Opinion

Fuente: Jorge Elbaum | Página 12 Fecha 17 de JULIO 2017 El pasado 11 de julio, un conjunto de legisladores ligados al oficialismo se reunieron en el Congreso de la Nación para firmar una “Declaración en memoria de las víctimas del terrorismo internacional”, bajo el patrocinio de la DAIA. La actividad se realizó en referencia al 23º aniversario del atentado en el que fueron asesinadas 85 personas, el 18 de julio de 1994. En la representación gráfica del evento divulgada por la DAIA, se observa una llamativa y unánime sonrisa en los rostros de los firmantes, incluidos el presidente de la entidad, Ariel Cohen Sabban y su vicepresidente, Alberto Indij. La paradojal alegría de los retratados en las pulcras escalinatas del Congreso de la Nación refiere indudablemente a los variados usos mediáticos y político generados por diversos sectores en relación a la masacre de 1994. Desde esa fecha fatídica, el gobierno del Estado de Israel, apenas sucedido el hecho, presionó para responsabilizar al Estado de Irán, sin contribuir con evidencias empíricas que permitieran juzgar a sus eventuales responsables. Dicha atribución de responsabilidad, gestionada en forma ajena a pruebas judiciales, que el gobierno menemista asumió como designio geopolítico propio, generó el empantanamiento de la investigación y la posterior implantación de pistas falsas. Su consecuencia fue el derrumbe de la Causa AMIA y el inicio del denominado “juicio de encubrimiento” donde son juzgados en la actualidad el ex juez Galeano, la SIDE menemista, y el presidente de la DAIA de entonces, Rubén Beraja, los fiscales de la causa, el comisario Fino Palacios, entre otros. Ese escándalo aparece como la primera intentona para utilizar el atentado, en este caso, al servicio de exigencias foráneas desligadas de la investigación jurídica local. Una segunda utilización del atentado estuvo orientada a saldar oscuras negociaciones por venta de armas, triangulaciones de pertrechos militares y sombrías vinculaciones entre servicios de seguridad nacionales e internacionales: Menem se había comprometido con Siria e Irán a colaborar en el desarrollo del primitivo programa nuclear persa, y una vez en el gobierno olvidó sus promesas, ante las repetidas presiones y exigencias del gobierno estadounidense. El atentado se convirtió –además de generar una masacre dirigida hacia los argentinos judíos– en una devolución de atenciones por “mejicaneadas” que no suelen ser dispensadas en el mundo de los traficantes de artefactos bélicos. Una tercera utilización del atentado fue vehiculizada por los sectores más conservadores de la colectividad judía argentina que pretendieron, desde el inicio, manipular sus consecuencias para hegemonizar una identidad histórica, obviando y ocultando los antecedentes progresistas ligados tanto a la tradición nacional y popular como al progresismo y la izquierda. El atentado fue usado por las instituciones AMIA y DAIA para sepultar todo vestigio de contacto con el pasado migrante y trabajador, optando por desplegar una alianza que había prologada por Rubén Beraja en su doble carácter de presidente de la DAIA y presidente del Banco Mayo. El atentado llevó a que ambas instituciones, ubicadas en Pasteur 633, se convirtieran en furgón de cola de la más rancia derecha argentina, la misma que otrora los humillaba, perseguía y despreciaba con lenguaje y etiquetamientos judeofóbicos. Esta tercera utilización incluyó la grosera exigencia de trasladar sin mediaciones el conflicto de medio oriente a la Argentina, imponiendo la agenda del gobierno del Likud (la derecha) israelí, consistente en la defensa de sus políticas coloniales y la continuidad de la ocupación de Palestina. Esto se llevó a cabo a través del intento de resignificar “lo judío” para adecuarlo funcionalmente a los intereses de Aipac, el lobby de la ultraderecha judeo-estadounidense, ligada al partido republicano y a los “fondos buitre”. La obvia externalidad de esta utilización los llevó a aceitar amistades reaccionarias de toda laya, incluso con quienes justifican a represores y defienden la teoría de “los dos demonios”. La provisión de cuadros orgánicos al servicio de la restauración del orden conservador, como los casos de Claudio Avruj, Sergio Bergman y Waldo Wolff, supone una de las más fuertes evidencias del giro con el que se pretende ocultar (y sepultar) la existencia de otras formas argentinas de ser judío, ligadas –por ejemplo– a los 1700 desaparecidos de ese origen. La cuarta y última utilización se relaciona con el ex fiscal Natalio Alberto Nisman, quien fingió que se dedicaba a la investigación del atentado para articularse con quienes le declararon la guerra política a los gobiernos progresistas de América Latina. En esa trayectoria, se unió con agencias de inteligencia extranjeras y con grupos de seguridad aliados a estos últimos. Se vinculó además con quienes desataron una campaña de desprestigio –basada en tergiversaciones y falsedades– sobre el accionar del gobierno anterior, en relación a la firma del memorándum con Irán. La muerte del fiscal se convirtió, hasta el día de hoy, en una disparatada cuña jurídica que incluye la acusación de “traición a la Patria” contra el ex canciller Héctor Timerman y Cristina Fernández de Kirchner y la delirante sospecha de homicidio del fiscal, decidida y/o ejecutada por el gobierno. Para que el atentado siga brindando oportunidades de utilización es necesario que nunca se llegue a saber a ciencia cierta quiénes fueron sus planificadores, sus ejecutantes y sus cómplices. Quizás la necesidad de seguir usando a las víctimas para beneficiar a los sectores más privilegiados de nuestra sociedad, o para lograr adscripciones geopolíticas ajenas a la realidad latinoamericana, expliquen por qué el actual gobierno decide proteger a los acusados del encubrimiento –que están siendo juzgados en la actualidad por el Tribunal Oral Federal Número 2– y por qué intentan motorizar un juicio en ausencia, que evita la indagatoria de los acusados, contribuyendo a decretar condenas ajenas a los procedimientos jurídicos, legitimados internacionalmente. Se cumplen 23 años. Mientras el atentado sea utilizado para resolver situaciones ajenas al hecho específico de la explosión sucedida el 18 de julio, continuaremos siendo rehenes de una impunidad que solo podrá ser enfrentada con las herramientas simbólicas desarrolladas por nuestro pueblo en las últimas décadas: Memoria, Verdad y Justicia.

