Politica

Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino Fecha: 5 de julio de 2020 El sitio web de Naciones Unidas detalla los resultados de la pandemia del Covid-19: “más de diez millones de infecciones y medio millón de muertos”. Allí se llama a reflexionar sobre el progreso que se ha logrado y las lecciones aprendidas, y a comprometerse a hacer todo lo posible para salvar vidas. Según la ONU, “con ideología política y sin hacer caso a la ciencia no se va a vencer al Covid-19”. Una frase que echa por tierra algunas discusiones que se tratan de instalar en Argentina y en el mundo. En este marco, la cuestión de los supuestamente “cuarentenistas” y los “anticuarentenistas” constituye una presentación falsa —y peligrosa— por donde se la mire. El tema es si se deja que la pandemia avance, y con ella los estragos sobre el conjunto de la población, o si se privilegia cuidar la vida de la ciudadanía, en un contexto en el que hay que optar por las soluciones “menos malas”. Son dilemas que se intentan construir también alrededor de otros temas importantes, como es el caso de la deuda. Aquí están los que desean arreglar “como sea”. El gobierno ha dado sobradas muestras de que quiere llegar a un arreglo, sin dejar de lado la idea de la sostenibilidad de la deuda. Dilemas que tratan de correr el eje de lo importante y que intencionadamente no reparan en el hecho de que la pandemia pega más en los sectores más vulnerables, los de menores ingresos. Según UNICEF, en un estudio sobre Argentina, si en el segundo semestre de 2019 la pobreza afectaba al 53% de los/las niños/as, podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020. Números que no encuentran adjetivo. En tanto, la OIT acaba de señalar que a nivel mundial se ha destruido en el segundo trimestre del año el equivalente a 400 millones de puestos laborales en todo el mundo y que América Latina perdió 47 millones de puestos de tiempo completo. Según la OIT las medidas que se tomen para remediar el problema moldearán el futuro del mundo del trabajo “más allá de 2030”. Por eso el gobierno ha estado muy presente con diversas medidas y resoluciones y, con buen criterio, también ha comenzado a trabajar en las medidas post pandemia. Por ejemplo, en la semana, la Secretaría de Comercio Interior anunció la prórroga del esquema de precios máximos hasta el 30 de agosto, incluyendo alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, que deberán mantener los valores del 6 de marzo último. El plazo podrá ser prorrogado en atención a la evolución de la situación epidemiológica. A su vez, se contempla la posibilidad de establecer nuevos precios máximos, sujetos a las condiciones que dicha subsecretaría establezca, “en aquellos casos en los que se acrediten debidamente variaciones en las estructuras de costos que afecten sustancialmente la situación económica financiera de los sujetos alcanzados por la aludida norma, con posterioridad al día 6 de marzo de 2020”. No deja de ser una resolución valorable. Además, se nutre del espíritu de la Ley 26.991, de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, sancionada en 2014, que entre otras cuestiones habilita el acceso de las autoridades a la cadena de costos y valor para comprender la dinámica de la formación de los precios internos. Cuestiones que son válidas más allá de esta crítica coyuntura, y esenciales a la hora de ir avanzando hacia una nueva normalidad. Pensando hacia adelante El gobierno ya se encuentra trabajando en los lineamientos centrales del Presupuesto 2021, que dan el marco para la estrategia pos pandemia. A la recesión de 2020, por ahora imposible de cuantificar, hay que sumarle toda una cantidad de emergencias que ya se heredaban. Las prioridades, según surge del Informe de Avance enviado al Congreso por el ministro Guzmán, “estarán enfocadas en recuperar las fuerzas productivas, luego del impacto de la pandemia Covid-19 y consolidar la construcción de un modelo de desarrollo económico inclusivo y sustentable que logre potenciar las capacidades productivas, la utilización de la mano de obra bajo condiciones de trabajo dignas y con derechos y, así, mejorar la condición de vida de todos y todas los habitantes. Ese desafío requerirá un proceso de transformaciones no sólo respecto al fallido esquema económico del periodo 2016-2019 sino también a lógicas de funcionamiento de la economía argentina que, a pesar de los avances logrados entre 2003 y 2015, se presentan como limitaciones estructurales al desarrollo nacional”. Ejes que son absolutamente coherentes con el mandato otorgado por la ciudadanía en las urnas y que, como dice el texto, en materia productiva, darán especial impulso a las MiPyMEs; canalizarán los excedentes monetarios generados durante la situación extraordinaria de la crisis Covid-19 a la reinversión productiva y al ahorro en moneda nacional. O que irán detrás de un “sistema tributario más progresivo y al servicio de la inversión productiva”. El avance del Presupuesto postula la transformación de cuatro aspectos estructurales de la economía argentina: 1. impulsar un cambio para lograr una estructura productiva distinta, congeniando “la persecución de ganancias individuales por parte del sector privado con la creación de empleo de calidad y la generación genuina de divisas”. 2. “aumentar el empleo y fortalecer la inclusión y generación de oportunidades para las y los argentinos”. 3. Se requiere “una intervención activa y multidimensional por parte del Estado” y 4. “El Estado debe generar las discusiones y los ámbitos institucionales necesarios para lograr un diálogo social plural y democrático”. En una reciente propuesta de la UIA se abona en políticas que coinciden en varios aspectos. El documento sostiene que “para la economía argentina, esta crisis (la originada por la pandemia) agrava los problemas preexistentes. La transición hacia la «nueva normalidad» estará atravesada por el impacto económico de la pandemia y la vulnerabilidad económica que se arrastra de la fase previa”. También propone “una política monetaria que fomente el ahorro en moneda local y busque gradualmente salir de los controles y regulaciones cambiarias; una política cambiaria

