Politica

Autor: Jorge Elbaum / La Garcia 3 de FEBRERO 2017 El lunes 23 de enero la jueza Sandra Arroyo Salgado emprendió un periplo internacional acompañado de sus dos hijas. El trayecto abarcó una visita al Vaticano y, posteriormente, a Israel. El primero de esos viajes incluyó una visita al Papa que se efectivizó el miércoles 25 de enero, cuando Francisco la recibió, una semana después de cumplirse el segundo aniversario de la muerte de Natalio Alberto Nisman. Ambas visitas fueron organizadas por el director de “Radio Jai”, periodista referente de los sectores mas reaccionarios y antipopulares del judaísmo argentino. En Israel, Arroyo Salgado mantuvo una reunión con el Presidente de Israel, además de participar en un homenaje a su exmarido en la ciudad de Naharía, donde la comunidad de latinoamericanos residentes inauguró una escultura en homenaje al fallecido fiscal. La jueza del Tribunal No 2 de San Isidro brindó, además, una conferencia sobre “La realidad de las víctimas en el sistema judicial argentino. Repaso histórico de casos de impacto internacional. Una visión desde lo funcional y lo personal”. Académicos israelíes que fueron invitados a la disertación consultaron a referentes argentinos acerca de los relevamientos académicos de la jueza en la temática abordada, sin lograr acceder a ningún antecedente de referencia en su foja de servicios, ni contar en su haber con publicaciones relativas al tema en cuestión. Las fotos de ambos encuentros —la primera de índole pública, en el marco de acostumbradas recepciones colectivas que lleva a cabo el papado todos los miércoles— y la segunda en el despacho del Presidente israelí, Yaacov Rivlin, muestran la presencia de Miguel “Miki” Steuermann, director y propietario de Radio Jai, emisora que transmite en el 96,3 de la frecuencia modulada, desde sus estudios del barrio de Once, ubicados Valentín Gómez 2950 3º Piso. El director de radio Jai, Miguel “Miki” Steuerman gusta definirse a sí mismo como un emprendedor incomprendido. Nació en Santiago de Chile y gestiona la radio “Jai” (que significa “vida” en hebreo) desde hace veinte años. En sus inicios intentó convertir la emisora en una suerte de medio oficial de la colectividad judía argentina y utilizar dicha legitimidad para vender publicidad y engrosar sus activos personales. El objetivo original fracasó –su emisora vive permanentemente en un tembladeral económico– y Steuermann no pierde oportunidad de mostrar su resentimiento frente al poco reconocimiento y audiencia que el esquivo colectivo judeo-argentino le ha deparado. En las tertulias de country en las que habitualmente participa suele despotricar contra empresarios y dirigentes de las instituciones judías que “no valoran como debieran la existencia de una radio judía, en tiempos de acrecentamiento del terrorismo”. Sus contertulios comentan en la intimidad que “Miki” es un simplemente un empresario PyME que sobreactúa su identidad para hacer su negocio. Todos coinciden, sin embargo, que su ideología de ultraderecha es absolutamente auténtica. El estatus jurídico sobre que se instituyó la emisora siempre contó con permisos rudimentarios de trasmisión, e incluso llegó a rozar la ilegalidad. Alrededor del año 2010 carecía de autorización plena por parte del COMFER por lo que debía facturar a sus contados avisadores través de interpósitas personas, o incluso instituciones. La DAIA fue, en esos años, una de las encargadas de vehiculizar los pagos hacia Radio Jai, incluso cuando, en varias oportunidades, las comisiones retenidas por la institución de la calle Pasteur eran observadas con irritación por el propio Miki. Steuerman mantiene una relación próxima y apegada con Damián Pachter (difusor de la primicia sobre la muerte del fiscal) y con Waldo Wolff (ex vicepresidente de la DAIA y actual Diputado Nacional del PRO). El periodista auto victimizado y el calvo legislador –que fuera arquero suplente en el club Atlanta– gozan de micrófono abierto en su radio, donde el Memorándum de Entendimiento con Irán (MOU), la denuncia de Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la muerte del fiscal, han ocupado una parte central de la programación periodística de la emisor los últimos dos años. Por su parte, Waldo Wolff aparece como el encargado, junto a Angelici de disciplinar a los jueces díscolos de Comodoro Py. El juez Daniel Rafecas que se atrevió a desestimar la delirante acusación de Nisman es su permanente sujeto de persecución. Miki se ha constituido en un desenfrenado referente periodístico al interior de los sectores más conservadores del judaísmo argentino. En su tribuna de cruzado antipopular (el programa conducido por el propio Steuerman en su Radio Jai, “Pensando las noticias”) se empecina en repudiar cualquier forma identidad latinoamericana. En sus entrevistas calumnia permanentemente al “populismo”, denigra al kirchnerismo e identifica como “antisemita” a todos aquellos que cuestionan las políticas públicas del Estado de Israel, sobre todo en relación a la ocupación de tierras por parte de colonos fundamentalistas. En un reportaje realizado por “Miki” a Damián Pachter, el 16 de enero último, éste último afirmó: “A mí no me caben dudas que la orden de asesinar a Nisman vino de la entonces Presidente Cristina Kirchner”. La aseveración del periodista que reside en Israel sólo contó con la aquiescencia y aval de su entrevistado, quien se mostró eufórico con la afirmación temeraria de Pachter. De hecho sus columnas editoriales subrayan obsesivamente el hecho “fáctico” del magnicidio sufrido por el fiscal. El dueño de Radio Jai, es además uno de los impulsores más obsesivos a la hora de silenciar las voces que, al interior de Israel, cuestionan las medidas coloniales y de ocupación militar de Palestina: la lista “árabe-judía”, que cuenta con 14 diputados en la Kneset (parlamento israelí) y que es la tercer bancada más importante de la legislatura unicameral, es invisibilizada y excluida de cualquier informe relativo a la realidad de medio oriente. Miki tiene prohibido a sus colaboradores hacer referencia a los posicionamientos críticos de la lista “árabe-judía” que está compuesta por dirigentes islámicos israelíes y referentes de la izquierda, quienes denuncian, permanentemente, las medidas del primer Ministro Bibi Netanyahu. Miki acompañó a Arroyo Salgado porque se constituyó en su vocero de prensa y en su facilitador

