Politica

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 Fecha: 24 de AGOSTO 2017 El ex canciller Héctor Timerman viajó en forma pública a la ciudad siria de Alepo a fines de enero de 2011, se encontró allí con el presidente Bashar al Assad porque el mandatario estaba en su residencia de invierno y no en la capital, Damasco. No hubo ninguna reunión con el canciller iraní, Alí Akbar Salehi, y ni siquiera se habló de la cuestión de la AMIA con el presidente Assad. Sin embargo, el diario Clarín intentó ayer montar un nuevo show, en sintonía con el Gobierno, el fiscal Gerardo Pollicita y la DAIA en base a una testimonial del ex embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad. El diplomático quiso plantar judicialmente que el viaje a Alepo fue secreto, aduciendo que “tiempo después se enteró por funcionarios sirios que Timerman estuvo en Alepo”. Su segundo, el cónsul Alberto Pezzoni lo desmintió en la misma causa judicial: el diplomático declaró que “todos sabíamos que viajaba a Alepo”. Más contundente todavía es que la agencia Télam y la agencia oficial siria informaron, al día siguiente, de la visita y la reunión en Alepo entre el canciller y el mandatario. Incluso, el propio Ahuad escribió un informe en la misma fecha dando cuenta del viaje –nada secreto– de Timerman a Alepo. O sea que todo fue público y el entonces canciller no se vio con ningún representante iraní ni habló del tema AMIA durante su estancia de un día en la histórica ciudad siria. Los abogados de Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, pidieron ya hace un tiempo copia de la declaración de Ahuad y preparan una denuncia por falso testimonio. El objetivo de toda la maniobra desplegada ayer nuevamente es apuntar contra Cristina Kirchner y contra el ex canciller Timerman imputándoles delitos insólitos como traición a la patria o encubrimiento, argumentando que le dieron una supuesta ayuda a los sospechosos iraníes del caso AMIA. La idea-base es que hubo negociaciones secretas con Irán para garantizarle impunidad a los iraníes a cambio de un espectacular incremento en el comercio entre los dos países. Este supuesto acuerdo pergeñado en Alepo fue denunciado, por primera vez, por el fallecido periodista José “Pepe” Eliaschev. A raíz de su nota periodística, el fiscal Alberto Nisman lo citó a declarar y cuando le pidió alguna prueba, Eliaschev reconoció que tenía. El desmentido más categórico es que, en los hechos, lo que dijeron que se había acordado nunca se concretó: Los sospechosos iraníes siguen con órdenes de captura con alertas rojas. Y el secretario general de Interpol, el norteamericano Robert Noble, declaró que nunca hubo ninguna gestión ni de Timerman ni de ningún funcionario argentino para levantar esas capturas ni las alertas rojas. “Todo eso es falso”, le dijo Noble a PáginaI12 y a The Wall Street Journal cuando Nisman denunció a CFK y al ex canciller por gestionar un supuesto beneficio para los iraníes. En ningún momento hubo compras de petróleo iraní. El argumento era que la Argentina padecía una crisis energética y entonces el petróleo persa venía al rescate. La realidad es que el oro negro de Irán ni siquiera se podía refinar en la Argentina. Tampoco se produjo incremento en el comercio entre los dos países. Por otra parte, el memorándum con Irán se hizo público y fue votado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, de manera que no fue un tratado secreto. El ex embajador Ahuad declaró hace más de un mes, pero Clarín armó el show recién ayer, incluso adelantando que el fiscal Pollicita pedirá a fin de mes que CFK y Timerman sean citados a indagatoria. Todavía no se sabe si por el delito de traición a la patria o por encubrimiento, pero parece que la alianza político-mediático-judicial funciona a pleno. La secuencia de hechos relacionados con el viaje a Alepo fue la siguiente: Durante la asunción de Dilma Rousseff, el 1 de enero de 2011, funcionarios de la cancillería de Siria invitaron a Timerman a visitar ese país y a reunirse con Al Assad. La decisión de realizar la visita fue transmitida a la embajada de argentina en Siria, por cable oficial, el 3 de enero de 2011. El viaje se concretaría a fin de ese mes. Cuando Timerman llegó a Damasco se reunió con su par sirio, pero el presidente Al-Assad lo invitó a visitarlo en su residencia de invierno, en Alepo. Timerman aceptó la invitación y no llevó a Alepo al embajador Ahuad porque el encuentro sería a nivel del presidente y el canciller. Timerman partió por la mañana y volvió a la tarde. Vio al mandatario y luego caminó por el centro de la ciudad, por entonces una de las reliquias históricas de la Humanidad. Hoy, parte de los monumentos fueron destruidos por Isis. Al atardecer, el canciller volvió a Damasco, donde lo esperaba Ahuad. En toda la jornada no se encontró ni con el canciller de Irán ni con ningún funcionario del país persa. Tampoco habló con Al Assad sobre el atentado contra la AMIA. Los temas tocados fueron esencialmente el conflicto de Malvinas, la parálisis del proceso de paz entre