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 3 de julio de 2020 El arresto del narco Sergio Mario Rodríguez (“Verdura”) ocurrió en marzo. En su indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, no dudó en blanquear el vínculo que tuvo con la AFI. Su reclutador fue el abogado y agente de aquel organismo, Facundo Melo, quien le encargó la colocación de una bomba sin detonador en la vivienda de José Luis Vila, un alto funcionario del Ministerio de Defensa durante la gestión de Oscar Aguad, a quien había que disciplinar. Aquellas confidencias derivaron en un allanamiento al domicilio del letrado. Eso a su vez guió la investigación –ya convertida en una causa sobre tareas de inteligencia de carácter delictivo– hacia otro agente, Leandro Araque, cuyo smartphone almacenaba unos 2.500 archivos de seguimientos ilegales a toda clase de ciudadanos.La ex secretaria de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, se enteró de semejante decomiso por una llamada urgente del propio Araque, no sin sentir un ramalazo de pavor. Es posible que entonces le viniera a la mente su primer encuentro con él.Ocurrió durante la tarde del 15 de mayo de 2018 en su despacho de la Casa Rosada (a metros del de Mauricio Macri). El espía llegó acompañado por su colega Miguel Alfonso, un ex efectivo de la Policía Federal que alguna vez estuvo infiltrado en La Cámpora. La visita se prolongó por más de dos horas.Desde ese martes parece haber transcurrido un siglo.Recientemente, al abogado Carlos Beraldi –que patrocina en esta causa a Cristina Fernández de Kirchner en su condición de querellante– se le ocurrió revisar el registro de entradas del edificio en cuestión, constatando que entre esa fecha y el 6 de marzo de 2019, unas 12 reuniones con otros agentes (Melo, Jorge Sáez, Maximiliano Magistello, Federico Scanavino, Hugo Romagnoli, Federico Mastropierro, Noelia Belén y Elba Masino, junto con otras personas de dudosa calaña). En tales ocasiones recibía informes de sumo interés para el “uno”, así como llamaban a Macri.A partir de ese preciso instante, su figura –sin duda uno de los secretos mejor guardado por el antiguo régimen– tuvo una notable relevancia.Con posterioridad, en razón a nuevas pruebas obtenidas por Villena, se supo de otros encuentros con esos espías, tanto en bares y restaurantes como en su propio domicilio. De modo que ahora hay indicios que la ubican en un sitio más trascendente que el de una simple mensajera. Además de impartir directivas y sugerencias, es señalada como hacedora del seguimiento al ex funcionario kirchnerista del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta (detenido poco después), de quien era vecina en la localidad de Villa Ballester.Allí, enclaustrada por la cuarentena en su departamento, el devenir de los hechos la fue cercando hasta transformarla en una mancha venenosa. Hubo en el PRO quienes ni siquiera le atendían el teléfono, y hasta el mismísimo Macri dejó trascender que no la conoce. Aquel gesto le habría causado una desazón mayúscula, máxime cuando toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, con el ex mandatario a la cabeza, bendijo a su no menos comprometido secretario, Darío Nieto, con un comunicado en defensa de su buen nombre y honor.Un pésimo augurio para la pobre Susana: el 28 de junio fue allanado su domicilio. Y tres días después fue llevada tras las rejas, junto a una veintena de implicados. Desde entonces languidece en un calabozo.En este punto bien vale reconstruir su historia. Amor con betún En 1987 gobernaba Raúl Alfonsín. El 15 de abril debía prestar su declaración indagatoria el mayor Ernesto Barreiro, un jerarca del centro de exterminio La Perla, en Córdoba, durante la última dictadura. Ello derivó en el levantamiento carapintada de Semana Santa. Y también en la recordada frase del presidente radical: “La casa está en orden”.Susana Martinengo tenía entonces 32 años. Seguía los acontecimientos por TV y le causó una grata impresión la imagen de un oficial que secundaba al jefe de la revuelta, Aldo Rico, cuando se exhibía ante las cámaras en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Era el capitán Juan Jorge Ferreyra.Ese asunto fue la semilla de la Ley de Obediencia Debida, tratada días después en el Congreso, que terminó por desprocesar a más de mil represores y tranquilizó a otros en vías de ser denunciados. Entre ellos, a Ferreyra.Este sujeto de mirada peligrosa y bigote espeso, a quien sus camaradas llamaban “El Mono”, había prestado servicios desde 1976 hasta septiembre de 1979 en el Grupo de Artillería 7, del Chaco. En esa unidad de la VII Brigada de Infantería del Ejército estaba la jefatura del Área 233 (según la cuadrícula territorial que subdividía al país a los efectos del terrorismo de Estado), y bajo su órbita había