Autor: Raúl Kollman / Página 12 01 FEBRERO 2017 Apenas se levantó la feria judicial se activó la causa contra la ex Presidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. La denuncia había sido desestimada en cuatro oportunidades. El juez federal Ariel Lijo delegó en el fiscal Gerardo Pollicita la investigación por la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. Pollicita es un integrante de la armada de Comodoro Py que durante el último año, en conexión con el macrismo y una parte de los medios, impulsó una serie de causas judiciales contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus funcionarios y cualquiera que hubiera tenido relación con el gobierno anterior. La acusación en el expediente iniciado por Nisman es por encubrimiento, es decir por haber favorecido a los iraníes sospechados de haber perpetrado el atentado contra la AMIA. Como en su momento señaló el juez Daniel Rafecas se cuestiona un Memorándum que nunca entró en vigencia; capturas con alertas rojas que se iban a levantar pero nunca se levantaron; una Comisión de la Verdad que iba a favorecer a los iraníes pero que nunca existió, un supuesto acuerdo con Irán de intercambio de granos por petróleo que nunca ocurrió y el armado de una pista falsa de nazis locales que tampoco se instrumentó nunca. Aún así, se pone en marcha una serie de medidas, algunas de las cuales exhiben la evidente intencionalidad de armar, como sea, una imputación contra CFK y su canciller, Héctor Timerman. Ofensiva La decisión de Lijo de delegar la instrucción en el fiscal fue interpretada por algunos en Comodoro Py como «bajarle el precio al expediente». No es el juez el que se involucra directamente sino que se saca de encima la causa. Otros interpretan que, como es un expediente fuertemente político, se lo entregó a alguien que tiene un interés político en el caso. Pollicita integró la comisión de seguridad de Boca Juniors en época de Mauricio Macri y luego integró la comisión electoral en representación de los directivos, cercanos al actual presidente. En su momento, Lorena Martins, quien denunció a su padre, el espía y dueño de postríbulos Raúl Martins, recusó a Pollicita por sus vínculos con el macrismo. En 2016, el fiscal, junto a su par Ignacio Mahiques, encabezó la acusación por asociación ilícita contra CFK por la obra pública en Santa Cruz, sobre la base de un informe realizado por la administración macrista de la Dirección de Vialidad. La causa es llamativa: el informe no dice lo que Pollicita-Mahiques sostienen, se hizo a las apuradas, investigándose a una sola provincia y, de hecho, a una sola empresa: la de Lázaro Báez. Y la figura de la asociación ilícita no sólo es inconstitucional sino que implica casi calificar de esa manera a un gobierno votado en las urnas. Juez Aunque obviamente Pollicita empezará a instrumentar medidas de investigación, tarde o temprano habrá que dirimir qué juez se queda con el expediente. En otras de las maniobras insólitas de Comodoro Py, los camaristas e integrantes de Casación alineados con el macrismo permitieron el armado de una causa paralela, con el mismo objeto procesal. El segundo expediente fue iniciado por dos denunciadores de derecha, vinculados al PRO, y luego lo reforzó la dirigencia de la DAIA aportando a dos familiares de las víctimas del atentado, cercanos a esa dirigencia. La imputación contra CFK y Timerman fue por traición a la patria –nada menos–, un delito por el que nunca hubo un procesamiento desde que se imputó a Juan Domingo Perón en 1956. El expediente lo viene instruyendo el juez federal Claudio Bonadío, punta de lanza contra el kirchnerismo. El magistrado, en lugar de enviar como corresponde la denuncia al juez original, Rafecas, decidió seguir adelante con esa causa colectora. Lijo firmó una resolución disponiendo la apertura de un incidente. Bonadío pide hacerse cargo de todo el caso, ya que se trata del mismo objeto procesal –el Memorándum y los sospechosos iraníes–, pero Lijo considera que su expediente es el anterior porque es el que se instruye en base a la denuncia original de Nisman. Lijo rechazará el pedido de Bonadío y habrá que ver si éste acepta. En caso de discrepancia, resolverá la Cámara Federal. Sería grotesco que le den la instrucción a Bonadío, pero cosas por el estilo ya han ocurrido en Comodoro Py. Medidas Por supuesto que las medidas propuestas por Pollicita, más de 50, van adelantando hacia adonde va la investigación, aunque hay cartas que serán exhibidas más tarde. El menú inicial lo integran el espía Horacio Jaime Stiuso, echado durante el gobierno de CFK; actuales funcionarios como Laura Alonso y Patricia Bullrich, dirigentes de la AMIA y la DAIA, un grupo de periodistas de Clarín y La Nacion, el ex vicecanciller García Moritán, que terminó enfrentado con el gobierno anterior, y también los ex cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana. Hay también medidas de manual, como la transcripción de las 40.000 horas de escuchas telefónicas realizadas principalmente al referente iraní en la Argentina, Youssuf Khalil, y los entrecruzamientos de llamadas de otros imputados como Luis D’Elía, Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia, el diputado Andrés Larroque y el curioso espía o falso espía, Allan Bogado. Se supone que entre estas personas, ninguno con responsabilidad ejecutiva, se armó el plan de encubrimiento. Como la hipótesis de la denuncia de Nisman es que se trató de anular las órdenes de captura de Interpol –cosa que no ocurrió–, el secretario general de Interpol de aquella época, el norteamericano Ronald Noble, debería ser el primer testigo. Timerman ya exhibió las cartas de 2013 en las que quedó claro que el Memorándum con Irán no podía alterar las órdenes de captura: las cartas que fueron y vinieron están firmadas tanto por el canciller como por el secretario general de Interpol. Noble ya dijo en Página/12 y en The Wall Street Journal, que la denuncia de Nisman era falsa y fue muy elogioso con Timerman. Habrá que