Israel y los países árabes, el armado de una cumbre árabe-latinoamericana, en Perú, y la evolución de la comunidad siria de la Argentina. El viaje nunca fue secreto. Lo publicaron Télam, la agencia oficial siria SANA y, como declaró el cónsul, fue conocido por todos los funcionarios diplomáticos. El cable de Télam fue reproducido por numerosos medios, hasta en Infocampo. Resulta curiosa la declaración del ex embajador Ahuad. En primer lugar dijo que “tiempo después” se enteró que el viaje de Timerman dentro de Siria fue a Alepo. Y el mismo Ahuad firma un cable del día posterior, CA EASIR 010042 2011 de fecha 25 de enero de 2011, en el que relata en detalle el viaje del canciller a Alepo. Las curiosidades siguen. Ahuad sostuvo en su declaración que “funcionarios sirios”, a los que no identifica, le dijeron que

Fuente: M. Escalada & A. Ronconi | El Disenso Fecha: 20 de AGOSTO 2017 Desde que Cambiemos asumió el gobierno nos fuimos acostumbrando a diversas “puestas en escena” como forma de política diaria. Esto mismo ocurrió en las PASO, a la manipulación de datos, signada por una carga selectiva que priorizó los distritos donde ganaba Cambiemos, se sumó el freno al cómputo de datos ante la irreversibilidad de los resultados, y la falsificación de los telegramas del Correo, que son documentos electorales. De esta manera Cambiemos tuvo su festejo ganador al cierre de los comicios, aunque los números reales no los habían acompañado. El proceso El domingo pasado, al cerrarse las mesas, la mayoría de las autoridades electorales completaron un telegrama volcando exactamente los mismos valores que los consignados en el acta electoral. Ese telegrama fue transportado por el Correo hacia los CTD, “Centros de Transmisión Digitalizada”, donde empleados se ocuparon de abrir las bolsas, escanear los telegramas y enviarlos al centro de cómputos. Según la información brindada desde el Correo Argentino, las computadoras utilizaron para el escaneo un software llamado “digidoc”. De acuerdo a las medidas de seguridad publicadas en Information Technology, las PC utilizadas están validadas por MAC Address e IP, y solo admiten el logueo de un usuario único que es el autorizado para realizar la carga, que desde 2015 también es grabada por un sistema de circuito cerrado de video. Una vez escaneado, el archivo TIFF es validado con firma digital PKI. Si el telegrama está correcto, se imprime; luego, su imagen va a Indra, donde se llevará a cabo el escrutinio provisorio. Si, por alguna razón, la imagen no está clara o no es validada electrónicamente, Indra envía el archivo a su “Centro de Incidencias” donde los verifican nuevamente. ¿Qué es un retoque digital? Seguramente viste, en las fotos de campaña y publicidad de Cambiemos, como los funcionarios lucen inmaculadas sonrisas, no tienen ojeras, arrugas ni canas, y sus rostros ostentan una juventud imperturbable que podría envidiar el propio Dorian Gray. Pero no, no son así en la vida real. Para lograr eso semblantes ficticios modifican digitalmente las imágenes, utilizando generalmente un programa llamado Photoshop, que permite realizar cambios de manera casi imperceptible, siempre dependiendo de la calidad del operador del software. Ahora veamos algunos de los telegramas que originaron esta nota. El lunes te contamos que habíamos encontrado 270 telegramas en la Provincia de Buenos Aires que tenían 0 (cero) votos para Unidad Ciudadana, en distritos como La Matanza, donde desde el vamos CFK arranca con una base muy solida de votantes. Para el martes, ya habíamos detectado más de 1300 telegramas con irregularidades semejantes, una situación que no registra precedentes desde la consagración del voto secreto, universal y obligatorio. Resultados retocados digitalmente En el siguiente telegrama se puede observar que los campos completados con triple cero “000” difieren en tamaño, grosor y grafía del resto de los números plasmados en la misma planilla, se trata en efecto de la supresión de los votos que muchos ciudadanos emitieron, tanto a Unidad Ciudadana como a otros partidos opositores. Es evidente que esos campos fueron completados con un elemento diferente y por una persona distinta a la que rellenó el resto de la planilla. Los pasos para llegar a esta versión “trucha” del telegrama serían: escanearlo, borrar digitalmente el contenido del casillero donde estaban los votos de Unidad Ciudadana, imprimir nuevamente el telegrama, rellenar los espacios con triples ceros y, finalmente, volver a escanearlo. EJEMPLO DE FRAUDE AGREGANDO NÚMEROS EN LA MESA 334 DE VICENTE LÓPEZ En el telegrama que sigue podemos observar como la herramienta de borrado del Photoshop se fue del cuadro original del telegrama, borrando también partes del contorno inmediato inferior donde dejó una “huella” junto con segmentos de los números originales. Estos errores son la huella de una adulteración digital perpetrada por un operador de software que, quizás por falta de tiempo, no supo realizar una edición prolija y profesional de la imagen. RASTROS DE BORRADO EN EL TELEGRAMA