Opinion

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha 22 de FEB 2018 La política de comunicación del macrismo se basa en los mágicos principios de la “posverdad”, que privilegia el impacto emotivo de una información en desmedro de su veracidad. Fiel a esa tesitura –y con aproximadamente 400 mil personas movilizadas en la avenida 9 de Julio–, el Poder Ejecutivo hizo de cuenta que el miércoles nada había ocurrido. Para acentuar tal impostura hasta envió a sus principales funcionarios a recorrer los canales de TV. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue uno de los más activos. “La sociedad no quiere marchas, no quiere paros. Y necesita que a este gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la Argentina”, supo decir ante todo micrófono que tuvo a tiro. El nieto pródigo del ideólogo desarrollista no era el de siempre. Venía de una semana difícil. El domingo había tenido que huir precipitadamente del Monumental, en medio del encuentro entre River y Godoy Cruz,  justo cuando miles de gargantas homenajeaban a la señora Alicia Blanco Villegas, madre del Presidente de la Nación. Y el lunes, durante la inauguración del restaurante instalado en un vagón en desuso por la luchadora social del PRO, Margarita Barrientos, el deck se derrumbó bajo sus pies y fue a parar al suelo junto con su protegida. Este episodio fue descripto por algunos analistas como una metáfora de la situación que en la actualidad atraviesa el oficialismo. Ya no es novedoso decir que la alianza Cambiemos dilapidó la fortaleza pública que supo exhibir en las elecciones legislativas de octubre a raíz de decisiones tan desgraciadas como la reforma previsional –con el consiguiente desborde represivo durante su escandalosa aprobación parlamentaria– y contingencias de la magnitud del affaire protagonizado por el ministro Jorge Triaca con su ex casera familiar. Pero a semejante panorama ahora se suma otra señal: el quiebre progresivo de su frente interno. Algo alarmante para un régimen basado en la coalición entre los medios monopólicos, los partidos de derecha, los sectores más poderosos del Poder Judicial y los capitanes de la economía concentrada. Absolución en tono de falsete Apenas cinco meses transcurrieron desde el 17 de agosto, cuando una obscena maniobra efectuada por operadores del PRO en el Consejo de la Magistratura –que incluyó la eyección previa de un miembro opositor y la calculada demora del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en tomarle juramento a su reemplazo– bastó para suspender y enjuiciar al camarista federal Eduardo Freiler. El hecho en sí fue un aviso a sus pares y, por ende, una demostración del control gubernamental sobre los otros poderes del Estado. Sin embargo, algo cambió: en las últimas semanas los tribunales fueron un semillero de fallos adversos a los deseos presidenciales. Jueces de primera instancia, camaristas e integrantes del fuero federal se plegaron a esta oleada. Y hasta la ultraconservadora Asociación de Magistrados se atrevió a reprochar ciertas ansias jurídico-políticas de la Casa Rosada. Cabe destacar que algunos de tales caprichos también fueron contrariados por referentes del oficialismo y por comunicadores alineados al Gobierno. Una tendencia critica que comienza a extenderse como una mancha venenosa. El primer signo de este fenómeno sucedió durante la primera mañana de febrero al convertirse Mauricio Macri en el primer presidente constitucional que recibe en su despacho a un policía acusado de “homicidio por exceso de la legítima defensa”. En aquella ocasión bendijo al suboficial Luis Chocobar con las siguientes palabras: “Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo”. El aludido se sonrojó. Patricia Bullrich lo observaba con una expresión entre cariñosa y comprensiva. Ella sabía que el asunto causaría el beneplácito de un notable segmento del espíritu público. Y que las palabras del mandatario eran un mensaje para el juez Enrique Velázquez, quien había procesado al matador. Un duro golpe para las pulsiones punitivas de Macri fue que la Sala IV de la Cámara del Crimen –integrada por Rodolfo Pociello Argerich, Mariano González Palazzo y Marcelo Lucini– dispusieran un cambio en la calificación legal: el efectivo quedó procesado por “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento del deber”. Algo atónito, el Presidente entonces sólo dijo: “Como ciudadano, no entiendo cómo la Justicia dice que se excedió”. A esa altura Bullrich ya había instalado el tema de la “nueva doctrina”, un eufemismo que alude a la licencia policial para matar. Y fue nada menos que el dirigente radical –y miembro de Cambiemos–, Ricardo Gil Lavedra, quien salió al cruce de tan peligrosos disparates: “Hay que tener en claro que una mayor represión no trae seguridad sino violencia e inseguridad el conjunto de la gente”. Esa fue la opinión que vertió en varias entrevistas radiales y en una columna publicada por el diario La Nación. El asunto también mereció críticas por parte de columnistas orgánicos del macrismo, como Marcos Novaro y Pablo Duggan. De modo que la “insubordinación” de los mencionados integrantes de la Cámara del Crimen –quienes no se caracterizan por sus fallos “garantistas”– y la opinión de Gil Lavedra, junto a los cuestionamientos de ambos periodistas, iniciaron la corriente de disidencias conceptuales en una estructura partidaria hasta entonces asentada en el verticalismo impuesto por su líder. Los pasos perdidos A partir de entonces las fricciones internas comenzaron a sucederse con una inusitada frecuencia. Uno de sus ejes fue el bochornoso pedido de absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, además del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, en el alegato del abogado José Console, que representaba al Poder Ejecutivo en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. Este salvataje –ordenado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, por deseo de Macri y la supervisión de la vicepresidente Gabriela Michetti– se explica por la cercanía de dicho trío con el PRO, al punto de que, por ejemplo –según reveló Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna–, la señora Silvina Rivarola O’Connor, casada con Barbaccia, es una íntima colaboradora de Garavano en el organigrama ministerial. Los efectos

