Foto: un niño mira a los soldados israelíes durante una protesta en apoyo de los agricultores palestinos y contra los asentamientos israelíes, en Beita, Cisjordania, hoy. Crédito: Reuters / Raneen Sawafta.
Por: Yehudit Karp | Haaretz (11 de octubre de 2021)
Enviado por: Alberto teszkiewicz)
Un buen judío no pronuncia el nombre sagrado de Dios, el tetragrámaton, por miedo y asombro. Y de manera similar, hay una palabra que debido a un tabú, un buen sionista se abstiene de pronunciar. Creen que Israel es un país democrático con legitimidad moral para defenderse, y que las necesidades de seguridad son un fluido corrector kosher que blanquea cualquier injusticia.
El lector promedio se horroriza y deja de leer cuando se encuentra con esta palabra si se refiere a Israel, y cree que su atribución expresa una mentira, herejía y antisemitismo, y que quien la usa es un izquierdista radical, un golpeador de Israel que odia su personas y su país. El escritor promedio, debe admitirse, también se abstiene de mencionar la palabra específica por temor a perder al último de sus lectores. Y quienes presentan una petición ante el Tribunal Superior de Justicia prefieren la cautela, argumentando que existe una discriminación ilícita y, por sus propias razones, optan por no llamar a los hechos por su nombre difícil de pronunciar.
Este nombre fue dado por la comunidad internacional en dos convenciones internacionales, a una situación que se define como delito, en la que para mantener el control de un grupo de personas de un origen étnico / nacional sobre otro grupo étnico / nacional, el gobierno mantiene un sistema dual de leyes en una sola área geográfica.
En tal sistema se preservan los derechos humanos de los ciudadanos del país reinante y se mantiene un régimen institucionalizado, que incluye el trato inhumano y la opresión sistémica del otro grupo étnico / nacional, de una manera que socava los derechos humanos básicos de su país. miembros. La comunidad internacional llamó a esta situación «apartheid».
Y esta es una historia sobre una petición presentada al Tribunal Superior de Justicia por seis palestinos residentes en la zona controlada por Israel, junto con Yesh Din – Voluntarios por los Derechos Humanos y Médicos por los Derechos Humanos, contra una orden sobre directivas de seguridad , que según la petición permite ingresar y registrar domicilios palestinos sin orden judicial ni vigilancia externa, y sin limitaciones claras, dejando así una vía para el uso arbitrario de la autoridad.
La petición se basó en la documentación a largo plazo de los métodos de entrada y registro utilizados por las Fuerzas de Defensa de Israel, y de los graves daños colaterales a la dignidad humana, los cuerpos y la propiedad de las personas, el derecho a la privacidad, la libertad individual, el sentido de seguridad del individuo. y como consecuencia, a la salud emocional de los adultos y niños que se encuentran presentes durante la búsqueda, por conmoción, humillación y miedo. Este daño es parte integrante de los métodos de registro, que habitualmente realizan a altas horas de la noche soldados armados que despiertan a toda la familia y la amenazan.
Los peticionarios se quejaron de la ilegalidad de la orden desde el punto de vista del derecho internacional e israelí, y la discriminación ilegal que atenta contra los derechos básicos, que padece la población de la zona palestina en comparación con los residentes judíos. El Tribunal Superior rechazó la petición, con la explicación de que no se trata de una discriminación entre iguales, sino de una distinción permitida entre poblaciones que difieren por razones de seguridad del Estado y porque considera que los derechos básicos de los palestinos se preservan en la medida de lo posible en el contexto de las necesidades de seguridad.
No tengo la intención de discutir aquí las razones de la corte, aunque estoy consternado por las duras implicaciones de la decisión en la vida de los seres humanos que tienen la desgracia de ser palestinos que viven en los territorios, que están bajo ocupación. Pero tengo la intención de aclarar en este artículo dos declaraciones que hizo el tribunal en su camino hacia el rechazo de la petición.
Y estas son las palabras del juez Yael Wilner: “… No consideré oportuno aceptar el reclamo de los peticionarios sobre la disparidad entre la autoridad para registrar hogares palestinos en la región y la autoridad relacionada con un registro basado en el derecho penal, en los hogares de los israelíes que viven en Israel y en la región, que, según ellos, constituye una discriminación prohibida … Una de las razones de las disparidades mencionadas anteriormente es la diferencia general entre los sistemas de derecho penal que se aplican a los procesados en Israel y los enjuiciamiento en la región, y esta diferencia excede los límites de la petición mencionada ”.
Y el juez Uzi Vogelman agregó: “Refiriéndose a las implicaciones de la disparidad entre la autoridad para registrar los hogares de los residentes palestinos de la región y la autoridad para registrar los hogares de los ciudadanos israelíes que viven en la región, notaremos que, por regla general, el El régimen judicial que se aplica a este último difiere del que se aplica a un residente en la región.
“Con respecto a los ciudadanos israelíes, existe un estrato legislativo separado que incluye la legislación israelí interna que se aplicó individualmente y de manera extraterritorial … A la luz de la diferencia mencionada anteriormente como regla, y la diferencia entre los sistemas de derecho penal que se aplican a los procesados en Israel y los procesados en la región en particular, no hay nada en la existencia de una ley diferente que se aplique a un ciudadano israelí, incluso en el contexto de las leyes de búsqueda, que afecte la legalidad de la ley que se aplica a un residente de la región.»
Por lo tanto, en la práctica, el Tribunal Superior de Justicia de Israel otorgó un sello legal de aprobación a la existencia de dos sistemas legales separados en la misma área geográfica bajo un solo gobierno. Uno es privilegiado para los ciudadanos judíos de la autoridad gobernante que viven en la región (a diferencia del derecho internacional), y cuyos derechos humanos están protegidos, y el otro, discriminatorio, opresivo y draconiano, para los gobernados, residentes de la región. , quienes se identifican con base en una afiliación nacional o étnica diferente.
La disparidad discriminatoria existe no solo en el ámbito del derecho penal; se aplica a todos los aspectos de la vida de los palestinos que viven en los territorios ocupados, cuyos derechos humanos básicos y naturales son negados por la potencia ocupante en nombre de la seguridad del Estado de Israel. Y como podría entenderse a partir de las palabras del juez Vogelman, si existe discriminación en un ámbito judicial por diferentes leyes que se aplican en el mismo territorio a dos poblaciones distintas, tampoco hay nada que impida la discriminación en otros ámbitos.
Sin embargo, esta discriminación, cuya existencia es admitida por el tribunal, está prohibida según el derecho internacional humanitario, que incluye las leyes de ocupación. Y por lo tanto, no se puede clasificar como la autoridad legal de un ocupante según las leyes de ocupación, que pueden haber sido aplicadas, quizás, de manera desproporcionada.
Ese es el elefante que está en la habitación bajo la égida del Tribunal Superior. Y con la concesión de un sello de aprobación específico por parte de la corte israelí, ha llegado el momento de llamar la atención: un régimen de apartheid es el nombre dado en el derecho internacional por la comunidad internacional a un régimen del tipo que Israel está manteniendo. en los territorios ocupados.
Yehudit Karp es un ex fiscal general adjunto, y es miembro del consejo público del New Israel Fund y de Yesh Din, y Friends of Breaking the Silence.
Fuente: https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-time-has-come-to-admit-israel-is-an-apartheid-regime-1.10282855
