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CFK, el fórum shopping y los cuadernos que no son

Fuente: Rodolfo Yanzón | La Tecl@ Eñe Fecha: 24 de AGO 2018 El 22 de agosto pasado el Senado debatió si autorizaba el allanamiento pedido por el juez Claudio Bonadío a las propiedades de Cristina Fernández y el proyecto como “extinción de dominio”. La medida solicitada por el juez no tiene ningún objetivo investigativo ni judicial, sino el exclusivo propósito de cincelar el monstruo diabólico —del que días atrás habló el funebrero Luis Barrionuevo— para exhibirlo por todos los medios de comunicación con miras a las próximas elecciones. Se trata de una acción más en el entramado que se dio en llamar el “caso de los cuadernos”, iniciado a partir de la gestión de un periodista del diario La Nación con el Fiscal Carlos Stornelli –relacionado con Mauricio Macri, Daniel Angellici y Rafa Di Zeo- para introducir irregularmente copias de cuadernos en una causa preexistente. Lo que se conoce como “fórum shopping”, elegir el juez de manera irregular. Y nada mejor que Bonadío, que acumula cinco procesos contra la ex Presidenta y una clara animadversión de la que todos los jueces de instancias superiores se han hecho los tontos. A través de Bonadío, la DAIA y dirigentes del PRO reabrieron la causa por el acuerdo con Irán. Y nadie en su sano juicio podía pensar que no derivaría en procesamientos a granel, entre los que se encuentra el de CFK, además de su pedido de detención por el que pidió su desafuero. Mas allá de que el delito principal de traición a la patria fue dejado de lado por la Cámara Federal al confirmar los procesamientos, habrá un juicio oral en el que CFK deberá sentarse junto a sus consortes de causa, aunque se trate de un juicio condenado a la absolución de los acusados, porque no hubo delito, y todos lo saben, pero también se hacen los tontos para mantener con vida la operación mediática y judicial. Más grave aún es que después de esa causa todo es posible en el mundo judicial mediático, sobre todo si se cuenta con los esfuerzos de Bonadío. Los cuadernos que no existen son una muestra, sobre todo porque Bonadío y Stornelli cuentan con que en lo sustancial sus actos serán confirmados por los camacristas federales. Regresando al debate en el Senado, aunque CFK revalidó títulos con un sector importante de la sociedad que la considera su líder política, hay puntos que CFK no puede, no quiere o se le hace difícil explicar. Al lanzar la pregunta al resto de los senadores acerca de si creían en serio que la cartelización de la obra pública había comenzado en mayo de 2003, CFK reconoció que la cartelización continuó durante los doce años posteriores, ocho de ellos bajo su mandato. Entonces la pregunta es qué hizo por terminar con esos nichos apetitosos de corrupción. Y la segunda pregunta es por qué motivos se mantuvo como ministro del área a Julio De Vido y su equipo, desde el primero hasta el último día kirchnerista (para limitarnos a las preguntas directamente relacionadas con la causa de los cuadernos que no son cuadernos). CFK señaló a los responsables de esa cartelización, entre los que incluyó a los Macri; se refirió a la interna peronista sin dejar de deslizar que unos cuantos jamás llegarían a presidente por el voto popular aunque a ella la partiera un rayo. También recordó la reunión que mantuvieron Stornelli, Macri y su primo Angelo Calcaterra para hablar de los acuerdos espurios preexistentes. Algunos dicen que comenzó su periplo como candidata, reivindicando puntos de su gestión y resaltando sus objetivos políticos para contraponerlos a los del macrismo. Miguel A. Pichetto le dijo que no se preocupara, que iba a poder ser candidata, adelantando la opinión de todo el PJ en cuanto a que no prosperaría ningún pedido de desafuero en su contra. Otros dicen que al macrismo le conviene que CFK continúe en libertad. CFK, como contestándoles, dijo que no era ella el problema del gobierno, sino ellos mismos y sus políticas espantosas. Este cuadro podría alimentar en un sector del oficialismo la idea de trabajar por un escenario con CFK presa (Pichetto tendría la llave), sobre todo si funcionarios como Mario Quintana dicen que es buena noticia la caída del salario real, pero que no se puede anunciar porque los perjudicaría en lo político. A esta altura y según encuestas de los últimos días, Macri perdería en un ballotage con CFK, a pesar de su imagen negativa. El proyecto llamado de extinción de dominio fue modificado y volverá a Diputados. El macrismo insistió en su propio proyecto con fuerte tufo videlista. De hecho, uno de los que habló en el recinto para sostener la postura de su bloque fue Federico Pinedo, quien durante los ochenta y ya en gobierno de Raúl Alfonsín, iba por los programas de televisión reivindicando a la dictadura genocida. La causa de los cuadernos que no son se sostiene a partir de un método extorsivo utilizado desde hace tiempo con los pobres y ahora Stornelli y Bonadío lo usan con los del poder real, que nunca pensaron ir en cana, tanto como que jamás las cárceles fueron creadas para ellos. La extorsiva invitación a declarar a cambio de libertad dejó una frase que navegó las redes sociales, balbuceada por el abogado Cúneo Libarona: “Si Sergio Taselli no sale en libertad en breve va a mentir o involucrar a alguno”. Después de la causa por el pacto con Irán todo es posible. De este modo, que se encuentren o no los cuadernos es sólo un detalle baladí, que no por ello impide al macrismo a ponerse la cocarda que no merece, la de honestidad, y echar culpas a esos cuadernos que no son por la situación imperante o a la pesada herencia, que en definitiva para ellos es lo mismo. Pero no es la pesada herencia ni CFK el problema, sino sus políticas espantosas y elitistas, desinvirtiendo en áreas sensibles como la investigación científica y la educación, y vilipendiando a sindicatos y

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Ana Castellani: “No hay manera de que los empresarios finjan demencia”

