Internacionales

Fuente: Emir Sader | El Telégrafo Fecha: 20 de SEPTIEMBRE 2017 No podría ser tan similar la derecha que vuelve en países de América Latina y esa misma derecha en los años 1980/1990, en sus programas de Gobierno. Aplican duros ajustes fiscales, a partir de los mismos diagnósticos que criminalizan los gastos estatales, las políticas sociales, los derechos de los trabajadores. Los gobiernos de Macri y de Temer no toman en cuenta que ese mismo programa se ha agotado, ha terminado por fracasar y ha sido sucedido por gobiernos que han resultado, disminuyendo significativamente la pobreza y la exclusión social. Pero la derecha no tiene nada distinto a proponer, han fracasado los intentos de “terceras vías”, que han revelado no son tales, sino formas disfrazadas del mismo proyecto neoliberal. De ahí que no se trata de superación de los gobiernos antineoliberales, sino de retomada dura y pura, de los programas neoliberales que han llevado a países del continente -Argentina como modelo más acabado- a las peores crisis de su historia. Lo que cambian son las formas de acción de esa misma derecha, buscando nuevos esquemas de acción, para tratar de imponer su viejo modelo. Lo que caracteriza hoy la acción de la derecha latinoamericana no son nuevas propuestas para terminar con la desigualdades y la exclusión social, sino métodos de acción nuevos, para volver a sus antiguos proyectos. Es una tragedia para la democracia cuando el Judiciario, en lugar de ser el gran defensor del Estado de Derecho, se compromete, al contrario, con violencias en contra de la democracia. Más todavía cuando participa de una colusión con los medios monopolistas privados, para que se constituya como fuerza política -a veces incluso partidaria- de derecha. El uso de las leyes como instrumento con objetivos políticos concretos es lo que se llama de “lawfare”, palabra que conscientemente tiene orígenes en la palabra guerra, porque de eso se trata: de desatar una verdadera guerra en contra de líderes políticos democráticos y populares, buscando desgastar su imagen pública e incluso inviabilizar su participación política vía acúmulo de sospechas y de procesos judiciales. Lo que hay de nuevo en la forma de acción de la vieja derecha es una alianza explícita entre sectores del Judiciario -y de la Policía- con los medios, para la espectacularización de procesos judiciales y acciones policiales y para hacer efectiva la judicialización de la política. Una alianza sin la cual ni los medios tendrían mayor efecto en sus reiteradas denuncias, ni el Judiciario ni la Policía lograría pasar en la opinión pública la imagen de corrupción de los líderes populares y de sus partidos. En un testimonio al juez que lo acusa sin pruebas en tantos procesos, en Curitiba, ese juez intentaba impedir que Lula hablara del colusorio que él y sus comparsas llevan a cabo con los medios, alegando que era un tema fuera del proceso. Lula se impuso, reiterando cómo los jueces hacen llegar, de manera privilegiada y fuera de cualquier procedimiento legal, informaciones sigilosas a los medios. Como los jueces no solo hablan fuera de los autos de los procesos, como aparecen reiteradamente en portadas de revistas y diarios, así como sus mismas esposas, y en fiestas de líderes políticos de derecha, además de posturas subservientes con el mismo presidente Temer, el jefe de toda la corrupción en Brasil. Lula logró ‘imponer’ la idea de que es parte esencial de la operación de judicialización de la política, la participación de los medios, en promiscuidad absoluta con el Judiciario. Sin poder cuestionar las políticas de prioridad de los programas sociales, que responden, en gran medida, por el éxito de esos gobiernos y por el prestigio en las capas populares de los presidentes, los dirigentes de la nueva derecha intentan desplazar el debate hacia los gastos estatales, como si fueran los responsables por la crisis económica. Y tratan de desplazar el debate sobre el significado de los líderes de los gobiernos populares hacia supuestas irregularidades que habrían cometido, incluyendo a cuestionamiento judicial a medidas de gobierno. Cuando se acercan elecciones, se montan operativos especiales, para copar el clima político, buscando réditos electorales inmediatos. En las elecciones municipales del año pasado en Brasil, se han retomado acusaciones antiguas en contra de Lula, se han aprisionado exdirigentes del PT, todo con gran despliegue midiático, revelando que se trata de la gran carta de que dispone la derecha. En las vísperas de las Paso, en Argentina, se ha desplegado nueva ofensiva en contra de Cristina, así como, ahora, cuando se acercan las elecciones, se retoman casos como el de Nisman – con una indecente supuesta reconstrucción en imágenes de lo que habría sido su asesinato -, así como otras acusaciones en contra de la expresidenta, en perspectiva de la disputa electoral, en particular en la provincia de Buenos Aires. Esos los nuevos métodos de la vieja derecha, cuyos objetivos son los mismos: acaparar el poder político en manos de la banca privada, destruir el patrimonio público, así como los derechos de los trabajadores y los programas sociales, así como la soberanía en la política externa de nuestros países. Lo único nuevo es ese método de colusión entre el Judiciario y los medios.

