Fuente: Fernando Collizzolli | Revista Zoom
Fecha: 07 de SEPT 2017
El Papa Francisco emprendió esta semana, una visita de Estado a Colombia que lo llevará durante cinco días por cuatro ciudades (Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena), con el objetivo principal de apuntalar el proceso de paz que atraviesa el país cafetero.
La primera visita de Jorge Bergoglio a Colombia como máximo responsable de la Iglesia Católica y la quinta de Francisco a la región se produce en el marco de una coyuntura política particularmente intensa e inédita en un país acostumbrado durante décadas, de algún modo, a que el pasado no pase.
Rebobinemos un poco, antes de avanzar en el análisis de este complejo escenario en el que se enmarca la estadía de Francisco.
Desandando el proceso de paz
¿Cómo se alcanzó esta instancia de posacuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)?
Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia en las elecciones del 2010, como continuador de las políticas de Álvaro Uribe, y en parte, eso hizo, al sostener la “Política de la Seguridad Democrática”, una amplia y sistemática ofensiva militar que despejó territorios para el establecimiento de condiciones favorables para la “Confianza Inversionista”.
No obstante, la conformación de una amplia coalición de gobierno, la reconstrucción de las relaciones diplomáticas con los países de la región, el reconocimiento de la existencia del conflicto armado y de la responsabilidad del Estado y, finalmente, la apertura de una mesa de negociaciones de paz con las FARC y luego con el ELN llevaron al enfrentamiento de Santos con Uribe, quien había edificado su construcción política sobre la base de sostener un discurso “antifariano” que transformó a las guerrillas en general, y a las FARC en particular, en enemigos narco-terrorista de la nación colombiana.[i]
“La primera visita de Jorge Bergoglio a Colombia como máximo responsable de la Iglesia Católica y la quinta de Francisco a la región se produce en el marco de una coyuntura política particularmente intensa e inédita en un país acostumbrado durante décadas, de algún modo, a que el pasado no pase”
En ese sentido, en este desarrollo de las negociaciones de paz convergieron una serie de elementos como: a) la correlación de fuerzas en el campo de batalla (con las FARC replegadas y en situación de debilidad relativa ante un Estado, sin capacidad de desarticularlas); b) la estrategia política de los principales actores involucrados (mientras que a Santos, le permitieron diferenciarse de Uribe, conseguir la re-elección en 2014 y concitar un amplio apoyo internacional; para las FARC, supusieron la posibilidad de iniciar la disputa por otros medios); c) la deslegitimación de la “solución armada” ante los escándalos públicos producidos por las sucesivas violaciones a los derechos humanos; d) y el reconocimiento por parte de las elites de que tendrían negocios más rentables y seguros en tiempos de paz.
Todo ello en un contexto de transformaciones en el escenario internacional, en el que los gobiernos progresistas de la región presionaron a las partes para sentarse a negociar.
Fueron, precisamente, estos elementos los que permitieron “salvar” el proceso de paz ante el (no tan) sorpresivo triunfo del NO en el plebiscito popular de octubre de 2016, en el que confluyeron desde la apatía de la gran mayoría de la población colombiana y el rechazo a los acuerdos por parte de aquellas poblaciones que ya no registran el conflicto en su cotidianidad, hasta la prédica opositora de las iglesias cristianas evangélicas, pasando por el liderazgo de Uribe y la eficacia de una campaña articulada en torno a la desinformación y la generación de indignación.[ii]
Así las cosas, incorporando algunas de las recomendaciones planteadas por los principales impulsores de la campaña del NO, los acuerdos resistieron y se terminaron rubricando en noviembre del año pasado en el Teatro Colón de Bogotá.
Los desafíos del posacuerdo
Desde entonces, Colombia enfrenta el desafío de materializar el Acuerdo Final, en un proceso que ha tenido, hasta el momento, su mayor logro en el histórico desarme cumplido por las FARC el pasado mes de junio –6800 guerrilleros entregaron 7132 armas y las coordenadas de 949 caletas donde se encuentran los restantes recursos bélicos–, y su conformación como partido político a través de la realización de un congreso partidario, en el que se acordó mantener la sigla de la organización, ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con la rosa roja como símbolo, un discurso amplio para interpelar a los sectores populares, y la apuesta por un “gobierno de transición” en las próximas elecciones.
Sin embargo, desde el inicio, las dificultades del Estado colombiano para cumplir con lo acordado se hicieron, a todas luces, evidentes. Uno de los graves problemas actuales es la ocupación por parte de grupos paramilitares, guerrilleros del ELN, y de una fracción disidente de las FARC (el Frente Primero) de alrededor de 46 municipios liberados por las FARC, y la conversión de otros 16 en “zonas de anarquía”, en los cuales se ha producido un incremento de la violencia.
“A la lamentable continuidad de los ataques contra dirigentes sociales –entre noviembre de 2016 y julio de 2017 fueron asesinados 55 líderes–, deben agregarse ahora los actos de violencia contra familiares y exguerrilleros desmovilizados de las FARC”
A la lamentable continuidad de los ataques contra dirigentes sociales –entre noviembre de 2016 y julio de 2017 fueron asesinados 55 líderes–, deben agregarse ahora los actos de violencia contra familiares y exguerrilleros desmovilizados de las FARC.
