Opinion

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 21 de MAYO 2017 El vértigo de la agenda política argentina tiende a envejecer prematuramente acontecimientos cruciales y de alcance histórico. No es, claro, un vértigo inocente. La coalición política gobernante —la verdadera, no la cada vez más irrelevante alianza con el radicalismo sino la que conforma el macrismo con los grandes medios de comunicación y con la corrupción judicial— maneja los ritmos y los relieves de los acontecimientos. Por eso parece que el tsunami político que provocó el fallo pro-indulto de la mayoría automática de la Corte Suprema hubiera pasado hace mucho y no hubiera dejado ninguna huella importante en la política argentina. Sin embargo, está muy claro que estamos ante una larvada crisis institucional, cuyo curso y desenlace forma parte central del futuro de la democracia en nuestro país. La cúpula de uno de los tres poderes constitucionales está hoy absolutamente vaciada de legitimidad. Su decisión ha impactado en uno de los consensos políticos centrales construidos en nuestro país durante los dieciséis años de vigencia ininterrumpida del estado de derecho: el de la necesidad de la memoria, la verdad y la justicia respecto de los crímenes del terrorismo de Estado. Lo revelaron todos los estudios de opinión que señalan una masa absolutamente mayoritaria de rechazos al fallo. Pero ante todo, lo puso en escena la multitudinaria plaza de Mayo del pasado 10 de mayo. Algunas de las consecuencias político-institucionales están a la vista, otras insinúan escenarios problemáticos a corto plazo. La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público postergó la convocatoria a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Como es de práctica, se ensayaron excusas formales para la postergación, pero no hay forma de desligar el cambio, impulsado por el macrismo, de la tormenta que se desata sobre la cúpula judicial. El simulacro de juicio político preparado contra la procuradora no está rodeado hoy de un clima político favorable; perseverar en la agenda prevista hubiera sido exponerse a convertir el espectáculo parlamentario que se había montado en un escenario donde resonaran muy fuertes los argumentos contra la prepotencia del gobierno en su intento de apoderarse de todos los resortes judiciales decisivos: imponer a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz (lo que se intentó perpetrar por decreto con la posterior conformidad de los designados), facilitar la violación a la Constitución que comporta la continuidad de Elena Highton de Nolasco como jueza de la Corte y después destituir de modo fraudulento a Gils Carbó hubiera aparecido claramente como la evidencia de una política dirigida a homogeneizar el Poder judicial en respaldo de las decisiones de gobierno. No quedaría de la independencia judicial más que una retórica gubernamental claramente desmentida por los hechos. Pero a la crisis institucional le esperan nuevos episodios. Tal vez el más inmediato y dramático es el papel que los cortesanos han recibido justamente de la procuradora general, el que fundamenta con sólidos argumentos jurídicos la necesidad de poner en libertad a Milagro Sala, cuya ilegal detención dura ya más de dieciséis meses. Además esta decisión estará precedida por la presencia de una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya decisión de condenar el atropello no deja ninguna razón para la duda. Es una decisión muy dramática para la cuestionada Corte. Si ratifica su prisión habrá reforzado su divorcio de la ciudadanía. No sirve, en este caso, detenerse a calcular si las encuestas mostrarían el mismo abrumador consenso negativo que expresaron frente al fallo del nuevo indulto: el sesgo autoritario y represivo de las decisiones de la cúpula judicial quedaría convertido en una certeza política y las consecuencias de esto no podrían reducirse a un escrutinio circunstancial de la opinión pública. Se habría sellado de ese modo la atadura irreversible de la Corte a la imprevisible suerte del gobierno de Macri. Para aflojar la tensión social a su alrededor, la Corte podría validar el dictamen de Gils Carbó y ordenar la liberación de la luchadora social. Pero en ese caso estaríamos ante una circunstancia crítica para la coalición formal entre Macri y el radicalismo, casi inexistente en la práctica de gobierno pero de importancia crítica en las muy próximas elecciones legislativas. Claramente el impacto sobre la figura del gobernador Gerardo Morales, sobre la realidad política de la provincia de Jujuy y sobre las relaciones entre el PRO y la UCR sería muy considerable. ¿Puede la Corte sencillamente no hacer nada y aplicar la terapia política del paso del tiempo? Eso ya hubiera sido problemático antes del fallo a favor de los genocidas; luce muy problemático en medio de la incierta situación político-institucional en la que está hoy la Corte. Además el fallo, la réplica popular y las consecuencias institucionales han dejado la situación de la justicia frente al castigo a los criminales de la dictadura en una especie de limbo. El Congreso, recordemos, sancionó en tiempo record una ley que impide explícitamente la aplicación del beneficio del 2×1 a los culpables de los crímenes de lesa humanidad, con el llamativo apoyo de los partidos que vienen militando en el negacionismo del genocidio y en el rechazo de la política de justicia de los años anteriores a la asunción de Macri. La ley no es aplicable al caso Muiña ya beneficiado por el fallo, obviamente irreversible, del supremo tribunal. ¿Qué pasa con la larga fila de criminales formada después de ese veredicto en reclamo de recibir el mismo beneficio que el indultado Muiña y con los fallos contrarios al de la Corte que se han multiplicado en los últimos días? La mayoría macrista del tribunal podría ampararse en la ley recientemente aprobada para borrar el antecedente que su propio fallo inconstitucional creó y, en consecuencia, mantener el cumplimiento legal de las condenas de los represores; la tentación de hacerlo para disminuir el aislamiento social sería muy grande. Sin embargo, como lo demuestra el artículo publicado por Aníbal Fernández en este diario (“Corregir el dislate con un desaguisado”, PáginaI12, 17 de mayo), ese lavado de cara del

