Politica

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 10 de AGOSTO 2017 “¡Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de gabinete!”, lo presentó en sociedad Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, en un video casero que se volvió viral. El funcionario Pablo Noceti fue defensor de represores, reivindica públicamente la represión ilegal y es el autor ideológico y material de la “lucha contra el indio” en la administración de Mauricio Macri. Con varios viajes al Sur, Noceti venía “preparando el terreno” para la represión a los mapuche, que culminó con la desparición de Santiago Maldonado. “Quedate tranquila; este es un tema de Mario (Das Neves)”, indicó el camino negacionista Macri a la oreja de la ministra Bullrich. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, vestía un traje gris y sobretodo oscuro. Con esa vestimenta en medio del paisaje cordillerano su silueta pasaba tan desapercibida como una tarántula en un plato lleno de leche. Así fue fotografiado mientras hablaba con un oficial de la Gendarmería a la vera de la estancia Benetton en Leleque, al noroeste de Chubut. Corría la primera tarde de agosto. Sólo habían transcurrido un par de horas desde la desaparición forzada del mochilero Santiago Maldonado, visto por última vez mientras lo cargaban a una camioneta blanca de esa fuerza durante la brutal represión encabezada por Noceti en la lof de Cushamen, apenas a tres kilómetros de allí. Lo cierto es que esa fotografía –captada a hurtadillas por un gendarme y difundida por Nuestras Voces el 7 de agosto– subraya su participación en ese delito de lesa humanidad, el primero de la era macrista. Para descorrer el velo de su génesis bien vale reparar en la figura de su presunto “hacedor”. Y también en sus pasos hacia aquel ominoso martes en el que Santiago fue visto por última vez cuando lo subían a una camioneta de Gendarmería Nacional. El doctor Torquemada Este abogado de 51 años es un sujeto de hábitos casi espartanos y bajo perfil. Por eso resulta paradójico que tras exactamente un año de silencioso trabajo en la función pública su nombre haya saltado a la luz el 13 de diciembre de 2016 por un desliz jolgorioso de su jefa, Patricia Bullrich. “¡Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de gabinete!”, exclamó esa noche a viva voz y ya con dicción incierta, durante un festejo por el fin de año en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes. “¡Todas andan locas por él!”, volvió a clamar. A su lado, el aludido forzaba una sonrisa incómoda. Un video del asunto no tardó en viralizarse. Hasta entonces el doctor Noceti había circulado como un fantasma por los pasillos del actual gobierno. Era consciente de que su profusa labor como defensor de represores y apologista de la dictadura le podría jugar en contra. Sin embargo, en el ámbito tribunalicio no es un secreto que su postura ideológica lo sitúa a la derecha de Atila. Por eso no debe asombrar que en sus alegatos califique los juicios contra genocidas como la “legalización de una venganza diseñada por el poder político al servicio de inconfesables intereses” o que la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final “tendría que avergonzar a todo jurista serio de la República”. Fogueado profesionalmente bajo el ala del camarista durante el “Proceso”, Alfredo Battaglia –quien luego tuvo a Galtieri entre sus defendidos–, Noceti supo afinar su visión del mundo en las filas de la Corporación de Abogados Católicos, un distinguido antro de propagandistas del terrorismo de Estado influenciado en su momento por la organización ultraderechista La Cité Catholique, cuyo imaginario bailoteaba sobre los siguientes pilares: la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, el método de la tortura y su fundamento dogmático tomista, cuya dialéctica se sostenía en el “principio del mal menor por el bien común”. De modo que con tal soporte él redondeó su reivindicación teórica de la desaparición forzada de opositores. Y con una escalofriante economía de palabras: “Un enemigo no convencional exige protocolos atípicos”. En realidad su gran problema es que ahora alucina una guerra imaginaria. Tal ensoñación en esta etapa de su vida se cristaliza en una “hipótesis de conflicto” sostenida por él con notable empeño: la amenaza indigenista. Algo que la señora Bullrich adoptó como propio y que además le vino de perillas al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, en el marco del litigio por tierras de la comunidad mapuche con el Grupo Benetton. Ya el 30 de agosto del año pasado el Ministerio de Seguridad elaboró un informe de gestión con el siguiente andamiaje argumental: los reclamos de los pueblos originarios no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal porque “se proponen imponer sus ideas por la fuerza con actos que incluyen la usurpación de tierras, incendios, daños y amenazas”. Una dinámica cuasi subversiva, puesto que –siempre según ese documento– “afecta servicios estratégicos de los recursos del Estado, especialmente en las zonas petroleras y gasíferas”. Ahora se sabe que ese paper es fruto del puño y la letra de Noceti, quien 20 días antes había sido detectado en Esquel por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Tal revelación provocó su segundo traspié: ser sorprendido por un reportero gráfico del medio Noticias de Esquel durante el juicio por la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala. Su foto fue publicada esa misma tarde. Entonces le fue imposible eludir una entrevista con Radio Nacional de aquella ciudad en la que blanqueó sus intenciones: “Evaluar la comisión de un delito federal, porque acá hay un grupo que pretende atemorizar a la gente con el método de la violencia”. Fue el inicio de la estigmatización del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ya en ese instante él se jactó de poder encarcelar a sus integrantes sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones que ponen en riesgo la seguridad interna de la nación. A

