Politica

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 2 de Febrero de 2020 La media sanción en Diputados del proyecto de ley sobre sostenibilidad de la deuda bajo jurisdicción extranjera refuerza el apoyo político y la imagen de unidad nacional. Condiciones necesarias para encarar una renegociación imprescindible para atender la situación de emergencia y empezar a poner al país de pie. El consenso conseguido deberá ser el punto de partida para construir una serie de postulados necesarios alrededor de la temática de la deuda, pensando en las futuras generaciones. Implica abordar el posicionamiento estratégico del país alrededor de esta materia, cuestión que históricamente ha sido funcional a intereses contrarios al desarrollo de nuestra Nación. El enfoque del actual gobierno brinda varias definiciones para avanzar en este sentido. En su momento alertamos sobre la inconsistencia y los peligros del programa económico de Cambiemos. En definitiva, fue una política con un claro sesgo ideológico y no tanto un subproducto de la mala praxis, a tal punto que el propio Mauricio Macri expresó recientemente que conocía la existencia de estos riesgos. El expresidente, entre otras cuestiones, afirmó que les decía a sus funcionarios: «Cuidado, que yo conozco a los mercados, un día no te dan más plata (…), nos vamos a ir a la mierda, no podemos seguir tomando deuda eternamente». Las responsabilidades, más que claras. Cabe recordar que Macri hizo un balance de su gestión en diciembre y señaló que «dos de cada tres pesos (en verdad, se refería a dólares) fueron para pagar vencimientos de la deuda, y el peso restante fue para pagar el déficit dejado por gobiernos anteriores». En la misma orientación, varios diputados opositores vienen sosteniendo que la deuda tomada durante los últimos cuatro años estuvo impulsada por los déficits fiscales (dicen, principalmente heredados en 2015), una proposición más que errada. Por un lado, los números no avalan en absoluto tal postura; imposible justificar con este concepto la duplicación de la deuda pública que sucedió en dicho período. Pero, además, según informó el gobierno macrista a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en febrero de 2019, el déficit primario fue del 1,8% del PBI durante 2015, dato indispensable para este análisis. Por otro lado, deberían poder explicar respecto de la necesidad de tomar deuda en dólares, cuando la mayor parte de los gastos primarios es en pesos. En los hechos, la deuda no se explica por el argumento del déficit fiscal, no sirvió para incrementar la capacidad productiva (y por ende de repago), pero sí terminó financiando la fuga de capitales y restringiendo la toma de decisiones soberanas, una hipoteca que nos afecta en la actualidad. Va en línea con lo que expresó el presidente Alberto Fernández recientemente: «Un país endeudado es un país que pierde capacidad de decidir, condicionado en su futuro. Todo esto es lo malo de la deuda. Es asombroso que Mauricio presidente diga lo que dijo y que los argentinos escuchen que un presidente hable con tanta irresponsabilidad». El proyecto de ley que obtuvo media sanción está en el marco de la emergencia que atraviesa nuestro país, y va en línea con las facultades delegadas por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva (27.541). Refleja que la voluntad de pago está, pero que «para poder pagar, el país necesita generar capacidad y para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que exista un alivio de la carga de deuda que enfrentamos», tal como afirmó el ministro Martín Guzmán. La gestión de la deuda también sigue los lineamientos establecidos en los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados por la ONU en 2015 y declarados de orden público en nuestro país, a través de la Ley 27.207. Entre ellos, la idea de que la negociación le dé sostenibilidad a la deuda y que siga el principio de «buena fe», basada en las «negociaciones constructivas (…) con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera». En estos días el gobierno dio a conocer el cronograma para la reestructuración de la deuda. Allí se determina la segunda semana de marzo como plazo para que los acreedores conozcan la oferta. Entre otros momentos de relevancia figura la segunda semana de febrero, cuando la autoridad de aplicación (el Ministerio de Economía) presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública en el Congreso de la Nación. Un hito que respeta el principio de rendición de cuentas al Parlamento y que refuerza la idea de que este es un proyecto hecho en Argentina y para los argentinos y las argentinas. Suspensión del»Consenso» Fiscal El miércoles se sancionó la Ley del Consenso Fiscal, que ya contaba con la aprobación del Senado. Esta norma suspende hasta el 31 de diciembre de este año la vigencia del Consenso Fiscal firmado por las provincias en 2017 y 2018, a la vez que se posterga por un año el trámite de los procesos judiciales iniciados por las provincias firmantes contra el Estado Nacional, por la reducción de ganancias y eliminación del IVA a los alimentos. Cabe resaltar que, como mencionó una diputada, exgobernadora de provincia, la adhesión en 2017 no fue sólo por libre voluntad. Aquellas provincias que no firmaban no recibirían el Fondo Solidario (también denominado Fondo Sojero, que se suspendió a fines de 2018), lo que implicaba una disminución sustancial de recursos para dichas jurisdicciones y los municipios. Una de las principales condiciones del Consenso estipulaba que se iría disminuyendo la presión tributaria mediante la reducción de las alícuotas de determinados impuestos, principalmente ingresos brutos. La suspensión de esta condición generó grandes críticas por parte de la oposición en el tratamiento en Diputados, diciendo que llevaba a un aumento de la presión tributaria, y que ello generaba recesión y problemas a las empresas. Cabe citar que ninguna provincia está obligada a aumentar impuestos, sino que fueron liberadas de seguir bajándolos. Cada administración provincial, surgida del mandato ciudadano, tomará la decisión que considere más