Autor: Gabriela Cerruti/Nuestras Voces 23 de ENERO 2017 Desde que fue secuestrado, Mauricio Macri está obsesionado con las escuchas, el espionaje y el lado oscuro de la seguridad. Al frente del Estado Nacional amplificó el aparato que había montado en la ciudad de Buenos Aires junto al ex comisario de la Federal Fino Palacios. El fiscal Nisman, que había denunciado a Macri por realizar escuchas ilegales, nunca habría podido imaginar que su acusado terminaría rearmando en el Estado Nacional el mismo esquema en el que se entremezclan los vínculos del policía encubridor de la causa AMIA y ex agentes de la CIA y el FBI que digitan el espionaje en el mundo a través de grandes agencias privadas. Cuando el fiscal Alberto Nisman acusó a Mauricio Macri y sus ministros de montar un aparato de inteligencia ilegal en el estado no podía imaginar que unos años después él estaría muerto y su acusado habría llegado a Presidente y que volvería a montar en el Estado Nacional el mismo aparato de inteligencia en el que se entremezclan los vínculos del policía encubridor de la causa AMIA, Roberto Fino Palacios, y ex agentes de la CIA y el FBI que digitan el espionaje en el mundo a través de grandes agencias privadas. “Si se meten con Gustavo, se meten conmigo”, cita el editorialista de Clarín, Eduardo Van Der Kooy a Mauricio Macri. No es para menos: Arribas no es sólo el hombre de los negocios del Presidente, sino también su nexo con el mundo de la seguridad y el espionaje, que fue y es una obsesión para Macri desde su secuestro a finales de los años 90. Arribas y el ahora ministro de modernización, Andrés Ibarra, armaron junto al Fino Palacios el esquema de seguridad y negocios en Boca, que terminó con Macri procesado por la compra irregular de cámaras de seguridad. También formaron parte de la trama por la que se armó el aparato de escuchas ilegales desde el gobierno de la ciudad que llevó a que Macri fuera procesado, con confirmación de la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, como jefe de una asociación ilícita montada con recursos públicos para espiar a los opositores y sus familiares. La causa, en la que se amontonan las pruebas, espera para ser tramitada en juicio oral. Macri debió usar toda su influencia para que el día antes de asumir como presidente lo sobreseyeran en un dictamen escandaloso, en el que el juez Sebastián Casanello se desdice de todo lo que había afirmado hasta el momento. El espía porteño El modus operandi para llevar adelante las escuchas a Sergio Burstein, familiar de víctimas de la AMIA, y su cuñado Néstor Leonardo fue el mismo que se conoció ayer cuando se difundieron las escuchas a la ex Presidenta. Burstein y Franco fueron denunciados en una causa armada, un juez de Misiones ordenó las escuchas y el espía Ciro James, empleado de Macri e Ibarra en el gobierno de la Ciudad y de Palacios en la metropolitana, las llevó adelante. Todo quedó probado en la causa, y el sobreseimiento de Casanello se basó solamente en que Ackerman Group no contestó los oficios en que le pidieron información para saber si había intervenido por orden de Franco Macri. Macri reconoció que había nombrado a Palacios al frente de la policía metropolitana “por recomendación de la CIA”, aunque nunca mencionó directamente a Ackerman. En la causa judicial por las escuchas ilegales, Franco Macri aseguró que la agencia norteamericana le había ayudado a llevar adelante las escuchas. Lo que ni Franco ni Mauricio ni Casanello pudieron explicar es cómo desligar al jefe de gobierno de un aparato de escuchas en el que participaron el ministro de Educación, el ministro de modernización, el jefe de Policía, empleados del gobierno y jueces amigos de su amigo el ahora embajador en España Ramón Puerta. -Fue mi papá. Esa fue la respuesta de Mauricio Macri cuando le pregunté cómo explicaba que se hubiera mandando a espiar a su cuñado y sus oponentes políticos. -Fue mi papá. Arribas no es sólo el hombre de los negocios del Presidente, sino también su nexo con el mundo de la seguridad y el espionaje, que fue y es una obsesión para Macri desde su secuestro a finales de los años 90. Pero Arribas e Ibarra siguieron adelante con el montaje del aparato de inteligencia, que mezcla la pata estatal con las actividades de Edgardo Auon, un hombre del ex comisario Palacios que hoy pisa fuerte en la Agencia de Inteligencia y los servicios de ex agentes de la CIA nucleados en mega agencias de espionaje y seguridad: Kroll y Ackerman Group. del ex comisario Palacios que hoy pisa fuerte en la Agencia de Inteligencia y los servicios de ex agentes de la CIA nucleados en mega agencias de espionaje y seguridad: Kroll y Ackerman Group. El poder del norte Las dos agencias se instalaron en la Argentina de los noventa, de la mano del entonces embajador norteamericano Terence Todman. A ellas recurrió Franco Macri cuando secuestraron a su hijo y desde entonces siguieron prestando servicios para La Famiglia. No son lo mismo, y en Estados Unidos compiten por los clientes, pero aquí fueron mezclándose en causas que recurrentemente rodean a los Macri. Kroll compró la agencia Holder, cuyo brazo ejecutor en la Argentina es Eugenio Pipo Ecke, investigado en la causa por el asesinato de José Luis Cabezas, involucrado en el suicidio de Alfredo Yabrán y que volvió a aparecer en la causa por la muerte de Nisman: el Audi que manejaba el fiscal, valuado en doscientos mil dólares, era de Claudio Picón, yerno del ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy , y socio de Ecke con quien comparte varias empresas y domicilio fiscal. Curiosamente, Ecke une también la causa de las escuchas ilegales de Macri con la muerte de Nisman. Además de escuchar a su cuñado Leonardo Franco y a la víctima de la AMIA Sergio Burstein, el aparato que operaba Ciro