tres campos de concentración: la Brigada de Investigaciones, la Alcaldía y el que funcionaba en su predio. Allí, además, fueron enterradas de manera clandestina algunas víctimas de la masacre de Margarita Belén. Cabe destacar que Ferreyra era allí oficial de Inteligencia.En 1988, Rico y los suyos estrenaron su propio partido: el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin). Ferreyra fue uno de sus cuadros.Hasta allí lo fue a buscar la persistente Susana. Fue un triunfo del amor. Pero aquella aproximación estratégica también le sirvió a ella para asomarse a la política como puntera barrial de dicho espacio.La feliz pareja contrajo enlace poco después.Fue una ceremonia muy emotiva: Rico y el coronel Enrique Venturino arrojaban arroz hacia el altar. El padrino era una promesa de la Gendarmería, el oficial Marcelo Martinengo, hermano de la novia.La pertenencia del matrimonio al partido carapintada se prolongó hasta 1996. Sobre las razones de la ruptura, el ex capitán habló por ambos, alegando “personalismos arcaicos y retrocesos ideológicos”. ¿Una fuerza política como el Modin podría haber tenido más retrocesos ideológicos?Lo cierto es que entonces los caminos políticos de Juan Jorge y Susana se bifurcaron. Él buscó nuevos horizontes en el PJ, con el auspicio de Octavio Frigerio, padre de Rogelio, el aún lejano ministro macrista.Ella, tras una etapa de introspección, fue designada como directora de

Fuente: Hugo Alconada Mon | The New York Times Fecha: 30 de junio de 2020 El espionaje ilegal a periodistas, políticos y críticos del poder en la Argentina revela el debilitado estado de la libertad de prensa y de nuestra democracia. Hay aprendizajes en esta experiencia. BUENOS AIRES — Me espiaron. La justicia federal argentina ya confirmó que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) me tuvieron en la mira al menos durante 2018. Me fotografiaron y me grabaron en la vía pública. Me espiaron mientras trabajaba una investigación que incomodaba al poder político y empresarial. Ahora sé que, mientras buscaban identificar las fuentes periodísticas que me ayudaron a revelar cómo fue el capítulo argentino del Lava Jato, una pesquisa sobre la corrupción en el país, me siguieron, analizaron dónde vivo, en qué automóviles me muevo, cuál era mi nivel de vida y hasta fueron a la casa de mis padres —dos jubilados por arriba de los 70 años—. Queda más por salir a la luz; por ejemplo, si evaluaron colocar una bomba en la puerta de mi casa. El espionaje en la Argentina —como en otros países de América Latina— poco y nada tienen en común con las películas de James Bond. Y sí tienen mucho que ver con el debilitado estado actual de la libertad de prensa y de la democracia en nuestro hemisferio. Este proceso me ha enseñado por lo menos cinco lecciones. 1. El espionaje es un atajo para los tramposos Me enteré de que me espiaban de manera ilegal por un expediente que impulsa la justicia argentina. No fui el único objetivo. Las tareas de inteligencia indebida también alcanzaron a la expresidenta —y actual vicepresidenta— Cristina Fernández de Kirchner, a otros políticos —incluidos algunos del mismo bando político que el entonces presidente Mauricio Macri (como el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta)— y a sindicalistas, jueces, obispos, líderes sociales y otros periodistas. Los espías querían acceder a lo que de otro modo no tenían forma de saber de sus “objetivos”. Se trata de la tentación de obtener beneficios, muy rápido, por la vía de un atajo. Si sos un político, una escucha telefónica clandestina, te permitirá conocer y contrarrestar los planes del candidato rival en la campaña. Si sos un empresario, te dará la oportunidad de saber cuánto ofertará un competidor, presentar un valor más bajo y derrotarlo en la licitación. Y si la prensa te investiga, acaso encuentres la fórmula secreta para amedrentar o silenciar a ese periodista tan molesto. 2. El espionaje es sistemático, no un simple caso aislado Este mecanismo delictivo integra una investigación de la justicia que lleva ya meses y se inserta dentro de un rompecabezas más amplio que incluye varios expedientes judiciales y una investigación bicameral del Congreso nacional y que evidencia los métodos antidemocráticos a los que ha recurrido la inteligencia argentina. Combinados, permiten vislumbrar que el espionaje ilegal no se acotó a unos pocos casos aislados, propios de algún funcionario desquiciado, sino que resultó una operación sistemática. 3. Promesas de cambio para que nada cambie Políticos de todos los partidos que llegaron a la Casa Rosada durante los últimos treinta años han tropezado con la misma piedra. Desde Carlos Menem, cuyo servicio de espionaje (conocido entonces como Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE) le pagó 400.000 dólares a un sospechoso para que incriminara a otros en tribunales y terminó arruinando, quizá para siempre, la investigación sobre el atentado contra la sede de la AMIA, a Cristina Fernández de Kirchner, quien disolvió la SIDE para recrearla como Agencia Federal de Inteligencia en los días que siguieron a la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015. El resultado ha sido el más puro gatopardismo: los gobiernos anunciaron reformas más o menos profundas, pero los problemas de fondo de la inteligencia argentina siguieron sin resolverse. 