes o de otras lesiones, como después dibujó la Gendarmería. La mayor parte del tiempo habla la operadora de video, que tiene el micrófono en la cámara. Los médicos no tienen micrófono sino que todo se registró a través de lo que captó la operadora. Ella misma sugiere en algún tramo que los forenses deberían tener solapero, o sea el pequeño micrófono puesto en las solapas, inhalámbrico, como hay en la televisión. La operadora sugiere tomas en todo momento. «Cuando lo empieces a coser grabo un poquito y nada mas. Falta lo que llegó recién». «Usted abre del lado derecho y yo voy del lado izquierdo ¿si?». «Saco la muestra para el alcohol». «Lo molesto de este lado doctor Vega? Asi hacemos una toma distinta, si no es muy aburrido. Nadie lo va a ver. Ni pelota le van a dar». Lo trascendente es que está el audio de la hora, 46 minutos y 16 segundos que duró la operación. La jugarreta de Cambiemos fue tratar de desvirtuar lo hecho por el CMF, que realiza miles de autopsias por año. Con ese objetivo, intentaron minimizar el adelanto, que es algo habitual, transmitido por Trezza. De inmediato llegó la orden de bajarle el tono a la conclusión y luego empezaron con un continuo horadar de lo hecho. Por ejemplo, la Gendarmería sostuvo que a Nisman le fracturaron la nariz, o sea que eso se le habría pasado a la médica que lo revisó en el baño de Le Parc, a los dos forenses que hicieron la autopsia y a los trece forenses que luego firmaron las conclusiones en una junta médica. Sostuvieron que la hora de la muerte estaba mal calculada, pese a que Trezza es uno de los mayores especialistas en el tema a nivel mundial. Y mediáticamente argumentaron que no se había grabado el audio para esconder algo. Los abogados de Lagomarsino decidieron estudiar nuevamente la