Fuente:Raúl Kollman | Página 12 Fecha: 7 de AGOSTO 2017 El insólito show de la detención de Claudio «El Mono» Minnicelli oculta un hecho elemental: se lo buscaba por un escándalo aduanero ocurrido en el actual gobierno, no en el anterior. Todo su vínculo con las administraciones Kirchner consiste en que es el cuñado de Julio De Vido, pero el ex ministro no tenía ningún trato con él. Ni siquiera concurrió al ostentoso casamiento del Mono con la vedette en 2004, o sea hace 13 años. En cambio Minnicelli tenía relación con Oldemar «Cuqui» Barreiro Laborda, un personaje con numerosos antecedentes por maniobras económicas y que se presentaba como la mano derecha del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. En base a esa relación, Barreiro Laborda supuestamente puso en marcha una maniobra para sacar seis contenedores que estaban retenidos en la Aduana, cobrando un adelanto de 50.000 dólares por cada contenedor. Eso ocurrió en mayo de 2016, durante la administración de Mauricio Macri. El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, procesó por tentativa de contrabando a todo el grupo que rodeaba a Barreiro Laborda, pero curiosamente dejó afuera a Gómez Centurión. El magistrado sostiene que no tiene suficientes pruebas contra el jefe de la Aduana macrista, pese a que hay constancias clarísimas de que Barreiro Laborda y Gómez Centurión se encontraban y mantenían un vínculo. El funcionario aduce que lo usaba como buche, es decir como informante. Sin embargo, hay testimonios que no solo confirman que se encontraban en el shopping conocido como Design Center, en la Recoleta, sino también que se visitaban y cenaban juntos en sus domicilios. No es un detalle menor que el abogado de Gómez Centurión es Alejandro Pérez Chada, quien también es abogado de Mauricio Macri. Un dato curioso es que cuando explotó el escándalo, en mayo de 2016, una de las principales acusadoras de Gómez Centurión y su banda fue Patricia Bullrich, quien este lunes protagonizó el show del casco, los chalecos anti-balas y el movimiento de decenas de efectivos de la Policía Federal. En su momento, la ministra de Seguridad presentó un anónimo para fundamentar al acusación de coimas contra Gómez Centurión y Barreiro Laborda. Bullrich decía que ambos cobraban por entrar containers de forma ilegal. Como respuesta, Gómez Centurión hizo aparecer otro anónimo y con ese texto acusó a Patricia Bullrich de encubrir la llegada de 250 kilos de pseudo-efedrina, sustancia usada como precursor químico para la cocaína. En esa guerra, Gómez Centurión acusó a Bullrich de ponerle micrófonos en la casa. Muchos dicen que detrás de Bullrich estaba Jaime Stiuso, el otrora poderoso jefe de Operaciones de la SIDE. El vínculo de Minnicelli con la causa de los containers arranca con una escucha telefónica en la que Cuqui Barreiro Laborda le dijo al representante de comerciantes coreanos —Mister Korea lo apodaron—, que si no lo podía ubicar a él que hablara con El Mono. «Si yo no los puedo atender, hablen con el Mono que es como si hablaran conmigo», fue el textual. O sea que Minnicelli era el subordinado de Cuqui. El grupo coreano tenía el problema que les habían retenido seis contenedores en la Aduana. Mister Korea, que en realidad se llama Sung Ku Hwang, llamó a Cuqui y éste, presentado como la voz de Gómez Centurión, les dijo que los sacaría de la Aduana. Se elaboró nueva documentación para esos contenedores —apócrifa— y se puso en marcha la maniobra. Como adelanto, Cuqui habría pedido 50.000 dólares por container. La maniobra fracasó, la mercancía nunca salió de la Aduana, pero todo el grupo fue detenido. En realidad, la mayoría fue excarcelada hasta el juicio oral, Barreiro Laborda cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria y Minnicelli se escondió en Chapadmalal. El más beneficiado de todos fue Gómez Centurión: Aguinsky asegura que no tuvo suficientes pruebas. Si Minnicelli se hubiera presentado al principio, seguro que hoy en día estaría caminando por la calle, básicamente porque lo habría abarcado la excarcelación que otorgó el juez. En fuentes cercanas a su defensa aseguran que no quiso presentarse porque estaba con problemas cardíacos, algo que se percibió ayer cuando sufrió una descompensación en Comodoro Py. Su presión máxima estaba por arriba de 150 y por lo tanto el magistrado ordenó que el Cuerpo Médico Forense lo revise, lo estudie y produzca un informe. Mientras tanto, el ex prófugo se negó a declarar. Todo indica que tal vez lo haga el miércoles. La lógica indica que Aguinsky le negará la excarcelación dado que estuvo prófugo nueve meses. Un repaso detallado de la historia muestra que el escándalo de Minnicelli no tiene nada que ver con el gobierno anterior. El único punto es que se trata del cuñado de De Vido. El ex ministro no sólo no fue al casamiento de Minnicelli con Celina Rucci sino que nunca mantuvo trato. Lo consideraba una especie de oportunista que, además, produjo la pérdida de la única propiedad que tenía el padre de los Minnicelli. El ahora detenido se metió en negocios que salieron mal, quedó con deudas, y esa propiedad de Santa Cruz fue embargada por la justicia. Pero como en campaña electoral la alianza político-mediática-judicial recurre a lo que sea, entre el domingo y el lunes se despacharon con titulares y más titulares. En ninguno figuraba que a Minnicelli lo buscaban por una tentativa de contrabando durante el gobierno de Mauricio Macri y con funcionarios macristas involucrados.