Fuente: Carlos Romero | Revista Zoom Fecha: 22 de AGO 2018 A fines de 2015, Ana Castellani –doctora en sociología, investigadora del Conicet y docente– fue una de las intelectuales que adelantó con mayor detalle las consecuencias económicas que tendría la llegada de Mauricio Macri y su proyecto a la Casa Rosada. El 29 de octubre de aquel año, antes del balotaje, publicó un tuit que, visto desde el ahora, sorprende por su exactitud predictiva: presagiaba la devaluación del peso y la suba del dólar, el aumento de precios y tarifas; las caídas del salario, el consumo y el mercado interno, la apertura importadora y el cierre de pymes, la fuga de divisas, el ajuste del Estado, la toma de deuda y el rumbo económico dictado desde el exterior, así como el retroceso en jubilaciones y en políticas culturales, científicas y sociales. De todos modos, Cambiemos logró sorprender a Castellani. “Jamás me hubiera imaginado que, tan rápidamente, iban a llegar a este nivel de inconsistencia macroeconómica, que no sé cómo se puede sostener, no hasta las elecciones del año que viene, no sé cómo se puede sostener hasta fin de año”, advirtió. Coordinadora del Observatorio de las Elites Argentinas y directora de la Maestría en Sociología Económica de la Universidad Nacional de San Martín, Castellani integra el Grupo Fragata, donde diversos intelectuales y académicos críticos del oficialismo, analizan la situación del país y buscan aportar a una propuesta opositora. En una escena política, judicial y mediática copada por los cuadernos de Centeno, la investigadora consideró que, en esta oportunidad y a pesar de la estrategia de los arrepentidos, “no hay manera que los empresarios finjan demencia”. Sostuvo que “la colusión público-privada en torno a la obra pública existe desde los 60, no desde ahora”, con “jugadores muy pesados” que no pueden decir que fueron “pobrecitos extorsionados”. – ¿Cuál considera la clave para evaluar a la gestión Cambiemos? – Siempre, para evaluar a un gobierno, miro la orientación de sus políticas públicas, y estas no las comparto para nada, porque veo que benefician exclusivamente a unas pocas fracciones, incluso del capital, y perjudican a otras y a la gran mayoría de los argentinos, que somos los que vivimos de nuestros trabajos, en su múltiples formas y relaciones laborales. Esta orientación de las políticas públicas es el principal problema, porque apuntan a una distribución regresiva del ingreso, hacia un shock de precios relativos que benefician a tres sectores: bancos/finanzas, agroindustria, y energéticas y mineras. Es lo más grave del gobierno de Macri y sus efectos son clarísimos: los grandes perjudicados en estos tres años hemos sido los trabajadores. – ¿Esto tiene que ver con que el deterioro del salario es una condición que le conviene a los sectores favorecidos por la política del oficialismo? – A todos, a la larga, no, porque una parte importantísima de la producción local está volcada al mercado interno. Si estás acogotando la demanda interna, ¿con qué traccionás? En la demanda tenés tres componentes claves para que traccionen: el consumo; la inversión, pública o privada, o las exportaciones. El poder adquisitivo de los salarios en el año uno tuvieron un sablazo; en 2017, más o menos, empardaron a la inflación, pero la mayoría de los trabajadores no recuperó lo perdido en 2016, y en 2018 vamos derecho a una pérdida clarísima, a lo que se suma la destrucción de puestos de trabajo y el reemplazo en el sector privado formal con monotributo social, una instancia mucho más precaria. Si en 2018 ya tenemos esta situación, el consumo interno no va a ser el motor. La gran apuesta era la inversión y tampoco se da, porque el sector público la traccionó en 2017 pero ahora ya no puede hacerlo por el ajuste fiscal que se le impone. ¿Y por qué? Porque la medida número uno, que para mí es el error más grave y además totalmente buscado, es la salida del cepo. – ¿Qué efectos desencadenó esa política? – Significó desregular la Cuenta Capital y todo lo que tenga que ver con tasas de interés, comisiones y más en el sistema bancario y financiero, encareciendo mucho ese costo, asfixiando a las productoras locales. Se le suma la apertura de importaciones, el deterioro del salario real y una política monetaria del Banco Central en 2016 y 2017 de esterilizar la deuda que se toma, emitiendo deuda en pesos a tasas altísimas de corto plazo. Es la bomba de Lebacs que están tratando de desarmar, cambiándola por Letras del Tesoro en dólares, y ni siquiera lo logran por completo y eso presiona sobre el tipo de cambio… – La descripción suena a una tormenta perfecta. – Hoy estamos en el peor de los mundos. Jamás me hubiera imaginado que, tan rápidamente, iban a llegar a este nivel de inconsistencia macroeconómica, que no sé cómo se puede sostener, no hasta las elecciones del año que viene, no sé cómo se puede sostener hasta fin de año. Realmente es muy preocupante. – Sin embargo, el reflejo político y social no es aún un escenario tipo 2001. – Que la estás pasando mal y que esto va mal, no te lo tiene que venir a explicar nadie, porque lo vivís todos los meses. Cómo se traduce ese malestar en términos de interpretación y acción política, eso es otra historia y es donde aparecen los intelectuales, los políticos o los comunicadores sociales tratando de ponerle sentido, brindando alternativas. Porque la persona que va al trabajo todos los días o está angustiada porque lo perdió, ve cuál es la situación, pero no necesariamente tiene por qué saber las causas macro que generaron eso. – ¿Ahí es donde se introducen discursos como el “se robaron todo”? – Habrá algunos que crean que todo es porque se robaron un PBI, cosas insólitas, que ya de por sí son falacias en sí mismas. Nadie se puede robar un PBI, nadie tiene idea de lo que es un PBI. O lo de 60 millones de dólares en bolsos.