4. El espionaje es anárquico El espionaje argentino está disperso. Ni todos los que trabajan en la AFI son espías, ni todos los espías que deambulan por las calles o el ciberespacio trabajan para la AFI. Hay quienes husmean o han husmeado durante los últimos tiempos para otras fuerzas de seguridad —sea la policía federal, la Gendarmería, la Prefectura o las policías provinciales—, los que fisgonean para las fuerzas armadas —Ejército y Armada, en particular— y los que ofrecen sus servicios en el sector privado. Prácticas de las que han dado cuenta varias investigaciones. 5. Es mejor prevenir que lamentar Si el espionaje es sistemático, recurrente y anárquico, entonces la opción más sensata para una figura pública es moverse dando por sentado que lo espían. No para sumirse en las fauces de la paranoia, pero sí para redoblar los recaudos. Y en el caso de los periodistas, para proteger a sus fuentes y encriptar sus teléfonos y computadoras. Semejante panorama explica por qué Alberto Fernández anunció la intervención y reforma de la AFI cuando asumió la presidencia en diciembre de 2019. “Tomamos la decisión de terminar con los sótanos de la democracia”, dijo cuando inauguró las sesiones del Congreso, el 1 de marzo, para ponerle “fin al oscurantismo”. Es hora de hacerlo. De las cinco enseñanzas de este proceso, acaso la más difícil es que tenemos pocas herramientas legales para proteger la privacidad, libertad de expresión y el Estado de derecho. La prensa independiente y el disenso político son indispensables si queremos un mejor país. El presidente enunció lo que organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la llamada “Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI)” reclaman desde hace muchos años: profesionalizar e institucionalizar la inteligencia argentina, establecer “mecanismos efectivos de control democrático” sobre sus acciones y su presupuesto, transparentar sus acciones todo lo que sea posible y acotar al mínimo indispensable la autonomía de los espías. Tomará años, acaso décadas, pero hay que dar el primer paso. Eso, en la práctica, implicará depurar la nómina de espías, quedarse con los mejores, capacitarlos, limitar sus competencias, instaurar controles de vigilancia en el Congreso para evaluarlos de manera periódica, auditar sus gastos, reformar las leyes que regulan su trabajo y reforzar y potenciar las herramientas de quienes estén a

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 21 de junio de 2020 Uzi Shaia, un agente del chantaje. El periódico retorno del caso Nisman al debate público se produjo en esta oportunidad a partir de la emisión de un programa televisivo difundido por el canal 12 de la televisión israelí. Cinco meses atrás había sido la miniserie de Netflix la que motivó su retorno. En esta ocasión, el jueves 11 de junio, el programa televisivo israelí Uvdá (hecho o dato por su traducción del hebreo) divulgó una entrevista realizada por Ilana Daian a un ex integrante de los servicios secretos israelíes (Mossad, sigla que designa al Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales.) El caso del suicidio del fiscal argentino fue la plataforma central con la que se logró aglutinar a la oposición al kirchnerismo. En un segundo momento se convirtió en un elemento decisivo para el triunfo de Macri sobre Scioli. Con el PRO en el gobierno devino en un recurrente dispositivo jurídico y comunicacional orientado a perseguir al kirchnerismo y sobre todo a la ex Presidenta. Más allá de las posibles falsedades, simulaciones y tergiversaciones deslizadas por el ex espía Uzi Shaia, su relato evidencia varios aspectos que fueron soslayados por los medios locales y sus reputados operadores de prensa disfrazados de periodistas: El ex espía del Mossad asume que participó en forma deliberada de un intento de extorsión a la Presidenta de un país soberano como la Argentina. Los datos provistos por Shaia dejan en evidencia que Nisman era cómplice de intereses especulativos (de los Fondos Buitre) a expensas de su rol como procurador de la causa del atentado de la AMIA de 1994. El fiscal, además, mantenía relaciones clandestinas con una agencia de inteligencia extranjera sin contar con la autorización de los organismos institucionales competentes, aptos para otorgar dichas prerrogativas. El 18 de abril de 2015, tres meses después de que Nisman se pegara un tiro en el baño de su casa, publiqué un artículo en el que describía los vínculos del fiscal con los Fondos Buitre y explicaba la entente entre la DAIA, la derecha israelí y los republicanos, conjurados tanto para debilitar al gobierno kirchnerista como para garantizarse el cobro de sus bonos basura. La estrategia de pinzas incluyó obviamente al macrismo, que usufructuó la falacia mediática del asesinato para desplegar una campaña electoral basada en la victimización recurrente del fiscal. El ex espía asumió frente a Daian que fue copartícipe de una operación internacional para extorsionar a una Presidenta, con el objeto de beneficiar a especuladores financieros: “El objetivo era utilizar la información para presionarla [a Cristina Kirchner] a fin de pagar la deuda”. Además de autoincriminarse en un delito, recalca que esos intereses eran ajenos a todo interés patriótico: estaban únicamente motivados por ganar dinero. “Se trataba de un negocio y no de un país. No valía la pena morir por eso”. En la entrevista advierte sobre la  participación de otros integrantes de la comunidad de inteligencia, con sede en Washington, quienes fueron los encargados de producir y/o derivar los documentos necesarios para viabilizar el chantaje. Una operación de