Fuente: Tali Goldman | Nuestras voces Fecha: 29 de JULIO 2017 La tensión entre el Ministro de Justicia, Germán Garavano y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj ya no puede ocultarse. Rumores de renuncia, pases de factura, desautorizaciones en público y peleas por falta de presupuesto son algunos de los temas que atraviesan esta tensa relación. El punto álgido de la contienda entre ambos llegó en marzo cuando Garavano aprovechó un viaje de Avruj y le ocupó su oficina. A su regreso el Secretario tuvo que mudarse obligado. En lo único en lo que coinciden es en su deseo de que Milagro Sala siga presa. En su portada del lunes 24 de julio, el diario La Nación titulaba “El Gobierno mudará el Ministerio de Justicia al predio de la ex Esma”. Allí el ministro de Justicia, Germán Garavano, informaba que las gestiones ya estaban avanzadas y que el traslado al predio donde funcionó el centro clandestino de detención más emblemático durante la última dictadura cívico-militar ya era un hecho. Pero la mudanza, más allá de lo que implica, desnuda una interna feroz que ya es vox populi entre el mundillo de la justicia y los derechos humanos: Germán Garavano y Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos, son los protagonistas de una guerra fría que ya no les interesa ocultar. En la nota de La Nación, Garavano tiene un objetivo claro. Dejar en evidencia que su ministerio comprende tanto la de Justicia como la de Derechos Humanos. “Según el ministro, ‘es frecuente que se olvide’ que su cartera es de Derechos Humanos y no sólo de Justicia, y su idea es ‘devolver ese equilibrio’», explica la periodista de la nota. Y no es casual. Lo cierto es que el buen vínculo que supo tener Avruj con los organismos de derechos humanos, que viene de la época en la que ocupaba la misma cartera en la Ciudad, está cortado. Si bien aún existe diálogo, después del escandaloso fallo del 2×1 –que primero apoyó y después tuvo que desdecirse tras la reacción popular–, ya perdió legitimidad entre los organismos. Y eso Garavano lo sabe y lo aprovecha. Por caso, en la reunión que mantuvieron hace dos meses con los organismos de derechos humanos para, justamente, hablar sobre el futuro traspaso del ministerio al predio de la ex Esma, Garavano no hizo menos que desautorizar a Avruj adelante de todos. Los organismos llevaron con cierta preocupación algunas ideas que había manifestado públicamente el secretario de derechos humanos como transformar a la exEsma en un “Centro cívico de Derechos Humanos de Latinoamérica” o sacar las rejas del predio para hacerlo más “amigable a la gente”. En declaraciones a la agencia oficial Telam, Avruj había declarado que su objetivo era rediseñar el predio “para que sea un espacio verde alrededor de los edificios y abierto a la ciudadanía”. Los organismos planteaban que el objetivo de Avruj era “desvirtuar” el contenido y el objetivo principal del predio que es nada menos que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Quédense tranquilos”, aclaró Garavano delante del ministro, “con el traspaso yo vengo a jerarquizar este espacio y vamos a hacer solo cuestiones de Justicia y Derechos Humanos”. En el entorno de Avruj aún anhelan que su cartera deje de depender del ministerio de Justicia y pase a la órbita de la jefatura de gabinete, como sucedía en la Ciudad. Tenían las esperanzas puestas en que entrara en el combo con los últimos cambios en el gabinete nacional, pero todo se desvaneció de un plumazo. El secretario de Derechos Humanos aún recuerda con cierto placer cuando en la ciudad no tenía a nadie por encima. “A él no le gusta ser el segundo de nadie”, explica una persona que tuvo trato cotidiano cuando trabajaba en la Ciudad. El origen de la pelea, como siempre, tiene un único motivo: el presupuesto. La secretaría que comanda Avruj no tiene ni caja ni firma propia. Es decir, tanto una designación como el pedido de productos de limpieza, tienen que ser aprobados por Garavano. Ninguno es tonto, y con estas cartas sobre la mesa, ambos saben poner en jaque al otro. Pero también ambos saben el peso y la banca que tiene el otro. Avruj es un hombre de línea directa con el Presidente, es habitué en los partidos de fútbol que organiza Macri en Olivos y todas sus declaraciones públicas vienen directamente de Balcarce 50. Garavano, en cambio, mantiene cierta autonomía. Si bien tiene el respaldo, sobre todo, de Marcos Peña, es un hombre que proviene del mundo académico y con vínculos que exceden al Pro. Apenas asumió el gobierno de Cambiemos, en diciembre de 2015, el ministerio de Justicia tuvo su primer gran conflicto. Como durante la campaña el propio Mauricio Macri le había hecho promesas al referente de la comunidad qom, Félix Díaz, que sus reclamos iban a ser oídos, cuando llevaba unos pocos días ocupando el Sillón de Rivadavia, dio la orden de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pase del ministerio de Desarrollo Social al de Derechos Humanos. Pero desde ese día y durante un año y medio los casi 300 trabajadores que se mudaron de órbita estuvieron reclamando que les adecuaran el sueldo correspondiente. Hicieron panfletos, paros, asambleas, tuvieron reuniones con todos hasta que finalmente, después de varios meses, los recibió Garavano. “Vayan y tomen la secretaría de Derechos Humanos”, dijo sin pelos en la lengua el ministro, en una mesa que compartían trabajadores y funcionarios. Todos lo miraron desorbitados y entendieron que la guerra estaba declarada. Pero lo mismo ocurrió a la inversa. Cuando el conflicto ya no encontraba cauce y las resoluciones estaban frenadas, los trabajadores decidieron hacer un escrache en el ministerio de Justicia. Los asesores de Avruj tenían una sonrisa que no les entraba en la cara. La falta de diálogo entre Garavano y Avruj era tal, que el conflicto terminó de resolverse luego de un fin de semana en el que ambos coincidieron en un “timbreo” de