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Jueces a la carta

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 12 de AGO 2018 Luego de asesinar a varias esposas, Barbazul pidió un juicio justo. El tribunal que debía juzgarlo, a criterio del acusado, debía estar conformado por Carlos Monzón, O. J. Simpson y la madrastra de Blanca Nieves. El abogado de una de las familias de una de las esposas asesinadas le recordó al poder judicial que el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que “ningún habitante de la Nación puede ser… juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. También le recordó al sufrido abogado que un juez no puede tener interés en el resultado de la causa que juzga. El selecto tribunal conformado por Carlos Monzón, O. J. Simpson y la madrastra de Blanca Nieves rechazó la recusación del abogado en duros términos, llegando a decir que lo dicho por el abogado afectaba su buen nombre y honor como tribunal. Entonces el abogado recurrió a la Cámara de Apelaciones y realizo el mismo planteo y la Cámara razonablemente le hizo lugar y cambio el tribunal por un tribunal que no estuviese tan involucrado en hechos de violencia de género. Lo anterior es un mal cuento de hadas, aun con final razonable. Debo señalar que los refutadores de leyendas – o de cuentos de hadas— de Quilmes han copado el poder judicial argentino. Y es claro que ya no está el único hombre sensible de Flores en ese Poder Judicial. Y ya no hay finales razonables en la Argentina real. No al menos en el Poder Judicial. Voy a contarles una historia de estos días. Que no es razonable. Hay un fiscal que se llama Stornelli. Ese fiscal fue apartado de una causa que se llama Río Turbio, porque imputó a Roberto Baratta con unos convenios que NO estaban firmados por Baratta. Entonces el juez de la causa resolvió apartarlo por haber sido parcial con el imputado. Eso pasó en marzo de 2018. Los diarios de la fecha dan cuenta de que Stornelli no estaba particularmente feliz con la decisión de ser apartado. El 26 de marzo de 2018 Stornelli se tomó un café en su casa con un periodista de La Nación que se llama Diego Cabot, que le contó una historia que involucraba unos cuadernos mágicos que contaban el circuito de la corrupción K, escritos por el chofer de Baratta. Stornelli le propuso que le presentara la denuncia en su fiscalía. De onda. Y Cabot fue y presentó la denuncia. El 12 de abril de 2018. La denuncia señalaba como principal imputado a… Roberto Baratta.  Todo el sistema no parece muy formal, ¿no? No, y no lo es. Tampoco parece correcto que un fiscal apartado por ser parcial  tome una denuncia contra la persona que lo apartó. No lo parece y no lo es. Cabot le dio a Stornelli unas fotocopias de los cuadernos. Con esas fotocopias Stornelli fue a visitar al entrañable juez Claudio Bonadío. Y Bonadío sonrió. Pero dejó de sonreír cuando se preguntó como haría para ingresar esa causa a su juzgado. Entonces se acordó de una mujer, la esposa del chofer que habría escrito los cuadernos. Ya una vez la mujer había presentado una denuncia en lo de Bonadío. “Recórcholis”, habrá dicho al recordar que esa vez no tomó esa causa, sino que, con toda corrección, la mandó a sorteo. “Ves, eso me pasa por cumplir una vez con la ley… la reputa madre… Traela a declarar”, le habrá ordenado a alguien. Y así Bonadío es el juez que se hizo forum shopping a sí mismo. Esa es la historia de como un fiscal que no podía intervenir y un juez que no había sido sorteado como manda la ley se quedaron con la causa. Con lo que no se quedaron, sorprendentemente, ¡es con los cuadernos!, donde el arrepentido se rearrepintió y los quemó, aunque ni usted ni yo ni nadie lo crea realmente. Mi amigo Pablo Slonimsqui en el libro que hay que comprar estos días – Forum Shopping Reloaded—  hace un catalogo de intervenciones más o menos encubiertas de los servicios de inteligencia para influir en la justicia: Querido Pablo, deberías agregar: Escribir cuadernos, fotocopiarlos y luego quemarlos… Pirueta feroz, que no se le ocurrió ni a Mata Hari. Vamos a señalar que las fotocopias no son pruebas en si mismas, son indicios que NO tienen el valor del original, pero que pueden servir como un elemento para orientar la investigación, en palabras de Zaffaroni. El detalle de cómo Stornelli y Bonadío orientaron la investigación es por cierto curioso. Detuvieron a varios ex funcionarios y a varios empresarios. Buscando que un finde en la alcaldía de Comodoro Py los ablandase. Y en efecto lo consiguieron, porque varios empresarios “se quebraron” y solicitaron acogerse al régimen de arrepentido. Mas curioso fue el caso de empresario Ángelo Calcaterra, que no fue detenido y que organizó su declaración en forma conjunta con el fiscal de la causa el sábado anterior a presentarse y declarar (¿?). Deben ser las ventajas de ser un primus – no inter pares, solo un primus—, deben ser. Cosas que si las hubiese sugerido como posibles a mi profesor de derecho procesal penal, me habrían mandado de vuelta a casa con orden de volver en el próximo turno de examen. Detalle delicioso que demuestra lo que es una investigación parcial tanto en lo periodístico como en lo judicial son dos nombres que aparecen en el cuaderno y que fueron omitidos tanto por Cabot como por Bonadío en primera instancia. El primero de ellos es el de Paolo Rocca, dueño de la más importante empresa que actúa en la Argentina que se llama Techint. Sí, en los cuadernos aparece Techint, pero se ve que no revestía interés periodístico el detalle. Ni judicial, para el caso. La convocatoria a un ejecutivo de Techint fue recién efectuada luego que se hiciera publico que aparecían en las fotocopias. El otro nombre misteriosamente no visto ni por La Nación ni por la