Fuente: Eduardo Aliverti | Página 12 Fecha: 17 de JULIO 2017 Cristina en Mar del Plata, Massa en Tigre, Randazzo en Bolívar y Cambiemos en Pepsico. Así largó. Hasta que las imágenes de la represión ganaron el centro mediático, el foco oficial estaba puesto en otra de las llaves presuntamente maestras para ratificar y atraer voluntades electorales. Barrer a la situación económica del debate, según se supone que ya sabe cualquiera que no viva en un potus, es instrumentado a través del denuncismo anti K. Los protagonistas eran, y en ese rol retornarán una y otra vez, la procuradora general Alejandra Gils Carbó y el ex ministro Julio De Vido. En el caso de la primera, tal como lo habían adelantado voceros de prensa oficialista que reciben información de primera mano desde las usinas judiciales del macrismo, se pidió la indagatoria por eventuales irregularidades en la compra de un edificio y sospechosas comisiones pagadas a una inmobiliaria. Lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal no pagó comisión alguna porque justamente lo estableció como una de las condiciones; y que fue la propia Gils Carbó quien ya había separado de su cargo al funcionario incurso en una irregularidad, que ella reconoce. La obsesión del Gobierno y de su aparato mediático por enchastrar mediante las falsedades y manipulaciones que sean necesarias llevó, incluso, a presionar para que la procuradora general fuese destituida mediante decreto, en lo que hubiera sido un escándalo anticonstitucional prevenido hasta por sectores amigos de la oposición y la denunciadora serial Elisa Carrió. Al advertir que semejante tensado de la cuerda no funcionaría, Casa Rosada dio marcha atrás y ahora espera el favor de las urnas para que la fuerza parlamentaria le habilite juicio político. En lo jurídico, el episodio quedará como otra de las bombas de humo que se lanzan con una frecuencia espeluznante pero, en términos propagandísticos, el Gobierno conjetura que taladrar permanentemente acerca de la corrupción kirchnerista acaba por redundar en más beneficios que riesgos. Mentir y mentir porque algo quedará, que en su última versión académica, un tanto más sofisticada, se denomina Posverdad. La secuencia reciente sobre De Vido abona el laboratorio práctico, con mucha más fuerza todavía porque el ex responsable de Planificación —después de Cristina— es un cuco prioritario respecto del que nadie pone las manos en el fuego, sin que por eso deba desatenderse una mínima rigurosidad en cómo se brindan y procesan los datos duros. Se venía de un show mediático espectacular en torno de supuestas y graves anomalías por contrataciones en la mina de Río Turbio, que ni siquiera consistían en acusaciones de soborno, ni sobreprecios, ni facturas truchas, sino en que los estudios de viabilidad del proyecto de Yacimientos Carboníferos Fiscales fueron puestos en mano de una universidad nacional y no de una consultora privada. Más aún, pobladores y mineros reclamaron por el cumplimiento de la obra que el gobierno de Macri paralizó, apenas asumido, enmarcado en la estrategia de ahorcar a Santa Cruz. A poco de andar el espectáculo, Luis Rodríguez, juez de la causa, informó que las pruebas reunidas no llegaban hasta el momento ni apenas para conformar el estado de sospecha, y dispuso el secreto de sumario en implícita referencia al desquicio del manejo mediático. Entonces, con esa acusación arruinada, ¿quién podía aparecer que no fuese Claudio Bonadio, para que (síntesis perfecta del título de Página|12 en la nota firmada por Raúl Kollmann el martes pasado) “el comité de Cambiemos en Comodoro Py” rescatase la mecánica de una denuncia por día y por lo menos? Bonadio dictaminó procesamientos contra De Vido y los secretarios de Transporte entre 2003 y 2014, esta vez por presuntos vueltos en los subsidios a líneas de colectivos. Como destaca el artículo, la hilacha política de la resolución del juez se percibe a simple vista, aunque cabría agregar que, “posverdad” mediante, la única simple vista que corre es la convicción previa de que cada quien se muna. Bonadio tomó la decisión cuando falta que declaren 251 empresarios del transporte en la misma causa, y no imputó a ninguno de los funcionarios provinciales del área que estaban encargados de certificar los kilómetros recorridos por los colectivos que fueron subsidiados. La medición de que se pagaron subsidios de más, por parte del juez, toma un puñado de líneas de colectivos a las que les aplica un cálculo de GPS que estaba derogado, y la usa para extenderlo a todas las líneas como si todas ellas hubieran recorrido menos kilómetros que los declarados. La nota de Kollmann es redonda en el señalamiento del artilugio inventado por Bonadio para sostener esta nueva avanzada de la coalición judicial-mediática. Pero, de vuelta, ¿a quién le importan los datos, siquiera para sospechar o curiosear que pueden emplearse con una intencionalidad manifiesta? También en la edición del martes de este diario, el sociólogo Gonzalo Arias (autor de Gustar, ganar y gobernar, de Editorial Aguilar) cita una frase de Doug Stamper, personaje de House of Cards que obra de mano derechísima del perfecto hijo de puta encarnado por Kevin Spacey como presidente de los Estados Unidos. “Si parece un hecho, es un hecho”, dice Stamper en la última temporada de la serie. Y como agrega Arias sobre, precisamente, “La posverdad en acción”, el peso de las impresiones es cada vez mayor porque vivimos a un ritmo en el que no hay demasiado tiempo para aclaraciones exhaustivas. “Las redes (sobre todo, podría añadirse, porque al fin y al cabo parten de una macro-agenda establecida aún por los medios tradicionales) tienen el potencial de provocar una exacerbación de las noticias falsas, debido a su facilidad para propagar con rapidez cualquier información, ya sea verdad o no (…) Una manifestación podemos interpretarla como un grupo de trabajadores reclamando por la situación económica o, desde otra óptica, un grupo de militantes violentos que afectan la paz”. Esa última provocación analítica es particularmente atendible tras los sucesos en Pepsico, pero por razones que desmentirían a la probabilidad de interpretar los hechos objetivos desde otra