Fuente: Adrián Murano | TiempoAr Fecha: 29 de JULIO 2017 Con un documento histórico y rotundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio 15 días al Estado argentino para que Milagro Sala salga de la prisión de Alto Comedero, donde lleva más de un año privada de su libertad. El documento retoma la investigación que un grupo de trabajo de Naciones Unidas realizó en Jujuy. La cautelar hace referencia a esa tarea, convalida sus conclusiones y exige la liberación de la dirigente social. «El Estado Argentino, de conformidad con sus obligaciones internacionales, se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata», dice el artículo 45 de la medida cautelar. La contundencia de la resolución obligó al gobierno a desplegar toda su artillería mediática para manipular los hechos a gusto y necesidad. A través de sus medios afines, el macrismo buscó imponer que «la CIDH recomendó que Milagro siga presa, aunque en su domicilio» (Clarín) y «que pase a prisión domiciliaria» (La Nación). Ambas afirmaciones son falsas. Al tratarse de una medida cautelar, la resolución no aborda la cuestión de fondo —si Milagro está bien o mal detenida—, sino las consecuencias físicas y psicológicas de los apremios que sufre desde que está en prisión. En ese sentido, la resolución detalla los abundantes indicios de maltrato y llega a un desenlace implacable: “La Comisión concluye, al valorar la integralidad de la situación planteada desde el estándar de prima facie, que el requisito de gravedad se encuentra cumplido, al encontrarse en riesgo los derechos a la integridad personal y a la vida de la señora Milagro Sala.» Es por esa situación de riesgo que la comisión insta al Estado argentino a que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad» de la dirigente. Lejos de ser una recomendación, como sugirió el gobierno de Cambiemos, la comisión describe algunas «medidas alternativas a la prisión preventiva» que el Estado podría adoptar para cumplir con la resolución. Una es el arresto domiciliario. Otra, «que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica». En ningún párrafo del documento la CIDH recomendó que «Milagro siga presa», como inventó el periódico ultraoficialista Clarín. En efecto, en el punto 48.6 la CIDH considera que el hecho de que Milagro «continúe privada de su libertad» a pesar de las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, «constituye un posible indicio que reforzaría lo alegado por los solicitantes en cuanto a la presunta intención de criminalizar su liderazgo social». O sea: la CIDH cree que hay elementos para considerar que Milagro es una presa política. Como se consigna en el documento, Milagro fue apresada el 16 de enero de 2016 por realizar una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. En las formas, la orden de detención fue emitida por un fiscal. Pero la decisión fue del entonces flamante gobernador, el radical Gerardo Morales, que acumuló volúmen político aplastando a una de las líderes sociales más potentes y, por lo tanto, odiadas por el establishment local. Miembro pleno de Cambiemos, Morales forjó su autocracia al amparo del Ejecutivo nacional: destruyó la obra de la Tupac, cooptó organizaciones sociales, nombró jueces adictos y sembró un régimen que domestica a base de billetes y persecución judicial. Los atropellos de Morales recibieron el repudio de los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos del mundo, como Human Right Watch y Amnesty International, quienes identificaron a Sala como una presa política. El informe de la CIDH hace una referencia en la misma dirección: «La Comisión ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia, y que sería identificada con parte representativa de un sector de oposición». Argumentos similares expusieron, en octubre pasado, los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU que calificó de «arbitraria» la detención de Milagro Sala. Fiel a su estilo pendenciero, Morales replicó con una provocación: «A los organismos internacionales les falta información, han escuchado una sola campana. Si los organismos afirman que se viola un derecho, lo que tendrían que hacer es actuar inmediatamente, deberían venir con premura», dijo Morales. Los organismos tomaron el consejo. Delegaciones de la ONU y la OEA estuvieron en Jujuy, comprobaron las condiciones de detención de Milagro, revisaron expedientes y emitieron documentos que detallan el hostigamiento del régimen y piden el cese de la detención. A conclusiones idénticas llegó la procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien hace ya tres meses remitió a la Corte Suprema un dictamen donde solicita que se deje «sin efecto» la detención de la dirigente, a la que calificó de «ilegal». Atenta a los intereses políticos del gobierno, la Corte mantiene en suspenso su decisión. En los hechos, esa dilación prorroga el «hostigamiento» que pone en riesgo la «vida y la integridad» de Milagro, según las propias palabras de la CIDH. La resolución de la comisión, sin embargo, podría empujar a la Corte a tomar una decisión, para no quedar expuestos como cómplices de atropellos que suman repudios en el mundo. El gobierno espera, también, que la Corte resuelva el asunto para reducir el costo político que puede sufrir frente a sus fanáticos. Esa fracción de oficialistas, guiada por el odio anti K, considera que las acusaciones contra Milagro son caso cerrado y cree que está «bien presa». Los propios Macri y Morales alentaron esa demonización, que contradice el principio de presunción de inocencia, para hacer uso político de «la grieta» y debilitar a las organizaciones sociales. Si la Corte resolviera que Milagro debiera cumplir prisión domiciliaria, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro: mantendrá detenida a una de las dirigentes que más detesta, pero podrá decir que cumplió con la

Fuente: Aram Aharonian* | Nodal Fecha: 28 de JULIO 2017 Finalmente, el gobierno macrista avanzó contra el único director opositor del Banco Central, el jurista Pedro Biscay y el miércoles 27 de julio oficializó su remoción por “mediar mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Obviamente, el objetivo de su salida forzada fue la de silenciar e invisibilizar su opinión sobre la política monetaria y cambiaria, la que había cuestionado públicamente por su alto nivel de endeudamiento en detrimento del empleo y desarrollo económico con equidad social. “No están dispuestos a tener una voz crítica en el directorio del banco”, afirmó Biscay. La remoción de Biscay refleja la falta de pluralismo y las actitudes antidemocráticas del gobierno de Macri, que en plena campaña para elecciones parlamentarias, el día antes había perdido una dura batalla en el Congreso al no lograr la expulsión del diputado Julio de Vido, exministro de Planificación del gobierno kirchnerista. Pensamiento único, mensaje único El decreto lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El mismo, elimina el imprescindible control social democrático de una entidad clave para la sociedad, como es el banco Central y es interpretado por los analistas argentinos como una muy seria persecución política e ideológica La decisión contiene falsedades y refleja el autoritarismo con que se maneja Macri y su gabinete. En la Reserva Federal de EEUU y en los bancos centrales europeos, los Directores hacen públicas sus opiniones, muchas veces disidentes respecto a las políticas a seguir. El mal desempeño no es de Biscay sino de quienes con sus políticas a