Por: Eugenia Bekeris y Paula Doberti
Hoy cerró el alegato la Fiscal Gabriela Sosti. Formuló cargos contra dos miembros de la Armada y nexos con el Ejército en Zárate y Campana.
- Federico Ramírez Mitchell: estaba a cargo de operativos de combate contra la subversión, secuestrando gente, como prueban los legajos.
- Alfredo Oscar Arena: hacía circular la información para que se pudiera seguir organizando la matanza. Era asesor de la Plana Mayor. “
Los acusó por privaciones ilegales de la libertad, allanamientos ilegales, robos, tormentos agravados y homicidios agravados y abusos deshonestos.
Como no estuvieron presentes en la audiencia los dibujamos de las fotos de Gustavo Molfino que subieron en La Retaguardia.
Luego Sosti fundamentó la acusación y explicó la AUTORÍA (“todos los acusados aportaron de modo imprescindible para que se lleve a cabo el Plan Sistemático de Exterminio, por lo que TODOS SON COAUTORES”) y las FIGURAS PENALES: PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (“las patotas iniciaban la violencia” con el fin de “destruir la identidad”, “la muerte y la desaparición de todo rastro” por lo que “el delito continúa, es permanente”), TORMENTOS (aplicaban “torturas para obtener información” por medio de “sufrimiento físico y psíquico”), HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO (la “disposición final” a través de vuelos de la muerte, fusilamientos, enterramientos y enfrentamientos fraguados. “Cada desaparición puede entenderse como el disimulo de una muerte” le dijo Videla a Reato), ALLANAMIENTOS y ROBOS (como métodos compulsivos), ABUSOS SEXUALES (amenazas, obligación a la desnudez, esclavitud sexual, embarazos y abortos forzados, violaciones como prácticas generalizadas).
Se detuvo en la figura de GENOCIDIO, citando a Feierstein, a Ferreyra y a Baltazar Garzón. Dijo que el genocidio se prolonga en el tiempo como delito imprescriptible y extraterritorial que agrede a toda la humanidad; que busca el exterminio de una parte de la población y por eso es un delito de lesa humanidad; que se trata de la matanza, lesión, sometimiento y traslado intencional de niñxs; que refiere a nuestra Memoria histórica y por eso el rol del Derecho está en la construcción de la Verdad; que el exterminio se refirió “a un grupo nacional parcial y NO a un grupo político”.
Finalmente pidió penas de prisión perpetua para Santiago Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Luis Sadi Pepa, Luis Del Valle Arce, Carlos Tamini, Carlos Villanova, Carlos Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Bernardo Caballero, Hugo Castaño Monge, Roberto Fusco, Francisco Agostino, Pacífico Britos, Ramón Cabrera, Federico Ramírez Mitchell y Alfredo Arena; 20 años para Carlos Rojas y Carlos Caimi y 18 años para Armando Roldán.
Pidió accesorias legales y costas y revocar las prisiones domiciliarias para que se cumplan las condenas en cárceles comunes. Y terminó solicitando que se investigue la responsabilidad de los Destacamentos 201 y 400, de las comisarías de Zona Norte y de Gendarmería.
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#NuncaMas
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#ElUnicoLugarParaUnGenocidaEsLaCarcel
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