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 2 de febrero 2020 Fotografía: Claudio Avruj, ex director ejecutivo de la DAIA, y su actual presidente Jorge Knoblovits. El objetivo de la derecha local de manipular el fantasma de la judeofobia para demonizar al Frente de Todoxs ante la opinión pública internacional, quedó desbaratado con el viaje de Alberto Fernández a Israel. La operación, ideada inicialmente por dirigentes cercanos a Juntos por el Cambio, dejó a la DAIA en una situación endeble tanto en relación al gobierno como respecto a su club de seguidores locales. Esta fragilidad se suma al  fracaso sufrido una semana atrás, cuando la delegación diplomática de Tel Aviv en Buenos Aires no accedió a sumar a los dirigentes de la calle Pasteur a la comitiva que recibió al presidente en Yad Vashem. Jorge Knoblovits, actual presidente de la DAIA, tuvo que contentarse con viajar a Polonia a la rememoración alternativa donde no se registraron presencias gubernamentales destacadas. La DAIA y la AMIA son las dos organizaciones que mantienen hasta el día de hoy una obscena querella contra la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, vinculada con el fallido Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán. Como resultado de esas acusaciones, varios dirigentes políticos y sociales sufrieron absurdas prisiones preventivas. A uno de esos imputados, el ex canciller Héctor Timerman, se le impidió trasladarse a Estados Unidos para darle continuidad a un tratamiento oncológico que había iniciado antes de ser acusado. La negativa para realizar el viaje –como consecuencia de la prisión preventiva— y las indagatorias perversas que tuvo que padecer por parte del juez Claudio Bonadío aceleraron su muerte. Ambas instituciones, lejos de darle continuidad a sus misiones estatutarias (la ayuda social en el caso de la AMIA y la lucha contra la judeofobia por parte de la DAIA), se han constituido en el último decenio en apéndices y/o mascarones de proa de las iniciativas de persecución mediático-jurídicas lideradas por el macrismo. Sus referentes aparecen en forma recurrente como impulsores y difusores de las teorías sobre el homicidio del fiscal Natalio Alberto Nisman, pese a las evidencias que apuntalan la tesis del suicidio. A pesar de quedar excluidos del periplo presidencial, las autoridades de la DAIA intentaron infructuosamente constituirse en los únicos oradores comunitarios en la conmemoración realizada en el Palacio San Martín de la Cancillería el lunes 27 de enero, fecha en la que se recuerda la llegada de las tropas soviéticas a Auschwitz. En esa oportunidad el Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá relacionó, en forma precisa, los lazos ideológicos y políticos que vinculan el genocidio sufrido por los 6 millones de judíos con los campos de concentración operados por los grupos de tareas durante la dictadura cívico-militar. Las semejanzas señaladas por el canciller no fueron del gusto de los acólitos de la DAIA –entre ellos el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj y su socio Guillermo Yanco, cónyuge de Patricia Bullrich—, quienes se mostraron fastidiados. Dicho malestar fue compartido por otros referentes de AMIA y DAIA, para quienes los crímenes perpetrados por los nazis no debieran ser comparados con ningún otro acontecimiento trágico. En referencia a esta polémica, uno de los máximos referentes de la investigación sobre la Shoá, Yehuda Bauer, señaló: “Obviamente el Holocausto fue un genocidio y, por lo tanto, no sólo puede, sino que debe ser contrastado con otros eventos genocidas de similar naturaleza o calidad. El paralelo principal entre este y otros genocidios es el hecho del asesinato en masa, que es bastante obvio. Otro, principal y paralelo, se encuentra en el sufrimiento de las víctimas, que es siempre el mismo. No hay gradaciones de sufrimiento, y no hay mejores asesinatos o torturas o violaciones que otros. El sufrimiento de las víctimas es siempre el mismo, y desde ese punto de vista no hay diferencia entre judíos, polacos, romas (“gitanos”), rusos, darfurianos, tutsis o cualquier otra persona”. [1] Luego de finalizado el evento en la cancillería, el hermano de Héctor Timerman, Javier, increpó al vicepresidente de la DAIA, David Stalman, exigiéndole explicaciones sobre el rol cumplido por esa institución en la persecución sufrida por Héctor, y en forma conexa, por su familia. El dirigente de la calle Pasteur solo atinó a responsabilizar a la anterior gestión de su institución y a sugerir –en forma desvergonzada— que dicho hostigamiento había sido el producto de un equivocado seguidismo de la política liderada un lustro atrás por la AMIA. Quienes rodeaban a ambos y escucharon asombrados el intercambio, no pudieron explicar cómo es que aún la DAIA continúa siendo parte de la querella que tiene a CFK como su víctima más relevante. Héctor Tìmerman y CFK, dos hostigados Uno de los máximos interesados en la utilización del antisemitismo como herramienta para desacreditar al gobierno de Alberto Fernández, el legislador Waldo Wolff, decidió en forma llamativa no concurrir a la actividad de recordación de la liberación de Auschwitz, pese a sobreactuar en forma habitual sobre su compromiso con los sobrevivientes y las víctimas. Según la versión de uno de sus colaboradores, el diputado se encuentra abocado en forma casi exclusiva a conseguir rechazos a la candidatura a procurador del actual juez Federal Daniel Rafecas y a postear ocurrencias por las redes sociales. Según esa misma fuente, el ex vicepresidente de la DAIA se habría mostrado contrariado con Netflix porque la miniserie sobre Nisman «minimizó su testimonio». Más aún, en la última semana sus asistentes  tuvieron que soportar quejas contra la delegación diplomática israelí, por no haberle pedido asesoramiento en relación a las indudables intenciones chavistas del peronismo. La incomodidad que viven los actuales dirigentes de la DAIA se debe a tres factores centrales. Por un lado, al hecho cada vez más evidente de que dicha organización no expresa a la colectividad en su conjunto, sino a una porción minoritaria que malversa aspectos identitarios para reconvertirlos en capital político reaccionario. En segundo término, porque sus dirigentes más fundamentalistas se han visto ninguneados por la embajada de Tel Aviv: el gobierno de Bibi