Fuente: José Cornejo y Daniel Galvagno | APU Fecha: 20 de FEB 2018 El constitucionalista Eduardo Barcesat analizó las declaraciones del ex presidente de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien dijo «quería que este gobierno se fuera lo antes posible». Al respecto, reflexionó sobre el estado de las instituciones nacionales. AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué opina de las recientes declaraciones de Raúl Zaffaroni? Eduardo Barcesat: Hay que hacer un diagnóstico económico y otro político institucional. En lo económico se advierte que el plan ineluctablemente ha fracasado. No hay crecimiento ni “pobreza cero”. Estamos endeudados en una cifra ya superior al 50% del PBI. Recordemos que cuando se provocó la crisis en 2001 era el 46 %. Se achica el déficit fiscal pero contrayendo deuda en condiciones ruinosas con una entrega de nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional y renunciando a toda forma de reclamo. ¿Y en el aspecto institucional? La parte institucional no le va en saga en cuanto a derrumbe del estado de derecho. Desde el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) (que quiso imponer dos jueces de la Corte Suprema) ya se demuestra que este gobierno iba a manejase de manera autocrática. Además de los DNU están los decretos simples. ¿Por qué? Es la picardía de las cacatúas togadas que asesoran al gobierno. Los decretos han abordado las cuatro materias que están taxativamente prohibidas por la Constitución: lo penal y procesal penal; lo tributario; el régimen de partidos políticos y el régimen electoral. Lo hacen por decreto simple para evitarse el control del Congreso. ¿Los decretos simples también exceden las temáticas vedadas? Peor, exceden y ni siquiera tienen intervención del Congreso. Pongo como ejemplo paradigmático el decreto en emergencia de la seguridad pública, de 2016, que modifica figuras y procedimientos penales, reinstala la pena de muerte a través de la Ley del Derribo. El bautismo de fuego fue el hundimiento de aquel pesquero chino, lo mandaron a pique con 38 personas a bordo. Cuatro fueron rescatados por el destructor que lo hundió y 34 por otro pesquero chino. Pudo haber sido un incidente internacional de lo peor. El 10 de enero, el gobierno firmó un DNU llamado megadecreto de 192 artículos. Deroga y modifica leyes vigentes. Al respecto, la Constitución señala en el artículo 99 inciso 3: «El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo». Uno hubiera deseado que algún fiscal hiciera la denuncia. ¿Usted hizo la denuncia? El Dr. Julián Domínguez, expresidente de la Cámara de Diputados y yo. El 1 de febrero la denuncia empezó a moverse, dado que el fiscal Ramiro González pidió medidas antes de ver si acusa. Además el ministro de Justicia Germán Garavano y su equipo incurrieron en prevaricato, es decir, han firmado el decreto a sabiendas que está en contra de la Constitución. Bueno este quiebre de la división de poderes significa que hemos abandonado el Estado de derecho. ¿No hay Estado de derecho en Argentina? No. La piedra fundamental del Estado de derecho, desde los padres de la Constitución de EE.UU. para acá es la división y el respeto del sistema de contrapesos entre los poderes. Esto está en la obra de Montesquieu. Lamentablemente la división de poderes ha sido afectada y también está afectado el Poder Judicial. Esto está confeso por el presidente (Mauricio Macri) cuando dice «necesitamos jueces que nos representen». Es decir, pide que sean hombres que trabajen para este gobierno. Ahora mire la ley 27, por el número se dará cuenta que fue sancionada casi inmediatamente posterior a la reforma de 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Esa ley establece taxativamente que el deber primero de los jueces es asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional por sobre los actos de los otros poderes. Los tres primeros artículos de esa ley siguen vigentes. Entonces los que critican al gobierno, o piden que se vaya, no son destituyentes o sediciosos, lo que hacen es denunciar la conducta destituyente del propio gobierno. Porque quien ha generado la perdida de funcionalidad constitucional es el gobierno. Observe también el artículo 36 del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, uno de cuyos párrafos dice: “todos los habitantes de la Nación argentina tienen derecho a resistir los actos de violencia institucional de gobierno”. El argumento del gobierno es “dado que a nosotros nos votaron, ustedes no pueden criticarnos, de lo contrario son golpistas”. También votamos diputados y senadores y otras autoridades locales pero a todos ellos les exigimos con la misma vara es decir cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Caracterizaría esto como una dictadura? Esto lo puse en los escritos que presentamos en sede judicial: si me gobiernan de una forma distinta a la que establece la Constitución, tengo que decir esto es un Estado de excepción. Recordemos además que las dictaduras más temibles llegaron con voto popular, el nazismo, a Mussolini. Otro de los argumentos mediáticos es que “los kirchneristas que violaban la Republica ahora exigen observancia”. Los tres gobiernos kirchneristas han sido respetuosos a la observancia de la división de poderes. Pecaron de déficit, de no introducir una reforma para controlar uno de los poderes que no es representativo ni republicano, el Poder Judicial. Mi crítica es que hay que pensar primero en la Constitución Nacional, no hacer parches. Por ejemplo, se introdujo un nuevo Código Civil y Comercial, cuya parte civil es bastante buena en lo que hace a la persona y cuestiones de familia. Pero en lo que hace a la parte económica, es deplorable, la postura de (Dalmacio) Vélez Sarsfield es de patriota frente al texto actual. No se pueden revisar los laudos arbitrales, ya sean nacionales o de organismos internacionales, entre los que está el CIADI, la Bolsa de Comercio de Londres o de Nueva York. Lo desvío: ¿qué opina de esos organismos? Yo fui asesor de la Procuración del Tesoro de 2011 a 2015. Fui a la mayoría de las

