Venezuela: 20 años bajo ataque

Fuente: Dardo Esterovich | Convergencia N° 73  
Fecha: abril 2019

 

Golpe negro

Los acontecimientos que se están desarrollando en la República Bolivariana de Venezuela tienen a Estados Unidos como protagonista principal. Tal es la importancia que les asigna el gobierno estadounidense que Donald Trump ha formado un equipo de cinco halcones integrado por Elliott Abrams, John Bolton, Mike Pompeo, Marco Rubio y Mauricio Claver-Carone –todo un gabinete de crisis- para conducir su propósito de terminar con la presidencia del Nicolás Maduro y el chavismo, “limpiar” su patio trasero de gobiernos insumisos y fundamentalmente para apoderarse de la primera reserva petrolera comprobada del mundo y las importantes reserva de oro y minerales estratégicos como el coltán y otros.

En el año 1998, el triunfo en las elecciones presidenciales del comandante Hugo Chávez y las primeas medidas adoptada por el nuevo gobierno, pusieron en alerta a los EE.UU. que venía ejerciendo un dominio ininterrumpido de la explotación petrolera venezolana desde principios del siglo XX. La conspiración para terminar con el experimento chavista es tan vieja como el chavismo mismo.

Fracasado el golpe contra el presidente Hugo Chávez del 11 de abril de 2002 el imperialismo estadounidense y la derecha vernácula optaron por atacar al corazón de economía venezolana, la industria petrolera. Estas acciones respondían a la negativa de Chávez de retirar un paquete de 47 leyes adoptadas bajo la Ley Habilitante, prevista en la Constitución. Estas leyes introducían cambios profundos en diversas áreas, especialmente en la económica.

Con ese fin el gobierno decretó la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incrementaba al 30% la tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolífera, y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas con petroleras extranjeras. Otra ley que le quitaba el sueño a la oligarquía local es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban cultivar pequeñas extensiones de tierra.

El golpe negro, en alusión al color del hidrocarburo, comenzó con un lockout convocado por la patronal agrupada en Fedecámaras  para el lunes 2 de diciembre de 2002. Su duración inicialmente sería de 24 horas, pero se extendió hasta convertirse en una huelga indefinida en plena temporada navideña. A este accionar se unieron la alta gerencia de la petrolera estatal PDVSA y un sector altamente remunerado de sus técnicos y trabajadores, que temían perder los privilegios que la corrupción generalizada les proporcionaba.

Hay que señalar que no se presentó ningún pliego reivindicativo salarial ni de condiciones de trabajo. El reclamo se limitaba a la derogación de las leyes dictadas por el gobierno y a la renuncia de Chávez. Adhirieron la burocrática Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Coordinadora Democrática que agrupaba a los partidos de oposición y medios de comunicación privados.

El hecho culminante de la escalada ocurrió dos días después cuando el capitán del tanquero de PDV Marina, Pillín León, fondea su barco en el canal de navegación del Lago Maracaibo, a lo cual se suman luego otros tanqueros. Se interrumpe así totalmente el transporte de hidrocarburos desde esa cuenca, En tierra se le fueron sumando gerentes y operadores de las refinerías, profesionales y técnicos de las áreas de informática, personal de distintas áreas con capacidad real para perturbar seriamente el funcionamiento de la principal industria nacional lo que en cierta medida consiguieron ya que las dificultades en la provisión de combustible provocaron una parálisis de las actividades en muchas ramas de la economía.

El 21 de diciembre de 2002 el gobierno logra recuperar el Pillín León, en una acción de abordaje con fuerzas de Marina, e instala una tripulación que no había adherido al paro que lleva el tanquero a puerto seguro y a los pocos días, cargado, comienza a llevar petróleo a las refinerías. Fue el comienzo de la derrota del golpe.

En enero del 2003, los empleados y obreros que no pararon acompañado por simpatizantes del gobierno recuperan las refinerías y playas de carga de combustibles y los camiones comenzaron a distribuirlos a las estaciones de servicio. El gobierno logra recuperar el control de PDVSA.