DE LA MESA 32 DE TANDIL Un trabajo sistemático Cada elección tiene sus aventureros del fraude, bagayeros de pequeña escala que por cuenta propia adulteran una planilla, sin ir más lejos ha llamado la atención que en las mesas presididas por el primo de Carolina Stanley o por la funcionaria y ex esposa del candidato Guillermo Montenegro, hayan desaparecido votos de Unidad Ciudadana. Sin embargo, considerando la metodología y escala de las maniobras aquí expuestas solo pueden ser cometidas por un grupo de gente trabajando coordinadamente desde el interior de Indra, cuya dirección ocupa hoy un histórico empleado de SOCMA, la empresa insignia de la familia Macri. En la escala en la que fueron realizadas estas maniobras en las PASO, su incidencia sobre el escrutinio provisorio habría afectado el resultado, aproximadamente, en un 3%, principalmente en perjuicio de Unidad Ciudadana. No obstante el mecanismo como tal no tiene límites y podría implementarse a mayor escala si no se toman los recaudos indispensables para evitar que en el futuro estas manipulaciones, catalogadas por Stolbizer como “una picardía” y por Juan Manuel Abal Medina, suplente de Anibal Fernandez en el senado, como “un uso muy inteligente de la presentación de los datos”, socaven el espíritu y la tradición democrática argentina. ¿Podría simplemente haberse hecho con un corrector y re escaneando los telegramas? Si, pero hubiese llevado más tiempo y este sistema es a contra reloj por lo que la implementación más rápida es a través del retoque digital. En algunos casos fueron los propios presidentes de mesa quienes denunciaron esta situación públicamente, señalando que el escaneado del telegrama no se condecía con el que habían enviado al Correo Argentino. Otra vez sopa… Desde el oficialismo pusieron al mal tiempo buena cara, y aprovecharon cada consulta por irregularidades en las PASO para achacarle a la oposición la responsabilidad de haber rechazado el proyecto de voto electrónico. En una investigación previa de El Disenso, “Los dueños del voto“, demostramos los riesgos de ese sistema que extranjeriza

Fuente: Horacio Verbitsky | Página 12 Fecha: 15 de AGOSTO 2017 Al anunciar la interrupción del escrutinio en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional proclamó que el resultado era un “empate técnico” y que el desenlace recién se conocería con el escrutinio definitivo, que la Cámara Nacional Electoral terminará en diez días. Ese tribunal alzó la voz el 27 de junio para alertar a la ciudadanía que el Poder Ejecutivo ni se había dignado responder a sus propuestas para “el fortalecimiento del proceso electoral”, que incluían el traspaso del escrutinio provisorio a la justicia para evitar interferencias políticas. Según la Acordada que firmaron los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, era necesario que la ciudadanía supiera que el tribunal no participó en las operaciones atinentes al diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados del escrutinio provisorio “ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos”. Todo eso continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, precisaron en previsión de lo que ocurriría. Esta fue la precisa respuesta judicial a la contratación por el Correo Argentino de la transnacional española Indra, sin licitación y en un concurso privado. No obstante, el gobierno dio a entender que la contratación de Indra por 25 millones de dólares respondía a las recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral. Su desmentida no dejó lugar a dudas: la Cámara no había previsto “la intervención de ninguna empresa privada” ni la “modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, intentó prescindir de la acostumbrada contratación de terceros”. El martes 8 de agosto el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria llenó los casilleros que Corcuera y Dalla Via dejaron en blanco: en una conferencia de prensa ofrecida en el Congreso, el presidente del bloque, Héctor Recalde, expresó su preocupación por “la transparencia de los comicios”, dadas las “irregularidades en la contratación del servicio de escrutinio provisorio”, que no fue realizada a través del Estado nacional como era costumbre, sino por el Correo Argentino SA, que funciona como una empresa privada. Su presidente, designado por el actual gobierno, es Jorge Irigoin (ex gerente de las Sociedades Macri, Socma) y el director general de Indra es Ricardo Viaggio, ex vicepresidente de Siemens Itron, una sociedad entre la alemana Siemens y las Sociedades Macrì, constituida cuando su vicepresidente ejecutivo era el actual jefe de Estado. Viaggio integró la comitiva de Macrì en su último viaje a España. El antecesor de Viaggio en Indra, Manuel Terradez, asumió sin periodo de carencia como subsecretario de Reforma Política del gobierno de María Eugenia Vidal. El control de las operaciones de Irigoin y Viaggio quedó en manos del juez Juan Manuel Culotta, compañero de estudios en el colegio Cardenal Newman del Presidente Macrì, de su secretario legal y técnico