La Colombia que visita Francisco
Fuente: Fernando Collizzolli | Revista Zoom Fecha: 07 de SEPT 2017 El Papa Francisco emprendió esta semana, una visita de Estado a Colombia que lo llevará durante cinco días por cuatro ciudades (Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena), con el objetivo principal de apuntalar el proceso de paz que atraviesa el país cafetero. La primera visita de Jorge Bergoglio a Colombia como máximo responsable de la Iglesia Católica y la quinta de Francisco a la región se produce en el marco de una coyuntura política particularmente intensa e inédita en un país acostumbrado durante décadas, de algún modo, a que el pasado no pase. Rebobinemos un poco, antes de avanzar en el análisis de este complejo escenario en el que se enmarca la estadía de Francisco. Desandando el proceso de paz ¿Cómo se alcanzó esta instancia de posacuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)? Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010, como continuador de las políticas de Álvaro Uribe, y en parte, eso hizo, al sostener la “Política de la Seguridad Democrática”, una amplia y sistemática ofensiva militar que despejó territorios para el establecimiento de condiciones favorables para la “Confianza Inversionista”. No obstante, la conformación de una amplia coalición de gobierno, la reconstrucción de las relaciones diplomáticas con los países de la región, el reconocimiento de la existencia del conflicto armado y de la responsabilidad del Estado y, finalmente, la apertura de una mesa de negociaciones de paz con las FARC y luego con el ELN llevaron al enfrentamiento de Santos con Uribe, quien había edificado su construcción política sobre la base de sostener un discurso “antifariano” que transformó a las guerrillas en general, y a las FARC en particular, en enemigos narco-terrorista de la nación colombiana.[i] “La primera visita de Jorge Bergoglio a Colombia como máximo responsable de la Iglesia Católica y la quinta de Francisco a la región se produce en el marco de una coyuntura política particularmente intensa e inédita en un país acostumbrado durante décadas, de algún modo, a que el pasado no pase” En ese sentido, en este desarrollo de las negociaciones de paz convergieron una serie de elementos como: a) la correlación de fuerzas en el campo de batalla (con las FARC replegadas y en situación de debilidad relativa ante un Estado, sin capacidad de desarticularlas); b) la estrategia política de los principales actores involucrados (mientras que a Santos, le permitieron diferenciarse de Uribe, conseguir la re-elección en 2014 y concitar un amplio apoyo internacional; para las FARC, supusieron la posibilidad de iniciar la disputa por otros medios); c) la deslegitimación de la “solución armada” ante los escándalos públicos producidos por las sucesivas violaciones a los derechos humanos; d) y el reconocimiento por parte de las elites de que tendrían negocios más rentables y seguros en tiempos de paz. Todo ello en un contexto de transformaciones en el escenario internacional, en el que los gobiernos progresistas de la región presionaron a las partes para sentarse a negociar. Fueron, precisamente, estos elementos los que permitieron “salvar” el proceso de paz ante el (no tan) sorpresivo triunfo del NO en el plebiscito popular de octubre de 2016, en el que confluyeron desde la apatía de la gran mayoría de la población colombiana y el rechazo a los acuerdos por parte de aquellas poblaciones que ya no registran el conflicto en su cotidianidad, hasta la prédica opositora de las iglesias cristianas evangélicas, pasando por el liderazgo de Uribe y la eficacia de una campaña articulada en torno a la desinformación y la generación de indignación.[ii] Así las cosas, incorporando algunas de las recomendaciones planteadas por los principales impulsores de la campaña del NO, los acuerdos resistieron y se terminaron rubricando en noviembre del año pasado en el Teatro Colón de Bogotá. Los desafíos del posacuerdo Desde entonces, Colombia enfrenta el desafío de materializar el Acuerdo Final, en un proceso que ha tenido, hasta el momento, su mayor logro en el histórico desarme cumplido por las FARC el pasado mes de junio –6800 guerrilleros entregaron 7132 armas y las coordenadas de 949 caletas donde se encuentran los restantes recursos bélicos–, y su conformación como partido político a través de la realización de un congreso partidario, en el que se acordó mantener la sigla de la organización, ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con la rosa roja como símbolo, un discurso amplio para interpelar a los sectores populares, y la apuesta por un “gobierno de transición” en las próximas elecciones. Sin embargo, desde el inicio, las dificultades del Estado colombiano para cumplir con lo acordado se hicieron, a todas luces, evidentes. Uno de los graves problemas actuales es la ocupación por parte de grupos paramilitares, guerrilleros del ELN, y de una fracción disidente de las FARC (el Frente Primero) de alrededor de 46 municipios liberados por las FARC, y la conversión de otros 16 en “zonas de anarquía”, en los cuales se ha producido un incremento de la violencia. “A la lamentable continuidad de los ataques contra dirigentes sociales –entre noviembre de 2016 y julio de 2017 fueron asesinados 55 líderes–, deben agregarse ahora los actos de violencia contra familiares y exguerrilleros desmovilizados de las FARC” A la lamentable continuidad de los ataques contra dirigentes sociales –entre noviembre de 2016 y julio de 2017 fueron asesinados 55 líderes–, deben agregarse ahora los actos de violencia contra familiares y exguerrilleros desmovilizados de las FARC. Finalmente, como elemento nodal de este cuadro de situación, se destacan los importantes retrasos en la institucionalización normativa de los contenidos del Acuerdo: hasta el momento se llevan aprobadas media docena de leyes y actos legislativos en el Congreso Nacional cuando se había contemplado la necesidad de aprobar alrededor de 20 durante el 2017.[iii] Estas demoras responden, entre otras cuestiones, a las limitaciones impuestas por sectores de las elites que intentan incidir en el escenario de posacuerdo a través del poder judicial, la persistencia de los factores que llevaron al rechazo de