Autor: Juan Cruz Guido/APU 26 de ENERO 2017 Luego de presentarse ante el fiscal federal Federico Delgado para aportar información en la causa que investiga presuntos sobornos de la constructora brasilera Odebrecht al titular de la AFI, Cafiero dialogó con AGENCIA PACO URONDO. Agencia Paco Urondo: ¿En qué consta su denuncia presentada en el año 2005 contra Gustavo Arribas, por presunto lavado de activos? Mario Cafiero: Ante la tremenda difusión que, en su momento, había en Brasil de las irregularidades en torno al pase de Carlos Tevez de Boca al Corinthians de San Pablo, me presenté ante la Unidad de Información Financiera, que en ese momento presidía Alicia López. El escándalo que despertó la transferencia incluyó una investigación de la Unidad Antilavado de allá, ya que se sospechaba que la mafia rusa estaba detrás del consorcio que lideraba Kia Joorabchian y que adquirió el pase. En ese contexto es que aparece la figura de Gustavo Arribas, que actuó como intermediario. Mauricio Macri, que en ese momento era presidente del club Boca Juniors, salió a defender la operación de una manera poco convincente, argumentando que él no tenía por qué averiguar el origen de los fondos de quien compraba. APU: Es una respuesta similar a la brindó el director de la AFI ayer ante la justicia y la prensa, en relación al origen de los giros que recibió en el Credit Suisse de Suiza. MC: Es un claro ejemplo de lo que es la “ética empresarial”. Donde sí es un negocio, a otra cosa. Justamente cuando se analiza la cuestión del lavado es que uno debe conocer el origen de los fondos sino se es parte una cadena de ilícitos. En esa ocasión nos reunimos con varios dirigentes del fútbol para que se modificara la ley de lavado y se obligara a los clubes a informar cuando se vendían jugadores. De esta manera buscábamos clarificar las transacciones que en muchos casos incluían triangulaciones como mínimo sospechosas. APU: ¿Cómo se concreta la llegada de Gustavo Arribas, ex escribano de SOCMA, al negocio de la venta de futbolistas? MC: Arribas entra en Boca a manejar el tema pase de jugadores. No tenía la menor idea de la cuestión, pero a partir del apoyo de Macri, aprende el negocio y comienza su actividad comercial. Siempre estuvo vinculado con triangulaciones donde se transferían los derechos del jugador a un club ignoto, como el caso de Deportivo Maldonado, y luego se lo revendía al verdadero comprador, generalmente un club de Europa. Tal fue el caso de Geronimo Rulli y Jonatán Calleri, jugadores de jerarquía internacional que fueron vendidos a una institución de segunda división del fútbol uruguayo para luego ser transferidos a clubes top del mundo. Una triangulación realmente bochornosa, que no tiene ningún sentido más que estar ocultando dinero o evadiendo impuestos. APU: ¿Cómo interpretó la designación de Arribas al frente de la AFI, teniendo en cuenta la nula experiencia para el cargo? MC: Tal como señaló el fiscal, hay que ver el contexto y las relaciones entre él y el presidente. Arribas es un hombre de su círculo íntimo, confesado por el mismo Mauricio Macri al momento de nombrarlo. Como señalabas, fue escribano del Grupo Macri y por eso cualquier cuenta sospechosa no declarada y ligada a la obra pública da para generar justificadas sospechas. Si es así o no, lo dirá la justicia. Pero, de todas maneras, el señor Arribas tiene que empezar a explicar con mayor detalle su declaración jurada patrimonial. APU: Usted denunció serias inconsistencias en su declaración jurada… MC: Para empezar, en su declaración ante el fisco no figuraban sus cuentas en Suiza. También varias organizaciones ciudadanas, al momento de la discusión de los pliegos de la AFI en el Senado, denunciaron que había sociedades vinculadas al actual director que no estaban declaradas. La más conocida es HAZ, que es justamente la que intermedia jugadores. Allí se detectó que hay una causa penal tributaria contra Arribas por el pase de Gerónimo Rulli, de Estudiantes de La Plata. Todo esto tampoco figuraba en el expediente que se analizó en el congreso. Ante estas acusaciones, Arribas respondió que el sólo declaró los bienes que tributan en Argentina. Por el contrario, siendo que es funcionario nacional debe declarar todo su patrimonio para que, en última instancia, la justicia investigue. APU: A la luz de los hechos, ¿qué opinión le merece la actuación de la UIF luego de que es presentada su denuncia? MC: El fiscal Delgado ha avanzado en esa línea de investigar el desempeño de la UIF. Por un lado, en relación al por qué “cajoneó” la causa en el 2005. Pero también se debe investigar el motivo por el que este año, según consignó Alconada Mon en La Nación, la UIF no actuó ante el informe de las operaciones sospechosas que recibió en relación a las transferencias en Suiza. No remitió la información ni a la Procuración, ni al Ministerio de Justicia y ni siquiera al Senado que estaba en ese momento discutiendo el pliego de Arribas. Por eso, en mi presentación ante el fiscal, me pregunto ¿qué hubiera pasado si se hubiera investigado a fondo el pase de Tevez en el 2005? Probablemente Gustavo Arribas no sería director de la AFI y Mauricio Macri no hubiera sido electo presidente.