Fuente: Gerardo Mazur | El Cohete a la Luna Fecha: 2 de febrero 2020 “No fue suicidio, fue magnicidio”. Es cierto. La consigna vociferada sin hartazgo por varios centenares de gargantas febriles en la Plaza del Vaticano el 18 de enero pasado es cierta. Los responsables de los alaridos querían, esperaban, que el volumen de emisión del grito se expandiera por la ciudad, por la Argentina, por el mundo y sus adyacencias. Cuanto más desarrollo, más verdad. Cuanto más pantallas, más verdad. Cuanto más medios periodísticos, más verdad asentada. Cuanta más difusión oral, escrita, dibujada, cantada, gestual, publicitada, más verdad. Mucha, muchísima, única verdad. La permanente repetición de la consigna, digamos, un millón trescientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y uno al cuadrado. A todos los cuadrados hasta ser legión. Indiscutible verdad. Nada que pensar. Nada de nada. Está todo dicho. “No fue suicidio, fue magnicidio”. Es absolutamente cierto. Es cierto, pero la pregunta estalla. ¿Cómo puede ser que semejante certeza esté construida por una sarta de mentiras? Una más mentirosa que otra. Una más tergiversada que la anterior, en progresión geométrica hacia la siguiente, más inventada aún que la tergiversada. Y así, sin etapas. Hasta el área operística de la desafinación más aguda: “Cristina asesina”. ¿Cómo puede ser? I. Veamos un poco de bibliografía siglo XX. Ahora nomás. Al alcance del pensamiento. No sólo del cartesiano “pienso, luego existo” sino, al mismo tiempo, del “siento, luego existo” de origen africano. El primer ejemplo es brutal. Parece desproporcionado. Pega fuerte. Para posibilitar la comprensión de las cosas graves, en lugar de tomar distancia y practicar la indiferencia, el maestro Pichon Rivière sugería profundizar la estructura siniestra del hecho. Miedos, abstenerse un poco. Atreverse enriquece y ¡cuánto! Cada vez más. El ejemplo es Hitler. Adolfo Hitler. Cabeza del gobierno del país más culto de Europa. De la culta Europa. Hitler sabía que la propaganda en escala multitudinaria produce certezas a la mayoría de las personas. Le ahorran el laburo de pensar por sí mismos. Vacaciones a la materia gris. El placer del vacío, enriquecido de sabiduría incontrovertible. Una maravilla. Ya lo había experimentado durante la campaña proselitista que lo llevó al poder documentada en su momento por la Universidad de Frankfurt. Goebbels, ministro de propaganda del gobierno nazi, ya en el poder, fue el minucioso ejecutor. Desde el jardín de infantes hasta el geriátrico. Ninguna etapa sin convencer, en el lenguaje y códigos adecuados a cada edad. Un proceso gigantesco de aprendizaje cotidiano. Transformar al país en una sola voz, en una sola consigna. Hacerla propia. Retransmitirla. Apasionarse por la tarea. Ninguna duda. Dueños de la verdad. Una cultura coral. Andante majestuoso con un solo camino a recorrer. De ida, sin vuelta. Bruno Zevi, el notable pensador y arquitecto italiano, apelando a George Steiner y a su experiencia sobre lo inhumano, comentaba: “La barbarie prevaleció en el mismo terreno del humanismo cristiano, de la cultura renacentista y del racionalismo clásico”. Voltaire, dos siglos antes, ya adelantaba: “La civilización no combate la barbarie, la perfecciona”. ¡Y de qué modo! En el siglo XX la industrializa. El rigor y la efectividad heredada, los nazis la convierten en Auschwitz. El espanto en su mayor escala. Entre canapés, buen vino, cognac añejo y sexo, en la ciudad de Wannsee, bajo el marco del buen vivir y el amparo de las leyes de Nüremberg, se planifica el asesinato de millones de personas. Una decisión ya sostenida por la mayoría del pueblo alemán. La raza humana es una sola: la aria. Los judíos, los gitanos, los opositores –cómo se atreven— sobran. Infectan. Están de más. Eliminarlos es ley. Es hacer patriotismo. Poco tiempo después, se crean en Alemania y en los países ocupados, los campos de concentración y exterminio. Se da entonces un hecho único en la historia: no eran clandestinos. No fue necesario ocultarlos. La propaganda fue capaz de cambiar los valores universales y establecer los propios, la cultura de la barbarie. II. Ejemplo desproporcionado. Me parece que no. Veamos. El caso Nisman. El caso Nisman tiene que ver con los dos atentados más graves ocurridos en nuestro país. Embajada de Israel en 1992; AMIA en 1994. Ambos, de fortísimo contenido antisemita, junto a otras consideraciones políticas. En noviembre de 2013 Memoria Activa, agrupación integrada por familiares y amigos de víctimas de la masacre de la AMIA, hacía pública una carta abierta dirigida al doctor Alberto Nisman; “La causa AMIA: una causa desfiscalizada”, en los siguientes términos: Familiares y amigos de las víctimas de la masacre en la AMIA nucleados en Memoria Activa buscamos la verdad y la justicia. Usted, Dr. Nisman: ¿que busca? Lo hemos visto durante años trabajar denodadamente, hablar denodadamente, viajar denodadamente y jugar a las escondidas denodadamente. En muchas audiencias, a las que tenía la obligación de asistir, y a las cuales nos había prometido asistir como si nos hiciese un favor a nosotros, finalmente la fiscalía dejó un vacío. Fiscal Nisman: ¿Dónde está? ¿Jugando a las escondidas? Es evidente desde hace casi 20 años, que, si no fuera por los familiares de las víctimas, la causa AMIA estaría enterrada en la plaza Lavalle. Dr. Nisman ha jugado a las escondidas paseando por foros internacionales, se ha convertido en un experto sobre terrorismo internacional, nos preguntamos entonces: ¿Quién busca verdad y justicia en la causa AMIA? ¿Quién nos representa? ¿Qué intereses lo mueven a usted en sus acciones jurídicas desde hace años? Nos engañó, nos mintió, nos intenta embarullar con centenares de fojas que cuentan historias que ojalá algún día pueda probar. Tenía la posibilidad de demostrar que todos estos años invertidos por usted podían sostenerse en una indagatoria, pero sus acciones demuestran lo contrario. Dr. Nisman sabemos que algunos grupos y sectores lo apoyan, sabemos que el Memorándum es imperfecto pero es algo, en todos estos años nadie propuso absolutamente nada superador. Los familiares que llevamos la carga de 20 años de sostener la investigación apoyamos el Memorándum porque tenemos derechos. No sólo el derecho a la justicia, también el derecho a

Fuente: Edgardo Mocca| El Destape Fecha: 29 de diciembre de 2019 La sociedad argentina observa a dos corrientes antagónicas, nacidas al calor del 2001: la rebelión plebeya al ajuste neoliberal contra las clases medias antipolíticas. Es posible que las dos coaliciones que sumaron poco menos que el 90% de los votos en las últimas elecciones presidenciales hayan nacido con el estallido social de diciembre de 2001. No es difícil percibir en aquel incendio la existencia de dos “humores” frente a la crisis: uno plebeyo, que se rebelaba contra la violencia de las reformas neoliberales iniciadas en los años noventa con Menem y que, ya en el gobierno la primera Alianza,  habían sumido a los sectores populares en las más duras privaciones. Era, en ese sentido, un hito en las movilizaciones sociales que tuvieron en la rebelión popular de Cutral Co una referencia memorable. El otro humor era el de las clases medias y medias-altas que fueron la base de sustentación cultural de la Convertibilidad, que disfrutaron de los viajes al exterior y pudieron llevar muy fácilmente a su régimen de vida a algunos de los productos de la revolución técnica que trajo consigo lo que dio en llamarse la “globalización”. Este sector se movilizó contra el corralito; es decir no contra las políticas neoliberales sino contra el último círculo de su decadencia en el que asomó la amenaza a sus ahorros y a su patrimonio. Fugazmente ambos humores se encontraron: piquete y cacerola la lucha es una sola, se gritó entonces. Cuando el gobierno de Duhalde fue enderezando el averiado barco de la sociedad argentina las aguas se separaron.     