Fuente: Marcos Roitman Rosenman | La Jornada Fecha 09 de SEPT 2017 os hechos significativos marcan el devenir de la historia chilena en el siglo XX. El triunfo de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970 y el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Fue el primer gobierno socialista salido de las urnas. En ambos acontecimientos la figura relevante fue Salvador Allende: médico nacido en 1908, fundador del Partido Socialista, declarado marxista, ministro de sanidad a los 30 años durante el gobierno del Frente Popular encabezado por Pedro Aguirre Cerda, en 1938. Diputado, senador, presidente del Senado; impulsor de numerosas leyes sanitarias, de seguridad social, protección de los trabajadores y viviendas sociales; declarado defensor de la revolución cubana antimperialista; infatigable luchador social y, por último, presidente de Chile entre 1970 y1973. Dejó su vida en el palacio de gobierno defendiendo las libertades públicas y los derechos de los trabajadores, las mujeres, la juventud y los campesinos; en definitiva, del pueblo chileno. Llamó traidores y rastreros a los generales que se levantaron contra la patria, rompiendo la tradición constitucionalista. Inauguraban una larga noche. Fueron genocidas, torturadores, asesinos. Encabezados por el general Augusto Pinochet, secundado por los comandantes de la fuerza aérea Gustavo Leigh, de la armada José Toribio Merino y el general de carabineros César Mendoza. No fueron los únicos golpistas. El golpe de Estado fue la unión de civiles y militares más el apoyo internacional del gobierno de Estados Unidos y sus aliados en la región. Los acompañaba el entonces presidente del Senado Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano y ex presidente (1964-1970). Hoy se le llora como víctima de la dictadura. A su lado, Patricio Aylwin bloqueó y torpedeó cualquier acuerdo entre la democracia cristiana y el presidente Allende. Conspiró y brindó con champán la muerte de miles de chilenos. Hoy, plazas, calles y escuelas llevan su nombre. Lo recuerdan como el primer presidente postiranía. Hace meses se hizo pública el acta de una reunión privada entre la dirección de los empresarios chilenos y Frei como presidente del Senado en agosto de 1973. Este fue su consejo: Vayan a las fuerzas armadas, pídanle su intervención. Para derrocar al gobierno marxista no hay diálogo: esto se resuelve con balas. Junto a la plana mayor del Partido Nacional, citaré sólo a Onofre Jarpa, más tarde ministro del Interior de la tiranía. Son venerados como próceres, estandartes de las luchas democráticas. Pocos, los ya ancianos, los relacionan con el genocidio y menos se les confieren responsabilidades. Tal vez a los ya jubilados, chilenos o no, este recordatorio les resulte banal e injustificado. Sin embargo, vale la pena preguntarse cómo perciben esta etapa de la historia las nuevas generaciones. Y no me refiero a la militancia juvenil de los partidos políticos, sino a la juventud de la era digital, desenfadada, muchas veces desideologizada y, sobre todo, víctima de una educación de cuatro décadas, en la cual priman la manipulación, el olvido, la competitividad y la desafección por la memoria histórica. ¿Son conscientes de los crímenes de lesa humanidad de su pasado o siguen defendiendo, como hace el ex vicepresidente de Chile de la concertación y primer gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Foxley, que Pinochet cambió el destino de los chilenos para bien, convirtiéndole en el prohombre que puso al país en el umbral del progreso y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? Tal vez esto nos haga pensar. Muchos no quieren hacerlo. Es fatigoso y en ocasiones causa dolor. Saber la verdad de los hechos no les interesa y, lo que es peor, se sienten cómodos en su indolencia. Les basta una caricatura para identificar al gobierno de Salvador Allende y sus reformas: era un izquierdista cuyo proyecto era instaurar un Estado totalitario. Los chilenos se opusieron, lucharon y ganaron la batalla al comunismo y el marxismo-leninismo. No resulta extraño que la hoy candidata a la presidencia de Chile por la nueva izquierda –el Frente Amplio–, Beatriz Sánchez, de 46 años, universitaria, periodista, ex conductora de programas de televisión, cara conocida en los medios de comunicación, autoproclamada de izquierda y