Autor: Publicado por LA LADH 24 de ENERO 2017 Rechazamos DNU que modifica feriado inamovible del 24 de marzo Los organismos de derechos humanos abajo firmantes rechazamos el decreto 52/17 que pretende convertir al 24 de marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en un feriado movible. Si como expresa el decreto” los feriados nacionales apuntan a conmemorar y concientizar sobre determinadas fechas que tienen relevancia histórica para el país, por lo que no debe perderse ese norte diluyendo su significado simbólico”, el no respetar este carácter de feriado nacional para el 24 de marzo implica una ofensa para todos los argentinos que repudiamos el golpe genocida de 1976 y apoyamos la continuidad de la lucha por más Memoria, Verdad y Justicia. El 24 de marzo fue el día de la instauración de la dictadura más feroz que ha sufrido nuestra patria, el día que simboliza al terrorismo de Estado y todas sus consecuencias, así como también es el día en que el pueblo argentino se moviliza, por la memoria, la verdad y la justicia. El 24 de marzo ha sido y es, además, una expresión de la defensa de la democracia. Esta decisión por decreto no se da de manera aislada: desde la asunción del Gobierno de Macri, hemos señalado cada uno de los retrocesos en materia del Juicio y Castigo a los genocidas. Esta nueva provocación se enmarca en el negacionismo expresado en palabras y en acciones por diversos funcionarios del gobierno actual. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la justicia. El próximo 24 de marzo volveremos a las plazas de todo el país a gritar PRESENTES por los 30.000 y a seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Macri. Recurriremos a las vías parlamentarias y a todas las necesarias para defender el feriado inamovible del 24 de marzo, y la política de Estado de la Argentina en la defensa de los derechos humanos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Buenos Aires, 24/1/2017 Abuelas de Plaza de Mayo Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza Asociación Buena Memoria Centro de Estudios Legales y Sociales Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz Fundación Memoria Histórica y Social Argentina H.I.J.O.S. Capital Liga Argentina por los Derechos del Hombre Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Servicio Paz y Justicia

Autor: Gabriela Cerruti/Nuestras voces 5 de ENERO 2017 Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, será investigado por su presunta participación en los pagos de coimas admitidos recientemente por la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, mientras Angelo pone la cara, hay detrás un hombre que maneja las empresas de Macri: Santiago Altieri. Intrigas y secretos de la mafia que hoy maneja el estado. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, investigará al presidente de la empresa Iecsa y primo del presidente, Angelo Calcaterra, luego de que fuera denunciado en la Justicia por sus presuntos vínculos en los pagos de coimas admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina. Según las investigaciones en marcha, a nivel global, Odebrecht habría pagado cerca de 790 millones de dólares en sobornos a funcionarios de distintas latitudes para obtener beneficios en adjudicaciones de obras con el sector público. De acuerdo al informe de una corte de Estados Unidos, los sobornos en la Argentina habrían rondado los 35 millones de dólares pero la empresa obtuvo beneficios cercanos a los 278 millones. Tal como publicó Nuestras Voces semanas atrás los medios locales enfocaron sus cañones en el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el ex Secretario de Transportes -hoy preso- Ricardo Jaime. Julio de Vido desmintió la acusación pero la noticia de que uno de los principales socios de Odebrecht en nuestro país no es otro que Angelo Calcaterra pasó desapercibida. El primo del Presidente integra una importante unidad transitoria de empresas (UTE) con la firma brasileña en la obra por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. A su vez, también comparte con Odebrecht la construcción de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba. Hace dos meses este portal denunció que en ambos casos Calcaterra fue beneficiado por su primo el Presidente. Sin embargo, detrás de Angelo Calcaterra hay otro otro hombre ligado a Mauricio Macri: Santiago Ramón Altieri. El que manda Panamá es el recuerdo de la muerte para Santiago Altieri. Margarita Mantova, su mujer, volvía de un tour de “compras y finanzas”, como llaman los gerentes de las empresas a esos viajes por paraísos fiscales para firmar papeles y hacer movimientos entre cuentas. Día libre hasta el momento de la cita en la puerta del Banco. Esposas, primos, parientes, dispuestos a poner la firma y callar a cambio de dinero y placer. A veces Alemania y Londres en unos días. Esta vez, Centroamérica. Algo le cayó mal en la última comida antes de subir al avión, ese 1 de julio de 2010. Margarita se descompuso y el viaje fue un calvario. Seguía en el baño descompuesta cuando comenzó el aterrizaje. La ataron a una camilla en el piso. Pero se ahogó, y murió antes de que el avión tocara la pista. La familia de