Menos de dos años después de aquel diciembre el país votó. Dos resultados vienen a cuento de esta hipótesis. Uno, el de la elección nacional que en un contexto de dispersión y debilitamiento de los partidos terminó eligiendo presidente a Néstor Kirchner ante la renuncia de Menem a disputar la segunda vuelta. El otro, el de la ciudad de Buenos Aires en el que Mauricio Macri, que había debutado cuatro años antes en las lides electorales ganaba la primera vuelta. Aun cuando fue derrotado en el ballotage por Aníbal Ibarra, la figura de Macri emergía en el centro de la escena política argentina. Lo anterior adquiere sentido y significación cuando se mira la coyuntura de estos días. La gran fórmula política que exponen los enemigos existenciales del gobierno de Alberto y Cristina es, justamente, la antipolítica. Para resistir las insinuaciones redistributivas del nuevo gobierno, se emplea el recurso de siempre: el “gasto político”. La fórmula mágica para pagar la deuda externa, para satisfacer demandas de la Argentina destruida sistemáticamente por la experiencia macrista, dar pan a los hambrientos, recuperar la producción y el empleo es…la disminución del gasto político. Que el ajuste lo haga “la política”. La oposición no se hace desde un partido o coalición alternativa, desde un programa opuesto y un partido históricamente reconocible; se hace desde el repudio de la política como tal. Hay que decir que Macri debe su malhadada experiencia presidencial a esa subcultura. Eso fue lo que, después del resonante éxito de Massa en las parlamentarias de 2013 inclinó la balanza a favor del empresario. Fueron las masivas columnas caceroleras, las solidaridades con la “familia” judicial después del suicidio de Nisman, las marchas que reivindicaban la “libertad” para comprar dólares, las que encontraron su referencia en Macri. Estamos hablando de una quiebra histórica en el sistema de partidos políticos argentinos. El bipartidismo peronista-radical ha sido desplazado por la lucha entre dos grandes coaliciones sociales que se ordenan en torno de relatos antagónicos del pasado y de imágenes ideales del futuro del país. Relatos que ciertamente han recorrido gran parte de nuestra historia, que han alcanzado un grado de sinceramiento y de intensidad y constituyen un desafío para la democracia argentina. El frente que gobierna ha producido un visible viraje de su lenguaje que se expresa en sus acciones. Propone a sus antagonistas el diálogo, habla de concertaciones, de pactos y de contratos, flexibiliza sus propuestas para lograr amplitud en sus respaldos. No hay dudas de que ese espíritu lo ha fortalecido en términos de respaldo popular. Sin embargo, los grandes emporios mediáticos – verdaderos termómetros de los humores de sectores decisivos del establishment nacional y global- siguen en pie de guerra. En una región conflictiva e inestable y en un mundo en el que están en juego las posiciones hegemónicas, Argentina se ha constituido en un punto de referencia para quienes creen posible un orden diferente y quieren transitar en esa dirección sobre la base de desarrollar la democracia y no de ignorarla.

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 29 de diciembre de 2019 Fin de año es época de balances. De lo que se hizo y perfilando lo que vendrá. Pero, para tratar de avizorar el futuro, hay que partir del presente. Aunque este es un presente muy discutido, porque para Juntos por el Cambio parecería que nos dejaron un país muy ordenado, y que la cuestión de la emergencia es un tema del oficialismo. Por eso es esencial discutir el país que nos dejó Mauricio Macri y la emergencia en la que estamos. Una caída del PBI per cápita del 9% durante la gestión anterior, la tasa de desocupación más alta desde 2006 y un retroceso de más de diez años en la lucha por reducir la pobreza. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: perdimos 13 años. Se cerraron más de 20 mil empresas en cuatro años, de ellas, más de 4200 industriales. Se produjo una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones de entre el 15% y el 20%, similar a la pérdida de los salarios. Nos enfrentamos entonces a múltiples crisis, como lo dice la ley recientemente sancionada: emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Parecería que se está diciendo lo obvio. Pero es necesario insistir, pues hay una gran tergiversación desde los exfuncionarios (que además hablan como si no hubieran gobernado) y desde los grandes medios de comunicación hegemónicos. Entonces, un balance de lo que se heredó es el punto de partida para que más adelante veamos dónde estamos, y podamos decir si avanzamos o retrocedimos, si las jubilaciones mejoraron o no mejoraron, si la redistribución del ingreso mejoró o empeoró, si hay más desempleados o menos, si se han abierto pymes en vez de seguir cerrando, cuánto se ha reducido el flagelo del hambre. Las tergiversaciones Se dijo y se escribió mucho acerca de que Alberto Fernández, con la nueva ley, estaría aplicando el ajuste que pide el FMI. Sin embargo, el término «ajuste» está referido a cuando hay que ajustarse el cinturón. Es lo que les pasa a los que menos tienen, a los maestros que no ganan lo suficiente, a los trabajadores informales, a los jubilados que cobran la mínima, entre otros. Ahora se está intentando que los sectores más favorecidos contribuyan a partir de los beneficios que han tenido y que seguirán teniendo, para ir hacia un sistema tributario más progresivo. Porque lo que hizo Macri en estos cuatro años fue, precisamente, disminuir los tributos sobre los bienes personales (es decir, la riqueza) y sobre las ganancias de las grandes empresas. Y lo que se está haciendo ahora es corregir ese absurdo, que redujo los tributos a los que más tienen. Ahora, los que más tienen tendrán que pagar más. Desde Juntos por el Cambio se habla de ajuste a partir de la Ley de Solidaridad Social. No obstante, el programa económico actual está en las antípodas de un ajuste, porque se trata de obtener aportes de los que tienen capacidad para aportar los recursos. Y a esta estrategia la gente de Juntos por el Cambio la llama, yo diría maliciosamente, ajuste. Y gran parte de la oposición también degrada el significado de la «solidaridad» sobre el cual se asienta todo este cambio que genera la nueva ley. La verdadera solidaridad atraviesa todo el articulado de la nueva