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La quimera de la transición

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 12 de AGO 2018 No hay nadie en la Argentina que se atreva a augurar un futuro exitoso para el gobierno de Macri. Tal vez si le preguntan a Alejandro Rozitchner puede ser, pero hablamos de gente que interactúe más o menos razonablemente con la realidad. El presidente y la coalición que lo sostiene han entrado en una franja de evidente descomposición política; no hay un solo pronóstico positivo en materia de inflación, salarios, ocupación, balanza comercial, crecimiento industrial. Nada de nada. La política de la mentira y la manipulación toca su límite. Hay algo en la escena política a partir de los últimos días que adelanta, o por lo menos insinúa, un corrimiento táctico de algunos sectores del poder. La explosión de los cuadernos Gloria parece tener algo que decir en esta cuestión. La puesta al rojo vivo de la vieja cuestión de los negocios espurios con la obra pública no puede dejar de ser observada desde un punto de vista distinto de la alharaca mediática: ¿nada menos que la relación entre el estado y las empresas de la construcción es lo que está en el centro de la escena?, ¿en medio del gobierno de una persona de apellido Macri? La verdad es que el gobierno estaba necesitando como el pan algún asunto que lo sacara de la asfixia discursiva y política: ¿cuánto tiempo podría el presidente pasar llamando a conferencias de prensa en medio del derrumbe, en las que sus frases no pudieran pasar el nivel del célebre Chance de la novela “Desde el jardín” de Koszinsky? Hay que reconocer el mérito del ejército de manipulación psicológica que, según es fama, dirige Durán Barba. Pero la mentira puede jugar un papel en un proyecto de dominación hasta un cierto límite. Necesita, tarde o temprano, de algún elemento material y real que le provea cierta legitimidad. Menem hizo una contrarrevolución neoliberal en la Argentina y logró revalidarse y ser reelecto; pero Menem contó con un conjunto de condiciones precariamente favorables. Tenía un sector público de la economía que liquidar a cambio de la apertura de la canilla del endeudamiento. El proyecto (el saqueo) duró todo el tiempo que la canilla se mantuvo abierta. Después voló por los aires, en las lamentables manos de De la Rúa y la primera alianza. Macri no tiene promesas que hacer a la sociedad argentina. No se puede llamar promesa a decir que los argentinos gastamos más de lo que producimos, que hay que gastar menos y producir más. Todo el mundo sabe que cuando escucha en su familia decir una frase así se vienen tiempos terribles. Políticamente la frase equivale, como además se dice enfáticamente, a borrar siete décadas de historia. Pero no es solamente la historia argentina que empieza con el primer peronismo. Es borrar la historia del mundo después de la segunda guerra mundial. La historia del estado social, la historia de los derechos laborales y sociales, la historia de la promesa de que los hijos vivirían mejor que los padres. La memoria no se suprime por una conferencia de prensa. He aquí que el chofer de un ex funcionario público irremediablemente kirchnerista llena de palabras un montón de cuadernos, los difunde a través de un periodista y después los quema, o cree haberlos quemado. El heroico periodista luce como el autor de la investigación. ¿Qué investigación? Lo que siguió -en el momento en que los autores de la operación consideraron oportuno- fue un operativo infernal, de estilo nazi. Muchos presos, muchos “arrepentidos” (ninguno de los cuales se arrepiente tanto de su conducta como de su relación, real o supuesta, con Néstor y Cristina Kirchner). Todo apunta a la prisión de Cristina Kirchner, el móvil principal por el que viene trabajando el establishment argentino y sus referentes globales por lo menos desde principios del año 2008. Hasta aquí todo bien para Macri. Porque hay otro tema del que hablar, sin tener que explicar la caída de la industria, la caída del salario, la caída del empleo, la subida de los precios, la subida del dólar. Más aún algún comentarista económico eufórico por la buena nueva ha escrito (dónde, si no en Clarín) que la economía argentina ha entrado en una zona problemática a causa de la falta de confianza internacional que provocan ¡los cuadernos del remís! Sí, adivinó el lector, lo sugiere Bonelli en su columna semanal, el mismo que llamaba a confiar en Cavallo, en De la Rúa y en el FMI allá por los finales de 2001. Macri participa de la euforia, pero hasta cierto punto. Sabe que no es lo mismo el operativo clamor contra Cristina que su suerte en el futuro inmediato. Encuentra que hay más de uno que se prueba las ropas que va a dejar. Que ha aparecido un nuevo relato en esta Argentina tan relatada. El nuevo relato se quiere parecer a uno viejo que ocupó el centro de la escena en medio del derrumbe de la primera alianza. Dice así: hay un solo enemigo y es la corrupción. Los políticos (todos) agitan falsas banderas para justificar sus injustificables ingresos. Hablan de proyecto nacional y popular, de reivindicaciones sociales. Pero no sólo eso, también hablan de cambio, de transparencia, de pobreza cero… Hay que salir de los gobiernos “ideológicos”. Hay que construir un centro político de naturaleza moral y de pericia técnica. Ese centro político tiene que guiar una transición. Es necesario formar un “gobierno de transición”, un “gobierno técnico” como usaba la política italiana antes de que los italianos castigaran despiadadamente en las urnas a su clase política. Hay que encontrar la figura que encarne ese gobierno que esté por encima de la política. Son muchos los candidatos. Puede ser cualquiera, lo único imprescindible es que no tenga sospechas de cercanía con Cristina Kirchner. Y cada vez es más difícil que tenga chances alguien que forme parte de las cercanías de Macri. Por ahora, es decir mientras las variables económicas se mantengan dentro de un