Mantova nunca le perdonó a Altieri esa muerte, pese a que muchos siguen trabajando todavía en IECSA y otras empresas del grupo. Pero los relatos de Margarita sobre esos viajes en que la obligaban a mover fondos entre cuentas a cambio de tarjeta libre para sus compras ya no son divertidos ni glamorosos: son el preámbulo del horror. El listado de empresas encolumnado en las necrológicas mostró claramente quién es Altieri. La mano derecha de Mauricio Macri desde que se hizo cargo de las empresas de su padre a mediados de los noventa y que sigue siendo hoy quien maneja IECSA y CREAURBAN, a pesar de los esfuerzos por aparentar que pertenece formalmente a su primo, Angelo Calcaterra. Durante algunos años, cuando se anunció el pase de manos de Mauricio y sus hermanos a su primo Angelo, Altieri pasó a un segundo plano. Coincidió con la muerte de Margarita pero también con su procesamiento en la causa en la que se denunció a Ricardo Jaime por haber recibido dádivas a cambio de direccionar licitaciones. Quien había otorgado las dádivas en nombre de la empresa de los Macri era precisamente Altieri. La juventud PRO es panameña La empresa de Margarita aparece en los Panamá Papers y fue creada por M & M Bomchil, un estudio de abogados con sede en la calle Suipacha 268, piso 12, intermediaria de doce sociedades off shore según esta investigación. Los Bomchil son el aceite del engranaje empresario: defensores de empresarios que litigan contra el gobierno argentino, asesores de ministros que llevaron adelante las privatizaciones durante el menemismo, pasaron de redactar escritos para la Corte Suprema que presidía Julio Nazareno a ser parte del aparato judicial que confrontó con el gobierno kirchnerista en los últimos años. El estudio M&M Bomchil representó durante las últimas décadas a varias empresas multinacionales que tenían litigios contra la Argentina en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativa a Inversiones), el tribunal arbitral del Banco Mundial. Algunas de esas compañías, que demandan a la Argentina por un total de aproximadamente 10 mil millones de dólares, son Azurix, Siemens, Camuzzi Internacional, Telefónica y Unysis. Pero, además, dos socios de ese estudio, Máximo Bomchil y Guido Tawil fueron investigados, acusados de haber modificado los pliegos de licitación de los aeropuertos para beneficiar a esa empresa. Bomchil fue asesor de la corte menemista en los noventa, y abogados de las empresas que se beneficiaron con las privatizaciones entre ellas, claro, el grupo SOCMA de los Macri. Tawil, encabezó las marchas en defensa de Carlos Fayt o en apoyo a los reclamos relacionados con la muerte del fiscal Nisman. La segunda M de M&M es Miguel Bomchil. Siguiendo el derrotero de la derecha argentina, el abogado de empresas contratistas primero y de las privatizaciones después ahora se volcó a la política. Miguel Jr. es vicepresidente de La Generación, la agrupación de jóvenes del PRO, y jefe de gabinete de la Dirección de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Altieri está en todas Santiago Altieri es prolífico en apariciones en el Boletín oficial de la República Argentina y en los reportes de la Comisión Nacional de Valores. Una rápida búsqueda deja claro que fue, por

Autor: Juan Grabois /Tiempo Argentino 30 de DIC 2016   Se armó su propio Cantri con una pileta enorme.Maneja las fuerzas de seguridad, el intendente y el Concejo Deliberante como si fueran empleados. Aprieta testigos y amenaza a la población. Se queda con los títulos de propiedad de la gente. Se apropia de recursos públicos y los maneja ‘a piacere’. Corta rutas a punta de pistola. No cumple con las leyes. Todas sus operaciones son irregulares. Hasta aquí, el relato coincide con el que nos han contado sobre Milagro Sala, pero el protagonista de esta historia no es una coya sino un magnate inglés, la séptima fortuna del Reino Unido. Se llama Joseph Lewis, Joe para los amigos. En su entorno no hay Shakira en jogging sino atléticos ejecutivos de traje Armani. Su holding está integrado por empresas como Hidden Lake y algunas offshore; no por cooperativas con nombres grasa tipo Pibes Villeros. El gobernador de Río Negro, su base operacional, lo defiende a capa y espada. El intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, fue contador suyo hasta antes de asumir. Su exvocera personal, Dalina Pinacho, es hoy jefa en Radio Nacional. Lewis también comparte el rancho y el helicóptero con el presidente Mauricio Macri. El ingeniero no es el único afortunado: Joe recibe a políticos, empresarios y periodistas con quienes goza de la exclusiva vista del lago que nos robó a todos los argentinos. Obvio, Lewis no está preso, goza de buena prensa y a nadie se le ocurre plebiscitarlo. Una vez, sí, plebiscitaron su proyecto y perdió por el 79% de los votos. Joseph tuvo un sueño y empezó de abajo. Quería su propio Estado en la Patagonia. Pergeñó un plan y lo va llevando adelante. Buscó amigos, encontró aliados, siempre supo untar manos ávidas de libras esterlinas. Empezó encerrando el Lago Escondido, fue desarrollando la infraestructura colonial y ahora dio el batacazo con la aprobación municipal para el desarrollo