extorsión a tres bandas: Estados Unidos, Israel y Argentina. Esa operación de chantaje tuvo su correlato en solicitadas financiadas durante el año 2014 en los grandes medios gráficos de Washington y Nueva York. La Fuerza de Tareas Argentina (ATFA, por su sigla en inglés) financiada por Paul Singer y Sheldon Adelson, entre otros, presentaban a CFK y al entonces Presidente del gobierno persa, Majmud Ajmadineyad, como delincuentes internacionales: “Ha llegado el momento de impedir que la Argentina siga transgrediendo la ley estadounidense y la ley internacional”. La entrega de esos informes, que buscaban favorecer los intereses de los Fondos Buitre, llevó a un importante analista Israelí, Guy Ulster, a interrogarse –el sábado 23 de junio, dos días después de la emisión–: “¿Por qué Shaia no informó sobre esa documentación después de que falleció el fiscal? ¿Por qué no aportó los datos que supuestamente tenía, ante la Justicia?”. La omisión se debió a que los informes originariamente entregados a Nisman (no necesariamente en el lobby de una capital europea, como deslizó Shaia, con clara intención de despistar a futuros investigadores), fueron derivados poco tiempo después hacia la usina de operaciones de prensa comandadas desde el Grupo Clarín. Los datos vertidos ex profeso fueron reproducidos por su periodista estrella, Daniel Santoro, quien curiosamente terminó años después involucrado en causas de extorsión. A rey muerto, rey puesto El 29 de marzo de 2015, dos meses después del fallecimiento del fiscal, cuando se lanzaba la campaña electoral de cara a las presidenciales del octubre, Santoro se apalancó en la revista brasileña Vejá para publicar en la portada del matutino la supuesta existencia de cuentas secretas pertenecientes a Máximo Kirchner y Nilda Garré, ex embajadora en Venezuela. Como resultado de una supuesta investigación llevada a cabo por Santoro, se señalaba entre otras falacias que “ambos habrían controlado una cuenta en el banco Felton de Estados Unidos con 61 millones de dólares y otra en el Morval Bank de las Islas Caimán con 19 millones de dólares”. En diciembre de 2015, cuando ya Macri había obtenido la presidencia y el daño electoral ya se había ejecutado, las entidades financieras comunicaron, ante un exhorto de  la justicia argentina, que dichas cuentan carecían de existencia. Santoro se encuentra en la actualidad procesado por el juez Alejo Ramos Padilla, en el marco de una causa de extorsión, junto a Marcelo Sebastián D’Alessio, el fiscal Carlos Stornelli y los agentes de la AFI Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Nisman y Shaia compartieron intereses extorsivos. Santoro y sus secuaces continuaron su ejemplo. Según Shaia, la tarea que realizó, contratado por los buitres, se llevó a cabo con conocimiento cabal de Nisman. No hay registros que certifiquen los honorarios profesionales percibidos por el ex espía devenido en profesional freelance. Pero sí existen suficientes evidencias para calcular lo que recibió Nisman por su ingente colaboración para que los buitres obtengan en abril de 2016 sus 11.000 millones de dólares. En su cuenta del Merrill Lynch de Nueva York (denunciada

Fuente: Horacio Gonzalez | Nuestras Voces Fecha: 21 de junio de 2020 Los dueños de Vicentin se mostraron a la altura de la consistencia pastosa del biodiésel que extraían. Pero, así como el aceite comestible puede transformarse en biodiesel, Vicentin puede pasar de ser un centro penumbrosos de negocios a costa del dinero público, a una empresa pública con respaldo estatal. La confrontación está abierta. Las derechas del odio vuelven a anudar la bandera nacional al temor de que se vulnere la propiedad privada. Una vez más nos tocará defender una democracia viva e igualitaria. Son antiguos los debates respecto a qué es una ciudad. En principio, es un ámbito de libertades, que pueden ser exclusivas de un minoría –al promoverse al mismo tiempo la esclavitud, como en las antigua ciudades griegas–, o ámbitos de creación de libertades, como las ciudades que emergen del proceso de industrialización y disolución progresiva del campesinado que sostenía en términos de vasallaje el régimen feudal. Pero no ocurre lo mismo en las grandes metrópolis actuales, que exceden a la ciudades renacentistas, donde la vida se politizaba alrededor de foros, consejeros del príncipe y el príncipe mismo que “creó ciudadanía” a partir de la tensión entre el poder que es temido o deseado. La ciudad de los inicios del capitalismo ya es un engendro singular. Es recordable la descripción que hace Engels en 1843 de “La situación de la clase obrara en Inglaterra”. Las peores condiciones de existencia, hacinamiento, trabajo infantil, niños que duermen en la misma fábrica, entre húmedos alquitranes. Es la ciudad herida por una desigualdad de hierro, el mando fabril y el proletariado sin ciudadanía social, solo entregando su fuerza de trabajo, lo que a su vez lo deshumaniza. Pero una ciudad como Londres no ejerce su vida social solo en torno al surgente movimiento fabril. Otra gran franja de habitantes vive en otras condiciones, adquieren y gozan de una ciudadanía política y cultural. Pueden ir al teatro shakespeariano y leer la “Balada del viejo marinero” de Coleridge. Es una ciudad no reducible enteramente a las condiciones de producción del nuevo industrialismo capitalista. A mediados de siglo XX un recordable libro de Henri Lefebvre sugiere un “derecho a la ciudad”, donde defiende la idea de una comunidad de iguales que