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Derechos y ajuste

Fuente: Carlos Heller | TiempoAR Fecha: 12 de AGO 2018 Las políticas de ajuste y el incumplimiento (y no reconocimiento) de los derechos son dos caras de la misma moneda. Esta es una de las tantas conclusiones que pudieron extraerse esta semana en torno al debate por la interrupción voluntaria del embarazo. Un capítulo más de un histórico proceso que no finalizó con el rechazo en el Senado y que seguirá tomando cada vez más impulso. El tema está más instalado que nunca y forma parte de la lucha de amplios colectivos sociales por el respeto a las justas e impostergables reivindicaciones de género. El impulso es tal que hasta hubo manifestaciones de apoyo fronteras afuera. A pesar de la negativa de los senadores, no hay que perder de vista lo conseguido en la Cámara de Diputados, un ámbito donde las votaciones expresan mucho mejor las relaciones de representación y proporcionalidad. Por eso, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de tiempo, y seguramente volverá a tratarse en el Congreso ni bien los tiempos reglamentarios lo permitan. Este debate, finalmente va a terminar instalando nuevos derechos. El balance es positivo, entre otras razones porque deja en evidencia el papel clave que posee la movilización popular para la ampliación y defensa de los derechos. Algo coherente con la importancia de la resistencia ciudadana para el rechazo de las políticas que limitan derechos o recortan beneficios. La relación entre ajuste e impacto en los derechos quedó clara en la postura del gobierno en cuanto a este tema. María Eugenia Vidal afirmó: «Si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada». Según la gobernadora: «Las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con la operación oncológica». Sin ánimos de personalizar, ni de discutir sobre los aspectos que pertenecen al plano médico, estas declaraciones no hacen más que escudarse en un típico principio conservador del manual neoliberal, bautizado como «la planilla de Excel»: sostener los límites presupuestarios cueste lo que cueste. A partir de esta visión resulta habitual que en temas como salud y educación, las necesidades compitan entre sí por el presupuesto. Lo que nunca es natural es que ese presupuesto se recorte y subejecute, tal como ocurre actualmente. En el límite, la fórmula es perversa: cuanto mayor sea la pérdida de derechos, más alivio sentirán quienes estén decididos a ajustar. Sin embargo, la política del recorte permanente tiene efectos concretos, tal como lo fue la explosión en la escuela de Moreno, donde murieron la vicedirectora y un auxiliar como consecuencia de estas políticas, que no afectan a todos los sectores por igual. El doble estándar de las autoridades es preocupante. Mientras las menores obligaciones para realizar gastos de tipo social generan alivio entre los ajustadores, no parece que aumente la angustia ante el creciente peso de los intereses de la deuda. Según los números de consultoras privadas, si a fines de 2015 el 7,9% de los recursos del Estado se destinaba al pago de intereses, en 2018 la partida llegará al 15,5%, casi el doble. Es una consecuencia del aumento de la deuda y de la depreciación del tipo de cambio (que repercute en la parte de la deuda en moneda extranjera). El derrotero del ajuste En una semana agitada, en la que el histórico debate sobre la legalización del aborto compartió la portada de los principales diarios con el tema de los «cuadernos», se sucedieron otros hechos que no se pueden dejar de mencionar. Las autoridades del gobierno nacional, en forma unilateral y sin tomar en cuenta las opiniones de sindicatos y empresarios del sector privado reunidos en el Consejo Nacional del Empleo, decidieron un aumento del salario mínimo vital y móvil (SMVM) del 25 por ciento. Como este incremento será abonado en 4 cuotas, este 25% se hará efectivo recién en junio de 2019. De esta forma, el SMVM que se utiliza como parámetro para el cálculo de los salarios docentes, para el haber mínimo jubilatorio por la vía del 82% móvil (excluidos quienes ingresaron por moratoria) y para las asignaciones sociales, queda en un nivel que va bien por detrás de la variación de precios al consumidor. En efecto, mientras que la inflación estimada para diciembre 2018 está por encima del 31%, los salarios mínimos habrán aumentado sólo un 27,5% para ese entonces. Esta situación no es una novedad. Desde diciembre de 2015, el poder adquisitivo del SMVM cayó un 12 por ciento. El haber mínimo de los jubilados también vio afectado su poder de compra con la aplicación de la nueva fórmula de movilidad, implementada a través de la «Ley de Reparación Histórica». Estas percepciones se habrán incrementado un 27% a fines de 2018. Los más perjudicados serán aquellos que hayan ingresado al régimen de moratoria previsional, una posibilidad que durante la gestión anterior se les brindó a aquellas personas que por alguna razón no pudieron completar sus aportes. En un acto inequitativo, el actual gobierno decidió no incluirlos en el bono extraordinario de $ 750 del mes de marzo, ni tampoco en el régimen del 82% móvil. Así las cosas, estos jubilados tendrán a diciembre de este año un incremento de sólo el 21,7% (es decir unos 10 puntos porcentuales menos que la inflación estimada). El gobierno nacional también decretó el recorte en montos y beneficiarios de las asignaciones familiares que reciben los trabajadores con menores salarios. La medida fue suspendida por 30 días dada la gran resistencia social que generó. Sin embargo, es interesante analizar algunos de los argumentos utilizados para, por ejemplo, recortar el adicional por zona desfavorable. Desde el gobierno se argumentó que las provincias pagan un plus menor a los hijos de un trabajador que está bajo su jurisdicción que si el pago proviene de la ANSES (El Cronista, 09.08.18). A partir de allí el gobierno nacional aprovecha para equiparar eliminando el plus que paga. Una clara idea de «equilibrar hacia abajo», sin

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Las páginas no escritas del cuaderno

Fuente: Irina Hauser y Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 12 de AGO 2018 La ex presidenta estará mañana, a las 10, frente al juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Como anticipó Página/12 entregará un escrito, no aceptará preguntas porque considera que ni el magistrado ni el fiscal están habilitados para llevar adelante la causa dado que ya han sido denunciados en forma reiterada por enemistad manifiesta. En el texto, CFK describirá la persecución que sufre desde hace más de dos años, volverá a insistir en que se debe hacer una auditoría de la obra pública —ya lo planteó reiteradamente— para verificar si existe alguna irregularidad y repetirá que no integró ni lideró ninguna asociación ilícita. Tras cartón, se irá sin saludar al juez porque, como ya tiene dicho, «no lo saludo ni por escrito». La senadora es prácticamente la última en la lista de indagados, aunque falta que declaren algunos de los recientes detenidos. Esto hace pensar que en unos diez días Bonadio dictará los procesamientos —siempre que llama a indagatoria, procesa— y todo indica que volverá a pedir la detención de Cristina en esta causa. El titular del bloque el PJ en el Senado ya ha dicho que no habrá desafueros sin que exista un juicio y una condena, pero volverán a presionar, porque en el trasfondo está la idea de sacar a Cristina de la carrera electoral. Puerta giratoria Resulta curioso que los comunicadores que se pasan las horas quejándose de la supuesta puerta giratoria que existe para los sospechados de delincuentes, ahora no se quejen por la puerta giratoria de los empresarios. La realidad es que la prisión de los dueños de las empresas se ha utilizado pura y simplemente como extorsión: el que se arrepiente, aunque no presente prueba alguna, se va a su casa. Los otros se quedan en Ezeiza. El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que es también profesor universitario de derecho penal, se indignó esta semana con el uso de la alegoría de la sortija. O sea, que el fiscal haya conminado a los empresarios a arrepentirse porque las sortijas son pocas. «Esto es muy grave. ¿cómo se va a hablar de que uno tiene que ser hábil o veloz para agarrar una sortija –-dijo Fernández–. ¡Estamos hablando de justicia!» Club Uno de los empresarios que durmió en su casa fue Carlos Wagner, titular de Esuco, y ex presidente de la Cámara de la Construcción. Según lo que hicieron trascender desde la fiscalía y el juzgado, Wagner dijo que entre los empresarios pactaron quién ganaba cada licitación, qué precios se ponían y el ganador pagaba una supuesta coima a Julio De Vido. Habrá que ver el texto real de su declaración y no lo que fiscalía y juzgado filtraron. Lo que llama la atención es que con ese «arrepentimiento» Wagner se haya ido a su casa, si se compara con los que todavía siguen en el penal de Ezeiza. Supuestamente confesó que en la Cámara se reunían, decidían quién ganaba cada licitación de obra pública y a qué precio. O sea que, según él, le robaron al estado en cada una de las obras, manipularon cada licitación y estafaron a la sociedad con sobreprecios en cada adjudicación. El delito se llama fraude en perjuicio del estado: de dos a seis años prisión. A eso se suma el grotesco delito de la asociación ilícita. Desde ya que no corresponde que ninguno esté preso sin juicio y sin sentencia, a menos que haya peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, y más grave todavía es que utilicen las detenciones como extorsión, pero a simple vista se ve que el que afirma lo que sea contra el gobierno anterior duerme en casa, mientras que el empresario que dice que no pagó nada o que aportó a la campaña por voluntad propia, se queda en la celda. Supuestamente confesaron la existencia del club del fraude en la obra pública; no pidieron ninguna prueba sobre las obras en que funcionó ese fraude, y con eso le extendieron el pasaporte a casa a Wagner. Orígenes La manipulación del expediente impresiona, empezando por el origen espurio, relatado en detalle por Diego Cabot, el periodista de La Nación. Se juntaron con el fiscal en un bar, luego en una casa y luego se hizo la denuncia. Todo porque Cabot conocía a Stornelli. El punto nodal es que debió sortearse, como corresponde, pero Stornelli –uno de los adalides anti-K de Comodoro Py– decidió quedarse con el expediente. Típico forum–shopping, elegir fiscalía y juzgado como en un shopping. Es verdad que las fotocopias de los cuadernos son un indicio. Pero resulta extraño que no hayan podido dar con ellos, siendo que tienen el material desde hace meses. Sería de importancia encontrar los cuadernos para peritarlos. El chofer dice que los quemó, pero no hay por qué creerle. Los periodistas Darío Villarruel e Iván Schargrodsky revelaron que Centeno fue declarado inimputable por la Cámara Federal de San Martín. Como contó este diario, el chofer fue exonerado del Ejército por haberle tirado una granada a un compañero que le hacía bullying en 1992. Fue juzgado por un tribunal militar, lo condenaron, pero apeló. Por eso intervino la Cámara Federal de San Martín que lo absolvió tras hacerle un examen físico y mental. Lo consideró inimputable. O sea que estamos ante una causa iniciada de forma irregular, con un grosero forum shopping, sobre la base de fotocopias del cuaderno desaparecido, de un chofer que anteriormente fue declarado inimputable en una causa. Aún así no deja de ser un indicio. De primera A partir de ese inicio irregular, detuvieron, por ejemplo, al número 2 de Iecsa, la empresa que fue del grupo Macri. No tiene explicación por qué no detuvieron al número 1, Angelo Calcaterra. Tampoco se explica cómo es que paseó por Comodoro Py después de hablar con el Presidente y pactar con los operadores judiciales que no lo iban a demorar más de una hora. Al día siguiente declaró Héctor Zabaleta, el número 3