Pablo Clusellas y de su asesor principal Joré Torello, y amigo de infancia del abogado personal del presidente, Alejandro Pérez Chada. Culotta es juez federal de Tres de Febrero y fue trasladado a La Plata por la apetencia de su secretaría electoral, para lo cual no tenía competencia. Estos antecedentes son centrales para comprender cómo se llegó al “empate técnico” de ayer. A las 21, cuando el Correo difundió los primeros datos oficiales Bullrich batía por varios puntos a CFK en la provincia de Buenos Aires. El gobierno realizó un eufórico festejo en Costa Salguero, con varias apariciones de Elisa Carrió, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich y finalmente el presidente Macrì, quien habló a las 22.44. A las 23 todo había concluido y el escrutinio provisorio estiraba hasta 7 puntos la ventaja del terror de los maestros y los pibes pobres bonaerenses. Del mismo modo, Cambiemos batía en Santa Fe al justicialismo y también se imponía en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chaco, Neuquén, San Luis y Río Negro, además de sus bastiones radicales de Jujuy, Mendoza y Corrientes. Hasta ese momento se habían cargado datos del interior bonaerense y de la ciudad de Santa Fe, pero muy pocos del conurbano de Buenos Aires y de la ciudad de Rosario, que recién comenzaron a ingresar al cómputo general después de la medianoche. Tanto Cristina como Agustín Rossi empezaron a descontar la ventaja. Cuando el escrutinio concluyó en Santa Fe, Rossi pasó al frente. Cambiemos también fue superada en Chaco y Río Negro. En Buenos Aires la tendencia se detuvo a las 4, cuando CFK quedó a una centésima de Bullrich, quien en la hora siguiente se despegó hasta ocho centésimas, el famoso empate técnico de Adrian Pérez. Trabajadores del Correo afirman que el cómputo se detuvo por orden del ministerio del Interior, cuando Bullrich llevaba 6.000 votos de ventaja y faltaban escrutar 1537 mesas, que a razón de 345 electores cada uno, implican más de medio millón de electores. Esas mesas provienen de Ensenada, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, Moreno, Merlo, La Matanza, José Paz, Berazategui y Ezeiza, partidos donde Cristina obtuvo una ventaja que oscila entre el 15 y el 25 por ciento de los votos. El escrutinio definitivo mostrará la victoria de Cristina, por lo que no podrá hablarse de fraude, pero la noticia carecerá del impacto político que hubiera tenido ayer. Mientras el país se encamina hacia la verdadera elección, que será el 22 de octubre, la del domingo permite una constatación más importante que las cifras del escrutinio: con el discurso de la transparencia, la unidad y el trabajo en equipo, repetido hasta el hartazgo, el gobierno de Maurizio Macrì, tergiversó el mensaje del pueblo. La perversa manipulación electoral no desentona con el blanqueo modificado por decreto para permitir el acceso de los familiares de sus funcionarios que la ley prohibía; con las decisiones políticas encaminadas a beneficiar al presidente, su familia, sus ministros, amigos y funcionarios; con la detención arbitraria de Milagro Sala ni con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Nadie puede ignorar que dentro de la maltratada democracia argenta, Macrì no reconoce más límite que el que la sociedad sepa

Fuente: Eduardo Aliverti | Página 12 Fecha: 14 de AGOSTO 2017 Quienes se fueron a dormir avanzada la medianoche con la certeza de que ya todo estaba dicho, debieron levantarse hoy con otra seguridad en forma de pregunta. ¿De cuánto es capaz este Gobierno en la manipulación de datos centrales? La cantidad de votos conseguidos por la oposición que se manifestó como tal le ganó al Gobierno. Pero el Gobierno quedó unificado en una imagen de abroquelamiento y la oposición no. Si el razonamiento es de interpretación política, Cristina llegó “hasta ahí” aunque quebrando la espuria maniobra de Cambiemos al proclamarse ganador cuando faltaba toda la carga del conurbano profundo; pero no le daría para revertir una polarización acentuada hacia octubre a menos que se produzca lo que ahora parece una fantasía: un traslado de los patéticos porcentajes de Massa/Randazzo a Unidad Ciudadana, o un agravamiento de las perspectivas económicas hasta límites no previstos en lo inmediato. Aclaración imprescindible: esta columna se escribe en medio de datos apretadísimos sobre la provincia de Buenos Aires, cuando Cristina parece ser la ganadora “moral” tras el asqueante primereo del festejo de Cambiemos. A mediano plazo no hay duda posible sobre la reiteración catastrófica de los efectos de un modelo basado en el endeudamiento externo, la primarización productiva, el auge del capital especulativo. Pero mientras tanto, ayer se exhibió que el fastidio de las capas medias –y de numerosos sectores populares– con los modos de la experiencia más inclusiva desde el recupero de la democracia… es todavía más fuerte que las evidencias de los recuerdos del futuro. Si eso es producto principal de lo influyente que fue y es la maquinaria mediática oficialista queda para otro momento de