Fuente: Baltasar Garzón | Página 12 Fecha: 07 de MAYO 2017 El polémico fallo del 2×1, emitido en ajustada mayoría el tres de mayo por la Corte Suprema (Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco contra Lorenzetti y Maqueda) en relación al cómputo de la pena del represor de la dictadura, Luis Muíña, supone una amenaza a las históricas conquistas que en materia de derechos humanos ha alcanzado Argentina en las últimas décadas. Las consecuencias de esta sentencia son alarmantes. Aproximadamente unos 300 represores, es decir, prácticamente la mitad de los condenados de la dictadura, podrían ser beneficiados con esta desacertada interpretación jurisprudencial. Nombres vinculados a los más aberrantes crímenes que ha conocido la sociedad argentina, como Astiz, Radice o Cavallo podrían acogerse a los efectos extensivos de este fallo y quedar libres. El argumento jurisprudencial expuesto por la Corte Suprema entiende aplicable al represor Luis Muíña, condenado en 2011 a trece años de cárcel, la Ley 24.390 (conocida comúnmente como ley del 2×1), vigente entre los años 1994 y 2001. En dicha ley se estipulaba, en su artículo 7, que “transcurrido el plazo de dos años […] se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”. Según la Corte Suprema, la Ley 24.390 debe ser aplicada al caso ya que de lo contrario se vulneraría el principio de legalidad, al quedar afectada la regla de la ley penal más benigna. Además, la Corte Suprema entiende que la Ley 24.390 no hace excepción alguna, por lo que puede ser aplicada también a los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el controvertido fallo de la Corte Suprema no tiene en cuenta relevantes aspectos jurídicos que cuestionan severamente sus argumentos. En primer lugar, es necesario recordar que el poder judicial argentino, al disponer de crímenes internacionales como la lesa humanidad, no puede resolver de manera atomizada, en un estanco aislado, atendiendo exclusivamente a criterios de su ordenamiento interno. Al conocer de este tipo de crímenes los órganos judiciales deben respetar el derecho internacional de los derechos humanos, configurado por normas imperativas de obligado cumplimiento para toda la comunidad internacional en su conjunto. En este sentido, los instrumentos internacionales ratificados por Argentina, así como la normas de ius cogens en materia de lucha contra la impunidad, obligan a los Estados a “sancionar adecuadamente” y con arreglo a los “estándares internacionales” a los responsables de crímenes internacionales. Es por ello que las amnistías, indultos, reglas de prescripción, la cosa juzgada fraudulenta o las penas irrisorias han sido anuladas en múltiples ocasiones por instancias internacionales, al considerar que los Estados vulneraban normas internacionales imperativas, de superioridad jerárquica, que les obligaban a establecer una sanción acorde con lo esperado por la comunidad internacional. Por ello, el enjuiciamiento y condena de estos crímenes por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales debe hacerse siempre respetando las exigencias recogidas en los estándares internacionales. De esta forma, la ejecución de la pena en sede nacional está revestida de características imperativas que vienen desde el derecho internacional y de las cuales no pueden disponer las legislaciones nacionales. Aplicar este tipo de beneficios lleva peligrosamente al Estado argentino al terreno de las amnistías parciales, los indultos encubiertos o cuando menos las penas no acordes a estándares internacionales, por lo que obvia todo el acervo internacional construido en la última mitad del siglo pasado que obliga a los poderes argentinos a responder con condenas adecuadas al daño causado. La controvertida decisión librada por la Corte Suprema no muere en el sistema judicial argentino, aunque haya sido dictada por la cúspide de su poder judicial. Al tratarse de conceptos jurídicos internacionales, como es la lesa humanidad, será con total seguridad revisada en instancias internacionales que podrían determinar que Argentina ha vulnerado principios imperativos. Y es que este fallo afecta de lleno a la política penal de persecución de crímenes internacionales. La sentencia desplegará efectos casi exclusivamente en lo referente a criminales de la dictadura, ya que pocos condenados por delitos comunes están en las cárceles por hechos ocurridos antes de 2001, momento de la derogación de la ley. Por lo tanto, no es consecuente desempolvar esta ley derogada y afirmar que lo que se pretende es aplicar un mismo beneficio para todos, cuando se sabe, y esa es una de las perversiones del fallo, que los únicos beneficiarios serán los represores de la dictadura. En segundo lugar, es necesario recordar que la Ley 24.390 del 2×1 tenía como ámbito de aplicación las personas que se encontraran privadas de libertad en el momento en que se aprobó, siendo aplicable sólo durante el tiempo que estuvo en vigor. Sin embargo, en el caso resuelto por la Corte Suprema el encarcelamiento de Luis Muiña fue posterior, una vez ya había sido derogada la ley. Por lo tanto, la Ley 24.390 no puede afectar a personas que fueron privadas de libertad por condenas posteriores, cuando ya no estaba en vigor. Se trata de una norma procesal destinada a regular la prisión preventiva, limitándola a las causas que estaban en curso en aquel momento, en un contexto