ley, denominada, precisamente, «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública»: todo un título. Porque hay una cuestión esencial: el asistencialismo es una herramienta para arrancar cuando se está en el peor de los escenarios. Sin embargo, las políticas tienen que apuntar a que se genere trabajo de calidad, con el cual las personas ganen lo suficiente para vivir decentemente, y esa es la rueda virtuosa que hay que poner en marcha. Estos conceptos están en la ley, porque despliega un plan asistencialista, pero en el marco de la justicia redistributiva y de la reactivación económica. Siempre sostuve que no soy partidario del déficit fiscal como meta a largo plazo, y que no creo que deba resolverse por la vía del recorte del gasto, sino por la vía del aumento de los ingresos que debe venir de una mayor actividad. Comencemos con los aumentos que obligatoriamente el gobierno tendrá que dar en los próximos dos trimestres a los jubilados. No se trata sólo de la nueva fórmula, sino de que hay que regenerar los ingresos previsionales para que una fórmula de mejora pueda ser sustentable. No se menciona, por ejemplo, que el 70% de la mayor recaudación por vía del impuesto al atesoramiento y a los gastos en el exterior irá a la Seguridad Social y al Pami, y un 30% a la vivienda social. En el caso de los eventuales aumentos en las retenciones, irían un 67% a financiar también a la Seguridad Social y al Pami, y un 3% a un fondo solidario de competitividad industrial para estimular la producción de pequeños productores y cooperativas; el 30% restante se destinaría a rentas generales. Además, «el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas» con criterios que tengan en cuenta las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización, entre otros. Estos son los conceptos de solidaridad incluidos en la ley, que la mayoría de la oposición y los medios concentrados casi no mencionan. La otra cara de la moneda de la solidaridad es que el sistema tributario se hace más progresivo. Por eso se incrementó el impuesto a los bienes personales. En verdad, se llevaron las alícuotas a los niveles de 2015, nada excepcional. Además, se excluye el valor de la vivienda familiar de la base de tributación. Lo que sí es nuevo, que los bienes en el exterior, principalmente los que fueron declarados en el blanqueo que hizo Macri, tributarían una tasa de hasta el doble

Fuente: Guillermo Wierzba | El cohete a la luna Fecha: 29 de diciembre de 2019 Acorralado y desprestigiado debido a los pésimos resultados macroeconómicos de su gestión, el gobierno de la Alianza Cambiemos, rebautizada como Juntos por el Cambio, intentó resaltar aspectos presuntamente exitosos de la misma. Sus referentes y los operadores-periodistas que la blindaban eligieron apologizar supuestas mejoras en la vida institucional argentina, como soporte para sostener la campaña reeleccionista del presidente neoliberal que culminaría su mandato el 10 de diciembre pasado. Pero el debate planteado dejó expuestas las evidencias de un grave deterioro de esa vida institucional durante el macrismo. El intento de designar jueces supremos por decreto, la estigmatización y represión de la movilización social, las presiones sobre el Poder Judicial y la articulación con sectores de éste para el despliegue de una sistemática persecución a dirigentes sociales y funcionarios de los gobiernos anteriores, caracterizaron ese grave retroceso. Fuera de la ley Una cuestión adicional fue el incumplimiento de la Ley como modo permanente de ejercicio del gobierno. Hoy se tramitan judicialmente, entre otras, la causa sobre el incumplimiento de las formalidades necesarias y exigidas por el orden legal y administrativo en el endeudamiento con el FMI. La lógica de comportarse por fuera de las leyes incluyó la violación permanente de la Carta Orgánica del BCRA. El artículo 3° de la Carta Orgánica sancionada en 2012 expresa la clave del cambio de legislación que se introdujo, dándole al organismo objetivos múltiples que reemplazaban la versión sustituida que sostenía uno único. El texto vigente establece que: “El banco central tiene como finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Con un claro objetivo de escamotear lo previsto por la Ley, Szturzenegger en su discurso 14/12/15 expresó: “Fíjense qué interesante cómo está redactado. Lo que aquí se enumeró no está en orden alfabético, está en orden de prelación o importancia”. El Doctor en Economía del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) había resuelto autorizarse, así, a dar por legislado lo que no lo está: jerarquizar el objetivo de “estabilidad monetaria” frente a los otros establecidos para la institución, acudiendo al orden prelativo. Szturzenegger aseguró que en una enumeración siempre existe una jerarquía y fijó un criterio, no enunciado por el legislador, que implicó inferir una misión para el Banco Central, devaluando el cambio de la Carta Orgánica, y que de hecho significó asimilarla al espíritu de la ley sustituida. Así, el economista ortodoxo se hizo su propia ley. ¡Vaya institucionalidad! Metas de inflación Con esa treta se dio comienzo al período de aplicación de un esquema de metas de inflación para bajar la tasa de crecimiento de los precios. El banco central asumió, así, el dispositivo preferido y recomendado por el FMI, para la construcción de las políticas monetarias y el combate de la inflación. El diagnóstico subyacente respecto de ésta es que el incremento de los precios proviene de un exceso de demanda en la economía. Para combatirlo, el Banco Central adopta como instrumento la tasa de interés de referencia de política, con la cual pretende afectar el precio de los activos y el resto de los tipos de interés. La autoridad monetaria se propone una inflación objetivo, y si se evidencia una tendencia de la tasa de inflación efectiva a superarla, se elevará el tipo de interés de referencia, provocando la disminución de la actividad económica, el consumo y la inversión, para lograr un descenso del ritmo de crecimiento del nivel de precios. El esquema supone que la reducción de la actividad también impactará en el nivel de empleo, deprimiéndolo, para alcanzar una tasa de desocupación que, como manifiestan Abeles y Borzel en el documento de trabajo n°1 del CEFID-AR Metas de Inflación: implicancias para el desarrollo, “mantiene los reclamos salariales en línea con la distribución del ingreso prevaleciente”. Una de las condiciones requeridas para la aplicación del dispositivo de Metas de Inflación es la independencia de la autoridad monetaria, autonomizada de las representaciones ciudadanas, que, una vez definida cuantitativamente la meta inflacionaria, deberán abstenerse de discutir la estructura