partir de diciembre de 2015 han aumentado la inflación , provocando inestabilidad monetaria y financiera, generando una recesión, aumentado el desempleo y la exclusión social, en abierta violación al artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, señaló el anterior presidente del mismo, Alejandro Vanoli. Precisamente, el ministro Dujovne informó a la Oficina Anticorrupción que posee un patrimonio de 97 millones de pesos, de los cuales 74 millones están afuera del país, pero pareciera no tener interés en retornarlos, en medio del “clima de confianza” que según él impera en la Argentina a partir de las políticas macristas. El 10% de su patrimonio (alrededor de 600 mil dólares), dice la Agencia Paco Urondo, son ganancias de su compras de dólar a futuro y las devaluaciones producidas por su gobierno.. Biscay, abogado de 38 años, había sido designado en agosto de 2014 por el Congreso y tenía mandato hasta 2019. Acallando a Biscay, el gobierno pretende tener una voz monocorde (un mensaje único) . “Mala conducta tienen aquellos que no defienden los destinos de la patria”, afirmó Biscay, quien sostuvo que “no hay pruebas que determinen el mal desempeño”. Anteriormente, el jurista fue coordinador del área Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y es reconocido como uno de los más serios expertos en la materia en Latinoamérica. Biscay —único Director en ejercicio elegido por el Senado de su país y con un mandato hasta septiembre de 2019— adelantó que iniciará una demanda por entender que “hay una interferencia manifiesta de la independencia del Banco Central” donde dijo que “la gestión del presidente del Central (Federico Sturzenegger) es totalitaria”. El gobierno acusó a Biscay de realizar “afirmaciones que ponen en riesgo los objetivos establecidos” en la Carta Orgánica del Banco, “particularmente en lo que se refiere a la estabilidad financiera en un sistema bancario de encajes fraccionarios y en el marco de un país que ha atravesado múltiples crisis cambiarias y bancarias en las últimas décadas”. En los últimos meses, el abogado había publicado una serie de artículos en los que analizaba la política económica y monetaria del gobierno y advertía la posibilidad de una crisis, que vive ya el país, cuando el valor del dólar alcanzó su máximo histórico y la inflación sigue avanzando. “Esta situación demuestra que el país atraviesa una etapa de agudo avasallamiento a las instituciones y a las bases republicanas y democráticas nunca antes visto en gobiernos constitucionales. Estamos viviendo en un estado cercano a la excepción, donde la ley deja de ser la pauta de actuación de los servidores públicos. Y pone en serio riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y el conjunto de bienes jurídicos que deben ser promovidos y protegidos en una sociedad democrática”. El poder fáctico local se subordina al gobierno global de las multinacionales. No admite oposición parlamentaria o en algún organismo del Estado; la aspiración del gobierno es avanzar en una nueva enajenación de empresas públicas de carácter estratégico, entre ella la industria satelital y nuclear. ¿También van a sancionar a la OCDE? El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, uno de los firmantes de la destitución, señaló que “no hay ninguna cuestión rara, con lo cual no hay ninguna razón para la victimización que tanto les gusta”. El presidente de la comisión de Finanzas de Diputados, el macrista Eduardo Amadeo, aseguró que “la libertad de expresión es absoluta”, y señaló que el ex funcionario fue “extremadamente imprudente” con sus declaraciones: “Habla de crisis todo el tiempo, del dólar, ha sido extremadamente imprudente”, aseveró. El propio Peña sería responsable por no denunciar oportunamente las expresiones “poco prudentes” de Biscay, ya que así lo establece clara,mente la ley 25.188 de ética pública y sus normas complementarias. Es Peña quien pone en evidencia que la críticas hechas por Biscay son veraces y no sus falsas repetidas afirmaciones de que “no hay nada que preocuparse” con la escapada del dólar en los últimos días. El reconocimiento público de Peña es que han sido “muy sensibles” las críticas hechas por el removido funcionario ya que “Argentina que tiene tanta memoria de las crisis, la gente siempre está mirando el dólar y las tasas de interés”, Si el decadente funcionario está tan seguro de la “excelente” gestión de Sturzenegger al frente del Banco Central. ¿por qué teme tanto a las opiniones

Fuente: Mariana Escalada & Agustin Ronconi | El Disenso Fecha: 28 de JULIO 2017 Título completo: Macri a cada reunión que va se encuentra con un delincuente: en Misiones se fotografió junto a un narco condenado Macri se fotografió junto a un traficante de droga en Misiones. En esta investigación exclusiva de El Disenso te contamos junto a quien sonríe Macri en la foto que ilustra esta nota. Se trata de Carlos Patricio Vedoya, condenado por tráfico de estupefacientes a 6 años de prisión por la doctora Badaro, pero Vedoya también estuvo involucrado en el doble homicidio de El Acuerdo junto a su hermano Patricio, y el tiroteo de Cocomarola entre otros delitos. Hoy Macri estuvo en Misiones y aprovechó la oportunidad para fotografiarse junto a referentes locales. Luego del escándalo en Tucumán donde compartió escenario y presentó como “ejemplo” y “referente de la juventud” a Agustín Romano Norri, denunciado por acoso sexual y que ese mismo día realizó escandalosas declaraciones respecto a Eva Perón a quien trató de “puta” arengando “Que viva el cáncer», hoy en Misiones se encontró con un traficante de estupefacientes que fue condenado a prisión por 6 años y que estuvo imputado y detenido por un doble homicidio. En la causa caratulada: “VEDOYA, CARLOS PATRICIO Y OTROS S/TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES”, Expediente Nº 301/04, Carlos Patricio Vedoya, comerciante y ganadero, fue condenado por la Jueza Lucrecia M. Rojas de Badaro a la pena de 6 años de prisión y el pago de una multa de $500 por haber sido encontrado culpable del delito de transporte de estupefacientes. En esa oportunidad, Vedoya, que viajaba junto a Jorge Ayala, Rodolfo y Ricardo Caferatta, fue detenido en la ruta provincial 41 de Corrientes por Gendarmería, que comprobó que en la camioneta Ford F-150 transportaban 20 kilos de marihuana. Al pedirle los oficiales que abrieran los bultos en la caja, Vedoya, que estaba al volante, se dio a la fuga pero fue interceptado y detenido por los uniformados. Los investigadores trabajaron sobre la hipótesis de que la marihuana secuestrada se cargó en la estancia de los Vedoya en el límite con Misiones. Carlos Patricio Vedoya ya había estado involucrado en el tiroteo