en el que la prisión preventiva se había convertido en un problema en las cárceles argentinas. Una vez que el legislador entendió que el problema de la lentitud de los procesos judiciales y la prisión preventiva excesiva se había superado, se derogó la norma aprobándose la Ley 25.430 en 2001. Junto a los dos argumentos anteriores, es inevitable hacer referencia a la inasumible interpretación de la ley penal más benigna que hace la mayoría de la Corte. El principio jurídico penal de la aplicación de las normas sancionadoras más favorables al reo está recogido en los ordenamientos de la práctica totalidad de los Estados democráticos. Eso no se discute. Sin embargo, es necesario recordar que este principio no opera en todo tipo de normas, sino exclusivamente en el ámbito de las leyes penales. De hecho, el Código Penal argentino recoge este principio en su Título I, denominado “Aplicación de la Ley Penal”, por lo que es

Fuente: E. Raúl Zaffaroni* | La Tecl@ Eñe Fecha: 03 de MAYO 2017 Hay delitos instantáneos y permanentes o continuos. En los instantáneos hay un momento consumativo y nada más: en un robo el apoderamiento, en un homicidio la acción de matar. En los delitos continuos o permanentes hay un estado consumativo que se prolonga en el tiempo, como en el secuestro (la desaparición forzada lo es), el delito se sigue cometiendo mientras dura la privación de libertad. Lo mismo pasa en la alteración del estado civil (caso de niños apropiados). Durante ese tiempo en que continúa cometiéndose el delito se pueden suceder leyes penales diferentes, más benignas o más gravosas y, en verdad, el delito se sigue cometiendo en vigencia de todas esas leyes. Tratándose de un delito permanente, o sea que tiene un estado consumativo que se prolonga en el tiempo, como es la desaparición forzada o el secuestro, la pregunta se refiere a qué ley debe aplicarse, si la que rige al comienzo o la que se sanciona después y antes de que cese la privación de libertad, es decir, de todas las leyes que tienen vigencia mientras se sigue cometiendo el hecho ¿cuál se aplica, dado que el hecho se comete en vigencia de todas ellas? La doctrina europea considera que se debe aplicar la última (aunque sea más gravosa). La doctrina nacional se inclina en general por la del comienzo, criterio que comparto en mis últimas obras. El antecedente más importante que recuerdo fue en el caso del secuestro de Aramburu, en que Onganía agravó la pena del secuestro después de iniciado el hecho, pero como es sabido no llegó a plantearse porque el secuestrado fue muerto. Cuidado que no se trata de leyes sucesivas durante el proceso, que es otra cosa diferente: si después de terminada la comisión del hecho (después de un homicidio, por ejemplo, o después que la víctima del secuestro recupera la libertad) y durante el proceso se sanciona una ley más gravosa, no puede aplicarse, y si se sanciona una más benigna, sí debe aplicarse; pero eso es por completo diferente al caso del delito continuo o permanente, en que el delito termina de cometerse sólo cuando se extingue el resultado permanente. La diferencia entre un delito instantáneo y otro permanente no es menor, tiene otras consecuencias: el que colabora mientras el secuestrado está privado de libertad es un cómplice o también puede ser un coautor; el que colabora después o cuando ya se ha cometido un delito instantáneo sólo puede ser un encubridor. La prescripción empieza a correr desde el momento del hecho en el delito instantáneo y desde que cesa el resultado en el delito permanente. *Profesor Emérito de la UBA. Ex Juez de la Suprema Corte de Justicia. Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Jorge Elbaum | Hamartia Fecha: 2 de MAYO 2017 El discurso de la derecha empieza a perder su traje edulcorado para mostrar sus íntimas convicciones autoritarias. Durante dos años se habló de una Nueva Derecha, que incluía una original relación “republicana”. La estatua de cera pierde su cobertura al calor de las necesidades inmanentes del privilegio y su contraparte, la resistencia aun fragmentada –pero activa– del pueblo. El marketing, que sirvió para pasteurizar el constitutivo ademán represivo, hoy fluye como una de las cartas de presentación del modelo macrista. Y como es inevitable, también en el discurso irrumpe esa huella distintiva. “Ella tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos, en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”. La frase que tuvo amplia trascendencia es textual del ministro Esteban Bullrich, pronunciada en Ámsterdam, durante la firma del convenio con la Fundación Ana Frank, en abril pasado. La aseveración de que la causa del asesinato de Ana fue el resultado de “dirigencias incapacitadas de unir” utiliza —en un ejercicio de banalidad grotesco— la pretendida polaridad entre “quienes sí quieren unir” (Cambiemos) y quienes buscan la desunión (el kirchnerismo). La segunda proposición –que fue llamativamente menos reproducida y citada– es aún más iluminadora del inconsciente político del PRO: (esa dirigencia: ¿los nazis?, ¿los aliados?) no llevaron paz “a un mundo que promovía la intolerancia”. Si el Ministro se refería a los nazis con la palabra “intolerancia”, la banalización aparece como un dato indudable. Pero en el caso de que su fraseología fuese orientada a los “Aliados” —cosa que aparece como posible— la definición es escandalosa. Bullrich no solo evidencia una muestra de ignorancia o falta de compromiso con los símbolos más dolorosos de la condición humana, sino que evidencia el miserable interés de una utilización publicitaria del genocidio, con el objetivo de granjearse las simpatías de las corrientes “biempensantes” del establishment europeo. Bullrich habla sobre Hitler en Holanda, en Ámsterdam, y afirma que el pecado del Führer fue –apenas– su “incapacidad