Fuente: Enrique de la Calle | Ag. Paco Urondo Fecha: 07 de FEB 2018 El antropólogo Alejandro Grimson dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre la situación de la oposición al macrismo. «La unidad es posible si quienes participen aceptan que la discusión programática está antes que el debate por la conducción política». APU: ¿Cómo ve el debate en torno a la unidad de la oposición al macrismo? Alejandro Grimson: Desde que asumió Mauricio Macri veo un gran proceso de movilización social por diferentes temas: violencia contra las mujeres, trabajo, reforma previsional, derechos humanos, contra los tarifazos, etc. Han habido movilizaciones muy importantes protagonizadas por sectores muy diversos de la sociedad. Ninguna de esas movilizaciones fue de un solo sector político. Tampoco en el caso de las últimas, contra la reforma previsional. Confluyeron allí muchos actores que van más allá del peronismo, sea de la izquierda clásica o popular, y también «independientes», que no se definen políticamente. APU: En principio, ¿todos se definen opositores al macrismo? AG: Lo defino como oposición al neoliberalismo, sea la variante macrista o cualquier otra. Son movilizaciones contrarias a cualquier intento de restauración en ese sentido y buscan garantizar derechos. Ahí hubo unidad. Uno de los cantos más impresionantes en las últimas marchas fue «unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode». Ese fue un cantito que estuvo muy presente y tiene que ver con un deseo extendido: la idea de que la unidad que está en las calles tenga una representación política. Pasa que por ahora ningún sector político puede representar esa diversidad. Ahí aparece el primer problema: ¿es posible representar políticamente a la unidad que hay en las calles? Creo que es posible pero todo el mundo que participe de esa unidad debe aceptar que la discusión programática está antes que el debate por la conducción política. Primero debe haber unidad programática, que exprese la diversidad de reclamos que hay en las calles. APU: ¿Cree que el macrismo también leyó ese nivel de movilización existente en la sociedad, y por eso se inclinó por el «gradualismo» antes que por ajuste más ortodoxo? AG: Sí, porque el macrismo antepone la política a la economía. Por eso está tan preocupado ahora por las encuestas que circulan. Tienen en claro sus objetivos económicos pero también quiere ganar elecciones. Eso se le complicó en diciembre pasado. Hasta el momento funcionó así Cambiemos. APU: Hay que ver hasta cuándo puede anteponer la política a la economía… AG: Claro, porque eso depende de factores internos y externos, vinculados a las tasas y a la situación financiera internacional. De cualquier modo, se trata de procesos que están abiertos, hay que ver qué pasa con las paritarias de este año, donde la respuesta de la opinión pública también va a ser dispar a ese proceso. Por eso digo que la situación está abierta. El Gobierno salió golpeado del debate previsional y ahora sumó otros temas como lo de Triaca, el ARA San Juan, Etchevehere. APU: Vuelvo a la pregunta por la unidad: ¿Usted piensa en una unidad que trascienda al peronismo? AG: Hay que construir un gran frente contra el neoliberalismo. En ese marco, puede haber sectores minoritarios del peronismo que queden afuera o subordinados a ese programa. Es muy difícil que sectores tradicionales de la izquierda se integren por su propia concepción política. Eso lo sabemos. Eso es así. Pero es importante invitar a todos los sectores. APU: Analizó recién las movilizaciones de resistencia contra el neoliberalismo. ¿Por qué cree que ese programa neoliberal mantiene importantes niveles de adhesión?  AG: Hay varios elementos para explicar por qué el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015. Por un lado, está la explicación más clásica, que tiene que ver con los factores de poder. La restricción externa, el poder de los medios, la Justicia, etc. Más allá de esos análisis hay otros elementos. En 2013, escribí en Página 12 que de seguir así en términos políticos se podía perder. Porque entendí que no se puede gobernar sin construir hegemonía, sin articular alianzas, sin ampararse en una base social más heterogénea. A todos los poderes reales que ya conocemos hay que sumarle esos errores políticos. Si eso no se entiende caemos en el problema de volver a repetirlos. No se pueden discutir las diferencias políticas en términos morales. El otro que piensa diferente no es un traidor. Eso tiene que ver con el bajo nivel de muchos cuadros políticos. APU: ¿Ese quiebre político es responsabilidad de los cuadros políticos o por detrás hay una fractura social que explica esas diferencias? AG: Si nos quedamos solo con el análisis de los liderazgos políticos no entendimos nada. Lo digo mirando para adelante: la unidad se construye no tanto sumando dirigentes diversos como construyendo una alternativa de gobierno. Para eso hay que recorrer un largo camino. Mirado hacia atrás surge ese balance: si no era Sergio Massa hubiese sido otro, como lo fue Francisco de Narváez. Los procesos siempre son más profundos, no tienen que ver con un nombre. El kirchnerismo terminó perdiendo en muchas ciudades de todo el país. Y tampoco tiene que ver solo con el kirchnerismo: eso pasó en toda la región. Como sea, me parece que 2011 fue un año clave, porque el error de caracterización del 54% fue devastador para la gestión política del Frente para la Victoria. Fue un error interpretar ese 54% como voto kirchnerista. Por definición, si uno saca ese porcentaje siempre se trata de un voto diverso. Ahí abajo hay muchas cosas. Pasa lo mismo con el 51% que sacó el macrismo. Ningún proyecto político construye una mayoría homogénea. APU: Como cierre: ¿usted coincide con aquellos que sostienen que la unidad se va a dar antes en las calles que en la superestructura política? AG: La unidad en las calles va a seguir. Hay que ver si la dirigencia política logra representar esa unidad que se da en las calles y que es diversa, o será que esa unidad busca sus propios representantes políticos. Lo mejor que

