Fuente: Vis a vis
Fecha: 13 May 2019
El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu planea promover un proyecto de ley que permitiría al gobierno eludir los fallos de la Corte Suprema de Justicia en asuntos administrativos, informó el lunes el diario Haaretz.
De aprobarse, el proyecto de ley podría garantizar la inmunidad de procesamiento del primer ministro al permitir la anulación de cualquier decisión judicial que podría presentarse.
La cláusula propuesta permitiría a la Knéset ignorar las decisiones administrativas de la Corte Suprema, y de esa manera, el parlamento podría volver a presentar las leyes que han sido revocadas por el tribunal.
Según el informe, el proyecto de ley previsto se incluirá en un anexo legal que se presentará como condición en los acuerdos de coalición y las directrices del gobierno.
La nueva medida presuntamente impulsada por el partido gobernante del Likud desmantelaría completamente la supervisión judicial de la Corte Suprema sobre el parlamento y el gabinete. Específicamente, según el informe, el proyecto de ley evitaría que los jueces dictaminen que los esfuerzos para proteger a Netanyahu de una acusación por corrupción, ya sea a través de una legislación o una decisión del gobierno o del Knéset, son inconstitucionales.
Un portavoz del Likud dijo en respuesta que “los informes sensacionalistas en los medios tienen como objetivo evitar cualquier intento de restablecer el equilibrio entre el poder legislativo elegido por el pueblo y el poder judicial. El mantenimiento de tribunales independientes y fuertes es un principio que continúa guiando al Likud, pero esto no significa que el tribunal sea omnipotente”.
Según Haaretz, el proyecto de ley es impulsado por Yariv Levin, el ministro de Turismo saliente que, al parecer, está compitiendo por el cargo de ministro de Justicia en el nuevo gobierno.
El proyecto de ley también está siendo coordinado con el diputado Betzalel Smotrich de la Unión de Partidos de Derecha, de quien se dice que está “activamente involucrado en las discusiones y la redacción”.
Smotrich negó los detalles del informe de Haaretz. Sin embargo, tuiteó que la Corte Suprema ha “robado la democracia de Israel y simplemente la devolveremos al pueblo. Eso es todo”.
La posibilidad de que Levin o Smotrich pudieran ser elegidos para el puesto ha provocado preocupación en la izquierda y entre los funcionarios judiciales a la luz de sus fuertes críticas contra la Corte Suprema.
Los políticos de derecha en Israel han buscado durante mucho tiempo limitar la Corte Suprema, que se encuentra entre las más poderosas en el mundo democrático, y la ministra de Justicia saliente, Ayelet Shaked, ha avanzado varias medidas para cortar sus alas.
Los defensores de la corte dicen que en la sociedad fragmentada de Israel, donde la Knéset con frecuencia elude su responsabilidad de proteger el pluralismo religioso, las libertades civiles y los derechos de los palestinos, la corte no tiene más remedio que llenar el vacío moral y legal. Dicen que mantener un poder judicial independiente sirve como contrapeso contra el peligro de una tiranía de la mayoría que pisotea los derechos de quienes no están debidamente representados por el sistema político.
Claro que sería preferible que tuviera que responder ante la justicia y también que la mayoría de los israelíes dejaran de votarlo a él y a los que son todavía peores que él.
Pero aunque tuviera que responder a la justicia sería como cuando a Al Capone lo encarcelaron por no pagar impuestos. Una especie de burla a la verdadera justicia.