de Avenida Cocomarola en Posadas, donde resultó herida una transeunte que pasaba por el lugar. En esa oportunidad fue el juez José Luis Rey quien indagó a Vedoya por los delitos de “abuso de armas en concurso con lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego». Respecto al doble homicidio de El Acuerdo, es un hecho reciente que aún se encuentra investigándose pero el 13 de mayo pasado, el juez Fernando Luis Verón, dictó la prisión preventiva para Martín Vedoya, hermano de Patricio, sospechado de haber tomado parte en el doble homicidio de Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra, ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2016. Patricio Vedoya fue imputado y detenido por el doble crimen de El Acuerdo en diciembre pero luego la causa fue avanzando y de acuerdo a declaraciones del propio Vedoya, el juez Verón considera que su hermano Martín es el ideólogo del crimen. El pasado 27 de junio, Vedoya asumió como nuevo presidente de Guaraní, equipo de fútbol de Misiones. Durante la visita de Macri, el helicóptero presidencial utilizado partió desde la cancha de Guaraní y Vedoya ofició de anfitrión del primer mandatario. Al papelón de haber compartido escenario y presentado como “ejemplo para la juventud” a Romano Norri en Tucumán, y al escándalo de la narcoreferente misionera de la juventud del PRO detenida con 5 kg de cocaína en Brasil, ahora se suman las fotos con Vedoya. Links relacionados: Macri compartió escenario con referente de Cambiemos denunciado por acoso que hoy dijo que “Evita es puta” y “Viva el cáncer” Para Duran Barba con cariño: detienen a referente de Cambiemos por narcotráfico

Fuente: Irina Hausser | Página 12 Fecha: 24 de JULIO 2017 El fiscal Delgado impulsa una causa penal para investigar si se hizo o no el sorteo para nombrar al juez Irurzun en la Dirección de Captación de Comunicaciones. Una semana antes ya había trascendido quién sería designado. Como buen organismo de espionaje, la Dirección que se ocupa de las escuchas telefónicas está cargada de misterios, que se multiplicaron desde el día uno en que pasó a ser controlada por la Corte Suprema. El fiscal Federico Delgado decidió impulsar una investigación penal para determinar si fue trucho o ni siquiera se hizo el sorteo del titular de esa dependencia, el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal. El dictamen de la fiscalía imputa a los jueces supremos que firmaron una acordada con esa designación –que son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda– y al secretario general de administración, Daniel Marchi, que aparece como fedatario. Se basa en una denuncia que hizo el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en función de una nota publicada por PáginaI12 el 20 de junio último, que revelaba que en el expediente sobre la oficina de escuchas no hay ninguna constancia ni acta de que se haya hecho el sorteo, que es obligatorio según el decreto que dispuso el traslado del área desde la Procuración hacia el máximo tribunal, y que se debe hacer entre las decenas de camaristas federales de todo el país. Hasta hubo publicaciones periodísticas previas al menos en dos diarios que anunciaban que el camarista “sorteado” para el cargo iba a ser Irurzun. Delgado también quiere investigar la prolongación por un nuevo decreto del mandato del mismo camarista, que en un comienzo duraba un año y cuando se le estaba por vencer pasó a durar tres, lo suficiente como para acompañar al gobierno de Mauricio Macri hasta el final. Delgado señaló en su requerimiento que se debe analizar si hubo una falsedad de documento público, ya que el texto de la acordada en la que los jueces supremos nombraron a Irurzun como titular de la llamada Dirección de Captación de Comunicaciones (el 15 de febrero de 2016) dice que lo hicieron por sorteo, pero no especifica qué mecanismo se usó (puede ser con bolillero o un sorteo informático, como se hace por lo general con las subrogancias), ni hay acta adjunta que acredite su realización, y en el máximo tribunal las fuentes consultadas por este diario no tienen noticia de que se haya hecho. El fiscal pidió una serie de medidas iniciales básicas, desde la incorporación al expediente de todos los decretos vinculados con la creación y el funcionamiento de la Dirección de escuchas, las notas de La Nación y Perfil que anuncian la designación de Irurzun el fin de semana previo a que se concretara el supuesto sorteo, los elementos que puedan acreditarlo y la declaración de empleados y funcionarios de la dependencia a cargo del tema. La que suele ocuparse de los sorteos y de la implementación de nuevas estructuras es la Secretaría de Administración, que conduce el contador Marchi, hombre de máxima confianza de Lorenzetti. Parrilli presentó la denuncia en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, porque allí tramita la causa donde se investiga el origen de las filtraciones públicas de sus comunicaciones telefónicas, algunas con Cristina Fernández de Kirchner y otras con funcionarios que lo acompañaban en la AFI, como Juan Martín Mena. Fueron todas intervenciones telefónicas que se hicieron durante la nueva gestión en la central de espías, a cargo de Gustavo Arribas, y desde que pasaron a la órbita de la Corte Suprema. Unas se hicieron en un caso de supuesto encubrimiento del narco Ibar Pérez Corradi y otras, previas, fueron parte de una “precausa” iniciada por la propia AFI con la pretensión de verificar si Parrilli se había llevado material del organismo de inteligencia. Esta escucha se hizo apenas asumió Arribas y mientras el área de intervenciones pasaba a la Corte. Duró cuatro meses pero la jueza María Servini de Cubría cerró el caso, y después empezó la de la causa de Pérez Corradi a cargo de Ariel Lijo. Ninguna de esas conversaciones arrojó nada de interés penal, sólo una pintura de la vida privada del ex funcionario y sus diálogos en confianza con la ex presidenta que fueron mostrados por algunos medios. Frente a la nueva denuncia de Parrilli por Irurzun y los decretos de escuchas, Canicoba Corral prefirió mandar a abrir una nueva investigación. El sorteo informático lo designó a él mismo, junto con el fiscal Delgado. Poder concentrado Durante muchos años, la dependencia que manejaba las escuchas telefónicas perteneció a la ex Side y era conocida como la Ojota (Oficina de Observaciones Judiciales). Su función siempre fue técnica: es el lugar donde se registran las conversaciones, en los casos de delitos que requieren rápida acción se siguen en directo (como con los secuestros extorsivos) y todo se graba en CDs. Las intervenciones sólo se pueden hacer con la orden de un juez o jueza y por el tiempo que éstos determinen. En ocasiones, alguna fuerza de seguridad colabora con la toma de las escuchas o su desgrabación, según indica el juzgado. Pero esa es su única actividad: grabar, horas. Cuando se perfilaba la sanción de un código procesal acusatorio que daría facultades de investigación más fuertes a los fiscales y mientras se reformaba la ex Side, las escuchas fueron mudadas a la Procuración. Con el desembarco de Macri, un decreto las sacó de la órbita de Alejandra Gils Carbó y las mandó a la Corte. Desde que se hizo el traspaso curiosamente empezaron a trascender episodios de espionaje político. Aquel decreto decía que el organismo estaría a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, a designar por sorteo, y señalaba que duraría un año en funciones, sin chances de renovar hasta pasados cinco años. Este año, cuando se estaba por vencer el mandato de Irurzun el