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 28 de ENE 2019 A veces, Macri nos acerca la imagen de Chauncey Gardiner, el personaje central de la novela Desde el jardín, de Jerzy Kosinski, luego exitosamente llevada al cine. Se trata de un individuo jardinero con capacidades “diferentes” que pasa su vida entre su jardín y el televisor. Desde ese limitado territorio enuncia frases toscas y elementales que, cuando es rescatado de su pequeño mundo y proyectado al mundo burgués, son interpretadas como metáforas capaces de explicar la realidad cortando caminos respecto de las inevitables complejidades del habla intelectual y política. Después de un accidente, Gardiner pierde toda posibilidad de comunicación que no remita inmediatamente al jardín que cuida y a la televisión que mira todo el tiempo que no está en el jardín. Jocosamente Kosinski eleva a su personaje al máximo nivel de atracción mediática –y por lo tanto también política– de Estados Unidos. “En todo jardín hay una época de crecimiento… mientras no se hayan seccionado las raíces todo está bien…” dijo un día, y la frase, junto a un puñado de otras parecidas, son interpretadas como metáforas iluminadoras del presente y el futuro de la principal potencia y convierten rápidamente al jardinero en una celebrity de los medios de comunicación y de la escena política. La novela termina cuando Gardiner está a punto de integrar la fórmula presidencial de las próximas elecciones. Pero Macri no es Gardiner. Sus asesores de imagen siguen cada una de sus palabras y de sus gestos y los programan de modo que establezcan empatía con esa materia misteriosa que se ha dado en llamar la “opinión pública”. El universo de las creencias no es un orden sino un caos, según Durán Barba. Y no hay nada que hacer en ese caos, como no sea aprovecharlo para el objetivo, para crecer en las preferencias que escrutan las encuestas. Así es como la frase presidencial que afirma la “ascendencia” europea de “todos” los sudamericanos debe ser leída. Toda la academia se le ha ido encima a esa frase con el propósito de refutarla desde el punto de vista social, cultural y antropológico; un ejercicio interesante sin ninguna duda. Es bueno que sepamos que América del Sur no es un suplemento racial de Europa. Que tenemos sangre turca, rusa, judía, sirio-libanesa, china, japonesa y de otras muchísimas etnias no europeas, para no hablar de los pueblos que no “descubrieron” América sino que nacieron en estas tierras. Pero no debe creerse que Macri lo ignore. Y si lo ignorara están los numerosos equipos que lo asesoran para informárselo. La palabra de Macri es lo que Ricardo Aronskind llama la palabra de la “burguesía periférica”. Una clase, o más bien un bloque político-cultural, que reniega de su condición nacional y sueña con regresar al origen mítico, al glamour del capitalismo exitoso a fuer de temprano y a fuer de colonialista e imperialista. Nada nuevo: “cipayo” llamó el nacionalismo popular hace ya muchas décadas a ese sueño de extraterritorialidad de nuestras clases dominantes. El actual gobierno argentino es, en ese sentido, profundamente revolucionario. Su mensaje no es conciliador ni negociador: claramente anuncia que no quiere dejar piedra sobre piedra de la mentalidad ni de la estructura material de la Argentina que cree en un destino sudamericano. El Presidente dijo también que lo que ocurre en Brasil es “excelente” y que en Venezuela “no hay democracia”. Es un lenguaje provocador y prepotente. Extraordinariamente análogo al que pronuncia otro émulo del jardinero de Kosinski, el actual presidente de los Estados Unidos. Parece ser que el lenguaje de la prepotencia imperial y su contracara, el de la sumisión colonizada, son el modo de hablar de la época. El discurso mitológico de Europa enuncia una tierra de libertad, de progreso, de paz. Es el lugar donde no hay pena de muerte, dijo alguna vez el gran pensador turinés Norberto Bobbio. Claro que como todo mito habla de una Europa imaginaria. Una Europa que relata el pasado del iluminismo, del liberalismo democrático, de la tolerancia, del pluralismo y esconde bajo la alfombra el nazifascismo (una anomalía “inexplicable”), las guerras, el colonialismo y el imperialismo. Y la Europa de hoy tampoco puede ser pensada como el sitio de la paz, del progreso y la civilización, a no ser en el registro esquizofrénico de la posverdad. La Europa de hoy es una tierra de opresión imperial, de vaciamiento democrático y de resistencias nacionales crecientes; una mirada sobre los episodios actuales de España, la crisis catalana y el intento conservador de solucionarla con el código penal, la experiencia griega de un intento emancipador sofocado por la extorsión financiera, la Italia inestable gobernada por una “centroizquierda” conservadora y acechada por el populismo, la Francia que hace equilibrio entre el nacionalismo de derecha y la izquierda insumisa, el “viejo” laborismo resucitado de la mano de Corbyn y de la movilización juvenil y popular dejan poco espacio para la esperanza de la pax neoliberal continental. Macri acaba de ofrecerse desde Argentina como una pieza a favor de la conservación de la Europa que hoy está en crisis. El elenco de ideólogos del gobierno argentino está convencido de que la suerte del experimento iniciado a fines de 2015 está atada indisolublemente a la de la consolidación neoliberal frente a todos los desafíos que la acechan. Por ahora esa apuesta fundamentalista no da frutos dignos de mención. La burguesía periférica argentina extraña los tiempos de Menem. Añora la lluvia de dólares que vinieron entonces para quedarse con el patrimonio nacional a cambio de financiar provisoriamente la quimera de la equivalencia del peso con el dólar. Eso no está en el horizonte neoliberal argentino de hoy y eso pone un límite concreto a las veleidades globalizadoras del actual elenco gobernante. Digámoslo claramente: la Unión Europea no quiere el acuerdo con el Mercosur ni aun en las condiciones nacionalmente degradadas en las que lo aceptan los gobiernos de Brasil y Argentina. Lo de Temer y Macri es un cipayismo sin destino. El mito