análisis. Sí podría señalarse que era muy pronto para que tanta gente se enojara con lo que votó hace veinte meses y que por tanto resolvió renovar el crédito, aunque sea con falta de entusiasmo e incertidumbres enormes. Tampoco hay que restarle méritos a la táctica macrista, que jugó a fondo la presencia e imagen de Vidal. La sucesora en ciernes. Esa movida de la dama, en el último tramo, con su papel de víctima solitaria contra las mafias, con su pasado que no carga la mochila de corrupción del clan macrista, da idea de haber sido influyente. Si se busca consuelo, y no está nada mal, puede encontrárselo en que Cristina conservó vitalidad ya sin aparato, con una campaña modestísima en términos de inserción en los medios, prácticamente desde un llano al que no estaba acostumbrada, con una artillería de prensa en su contra de miserabilidad cotidiana, con los gurkas de la familia judicial acosándola de todas las formas imaginables. Pero todos esos factores, que son irrebatibles, no modifican la certeza de que la correlación de fuerzas es la que es, desfavorable, sin que le importe mayormente a nadie de dónde proviene. Nuevamente, la notable victoria de Cambiemos en Córdoba resulta clave para vestir mejor a su triunfo nacional. Una victoria de primera minoría, es cierto, pero victoria al fin en medio del ajuste, de los tarifazos, de la pérdida de puestos de trabajo, de las pymes cerradas o acogotadas, de la violencia represiva. A la importancia del distrito cordobés se suma el valor de la derrota del gobernador Schiaretti, cuya cara lo decía todo cuando enfrentó las cámaras poco después del cierre. Si ese escenario no se modifica en octubre, lo cual es más bien improbable con los cálculos de hoy, Schiaretti habrá pagado muy caro –para ser extremadamente suaves– su aguachentismo entre haberse pegado a Macri y acordarse de cuestionarlo en las últimas semanas. La apuesta del gobernador por encabezar la dichosa “liga” de colegas, que iba a poner condiciones desde el relanzamiento del PJ, quedaría jubilada. Como primera impresión, quien ocuparía ese lugar eventualmente presidenciable es Juan Manuel Urtubey a partir de su desempeño en Salta pero, como dicen algunos pérfidos, por ahora tiene más proyección de novio que de candidato con alcance masivo. La gran elección de Agustín Rossi en Santa Fe no bastaría para que ocupe un lugar expectante. Unido a la desastrosa actuación de Massa y a la inexistencia de cualquier otra figura que siquiera despunte, en ese universo globalmente definido como peronismo anti K, el espacio queda en una situación dramática y esa es una excelente noticia para el Gobierno. En rigor, es uno de los panoramas más severos e inciertos que haya afrontado el peronismo desde la restauración democrática. Eso incluye que en CABA no parece haber forma de que la órbita progre-peronista quiebre su techo, inferior al cuarto del electorado. Los números del triunfo de Carrió llevaron a que anoche hubiera algunos pronósticos de que el macrismo se parió un problema, porque la chaqueña es inmanejable y en adelante impondría condiciones, desde su juego actoral para sí misma, capaces de perjudicar grandes estrategias oficiales de cara a 2019. Es un análisis extraño. Si algo demostró Carrió, en sus últimos tiempos, es que no le hace asco a la corrupción estructural del gobierno que ayudó a construir. Si estamos hablando de que quien supo decir hace pocos años que su límite era Macri le trae problemas declarativos al oficialismo, vale (digamos). Pero si se cree que eso expresa alguna contradicción primaria respecto de la contrarreforma neoliberal que avanza en casi toda América Latina, media un disparate. ¿Qué amenazantes dificultades podría traerle una Carrió envalentonada a su gobierno de derechas, a sus edificaciones en esa dirección, a su invariable trabajo en pos de los intereses republicanos de la Sociedad Rural, de las corporaciones mediáticas, de la oligarquía financiera? Por favor. Un poco más de seriedad, no mucha, la suficiente como para no confundir evaluaciones de egolatrías con profundidad política. Por último, que como tantas veces es lo primero, en estas horas de análisis urgente y desafiante es imprescindible registrar –con más fuerza todavía– que las elecciones de ayer se dieron bajo el contexto de un desaparecido (a más de 13 presos políticos referenciados en Milagro Sala, a