usufructúan la ciudad no como un espacio que reproduce el mercado capitalista, sino como un mundo cívico donde se discute cómo construir la vida igualitaria al margen de la alienación del trabajo. No fue esa, sin embargo, la orientación de muchos otros trabajos de la naciente “sociología urbana”, que desde los estudios de la ciudad de Chicago en los años 30 y de San Pablo en los años 50, percibió en la gran urbe un campo de experimentación de circulación, habitacional y laboral, con conflictos de ocupación territorial, tratamiento de la ilegalidad, corrientes inmigratorias, economías impetuosas y expansión fabril, todo lo cual configuraba un ente tanto de ecología vital como de construcción de relaciones simbólicas. Con lo que la ciudad terminaba siendo una identidad productiva y cultural fusionadas y siempre en conflicto. Otros estudios avanzados en los años 60 y 70 enfatizaron mucho más el papel de las ciudades en torno a las grandes fábricas, desbalanceado el papel de la urbe en favor de lo que las gigantescas Corporaciones hacían de ella, un simple suministro de la “reproducción colectiva” de la fuerza de trabajo, en términos de vivienda y educación, todos ellos aspectos subordinados a las necesidades fabriles. Toda la ciudad se concebía como una unión urbana al servicio de la reproducción del trabajador. Era obvio que ciudades como Buenos Aires o París, con su tejido metropolitano tan complejo, no podían reducirse únicamente al mero aspecto de ser ámbitos anexos a las necesidades materiales de la producción industrial. La clásica asociación entre ciudad y libertades cívicas (o creación de identidades y símbolos) quedaría así totalmente anulada. La heterogeneidad urbana y las luchas sociales lo impedían. No obstante, esta cuestión de la adhesión subordinada de un tejido urbano a las necesidades de grandes empresas dista mucho de ser un punto de vista superado. Para dirigirnos rápidamente a las calificaciones que forman parte de nuestra actualidad más candente, veamos el caso de la empresa Vicentin y otras de semejante porte y funciones, primero en relación de las pequeñas ciudades que tienen a su servicio. Como todos sabemos, el Intendente de la ciudad de Avellaneda, en realidad una urbe menos que mediana adosada a la ciudad santafesina de Reconquista, tiene una directa e íntima relación con los directivos de esa empresa cerealera, una de las principales exportadoras de granos del país. Buena parte del pueblo, como es lógico, depende de empleo o formas derivadas de empleos que están directa o indirectamente relacionada con las necesidades de la empresa, que tiene allí su sector portuario exclusivo, aunque el puerto no es de su propiedad. Esto debe aclararse porque muchos puertos de las orillas del Río Paraná, son puertos privados de otras grandes cerealeras, Dreyfus es propietario del puerto de General Lagos, al sur de la provincia de Santa Fe, y en su página oficial lo presenta como “el puerto privado más importante del país”. Lo que se podría considerar el tercer o cuarto puerto de importancia de la Argentina, también sobre el Rio Paraná, luego de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca, es el Puerto de General San Martín, cercano al solar donde se desarrolló la batalla de San Lorenzo y años después, en las inmediaciones donde se llevó a cabo una de las batallas contra la flota anglo francesa, luego de que superara la oposición que se hizo en Vuelta de Obligado y siguiera río arriba. Son acontecimientos de 1845. Pero en décadas pasadas, el intendente del lugar tuvo que pedir que las empresas propietarias de las grandes extensiones de esa zona sojera, permitiera abrir un pasadizo para que se visitara un monolito conmemorativo. Pero no solo eso, como en las cercanías de ese puerto –junto a la llamada Terminal 6, están instaladas las sedes de Cargill,

Fuente:  Daniel Feierstein| El cohete a la luna Fecha: 21 de junio de 2020 El incremento del número de contagios y muertes por coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las dificultades para sostener social, psicológica y económicamente una cuarentena que lleva tres meses y pareciera necesitar algunos meses más, crean visiones empobrecidas o dogmáticas para evaluar los caminos a seguir. Algunos creen que Argentina es el ejemplo del mundo y que se debe endurecer la cuarentena (“volver a fase 1”). Otros apuestan a la inmunidad de rebaño, con el “costo” de decenas de miles de muertes para “sostener la economía”, algo que ya fracasó con el “modelo sueco”, Gran Bretaña o los ejemplos de la gripe española. Y en los medios masivos desfilan decenas de irresponsables: Jorge Asís y sus “muertos imaginarios” (que ya dejan de serlo), Luis Novaresio (que transfiere agitadamente a la audiencia sus propias ansiedades), entre tantos ejemplos que eligen ignorar el ABC del periodismo: aportar calma, información confiable y seriedad analítica. Martillos y danzas El modelo del ingeniero español Tomás Pueyo (que ha demostrado eficacia para lidiar con la crisis pandémica y que es seguido por numerosos expertos en el mundo) propone dos instancias articuladas: el martillo (cuarentenas estrictas de dos a cuatro semanas para bajar la tasa de contagios y preparar el sistema de salud) y la danza (la “nueva normalidad”, que incluye la apertura protocolizada gradual de actividades y una política de trazabilidad: detección, seguimiento y aislamiento de casos). El éxito inicial argentino radicó en la implementación de un martillo temprano (cuarentena