Fuente: Raúl Zaffaroni | Página 12 Fecha: 28 de ENE 2018 El programa económico de este gobierno conduce a una crisis fuerte, sea en el mediano plazo o en el largo. Incluye producción con poco valor agregado, reducción del consumo interno y crisis de las pymes. Es decir, desempleo, lo cual hace que el programa sea socialmente insustentable y pueda derivar en más exclusión y, en especial, en más delitos contra la propiedad. Por otra parte, el proyecto económico se sustenta en préstamos que están llegando a su fin, según advertencias de Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. O sea que el proyecto es también financieramente insustentable. ¿Adónde vamos? Creo que si no se detiene este programa antes, vamos a un nuevo 2001 con consecuencias muy graves en todos los órdenes. Un gobierno electo por supuesto tiene derecho a gobernar. Pero no a quebrar el Estado de Derecho, a criminalizar a toda la oposición y menos a provocar una catástrofe. Nadie tiene hoy el poder para desequilibrar o desestabilizar al actual gobierno. Ningún partido. Ninguna fuerza política. Ni siquiera la CGT puede hacerlo. El gobierno tiene todo en sus manos y nadie, absolutamente nadie,  lo puede conmover. El problema es, justamente, que la única desestabilización posible la provocará en el mediano o largo plazo el proyecto económico inviable del propio gobierno. Me limito a avisarles esto, aunque sé que para el gobierno todo aviso es inútil de momento. Contra eso tenemos que resistir, porque puede generar violencia y, aunque no la provoque, lo que veo difícil si no se frena antes, es absolutamente indeseable una situación de esta naturaleza. Desde que conocí el proyecto económico vengo advirtiendo este riesgo. No lo digo ahora. Lo vengo diciendo desde hace dos años. Les digo a los argentinos que se cuiden, que no respondan con violencia a ninguna provocación. Estamos frente a un grupo de poder que sufre una ilusión óptica en su soberbia infinita, que camina hacia un precipicio y lo confunde con una selva tropical, que padece de alteraciones sensoperceptivas graves. Es por eso que afirmo que cuanto antes se vayan mejor. Ojalá sea en el 2019. Pero si no sacan un poco el pie del acelerador de este camino al desastre, puede pasar algún accidente antes. Al menos tienen que desacelerar un poco. De lo contrario ellos mismos se van a poner al país de sombrero. Las experiencias históricas no tan lejanas de las crisis de programas similares muestran que estos accidentes finales no avisan y sus consecuencias son muy dolorosas. En síntesis: lo político siempre puede resolverse, lo económico es más difícil, pero tiene arreglo a la larga (pese a que también produce dolor y es violencia social), pero lo único que no podemos resolver son los muertos, porque nadie los puede resucitar. Eso es lo que a toda costa debemos evitar. Debemos evitar la violencia venga de donde venga. Toda violencia, vista luego retrospectivamente, es insensata. Cuando la vemos desde la distancia de cierto tiempo, nos damos cuenta de que careció de sentido. Esto es lo primario. Lo demás, tarde o temprano se resuelve. * Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.

Fuente: Eduardo Barcesat | DERF Fecha: 11 de ENE 2018 Se trata, cuando no, de un decreto nominado como de “necesidad y urgencia”, que invoca, pero no cumplimenta los recaudos establecidos por el art. 99, inc. 3º de la C.N. Recordemos el texto de esta norma, en cuanto aquí concierne: “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlo, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…” Ahora bien, con un Congreso de la Nación convocado a sesiones extraordinarias por el propio PEN, ¿qué es lo que impide que ambas Cámaras del Congreso de la Nación se avoquen al tratamiento de un proyecto de ley que modifica —y derrumba— la estructura institucional del Estado de Derecho, cuyo pilar basal es la división de poderes? La respuesta es sencilla: no hay ninguna razón de necesidad y urgencia; simplemente que es más efectivo, brutalmente efectivo, apropiar la potestad legisferante conferida al Congreso de la Nación que, valga recordarlo, es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional, y que es el que mejor expresa, por la representación proporcional, el mapa de la voluntad política de la República Argentina y el principio de la soberanía del pueblo. El art. 36 de la C.N., una de las incorporaciones más señeras de la Reforma Constitucional del año 1994, establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, condenando de la forma más severa posible en el ordenamiento jurídico, los golpes de estado. Y si bien es claro cuando la usurpación del poder político se comete desde fuera de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal bien cabe, en la interpretación constitucional, examinar cuál es la situación del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, cuando el quiebre del respeto y resguardo a las incumbencias de los poderes que integran el Gobierno de la Nación, es cometido desde un Poder Ejecutivo que transgrede, franca y abiertamente, los límites de sus incumbencias constitucionales, para apropiar, usurpar, las que le competen a los otros poderes; en el caso, las del Poder Legislativo de la Nación. Es un grotesco institucional la justificación que se ensaya en el DNU 27/2018: “…que encontrándose en receso el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, el transcurso del tiempo que inevitablemente insume el trámite legislativo implicaría un importante retraso en el dictado de las normas en cuestión, lo que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente Decreto…”   Pareciera que la desmemoria del conjunto integrado por el Presidente de la Nación Argentina, el Jefe de Gabinete de Ministros, y el conjunto de los Ministros que, necesariamente, deben refrendar la firma del Presidente, lleva a que olviden que el Congreso de la Nación se encuentra en sesiones extraordinarias por lo que no existe urgencia alguna para “puentear” el trámite de debate y sanción de las leyes. Ni mucho menos habilitar que un simple decreto postergue o suspenda la vigencia de la Constitución Nacional. Además, de una primera lectura del extenso DNU, surge evidente que introduce modificaciones en normativa penal, procesal penal y tributaria, que le están expresamente vedadas al Poder Ejecutivo Nacional, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3º, C.N.). Estamos, indudablemente, ante un golpe de estado institucional, perpetrado en el momento más lábil para las instituciones de la república, y cuando el Gobierno Nacional acusa el impacto de su creciente descrédito por el debate sobre la reforma previsional, la represión ejercida sobre el pueblo de la nación, y el ineluctable fracaso del proyecto económico. Recordemos, finalmente, que el propio art. 36 de la C.N. reconoce a todos los ciudadanos el derecho de resistencia cuando se avasalla la supremacía de la Constitución  Nacional.