feminista, apoyada por los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric, fundadores de Revolución, Democracia e Izquierda Autónoma, se despachaba de la siguiente manera en la entrevista concedida a la revista del corazón Paula, el 30 de junio de este año. Pregunta: ¿Te sientes cómoda con el modelo de Salvador Allende? Respuesta: No es lo mismo, porque estamos en otro contexto. Yo prefiero un Estado que no sea totalitario, porque no creo en un Estado totalitario. ¿Era Allende un tirano, un dictador cualquiera? Eso parece insinuar su respuesta. Ante la repercusión de semejante metedura de pata se vio obligada a pedir perdón, eso sí, a petición de sus avales, los diputados Jackson y Boric. Lo peor no es lo dicho, sino que lo crea y no tenga pudor en decirlo. Además, es la opinión generalizada de las nuevas generaciones educadas en la desmemoria, el olvido y la mentira. Son pocos los interesados en romper la amnesia colectiva que encubre a canallas, traidores, golpistas y genocidas. Rescatar de la manipulación histórica al gobierno de la Unidad Popular y a su presidente, Salvador Allende, señalando que fue el momento más democrático y en el que la dignidad de un pueblo soberano brilló en el escenario internacional, sigue siendo la signatura pendiente. Mientras tanto, sus dirigentes –los mismos que fueron exiliados y sufrieron torturas– abandonan sus principios, olvidan y hoy participan de las acciones golpistas contra el gobierno de Venezuela. Hace 47 años estarían con Pinochet señalando que Allende quería instaurar un régimen totalitario y, por tanto, el golpe de Estado fue una liberación. La posverdad se impone. Salvador Allende fue dictador, marxista-leninista y comunista. El resto es irrelevante.

Fuente: Fernando Collizzolli | Revista Zoom Fecha: 07 de SEPT 2017 El Papa Francisco emprendió esta semana, una visita de Estado a Colombia que lo llevará durante cinco días por cuatro ciudades (Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena), con el objetivo principal de apuntalar el proceso de paz que atraviesa el país cafetero. La primera visita de Jorge Bergoglio a Colombia como máximo responsable de la Iglesia Católica y la quinta de Francisco a la región se produce en el marco de una coyuntura política particularmente intensa e inédita en un país acostumbrado durante décadas, de algún modo, a que el pasado no pase. Rebobinemos un poco, antes de avanzar en el análisis de este complejo escenario en el que se enmarca la estadía de Francisco. Desandando el proceso de paz ¿Cómo se alcanzó esta instancia de posacuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)? Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010, como continuador de las políticas de Álvaro Uribe, y en parte, eso hizo, al sostener la “Política de la Seguridad Democrática”, una amplia y sistemática ofensiva militar que despejó territorios para el establecimiento de condiciones favorables para la “Confianza Inversionista”. No obstante, la conformación de una amplia coalición de gobierno, la reconstrucción de las relaciones diplomáticas con los países de la región, el reconocimiento de la existencia del conflicto armado y de la responsabilidad del Estado y, finalmente, la apertura de una mesa de negociaciones de paz con las FARC y luego con el ELN llevaron al enfrentamiento de Santos con Uribe, quien había edificado su construcción política sobre la base de sostener un discurso “antifariano” que transformó a las guerrillas en general, y a las FARC en particular, en enemigos narco-terrorista de la nación colombiana.[i] “La primera visita de Jorge Bergoglio a Colombia como máximo responsable de la Iglesia Católica y la quinta de Francisco a la región se produce en el marco de una coyuntura política particularmente intensa e inédita en un país acostumbrado durante décadas, de algún modo, a que el pasado no pase” En ese sentido, en este desarrollo de las negociaciones de paz convergieron una serie de elementos como: a) la correlación de fuerzas en el campo de batalla (con las FARC replegadas y en situación de debilidad relativa ante un Estado, sin capacidad de desarticularlas); b) la estrategia política de los principales actores involucrados (mientras que a Santos, le permitieron diferenciarse de Uribe, conseguir la re-elección en 2014 y concitar un amplio apoyo internacional; para las