Fuente: Editorial de Haaretz
Fecha: 22 de diciembre de 2019
Los manifestantes llevan pancartas y banderas palestinas fuera de la Corte Penal Internacional, La Haya, Países Bajos, 29 de noviembre de 2019. Peter Dejong, AP
La decisión de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional de que hay una base para investigar a Israel bajo sospecha de crímenes de guerra, así como a Hamas y las facciones palestinas, no debería haber sorprendido a nadie.
Durante los cinco años en que el examen preliminar del fiscal de la CPI Fatou Bensouda estaba en marcha, el gobierno israelí le proporcionó más y más material. La investigación puede haber comenzado a raíz de los eventos de la Operación Margen Protector en Gaza en 2014, pero desde entonces se le han agregado un sinfín de incidentes. Primero en la lista está la cuestión de los disparos contra los manifestantes a lo largo de la frontera con Gaza. La cuestión de los asentamientos, que nunca dejaron de expandirse, también aparecieron ante los ojos del fiscal, y el hecho más reciente fueron los planes declarados de anexión del primer ministro Benjamin Netanyahu .
Israel ha demostrado un desprecio crudo y continuo por el derecho internacional. Al mismo tiempo, en ausencia de negociaciones, Israel ha empujado a los palestinos directamente a los brazos de las instituciones internacionales. Lo único sorprendente es la propia respuesta de Israel. El Fiscal General Avijai Mendelblit se apresuró a liberar, justo un momento antes del anuncio del fiscal, una opinión legal urgente cuyo punto principal era la antigua afirmación de que la CPI no tiene jurisdicción sobre el asunto porque Israel nunca confirmó su membresía en el tratado, y porque Palestina no es un estado real y, por lo tanto, no puede proporcionar al tribunal la autoridad judicial penal requerida.
Estos reclamos son bien conocidos por la comunidad internacional, y por el fiscal y su personal. Además, la confianza en el reclamo de falta de autoridad es extraña, por decir lo menos. En la práctica, Israel no niega la realización de crímenes de guerra, sino que se centra en la cuestión de quién está autorizado para juzgarlo, si es que se lo hace, y acusa a la CPI de politización.
Aún más difícil de entender es la afirmación de que la cuestión del conflicto israelo-palestino debe dejarse para el diálogo y las negociaciones, y el proceso legal solo lo dañará, mientras que para todos está claro que no hay tal proceso sobre la mesa porque el gobierno de Israel no está interesado en ello. Más aún, el propio gobierno expresa públicamente un creciente apoyo a la anexión. Los abogados de Israel también afirmaron que los palestinos deben decidir si son un país soberano, si otorgan autoridad a la CPI, o son un territorio ocupado que no tiene soberanía. Este también es un argumento legal antiguo y bien conocido, pero ridículamente diplomático: Israel en realidad está admitiendo que los palestinos están bajo ocupación y no soberanía.
La decisión del fiscal es una alarma final de advertencia para el gobierno israelí y sus instituciones interesadas en negar la realidad de la ocupación. En los próximos meses, el tribunal decidirá si abre una investigación. Junto con el temor a los posibles resultados de la investigación, es lamentable que Israel no sea capaz de reconocer la tragedia que ha provocado a través de la ceguera y la arrogancia, la ocupación y los asentamientos, y es lamentable que solo una amenaza externa pueda abrirle los ojos.
El artículo es el editorial principal de Haaretz, publicado en los periódicos hebreo e inglés en Israel.
Traducción: Marcelo Barón