Fuente: Horacio Lutzky* | Perfil Fecha: 15 de JULIO 2017 Hoy, 23 años después, sólo dos cosas sabemos con certeza: que el 18 de julio de 1994 volaron la AMIA causando 85 muertos y centenares de heridos, y que desde los más altos estamentos del Estado se propició una actividad sistemática de encubrimiento de la mecánica de los hechos. La causa del atentado a la AMIA es, desde la foja 1, el más increíble muestrario de la actividad delictiva de funcionarios y personajes influyentes, encaminada a limpiar las huellas y evidencias, y a construir una historia falsa para cerrar el expediente y dar una “explicación” a la sociedad. En ese camino, se tiraron los restos de la explosión al borde del Río de la Plata; se omitió preservar la zona del desastre; se plantaron pistas falsas; se perdieron pruebas; se borraron grabaciones telefónicas a sospechosos, mientras además se “extraviaron” las transcripciones —por duplicado— obrantes tanto en la SIDE como en la Policía Federal (algunas realizadas a sospechosos iraníes antes y después del atentado). Se quemaron cintas de filmaciones. Se suspendieron escuchas judiciales y allanamientos, sin dar razón. Se coaccionó a testigos para que callaran y a otros para que mintieran y, a uno de ellos, el entonces preso Carlos Telleldín, se le compró una declaración falsa por casi medio millón de dólares. Todo ese coherente accionar no puede sino obedecer a una lógica superior, impuesta por necesidades ajenas a la verdad. Una verdad que puede resultar intolerable para el público, y a la vez afectar la diplomacia secreta de varios países. Se persiste en tratar el atentado a la AMIA como un evento a-histórico, desconectado de lo que por aquellos años ocurría en nuestro país, y de los otros dos tremendos atentados perpetrados en los ’90 (Embajada de Israel y Río Tercero). Lo cierto es que desde unos meses antes del atentado a la Embajada, en marzo de 1992, y hasta unos meses después del atentado contra la AMIA, en julio de 1994, un gigantesco operativo clandestino de transferencia de armamento se desarrolló desde el puerto de Buenos Aires hacia los Balcanes, bajo directivas de Carlos Menem. El presidente peronista, reconvertido al neoliberalismo y bajo una política de sumisión al gobierno norteamericano, realizaba el trabajo sucio que los Estados Unidos no podían asumir: el contrabando de armas y explosivos para Croacia y los musulmanes bosnios apoyados y financiados por Irán, operativo que violaba el embargo dispuesto por la ONU para la región. Se acusa a Irán de haber puesto la bomba, pero se prohíbe investigar los negocios de armas con los iraníes realizados en la misma época. Triangulaciones de armas israelíes y norteamericanas para Irán se llevaban a cabo con participación argentina desde la década anterior, en el marco de la guerra que enfrentó a Irak e Irán entre 1980 y 1988. Así fue que otro 18 de julio, pero de 1981, fue derribado por cazas soviéticos un avión de carga de Transporte Aéreo Rioplatense (TAR) piloteado por el capitán argentino Héctor Cordero. Era uno de los vuelos de la TAR, cargados de armas israelíes para Teherán. Luego, unos años antes de los atentados, fueron los propios norteamericanos quienes -a cambio de liberación de rehenes y de dinero negro para la “contra”– enviaron armas a los iraníes. El 3 de noviembre de 1986, el periódico libanés Ash-Shiraa reveló el tráfico clandestino de armas entre los Estados Unidos e Irán, dando comienzo al escándalo conocido como “Irán-contras” o “Irangate”. En 1992 el presidente George Bush —ex jefe de la CIA— indultó a los funcionarios que habían sido condenados por el “Irangate”. Y no dejó de mostrarse sonriente con su “gran amigo”, el presidente argentino Carlos Menem. Todo volvía a comenzar. *Abogado, escritor y periodista. Autor de Brindando sobre los Escombros-La dirigencia judía y los atentados: entre la denuncia y el encubrimiento, y La Explosión (Sudamericana).

Fuente: Pedro J. Kesselman* | Página 12 Fecha: 07 de JULIO 2017 De manera reiterada, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y distintos funcionarios de su gobierno, vienen cuestionando a los Jueces del Trabajo y a los abogados laboralistas. Denuncia a aquellos como integrantes de un Poder Judicial que no es “equitativo”. En buen romance, que no favorece a los empresarios. Y a los segundos, como integrantes de una mafia que lleva a la quiebra a las empresas, especialmente a las pymes, genera desempleo e impide las inversiones. Es evidente que con sus palabras, Macri, como también el jefe de Gabinete, Peña Braun, y otros funcionarios de menor rango, pretenden condicionar a la Justicia Laboral para que deje de lado el principio protector que impera en materia de Derecho del Trabajo. Suman a sus dichos las amenazas y pedidos de juicio político a los magistrados que dicten resoluciones y sentencias que den razón a los reclamos de los trabajadores y sus organizaciones gremiales. El dirigente opoficialista Sergio Massa, sumó también su voz para denostar a los abogados laboralistas, calificándolos de “zánganos” que “se afanan la plata de las empresas y la plata de los laburantes”. Es bueno recordar que quien le acompaña en la lista para las próximas elecciones, la señora Stolbizer, fue quien, como diputada, en el año 2000 defendió fervorosamente la sanción de la ley 25.250, luego conocida como “ley banelco” de flexibilización laboral por los oprobiosos procedimientos utilizados a fin de comprar votos en el Congreso de la Nación. Estas conductas abiertamente antiobreras y propatronales, tratan de preparar el camino para derogar toda la legislación protectora de los derechos sociales e imponer una flexibilización laboral que vaya mas lejos aún que la impuesta por el menemismo en la década del 90. Como entonces, se pretende encubrir las imputaciones y amenazas con el disfraz de “modernizar” esa legislación. Diversos editoriales del diario La Nación, y notas de Clarín, así como dichos cotidianos de periodistas partidarios del Gobierno, pretenden hacer creer que “flexibilizar”, es decir, terminar con el Derecho del Trabajo, es sinónimo del modernidad, y que así llegarán las inversiones tan prometidas semestre a semestre. Agregan también que es necesario terminar con los reclamos laborales, causantes ellos, y no las políticas gubernamentales, de los cierres de empresas y la desocupación creciente. Este discurso es falso, y no resiste el menor análisis a la luz de la historia. El 29 de agosto de 1940 el diario La Prensa publicó una nota: “La legislación del trabajo y la desocupación obrera”, en relación a la presentación de una entidad empresaria ante el Poder Ejecutivo, ejercido entonces por Roberto M.Ortiz. Afirmaba allí que “algunas normas legales dirigidas a favorecer a los obreros de acuerdo con la intención con que las sancionó el Congreso conspiran, en realidad, contra el comercio y la industria, y ocasionan desocupación”. Más adelante decía: “Hay una crisis de empleo, un retraimiento de la locación de mano