FARC, supusieron la posibilidad de iniciar la disputa por otros medios); c) la deslegitimación de la “solución armada” ante los escándalos públicos producidos por las sucesivas violaciones a los derechos humanos; d) y el reconocimiento por parte de las elites de que tendrían negocios más rentables y seguros en tiempos de paz. Todo ello en un contexto de transformaciones en el escenario internacional, en el que los gobiernos progresistas de la región presionaron a las partes para sentarse a negociar. Fueron, precisamente, estos elementos los que permitieron “salvar” el proceso de paz ante el (no tan) sorpresivo triunfo del NO en el plebiscito popular de octubre de 2016, en el que confluyeron desde la apatía de la gran mayoría de la población colombiana y el rechazo a los acuerdos por parte de aquellas poblaciones que ya no registran el conflicto en su cotidianidad, hasta la prédica opositora de las iglesias cristianas evangélicas, pasando por el liderazgo de Uribe y la eficacia de una campaña articulada en torno a la desinformación y la generación de indignación.[ii] Así las cosas, incorporando algunas de las recomendaciones planteadas por los principales impulsores de la campaña del NO, los acuerdos resistieron y se terminaron rubricando en noviembre del año pasado en el Teatro Colón de Bogotá. Los desafíos del posacuerdo Desde entonces, Colombia enfrenta el desafío de materializar el Acuerdo Final, en un proceso que ha tenido, hasta el momento, su mayor logro en el histórico desarme cumplido por las FARC el pasado mes de junio –6800 guerrilleros entregaron 7132 armas y las coordenadas de 949 caletas donde se encuentran los restantes recursos bélicos–, y su conformación como partido político a través de la realización de un congreso partidario, en el que se acordó mantener la sigla de la organización, ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con la rosa roja como símbolo, un discurso amplio para interpelar a los sectores populares, y la apuesta por un “gobierno de transición” en las próximas elecciones. Sin embargo, desde el inicio, las dificultades del Estado colombiano para cumplir con lo acordado se hicieron, a todas luces, evidentes. Uno de los graves problemas actuales es la ocupación por parte de grupos paramilitares, guerrilleros del ELN, y de una fracción disidente de las FARC (el Frente Primero) de alrededor de 46 municipios liberados por las FARC, y la conversión de otros 16 en “zonas de anarquía”, en los cuales se ha producido un incremento de la violencia. “A la lamentable continuidad de los ataques contra dirigentes sociales –entre noviembre de 2016 y julio de 2017 fueron asesinados 55 líderes–, deben agregarse ahora los actos de violencia contra familiares y exguerrilleros desmovilizados de las FARC” A la lamentable continuidad de los ataques contra dirigentes sociales –entre noviembre de 2016 y julio de 2017 fueron asesinados 55 líderes–, deben agregarse ahora los actos de violencia contra familiares y exguerrilleros desmovilizados de las FARC. Finalmente, como elemento nodal de este cuadro de situación, se destacan los importantes retrasos en la institucionalización normativa de los contenidos del Acuerdo: hasta el momento se llevan aprobadas media docena de leyes y actos legislativos en el Congreso Nacional cuando se había contemplado la necesidad de aprobar alrededor de 20 durante el 2017.[iii] Estas demoras responden, entre otras cuestiones, a las limitaciones impuestas por sectores de las elites que intentan incidir en el escenario de posacuerdo a través del poder judicial, la persistencia de los factores que llevaron al rechazo de

Fuente: Emir Sader* | ALAI Fecha: 21 AGOSTO 2017 Parecía todo redondo: los gobiernos “populistas” serian un breve paréntesis breve en el continente, a contramano de las corrientes globales. En la derecha y en la ultra izquierda, el análisis estaba listo: “fin de ciclo” de los gobiernos antineoliberales. Problemas graves en Venezuela, derrota electoral en Argentina, revés en Bolivia, golpe en Brasil, entre otros, prenunciaban que la derecha volvería. La anunciada restauración neoliberal ganaba cuerpo en Argentina con el flamante gobierno de Mauricio Macri y en Brasil con el de Michel Temer. La derecha se preparaba para conmemorar victorias en Ecuador, en Chile, en México, en Colombia, a lo mejor incluso en