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Fuente: Stella Calloni | La Jornada Fecha: 08 de ENE 2018 “En Argentina no existe la pena de muerte, pero un juez, activo practicante de graves irregularidades jurídicas, me condenó a muerte como preso político que soy, aislado en mi domicilio, cuando enfrento una enfermedad que requiere atención permanente”, dice el ex canciller argentino Héctor Timerman. Sus problemas de salud se agudizan con la prisión preventiva a la que es sometido en una causa que no tiene “ninguna racionalidad, ni respaldo jurídico, ni razón de ser, sólo un maldito juego de intereses geoestratégicos”. En entrevista exclusiva con La Jornada, un sereno Timerman relata esta increíble “historia de injusticia y crueldad”, de la que además son víctimas todos los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri, y recuerda que en 1978, en plena dictadura, su padre, Jacobo, fue puesto en prisión domiciliaria luego de dos secuestros y de haber sido torturado en varios centros clandestinos de detención y exterminio. Jacobo Timerman fue fundador del mítico diario La Opinión, que cambió el periodismo en Argentina y fue cerrado por la junta militar. En diciembre pasado, Héctor Timerman, quien batalla contra un cáncer de hígado, junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, otros ex funcionarios de su gobierno y tres dirigentes sociales, fueron procesados por el juez Claudio Bonadío por supuesto intento de encubrimiento a funcionarios de Irán, acusados por Estados Unidos e Israel de ser responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que en 1994 dejó 85 muertos y decenas de heridos. El supuesto pacto nunca existió, pero así calificó Bonadío el Memorando de Entendimiento entre ambos países que sólo intentaba un avance en la causa de la AMIA, que lleva 23 años de impunidad. La acusación más sorprendente fue la de “traición a la patria”, por la cual Bonadío dictó una ilegal prisión preventiva, puesto que nada se ha juzgado aún, ni se ha demostrado siquiera que tal encubrimiento exista. “Cuando fui a declarar ante Bonadío, el 19 de octubre de 2017, le pregunté al juez cuándo Argentina había declarado la guerra a Irán, porque era la única cuestión que podría dar lugar a un acto de traición a la patria, uno de los disparates de esta causa”, explica Timerman, quien ha sido visitado por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, enfrentadas a la embajada de Israel y a las derechistas organizaciones de buena parte de la comunidad judía local, a las que acusan de obstaculizar el camino a la verdad. Sobre las acusaciones que pesan sobre él, Timerman señala que además del hecho de que fue el canciller que negoció el Memorando de Entendimiento, una acción dentro de las reglas de la Organización de las Naciones Unidas, se le acusa “de una supuesta complicidad” con el ex secretario general de Interpol, el estadunidense Ronald Noble, “lo cual es insólito, ya que yo estoy preso por cómplice de alguien que no está detenido ni es juzgado”. Recuerda que cuando en enero de 2015 comenzó a urdirse la trama de la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra Fernández de Kirchner, aunque “todo fue público, abierto, un documento aprobado por el Congreso argentino, y que no se puso en vigencia en ningún momento, con lo cual ni siquiera en esto existe delito alguno”, Noble envió una carta “desmintiendo que el gobierno de Kirchner hubiera pedido la baja de las alertas rojas que mantenía Interpol sobre los acusados iraníes”. Bonadío acusó a Noble de mentir, pero el 13 de diciembre pasado el ex jefe de Interpol negó las imputaciones. Todos los gobiernos argentinos han mantenido una relación normal y comercial con Irán, e incluso “existe en el Congreso una comisión de amistad con el pueblo iraní”, destaca Timerman. “Es increíble todo lo que han usado para mantener la causa viva en estos años, tratando de acusar al gobierno anterior de la muerte de Nisman. Bonadío se apresuró a cerrar esta causa sin sentido, para evitar el testimonio de Noble. El juez ordenó nuestra detención y después de arrestarnos dice que tiene que leer 300 mil correos electrónicos. Imagínense, si yo debo esperar hasta que Bonadío lea los correos, no puedo asegurar si sobrevivo a ese tiempo. Pero además, antes de detenernos no pasó la causa por fiscalía y es increíble que se nos acuse antes de revisar los supuestos correos electrónicos, cuando decidió elevar esta causa, el 9 de junio pasado. Tampoco