de obra. Sin embargo nuestras autoridades persisten en desviar la orientación de los capitales con la oferta de títulos de deuda pública, mucho más interesante sin duda que cualquier otro destino en el que abundan riesgos, como los que la nota ya mencionada resume, al hacer un examen detenido de los efectos que sobre el trabajo tienen algunas de nuestras leyes. La ley 11.317 sobre capacidad y ocupación de los menores, impide la formación de obreros especializados; la 11.729 dificulta la colocación de los que tienen 18 años pero no cumplieron el servicio militar y otras sobre despidos, vacaciones pagas, indemnización etc., importan, “no sólo un aumento insoportable de la carga fija sino también una permanente fuente de sorpresas que acompañan a cada nuevo fallo judicial” sobre su alcance. Existe, pues, lo que muchos denominan la desocupación del capital y del espíritu de empresa que no encuentran ubicación porque las leyes los comprometen y los asustan…Cualquier actividad se ve afectada por trabas e imposiciones que absorben todo posible beneficio. Las relaciones entre el capital y el trabajo se acrecientan día a día y cada nueva exigencia en materia de indemnizaciones, conservación de empleos, disminución de jornadas y subsidios, contribuye al aumento de la desocupación…”. Me permito recordar que en agosto de 1940 no habían nacido Néstor y Cristina Kirchner; Perón era un ignoto oficial del Ejército; el peronismo no existía; las leyes protectoras de los trabajadores eran escasas, y algunas, como las leyes 11.317 y 11.729, habían sido sancionadas, la primera, durante la presidencia del radical Marcelo T. de Alvear, y la segunda, siendo presidente el General Agustín P.Justo, es decir, un gobierno conservador. Tampoco existía la Justicia del Trabajo, pues los juicios laborales se ventilaban en tribunales civiles y de paz. Pero es llamativo y mueve a reflexión que el discurso empresario –hoy también gubernamental, pues grandes empresas y gobierno se identifican–, no haya variado y sea el mismo después de setenta y siete años. Según ese discurso, las leyes laborales y los juicios en defensa de los derechos que esas normas conferían y confieren a los trabajadores eran y son culpables de la desocupación y la falta de inversión del comercio y la industria. La realidad se encargó, durante mas de setenta años, de desmentir al diario de los Paz. Desde agosto de 1940 el país atravesó crisis institucionales y económicas diversas; tiempos de bonanza y tiempos de caída de la actividad industrial y comercial; tiempos de ocupación casi plena y tiempos de mas elevadas tasas de desempleo. Pero a nadie se le ocurría culpar por esas crisis a las leyes laborales, a los jueces y a los abogados laboralistas. Las palabras de la añeja publicación parecen haber sido fuente de inspiración para quienes durante la última dictadura cívico militar; en la década del 90 y hoy con el poder político y económico unificados tras el empresario Macri, estuvieron y están empeñados en descargar sus responsabilidades por las crisis que ellos mismos generan, atribuyéndolas a la legislación laboral, a los jueces que deben aplicarla y a los abogados

Fuente: Martín Piqué | TiempoAR Fecha: 01 de JULIO 2017 La ex presidenta sumó al catalán Antoni Gutiérrez Rubi como estratega de la comunicación de Unidad Ciudadana. Apuesta a quebrar la idea de que los medios definen una elección y a observar los recientes casos de Donald Trump y Jeremy Corbyn. La clave es reinventarse. Pero reinventarse individual y colectivamente. Y entender que para enfrentar el ataque constante de la mayoría de los medios, que desean ver perder al peronismo y al kirchnerismo en la campaña bonaerense, la única respuesta pasa por sintonizar y expresar los sustratos de emoción y climas de opinión que circulan por abajo, cotidianamente y sin ser amplificados por las pantallas, en franjas significativas de la sociedad. Antecedentes recientes apuntalan el optimismo. Dos candidatos atacados por la gran mayoría de los medios, y que sin embargo se impusieron o sorprendieron con una elección mucho mejor de la esperada en sus respectivos países: son Donald Trump, y el ascendente laborista británico Jeremy Corbyn. Asesorada por expertos, interesada particularmente en la relación entre redes sociales, información y vida cotidiana, con vocación de incorporar cosas nuevas y aprender, la ex presidenta Cristina Fernández estrenó toda la reingeniería de su plataforma electoral durante su aparición en el estadio de Arsenal. La mayoría de los medios, ese día, mostró el impacto del cambio. Algunos comunicadores-estrella de los grupos mediáticos enfrentados al kirchnerismo se vieron desacomodados. “Se duranbarbizó”, fue la rápida conclusión, una reacción que intentaba asimilar todo lo nuevo que exhibía Unidad Ciudadana a las recomendaciones del gurú de Cambiemos. Pero se equivocaban: los cambios habían empezado mucho antes. La coordinación entre la campaña territorial y la difusión de hashtags unificados, que eran compartidos por los militantes, los simpatizantes y los adherentes más activos en las redes, debutó en la ciudad de Buenos Aires y el GBA con las campañas #ElFracasoDeMacri, #LoQueElCambioSeLlevo y #ElTrabajoPrimero. Tres dirigentes del PJ y el kirchnerismo fueron responsables de que se actuara en conjunto, entre redes y recorridas de candidatos, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA más GBA): Víctor Santa María, titular del Suterh, el presidente del PJ bonaerense (hoy de licencia) Fernando Espinoza, y Mariano Recalde, primer precandidato a legislador porteño por la coalición progresista y de centroizquierda Unidad Porteña. Fueron ellos quienes acercaron a los cuarteles del justicialismo al experto en comunicación política catalán Antoni Gutiérrez-Rubi, fundador de la consultora Ideograma, con presencia en ocho países, y ex asesor del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue Gutiérrez Rubi quien exhortó a los dirigentes del PJ y del mundo K a actualizarse en la planificación de las campañas electorales según lo que comparten en sus redes sociales los usuarios de Internet (los llamados metadatos o Big Data). Establecido en Buenos Aires, el catalán se convirtió en un coach muy escuchado para los candidatos de los dos lados de la General Paz: también relativizó la idea de que los grupos de medios tienen un poder absoluto en la visibilización o invisibilización de candidatos y proyectos en puja. Para Gutiérrez Rubi, la victoria o la derrota en la batalla comunicacional previa a una elección reside en la capacidad de poder sintonizar con, por