Fuente: Atilio Borón | atilioboron.com.ar Fecha: 11 de ENE 2018 En épocas de crisis como los que vive la Argentina se clarifican las posturas de los actores políticos y sus representantes intelectuales. Si en tiempos de paz social estos pueden ocultar con la ayuda de los medios las contradicciones sociales recurriendo a alambicadas argumentaciones y a las abstrusas categorías teóricas del posmodernismo, cuando el orden social comienza a crujir los intelectuales del sistema arrojan por la borda toda pretensión de imparcialidad y objetividad y se embanderan sin recato alguno en la defensa de uno de los gobiernos más conservadores y oligárquicos que haya tenido la Argentina a lo largo de su historia. Si se solía señalar la experiencia de la década infame o de los gobiernos oligárquicos a partir de 1880 para ilustrar lo que era una dictadura clasista —dictadura no tanto por su forma como por el contenido de sus políticas— con el macrismo se produce una reencarnación de aquellos modelos anteriores al proceso de democratización fundamental que, pese a sus contradicciones, trajo aparejado la irrupción del peronismo en la Argentina. Lo anterior viene a cuento de una nota publicada días pasados por Luis A. Romero en La Nación en donde nos alerta sobre los peligros que el resurgimiento de la violencia entraña para la democracia argentina. [1] La rigurosidad que este autor exhibe en sus escritos académicos se desvanece por completo en este verdadero panegírico del macrismo. ¿Cómo puede decirse, por ejemplo, que “( E)n la plaza, grupos de manifestantes agredieron a las fuerzas de seguridad y pretendieron invadir el recinto donde deliberaban los diputados” ¿No vio acaso que, pocos días antes, el Jueves 14 una manifestación completamente pacífica fue acosada y brutalmente agredida por la Gendarmería y cuyo desproporcionado despliegue de fuerza desató la respuesta violenta de una fracción minúscula —infiltrada por algunos agentes provocadores como se constató al día siguiente— de los centenares de miles que habían asistido a expresar su rechazo al procedimiento profundamente anti-republicano empleado por el gobierno para sacar “de prepo” una ley fundamental. El maniqueísmo o la ceguera de que hace gala nuestro autor se horroriza por la violencia cuando un condenado por el sistema arroja una piedra pero contempla con buenos ojos cuando el gobierno militariza por completo la zona del Congreso, reprime manifestantes indefensos y extorsiona a gobernadores, senadores y diputados para conseguir una votación favorable a su proyecto. Esto no es violencia (simbólica, política, institucional), lo otro sí. Mal que le pese a Romero y a los intelectuales y publicistas amigos de la Casa Rosada quien promovió este infausto espiral de la violencia fue el gobierno de Mauricio Macri. Para vergüenza de la bancada oficial fue ésta quien solicitó al presidente de la Cámara de Diputados que impidiera la presencia de organizaciones sociales de jubilados y pensionados y de excombatientes de Malvinas en las galerías para que el pueblo fuese testigo directo del debate. Cuando se discutió la famosa Resolución 125, en el 2008, hubo público en las galerías pero, claro, en ese momento según los apóstoles del macrismo la Argentina vivía bajo el influjo de una asfixiante dictadura. Ahora que supuestamente estamos en democracia el público no pudo hacerse presente en la Cámara, se quedó afuera y encima lo apalearon y gasearon. Es por eso que, estrictamente hablando, este gobierno debe ser caracterizado como una “democradura”, híbrido que contiene algunos elementos de carácter democrático (el acceso a la Casa Rosada se realizó por la vía electoral) pero con crecientes inclinaciones de sus principales personeros para adoptar las metodologías autoritarias de control político propias de las dictaduras. Por ejemplo, el avance en el amordazamiento de la prensa y, desgraciadamente, operaciones como la realizada la noche del Lunes 8 de enero cuando una reedición de los siniestros grupos de tarea de la dictadura irrumpieron con violencia en las oficinas de abogados defensores de los derechos humanos, destruyeron equipos y archivos, robaron laptops y documentación, y dejaron un claro mensaje: quienes se opongan a los designios del gobierno deberán estar dispuestos a sufrir esta clase de represalias y otras aún más severas. Desde los tiempos de la dictadura no se había producido un hecho de estas características, frecuentes en aquella época pero desterrados desde 1983. Sin duda, estamos en presencia de una tenebrosa involución que ha sido cuidadosamente ocultada ante los ojos de la opinión pública por los medios hegemónicos. [2] Por eso la distinción entre las múltiples formas de la violencia es un requisito fundamental para realizar un análisis serio del asunto. Se dirá que esto es un anacrónico reflejo setentista, pero tal insinuación sólo mediría la magnitud de la ignorancia de quien opine de esa manera. En la tradición socialista, comunista y anarquista hace más de ciento cincuenta años que se maneja esa distinción entre la violencia “legalizada e institucionalizada” del Estado que acalla, somete, encarcela o liquida a sus enemigos siempre “apelando a la ley”, y la violencia reactiva, defensiva, del pueblo, que a veces se rebela y no se resigna a ser enviado al matadero. Hay que recordar además que la violencia “legal” del estado se ejerce casi siempre con el acompañamiento de formas paralegales de violencia privada, tolerada y en muchos casos subrepticiamente promovida y amparada por el estado. Tal fue el caso en la Argentina de la Liga Patriótica que realizó pogromos y matanzas obreras en la primeras décadas del siglo veinte; o en la Alemania de finales de la Primera Guerra Mundial la actividad de los Freikorps que apaleaban a militantes socialistas y comunistas y que luego asesinaron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht con la complicidad del gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert; y en Estados Unidos, esa vibrante democracia tan admirada por los voceros del macrismo, fue el Ku Kux Klan (ahora informalmente rehabilitado por Donald Trump) quien se encargó de “poner en su lugar” a los negros que luchaban contra la herencia de la esclavitud y postergar por cien años su incorporación a la vida política del país. Esta violencia oficial y paraoficial, decíamos, no puede ni