escuchó a los propios familiares de las víctimas de la AMIA”. Indicó que Bonadío, quien mató a una persona por la espalda “en defensa propia”, según dijo en su momento, es el magistrado que más denuncias acumula por acciones ilegales en su función jurídica. Timerman recordó que el ex fiscal Alberto Nisman nunca investigó el atentado a la AMIA, para lo que fue nombrado por el ex presidente Néstor Kirchner en la fiscalía especial. Sobre la muerte del fiscal, el 18 de enero de 2015, peritos de la Corte Suprema y otros organismos determinaron que no hubo ninguna otra persona en el baño del departamento de Nisman, donde fue encontrado su cuerpo con una pistola en la mano. Las puertas de entrada a la vivienda estaban cerradas por dentro. “Nisman viajaba permanentemente a Israel y trabajaba para la extrema derecha de Estados Unidos. Sheldon Adelson depositaba dinero en la cuenta secreta que tenía Nisman en Uruguay”, precisa el hoy detenido ex ministro. Adelson es el mayor donante del Partido Republicano y principal recaudador de fondos para comités de acción política en favor de Israel. En un discurso el 22 de octubre de 2013 en la Universidad Yeshiva, de Nueva York, dijo: “Estados Unidos debería lanzar una bomba atómica contra Irán para impulsar al país a poner fin a su programa nuclear”. Timerman recuerda que cuando su entonces par israelí, Avigdor Lieberman, “me increpaba por negociar con Irán, yo le explicaba que queríamos un proceso justo, que en Argentina no existe el juicio en ausencia y en Irán no existe extradición, como tampoco en Israel o Brasil”. Los beneficiados en esta historia ¿Quienes han sido los beneficiados por estas

Fuente Atilio A. Boron | atilioboron.com.ar Fecha: 29 de DIC 2017 El 2017 termina en la Argentina con otra pésima noticia que se suma a otras conocidas en las últimas semanas: el Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires le concedió el genocida y torturador probado y confeso Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, el beneficio de la prisión domiciliaria a causa de su «delicado cuadro de salud». El personaje de marras desempeñó aquel cargo entre marzo de 1976 y fines de 1977 y fue la mano derecha de otro asesino de triste memoria, el ex general Ramón Camps. En 1986 Etchecolatz (que actualmente tiene 88 años) fue sentenciado a 23 años de cárcel al ser hallado culpable de 91 casos de tortura. Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 fue condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio que se sustanció en el 2006 y donde fue el único acusado. En esa oportunidad se lo condenó a prisión perpetua por seis homicidios. Fue en el juzgado de La Plata donde se ventilaba el caso que un testigo presencial de sus crímenes, al albañil Jorge Julio López, lo identificó como uno de los torturadores. En su declaración narró entre otras la siguiente escena: “La chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo con agua y Etchecolatz le pasaba picana…y ella le gritó: ‘Por favor no me mates, llevame presa de por vida pero dejame criar a mi beba’…y él le sonrió…y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez, verán que la cabeza tiene dos agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado”. Conocida la sentencia, los fotógrafos advirtieron que el genocida había escrito el nombre de López en un pequeño papel, y también una orden: “secuestrar”. El mensaje fue a parar a manos cómplices y obedientes. Tres horas después, López desaparecía para siempre. Teniendo a la vista estos antecedentes, ¿debería concedérsele a Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria? Desde el punto de vista ético, filosófico, la respuesta es terminante: no, de ninguna manera. Ni la edad ni una enfermedad deben atenuar la ejemplaridad de la pena que le fue impuesta por la comisión de delitos atroces y aberrantes. Pero, además, hay un antecedente internacional que merece ser tenido en cuenta: es el caso del ex jerarca nazi Rudolf Hess. Este había caído prisionero de los ingleses en una extraña misión que lo había llevado al Reino Unido, supuestamente con el objeto de pactar una tregua con Londres para que los ejércitos hitlerianos librasen una batalla en un solo frente, el oriental, y aplastar a la Unión Soviética que, sin duda, era una vieja aspiración de las potencias capitalistas. Al producirse el derrumbe del Tercer Reich Hess como tantos otros fue juzgado por el Tribunal de Nuremberg y condenado a cadena perpetua el 1º de octubre de 