Fuente: Gabriele Kuehnle | Estrategia.la
Fecha: 5 de septiembre de 2019
El tratado de paz en Colombia no pudo asegurar la paz: Los intereses geopolíticos lo están liquidando. ¿Terminó la paz en Colombia? Varios líderes históricos de las FARC-EP declararon el 30 de agosto por medio de un video una nueva etapa de la lucha armada, aunque con una estrategia defensiva.
En reacción inmediata, el ejército colombiano mató poco después a nueve guerrilleros. Nunca fue tan contundente contra los paramilitares.
Firmado en noviembre de 2016 con una gran puesta en escena y garantías de la ONU, de la Cruz Roja Internacional y de varios estados, el tratado de paz no logró cumplir con sus propósitos más importantes. Los opositores de la paz colombiana tienen planes completamente diferentes, que marcaron sin duda los sucesos en Colombia durante décadas de conflicto armado, hasta hoy.
El tratado de Colombia con la OTAN (“socio global”) subraya el interés estratégico de EU en el dominio político-militar de América del Sur. En retrospectiva está claro que el gobierno de Juan Manuel Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz, carecía de voluntad política para implementar el acuerdo.
El hoy presidente, Iván Duque, declaró en su campaña electoral que quería anular dicho tratado de paz. Pero fue Santos quien marcó desde el principio el rumbo hacia el fracaso. Contrario a todas las anteriores evaluaciones ambiguas del proceso en Colombia, ésta es la conclusión de una serie de indicadores. Cerrar los ojos y seguir sin cambiar de rumbo va costar más y más vidas.
El presidente Santos, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas fue directamente responsable de quebrar los acuerdos de paz en un área central. La inacción de su ejército, que no podía o no quería implementar un plan para el control estatal de las antiguas áreas desocupados por las FARC, permitió a las organizaciones paramilitares ocuparlas.
Santos firmó el tratado de Paz creando falsas expectativas en el mundo entero. Porque no hay paz cuando sigue habiendo bajas de soldados desarmados y de la población civil. Santos no podía dar garantías mientras no asegurara el control estatal sobre las áreas de conflicto en Colombia.
Santos también es personalmente responsable de la muerte de los caídos en tiempos de paz. La «comunidad» internacional nunca dudó en aplicar este veredicto contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque las cifras de víctimas mortales en Colombia son diez veces más altas.
El tratado de paz brindaba la excepcional oportunidad de una modernización social, económica y cultural del país. La primera obligación del presidente Santos hubiera sido propagar una nueva cultura de paz y de reconciliación. Especialmente debía introducirla en las instituciones estatales bajo su comando (policía y militar) como fundamento básico e indispensable para todas las demás etapas.
El presidente Santos debía haber luchado con un discurso político para la transformación de la nación. Para eso había sido elegido. Pero no lo hizo. En cambio cedió muy pronto la hegemonía política a los opositores del proceso de paz. Lo admite en su autocrítica después de la derrota en el referéndum.
Pero en este caso, nadie de la llamada “comunidad internacional” habló del «régimen colombiano», nadie ejecuta sanciones ni chantajea al gobierno. Nadie reclama la inmediata retirada de sus presidentes responsables por cientos, miles de muertos, nadie reclama elecciones adelantadas.
Por el contrario, Alemania, algunos estados europeos y la Unión Europea siguen entregando millones de euros para la paz. Duque se quejaba que Santos dejó desfinanciado dicho presupuesto. Obviamente, los europeos no exigieron el cumplimiento con el más importante de todos los proyectos de paz: asegurar la supervivencia de los sobrevivientes.
“¿De qué nos beneficiarán nuestros proyectos agrícolas si no sabemos si mañana estamos vivos? «, dijo una mujer de las FARC a los visitantes de la ONU a mediados de julio.
Soberanía incompleta
El requisito previo de una paz estable hubiera sido la soberanía del Estado sobre el conjunto de los territorios nacionales, sin permitir que las organizaciones paramilitares -junto con el crimen organizado- ocupasen ciertas regiones fronterizas y costeras del país, controlando así los corredores de exportación de la cocaína.
Los problemas eran previsibles y estuvieron planteados en la mesa de negociación ya unos tres años antes de firmar la paz. Altos rangos militares participaron en el diálogo, pero la llamativa pasividad al inicio de la paz del ejército colombiano, uno de los más costosos y mejor equipados de Latinoamérica, creó las condiciones para las masacres posteriores.
Más de 700 pacifistas, líderes comunitarios, ambientalistas, indígenas y campesinos perdieron la vida en una masacre silenciosa, desde la firma de la paz. Unos 140 excombatientes de las FARC desarmados y 45 de sus familiares cayeron asesinados.
