Comunicados y Declaraciones

El LLAMAMIENTO Argentino Judío manifiesta su terminante rechazo a la nueva embestida del Gobierno Macrista contra la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Usando el sector del Poder Judicial cooptado por este gobierno, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial bloqueó la apertura de una cuenta bancaria (legalmente inembargable) que se destina al pago de los salarios de los trabajadores del Grupo Indalo (el canal de noticias C5N, las radios 10 y FM Pop, y las páginas minuto1.com y diarioregistrado.com), ordenada meses atrás por el Juez Comercial N° 5, Javier Cosentino. Los camaristas Gerardo Vassallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto fallaron en contra de la apertura de la cuenta, en línea con un requerimiento de la AFIP. Como consecuencia de esta estrategia de silenciamiento de la opinión opositora, los trabajadores de C5N y de los demás medios del grupo se quedan sin salario y peligra fundamentalmente la permanencia del canal en el aire. El LLAMAMIENTO Argentino Judío denuncia este accionar que tiene como objetivo acallar las voces independientes, cosa que ha perseguido el Gobierno desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, y que en esta ocasión cobra especial gravedad por tratarse de un año electoral. Defender la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos es defender la Democracia No al cierre de C5N   Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

El LLAMAMIENTO Argentino Judío observa con profunda preocupación los últimos acontecimientos ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela que desde hace años está atravesada por una crisis política que ha transitado por golpes de estados fallidos, la violencia callejera de las guarimbas e intentos frustrados de magnicidio, con la intención de dar por tierra con la experiencia chavista.   El 23 enero de este año, la crisis se agravó con la autoproclamación de presidente encargado de Juan Guaidó desconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, seguido del inmediato reconocimiento de EE.UU. y sus aliados latinoamericanos y europeos, en total 41 países de los 193 que integran la ONU. Más allá de las opiniones que pueda merecer las políticas del gobierno del Presidente Maduro, se pone en evidencia una clara intención injerencista que viola los principios de no intervención en los asuntos internos de los países reconocidos en el derecho internacional y refrendados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la reunión celebrada el 26 de enero en la que fracasó el intento de adoptar la línea estadounidense al no obtener los votos necesarios de los países que lo integran. Lamentablemente el gobierno de Cambiemos se ha plegado a la campaña injerencista, arrojando por la borda la tradicional política exterior de respeto a la soberanía y de no intervención en los asuntos internos de otros países que ha sostenido nuestra Cancillería. En una nueva y peligrosa fase de la intervención, han convertido al puente fronterizo entre Venezuela y Colombia en un escenario en el cual, con el pretexto de una presunta ayuda humanitaria proporcionada por EE.UU. —concentrada en la cercana localidad fronteriza colombiana de Cúcuta— se han dado cita las grandes agencias de comunicación, voceros de distintos gobiernos y organizaciones internacionales con el objetivo de mostrarlo como el punto crítico por donde se concrete la intervención armada, la que es mencionada en todo momento por el presidente Donald Trump como opción que analiza EE.UU. Estas agencias internacionales insisten en presentar un conflicto político interno como crisis humanitaria, lo que no es reconocido ni por la ONU ni por la Cruz Roja Internacional que se ha negado a participar ya que no reúne los requisitos de independencia, imparcialidad, neutralidad y de aceptación del país receptor adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas para que la ayuda sea considerada humanitaria. Advertimos que estos intentos de intervención podrían encender la mecha de una conflagración en la región, revirtiendo el avance que America Latina había alcanzado en la última década al ser declarada zona de paz por sus gobiernos. Además, alertamos la posibilidad de que la política injerencista de EE.UU. y sus aliados ponga en peligro la paz interior de Venezuela y abra las puertas a un enfrentamiento civil.   El LLAMAMIENTO Argentino Judío llama a todos los sectores de la sociedad, políticos, sociales, gremiales, empresariales, religiosos, a pronunciarse en defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países, exigiendo que nuestro gobierno —respetando la tradicional política de nuestro país— se pronuncie por la resolución del conflicto por medio del diálogo entre las partes en el mismo sentido que la digna postura del gobierno mexicano. Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.”                                                                          Abraham Lincoln La carta de la AMIA dirigida a la DAIA donde le pide que desista de la querella en la causa judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y demás acusados por la firma del Memorándum con Irán, confirma lo que el LLAMAMIENTO Argentino Judío viene sosteniendo desde su creación hace ya casi cuatro años. Decíamos que la DAIA había usurpado una representación única que no se condecía con la realidad de la colectividad argentina judía y que el proceso de derechización de su dirigencia la había llevado a convertirse en un comité del PRO al que habían aportado cuadros dirigentes como Waldo Wolff, Sergio Bergman y Claudio Avruj, entre otros. También decíamos que sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán se podía opinar sobre su validez jurídica y/o su eficacia política pero que no era un tema judiciable y que avanzar por ese camino como punta de lanza, como lo hizo la DAIA al lograr la reapertura de la causa en complicidad con un sector judicial, iba a traer graves consecuencias no solo sobre las personas involucradas sino sobre toda la colectividad argentina judía. Los términos de la carta de la AMIA están diciendo exactamente lo mismo. Veamos: Dice la carta…. “al desistir de esta querella contra la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de reparar un grave error de la gestión anterior, la DAIA empezará a tomar distancia de una causa que está en el centro de la famosa grieta que divide a la mayoría de los argentinos, división que por cierto no nos representa”…. “es imperioso reforzar los mecanismos para mantener absoluta independencia de todas las instancias centrales de la comunidad judía de los partidos o grupos políticos”. Claramente la AMIA le achaca, con otras palabras, lo que nosotros siempre hemos sostenidos: funcionaban como un comité del PRO. En otro párrafo se lee: “La DAIA debe desistir de impulsar la causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán. La revisión de esa terrible decisión de política exterior y su reversión histórica corresponden a toda la sociedad argentina y sus representantes” En la frase subrayada hay un claro reconocimiento de que no es en el ámbito judicial donde se debe dirimir una decisión de política exterior que es potestad, según la Constitución Nacional, de la cabeza del Poder Ejecutivo. “Consideramos que mantener esa querella es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA en su gestión específica”, dice la carta enviada al presidente de la DAIA. Es lo que advertíamos desde un principio. Tardío reconocimiento pero bienvenido. La carta también hace alusión a su postura con respecto al juicio en ausencia para los acusados iraníes dejando en claro que la AMIA no se ha pronunciado a favor del mismo lo que deja sola a la DAIA en un tema tan sensible para los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA que lo rechazan porque lo caracterizan como una maniobra para cerrar la causa. Una condena a los imputados en una instancia como el juicio en ausencia serviría a los intereses geopolíticos de EE.UU. e Israel en su conflicto con Irán pero para nada en la búsqueda de justicia. El LLAMAMIENTO Argentino Judío ve esta interna entre la DAIA y la AMIA como una oportunidad para que se instale un debate amplio y participativo en la colectividad argentina judía sobre las causas que llevaron a este enfrentamiento y se saquen las conclusiones pertinentes para que no se aumente el daño que las posturas de la DAIA ha provocado, como también se señalan en la carta, y que se retomen los principios fundacionales antifascistas y democráticos que llevaron a la creación de la DAIA y las mejores tradiciones populares y progresistas que distinguieron a los primeros inmigrantes que adoptaron a la Argentina como su Patria. Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