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 31 de DIC 2017 ¿Quienes fueron los autores del supuesto homicidio de Alberto Nisman, uno que habría disparado y otro que lo acompañaba? Desconocidos, no se los pudo identificar. ¿La forma en la que entraron al edificio Le Parc? Desconocida. ¿El método con el que entraron al departamento del fiscal? No se sabe. ¿La forma en la que salieron del baño, sin dejar ni una pisada, sin que hubiera una mancha de sangre? Se ignora. ¿El método con el que salieron del departamento dejando trabas del lado de adentro en la puerta principal y en la de servicio? Tampoco se sabe. ¿La forma en la que salieron del edificio sin cruzarse con nadie, sin que nadie los viera, sin que los capte ninguna de las cien cámaras que sí funcionaban? No hay ni siquiera una hipótesis. Las 656 páginas del juez federal Julián Ercolini sobre la muerte de Alberto Nisman no aportan ni una prueba ni una evidencia de lo que ocurrió. Lo único que queda en pie son interrogantes y preguntas para las que ni el magistrado ni el fiscal Eduardo Taiano tiene respuesta alguna. 1 Diego Lagomarsino fue procesado como cómplice del supuesto homicidio. ¿Cómplice de quién? No se sabe. El juez dice que el informático fue parte de un plan criminal, que integró una especie de organización con los supuestos homicidas “que no han podido ser identificados”. En el texto del juez no hay ni siquiera una teoría sobre los asesinos. Y lo más llamativo es que no menciona contactos de Lagomarsino, ni llamadas ni whatsapp con los que podrían ser sus colegas de banda. No hay un testigo que mencione que lo vio en una reunión rara, sospechosa. ¿Lagomarsino era parte de un servicio de inteligencia? El juez no lo afirma para nada. No encuentra ni un vínculo. 2 ¿Cuál fue el móvil del supuesto crimen? Según dicen los teóricos, si un homicidio se produce delante de diez testigos o si hay una filmación, el móvil no tiene la menor importancia: está claro quién fue. Pero si un homicidio tiene un autor dudoso o desconocido, el móvil pasa a tener mucha importancia. Hay que determinar la relación entre el homicida y la víctima. El móvil llena los huecos de una descripción incompleta, afirma la teoría. En las 656 páginas de Ercolini no hay móvil alguno. ¿Por qué Lagomarsino habría de participar del asesinato de Nisman? ¿Porque Nisman denunció a Cristina por el Memorándum? Está claro que no era kirchnerista. Basta mirar sus posteos anti-K en Facebook muchísimo antes de la muerte del fiscal y muchísimo antes de que Nisman pegara la voltereta de estar muy cerca del gobierno de Néstor y Cristina para pasar a denunciar al mismo gobierno que antes elogiaba. ¿Participó del crimen porque era parte de una organización o servicio de inteligencia? No hay una sola prueba del juez en ese sentido. Ni en ningún sentido. Y eso que la investigación está en la justicia federal desde hace 15 meses y, si se suma toda la pesquisa anterior, ya pasaron casi tres años sin que apareciera evidencia alguna de un móvil. De esos tres años, dos fueron bajo administración macrista que se desespera por encontrar alguna prueba que involucre al gobierno anterior. 3 ¿Por qué Lagomarsino aportó su arma? La participación que el magistrado le imputa al informático es haber aportado la pistola, sabiendo que se iba a usar para matar a Nisman. Pero el dato relevante es que se trata de una Bersa que estaba inscripta en el Registro a nombre de Lagomarsino. O sea que entregó el arma inmolándose. En minutos se sabría que estaba a nombre suyo. No tiene el menor sentido ni explicación. Ercolini dice que se necesitaba un arma “amiga” para simular un suicidio, pero si la pistola hubiera sido de origen desconocido, nada cambiaba la situación: se diría que tal vez Nisman compró el arma muchos años antes. Basta mirar la Bersa para ver que se trata de una pistola viejísima. En cualquier caso, nuevamente el juez hace especulaciones y no explica por qué Lagomarsino habría puesto el cuerpo, inmolándose, en el supuesto plan criminal. No hay otro ejemplo igual en el mundo de alguien que deja una pistola a su nombre en un homicidio de repercusión nacional e internacional. 4 ¿Nisman no pidió el arma? El fiscal y el juez sostienen que es inverosímil que Nisman le haya pedido el arma a Lagomarsino. En primer lugar, desconocen un hecho probado: las llamadas, ese sábado, fueron siempre de Nisman a Lagomarsino. Fueron varias llamadas, reiteradas, porque en dos oportunidades el informático no atendió. Exhiben insistencia de Nisman, no voluntad de contacto de Lagomarsino. Pero, además, el custodio Rubén Benítez contó que también a él Nisman le pidió un arma, exactamente con el mismo argumento: que era para defender a sus hijas, que la custodia podía ser interceptada. El magistrado dictamina que no le cree a Benítez, que se contradice en sus versiones y sugiere que él y Lagomarsino fueron parte de un mismo plan. Sin embargo, no hay una sola llamada entre ellos, no hay testigos ni siquiera de un encuentro entre custodio e informático. Ercolini supone que fueron cómplices, no presenta una sola prueba. 5 Simular un suicidio. Ese es el centro de las 656 páginas del fallo de Ercolini. Según él, los homicidas, hicieron todo para armar la escena de un suicidio. Sin embargo, no explica lo más elemental ¿por qué el arma aparece en el hombro de Nisman? ¿por qué no se lo pusieron en la mano o cerca de la mano? No hay mejor indicio de un suicidio que el arma en la mano o al lado. 6 La mecánica. La Gendarmería, fuerza que depende del gobierno de Mauricio Macri y específicamente de Patricia Bullrich, dictaminó que a Nisman le dieron una tremenda paliza, le fracturaron la nariz, casi le partieron el labio, le pegaron en el hígado y en una pierna. Recién después le dieron ketamina, no se sabe