del proyecto Laderas. A Joe nunca lo amilanaron los obstáculos. Arrasó con todos: leyes, fallos judiciales, dos reservas naturales, bosques, lagos, ríos, mapuches, criollos, instituciones, plebiscitos. Es un hombre de tesón que supo levantarse frente a cada derrota. Tuvo su primer revés importante en 2009 cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó «asegurar el acceso al lago Escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad» por el camino conocido como del Tacuifí. Desde luego, la gobernación debía ejecutar la sentencia, pero Alberto Weretilnek nunca cumplió y el lago sigue siendo el parque acuático privado del caballero inglés. La del STJ era una sentencia firme y, desde luego, ante el incumplimiento, hubo protestas ciudadanas en distintos puntos del país. En ese contexto, su testaferro, Van Ditmer, afirmó: «Vamos a defender la propiedad privada con el Winchester en la mano, con sangre si hace falta». Más allá de su concepto amplio de propiedad privada, cumplió su amenaza cada vez que las organizaciones comunitarias intentaron acceder al Lago. Lewis supo tener una política de «responsabilidad social» que algún tiempo le granjeó la simpatía de parte de la población de El Bolsón y que esgrimen sus defensores para mostrar que tan malo no es. Roba pero hace. Puso unas canchitas de fútbol y una escuelita. Una obra bastante menor a la de Milagro Sala y bastante más floja de papeles. Su jefe de responsabilidad social renunció espantado cuando entendió para qué clase de ‘mostro’ estaba trabajando, pero a nadie le interesa demasiado lo que tiene para decir. Con la asunción de Macri en la Presidencia, el «Estado Paralelo» de Lewis dio un salto de calidad. Apuraron el tranco al grito de ‘vamos por todo’ y en abril ya estaban desmontando la tercera reserva de cipreses más importante del mundo para que pase un cable de alta tensión. Se olvidaron de pedir autorización, ningún estudio de impacto ambiental, concesión vencida, contratista habilitado únicamente para operar en «venta de chacinados y carnes rojas»… A ningún organismo oficial se le ocurrió denunciarlo. A su carnicero contratista, Lewis le dio una retroexcavadora nueva, mucha plata y garantías de impunidad. El tipo, con un poco de vergüenza, le dio para adelante y el tajo que recorre la reserva ya tiene más de nueve kilómetros. Desde las organizaciones lo denunciamos hace más de seis meses. No a él, pobre hombre, sino al gobernador, Lewis y cía. El fiscal Arrien y el juez Burgos se están tomando su tiempo para decidir si realizan algún acto procesal, mientras dilatan los plazos pidiendo informes y mandando el expediente de acá para allá. El relato del ‘lewisismo’ era que el electroducto iba a abastecer de energía al Bolsón. Joe nos iba a vender la energía que se robaba del Río Escondido a precio diferencial por ser renovable. Las maravillas de la desregulación del mercado energético. Un negocio extraordinario aunque, por su volumen, relativamente chico. Pero el objetivo real es bastante más ambicioso y siniestro. Lo que parecía una teoría conspirativa de los ambientalistas de El Bolsón se comprobó. La traza del electroducto, oh casualidad, pasa por la Pampa de Luden donde, contra toda norma, Lewis proyecta consolidar su Estado Paralelo. La Pampa de Luden es un monumento natural que cuadriplica en superficie la Ciudad de Buenos Aires. Lewis quiere instalar ahí un centro de sky, una cancha de golf, comercios, un lago artificial y, desde luego, algunos ricachones para completar el proceso de colonización. Desde ya, esta ciudad amurallada necesita energía: no están arruinando la Reserva para vender electricidad renovable al interconectado nacional sino para canalizar la energía hacia la nueva colonia. También necesita agua: el agua que hoy mantiene viva la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica y la población campesina de Mallín Ahogado. La semana pasada, en una escandalosa sesión que provocó la más masiva movilización popular que recuerda la comarca, el Concejo Deliberante dominado por el PRO, la UCR y los ediles de Weretilneck, custodiados por una pequeña pero aguerrida patota, aprobaron el loteo de Laderas SA. Horas antes, esa banda había secuestrado y golpeado ferozmente dentro del edificio

Autor: Ricardo Ragendorfer/Nuestras Voces 13 de DIC 2016 El decreto que permitió al padre del presidente Macri —y otros familiares de funcionarios—- blanquear capitales tiene un antecedente: Martínez de Hoz, ministro de la dictadura, impulsó la derogación de la ley que gravaba las herencias 48 horas después de la muerte de su padre, el 29 de marzo de 1976, argumentando que así se “fortalecerá la unidad de la familia, espina dorsal del cuerpo social”. Ya en democracia, Martínez de Hoz intercedió por Franco y Mauricio Macri ante Rockefeller para reflotar un negocio inmobiliario en Nueva York junto a Donald Trump, hoy presidente de los EE.UU. “Estoy retirado. Yo no soy nadie”, soltó Franco Macri, con voz quejumbrosa. Una frase digna de Shakespeare, pero destinada a una puesta en escena de bajo presupuesto. De hecho, resultó muy pintoresco que fuera pronunciada en una entrevista con el cura Juan Carlos Molina –secretario de la Sedronar durante el kirchnerismo– para el programa Derribando Muros, de Radio Rebelde, una emisora vinculada al piquetero Luis D’Elía. El anciano patriarca del Grupo Socma replicó así las insidiosas afirmaciones que lo describían como principal beneficiario del decreto suscrito por su hijo, el Presidente de la Nación, para habilitar el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios, algo expresamente vedado por la ley de Sinceramiento Fiscal, votada cuatro meses antes. Ya se sabe que don Franco tiene algunos asuntos offshore en Bahamas y Panamá. De modo que el FpV y Libres del Sur hicieron sendas denuncias penales contra Mauricio Macri, Marcos Peña Braun y Alfonso Prat Gay por “abuso de autoridad” y presentaron una cautelar para declarar la “inconstitucionalidad” de esa modificación: A su vez, el massismo propuso una comisión bicameral en el Congreso y el resto del arco opositor salió a repudiar el decreto. Mientras tanto, se desataba una grave crisis en la alianza gobernante por diferencias con la UCR y la Coalición Cívica, puesto que la exclusión de los parientes había sido condicionada precisamente por sus líderes. Esa es la primera cuota que Macri tuvo que pagar por su notable innovación institucional: haber convertido la fortuna del papá en una política de Estado. Una osadía casi monárquica que, por cierto, reconoce un único antecedente en la historia argentina. Su hacedor: José Alfredo Martínez de Hoz. La herencia recibida En el verano de 1976, “Josecito” –tal como sus allegados llamaban a Martínez de Hoz– participaba de un safari en África. El tipo era un cultor de la cacería a cuchillo; es decir, solía degollar a sus presas. En tales circunstancias, supo de su nombramiento como ministro de Economía del régimen dictatorial a punto de instaurarse. Y voló con urgencia a Buenos Aires. Pero su debut en el cargo se vio empañado por una inesperada desdicha: la muerte de su padre. El viejo José Alfredo –todos los primogénitos de la estirpe se llaman así– exhaló su último suspiro el 26 de marzo de ese año, a solo semanas de cumplir 80 primaveras. Y al día siguiente, fue inhumado en la Recoleta ante una sobria concurrencia en cuya indumentaria prevalecían trajes negros, tapados de piel, uniformes y sotanas. El hondo pesar por semejante pérdida quedó plasmado en la kilométrica lista de condolencias que publicó aquel miércoles el diario La Nación. No era para menos. Ese hombre de linaje patricio era bisnieto de don José (a secas) Martínez de Hoz –el ganadero esclavista que inició la dinastía–, nieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina (SRA) e hijo del José Alfredo que alternó el manejo de aquella central agropecuaria con la presidencia del Banco Provincia. Y él, formado en el prestigioso Eton College, de Londres, era propietario del haras Chapadmalal y administrador de los campos familiares, además de integrar el directorio de La Forestal, entre otras grandes empresas. Al mismo tiempo fue vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), luego, titular de la Asociación de Criadores Argentinos y, finalmente –al igual que sus antepasados–, presidió la SRA. De su unión con la señora Carola Cárcano, nació en 1925 su único hijo, el futuro ministro. Éste, graduado en derecho con las mejores calificaciones –y con posgrados en Cambridge y Florencia–, se volcó a los negocios familiares, diversificando el rubro terrateniente con empresas eléctricas, de acero, petróleo y seguros. A la vez, incursionó en la función pública como ministro de Economía de Salta durante la Revolución Libertadora y, en 1962, ocupó ese mismo cargo a nivel nacional en la presidencia de José María Guido. Ya a mediados de los ’70, fue la cara visible del Consejo Empresario Argentino, desde donde diseñó el plan económico de la dictadura. Ahora, ante el ataúd de don José Alfredo, un devastado Josecito ideó a modo de homenaje una medida de gobierno que “fortalecerá la unidad de la familia, espina dorsal del cuerpo social”. Tales fueron las palabras que utilizó el 29 de marzo de 1976 para fundamentar la derogación de la ley 11.287 –sancionada durante el gobierno de Alvear–, que estipulaba un canon al “enriquecimiento patrimonial gratuito” y destinado al “tesoro escolar”. En otras palabras, a solo 48 horas de la muerte de su padre –cuyo testamento fue muy generoso con él–, Martínez de Hoz no dudó en borrar de un plumazo el impuesto a la herencia. El momento, claro, no pudo ser más oportuno. Desde entonces transcurrieron cuatro décadas. Al respecto, un interrogante: ¿Macri habrá tenido en mente tal historia al estampar su rúbrica en ese decreto tan a la medida su propio padre? Sólo él lo sabe. Al maestro con cariño “Nuestro programa económico consiste en manejar la inflación, el endeudamiento externo y la recesión. Esa base apunta a reinsertar al país en la economía internacional, según las ventajas que ofrece el campo y la minería. En ese marco no favorable a la industrialización como núcleo dinámico de la economía, las inversiones extranjeras son un elemento esencial para reducir el costo social del proceso de capitalización y acelerar su tasa de crecimiento”. No sería extraño que