El proyecto de provocar un «golpe de Estado petrolero” fue abandonado el 3 de febrero de 2003, luego de dos meses de duración. En el aspecto macroeconómico las consecuencias fueron muy negativas: la inflación se disparó, al igual que el desempleo y el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.

Las consecuencias también fueron nefastas para la población y el país. Hubo escasez de alimentos y gasolina durante y después del paro.

Golpe oscuro

Lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela guarda similitud con lo ocurrido con el golpe negro. Comienza el intento de derrocar a Maduro con la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó(1) como presidente interino el 23 de enero de este año. Guaidó programa para el 23 de febrero un golpe intentando introducir por la fuerza desde Colombia y Brasil, una pseudo ayuda humanitaria sin la anuencia del gobierno venezolano ni de organismos internacionales de ayuda como la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Estos organismos se negaron a participar denunciando la intencionalidad política de ese intento.

Guaidó, EE.UU. y el Grupo de Lima, formado por países sudamericanos afines a la política imperialista estadounidense, presionaron sobre las Fuerzas Armadas Bolivarianas para lograr su defección y que reconocieran a Guidó como presidente. No tuvieron éxito. Solo medio centenar de efectivos, muchos de ellos prófugos por robo de armas y otros delitos, todos de baja graduación y tropa, cruzaron la frontera con Colombia. Una acción militar iniciada por éstos y paramilitares colombianos, como estaba planificada, resultó imposible quedando así frustrada también una posible intervención militar extranjera que era una “opción que estaba sobre la mesa” como repetían insistentemente Trump, Abrams, Bolton, Pompeo y otros funcionarios.

El intento de introducir los camiones por Colombia y Brasil fracasó con lo cual EE.UU. recrudeció las sanciones económicas que venía aplicando desde que en marzo de 2015 el presidente Barack Obama firmara la Orden Ejecutiva N° 13692  que consideraba a Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los EE.UU”. Trump las continúo usando y profundizando.

Las sanciones tienen como objetivo provocar grandes dificultades a la población venezolana  que se suman a otras de menor impacto relativo como las ocasionadas por la baja en el precio del petróleo, los errores de gestión del gobierno chavista, la corrupción en algunos sectores directivos de PDVSA y otras empresas estatales. Una circunstancia no menor y que agrava el impacto de las otras, es que los sucesivos gobiernos chavistas no han logrado sacar al país de la dependencia de la renta petrolera, estando obligados a importar grandes cantidades de alimentos, medicinas e insumos. Las sanciones dificultan sobremanera esto último ya que EE.UU. ha bloqueado los fondos destinados a esas compras en el sistema financiero mundial que no pueden ser utilizados por sus legítimos dueños

Pese a esto el pueblo en su mayoría, continuó apoyando al presidente Maduro lo que seguramente ha sorprendido a los golpistas que erraron en sus cálculos pensando que abandonaría al chavismo y se uniría a ellos. Entonces, así como antes recurrieron al golpe negro, ahora recurrieron al golpe oscuro, atacando al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de manera brutal. Los avances en el desarrollo de guerra cibernética les dio la oportunidad de elegir esta modalidad, mas “limpia” y sin huellas tan evidentes como con el anterior ataque a la industria petrolera.

Veamos resumidamente los acontecimientos. Cerca de las 5 de la tarde del jueves 7 de marzo, se produjo una caída de los sistemas esenciales de suministro eléctrico en más de un 80% del territorio nacional. El apagón fue súbito y general. Esto fue producto de un acto de sabotaje a la principal central hidroeléctrica venezolana, la Represa Guri en el estado Bolívar  mediante el hackeo del cerebro informático y los sistemas de control. Simultáneamente se atacó el cerebro de conducción en Caracas. Esta coordinación confirma que no fue accidental el apagón. Los primeros indicios de la participación de EE.UU. se tuvieron cuando el senador Marco Rubio, afirmaba -pocos minutos después del atentado- en su Twitter que «los generadores de respaldo han fallado» cuando esa circunstancia todavía no había sido determinada en el sitio. Investigaciones posteriores indicaron que el ataque a distancia había ocurrido desde las ciudades de Houston y Chicago.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova afirmó en conferencia de prensa, citando fuentes con conocimiento técnico, que la operación blackout fue realizada en una «acción compleja a distancia» contra el sistema de control de las principales centrales eléctricas, que cuentan con equipos fabricados en Canadá: «Todos los algoritmos de operación y puntos vulnerables de los equipos de esos sistemas fueron bien conocidos por el organizador directo de la agresión«.(2) Efectivamente, el corazón cibernético fue fabricado por una empresa instalada en Canadá subsidiaria de la multinacional sueco-suiza Asea Brown Boveri (ABB), lo que hace verosímil la denuncia de Zarájova.