del régimen de política monetaria. ¡Vaya democracia! Su aplicación requiere la libre flotación cambiaria y la libre movilidad internacional de capitales. Este régimen fue aplicado durante el gobierno de Macri hasta que estas dos últimas condicionalidades, junto a la decisión de financiar el déficit fiscal en pesos tomando préstamos en dólares, condujeron a la situación de iliquidez e insolvencia externa. De hecho, un virtual default, sin haber logrado -ni haberse acercado nunca- a las metas de inflación planteadas, pese a haber sometido a la economía a una elevadísima tasa de interés que, junto a otras medidas de política económica, provocaron el devenir de un cuatrienio de caída del PBI, derrumbe del salario y de los ingresos fijos y aumento del desempleo. Un festival de títulos y letras Mientras tanto, un festival de títulos y letras remuneraban con abultados intereses al capital especulativo. En la Argentina el esquema de Metas de Inflación constituyó un rotundo fracaso de la receta fondomonetarista. Por el contrario, el nivel inflacionario superó con creces el tan cuestionado de los doce años de gobierno popular. Siendo dos inflaciones de sustancia distinta. Mientras la primera se desplegaba en un patrón de acumulación de valorización financiera que despojaba a los sectores populares, la del período del gobierno de Cristina Fernández expresaba una puja distributiva, en la que los asalariados defendían las mejoras alcanzadas. Pero el fracaso en Argentina de tal régimen, no es un episodio aislado. La ineficacia parece extenderse a los países periféricos en general. La ortodoxia se ha empeñado en destacar la disminución del traspaso (pass throught) del tipo de cambio a precios en esos países, adjudicando su causalidad al establecimiento de regímenes de metas de inflación, asociados a un crecimiento de la credibilidad en las autoridades monetarias y al cumplimiento de las otras condiciones requeridas para la vigencia

Fuente: Raúl Kollmann | Página/12 Fecha: 28 de diciembre de 2019 No será una nueva pericia, sino un análisis técnico y científico del informe que la Gendarmería presentó en la causa. Probablemente participen expertos independientes, enmarcados en una Comisión que diseñe y concrete el estudio. Su comienzo coincidirá con el recambio de las cúpulas de las fuerzas de seguridad. Pese a la andanada de los medios oficialistas y hasta advertencias de Comodoro Py, habrá una revisión de los trabajos que hizo la Gendarmería en la causa Nisman. No será una nueva pericia, sino un análisis técnico, inicialmente interno, de lo realizado por la Dirección de Pericias de la fuerza en un hecho de trascendencia judicial, política e histórica. Fue el propio Presidente de la Nación el que pidió que se revise lo actuado. El formato del estudio todavía no está definido, aunque posiblemente se conforme una Comisión en la que participarían no sólo integrantes de la Gendarmería, entre otras cosas porque gran parte del trabajo tiene que ver con la autopsia, un terreno en que la fuerza no tiene capacitación. Como se sabe, aquella pericia incorporada a la causa fue un verdadero grotesco que tuvo como hipótesis central que al fiscal le dieron una cantidad indeterminada de una sustancia llamada ketamina, de la que apenas se encontraron trazas y que no se sabe cómo se la suministraron porque en el cuerpo de Nisman no había rastros de ninguna inyección. La jugarreta se evidenció desde el principio cuando el diario Clarín anunció el resultado de la pericia sin que siquiera hubieran empezado los trabajos. Fue en mayo de 2017, con el siguiente título: «Nuevas pericias oficiales sostendrán que a Nisman lo asesinaron». Recién en noviembre se terminó el estudio, por supuesto confirmando lo anunciado por el diario, que estaba en línea con lo pedido por Cambiemos. El anuncio de la ministra Sabina Frederic de que se hará una revisión de la conducta de la Gendarmería en los casos Maldonado, Nahuel y Nisman provocó la histeria de los medios alineados con Cambiemos y de los dirigentes de esa fuerza. También desde Comodoro Py hicieron circular en off the record que se oponen a cualquier revisión y que si se hace un nuevo análisis significaría una especie de «intromisión» en la justicia. Finalmente en la tarde de este viernes el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, afirmó que «no tenemos ningún plan de repetir el peritaje». El diputado Waldo Wolff le puso su toque de desprecio y misoginia refiriéndose a Frederick «a esta chica hay que explicarle como funciona la república «. En realidad, Frederic no hará ningún trámite judicial. Va a ordenar, a fin de enero, que se realice una revisión de la calidad técnica y científica del informe que la Gendarmería presentó en la causa. La ministra sostiene que es pública la controversia por ese estudio y que corresponde que la fuerza revise si se actuó correctamente. Es una segunda mirada sobre algo realizado por la Gendarmería. Una vez que estén los resultados, seguramente se enviará el estudio al fiscal y al juez Julián Ercolin, que serán libres de disponer lo que consideren. No es verdad que el estudio de la Gendarmería haya sido aceptado por las partes: la defensa del informático Diego Lagomarsino presentó un largo análisis firmado por los conocidos forenses Mariano Castex y José Speranza, además del balístico y criminalista Luis Olavarría, que contradijeron a la Gendarmería y sostuvieron que Nisman se suicidó. Pero la mayor controversia fue con los integrantes del Cuerpo Médico Forense que destrozaron el estudio de la Gendarmería como se reflejó en la nota publicada por Página/12 en octubre de 2017. El CMF forense conocía el caso al dedillo porque recibió en pocas horas el informe de la médica que revisó el cuerpo en el mismo baño donde se lo encontró; intervino a través de dos forenses en la autopsia que se hizo a las 8 de la mañana del día posterior, y revisó los resultados en una junta médica en la que participaron 14 especialistas del máximo nivel. En el CMF están los mayores expertos en la realización de autopsias: realizan unas 3.000 por año, comparado con los de la Gendarmería que no hacen ni una sola. En concreto, el CMF sostuvo: * Que no existía evidencia alguna de que a Nisman lo hayan drogado, porque ni siquiera la Gendarmería pudo cuantificar la ketamina que supuestamente le dieron para atontarlo y llevarlo dócilmente al baño. La evidencia fue tan floja que ni el fiscal Taiano pudo convalidar lo dicho por los gendarmes y no pudo incluirlo en su dictamen. Todo indica que la ketamina apareció por una contaminación en el cromatógrafo de la fuerza verde. * La Gendarmería sostuvo que para suministrarle la ketamina a Nisman le pegaron primero una tremenda