El discurso de odio de Iván Duque
El sucesor de Santos, Iván Duque, va mucho más allá. La Representante Especial de la ONU ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Agnès Callamard, reclamó a Duque que se abstuviera de su discurso de odio contra el nuevo partido FARC (Poder Revolucionario Alternativo del Partido Popular).
“Esto complica su participación (de las FARC) en la actividad parlamentaria, envenena el clima político y motiva la violencia política”, dijo Callamard. El discurso de Duque contra cualquier causa que considere izquierdista, social, étnica o ambientalista es una herramienta perfectamente funcional para sus ataques.
Dándole la vuelta al plato, su demagogia busca tachar la innegable responsabilidad del gobierno por el fracaso de la paz, y canalizar la decepción de la población hacia las viejas imágenes del “enemigo interno”.
Además, el gobierno necesita la lealtad de la población en el caso de librar una guerra contra Venezuela. La receta fue, es y será el enemigo interno. Debe suponerse que ni Santos ni Duque actúan por cuenta propia. Indudablemente están sujetos a órdenes y presiones de niveles más altos, especialmente de Washington.
La anterior ambivalencia y las contradicciones en la implementación de la paz expresaron los diferentes intereses y tendencias dentro de los estados de la OTAN y los de América Latina, o reflejaron sus diferentes roles en el tablero de ajedrez político común. El fracasado proceso de paz en Colombia no se puede juzgar separado de su entorno geoestratégico.
El creciente poder de los carteles
La expansión de los paramilitares y los carteles narcos tras la firma de paz es la verdadera causa por el aumento de las enormes cantidades de cocaína exportadas, siendo Colombia en este rubro hoy el número uno del mundo. Es la profunda contradicción en la política de EU y Europa, que nunca criticaron públicamente a los gobiernos colombianos por el poder de los narco-paramilitares.
Toda esta jugada no fue ni un «error» ni una señal de la incompetencia del ejército colombiano, sino parte de la planificación del Pentágono para América del Sur. Los paramilitares desempeñan el papel de un ejército mercenario encubierto en una futura (aún no) declarada guerra contra Venezuela.
Su rol es comparable con la del «Estado Islámico» en el Medio Oriente. Ya hay unos indicios.: aparecieron cuerpos decapitados en la frontera con Venezuela. Esto es parte del repertorio de ISIS, es nuevo en América Latina.
Como la OTAN o el Pentágono no pueden financiar oficialmente a los paramilitares colombianos, las antiguas áreas de las FARC y el control de las rutas del narcotráfico quedaron en sus manos como un medio de sustento.
La financiación de la guerra encubierta con el narcotráfico y el tráfico de armas recuerdan a la financiación de los “contras” en Nicaragua o al crecimiento explosivo de la producción de heroína en Afganistán tras la ocupación estadounidense.
Antiguas guerrillas, un factor disruptivo en caso de guerra
En los ojos de los estrategas estadounidenses los ex guerrilleros de las FARC, con su experiencia de combate en la selva, son un potencial factor disruptivo en una guerra contra Venezuela. Especialmente al destinarles a las tropas paramilitares un papel importante en dicho escenario.
Los estrategas del Pentágono deben temer que, en caso de guerra, partes de las FARC podrían abandonar su actual postura de cumplimiento con la integración en la vida civil. Podrían formar un nuevo frente a las espaldas de las líneas paramilitares. Las conclusiones del escenario bélico coincide con el gran rearme militar del ejército colombiano.
Asesinato sistemático de los ex insurgentes.
Según la lógica de las coordenadas bélicas en Colombia, la sospecha de un plan para asesinar sistemáticamente a ex insurgentes desarmados tiene fundamento. Hace unos días, el senador del partido de las FARC, Carlos Lozada, presentó una queja ante el Fiscal General: debido a numerosas indicaciones en las redes sociales, hubiera un plan de asesinar a los principales cuadros del partido FARC.
«Quieren seguir eliminando los partidarios activos de nuestra organización política FARC, pero los ataques se dirigirán a la vez contra miembros de la dirección del partido (…)», dijo Lozada a la prensa.
Debe recordar que Colombia ha pasado por una situación similar en la década de los 80, cuando asesinaron a 3.500 miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, creado en el contexto de un proceso de paz, que las entonces FARC-EP junto con otros grupos habían ofrecido al estado colombiano.
Con el genocidio político contra la Unión Patriótica querían evitar el surgimiento de movimientos de izquierda en la política colombiana. Entonces, como ahora, el acuerdo de paz era usado como una fórmula de desarme al «enemigo interno», llegando a su eliminación física casi completa.
Si hoy advertimos que la historia puede repetirse, no se trata de teorías de conspiración, sino de experiencias históricas. Lo impensable era factible en Colombia. Algunos lo llaman «genocidio político».
* Psicóloga y socióloga, periodista colaboradora en medios de prensa europeos y latinoamericanos en temas de derechos humanos, democracia y medio ambiente. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).