Fuente: Maxi Goldschmidt | Revista Cítrica Fecha: 14 de AGOSTO 2017 La Lof en Resistencia de Cushamen rompió el silencio y le contó a Cítrica los detalles de la represión del 1º de agosto. En la tarde del domingo, mientras la atención nacional estaba puesta en las PASO, llegamos a la Lof en Resistencia de Cushamen. A unos doscientos metros de la tranquera, sobre la ruta 40, un micro y una camioneta de Gendarmería vigilaban. “A la vuelta los van a parar y les van a pedir documentos. Así lo hacen con los que se acercan al territorio”, nos habían advertido antes de salir desde El Bolsón. No sabíamos si íbamos a ser recibidos, por más que nos llevaran compañeros, de los tantos comprometidos con la lucha mapuche y que también por estas horas están siendo asediados. Por seguridad, las lamien (hermanas) y los peñi (hermanos) de la Lof que están cerca del alambrado lindero a la ruta, están encapuchados. Su lonco, Facundo Jones Huala, está preso ilegalmente por una causa en la que ya fue juzgado. Y lleva 14 días en huelga de hambre. Santiago Maldonado, un no mapuche que fue apoyarlos, está desaparecido. En ese contexto, y con tal nivel de violencia represiva, mediática, política y judicial, ¿a quién le puede resultar violento que anden encapuchados? No hacerlo, sería exponerse ante un poder que, a cara de descubierta o no, los seguirá llamando “terroristas” y buscará exterminarlos. De estas cosas hablamos ni bien nos presentamos y traspasamos la tranquera. Y de Santiago —el Brujo o el Vikingo, como lo conocen allí—, de la represión del 1 de agosto, de las marchas en todo el país, de la importancia de contar con un relato propio sobre lo ocurrido en los últimos días. De que esa voz llegue a personas y medios que los apoyan. De que esa voz, de que esa versión que está faltando, se conozca, se replique. De que ayude, al menos un poco, a enfrentar tanta impunidad y mentira. Alrededor de un fuego, junto a una casilla de madera que resistió la furia de la Gendarmería porque “había dos peñi con sus niños”, hablamos durante poco más de una hora. Hasta del Bauen hablamos. Porque una lamien había conocido a un cooperativista del hotel y quería saber cuál era la situación, si todavía resistían el desalojo. En el horizonte, el sol se reflejaba en los picos nevados. Por el campo, un par de chicos jugaba, corrían. Uno, tenía en la mano algo verde: un cartucho. “No lo tomen a mal. Pero si pueden espérennos en el auto, del otro lado de la tranquera. Vamos a bajar a hablar sobre esto que nos proponen. No estamos haciendo entrevistas, queremos preservarnos. Pero lo consultaremos con otros peñi y nos acercaremos a decirle lo que decidimos”, nos dijo con voz pausada y dulce un señor que podría haber sido nuestro abuelo, al que sólo le veíamos los ojos y que nos despidió con un fuerte apretón de manos. Unos 45 minutos después, vimos venir caminando a otro peñi. Vestía jeans y un poncho marrón con retazos verdes. Su mano y su voz eran más jóvenes. Ya dentro del auto, prendimos el grabador. Los mapuches llaman pentukun a una formalidad que realizan cuando llegan a un lugar o reciben a alguien. En su lengua, se presentan saludando, enumerando su nombre, su familia, el lugar de donde vienen, la identidad de su lonco y algunas otras cuestiones importantes de remarcar antes de iniciar la charla. En este caso, “saludar a toda la gente mapuche y no mapuche también. A los amigos a los que pueda llegar esta entrevista”. Lo dijo en mapuche y después lo tradujo. Decidimos venir hasta acá porque es difícil encontrar información de primera mano y confiable de la situación que están viviendo, de la represión que sufrieron en la Lof y de todo lo que tiene ver con la desaparición de Santiago Maldonado. En la situación en la cual nos encontramos, más allá del dolor y la bronca que uno puede llegar a sentir como persona y consciente de la militancia que se ha llevado a nuestro compañero Santiago, nosotros no vamos a callar la voz. Este proceso de recuperación se ha fortalecido mucho más de lo que el winka esperaba, de lo que nosotros esperábamos, y a pesar de todo lo que está pasando, la persecución política que están sufriendo los militantes sociales, la prisión política de Facundo, la militarización del territorio acá en la comunidad, hacen que uno tome más que nunca la iniciativa en el proceso en el que nos embarcamos allá en el año 2015, que fue recuperar las tierras productivas que fueron usurpadas. Y en ese camino es donde hoy nos encontramos, en ese camino es que se llevaron a nuestros compañeros, a Santiago, a Facundo que lo tienen preso, en ese camino es que están intentando criminalizar la lucha. ¿Cómo fue la previa a la represión y a la desaparición de Santiago? Primero hicimos un corte de ruta aquí para denunciar la prisión política de Facundo, las detenciones y violencia que habían sufrido los peñi y las lamien en Bariloche: a las once de la mañana decidimos saltar el alambrado y como forma de comunicación cortar la ruta. Repartimos panfletos, se conversó también con los camioneros de la situación en Bariloche. Recién alrededor de las cinco de la tarde, se hizo presente Gendarmería, con un (camión) Unimog y tres camionetas llenas de efectivos. Se bajan fuertemente armados en el cruce y empiezan a descender para donde nosotros nos encontrábamos. Cuando están a una distancia de cuarenta metros, empiezan a disparar y entonces activamos nuestro grupo de autodefensa. ¿Cómo se defendieron? Con ondas de revoleo y piedras. Así logramos repeler la agresividad que había mantenido Gendarmería en ese rato. Se van unos kilómetros más atrás y ahí nos leen por altoparlante una orden de desalojo firmada por Otranto y nos dan dos horas para desalojar la ruta. ¿Entonces existió una orden?