de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia”. No se le escapa ni una condena al periodo nazi. No habla de las cámaras de gas. No se sensibiliza con el millón de niños judíos menores de diez años masacrados por el fascismo. Ni siquiera nombra los 15 millones de soviéticos que murieron enfrentándose a la maquinaria nazi. El tema no le es cercano. No le parece importante. No puede –ni siquiera en las entrañas del dolor que supone la Casa de Ana Frank– consustanciarse con el sufrimiento que implican 40 millones de muertos durante la segunda guerra. El convenio es un trámite para superar la “desunión europea”, casi un cuento de hadas en las fauces del sufrimiento mal absoluto. La cita abona una seguidilla de furcios y sincericidios que la gestión política del macrismo viene pronunciando sin solución de continuidad. Sus presentaciones empiezan a imponerse como espontaneas debido a que no pueden ser permanentemente guionadas. Mauricio Macri, en ese evento, escribió en el libro de visitas de la Casa de Ana Frank el siguiente mensaje: “Su padre supo transformar su enorme dolor en una misión y comprometer al mundo en la lucha por los derechos humanos. Piensa en toda la belleza a tu alrededor y sé feliz, Ana Frank. Con todo mi afecto y respeto”. La referencia tergiversada del texto de Ana “…piensa en la belleza a tu alrededor y sé feliz”), escrita retrospectivamente conociendo el final de la adolescente en Auschwitz, irrumpe como furcio banal, cínico, asociado a una tragedia criminal. Ningún Duran Barba (que dijo alguna vez que “Hitler era un tipo espectacular”) podrá invisibilizar la misión prioritaria de congraciarse con inversores de Países Bajos, usufructuando apresuradamente el dolor de las víctimas de la Shoá. El libro de bitácora de la Casa Museo, suscrito por personalidades de todo el mundo, guarda así el testimonio de un presidente argentino para quien la vida de un millón y medios de niños masacrados solo puede ser asociado a un slogan publicitario de Coca Cola: “Sé feliz”. Las obligaciones de gestión que el gobierno nacional posee, han llevado a los funcionarios públicos a mostrar su verdadero pensamiento en diferentes tópicos. La etapa “Durán Barba”, periodo inicial del PRO, que se basaba en la simpatía mediática y en el optimismo mágico, fue coherente con la vulgaridad callejera del patriarcalismo hegemónico: “a todas las mujeres les gusta que les digan qué lindo culo que tenés”, en boca de Mauricio Macri. Hoy, coherente y materialmente se despedazan los programas de ayuda a las mujeres golpeadas. Mientras que en la primera etapa el ministro de educación Esteban Bullrich –en el marco de un oxímoron lógico— inicia las clases en una facultad de Rio Negro, en 2015, en Choele Choel asociado la lógica de enseñanza-aprendizaje a una “nueva campaña al desierto”. Su discurso se enuncia en las entrañas meridionales donde Roca y sus asesinos robaron tierras y exterminaron pueblos originarios. El discurso de Bullrich es coincidente con la frase enunciada por el entonces candidato a la presidencia de la nación, Mauricio Macri, cuando se refirió a los Derechos Humanos como “un curro” dando por tierra con cuarenta años de reivindicaciones y luchas que implicaron una nueva identidad ciudadana reconocida en todo el mundo. Esa es la causa por la que “Cambiemos” se enreda en todo lo que tenga que ver con lo social, con la solidaridad, con la empática con el dolor del otro. Para los CEOs la “Patria no es el Otro” sino un territorio de inversiones. Para los Bullrich, igual que para los Rivadavia y los Mitre en otra etapa de nuestra historia, los sectores populares son los encargados de hacer el máximo esfuerzo para maximizar los negocios agroexportadores o financieros. La obligación de tener que dar discursos –sobre todo cuando tienen que improvisar— los hace trastabillar. Se enredan porque intentan hacer esfuerzos denodados por disimular su proverbial simpatía

Fuente: Jorge Elbaum | Nuestras Voces Fecha: 19 de ABRIL 2017 Las dos mayores instituciones judías argentina, AMIA y DAIA, se sumaron al dispositivo político de Cambiemos. El articulador es el diputado Waldo Wolff, lanzado a la política a caballo de la muerte del fiscal Nisman, impulsor del pago de la deuda a los fondos buitre, la compra de armas a Israel y la presión macrista sobre la justicia. Favores, negocios y presiones en alianza con Daniel Angellici, la ministra Bullrich, el intendente Macri y, un clásico PRO, negocios inmobiliarios privados con favores públicos. La AMIA y la DAIA han asumido una desembozada adscripción partidaria al gobierno de Mauricio Macri y se han transformado en el puente con el Likud, partido político del primer ministro israelí Bibi Netaniahu, que avala a los colonos fundamentalistas y sabotean cualquier iniciativa de paz con el pueblo palestino. Las articulaciones incluyen el contacto con la derecha supremacista de los Estados Unidos (cuya más reciente denominación es “alt-right”), asociados a “fondos buitres” y con las agencias de seguridad internacionales. Los negocios y acuerdos políticos con esos sectores involucran a la Argentina en conflictos geopolíticos ajenos a la realidad de paz del continente latinoamericano. Uno de los actores de ese dispositivo –en nuestro país— es el diputado nacional Waldo Wolff, quien dejó de ser vicepresidente de la DAIA para jugar un rol político a partir de la denuncia de Natalio Alberto Nisman. La muerte del fiscal fue utilizada como un elemento central para lograr la victoria de Mauricio Macri en las últimas elecciones nacionales. Los intercambios de mensajes de Nisman en las últimas 48 hs de su vida del fiscal lo muestran junto a Laura Alonso, Patricia Bullrich y Natasha Niebieskikwiat (periodista de Clarín) presionando al titular de la UIF-AMIA (Unidad de Investigación Fiscal del atentado) para que amplíe la espuria denuncia