ejemplo, “el estado de ánimo y la efervescencia y lo que está esperando buena parte del electorado”. Así se explica, razona el asesor, el triunfo de Trump en Estados Unidos. Desde la tradición laborista británica, mucho más cercana ideológicamente al kirchnerismo, y encarnando la satanizada ala izquierda de su partido, Corbyn logró en buena medida lo mismo que Trump. Con su campaña “Fort the many, not the few (para los muchos, no para los pocos)”, hizo crecer en 10 puntos al laborismo, quedó a 2 puntos de los conservadores y dejó sin mayoría absoluta a Theresa May. Fue una excelente elección. En los spots audiovisuales, y en las historias que se viralizaron por Facebook, Twitter y otras redes sociales, Corbyn mostraba la desesperanza, cierta tristeza y la preocupación que reina en amplios sectores de la población de Gran Bretaña: la clave estaba, además, en cómo lo transmitía: sin hablar mucho, escuchando a la ‘common people’ (gente común), transmitiendo cercanía, dando ánimo y esperanza pero sin mostrarse épico y mucho menos eufórico. Los antecedentes de Corbyn, de Trump representando las expectativas destruidas de ascenso social y la desorganización de la vida del obrero industrial medio norteamericano, son ejemplos que están siendo estudiados en el comando de campaña de Unidad Ciudadana. Cristina está tan interesada en estos temas, y en su incidencia en esta campaña electoral en la que se juega todo, que mantiene diálogo constante con los especialistas que le acerca gente de su confianza. Es el caso del ecuatoriano Vinicio Alvarado, estratega de comunicación política que supo trabajar con su compatriota Jaime Durán Barba. A diferencia del gurú del PRO, Alvarado es un colaborador de estrechos vínculos con el ex presidente de Ecuador Rafael Correa. Según pudo saber Tiempo, CFK mantuvo algunas conversaciones por Skype con Alvarado, con quien analizó algunos aspectos de la campaña. Unidad Ciudadana, vale recordarlo, comparte algo más que el término ‘ciudadanía’ con la Revolución Ciudadana que fundó Correa. Homenaje CFK recordó ayer a Juan Domingo Perón al cumplirse el 43°aniversario de su fallecimiento. A través de su cuenta en la red Twitter, escribió: “Supo interpretar los hechos y llevar adelante las ideas que marcaron el Siglo XX”.

Fuente: Matías Bustelo | Revista Zoom Fecha: 28 de JUNIO 2017 Eduardo Barcesat, Beinusz Szmukler y Pedro Dinani analizan el fallo de la Sala IV de Casación que confirmó la condena de tres años a la dirigente jujeña. La reciente confirmación de una pena de tres años para Milagro Sala por haber instigado un escrache al actual gobernador jujeño y entonces senador nacional, Gerardo Morales, sigue generando repercusiones en el ámbito jurídico, no sólo porque el delito nunca se comprobó debidamente sino también por dos razones: el caso complica la credibilidad de algunos departamentos de la Justicia argentina ante el mundo y ejemplifica la acción de esta sobre la base de dictados políticos que no por oscuros dejan de resultar evidentes. Para el jurista Eduardo Barcesat por ejemplo, “estamos frente a tribunales que deshonran el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional”. Pedro Dinani, por su parte, miembro del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), observando que “quien deba fallar debe hacerlo con justicia, teniendo en cuenta al más débil”, sostuvo que la reciente convalidación de la condena a Sala por parte de la Sala IV de Casación “realmente atenta contra los principios básicos de la democracia”. A estas opiniones de prestigiosos juristas y letrados, se suman las de Beinusz Szmukler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, quien consideró que “la prisión de Milagro Sala es absolutamente una cuestión política”. También que el fallo (que sólo implica una condena en una de las tantas causas que el poder político movilizó contra la referente jujeña), implica un “castigo a Milagro Sala por haber intentado una labor en beneficio de los sectores más pobres de la provincia”. Agregó que “se junta su condición de mujer y de integrante de un pueblo originario”, las cuales son, a su juicio, “todas las cosas que la oligarquía y el señor Morales no toleran”. Justicia y poder Tanto Barcesat como Szmukler se han manifestado cautos a la hora de brindar apreciaciones sobre la situación de Milagro Sala y esta sentencia –que significa la ratificación de su prisión mientas la condenada denuncia torturas y su caso es considerado por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– fue observada por ambos fuera de las lecturas mediáticas de la misma. Pero estos destacados juristas analizaron el caso desde sus posibilidades y sus palabras brindan pautas de lo mucho que todavía se puede imputar a la Justicia argentina por su acción contra Sala y, también, sobre lo que se puede hacer para su libertad. Esta Justicia, para Barcesat, manifestó con el fallo de Casación “una especie de obsecuencia con el poder que realmente avergüenza y descalifica su pronunciamiento”. Denuncia que “estamos frente a estos tribunales que deshonran el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional” y que los jueces que obran en esta como en las otras causas contra la líder política “van simplemente por los dictados del poder”. Además, entiende que todo camino para conseguir la libertad de Sala, que reclaman las paredes de toda Argentina y voces prestigiosas en todo el mundo, “se ha complicado con esto, pero de todas maneras la decisión última la tiene la Corte Suprema”. Aventura que “este expediente en el que acaban de confirmarle el procesamiento va a ir a la Corte seguramente por apelación de la defensa y se va a acumular con el pedido que ya tenía para obtener la excarcelación”. “Temo que ahora la Corte tenga un pretexto para decir, ‘bueno, esperemos que se junten los dos expedientes y después resolveremos’”, aduce y estima que la situación “prolonga indebidamente” la prisión de Sala y puede “significar un nuevo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la comisión de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias”. Aunque aclara que, pese a que todo ello “tiene un alto valor simbólico, no es vinculante para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya en febrero de este año dictó un pronunciamiento diciendo que era potestativo de la Corte cumplir o no cumplir con las decisiones de los órganos jurisdiccionales de los pactos internacionales”. Por su parte, Szmukler manifiesta que “hay una razón fundamental para que Sala esté en libertad, porque para estar presa tendría que tener capacidad de perjudicar