estricta con muy pocos casos), que explica la diferencia en la curva no solo con los ejemplos más graves de la región (Brasil y México, pero también Ecuador, Chile o Perú). Para fines de abril dicha etapa se encontraba agotada y se requería avanzar con la danza, algo que anunciábamos aquí mismo el 26 de abril. Poco de ello fue abordado, destacando las políticas del Programa Detectar y El barrio cuida al barrio, ejecutadas gracias a la persistente tenacidad de las organizaciones populares y los curas villeros. Dos meses después estamos en el mismo punto, pero con una decuplicación de la cantidad de casos diarios en el AMBA y una triplicación del número de muertes. Argentina y América Latina no logran danzar… ¿Por qué? La complejidad de los fenómenos sanitarios La mirada reduccionista del proceso de salud-enfermedad es una constante en la historia moderna y sus consecuencias más graves pueden observarse en las crisis. Alberto Fernández fue inteligente y eficaz al crear el “comité de expertos”. El punto débil fue creer que una crisis sanitaria solo involucra temas médicos, ignorando las cuestiones sociales, psicológicas y logísticas sin las cuales las medidas, por correctas que sean, fracasan. Era evidente para cualquier sociólogo que el éxito obtenido durante las tres o cuatro primeras semanas de aislamiento no podría sostenerse en el tiempo. Con o sin controles, una población educada en el individualismo, sin una campaña de concientización eficaz, comenzó un proceso de “violaciones hormiga”, visitando a parejas, familiares, amigos, saliendo reiteradamente a hacer compras, trámites, trabajos informales, etc. Ello sin contar las millones de personas a quienes no llegó en tiempo y forma la ayuda económica o logística por las deficiencias del aparato estatal para implementar las medidas aprobadas. Y no se logró la creación de formas nativas para resolver la trazabilidad: esto es, el aislamiento de los casos y sus “contactos estrechos” tomando en cuenta las características de nuestra población. Descartados por imposibles los sistemas de vigilancia digital asiáticos, se recargó a los desbordados operadores del sistema de salud con el proceso de investigación de casos, ubicación de contactos, explicitación de protocolos y aislamiento preventivo. Esto generó un caos de agentes intervinientes, directivas contradictorias, casos de maltrato y, por lo tanto, imposibilidad de detener la cadena de contagios. Los índices se contuvieron, contra lo pronosticado, en algunos de los lugares más difíciles: los barrios populares. No solo gracias a programas como El barrio cuida al barrio y Detectar sino al involucramiento de organizaciones con presencia territorial y a la valoración en dichos lugares de las normas de cooperación y de las indicaciones del personal sanitario o asistencial. Por el contrario, en los barrios de sectores medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se vuelve común el intento de apelar a algún “contacto” para “zafar” de la internación, el retaceo de información como modo de evitarles a los conocidos el transformarse en “contacto estrecho”. Sin mencionar violaciones gravísimas como los bailes públicos en las calles de Recoleta o los casamientos o cumpleaños clandestinos. Las mismas conductas que se expresan en altos índices de evasión fiscal, “coimas”, negocios menores en el mercado ilegal de divisas o subregistro de ventas, no tendrían por qué no aparecer en el campo sanitario, diluyendo los efectos en la salud tanto como vacían las arcas impositivas. Quienes creen que las normas no se aplican a ellos no distinguen entre normas económicas y normas sanitarias. Para revertir esta situación se requiere diseñar políticas públicas que comprendan que una pandemia no es meramente una cuestión de médicos. Y pasar de la reivindicación abstracta de “los científicos” a la inclusión de otras ciencias en el diseño de políticas públicas, algo que no pasa solo por una vacuna o un test. Luego de una década de bombardeo mediático con la imagen de los investigadores como “parásitos sociales que viven de nuestros impuestos” (metáfora racista por excelencia) se vuelve difícil recurrir a un sistema científico con salarios y subsidios miserables. Pero, incluso al propio interior del sistema científico, resulta necesario cuestionar la falsa división entre las ciencias “duras” como “serias” y las “blandas” como “sanata”. Esta crisis y la imposibilidad de danzar nos otorgan un ejemplo privilegiado de la inexactitud de la premisa. La respuesta no pasa por la biología ni la medicina sino por los comportamientos sociales. ¿Cómo seguir? El propio Tomas Pueyo sacó esta semana un hilo de tweets sobre Argentina, preguntando a sus lectores por qué luego de un primer momento exitoso el número de contagios y muertes en el AMBA escala