paliza. Es algo que no se verifica en la realidad: no se encontró ni una gota de sangre fuera del baño ni hubo el menor desorden en todo el departamento. * Sobre esto el CMF dijo que los peritos de la Gendarmería cometieron groserías elementales: por ejemplo, confundieron un derrame biliar con una hematoma; una lesión post mortem típica de los dientes dejando marca en el labio inferior, con un golpe en la boca, y, sobre todo, diagnosticaron que a Nisman le fracturaron la nariz, cuando es el efecto de un leve chanfle en la radiografía que le tomaron de la cara. En las fotos y videos se ve con claridad que Nisman no tenía ninguna marca morada ni rastro alguno en la nariz, cuando una fractura produce marcas tremendas. * La Gendarmería batió un record internacional del delirio señalando que Nisman murió a las 2.46 de la mañana del 18 de enero. Es algo que no tiene parangón. Es obvio que todo estudio forense traza una franja horaria, porque no existe la menor capacidad de señalar en qué minuto murió una persona dado que el cálculo depende de la temperatura ambiente, del cuerpo de la persona y de las características que tiene el lugar y el individuo. La Gendarmería argumentó que «eso es lo que arrojaron los cálculos de

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 17 de diciembre de 2019 El expediente que martirizó a Héctor Timerman naufraga en el purgatorio de la historia, al igual que sus perpetradores. Cambio de escenario y roles a un año de una persecución mortal. La procesada ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, derrapó al comparar el asilo otorgado a Evo Morales con la llegada de nazis al país. Y la DAIA la acusó de “banalizar el Holocausto”. Una controversia impensable en días no lejanos. De hecho, el 18 de julio pasado, en el acto por los 25 años del atentado a la AMIA, ella fue aplaudida por la dirigencia comunitaria, mientras el ex vicepresidente de la DAIA y diputado del PRO, Waldo Wolf, sonreía a su lado. Desde los orígenes del régimen macrista, ambos habían compartido una epopeya: apoyar la denuncia contra CFK y Héctor Timerman, entre otros, por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Una causa que el devenir de la realidad atascó en el purgatorio de la Historia. Ahora el destino quiso que el conflicto de esa mujer con la entidad israelita coincidiera con la fecha en que Timerman hubiese cumplido 66 años y la proximidad del primer aniversario de su muerte. Instruido por el juez federal Claudio Bonadio, dicho expediente fue un himno al desplome del estado de Derecho. Y el procesamiento del ex canciller requirió, por su debilitada salud, una dosis extrema de crueldad. Prueba de eso fue que su absurda prisión preventiva le impidió viajar a Estados Unidos para continuar el tratamiento oncológico. De modo que su cuadro se agravó. Era como si pesara sobre él una condena a muerte aún no escrita. Pero ya festejada en redes sociales por sujetos despreciables como Fernando Iglesias, Eduardo Feinmann y Federico Andahazi. Un detalle que convertía tal condena en un linchamiento. Y qué, en un plano más que simbólico, articulaba nada menos que la continuidad del martirio de su padre, el periodista Jacobo Timerman, durante la última dictadura. Jacobo fue secuestrado en su hogar por una patota de La Bonaerense el 15 de abril de 1977. Primero fue llevado a Campo de Mayo antes de pasar por otros centros clandestinos de detención. En todos esos sitios fue torturado con saña por su condición de judío mientras sus captores encabezados por Camps y Etchecolatz le inquirían sobre temas tan variados como la relación entre el diario y la guerrilla, el sionismo, la teoría marxista y, desde luego, el dinero de David Graiver. La repercusión internacional del asunto fue notable, particularmente por su trasfondo antisemita. Así lo entendió, por caso, la Liga Antidifamación de la B’nai B’rith al organizar una campaña pública por la libertad de Timerman con apoyo del senador Edward Kennedy, que hasta incluía una gira del propio Héctor –de 23 años, por entonces– para hablar de su padre en varias ciudades norteamericanas y canadienses. En Argentina, en cambio, el silencio de la dirigencia judía era absoluto. En parte porque el presidente de la DAIA, Nehmías Resnizky, tenía una deuda con los militares: ellos habían secuestrado a su hijo y después le permitieron viajar a Israel. ¿Y su sucesor, Mario Gorenstein? Ese hombre, ya sin presiones de tamaña magnitud, afirmó en 1980 que Timerman “no fue detenido por ser judío”, y que el régimen castrense era “muy receptivo a denuncias por casos de antisemitismo”. Cabe destacar que en la crucifixión de Héctor el papel de la DAIA fue aún más vil, puesto que sus jefes no eran esta vez cómplices pasivos sino los artífices de su desgracia, en tándem con la servidumbre judicial del macrismo. Fue dicha dirigencia la que lo denunció en base a una trampa tendida por el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, al grabar clandestinamente en 2013 una conversación telefónica con él; allí, en su condición de canciller, se lo escucha decir sobre la táctica para indagar al lote de iraníes sospechados del atentado a la mutual judía: «¿Y con quien querés que negocie? ¿Con Suiza?”. Esa frase, en términos “procesales”, fue su pecado. Así lo interpretó a fines de 2015 el fiscal Eduardo Taiano al imputar a Héctor por “traición a la patria y encubrimiento”. Una iniciativa festejada por la señora Alonso. “Timerman debe muchas explicaciones. Que lo haga ante la Justicia es lo correcto”, supo señalar entonces en una entrevista con la agencia Vis a Vis (propiedad de Claudio Avruj y Guillermo Yanco, marido de Patricia Bullrich). La buena de Laurita también dijo: “Hoy el Memorándum no existe porque la AMIA y la DAIA plantearon una lucha muy fuerte. Los aplaudo por el coraje de haberlo hecho. Y me alegra haber acompañado en la lucha a los dirigentes de las dos organizaciones”. En este punto no está de más retroceder al ya remoto invierno de 2013, cuando el por entonces presidente de la DAIA, Julio Schlosser, se reunió con Timerman en la Cancillería para discutir el Memorándum. El cónclave fue reconstruido por Timerman el 10 de febrero de 2018 en su piso frente a la Plaza Alemania, al recibir –ya convaleciente y con arresto domiciliario– al autor de esta nota; también estaba el dirigente de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y el periodista Juan José Salinas. Los detalles vertidos por él adquieren ahora una notable relevancia. Schlosser había llegado al despacho de Timerman con su vice, Wolff, y el secretario general Jorge Knoblovits. Al canciller lo secundaba el secretario de Culto, Guillermo Oliveri. Los visitantes no creían que el acuerdo con Irán para interrogar allí a los presuntos responsables del atentado pudiera guiar la pesquisa hacia la verdad. También invocaron “impedimentos estratégicos” no debidamente aclarados. Y al respecto, Schlosser esgrimió un notable argumento: “Los muertos ya están muertos, ¡Héctor; hay que pensar en los vivos!”. Wolff, a su vez, permanecía mudo, con los ojos clavados en el suelo. Y Knoblovits, abogado de profesión, iba levantando temperatura. Hasta que, de pronto, saltó de su asiento, al grito de: “Si Canicoba Corral (el juez de la causa)