de Nisman contra la entonces Presidente Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara Baja, hecho que para algunos psicólogos forenses supuso uno de las posibles causales del suicidio. Wolff ha sido –además— el principal impulsor para que la AMIA y la DAIA acusen a Héctor Timerman y a CFK del ridículo cargo de “traición a la patria”, por la motorización del memorándum que únicamente pretendía lograr las declaraciones testimoniales de los acusados para efectivizar por fin el juicio del atentado. Disciplinamiento judicial y alianza con los Buitre Otra de las prioritarias tareas de Wolff, dispuesta como devolución de favores al intendente de Vicente López, Jorge Macri –quien fuera su mentor y responsable de su postulación como candidato en la lista de legisladores en la última contienda electoral— ha sido la persecución judicial y política. Junto a Daniel Angelici, operador macrista en los pasillos del Poder Judicial, se dedica regularmente al acoso sistemático contra jueces independientes o contra aquellos que se sienten identificados con la visión democrática de “justicia legítima”. En connivencia con Jorge Macri y Daniel Angelici, Waldo Wolff se constituyó en el encargado de intentar un acorralamiento contra el juez Daniel Rafecas, con el objetivo de escarmentarlo por desestimar en dos oportunidades los turbados dictámenes de Nisman. Una de las iniciativas encarada por Wolff para degradar a Rafecas fue denunciarlo por “amenazas” luego de que –según Wolff— “una mujer lo insultara telefónicamente” en el marco de una comunicación que había entablado con el propio juez. Según Wolff lo amenazó la mujer de Rafecas, pero su acusación de “amenazas” fue contra el Juez y no contra su mujer. Fue desestimada rápidamente. Waldo Wolff fue, además, uno de los encargados para lograr que Nisman fuera enterrado en el cementerio de la Tablada en un lugar de privilegio. Según la tradición judía, no pueden ser inhumados en dicho perímetro aquellos cuya muerte ha sido producto de un suicidio. Los religiosos de la AMIA que administran el predio -tan socios del PRO como Wolff— olvidaron la sacralidad de los rituales y suscribieron el mote de “yo soy Nisman”: definieron la inhumación como un asesinado poniéndose por encima de la Justicia que investiga el hecho. La campaña para atacar a CFK y Timerman se prolongó con la asistencia del socio político en la DAIA de Wolff, Jorge Knoblovits, quien fue en 2015 Secretario General. Ambos pergeñaron una estentórea gira por los Estados Unidos, en el verano austral de 2015, en la que se programaron diferentes actos en templos comunitarios, asociaciones ligadas al partido republicano -como la Anti-defametion League- y contactos con los sectores más reaccionarios del arco político estadounidense. La “gira” buscó transmitir la supuesta responsabilidad del gobierno de CFK en el supuesto asesinato del fiscal. De paso, desarrollaron contactos con importantes inversores de los “fondos buitre”, para sumarlos a la campaña de Mauricio Macri a cambio del cobro de los intereses que nuestro país se negaba a abonar después del canje de deuda. Los “fondos buitre” asumieron compromisos de deslegitimación de Daniel Scioli desde los medios de comunicación de los Estados Unidos y globales, para contribuir a la victoria de Macri. Uno de los encuentros públicos más silenciados por la AMIA y la DAIA fue la conferencia conjunta brindada por Jorge Knoblovits y el cubano –nacionalizado estadounidense– Carlos Alberto Montaner, sindicado por múltiples fuentes como un conspicuo colaborador de todos los intentos golpistas existentes en América Latina en los últimos treinta años. En esa conferencia pública, la DAIA y Montaner defenestraron a los el gobierno de Maduro y al de CFK en el original espacio de un Templo confesional, el Beth Torá Benny Rock Campus, en Miami. Este fue el insólito territorio dispuesto por Wolff y Knoblovits para asociar a Nisman con el golpista venezolano Leopoldo López. Ambos –Nisman y López– fueron equiparados como dos patriotas, víctimas del populismo latinoamericano. Los acuerdos alcanzados en EEUU fueron amplificados, en nuestro país a través de una campaña contra el chavismo –que se inició luego del regreso de Knoblovits al país— implementado desde las redes sociales a través de “trolls” gestionados por la jefatura de gobierno de la Ciudad, con el solidario asesoramiento del propio Waldo Wolff quien en

Fuente: Horacio González | Página 12 Fecha: 18 de ABRIL 2017 La expresión neofascismo suena rara, inconveniente, no abandona nunca sus aires nefastos pero imprecisos. Y desde luego, como es un enunciado siempre disponible, se emplea con rapidez, impulsado por sus contornos difusos. ¿Calificaríamos así al gobierno de Macri? Examinaremos la cuestión. El sufijo “neo” modifica, suaviza y da cierto misterio al concepto posterior al que se le aplica. Lo envía hacia una zona ambigua que resiste ser descripta con facilidades dogmáticas. Apenas indica que un concepto original se presentará bajo nuevos ropajes. Deberemos entonces indagar si las actuaciones en el plano del lenguaje, la economía y el control social que ejerce el macrismo, pueden rozarse en ciertos puntos específicos con algunas evidencias del fascismo, no en su sentido literal sino evocativo. Por decirlo así, bajo insinuantes evidencias apenas deslizadas. No perderemos tiempo con la expresión “fascismo” como acusación rápida. Tal como comprobamos habitualmente, sale veloz entre nosotros la expresión “fachos”. Pero trataremos con calma de ver qué raigambre puede tener ahora esa palabra en la actualidad argentina. Y en especial, en lo que hace un Gobierno que casi siempre suele ser ubicado en los cuadrantes del “neoliberalismo”. Necesariamente, para aliviar este tipo de comparaciones ultristas e insustanciales (en el pasado se llegó a hablar de “nazi-nipo-peronismo”), encerramos la palabra fascismo entre el prefijo “neo” y la expresión “liberal”, como un polvillo imprescindible en un cometa cuya cola atrae toda clase de detritus sobre los que nos debemos pronunciar. Estas mixturas o entrecruzamientos de apariencia insólita pertenecen, en cambio, a los momentos de mayor tensión histórica, como éstos. Y lo que parece contrapuesto, súbitamente, se encuentra. La expresión “neofascismo liberal” ya la ha sugerido Jorge Alemán en varios trabajos y aquí la sustraigo para comentarla, muy seguramente en el mismo sentido que él le ha dado, aunque tratando de explorar con ella ámbitos de la comunicaciones de masas, formulismos discursivos del Presidente y de sus funcionarios, y demás artilugios del Gobierno “surgido de elecciones democráticas”. Lo resumimos en la pregunta sobre qué tipo de ciudadanía están construyendo. Todas las figuras de la ley, de la lengua, del juicio o de la misma conversación de apariencia trivial, se han transfigurado con el macrismo. Es claro que la acusación de “fascismo” es proliferante, fulminante y dispendiosa. Tantas veces que hubo de necesitarla, el liberalismo golpista la dirigió como una flecha instantánea contra el peronismo. En su base había un importante equívoco, que costaba deshacer y que en gran parte ocupó la tarea de la publicística peronista… y del propio Perón. En la época del Congreso de Filosofía, fines del 40, se le ofrece a Perón invitar al filósofo alemán Carl Schmitt, recién liberado por los norteamericanos. El líder argentino algo sabía del asunto y les responde a sus colaboradores: “¿qué quieren, ya me dicen fascista, imagínense si ahora traemos a un escritor que tiene teorías consideradas nazis?”. En las intervenciones del ensayismo peronista solía remarcarse que el peronismo surgía de una sociedad industrial en construcción, con un proletariado nuevo (tesis muy matizada luego por Milcíades Peña y otros autores) que expresaba demandas democrático-sociales y de modernización con justicia distributiva. No un nacionalismo redentista basado en arcaísmos psíquicos en contrapunto con tecnologías capitalistas avanzadas. Sino, un nacionalismo democrático y popular con distintos tipos de negociación con economías después llamadas del “capitalismo más concentrado”. Los fascismos europeos surgían en cambio del mesianismo de la sangre, aliado a los cánticos triunfales del futurismo artístico ante las grandes tecnologías. La epopeya del jefe teatralizado ante las multitudes, junto a la épica de una tecnología heroica en su mismo ser veloz y destructivo, caracterizó a esos fascismos. Funestos mitos operísticos, justificaron matanzas masivas con pensamientos escatológicos amalgamados con delirios de la razón de Estado. Más allá de la filosofía mesiánica de la superioridad racial, sigue siendo útil para percibir los otros rostros de fascismo apocalíptico, como eran los de la cotidianidad fascista tratando de conquistar los últimos poros de la sociedad. Se puede hacer todo esto con la revisión de grandes films. Ejemplificamos con Amarcord (Fellini), El General Della Rovere (Rosellini) o Un día particular (Scola), entre tantos otros. Un equivalente argentino podría ser el famoso cuento de Bioy Casares y Borges “La fiesta del monstruo”, donde la violencia final antisemita suena impostada, pues lo que realmente les interesaba a los autores de ese gran libelo es acusar al peronismo de vulgaridad lingüística. El narrador desastrado que concurre a la Plaza de Mayo habla un cocoliche entre burocrático y rebuscado, idiomáticamente derrumbado. Frente a esa crítica, terminante e hiperbólica pero que no hace creíble al “fascismo” de Perón, Borges escribe en cambio el “Deutsches Réquiem”, donde la grave pintura del oficial nazi —un intelectual víctima de un destino catastrófico— intenta ser comprensiva, creíble y trágica. El verdugo nazi y la víctima judía se complementaban, y con ese mismo argumento del tiempo circular, Borges condenó luego a las juntas militares. Borges sabía perfectamente quién era Ernst Jünger, y contrario sensu, el gran filósofo Carlos Astrada, cuando actuó periféricamente en las filas del primer peronismo, llegó a criticarlo sin poner como atenuante su exquisita y siempre reconocida estética de lo aciago. Cuestionó a Jünger precisamente por su tesis de la “movilización total”. Era tocar uno de los núcleos esenciales de lo que, alberdianamente, se condenó como el crimen de la guerra en el siglo XX. Los sectores medios, como los que en Europa —Italia y Alemania—, hace más de medio siglo, se movilizaban acosados por humillantes derrotas bélicas anteriores junto a la búsqueda de culpables externos, no se dieron así entre nosotros. Aquí el reguero de violencia nacional no siguió necesariamente las formas políticas entrelazadas con una locura mesiánica que pretendía diversas fórmulas mágico-burocráticas de racionalización. Es cierto que en el bombardeo a la Plaza de Mayo se buscaron justificaciones en ideologías egregias. Para los marinos cristianos el “Cristo Vence” y para los militares laicos el fantasma redivivo de Rosas. Eran fórmulas fanáticas y sacramentadas que podrían justificar