la investigación o posibilidad de fuga” y que “ninguna de las dos cosas son ni siquiera posibles de imaginar”. Añade: “más allá de este fallo, a Milagro Sala le han metido una cantidad de causas que no tienen ningún sostén desde el punto de vista jurídico”. Por otro lado, considerando que cursan en ella reclamos de libertad para Sala porque cuenta con fueros como diputada al Parlasur y no tiene posibilidad ni intención de fugarse, califica que “lo que es grave, al margen de este fallo, es que la Corte Suprema de Justicia tenga dos meses el tema sin resolver”. “Eso es gravísimo porque demuestra que el manejo de los tiempos de la Corte está en función puramente política”, denuncia y sostiene que “no hay ninguna justificación para esta demora”. “El poder judicial de la provincia de Jujuy es absolutamente dependiente del Ejecutivo provincial”, señala Szmukler y no duda en afirmar que “acá hay odio de clase” y que “esta situación compromete al país desde el punto de vista internacional”. Pero, para despejar dudas y confusiones, destaca que “cualquiera que haya sido su resultado, este fallo no resolvía la libertad porque ella no está presa por esta causa”. Argumenta: “en esta causa ella tenía condena de tres años de ejecución condicional, consecuentemente por esta causa estaría en libertad”. En ese sentido, colige: “lo que está en juego es si tenemos realmente una Justicia que dé garantías a los derechos humanos, al debido proceso, a los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los pactos internacionales”. Desde los organismos Los organismos argentinos de derechos humanos, en su pluralidad y divergencias, se han manifestado unánimemente por la libertad de Milagro Sala. Esta ratificación de condena

Fuente: Roberto Caballero | TiempoAr Fecha: 17 de JUNIO 2017 Florencio Randazzo perdió el tren el día que cayó –o decidió caer– en la trampa tendida por Mauricio Macri. El proyecto de deskirchnerizar culturalmente a la sociedad y construir un dispositivo político transversal, integrado por oficialistas declarados y otros camuflados como opositores tibios al modelo restaurador del patrón de distribución de finales de los ’90, arrastró a muchos dirigentes, con legítimas aspiraciones de disputa, a convertirse en peones comestibles de un tablero que no gobiernan. Hay dos condiciones elementales para que un político cumpla con su misión: ambición y astucia. La ambición sola no alcanza, como tampoco la astucia sin vocación de poder. La sensación es que Randazzo, por ahora, solo exhibió mucho de la primera. A priori, aguantar en la retaguardia silente a la espera de que el bloque de poder encarnado en Macri se encargara de «cocinar la muerte» de Cristina Kirchner y sus seguidores para luego reclutar –desde la memoria de una gestión K eficiente y de buena imagen– a los derrotados en desbande, no carece de lógica. Aquí no se juzgan morales, sino estrategias. Pero toda estrategia se mide en un terreno, el de la realidad, además de la imaginación. En concreto, el macrismo viene fracasando en su propósito de marginar al kirchnerismo desobediente del sistema de decisiones institucionales. Desde el primer día, trabajó incansablemente para bajarle el estatus de espacio político a «banda de forajidos y ladrones», con la complicidad del poder mediático y judicial. Esta semana lo volvió a hacer señalando como jefe de una «mafia» al presidente de la principal bancada opositora, Héctor Recalde. Y lo sigue haciendo, cada vez que puede. Sin haberlo logrado del todo, sería necio ignorar que parece haber reducido al kirchnerismo a su núcleo más duro de adherentes. Sin embargo, no pudo apagar la estrella de Cristina Kirchner, que sobrevivió en la constelación de encuestas que constituyen el menú de la Casa Rosada. Esto cambia los planes de todos. Depender de un ejército exterminador ajeno, alquilar las posibilidades propias, no siempre es lo más aconsejable. A Randazzo le está pasando eso. Es hablado porque no habla, y aunque lo hiciera, calló por demasiado tiempo a la espera de que Stalingrado cediera; y se encuentra, ahora, con que debajo de los escombros, hay rusos que todavía respiran con ánimo de dar batalla. Al invasor de la Patria, y no a su supuesto dictador soviético. La analogía es arbitraria. Valga aclarar que ni Randazzo es la Rusia zarista a la espera de dar el zarpazo contra el bolcheviquismo, ni Cristina Kirchner es el Stalin del PJ del que se quejan los escuderos del hombre de Chivilcoy. Nada de eso. Ocurre que el macrismo comienza a tener problemas propios que no son los de Randazzo. La prioridad cambió. Porque, en esencia, el gobierno de Macri no puede mostrar éxitos después de haber prometido tanto, y también ve reducido su apoyo al núcleo minoritario galvanizado. La suerte de Randazzo les preocupa bastante menos que la propia. La Argentina hoy es un país que está peor que en 2015. La desocupación se duplicó. Diez años sostenidos de crecimiento del empleo encontraron insensible sepultura entre los pliegues de la política de ensayo y error de Cambiemos, no importa lo que digan Clarín y La Nación al respecto, es un dato irrefutable. La caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, el incremento de la inseguridad, el déficit fiscal galopante, el endeudamiento y la fuga de divisas del sistema en alza y el nuevo ajuste de tarifas que se viene después de octubre por exigencia del FMI, son los problemas con los que debe lidiar la sociedad. Discutir a Cristina Kirchner, al kirchnerismo, al modelo anterior, hoy no está dentro de las prioridades básicas de la mayoría de los votantes. Eso es asunto de panelistas pagos o de muchos heridos que no dejan de ser una inmensa minoría. A Randazzo le faltó astucia para advertirlo. Quiso heredar por anticipado, comenzó a gastar a cuenta y el difunto que le prometieron en cajón de golpe está levantado y convirtiendo el velorio en una peña festivalera. A todo esto que pasa –y siempre dejándonos llevar por lo que dicen los voceros randazzistas– no se le puede responder con una única propuesta en loop: una interna en el peronismo. Eso no resuelve nada. Una obsesión de minorías, por repetida, no corporiza en verdad de mayorías. La gente está preocupada por llegar a fin de mes, no por ver si Randazzo le gana a Cristina Kirchner unas PASO. También vale para el kirchnerismo esta advertencia. Encarnizarse con un exministro que puso en juego su ambición legítima por disputar un liderazgo, ahora que no le está dando resultados, distrae de lo esencial: que haya en octubre una alternativa opositora clara y amplia frente al macrismo y a sus muletos