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Los 35 puntos de Felipe Solá

Fuente: Ricardo Aronskind | La Tecl@ Eñe Fecha: 10 de AGO 2018 Hace unos pocos días el diputado nacional Felipe Solá, miembro aún del Frente Renovador, formación política que apoyó buena parte de las decisiones claves de este gobierno, se presentó en la Casa Rosada y entregó un documento con un breve análisis y 35 puntos de propuestas concretas para enfrentar la actual crisis financiera, externa, productiva y social. Sin duda se trató de una acción política para realizar una aparición pública llamativa, positiva desde el punto de vista propositivo –está en espejo con el verso macrista que el gobierno está dispuesto a escuchar propuestas- e instalarse como uno de los candidatos diferenciados del macrismo, y al mismo tiempo no embanderados en la pura crítica al actual gobierno. En la confección de la propuesta presentada por Felipe Solá colaboraron diversos especialistas, académicos e intelectuales del campo nacional y popular, que lograron abarcar un conjunto de puntos importantes para la coyuntura. Se trata, por supuesto, de una propuesta que no está destinada a ser aplicada. No hay ninguna posibilidad de que un gobierno de las características retrógradas y con compromisos estrechos con los principales factores de poder como el actual adopte este conjunto de medidas, aunque quizás se vea obligado, para controlar el caos que generó, a establecer algunas regulaciones y medidas de emergencia parecidas a las del documento. Las ideas generales: Sin pretender reseñar el documento, hay ciertos puntos que merecen atención. Se destacan tres rechazos muy significativos por su carácter estratégico: No al acuerdo con el FMI; No al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y No a la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Se trata de definiciones muy fuertes, que contradicen los planes estratégicos de la elite económica local. El objetivo de fondo de estos acuerdos con factores de poder externos (FMI, UE) es condicionar en forma permanente las políticas económicas argentinas más allá de quien gobierne en el futuro. La liquidación de FGS apunta tanto a vaciar el ANSES para preparar un nuevo negocio con las jubilaciones, como devolver a las grandes corporaciones las participaciones accionarias que aún posee el Estado en las mismas. Ya dentro de los aspectos afirmativos, aparecen propuestas redistributivas por la vía fiscal que implican aumentar y ampliar los impuestos a los sectores de altos ingresos (minería, IVA mayor a consumos suntuarios, patrimonio neto, ingresos, bienes personales), y disminuir la carga impositiva a los asalariados (incluyendo la famosa eliminación del impuesto a las Ganancias cuarta categoría). Es decir, un rebalanceo impositivo progresista, destinado a promover el consumo popular e indirectamente a ampliar el debilitado mercado interno. Estas propuestas contradicen toda la filosofía neoliberal de concentrar el ingreso para que los de arriba “inviertan” y así se genere crecimiento y empleo para los de abajo. Nada de eso se ha verificado en los dos años y medio de macrismo. Las mayores ganancias empresarias alimentaron una mayor fuga de divisas hacia el exterior. Complementando el impulso redistributivo, se promueven paritarias sin techo, alza del salario mínimo, paritaria nacional docente, y estrategias públicas para sostenimiento del empleo y el relanzamiento de “precios cuidados”. Además un incremento y mayor eficiencia en el gasto en salud. Estas medidas son absolutamente razonables y necesarias, porque se ha demostrado en este tiempo que aunque el salario caiga y el consumo popular se deprima, la inflación continúa por otras razones que tienen que ver con el poder de mercado de actores que concentran muy fuertemente la oferta. En materia de sector externo, se propone “cuidar los dólares” con mucha mayor intervención pública tanto en la administración del comercio exterior, como en el manejo del dólar por parte del BCRA; las divisas producto de las exportaciones tienen un plazo para ser ingresadas al país, además de proponer medidas para alejar a los capitales especulativos de muy corto plazo y un impuesto a los viajes al exterior. Se trata de medidas de mínimo sentido común, luego del despilfarro y el descontrol provocado ex profeso por el gobierno macrista. La actual crisis cambiaria, que no ha terminado, es el efecto directo de todo lo que el macrismo promovió desde el primer día de gobierno. Y aún hoy el gobierno persiste en no adoptar las regulaciones necesarias para enfrentar con más posibilidades el volátil escenario auto-generado. Para estimular la actividad económica, además de mejorar los ingresos de los asalariados, se propone destinar más fondos para obras públicas con fines sociales, habilitar más fondos para créditos y con tasas preferenciales a las pymes, y aplicar desde el Estado el “compre argentino”. Nuevamente se orientan recursos para promover y estimular el mercado interno, satisfaciendo al mismo tiempo necesidades sociales como la vivienda, la producción y el empleo. No perder actividades industriales es hoy muy importante, porque las restricciones a las importaciones producto del endeudamiento, harán muy necesaria la provisión local de determinados bienes. Como medidas en relación a los servicios públicos, se propone la desdolarización de las tarifas, lo que implica un severo conflicto con las empresas energéticas, y para las empresas que reciben subsidios, compromisos de estas empresas en materia de inversión. Ambas medidas se apartan de la práctica habitual argentina de no animarse a establecerle exigencias a las empresas privadas, en reciprocidad a los importantes apoyos que reciben desde el Estado. La desdolarización es otra medida sensata y razonable ya que el actual esquema de tarifas indexadas al dólar, a la inflación y a un precio elevadísimo del BTU, es explosivo y confiscatorio de usuarios y pequeños empresarios. Las implicancias políticas de las medidas: Una vez pasada una somera revista a los principales puntos, algunas reflexiones más generales: Se trata de medidas de emergencia, no de un plan de desarrollo. Apuntan a sostener una situación social sumamente preocupante, y de poner bajo control la grave situación fiscal, externa, productiva y social provocada por la actual gestión. Las medidas tienen un evidente sesgo popular, que apunta a socorrer a asalariados y pequeños empresarios, sostener el mercado interno y