Fuente: Mariano Szkolnik* | Nueva Sión 29 de MARZO 2017 Con la pretendida ingenuidad pop del personaje de Diego Capusotto, y con su notable capacidad para pronunciar exabruptos sin sopesar consecuencias, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, exhibió su más abyecta cara negacionista. Bullrich declaró que «[Ana Frank] tenía sueños, sabía lo que quería, escribía sobre lo que quería y esos sueños quedaron truncos, en gran parte por una dirigencia que no fue capaz de unir y llevar paz a un mundo que promovía la intolerancia». Lo hizo en el marco de la suscripción de un convenio de cooperación entre el organismo a su cargo y la Casa de Ana Frank, en Ámsterdam. No puede haber hipérboles ni rodeos para designar un genocidio, a menos que se lo pretenda minimizar, reducirlo a una escaramuza o mero exceso en el uso de la violencia. No puede hablarse de «sueños truncos» cuando de lo que se trató es del asesinato sistemático de un colectivo de personas con nombre y apellido. Son seis millones… y también son treinta mil. Silencio de la DAIA. Dirigencia Caracterizar como «dirigencia» (entiéndase «política») a un ejército invasor abocado con frenesí a la tarea de perseguir, deportar, confinar y exterminar a los judíos de los Países Bajos (y de toda Europa), denota una profunda y completa ignorancia de la historia contemporánea por parte de quien realiza tal afirmación, o en todo caso, expone una interpretación que lejos de ser inocente, resulta cómplice con aquellos que niegan el genocidio. Se desprende de los dichos de Esteban Bullrich —funcionario responsable de la política educativa en la Argentina—, que en «un mundo que promovía la intolerancia» (curioso predicado sin sujeto, acción sin actores), el «dirigente» Adolf Hitler y los nazis, —aclaremos: armados hasta las encías—, fracasaron en su objetivo de «unir y llevar la paz al mundo». Oculta así el ministro el objetivo aniquilador de la ocupación nazi; recorre el funcionario el sendero que conduce directamente al desfiladero del negacionismo, doctrina fundada en la imposibilidad de creer que acontecimientos tan aberrantes y fuera de toda proporción pudieran haber tenido lugar alguna vez. En todo caso, por ignorancia o por manifiesta convicción, la negación ministerial del Holocausto constituye un hecho repudiable. Sueños truncos Es recurrente el uso de metáforas oníricas en los discursos del presidente Macri. Se trata de un recurso de apelación emocional, que explicaría —en retrospectiva— su decisión de «meterse en la política». El recurso trasciende a Macri, y permea al funcionariado que lo secunda. Bullrich navega sobre esas aguas cuando sostiene que Ana Frank «sabía lo que quería, tenía sueños». El ministro habla como un coach motivacional o como gerente de recursos humanos (como le gusta autodefinirse), sin abundar en precisiones sobre cuales habrían sido esos «sueños» o qué era aquello que la joven Ana «quería». Las aspiraciones de la adolescente quedaron truncas… ¿Por qué?: por obra de la fatalidad, por un desencuentro histórico, por la «irresponsabilidad» de una «dirigencia»… o por la falta de diálogo, significante vacuo con el que el aparato propagandístico del gobierno machaca para distinguir el espíritu que guía las acciones de la actual gestión, vis a vis el «ánimo confrontativo» del gobierno anterior. Ana Frank y el nazismo no fueron «dos campanas» equivalentes y con derecho a ser igualmente escuchadas. La primera fue una niña perseguida por su condición de judía, residente en Holanda tras la huida de su familia de Alemania, escondida en una covacha hacinada durante dos años, hasta su captura, confinamiento y muerte en Bergen-Belsen. Lo segundo, fue el emergente de un proceso social genocida, encarnado en un Estado Total que con toda la violencia que permite la técnica moderna, barrió con la vida de millones de personas, incluida la de Ana Frank. ¿De qué unidad habla Bullrich? ¿A qué paz hace alusión? ¿Qué de común tenían esa niña judía y la más siniestra máquina genocida de la historia europea, como para calificar su «desencuentro» de «fracaso»? ¿Alucina el ministro con un hipotético «diálogo que superase las diferencias» entre las potencias del Eje y sus millones de víctimas? El ejercicio permanente de la memoria se torna indispensable como antídoto contra estas interpretaciones tergiversadas de los hechos históricos. También permite ir más allá, para establecer vasos comunicantes entre acontecimientos en apariencia inconexos: es posible hallar lazos de parentesco entre el genocidio judío perpetrado por el nazismo, y el genocidio argentino cometido por las Fueras Armadas durante la segunda mitad de los años setenta. Negar aquí, negar allá No puede haber hipérboles ni rodeos para designar un genocidio, a menos que se lo pretenda minimizar, reducirlo a una escaramuza o mero exceso en el uso de la violencia. No puede hablarse de «sueños truncos» cuando de lo que se trató es del asesinato sistemático de un colectivo de personas con nombre y apellido. Son seis millones… y también son treinta mil. Desde la asunción del actual gobierno, una serie de declaraciones de funcionarios, incluido el Presidente (quien recuperó para el discurso oficial el infausto concepto «Guerra Sucia»), han venido banalizando los hechos y regateando públicamente el número de víctimas del genocidio, como si al rebajar su cuantía quedaran exculpados sus perpetradores. El Negacionismo de Estado es, sin más, la continuidad y proyección del Terror de Estado hacia el presente. El silencio militante La creación de un clima mediático-estatal en el que es posible cuestionar la verdad histórica y jurídica, habilita la visibilización de sujetos y la emergencia de discursos que antes se encontraban —al menos— contenidos. La Caja de Pandora de la derecha ha sido entreabierta: nazis vernáculos que son invitados por el «incauto» Pedro Robledo a la Casa Rosada; Macri, Lopérfido, Gómez Centurión y hasta el mismo Secretario de Derechos Humanos de la Nación, poniendo en tela de juicio la cifra de desaparecidos; shows televisivos en donde «todólogos» con nulas credenciales, discuten acaloradamente «las dos versiones» de lo acontecido en los años setenta; docentes que proyectan a sus alumnos y alumnas material audiovisual el cual no sólo se