electorales. Ya tendrá tiempo Randazzo de ir por lo suyo y el kirchnerismo de ajustar cuentas con quien considera un caballo de Troya del oficialismo, surgido nada menos que de sus propias filas. Además, el kirchnerismo tiene oponentes de mayor porte de qué ocuparse. El fiscal Marijuan se lo recordó estos días, con la imputación por lavado de dinero a la expresidenta. La elección va a ser una carnicería. Jueces y medios macristas van a intentarlo todo por reducir la chances electorales de Cristina Kirchner y el Frente Unidad Ciudadana. Habrá más tapas escandalosas, zócalos por miles, operaciones a destajo y citaciones judiciales a granel. La palabra elegida es «mafia» como sinónimo del kirchnerismo. Es una campaña de diseño que busca restarle legalidad y legitimidad al armado opositor. El antecedente para enfrentarla, de todos modos, no es malo. Después de casi 19 meses de asedio, el movimiento encabezado por Cristina Kirchner ya obtuvo una victoria, impensada hace un año. El peronismo mayoritario de la provincia de Buenos Aires, el más grande del país, cerró filas junto a ella en la propuesta de unidad. De 50 intendentes del viejo FpV, 40

Fuente: Ari Lijalad | Nuestras Voces Fecha: 15 de JUNIO 2017 Falleció Ernestina Herrera de Noble, una de las mujeres más poderosas de la historia argentina. Viuda de Roberto Noble desde 1969, heredó el diario Clarín. Murió impune, sin contratiempos judiciales pese a haberse apropiado irregularmente de dos bebés y ser partícipe de delitos de lesa humanidad en el robo de Papel Prensa. Era la dueña del principal multimedio del país, pero fueron contadas sus apariciones públicas y blindó, como pocos, su verdadera historia. La Pity “Laura y Carmen Herrera, alumnas de Concepción del Valle, en una de sus interpretaciones”, decía el epígrafe de la foto que publicó Clarín el 2 de diciembre de 1953, en una nota sobre un recital de danzas en el Teatro El Nacional. Fue la primera vez que Ernestina Laura Herrera, la Pity, apareció en Clarín, sin sospechar que 15 años después estaría casada con su dueño y llegaría incluso a heredar el diario y a convertirse, con el tiempo, en la cabeza del principal multimedios del país. Había nacido el 7 de junio de 1925, por puro capricho histórico en el día del periodista, pero su vocación originaria estaba lejos de ese rubro: era bailarina de flamenco. Con poco más de 20 años conoció al ya renombrado Roberto Noble, que por entonces superaba los 50. Noble había sido Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la década del 30 y, desde el 28 de agosto de 1945, comandaba su propio proyecto político: el diario Clarín. Mantenía, sin embargo, una pasión originaria por la bohemia, el tango y la noche. Hay varias versiones del primer encuentro entre Ernestina y Noble. Una relata que Noble la fue a ver actuar al bar el Tronio; otra que se cruzaron en un paseo por el Tigre. Lo cierto es que Noble era un hombre de muchas compañías simultáneas y Ernestina fue una de ellas durante muchos años. La cuestión no es menor, ni lo sería para el devenir del diario Clarín. En 1958 nació la única hija biológica de Noble, Guadalupe, fruto de su relación con Guadalupe Lupita Zapata Timberlake. Noble solía decir que tenía un hijo macho, Clarín, y una hija hembra, Lupita. No había, en principio, un lugar especial para Ernestina. En sus testamentos, que Noble revisaba y retocaba sistemáticamente, Lupita figuraba como heredera del diario. Sin embargo, en enero de 1967, un hecho clave torció el rumbo de la historia. Noble tuvo un accidente cerebrovascular. Ernestina estaba junto a él, en la estancia cordobesa de La Loma, y no se separó de su lado. La situación era crítica: ante la posible muerte de Noble, ¿quien se quedaría con Clarín? Lupita era menor, y Noble no quería que la madre biológica de su hija “hembra” tuviera nada que ver con su hijo “macho”. La solución fue Ernestina. Se casaron 27 de julio de 1967, en una ceremonia oficiada nada menos que por el cardenal Antonio Caggiano, a la que asistieron entre otros el ex dictador Pedro Eugenio Aramburu y Arturo Frondizi. “Días después del casamiento –cuenta Martín Sivak en su libro Clarin, el gran diario argentino– Noble cambió su testamento: Ernestina Herrera, ahora de Noble, se quedaba con Clarín. A Lupita le dejaba propiedades, como las Galerías Santa Fe, efectivo y acciones B del diario (sin peso para el manejo de la empresa, pero necesarias para balancear lo que recibiría Ernestina). Ya no tendría el control del diario después de cumplir 21 años”. Ernestina pasaba de amante a esposa y heredera de Clarín. Noble falleció el 12 de enero de 1969. Ernestina una mujer de 43 años sin ningún tipo de experiencia ni formación empresaria y periodística, quedó formalmente a cargo del diario Clarín. La primera encrucijada De estricto luto negro, Ernestina fue la anfitriona del velorio de Noble, al que asistieron todo tipo de personalidades. Enseguida tuvo que tomar una decisión. En el diario había dos bandos enfrentados: uno, la vieja guardia del diario, escribas y amigotes de tertulia de Noble; el otro, Rogelio Frigerio y los desarrollistas, que veían en Clarín no sólo un diario sino la clave de su supervivencia política. A la disputa por el diario entre la vieja guardia y los desarrollistas se sumaban la pelea legal con la madre de Lupita Noble y problemas financieros que atravesaba la empresa. La decisión fue clara: Noble le había dicho que se apoyara en Frigerio y así lo hizo. El comando político del diario quedó en manos del Tapir (como llamaban a Frigerio) y el manejo diario a cargo de Oscar Camilión, con quien Ernestina tendría, con los años, una íntima relación. En 1970, Clarín cumplió sus bodas de plata. El 28 de agosto, durante el acto de conmemoración, Ernestina ratificó la alianza con el desarrollismo: “La identificación que el hombre de la calle hace entre Clarín y la doctrina del desarrollo, constituye nuestro más grande orgullo. Algo así como una marca de fábrica que distingue cada día el producto que ponemos a disposición del gran público. En efecto, Clarín es el diario del desarrollo nacional”. Entre Frigerio y Camilión comandaron el salvataje financiero de Clarín a principios de los 70. En 1972, como parte de la reestructuración empresarial, desembarcó un joven proveniente de las filas desarrollistas, que con los años se convertiría en el centro del sistema Clarin: Héctor Magnetto. “En Héctor encontré no sólo un gerente de lealtad incondicional, el brazo operativo de mi dirección, sino un emprendedor con todas las letras, alguien que también se enamoró de Clarín y que siempre pensó por sí mismo en generar nuevas formas e iniciativas para hacer grande y fuerte a la empresa, para que pudiera multiplicar su herencia periodística en nuevos medios, en nuevos públicos, en nuevos territorios. Esa actitud, esa convicción, hicieron que pronto lo sintiera como algo más que un ejecutivo, como un compañero de timón en el barco que me había tocado conducir”, contó años después para la biografía oficial de Magnetto, escrita por José Ignacio