Finalmente, como elemento nodal de este cuadro de situación, se destacan los importantes retrasos en la institucionalización normativa de los contenidos del Acuerdo: hasta el momento se llevan aprobadas media docena de leyes y actos legislativos en el Congreso Nacional cuando se había contemplado la necesidad de aprobar alrededor de 20 durante el 2017.[iii]
Estas demoras responden, entre otras cuestiones, a las limitaciones impuestas por sectores de las elites que intentan incidir en el escenario de posacuerdo a través del poder judicial, la persistencia de los factores que llevaron al rechazo de los acuerdos en el plebiscito, y a otros dos elementos centrales de la actual coyuntura política colombiana: el final del mandato de Santos, con las correspondientes disputas por la sucesión, y la desaceleración económica que enfrenta el país.
El último año de Santos en la presidencia
El pasado mes de agosto, Santos cumplió 7 años al frente del gobierno colombiano e inició sus últimos 12 meses al frente del mismo. En este contexto, la aprobación en el Congreso de las leyes relativas al posacuerdo se ha erigido en prenda de negociación entre las distintas bancadas y el ejecutivo, a cambio de espacios de gobierno, apoyos y recursos, en el marco de un escenario pre-electoral.
En tanto necesita de todos los sectores que componen la Unidad Nacional para avanzar en la sanción de estas leyes y mantener la gobernabilidad, Santos ha venido haciendo equilibrio entre los distintos precandidatos que han aparecido, para no romper la coalición oficialista, en un juego en el que se destacan las candidaturas de Germán Vargas Lleras –líder del Partido Cambio Radical y Vicepresidente de la República durante el segundo mandato de Santos, a pesar de haber mantenido una postura indefinida sobre los acuerdos de paz– y la de Humberto de La Calle –dirigente liberal y jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, cuya candidatura es estimulada por diversos sectores, como parte de un gobierno de transición que dé continuidad a la institucionalización de los acuerdos–. En relación a esta última posibilidad debe leerse la reciente escisión de Clara López del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo.
“Santos no ha quedado al margen del mega-escándalo de corrupción de Odebrecht que atraviesa a toda la región, al conocerse que la constructora brasileña habría financiado sus dos campañas presidenciales”
Este equilibrio se presenta todavía más necesario en un contexto en el que solo un 24% de los colombianos aprueba la gestión de Santos, según una encuesta reciente, producto del desgaste de su gobierno, las dificultades económicas que atraviesa el país, y los casos de corrupción en los que ha sido involucrado.[iv]
Santos no ha quedado al margen del mega-escándalo de corrupción de Odebrecht que atraviesa a toda la región, al conocerse que la constructora brasileña habría financiado sus dos campañas presidenciales. Esto se enmarca dentro de las cotidianas denuncias de corrupción que salpican a gran parte del sistema político colombiano, incluida una reciente revelación sobre magistrados de la Corte Supremo de Justicia, y que ha servido para que dirigentes como Sergio Fajardo, y sobre todo, Claudia López, se posicionen en la carrera presidencial haciendo eje en la lucha contra la corrupción.
La desaceleración económica
Estos avatares se dan en el marco de una marcada desaceleración de la economía colombiana, producida por la caída de los ingresos externos, provenientes sobre todo de la exportación de minerales e hidrocarburos. Colombia, como toda la región, no ha estado exenta de las consecuencias del traslado de la crisis económica internacional hacia los países periféricos, a través de la caída de los precios de las commodities y la desaceleración de China.
Si bien esta situación no alcanza a ser considerada una crisis, el país afronta un periodo de dificultades económicas que complejizan aún más, las consecuencias propias del modelo de desarrollo neoliberal financiero basado en las exportaciones del complejo minero-energético, que se ha consolidado desde inicios de la década del 90.
Las fuerzas de signo popular
En este contexto aun abierto y prematuro, entonces, las fuerzas populares colombianas parecen ir camino a debatirse en las próximas elecciones entre el potencial apoyo circunstancial a un gobierno de transición conformado por gran parte de los sectores tradicionales del país ante la amenaza de un triunfo que dé marcha atrás con lo alcanzado (aún se desconoce el candidato del uribismo) o la búsqueda de una alternativa que institucionalice los acuerdos al tiempo que ponga en cuestión el programa neoliberal.
En perspectiva, la superación de la dimensión armada del conflicto permite ampliar los horizontes de las izquierdas y el progresismo colombiano, como parte de un proceso abonado por la emergencia de importantes liderazgos –como los de Gustavo Petro (quien encabeza hoy las encuestas presidenciales) y Piedad Córdoba–, y la previa obtención de triunfos electorales a nivel local, pero que deberá superar los obstáculos impuestos por aquellos que temen perder sus privilegios, la fragmentación del campo popular y la necesidad de establecer acuerdos amplios, que hoy parecen difícil de alcanzar.
La visita papal
Así las cosas, entonces, el Papa Francisco llega a una Colombia inquieta, ante la cercanía temporal de una de las contiendas electorales más abiertas en mucho tiempo en el país cafetero.
De cara a este futuro incierto, su presencia permite reforzar el escenario del posacuerdo frente a los enormes desafíos que tiene por delante. La paz (y la democracia) esperan en Colombia detrás de la materialización de estos acuerdos, así como del avance de las negociaciones con el ELN, la efectiva desarticulación de los grupos paramilitares y la progresiva superación de las condiciones en las que hunde sus raíces el conflicto.
En un país eminentemente católico, su palabra será escuchada. La Iglesia Católica es, junto a las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad colombiana.
[i] Rodríguez, Gina Paola (2014): “Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una nueva derecha?”, en Revista Nueva Sociedad, noviembre-diciembre de 2014.
[ii]Diario La República (04/10/2016) “El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia”.
[iii] Más info. sobre los desafíos del posacuerdo en el segundo informe “Cómo va la paz” de la Fundación Paz y Reconciliación.
[iv]Encuesta Pulso País, realizada por DatexcoCompany S.A en junio/julio 2017.