El 27 de enero de 1945 las tropas del Ejército Rojo llegaron a Auschwitz y liberaron a los prisioneros que aún permanecían encerrados en las barracas del espanto. En ese campo de concentración fueron exterminados más de un millón de personas, entre ellos 200 mil niñas y niños. En todos los campos de concentración y exterminio fueron asesinados, a mano de los nazis, siete millones de personas, entre ellos la mayor parte de los seis millones de judíos que murieron en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En conmemoración de esa fecha las Naciones Unidas en 2005 decide declararla Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El LLAMAMIENTO Argentino Judío se suma a la recordación que llevan a cabo quienes saben que la memoria es la garantía de que esos crímenes nunca más puedan ser llevados a cabo. La memoria no puede convertirse en una disposición ligada al pasado. Debe orientarse hacia el presente y el futuro. La historia nos muestra que después de Auschwitz se han repetido genocidios en América Latina (entre ellxs  nuestrxs 30 mil compañerxs), en África y en Asia. No podemos hacer de la rememoración en un ejercicio pasivo y domesticado, apto para la sensibilidad lavada. Tiene que  convertirse en una llamada de atención en relación a los discursos supremacistas, xenófobos, judeofóbicos, islamofóbicos y misóginos que vuelven a poblar la fraseología política, en el marco de una clara actualización de los discursos del odio. La recordación de la Shoá —donde fue exterminado un tercio de la población judía existente— es para el LLAMAMIENTO un homenaje a las víctimas del pasado pero también un compromiso de resistencia contra quienes hoy instituyen las bases de los futuros crímenes masivos. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.   Comisión Directiva LLAMAMIENTO Argentino Judío  