1946. Junto con otras prominentes figuras del régimen nazi fue enviado a la cárcel de Spandau, un enorme complejo carcelario construido por Bismarck en Berlin. El presidio fue diseñado para albergar a 500 prisioneros pero luego de los juicios de Nuremberg trasladaron a todos los presos y la cárcel se destinó exclusivamente a la reclusión de los condenados, custodiados por más de cien guardiacárceles y personal militar de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Sólo 7 antiguos jerarcas nazis ocuparon sus celdas y en 1966, con la excarcelación de Albert Speer al cumplirse los veinte años de su condena, el único que permaneció en ese inmenso presidio, en confinamiento solitario y custodiado por un inmenso aparato fue Hess. Desde los años ochenta algunos sectores neonazis europeos comenzaron a promover abiertamente una campaña para lograr la excarcelación de Hess, aduciendo su avanzada edad (más de 80 años) y sus problemas de salud. Pero tal como lo revelara el periódico británico The Guardian en su edición del 20 de Julio de este año, nada menos que desde 1957 Londres venía sigilosamente solicitando la excarcelación de Hess a las autoridades soviéticas. La reciente desclasificación de los Archivos Nacionales que se hizo efectiva al cumplirse 30 años de la muerte del lugarteniente de Hitler permitió conocer algunos interesantes entretelones anteriormente vedados a la opinión pública, entre ellos la hipocresía de la lucha de las “democracias capitalistas” contra el fascismo. En once ocasiones -¡once, no una!- el Reino Unido demandó de manera unilateral a la URSS la liberación de Hess, y en otras catorce lo hizo de común acuerdo con Washington y París. La última petición británica la firmó Margaret Thatcher el 4 de Octubre de 1982 según consta en los archivos. (ver https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jul/20/uk-pressed-for-rudolf-hess-release-from-spandau-prison-soviets-hitler-thatcher-national-archives) Sin embargo, la absoluta intransigencia de la Unión Soviética frustró esos planes. Esta actitud fue acompañada, si bien discretamente, por el gobierno de Israel. El argumento de Moscú se apoyaba en dos consideraciones: uno, la liberación de Hess sería una afrenta a los veinte millones de soviéticos que murieron a causa de la invasión nazi a la URSS; dos, que una tal decisión alentaría la resurgencia del nazismo y el racismo en Europa. Fracasadas estas tentativas de liberación por “causas humanitarias” Hess murió en prisión en 1987, a los 93 años, en misteriosas circunstancias. La versión oficial es que se ahorcó, pero en Londres hay quienes aseguran que fue asesinado para que se lleve a la tumba el secreto de la misión que lo llevara al Reino Unido a inicios de los años cuarenta. De lo anterior se desprende una lección para la Argentina: un gesto supuestamente “humanitario” como el que benefició a un personaje como Etchecolatz -aún más sórdido y criminal que Hess que nunca perpetró por mano propia las atrocidades cometidas por aquel- no sólo es inmoral sino que fomentará el crecimiento de grupos racistas y neofascistas de diverso pelaje y alimentará la ilusión de que sus crímenes, como ocurrió en el pasado, podrían quedar impunes.

Fuente: Horacio Lutzky | lacausamia.blogspot.com.ar Fecha: 27 de DIC 2017 La AMIA ejecutó días atrás la sentencia de desalojo dispuesta en el juicio que siguió contra Radio Jai («La radio judía de Latinoamérica») ante en Juzgado Civil 29, Secretaría 57. El fallo había sido confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en un proceso iniciado en marzo de 2015. Radio Jai ocupaba un inmueble de la AMIA en virtud de un supuesto comodato, sin haber pagado jamás alquiler. En un comunicado oficial, AMIA expresó: «Que la emisora es una empresa privada que desarrolla su actividad en un inmueble sito en Valentín Gómez 2950/52 que pertenece, desde 2012, a la AMIA, por donación de la Asociación Comedores Populares Israelitas; entonces asumimos el compromiso de continuar atendiendo a los beneficiarios de dicha organización. Radio Jai no ha compensado a la AMIA de ninguna manera por el usufructo del inmueble desde que éste pertenece a la institución. Durante tres años, hasta 2015, y con la sucesión de diferentes Comisiones Directivas, la institución intentó por todos los medios alcanzar un acuerdo para que la radio se trasladase a otro domicilio, permitiendo así que AMIA pudiera disponer de un edificio cuya superficie excede largamente las