Fuente: Roberto Caballero | TiempoAr Fecha: 15 de JULIO 2017 El modelo oficial no cierra sin represión. El conflicto social ya no es incumbencia del Ministerio de Trabajo, no con este gobierno, sino del Ministerio de Seguridad. Lo que pasó en PepsiCo pasó antes con los trabajadores de Cresta Roja, en la Carpa Itinerante de los docentes, en la 9 de Julio contra el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala y en distintas provincias contra los empleados públicos. Nada de esto puede separarse, tampoco, de la intervención de varios sindicatos y de la criminalización de algunos de sus dirigentes, como ocurrió hace poco con los Canillitas. Pero no son excesos. Se trata de una política. La de sumisión o palo. La Argentina de Macri pretende rebajas salariales directas o indirectas. Directas, con paritarias con techo por debajo de la inflación de las góndolas. Indirectas, con flexibilización laboral presentada como aumento de «la productividad». La desocupación de dos dígitos es funcional a este fenomenal ajuste de los ingresos. Disciplina a los que viven de su trabajo, porque los obliga a elegir entre sueldos miserables o la intemperie de la calle. Atrás quedó el reclamo por el Impuesto a las Ganancias, parte de la airada agenda sindical contra el gobierno de Cristina Kirchner: hoy las protestas son defensivas, en un contexto de deterioro creciente de las condiciones de vida, donde la discusión es por el monto indemnizatorio o la cantidad de puestos de trabajo que se resignan. Para los que no se alinean con estos objetivos existe, de mínima, el despido o el gas pimienta; de máxima, la bala de goma, el palo o, peor aun, el celular policial. No es lo mismo un gobierno neoliberal que otro que desafía las desigualdades del mercado. Nunca lo fue. La lección actual, para algunos, es áspera y angustiante. La memoria de los ’90 quedó paradójicamente sepultada bajo 12 años de distribución positiva de la renta. Este ajuste es hijo de una prosperidad que se suponía eterna. Prosperidad que no era viento de cola, sino fruto de políticas inversas a las que hoy se aplican. Las políticas distributivas y de fomento del empleo generan mejoras del ingreso, consumo interno, condiciones de trabajo en alza y también fortalecen la organización sindical. Actuar al revés, es decir, desatarle las manos al mercado, replegar al Estado en su rol regulador de las voracidades empresarias y naturalizar los despidos y la precarización, como se hace hoy, produce todo lo contrario. Es lo que estamos viviendo. Y todavía falta más. Si Cambiemos gana en octubre, lo que vimos hasta ahora será apenas el prólogo a un calvario mayor. Frente a este panorama, la CGT sorprende por su complacencia con las políticas oficiales. Para reclamar por las Ganancias del pasado, sus dirigentes hacían fila para ver quién hacía el discurso más duro frente a los micrófonos. Ahora que todas son pérdidas, parece que pasaron a la clandestinidad. Pero no para seguir peleando por los derechos de sus afiliados, sino para evadir sus responsabilidades de representación. En toda la historia del movimiento sindical existieron etapas de auge y retroceso, muchos pasajes heroicos y también de los otros, dirigentes combativos y entreguistas. El caso de los actuales triunviros de la CGT ni siquiera los pinta como colaboracionistas (que los hay) de un gobierno que ataca a los trabajadores y sus conquistas. Es peor que eso: son turistas del conflicto social. Pasan, ven y siguen de largo. Las violentas escenas en la planta de PepsiCo merecieron un tibio repudio teatralizado del trío Daer, Schmidt y Acuña, un llamado a escribir un documento crítico que vería la luz en dos semanas y, quizá, una movilización para dentro de un mes y medio. Lloverán millones de atriles por los aires antes de que la actual conducción de la CGT decida ponerle un freno al gobierno de Macri. Porque no hay Toscos, ni Ubaldinis, ni Moyanos en ese triunvirato. Sino un frío cálculo político, no asemejable a la cobardía siquiera. Daer, Schmidt y Acuña son los nombres de una estrategia diseñada en las sombras por expresiones electorales que no tienen un modelo alternativo al actual. No son macristas, quizá, por estética, pero en los hechos, los triunviros acompañan a diputados y senadores que le votaron a Macri las leyes necesarias para desplegar su proyecto de exclusión y ataque al modelo sindical argentino. Desgajamientos en capítulos de la coalición kirchnerista original que entró en crisis cuando el kirchnerismo ya no tuvo oportunidades de reelección. El massismo antes, el randazzismo ahora. La comprensión que tienen con Macri, su mirada de turista sobre los asuntos que queman, es producto de un antikirchnerismo táctico que se volvió maniático con el correr el tiempo. De modo cada vez más inexplicable, como hacen Massa o Randazzo, los dirigentes cegetistas tienen más críticas hacia la oposición K que hacia el gobierno neoliberal. La grieta entre dirigencia y representados aumenta, semana a semana. El vigor de la Corriente Federal de los Trabajadores, liderada por Palazzo (bancarios) y Amichetti (gráficos), se explica porque, precisamente, caracterizaron correctamente al gobierno desde el inicio e hicieron una valorización positiva del modelo anterior, aun con sus insuficiencias. Avanzan también las negociaciones de este sector con el camionero Pablo Moyano, que hoy diluye sus críticas al kirchnerismo y acerca posturas con los agredidos por el ajuste. Las dos CTA y los sectores clasistas y de izquierda, pasado el round electoral, muy probablemente confluyan en modo unitario con este nuevo espacio que tendrá un papel central a jugar después de octubre. El trabajo de la Corriente Federal de los Trabajadores es para destacar, en contraste con la inacción de los triunviros. Buena parte de los regionales de la CGT responden a esta línea combativa, abiertamente opositora a Macri. Pocos los saben, pero muchos de sus dirigentes fueron los tejedores del armado de las listas de la Unidad Ciudadana en provincia de Buenos Aires, allí donde había grupos peronistas y progresistas que no podían sentarse a dialogar. Esta nueva