Fuente:  Edgardo Mocca| El Destape Fecha: 20 de junio de 2020 La deriva que asuma el “caso Vicentin” será un test para la democracia argentina. Una vez más el poder judicial acaba de bloquear una decisión política de gobierno tomada en ejercicio legítimo de su poder. En los años de gobierno de Cristina Kirchner esa práctica se apoyó sistemáticamente en dos pilares, el recurso cautelar que suspendía la aplicación de una determinada ley o de una decisión del poder ejecutivo y por la impugnación a la constitucionalidad de esas decisiones. Así fue, por ejemplo, en el caso de la ley de comunicación audiovisual que postergó largamente su aplicación y anuló de hecho el artículo que obligaba a los oligopolios del sector a “desinvertir” hasta  colocarse en condiciones de aceptar la competencia en el sector. El juez Lorenzino ha incorporado una innovación: se abstiene de pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 522 dictado por el actual presidente; lo “deroga” de facto al fallar que permanezcan en sus cargos las actuales autoridades de Vicentin.  El interrogante más inmediato que abre este insólito fallo tiene que ver con la voluntad política del gobierno para abrir paso a un rumbo públicamente anunciado por el presidente, orientado a “rescatar” la empresa previamente vaciada por sus administradores y a evitar su desguace o su desnacionalización. Como se sabe, la decisión del presidente ha sido la de ensayar una suerte de plan “b” que consiste en la conformación de una empresa mixta, en la que, según explicó el presidente, el estado tiene que reservarse el poder de decisión. Si los tribunales bloquearan esta alternativa, volvería a funcionar el proyecto de someter la expropiación de la empresa a la discusión parlamentaria. El presidente acaba de afirmar que se trata de dos caminos alternativos para asegurar que el Estado se ponga al frente de esa empresa a la que considera vital para la regulación del comercio agrícola. En los próximos días se verá si efectivamente esa voluntad de intervención estatal se verifica. Pero lo que está en juego no es solamente la suerte de un conglomerado empresarial. El interrogante más importante que este caso plantea es la viabilidad de un proyecto político transformador en el actual contexto institucional. Está claro, dicho sea de paso, que las instituciones argentinas resultan muy funcionales a los proyectos neoliberales; la experiencia del macrismo lo evidencia de modo abrumador. Ninguna ley aprobada en un Congreso en el que la derecha y sus aliados circunstanciales impusieron su circunstancial mayoría, ni siquiera los abusivos decretos presidenciales (uno de los cuales llegó a designar jueces en comisión a la corte suprema de justicia) sufrieron inconvenientes mayores en el poder judicial. El argumento de que se trataba de un gobierno apegado al estado de derecho nunca fue muy sustentable, pero hoy cuando asistimos a la revelación de la metodología mafiosa para espiar y perseguir opositores simplemente provoca risa. Está claro que la institucionalidad “realmente existente” en Argentina es refractaria a los cambios en un sentido popular y complaciente con los designios de los sectores más poderosos de la sociedad. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. Ese estado de cosas plantea interrogantes a la hora de establecer una estrategia transformadora. El actual proceso político es hijo de dos circunstancias políticas que confluyeron: el desastroso resultado de la gestión de Macri y la decisión de Cristina de facilitar el proceso de unidad del peronismo y la oposición con su propuesta para la fórmula presidencial. En el momento de su decisión, la ex presidenta subrayó la necesidad de que la coalición de gobierno debía ser incluso más amplia que la unidad electoral. Ese es el tiempo que vivimos. Alberto Fernández trata cordialmente a todo el mundo. Lo explica todo, lo admite todo. Incluso que una periodista impertinente lo trate como si estuviera hablando con un par (todas las personas merecen respeto, pero en este caso la persona era el portador de la más alta representatividad institucional). Muy difícilmente haya otro político con la capacidad de desarrollar el rol de la unidad nacional, de la tolerancia y el respeto institucional. Así y todo, el establishment se dedica a tiempo completo a través de sus herramientas mediáticas a desgastar sistemáticamente su figura. Sea como un autoritario cínico que oculta sus verdaderos propósitos o como una marioneta de la ex presidenta.  Es posible –y comprensible- que la emergencia sanitaria que vivimos haya demorado la puesta en marcha de una agenda de reformas anunciadas ya por el presidente o por altos dirigentes del espacio que gobierna: impuesto a las grandes fortunas, reforma judicial  y legalización del aborto entre otras. Sin embargo, la discusión sobre Vicentín y la deriva todavía incierta de su desarrollo ponen sobre la mesa un interrogante. Y ese interrogante no concierne solamente al presidente sino a las fuerzas políticas y sociales que resistieron al macrismo y consiguieron el triunfo de una promesa de cambio de rumbo. ¿Cuál es el límite dentro del cual se puede compatibilizar la necesidad de cambios muy profundos en la distribución de los recursos en Argentina, con el diálogo y la conciliación política? Cada vez está más claro que lo que cierto periodismo mediocre nombra como “grieta” no es solamente el resultado del carácter individual de algunas personas que ocupan u ocuparon cargos importantes. Que detrás de ese decorado hay un problema muy viejo de este país, que es que hay un bloque social poderoso -dueño de grandes superficies de tierra, de fortunas financieras, de los principales medios de producción y comunicación y hegemónico en la educación- que no acepta el más mínimo condicionamiento de sus privilegios. Que considera que el gravamen a las grandes fortunas es un agravio a la sacrosanta propiedad privada. Que intervenir una empresa destruida por la enfermedad de la especulación financiera es un ataque a los “productores privados”. Que regular democráticamente la comunicación es negar la libertad de opinión.  Que luchar por una reforma del régimen de propiedad de