El LLAMAMIENTO Argentino Judío condena la actitud injerencista del gobierno argentino de Mauricio Macri quien ha asumido una política escandalosamente seguidista del gobierno de los Estados Unidos en relación a la situación de Venezuela. América Latina es un continente de paz acostumbrado a sufrir recurrentes golpes de Estado impulsados por las oligarquías locales con el financiamiento y el apoyo de Washington para impedir la democratización y las decisiones soberanas de sus pueblos. Argentina ha sido víctima reiterada de las mismas políticas que hoy pretenden instaurarse en Venezuela con el único objetivo del control de las reservas  de petróleo, gas y oro de ese país y la destrucción de toda resistencia al neoliberalismo y a la hegemonía del Departamento de Estado en la región. Si bien Estados Unidos, los 13 países del Grupo de Lima entre los cuales está Argentina y la Unión Europea pretenden desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, 148 países del mundo en los que habitan 6.300 de los 7.300 millones de la población mundial, han reconocido al legítimo gobierno de la República Bolivariana. El reconocimiento como mandatario de un dirigente que no fue votado de acuerdo a las normas constitucionales de un país significa un gravísimo antecedente que atropella los derechos de los ciudadanos y atenta contra la democracia. Mauricio Macri, en el marco de una grave irresponsabilidad de la política exterior de Argentina caracterizada históricamente por la no injerencia en relación a conflictos internos de otros países, ha involucrado a nuestro país en una decisión tomada por Donald Trump y el pentágono. Esta conducta servil contrasta con la digna actitud de México y su presidente López Obrador que retomó la tradicional postura de ese país de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Ante la amenaza de una intervención armada del imperialismo, el LLAMAMIENTO repudia dicho alineamiento y llama a las fuerzas democráticas a expresarse a favor de la paz para evitar el emplazamiento en nuestra América de guerras civiles similares a las que suceden en Siria y en diferentes regiones de África, producidas por el mismo formato belicista que pretende interferir en las decisiones internas de cada país para apropiarse de sus recursos naturales.   Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente            

El siguiente documento fue preparado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del LLAMAMIENTO Argentino Judío   El “Reglamento para uso policial de armas de fuego” Emitido por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich   RESOLUCION 956/2018 – MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN SU ILEGALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD Y ANTI-CONVENCIONALIDAD   I – LA RESOLUCION 956/2018 En primer lugar, tengamos presente que la Resolución bajo análisis es un Acto Administrativo, y como tal, para gozar de legalidad y ejecutabilidad debe satisfacer lo que la Ley requiere de manera excluyente a todo Acto Administrativo, cf. Art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entre esos requerimientos, debe fundarse en antecedentes que le sirvan de causa; el objeto del acto administrativo debe ser jurídicamente posible; y debe tener un motivo jurídicamente válido. Ninguno de estos tres extremos es alcanzado por esta Resolución. Surge con claridad que el análisis de legalidad de un acto administrativo debe necesariamente incluir los “Vistos” y “Considerandos”, ya que allí deben ser expuestos los extremos señalados, causa, motivo, objeto. El “Visto” de la Resolución contiene una sola frase. La trascribo “VISTO el Expediente EX-2018-22916408- -APN-DNELYN#MSG del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Leyes Nros. 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992 y sus modificaciones) y 24.059, y las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley adoptado por la ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS mediante Resolución N° 34/169 del 17 de diciembre de 1979, y… Del “Visto” surge que los antecedentes en los cuales se funda la Resolución son las leyes señaladas y la Resolución 34/169 de la Asamblea General de la ONU. Anticipo, La Resolución 34/169 recomienda algo totalmente opuesto a lo que dice el decreto. La Ley 22520, Ley de Seguridad Interior sancionada el 18/12/1991, no constituye fundamento idóneo para la reglamentación de uso de armas de fuego que intenta la Resolución. Al contrario, establece como límite a la actividad de las fuerzas de seguridad, lo establecido por la Constitución, lo cual, como veremos, la Resolución no respeta. El primero de los “Considerandos” proclama que “la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos reconocidos explícita e implícitamente por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22)” Esto es abiertamente mendaz y escandaloso. Nada dice el Art. 75 inc. 22 de “transversalidad” del derecho a la seguridad. No existe tal “transversalidad”. La jurisprudencia, nacional e internacional, pacíficamente, reconoce una diversa jerarquía entre derechos, y cuando se presenta conflicto entre derechos de igual jerarquía los resuelve mediante la doctrina de la proporcionalidad, la relación que existe entre la medida que se toma y el fin que se busca. La “medida que se toma” es, en este caso, la decisión que asigna prevalencia a un determinado derecho sobre otro. Siempre, en el especial y particular caso de conflicto entre derechos de igual jerarquía, algo que jamás puede ni debe resolver un funcionario policial actuando en un procedimiento. Pero aún hay más. Entre los considerandos, se invoca el “INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS” de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese informe dice exactamente lo contrario de lo que proclama el primero de los considerandos (transversalidad del derecho a la seguridad). Dice el Informe “la Comisión destaca que en el orden jurídico internacional de los Derechos Humanos no se encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social. Sin embargo, puede entenderse que ese derecho surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, en los términos del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”; y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. No obstante, la Comisión considera que la base de las obligaciones exigibles al Estado se encuentra en un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana. Concretamente, este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos que serán objeto de análisis específico en el cuerpo de este informe.” Nada hay de esa pretendida “transversalidad”. El derecho a la seguridad surge de un plexo normativo que incluye también el debido proceso. Va de suyo que mal puede cumplirse el debido proceso cuando se autoriza, por ejemplo, a disparar por la espalda a una persona que huye. No hay lugar para la interpretación que hace la Resolución. La existencia de un plexo normativo del que surge el derecho que se quiere preservar, obliga a la interpretación armónica, que es la que tiene en cuenta el conjunto de factores que intervienen en la configuración del derecho en cuestión. La interpretación de la Resolución es lisa y llanamente, mendaz y escandalosa. Entre los “Considerandos”, la Resolución proclama que son necesarias “acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”. También dice que en su accionar los funcionarios de las fuerzas de seguridad “respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y respetarán los derechos humanos protegidos por el derecho nacional e internacional”. Ese texto está