Fuente: Ileana Arduino, Natalia Federman, Sebastián Angresano Ilustrador | Revista Anfibia (Univ. Nac. de San martín) Fecha: 17 de diciembre de 2019 El gobierno de Macri, que alegaba que el eje de su gestión era la transparencia, apostó a la oscuridad. Por eso los anuncios del presidente Alberto Fernández tienen la potencialidad de saldar una de las grandes cuentas pendientes de la democracia: los campos de la inteligencia y la justicia federal. Será una gran tarea la de reordenar el sistema institucional democrático en sus vigas básicas y desarticular la triada medios, jueces y servicios. Lo saben quienes se vieron involucrados en procesos penales donde la extorsión ha suplido a la investigación. El martes el Presidente Alberto Fernández anunció la derogación del Decreto 656/2016, dictado por el saliente Presidente Macri. Lo dijo así: “Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. En el marco de la derogación de dicha medida, que significó un lamentable retroceso institucional, también he tomado otra decisión: dichos fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina”. Semejante reorientación no sólo implica una mejora sustancial en términos de calidad institucional sino que también conectó dos ejes sobre los que urge actuar: el deterioro institucional y la acuciante crisis socioeconómica que para demasiadas personas se ha vuelto lisa y llanamente hambruna. El anuncio, además de ser una loable reasignación de fondos, es una buena oportunidad para recordar de dónde venimos en materia de inteligencia y cuáles pueden ser los efectos de esta medida. No casualmente las definiciones sobre la política que se planifica en relación al sottogoverno fueron inmediatamente posteriores al anuncio de que en los próximos días se enviaría al congreso un conjunto de leyes para avanzar en una reforma integral del sistema federal de justicia, básicamente, para que deje de funcionar como un aparato de persecución política. Desactivar el tándem inteligencia /justicia federal como paso indispensable para mejorar la dinámica institucional en nuestro país es un ya viejo reclamo de abogados/as defensores del fuero y de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el sistema democrático -la iniciativa ciudadana para el control de la inteligencia lleva tiempo trabajando en torno a esta cuestión– y debería ser celebrado y apoyado por todo el arco político. De dónde venimos: la política como acoso y extorsión Entre 2014 y 2015, dos procesos de cambio empezaron a transitarse en el sentido correcto para la democracia pero inconvenientes para la lógica corporativa y/o mafiosa: la transformación del sistema de justicia penal federal y la reforma del sistema de inteligencia, que incluyó reglamentar de manera más transparente el uso de fondos secretos y quitarles el control sobre las interceptaciones telefónicas. Al asumir Mauricio Macri se tomaron inmediatamente medidas para revertir o paralizar esos procesos. El gobierno saliente suspendió la implementación de la reforma del sistema de justicia penal federal que, en lo sustancial, implicaría sacar dicho fuero del modo de funcionamiento colonial, cuya única funcionalidad es mantener el secreto, la maraña de expedientes y la discrecionalidad como modos corrientes de actuar. La cultura inquisitiva que aún mantiene el sistema de justicia no es solo un problema de viejos diseños, es un dispositivo que funciona perfecto para las operaciones políticas y la persecución: hoy los jueces de instrucción son quienes llevan adelante la investigación y quienes controlan esa misma investigación, los fiscales carecen de poderes suficientes para investigar con autonomía, lo que en los medios se llama pruebas luego tras varios años resulta que no eran pruebas, hay ausencia de contradicción efectiva entre las versiones en juego y declaraciones tomadas de espaldas al público son opciones procesales que garantizan impunidad. No todos los que trabajan allí se valen de esas funcionalidades pero quienes las necesitan las tienen a mano con la excusa de que así es la ley. Así, el sistema procesal penal aprobado en 2015 quedó anquilosado, con una implementación parcial que comenzó bien lejos de Comodoro Py, mientras se desplazaba de la Procuración General a la gestión de la Dra. Gils Carbó que mostró empeño en ese proceso de reforma. Para acompañar esa decisión de obturar la modernización del sistema de justicia, en materia de inteligencia se tomaron a poco de asumir decisiones que agravaron las cosas. En los primeros 18 meses de gestión, sin disimulos y mediante decretos simples o decretos de necesidad y urgencia, se revirtieron los ejes principales de las reformas que en 2015 se habían introducido a la ley de Inteligencia Nacional (Nro. 25520) como producto de consensos políticos intersectoriales. La reforma de 2015 nació en un contexto preciso: estuvo precedida por el reconocimiento de que el modelo vigente estaba agotado y de que su sola continuidad implicaba un riesgo democrático. Presentó los primeros pasos para que pudiera desarrollarse una política que desande, de una vez por todas, la máquina de extorsionar que fueron los servicios de inteligencia —en alianza con otros factores de poder— en nuestra vida democrática. La disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) – creada en 2000 como sucesora de la ochentosa SIDE- y la conformación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue una decisión que tenía como objetivo sacar a las estructuras de inteligencia de la autonomía y la desorientación estratégica. Con esas modificaciones a la ley se propiciaba también una conducción profesionalizada, cuyas autoridades tendrían que ser designadas con criterios de idoneidad y control político parlamentario, para acompasar las regulaciones que se adoptaron en materia de doctrina  y formación, todo acompañado por la incorporación transversal de criterios de transparencia en cuanto a los recursos económicos disponibles. A eso se sumaba una decisión estratégica de aquella política como fue la de transferir la gestión de las interceptaciones de las comunicaciones que se hicieran por razones de inteligencia o a