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La marea verde ya entró en la historia de lucha por los derechos civiles

Fuente: Sergio Wischnevsky | Nuestras Voces Fecha: 10 de AGO 2018 Ninguna conquista civil fue fácil en Argentina. “Es más pequeño el cerebro de la mujer y pesa menos (…) La mujer, por esa función que la naturaleza le ha dado, no ha venido a participar como el hombre”, fue el argumento de un senador para oponerse al voto femenino en 1947, que ya había sido rechazado varias veces por el Congreso. El presidente Roca fue excomulgado por promover la educación pública. El primer texto de la ley de matrimonio civil fue literalmente fusilado. La Iglesia siempre fue conservadora y la UCR pasó de ser progresista a retrógrada. El PJ incoroporó a las mujeres a la vida política. Por eso una votación negativa en el Senado respecto al aborto legal no será derrota. La historia de la lucha de los derechos civiles ya tiene a las activistas de género como la marca del nuevo siglo. Los treinta y ocho senadores que votaron por rechazar la Ley de interrupción voluntaria del embarazo decidieron dejar que las cosas sigan exactamente igual a como estaban, constituyeron un frente conservador y reaccionario, y ni siquiera ofrecieron respuestas concretas a una de sus consignas más repetidas: “Salvemos las dos vidas”. Pero es así. Cada avance significativo en los derechos civiles a lo largo de nuestra historia encontró personajes que alzaron la voz para oponerse. Hoy nos causan el mismo efecto que una visita al sector de los dinosaurios en un museo de ciencias naturales. Ninguna conquista fue fácil y rápida. La Iglesia en más de un siglo se opuso a la ley de educación pública, de hecho excomulgo al entonces presidente Julio Argentino Roca por promoverla en 1884, se opuso y combatió el matrimonio civil, el voto femenino, la ley de divorcio, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, y siempre lucho contra la legalización del aborto. El radicalismo que nació como un partido progresista luchando por el derecho al voto universal, terminó siendo el que en mayor porcentaje en ambas cámaras voto por el simple rechazo. La Iglesia hegemonizaba los matrimonios en Argentina, la primera ley de matrimonio civil que tuvimos se instauró a nivel provincial, durante el gobierno de Nicasio Oroño en Santa Fe, en septiembre de 1867. La oposición fue de altísimo voltaje, los grupos defensores de la Iglesia y opuestos a la ley se reunieron en una plaza y decidieron ser muy gráficos: pusieron contra un árbol el texto de la ley y lo fusilaron. El tono religioso de este piadoso episodio se lo dio el Obispo de Paraná que mientras tanto ofició una misa. Tuvieron que pasar veinte años, hasta que recién en 1888 se modificó el Código Civil que instituyó el matrimonio civil. Los argumentos de los opositores denunciaron que se trataba de un ataque a la familia, a la tradición y a las mismísimas bases de la cultura y la sociedad, y quienes inicialmente se casaron por civil fueron señalados por sus vecinos católicos de ser parejas de hecho —cualquier cosa menos verdaderos esposos. La Ley Saenz Peña de 1912 fue la coronación de muchas luchas y revoluciones encabezadas por la naciente Unión Cívica Radical, el resultado fue la consagración del voto “Universal, secreto y obligatorio”. Se ha señalado, con razón, que mal puede catalogarse como Universal un voto que excluye a las mujeres. Sin embargo, para ser justos, hay que decir que la expresión refiere a lo que viene a combatir. Lo que expresó Juan Bautista Alberdi, figura muy influyente en nuestro texto constitucional, fue la «doctrina de la pureza del sufragio» o voto calificado, expuesto por el jurista en su libro Elementos de derecho público provincial para la República Argentina de 1853: “El sistema electoral es la llave del Gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio”. Todos los gobiernos electos antes de la Ley Saenz Peña tuvieron una escasa participación electoral, que en el mejor de los casos llegó al dos por ciento del padrón. El término “Universal” quiere indicar que los pobres y los analfabetos también podían votar. El 23 de septiembre de 1947 fue promulgada la denominada Ley de Enrolamiento Femenino (número 13.010), durante la presidencia de Juan Domingo Perón y el impulso de Eva Duarte. Se puso en práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, en la que votaron por primera vez  3 816 654 mujeres (el 63,9 % lo hizo por el Partido Justicialista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical). Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas, representando al Partido Justicialista. Esta ley coronó una larga lucha de las sufragistas que muchas veces llegó a tratarse en el Congreso, y tantas otras fue rechazado. En una de esas oportunidades, el Diputado Sanmartino por la UCR afirmó que si las mujeres participan en política “Perderán su femeneidad”. Como señala el historiador Fernando Rocchi, el debate en el Senado, que era totalmente peronista pues los dos senadores electos por Corrientes por los autonomistas y liberales, no fueron aceptados, tuvo lugar en el año 1946. El que se opuso al voto femenino fue el senador por Santa Fe, Armando Antille, quien dijo: “Es más pequeño el cerebro de la mujer y pesa menos” (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 21 de agosto de 1946, página 46), para agregar “Yo no creo en absoluto que la mujer sea igual al hombre. No lo es, antropológica, ni biológicamente. No lo es por su constitución ósea, ni por su constitución psíquica. La mujer ha nacido para realizar una función: la función maternal, nobilísima, a la que el hombre está ajeno. La mujer, por esa función que la naturaleza le ha dado, no ha venido a participar como el hombre en una vida de carácter social general. Tiene una