Despedimos a Héctor Timerman, argentino judío, compañero e integrante del Llamamiento. Y aunque sabíamos de su enfermedad, su muerte nos duele. Fue calumniado hasta el hartazgo por los medios hegemónicos, perseguido injustamente por jueces perversos e injuriado por un régimen corrupto y enemigo de las mayorías populares. Acusado de “traición a la patria”, la crueldad del juez  de la causa le negó el permiso para a viajar a Estados Unidos a continuar con su tratamiento contra el cáncer. Finalmente, no pudo tener la reivindicación justa de su inocencia en el juicio que él deseaba apurar —renunciando a instancias dilatorias— para demostrar su inocencia frente a una acusación infame y así poner a salvo su honor mancillado. Quizás, lo que más le dolió fue la persecución de las autoridades de la DAIA y la AMIA que lo tildaron de traidor a su condición de judío de la que se sentía orgulloso. El pueblo empoderado se encargará de colocar en el basural de la historia a los que fueron capaces de tamañas vilezas. Compañero Héctor Timerman, que descanses en paz. Z’L   Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente

El LLAMAMIENTO Argentino Judío repudia el aval de la Justicia Federal a la conformación del denominado “Frente Patriota” liderado por Alejandro Biondini, un conocido dirigente nazi local. Esta admisión, de índole electoral, se suma a la aprobación realizada por el juez Ariel Lijo en 2014 del lema “Bandera Vecinal” también liderado por quien se auto-propone como el Führer argentino pese a la violación sistemática de la legislación referente a la discriminación, estipulada en la Ley número 23.592 que sanciona la instigación al odio a diferentes colectivos. En el caso específico de Biondini, existen múltiples evidencias de discursos homofóbicos, misóginos y de desprecio a los pueblos originarios –específicamente a los mapuches— conjuntamente con el odio hacia los judíos. La legitimación de estos grupos violentos no hace más que deteriorar el sistema democrático, desmejorando aún más el estado de derecho que al actual gobierno de Cambiemos ha dañado con prisiones políticas y un modelo represivo que convoca al asesinato por la espalda. Exigimos a la Procuración General de la Nación que apele la medida del Juez Federal Gabino Ziulu y a las fuerzas democráticas a repudiar esta legalización que viola el verdadero espíritu republicano. Marcelo Horestein – Secretario Jorge Elbaum – Presidente