Fuente: David Iud* | Convergencia Fecha: ABR 2017 Cómo es sabido, el Fiscal de la Unidad especial AMIA, Alberto Nisman, el 14 de enero de 2015 denunció por encubrimiento del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, su entonces canciller Héctor Timerman y un grupo de cinco personas, un par de ellas muy notorias políticamente. El eje de la denuncia es que la firma del “Memorándum de Entendimiento” con Irán (el ex-Canciller Timerman y su entonces par iraní lo firmaron en Addis Abeba, capital de Etiopía, el 27/1/2013) era solo una especie de “pantalla” para encubrir a los imputados iraníes como autores del atentado. Imputó los delitos previstos en tres artículos del Código Penal: 241 inc. 2; 248 y 277 incs. 1 y 3. Este último, es el del encubrimiento. La denuncia dice que “una de las vías para lograr la impunidad”, fue la “elaboración, negociación, concreción y consumación del acuerdo firmado con la República Islámica de Irán”. Lo central del Memorándum era que se establecía un procedimiento para tomar declaración a los imputados de nacionalidad iraní, personas notorias, relevantes en su país que, es claro, nunca se han sometido a la justicia argentina. El tema que propongo analizar, no es el Memorándum en sí, su contenido, ni los hechos que se desencadenaron después de esta denuncia, la muerte del fiscal cuatro días después de la presentación de la denuncia, hecho que todavía se discute en la justicia, si fue suicidio u homicidio. Lo que propongo analizar es si la “elaboración y negociación” (palabras de la denuncia) por el Poder Ejecutivo Nacional de un tratado internacional, podría constituir delito. Hay otras dos palabras que utiliza el fiscal denunciante, “concretar y consumar”. Consumar, según el Diccionario de la Real Academia Española 22º Edición Tº 1 pg. 634 es “llevar a cabo totalmente algo”. Como es sabido, este tratado no fue llevado a cabo totalmente. En primer lugar porque no está claro si la República Islámica de Irán ejecutó o no los procedimientos que de acuerdo a su Constitución darían plena validez al tratado El Parlamento Argentino si lo hizo, sancionó la Ley correspondiente Nº 26.843. Esa ley fue declarada inconstitucional en Cámara, el gobierno (de Cristina Kirchner) apeló ante la Corte y pocos días después de asumir Macri, su gobierno desistió de la apelación, con lo cual la inconstitucionalidad quedó firme. Por lo expuesto, está claro que no hay consumación alguna, y menos aún podía haberla cuando el fiscal presentó su denuncia. El fiscal habla en su denuncia de una “consumación” que ni existía entonces ni existió después. Es notorio que el tratado no se ejecutó, que los imputados no declararon, que ningún funcionario judicial argentino viajó a Irán para tomarles declaración. En cuanto a la otra palabra utilizada por el fiscal denunciante, “concretar” de la misma fuente (Diccionario RAE, en este caso, pg. 615), ninguna de las cuatro acepciones que el diccionario da para la palabra “concretar” es aplicable a la comisión de un delito como el denunciado. Lo central es que el fiscal denunciante le imputa a Cristina Fernández de Kirchner tres conductas que constituyen delito: 1) Dictar órdenes contrarias a las leyes o la Constitución (Art. 248 del Código Penal), impedir o estorbar a un funcionario público el cumplimiento de sus funciones (Art. 241 inc. 2) y ayudar a alguien a eludir las investigaciones (Art. 277 CP inc. 1) agravado, por ser ella la Presidenta de la Nación (inc. 3 del mismo artículo) Se ha escrito mucho sobre la imposibilidad de ver en el establecimiento de un procedimiento para que el juicio avance, una maniobra para eludir la justicia. Si eso no existe, la acusación de encubrimiento, Art. 277 CP, cae y lo mismo pasa con la acusación de estorbar a un funcionario público el cumplimiento de su deber. Los “estorbados” serían todos los funcionarios a cargo del esclarecimiento del atentado, empezando por el propio Nisman. El “estorbo” es el encubrimiento, por eso, si cae la acusación de encubrimiento, cae también la acusación del Art. 241 inc. 2. Pero eso no es el objeto de este trabajo. Como el tratado no fue ni “consumado” ni “concretado”, lo que queda en pié es lo que efectivamente fue hecho, elaborar y negociar. ¿Podrían esas dos conductas encuadrarse en el delito previsto por Art. 248 del Código Penal que invoca el fiscal denunciante, dar órdenes contrarias a la Constitución? Veamos. Dice la Constitución nacional, Art. 99 inc. 11 que el Presidente “Concluye y firma tratados”, y “otras negociaciones” con “las naciones extranjeras”. De manera que, la Presidenta tenía las facultades para hacer lo que hizo en esta materia y difícilmente podría sostenerse la acusación basada en ese Art. 248 del Código Penal. Pero hay otro aspecto de este asunto en el que me quiero concentrar: cuando uno de los poderes del estado ejerce las facultades que la Constitución le atribuye, ese acto de ejercicio no es justiciable. Lo que estoy diciendo, no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino la esencia de una conocida doctrina jurídica, la “Doctrina de los Actos Políticos no Justiciables”, que tuvo origen en un célebre fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, “Marbury vs. Madison”, del año 1801. Marbury había sido nombrado Juez Federal, en momentos en que los Estados Unidos vivían el primer cambio de gobierno que simultáneamente era también cambio de partido gobernante. El partido de los fundadores de la Nación, el Partido Federalista de George Washington había sido derrotado en las elecciones por el Partido Republicano–Demócrata (después ese partido se escindiría en los dos conocidos partidos hoy existentes en U.S.A.). El poder político cambiaba de signo, y el gobierno saliente, en los últimos días de su mandato, había designado una gran cantidad de Jueces Federales, en una clara maniobra para retener una parte del poder. Pero el trámite para hacer efectiva la toma de posesión de cuatro de los nuevos Jueces Federales no fue completado por el gobierno saliente y tampoco era completado por el gobierno entrante, cuyo Poder