Cuando después de un arduo trabajo se consiguió restablecer paulatinamente el servicio eléctrico en todo el país se produce un ataque el 9 de marzo esta vez mediante pulsos electromagnéticos a las líneas de transmisión, lo que vuelve a provocar un apagón generalizado. La oposición derechista niega el ataque, igual que el anterior, aduciendo que es imposible tal tipo de ataque y que la falla se debió a la falta de mantenimiento del SEN. Sin embargo el columnista especializado de la revista estadounidense Forbes Kalev Leetaru dijo: “La idea de que un Estado extranjero manipule la red eléctrica para forzar a un gobierno de transición es muy real”, agregando que “dada la preocupación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela, es probable que Washington ya tenga una presencia profunda dentro de la red nacional de infraestructura del país, lo que hace relativamente sencillo interferir en sus operaciones”.(3) Pero la prueba más contundente la proporcionó Donald Trump que emitió el 26 de marzo una orden ejecutiva tendiente a prevenir ataques mediante pulsos electromagnéticos a su propio país(4) lo que confirma la posibilidad de la utilización de esa herramienta.

Otra modalidad de ataque, la física, tuvo lugar el 11 de marzo con las explosiones de las subestaciones eléctricas en Baruta y El Hatillo, lo que provocó incendios en horas de la madrugada del lunes. Gran parte de Caracas sufrió nuevamente un corte de energía.

Mediante un gran esfuerzo colectivo de los trabajadores del SEN y una gran calma del pueblo venezolano -al que se pretendió provocar para que tome acción directa por las dificultades y el fastidio provocados por los apagones- se fue recuperando paulatinamente el servicio eléctrico

Cuando esta enorme tarea estaba llegando a su culminación, el 25 de marzo se produce se repite otra operación de sabotaje de gran envergadura a la Central Hidroeléctrica de Guri, esta vez a sus instalaciones físicas. Ese día se registró un incendio en el patio de transformación de la Central generando graves daños en el autotransformador AT2 del patio de 765 kv (donde operan otros dos autotransformadores). Fue el equipo que recibió el mayor impacto, quedando totalmente calcinado, lo que desencadenó fallas en diferentes líneas de transmisión eléctrica, afectando nuevamente a todo el territorio nacional. En el sitio de los hechos se encontraron evidencias del ataque con proyectiles de fusil de alto calibre, fortaleciendo la hipótesis del sabotaje como origen del incendio.

Al cierre de esta nota el restablecimiento del sistema presenta enormes dificultades porque en esta ocasión hubo grandes daños físicos además de que el 29 y 30 de marzo se registraron nuevos ataques electromagnéticos a las líneas de transmisión. Es un proceso difícil porque hay que ir combinando restitución con blindaje a nuevos ataques, lo que requiere administrar la provisión de energía con cortes programados.

Es una batalla en pleno desarrollo donde la oposición de derecha -que mucho tiene que ver con estos acontecimientos- trata de estimular reacciones violentas que culminen en un golpe de estado. Mientras tanto, el pueblo venezolano está pagando un alto precio.

 

(1) https://www.cynthiagarcia.com.ar/guaido-el-primer-presidente-autoelegido/

(2)https://www.nodal.am/2019/03/rusia-afirma-que-el-apagon-electrico-de-venezuela-fue-realizado-desde-el-exterior/

(3)https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2019/03/09/could-venezuelas-power-outage-really-be-a-cyber-attack/#728d25ed607c

(4)https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-coordinating-national-resilience-electromagnetic-pulses/

 

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