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 31 de DIC 2017 En los últimos días del año ha vuelto a cobrar impulso la demanda de unidad del peronismo. Trascendió una reunión en la que Agustín Rossi, Alberto Fernández, Felipe Solá y Daniel Arroyo coincidieron en una agenda política dirigida a ese objetivo. Un texto del artista plástico Daniel Santoro, que circuló en las redes, afirma la urgencia temporal y la racionalidad de ese objetivo y abrió un importante debate. Claro que no se trata de un tópico totalmente novedoso: desde el triunfo de Macri en 2015, la unidad del movimiento quedó colocada en un lugar clave en la perspectiva temporal que concluye con la elección presidencial en 2019. Sin esa unidad parece poco probable un cambio de signo en el gobierno nacional. Por otro lado, los vientos de este diciembre han sacudido la nave macrista y conmovido el agresivo triunfalismo con el que se interpretó en esas orillas el resultado electoral de octubre. El capítulo del manotazo contra los jubilados, los pensionados y los beneficiarios de asignaciones solidarias sacudió la modorra política y produjo un nuevo impulso a la movilización popular, una vez más enfrentada con violencia desde el Estado. La novedad política principal fue la confluencia, en la calle y en el Congreso, de la oposición al gobierno macrista. Todo esto refuerza la demanda de unidad y sube el costo de quienes se resisten a avanzar hacia ella. Claro que la unidad no es una alquimia aritmética. No es tan sencillo como la suma de los votos que tienen distintos espacios que se reconocen bajo el paraguas peronista, o en sus alrededores. La división actual no es el resultado de un malentendido, ni la consecuencia exclusiva de personalismos o mezquindades de tal o cual dirigente. Asumir esa complejidad parece ser un requisito para la viabilidad del objetivo unificador. Los juicios morales sobre unos y otros tendrían que subordinarse a un enfoque político de las diferencias. Y en última instancia ese enfoque lleva a un examen del significado del peronismo en la época que vive el país. Habría que discutir qué significa el gobierno de Macri. ¿Es una experiencia de alternancia regular en el gobierno nacional o es el proyecto de una contrarrevolución político-cultural cuyo sentido último es el de terminar con la Argentina creada por el primer peronismo? Es cierto que no es la primera experiencia neoliberal que triunfa en el país y que no es el primer intento de cerrar definitivamente la época de los sindicatos, el derecho laboral, la movilización popular, los intentos de industrialización y todos los elementos que miran al país desde adentro y desde abajo. Hubo muchos intentos y ninguno logró consolidarse en el tiempo. Pero este tiene una especificidad: asumió sobre la base del voto popular en una elección libre y sin proscripciones. Y como tal se siente en una condición de legitimidad y de fuerza suficiente para avanzar en la reconfiguración cultural del país. Su modo de lectura de los acontecimientos que rodearon el debate legislativo reciente muestra la radicalidad del objetivo. Lo que ocurrió, dicen, fue un manotazo de ahogado de los que quieren seguir viviendo en la “vieja Argentina”, los que quieren revivir el caos de diciembre de 2001 para defender sus prebendas, para sostener los nichos mafiosos que impiden que el país se modernice y se desarrollen sus fuerzas productivas. Y de lo que están hablando es de una inmensa movilización popular, de sindicatos, organizaciones sociales, culturales y científicas que ganaron la calle en forma alegre y pacífica, con pequeñas excepciones que fueron provocadas y/o infiltradas y luego utilizadas para desvirtuar al conjunto. Están hablando de una tradición, de una diferencia argentina, que radica en la capacidad de resistir activamente las políticas antisociales y antinacionales; una tradición que no pudo ser destruida aún cuando se la sometió a una experiencia de terrorismo estatal con pocos antecedentes. A la hora de pensar la unidad peronista, no puede dejar de decirse que el peronismo es, ante todo, el gran productor histórico de esta activación de la movilización popular. Su propio origen no es un congreso partidario ni una mesa de arena entre políticos de distintas capillas, dicho esto con el máximo respeto por los partidos, por las roscas y los cálculos. Pero el peronismo nació en las calles de la ciudad capital y del conurbano bonaerense cuando una multitud se reunió con su líder. No está mal volver a esa referencia histórica, porque en los orígenes suelen estar las claves del sentido de una identidad popular. Y el núcleo de la contrarrevolución cultural en marcha es el borramiento de esa huella profunda de la historia argentina. Claro que el peronismo no es solamente esa referencia histórica de origen. Hoy es un partido político sujeto a las reglas de la democracia liberal. Actúa en la legalidad y en la institucionalidad. Tiene un régimen interno como partido y una fluida vinculación con la sociedad, particularmente con los trabajadores y los sectores más vulnerables. Y lógicamente en el peronismo hay muchos hombres y mujeres que desarrollan lo que se llama una “carrera política”. Como supo decir Angelo Panebianco, no sólo tiene incentivos colectivos (la ideología, los mitos de origen) sino también incentivos selectivos (los cargos, los recursos, todo lo que se reparte de manera no igualitaria entre sus miembros). La vida política no es solamente los grandes momentos fundacionales; necesita rutinas, reglas y rituales más o menos permanentes. Es natural que un proceso que busca la unidad sepa recorrer los caminos del regateo, el cálculo, la toma en consideración de intereses particulares generalmente difíciles de articular. Si no, la unidad es imposible, vence la desunión y lo que queda es una mutua asignación del daño, un intento de cada uno por hacerle pagar al otro los costos de esa desunión. Pero al mismo tiempo la discusión de la unidad no termina en las cuatro paredes de un local partidario. Está obligada a conectarse con el estado de ánimo popular, tal como se mostró