necesidades de la radio. Ante la reiterada negativa, no quedó otro remedio que recurrir a la Justicia para recuperar el inmueble. Radio Jai es una Sociedad Anónima que desarrolla un emprendimiento privado y jamás efectuó pago alguno en concepto de alquiler y/o de servicios por la utilización del espacio». En numerosas oportunidades, hemos señalado la muy sugestiva posición de Radio Jai respecto del encubrimiento del atentado a la AMIA, particularmente la militante defensa efectuada por su director Miguel Steuermann respecto de Beraja y la DAIA berajista, Galeano y otros procesados por el desvío de la causa, y muy especialmente de lo actuado por la ex SIDE. Incluso, entrevistando como «especialistas» a funcionarios imputados, o responsables de graves irregularidades policiales o de los servicios de inteligencia. Así por ejemplo: http://lacausamia.blogspot.com.ar/2015/06/radio-jai-continua-elogiando-acusados.html o bien: http://lacausamia.blogspot.com.ar/2015/05/se-viene-el-homenaje-menem.html#more También «perdiendo» audios relevantes para actuaciones judiciales: http://lacausamia.blogspot.com.ar/2017/03/radio-jai-encubre-gabriel-levinas.html El juicio por desalojo abre ahora sorprendentes interrogantes y algunas posibles respuestas. Porque resulta que «Miki» Steuermann no es el titular de Radio Jai S.A., y ni siquiera figura en sus estatutos. El asombro aumenta al constatar que la autoridad máxima y presidente del directorio de RADIO JAI S.A. es el abogado JUAN JOSE RICHARTE, padre del ex número dos de la SIDE. En tal carácter, contestó la demanda e intervino en todo el proceso:   ¿Y quién es el abogado Richarte, el presidente del directorio de RADIO JAI, que resistía el reclamo de devolución del inmueble a la mutual judía? A primera vista, no se trata de una personalidad que parezca acreditar un historial en pos de la cultura judía. En cambio, fue involucrado en un escándalo de proxenetismo, presuntamente vinculado a los servicios de inteligencia del Estado (ex SIDE), organismo que registra un tenebroso prontuario en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Diversos medios de comunicación (incluyendo el programa PPT de Jorge Lanata) se hicieron eco en el año 2013 de una denuncia de vecinos y de la Fundación La Alameda que involucró a Richarte, con relación a un inmueble utilizado para trata de personas. Como las denuncias no prosperaban, organizaron un «escrache». Según la Fundación La Alameda, liderada por el amigo del Papa Francisco Gustavo Vera, «El dueño del departamento, según el informe de dominio, es Juan José Richarte (L.E. 4167969) casado en segundas nupcias con Nora Inés Ferreyra». Como se aprecia en la primera imagen de este posteo, la Dra. Ferreyra es quien firmó junto a Richarte la contestación de la demanda por desalojo promovida por la AMIA. La información de La Alameda consigna que el departamento tenía 13 denuncias por proxenetismo y que ninguna avanzó. «La impunidad de este antro de la mafia se debe a que el dueño del inmueble es el padre de quien fuera segundo de la SIDE en la época de la Alianza, Dario Richarte», considera la publicación de La Alameda. Los vínculos con la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) son destacados por los denunciantes: «Juan José Richarte dueño del narco-prostíbulo tiene su estudio jurídico en Lavalle 1523 3º Of: 33/34. En este estudio jurídico fue fundada MAGNUM RECORDS S.A. que registra su sede social en av. Córdoba 323 1º (sede del estudio de Dario Richarte). Mágnum Records tiene como socios al contador y ex SIDE, Juan José Gallea (…) y al ex 2ª de la SIDE el abogado Darío Florián Richarte…». No nos consta si la justicia avaló la veracidad de las denuncias y si todos los hechos pudieron ser probados. Pero el punto aquí no es ese, sino el ocultamiento de estas oscuras circunstancias por parte del Sr. Miguel Steuermann, que tiene la obligación moral de aclarar a sus oyentes al «servicio» de qué intereses viene trabajando. En caso en que la radio sea suya, debe explicar porqué no figura en los papeles y se maneja con testaferros. Y en caso en que la radio sea —como figura en los estatutos— de gente cercana a la ex SIDE, porqué lo ocultó hasta ahora, siendo que en todos los ámbitos públicos se presenta como sacrificado dueño de una radio comunitaria. Sea cual fuera la respuesta, cuando el director de Radio Jai editorializa sobre la causa AMIA y el encubrimiento, no pueden ya pasarse por alto sus vínculos y fuentes de inspiración.