Bolivia, entre otros países del continente. EEUU proclamaba que su período de más grande aislamiento en América Latina terminaba. Los que se incomodaban con los gobiernos que más conquistas habían logrado en el continente, pero que no correspondían a sus equivocadas previsiones, volvían a aparecer, después de haber estado ausentes, sin discurso alguno. Fueron los más contundentes en prever el “fin de ciclo” de gobiernos que desmienten todo lo que ellos han dicho. Alivianados, podrían volver a sus viejas y siempre desmentidas tesis académicas. Pero las cosas no han evolucionado como preveían los conservadores. Ni los gobiernos de Macri y de Temer logran cumplir con lo que prometían, ni tampoco en otros países el panorama corresponde a lo que la derecha esperaba. Los modelos de restauración neoliberal, puestos en práctica en Argentina y en Brasil, ni han retomado el crecimiento económico, ni tampoco han superado la crisis. La recesión se perpetúa y se profundiza en esos países, el desempleo llega a niveles records, la situación social se degrada, los apoyos de esos gobiernos caen, al punto de que el gobierno de Temer tiene menos del 5% de apoyo. Se confirma que retomar el viejo proyecto, ya aplicado en los 80 y los 90 del siglo pasado en varios países de la región, no tiene ninguna capacidad de dar solución a los problemas de esos países. Al contrario, disminuir las inversiones estatales, los recursos para las políticas sociales, cortar los derechos de los trabajadores, solo ha ahondado la crisis. La restauración neoliberal desemboca en un fracaso. Por otra parte, la crisis venezolana, frente al agotamiento de los métodos de acción de la oposición y de las amenazas desastrosas de Trump, así como frente a la elección de una Asamblea Constituyente, han generado una situación de crisis para la oposición. Sus manifestaciones han bajado de tono, el desconcierto cunde en sus filas. En países como México, Colombia, Chile, a su vez, la izquierda tiene perspectivas reales de victoria en las próximas elecciones presidenciales. Andrés Manual López Obrador aparece como favorito en las encuestas, al tiempo en que los partidos tradicionales de la derecha, el PRI y el PAN, tiene hasta dificultades de unificarse mínimamente a su interior y lanzar candidatos competitivos. En Colombia, Gustavo Petro, ex-alcalde de Bogotá, disputa en las encuestas el liderazgo con el candidato más connotado de la derecha, Vargas Peñaloza, mientras el partido de Uribe busca un nombre, en medio de la parálisis del respaldo del ex-presidente, que por primera vez tiene un nivel de rechazo más alto que el de apoyo. En Chile, cuando la derecha ya se preparaba para conmemorar el retorno de Sebastián Pinera, frente a la incapacidad del gobierno de Bachelet de siquiera tener un candidato propio, el Frente Amplio desarrolla una importante campaña con la candidatura de Beatriz Sánchez, una gran líder del sector de la educación en el país, y se ubica en segundo lugar en las encuestas. En Ecuador, aun con un resultado apretado, el problema no viene del retorno de la derecha, sino de disensiones dentro del gobierno de Lenin Moreno y de Alianza País. Conflictos que no dejan de preocupar, aún más por el tono que asumen los reproches mutuos. Pero son diferencias al interior de un mismo proceso. En Bolivia, desecha completamente la farsa de las acusaciones personales en contra de Evo Morales, que se han revelado un completo montaje de la oposición, el MÁS se prepara para encarar la forma de poder volver a presentar la candidatura de Evo, apoyado en el respaldo masivo que tiene su gobierno. Ha pasado el auge de la contraofensiva de la derecha, que pierde aliento y no presenta ninguna propuesta novedosa, que pudiera configurar realmente un fin de ciclo, superado por nuevo período histórico. Son intentos de volver al viejo modelo neoliberal que, ni en América Latina, ni en ningún otro lado, presenta capacidad de superar la crisis generalizada a la que ese mismo modelo ha arrojado a la gran mayoría de las economías de Europa, EEUU y América Latina. Es de las mismas fuerzas que han protagonizado el extraordinario proceso de lucha en contra del neoliberalismo, que pueden surgir nuevas perspectivas para retomar y dar continuidad, en las nuevas condiciones históricas, a ese proceso. Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).