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Bajo la tutela de Washington

Fuente: Nilda Garré | El cohete a la luna Fecha: 29 de JUL 2018 El pasado lunes 23 de julio, el Presidente anunció una “profunda” reforma del sistema de Defensa Nacional, que tuvo su primera expresión en el Decreto 683/2018, que modificó el 727/2006 (reglamentario de la Ley de Defensa) y derogó el 1691/2006 (Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas). Esta decisión trascendental –que, a diferencia de las directivas sancionadas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, va a contramano del espíritu de las leyes vigentes– vulnera el esquema legal e institucional establecido en nuestro país desde el retorno de la democracia en 1983. Representa, en efecto, el punto de partida para intentar quebrantar el ordenamiento jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional N° 23.554 (1988), de Seguridad Interior N° 24.059 (1992) y de Inteligencia Nacional N° 25.520 (2001), compendio normativo que fue alcanzado con el más importante consenso multipartidario del que se tenga memoria y que se mantuvo a lo largo de treinta años. El tema fue prolíficamente analizado en los últimos días, de modo que simplemente conviene recordar cuáles son los ejes estructurantes de la medida y sus posibles consecuencias. En cuanto a los criterios ordenadores, cabe señalar que el decreto: habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y para responder a “amenazas externas”, aun cuando estas no provengan de un Estado, como podría suceder con el delito organizado transnacional, tal como es el caso, por ejemplo, del terrorismo. De este modo se hace caso omiso de la resolución 3314 (1976) de la Organización de las Naciones Unidas, que sostiene que “agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU”; promueve la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se adiestren y equipen para misiones de seguridad interior, lo que está vedado por nuestro sistema legal; y habilita que las Fuerzas Armadas desempeñen tareas de protección de los objetivos de valor estratégico, misión que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad. En este último caso, se realiza una interpretación forzada del artículo 31 de la Ley de Defensa, que señala que es una misión de la Gendarmería y de la Prefectura la custodia de esos objetivos de valor estratégico para la Nación. En lo que hace a las previsibles consecuencias de la medida, resulta clave enfatizar que asignar a los militares tareas propias del campo de la seguridad –como las labores antiterroristas o de lucha contra el narcotráfico que actualmente desempeñan las fuerzas policiales y de seguridad– supone conducir al instrumento militar de la Nación por el sendero de la “policialización” y su consecuente desprofesionalización. Con respecto al caso puntual del terrorismo –el “caballito de batalla” sobre el que se montó la propaganda oficial para marcar la supuesta desactualización de los artículos modificados del Decreto 727/2006 y del derogado decreto 1691/2006–, no resulta claro qué tipo de acciones y organizaciones serán consideradas de este modo por parte del Estado nacional. En consecuencia, los cambios efectuados podrían resultar funcionales, como bien ha indicado recientemente un colectivo de expertos y organizaciones no gubernamentales (https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/fuerzas-armadas-en-seguridad-interior/), a la “deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno”. Los nuevos lineamientos impulsados por Macri constituyen un elemento de especial preocupación ante el actual escenario de deterioro económico y conflictividad social. Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la mayor parte de las naciones latinoamericanas que han emprendido una reasignación de misiones para sus Fuerzas Armadas en dirección a “combatir” las denominadas “nuevas amenazas” han fracasado en su objetivo. La consecuencia de ello fue la creciente desprofesionalización de los uniformados y su involucramiento repetido en violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos como así también en hechos de corrupción. Los casos de México y Colombia constituyen referencias ineludibles, dado que sus actuales dirigencias –independientemente de posicionamientos políticos y concepciones ideológicas– están empezando a revisar sus políticas, atento a los fracasos obtenidos como consecuencia de la “militarización de la seguridad pública”. Precisados estos puntos, convendría estar muy atentos al resto de los anuncios que realizó Macri, puesto que en el medio de la discusión legal y doctrinaria algunas cuestiones podrían pasar desapercibidas.   Una nueva Directiva de Política de Defensa Macri comunicó la inminente aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), que sería el instrumento con el cual el gobierno reemplazaría a las dos DPDN sancionadas durante las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner (Decretos 1714/2009 y 2645/2014). La directiva anunciada se enmarcará –según adelantó el presidente (https://www.youtube.com/watch?v=Z7OK8wnMlB4)– en una serie de criterios que se enumeran por ahora sin apreciaciones valorativas: modernización de las Fuerzas Armadas; atención a la misión principal del instrumento militar; apoyo a la política exterior del país (con énfasis en las operaciones de mantenimiento de la paz, la cooperación con los “países amigos” y la contribución a la política antártica); apoyo a las actividades de seguridad interior; protección en “eventos de carácter estratégico”; custodia de objetivos de valor estratégico e infraestructuras críticas; desarrollo de capacidades para la defensa en el ciberespacio; apoyo a la comunidad ante catástrofes y desastres naturales; actualización de la doctrina; accionar militar conjunto; mejora de los salarios; defensa de la “familia militar”; sanción de una nueva Ley de Personal Militar; y desarrollo de un nuevo sistema de reservas. El discurso del Presidente –a partir de la información provista por un teleprompter– no entró en detalle en ninguno de los puntos señalados, sino que se limitó a “leer los títulos” en unos siete minutos. A pesar de esa carencia expositiva y de no haber profundizado los ejes enumerados, pueden efectuarse algunas reflexiones: no hubo ninguna referencia a la desaparición del submarino ARA San Juan ni a las tareas de búsqueda. Tampoco mencionó el conflicto del Atlántico Sur y el enclave colonial que Gran Bretaña mantiene en Malvinas; y mucho

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