Fuente: Ruben Dri | Tecl@ Eñe Fecha: 13 de JUNIO 2017 El paso del feudalismo al capitalismo, o de la sociedad feudal a la moderna, significó entre numerosos cambios e innovaciones, la aparición del Estado y la de los partidos políticos. Si se quiere, Estados hubo siempre desde que las unidades primeras de la sociabilidad humana expresada por clanes, etnias y tribus se organizaron en sociedades mayores y en su seno diversos grupos disputaron el poder. Pero el paso a la modernidad implicó cambios fundamentales, entre los cuales destacan la organización política denominada “Estado” y en su seno las organizaciones que pasaron a denominarse “partidos políticos”. En determinados países del Tercer Mundo, sin embargo, al lado o en lugar de los partidos surgieron los “movimientos” y, precisamente eso sucede en Argentina. Las clases sociales Con el capitalismo hacen su aparición las clases sociales. Hasta ese momento histórico, en los diversos modos de producción, las sociedades que salían de la situación de clanes, etnias, tribus y familias extendidas, se conformaban por estamentos y castas. Como en su momento observara Max Weber, la práctica de la “cena” de las comunidades cristianas, en la que participan todos los que adhieren al mensaje cristiano, independientemente del estrato social al que pertenecieran, abren el espacio en el que más tarde se desarrollará un nuevo sector social, la burguesía. La burguesía ya no es un estamento, una casta, una etnia o un clan. Es algo completamente nuevo, una “clase social” que sólo surge en el capitalismo, teniendo, como es natural en todos los fenómenos sociales y políticos, antecedentes, es decir brotes que presagian su aparición y desarrollo. ¿Dónde se sitúa la diferencia de la “clase social” con relación todos los otros sectores sociales que le precedieron? En que su constitución depende exclusivamente de su posición con respecto a los “medios de producción”, desligándose de todo otro límite fijado por normas, creencias y tabúes. El “estamento”, por ejemplo, con relación a la clase, no obedece a la situación con relación a los medios de producción, sino que se encuentra fijado por una serie de normas y creencias de la sociedad a la que pertenece. La situación de un “noble”, por ejemplo, con relación a un “obrero”, puede ser la de perfecta igualdad en lo relativo a la situación económica, incluso puede el noble encontrarse en una situación inferior. En realidad, en el sistema capitalista los estamentos desaparecen o se encuentran reducidos a ser abstracciones o títulos sin correlación directa con la realidad. El capitalismo revoluciona toda la sociedad, dividiéndola en clases sociales. “En las anteriores épocas históricas, expresa Marx, encontramos casi por todas partes una completa diferenciación de la sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos”. Los estamentos fueron sustituidos por las clases sociales y cada vez éstas se fueron reduciendo a dos clases fundamentales, burguesía y proletariado y entre ambas la denominada “clase media”, especie de colchón que une a las dos clases fundamentes que, por otra parte, son antagónicas. Es evidente que los intereses de las diferentes clases sociales no sólo no son iguales, sino que son contrapuestos. Ello es claro si pensamos en las dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado. Los intereses de la burguesía, es decir de la clase que es dueña de los medios de producción se concentran en duplicar constantemente sus ganancias, lo que se consigue por una parte, mediante las mejoras en los medios de producción, es decir, en la maquinaria, y por otra, y esto es lo fundamental, en la explotación creciente del trabajo del obrero. Los intereses del proletariado, por el contrario, consisten en mejorar constantemente las condiciones del trabajo, de tal manera que las ganancias sean suficientes no sólo para reproducir su vida sino también para mejorarla constantemente. Partidos y movimientos Si echamos una ojeada a la historia del sistema capitalista veremos que prácticamente abarca el universo entero, pero no de la misma manera. No se puede comparar el desarrollo que tiene en países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y en general en los denominados países desarrollados, y en los que abarcan toda el área de lo que a partir de la Conferencia de Bandung (1955) conocemos en general como países subdesarrollados o, piadosamente, en vías de desarrollo. Los primeros son aquellos en los que el capitalismo reconoce como su tierra natal. Es en ellos que se inicia y a partir de allí se desarrolla, tendiendo a abarcar todo el globo terráqueo. En esos países desarrollados, ubicados en el centro de universo, el capitalismo como sistema desarrolla todas sus cualidades como en forma brillante las describe Marx en el célebre Manifiesto de 1847. Entre esas cualidades se encuentran las clases sociales a las que ya nos hemos referido. Ahora bien, ello no se produjo de la misma manera en los países centrales o desarrollados que en los periféricos o subdesarrollados. En los primeros, el capitalismo se desarrolla de una manera que podríamos decir normal, transformando plenamente la sociedad que se divide en clases sociales. Derecha, centro e izquierda pasan a ser las denominaciones, proletariado, clase media, burguesía. En los otros países la situación es diferente. El capitalismo se comporta no como quien lo hace en su propio terreno, sino en terreno ajeno. Sus realizaciones son como incursiones en dicho ajeno. Desestructura a las sociedades en las que penetra, pero no las reestructura plenamente, sino que produce “colonizaciones” parciales. El resultado es el de una mezcla de modos de producción, con hegemonía del capitalista, pero con la presencia de otros modos de producción que generan una serie de sectores sociales difíciles de categorizar. Basta echar una ojeada a cualquiera de esas sociedades, algunas con más desarrollo capitalista, como Argentina y Brasil y otras, con menos desarrollo de dicho sistema, como Paraguay o Bolivia. En efecto en Argentina podemos distinguir una clase dominante, que conocemos como “oligarquía” en la que se