Fuente: Jorge Elbaum | Nuestras Voces Fecha: 10 de JULIO 2017 Un Secretario de Derechos Humanos que desarticula sistemáticamente los programas de su propia secretaria. Claudio Avruj, el pichón de Beraja que todavía le cubre los trapos sucios a su mentor en la justicia, los medios y la colectividad judía. Del encubrimiento del atentado a la AMIA al vaciamiento de los programas de Derechos Humanos de la era Macri. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación se ha encomendado a la tarea de vaciar, precarizar, invisibilizar y, si es posible, extinguir la totalidad de los programas instituidos en los últimos veinte años de democracia. Dichas actividades estaban destinadas a prevenir, capacitar, difundir, y asesorar en temáticas relacionadas con la discriminación, la violencia institucional y los crímenes de lesa humanidad. Los antecedentes biográficos, institucionales, empresariales, que posee Claudio Avruj, más el carácter de los funcionarios nombrados desde que asumió, explican con claridad el trasfondo del plan para anular el rol de la Secretaría. El resultado: víctimas y afectados sin atención, debates silenciados, causas judiciales paradas, acciones de prevención olvidadas y ausencia de acciones sobre nuevas violaciones a los DDHH. Berajismo Claudio Avruj no sería el funcionario que es hoy si no hubiera sido nombrado por Rubén Beraja, en 1997, como director ejecutivo de la DAIA. Venía de un paso por Centroamérica donde trabajó para una organización internacional (hoy vinculada a los sectores conservadores de la comunidad judía estadounidense). Su rol prioritario en la entidad ubicada en la calle Pasteur 633 consistió, entre otras funciones, en asistir al presidente de la entidad, denunciado años después como parte de un entramado destinado a encubrir el atentado a la AMIA. Beraja –al igual que el de muchos integrantes de la DAIA de entonces—se dedicaron a instalar pistas falsas, en connivencia con la SIDE menemista y el Juez Eduardo Galeano. Los años en la DAIA le permitieron a Avruj, además, sumar un título universitario a sus arcas simbólicas: comenzó su Licenciatura en organización Institucional en la Universidad Hebrea Bar Ilán, ubicada en Boulogne Sur Mer y Perón. En su paso por los claustros, el alumno Avruj se había hecho conocido por solicitar a sus profesores aquiescencias temporales y clemencias de calificación: sus repetidas ausencias y su limitado apego al estudio no se reflejaban en su avance y aprobación de materias. Varios profesores entrevistados para esta investigación atribuyeron la rápida obtención de su titulo al hecho de que el dueño/presidente de la universidad era el propio Beraja. Como Director Ejecutivo de la DAIA, Avruj fue financiado por la fundación “Creer y Crecer”, Think Tank coordinado por Rodríguez Larreta. Este vínculo subrepticio fue utilizado para poner a las oficinas de Pasteur 633 como centro impulsor de las dos candidaturas de Mauricio Macri a Jefe de Gobierno. Una de ellas, quizás la más grosera, incluyó el armado de una “Mise-en-scène” de debate político pre-eleccionario, en abril de 2007, en la que participaron el propio Mauricio Macri y Daniel Filmus. En esa ocasión, la coordinación del evento estuvo a cargo del propio Claudio Avruj y los asistentes al mismo no pudieron disimular el escandaloso desbalance por el rol cumplido por el entonces director ejecutivo de la DAIA. Mediante estratagemas absolutamente incompatibles con el estatuto de la propia DAIA, que se declara(ba) “apartidaria”, organizó sistemáticas operaciones de prensa –en connivencia con los matutinos La Nación y Clarín— destinadas a convertir al peronismo y al resto de las fracciones ligadas al nacionalismo popular en versiones de claro cuño antisemita. Parte de esta difusión maliciosa incluyó la metódica difusión de tergiversaciones dirigidas hacia medios de comunicación internacionales y embajadas extranjeras donde sistemáticamente se sembraba la creencia de que el gobierno kirchnerista expresaba una clara impronta judeofóbica. Dicha siembra de falsedades fue canalizada posteriormente por los sectores berajistas y el candidato a diputado nacional Waldo Wolff, para orientar el caso de la denuncia y la muerte de fiscal Natalio Alberto Nisman, como el paradigma indudable de la persecución a una minoría. Operaciones Uno de los responsables de “operar” a los periodistas y diplomáticos extranjeros era el propio Claudio Avruj, con la colaboración del citado Alfredo Neuburger, quien se venía de desempeñar como asesor de Enrique Mathov, mientras éste último fue secretario de Seguridad del gobierno de la primera Alianza. Mathov fue condenado en mayo de 2016 a 4 años y 9 meses de prisión por su responsabilidad en los crímenes ejecutados por el gobierno de la primera Alianza, durante diciembre de 2001. Otro de los condenados en ese mismo juicio oral y público —en este caso a 4 años de prisión— fue el comisario Rubén Santos que un mes antes de esos episodios trágicos fue condecorado por la DAIA por “su compromiso con la comunidad judía de la argentina” en relación a la seguridad. En ese acto de noviembre de 2001, meses antes de la represión desatada por el gobierno aliancista. Los intrincados vínculos de la DAIA/AMIA con la Policía Federal y la Metropolitana remiten por un lado a la permanente necesidad de las instituciones judías de garantizarse la seguridad en los perímetros de sus escuelas, clubes y templos, hecho que motivó un circuito de financiamiento, desde estas últimas hacia las comisarías responsables de la seguridad. Esa circulación de dinero equívoco –cuyo movimiento inicial se remonta al año 1992, luego del atentado a la embajada de Israel, terminó sellando un imbricado pacto de protección (y silencio) compartido. Uno de los cicerones encargados de vehiculizar los acuerdos ha sido, desde mediados de los años ´90 hasta la actualidad, Claudio Avruj, quien se convirtió en el facilitador de la “visita” de los jefes policiales al edificio de Pasteur. Uno de los últimos jefes de esa fuerza, hoy procesado y encarcelado por actos de corrupción es el comisario José Potocar, quien es acusado de manejar una “caja paralela” de fondos ilegales para “garantizar» seguridad a comercios, instituciones y prostíbulos, gestionando “áreas liberadas” disponibles para justificar dichas recaudaciones. El intricado vínculo entre la policía y la AMIA/DAIA ha sido motivo de una extraordinaria investigación periodística