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 10 de AGOSTO 2017 “¡Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de gabinete!”, lo presentó en sociedad Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, en un video casero que se volvió viral. El funcionario Pablo Noceti fue defensor de represores, reivindica públicamente la represión ilegal y es el autor ideológico y material de la “lucha contra el indio” en la administración de Mauricio Macri. Con varios viajes al Sur, Noceti venía “preparando el terreno” para la represión a los mapuche, que culminó con la desparición de Santiago Maldonado. “Quedate tranquila; este es un tema de Mario (Das Neves)”, indicó el camino negacionista Macri a la oreja de la ministra Bullrich. El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, vestía un traje gris y sobretodo oscuro. Con esa vestimenta en medio del paisaje cordillerano su silueta pasaba tan desapercibida como una tarántula en un plato lleno de leche. Así fue fotografiado mientras hablaba con un oficial de la Gendarmería a la vera de la estancia Benetton en Leleque, al noroeste de Chubut. Corría la primera tarde de agosto. Sólo habían transcurrido un par de horas desde la desaparición forzada del mochilero Santiago Maldonado, visto por última vez mientras lo cargaban a una camioneta blanca de esa fuerza durante la brutal represión encabezada por Noceti en la lof de Cushamen, apenas a tres kilómetros de allí. Lo cierto es que esa fotografía –captada a hurtadillas por un gendarme y difundida por Nuestras Voces el 7 de agosto– subraya su participación en ese delito de lesa humanidad, el primero de la era macrista. Para descorrer el velo de su génesis bien vale reparar en la figura de su presunto “hacedor”. Y también en sus pasos hacia aquel ominoso martes en el que Santiago fue visto por última vez cuando lo subían a una camioneta de Gendarmería Nacional. El doctor Torquemada Este abogado de 51 años es un sujeto de hábitos casi espartanos y bajo perfil. Por eso resulta paradójico que tras exactamente un año de silencioso trabajo en la función pública su nombre haya saltado a la luz el 13 de diciembre de 2016 por un desliz jolgorioso de su jefa, Patricia Bullrich. “¡Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de gabinete!”, exclamó esa noche a viva voz y ya con dicción incierta, durante un festejo por el fin de año en la sede ministerial de la calle Gelly y Obes. “¡Todas andan locas por él!”, volvió a clamar. A su lado, el aludido forzaba una sonrisa incómoda. Un video del asunto no tardó en viralizarse. Hasta entonces el doctor Noceti había circulado como un fantasma por los pasillos del actual gobierno. Era consciente de que su profusa labor como defensor de represores y apologista de la dictadura le podría jugar en contra. Sin embargo, en el ámbito tribunalicio no es un secreto que su postura ideológica lo sitúa a la derecha de Atila. Por eso no debe asombrar que en sus alegatos califique los juicios contra genocidas como la “legalización de una venganza diseñada por el poder político al servicio de inconfesables intereses” o que la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final “tendría que avergonzar a todo jurista serio de la República”. Fogueado profesionalmente bajo el ala del camarista durante el “Proceso”, Alfredo Battaglia –quien luego tuvo a Galtieri entre sus defendidos–, Noceti supo afinar su visión del mundo en las filas de la Corporación de Abogados Católicos, un distinguido antro de propagandistas del terrorismo de Estado influenciado en su momento por la organización ultraderechista La Cité Catholique, cuyo imaginario bailoteaba sobre los siguientes pilares: la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, el método de la tortura y su fundamento dogmático tomista, cuya dialéctica se sostenía en el “principio del mal menor por el bien común”. De modo que con tal soporte él redondeó su reivindicación teórica de la desaparición forzada de opositores. Y con una escalofriante economía de palabras: “Un enemigo no convencional exige protocolos atípicos”. En realidad su gran problema es que ahora alucina una guerra imaginaria. Tal ensoñación en esta etapa de su vida se cristaliza en una “hipótesis de conflicto” sostenida por él con notable empeño: la amenaza indigenista. Algo que la señora Bullrich adoptó como propio y que además le vino de perillas al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, en el marco del litigio por tierras de la comunidad mapuche con el Grupo Benetton. Ya el 30 de agosto del año pasado el Ministerio de Seguridad elaboró un informe de gestión con el siguiente andamiaje argumental: los reclamos de los pueblos originarios no constituyen un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal porque “se proponen imponer sus ideas por la fuerza con actos que incluyen la usurpación de tierras, incendios, daños y amenazas”. Una dinámica cuasi subversiva, puesto que –siempre según ese documento– “afecta servicios estratégicos de los recursos del Estado, especialmente en las zonas petroleras y gasíferas”. Ahora se sabe que ese paper es fruto del puño y la letra de Noceti, quien 20 días antes había sido detectado en Esquel por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Tal revelación provocó su segundo traspié: ser sorprendido por un reportero gráfico del medio Noticias de Esquel durante el juicio por la extradición a Chile del líder mapuche Facundo Jones Huala. Su foto fue publicada esa misma tarde. Entonces le fue imposible eludir una entrevista con Radio Nacional de aquella ciudad en la que blanqueó sus intenciones: “Evaluar la comisión de un delito federal, porque acá hay un grupo que pretende atemorizar a la gente con el método de la violencia”. Fue el inicio de la estigmatización del movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Ya en ese instante él se jactó de poder encarcelar a sus integrantes sin orden de un juez, en base a una interpretación algo antojadiza del artículo 213 bis del Código Procesal, referido a situaciones que ponen en riesgo la seguridad interna de la nación. A

Fuente:Raúl Kollman | Página 12 Fecha: 7 de AGOSTO 2017 El insólito show de la detención de Claudio «El Mono» Minnicelli oculta un hecho elemental: se lo buscaba por un escándalo aduanero ocurrido en el actual gobierno, no en el anterior. Todo su vínculo con las administraciones Kirchner consiste en que es el cuñado de Julio De Vido, pero el ex ministro no tenía ningún trato con él. Ni siquiera concurrió al ostentoso casamiento del Mono con la vedette en 2004, o sea hace 13 años. En cambio Minnicelli tenía relación con Oldemar «Cuqui» Barreiro Laborda, un personaje con numerosos antecedentes por maniobras económicas y que se presentaba como la mano derecha del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. En base a esa relación, Barreiro Laborda supuestamente puso en marcha una maniobra para sacar seis contenedores que estaban retenidos en la Aduana, cobrando un adelanto de 50.000 dólares por cada contenedor. Eso ocurrió en mayo de 2016, durante la administración de Mauricio Macri. El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, procesó por tentativa de contrabando a todo el grupo que rodeaba a Barreiro Laborda, pero curiosamente dejó afuera a Gómez Centurión. El magistrado sostiene que no tiene suficientes pruebas contra el jefe de la Aduana macrista, pese a que hay constancias clarísimas de que Barreiro Laborda y Gómez Centurión se encontraban y mantenían un vínculo. El funcionario aduce que lo usaba como buche, es decir como informante. Sin embargo, hay testimonios que no solo confirman que se encontraban en el shopping conocido como Design Center, en la Recoleta, sino también que se visitaban y cenaban juntos en sus domicilios. No es un detalle menor que el abogado de Gómez Centurión es Alejandro Pérez Chada, quien también es abogado de Mauricio Macri. Un dato curioso es que cuando explotó el escándalo, en mayo de 2016, una de las principales acusadoras de Gómez Centurión y su banda fue Patricia Bullrich, quien este lunes protagonizó el show del casco, los chalecos anti-balas y el movimiento de decenas de efectivos de la Policía Federal. En su momento, la ministra de Seguridad presentó un anónimo para fundamentar al acusación de coimas contra Gómez Centurión y Barreiro Laborda. Bullrich decía que ambos cobraban por entrar containers de forma ilegal. Como respuesta, Gómez Centurión hizo aparecer otro anónimo y con ese texto acusó a Patricia Bullrich de encubrir la llegada de 250 kilos de pseudo-efedrina, sustancia usada como precursor químico para la cocaína. En esa guerra, Gómez Centurión acusó a Bullrich de ponerle micrófonos en la casa. Muchos dicen que detrás de Bullrich estaba Jaime Stiuso, el otrora poderoso jefe de Operaciones de la SIDE. El vínculo de Minnicelli con la causa de los containers arranca con una escucha telefónica en la que Cuqui Barreiro Laborda le dijo al representante de comerciantes coreanos —Mister Korea lo apodaron—, que si no lo podía ubicar a él que hablara con El Mono. «Si yo no los puedo atender, hablen con el Mono que es como si hablaran conmigo», fue el textual. O sea que Minnicelli era el subordinado de Cuqui. El grupo coreano tenía el problema que les habían retenido seis contenedores en la Aduana. Mister Korea, que en realidad se llama Sung Ku Hwang, llamó a Cuqui y éste, presentado como la voz de Gómez Centurión, les dijo que los sacaría de la Aduana. Se elaboró nueva documentación para esos contenedores —apócrifa— y se puso en marcha la maniobra. Como adelanto, Cuqui habría pedido 50.000 dólares por container. La maniobra fracasó, la mercancía nunca salió de la Aduana, pero todo el grupo fue detenido. En realidad, la mayoría fue excarcelada hasta el juicio oral, Barreiro Laborda cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria y Minnicelli se escondió en Chapadmalal. El más beneficiado de todos fue Gómez Centurión: Aguinsky asegura que no tuvo suficientes pruebas. Si Minnicelli se hubiera presentado al principio, seguro que hoy en día estaría caminando por la calle, básicamente porque lo habría abarcado la excarcelación que otorgó el juez. En fuentes cercanas a su defensa aseguran que no quiso presentarse porque estaba con problemas cardíacos, algo que se percibió ayer cuando sufrió una descompensación en Comodoro Py. Su presión máxima estaba por arriba de 150 y por lo tanto el magistrado ordenó que el Cuerpo Médico Forense lo revise, lo estudie y produzca un informe. Mientras tanto, el ex prófugo se negó a declarar. Todo indica que tal vez lo haga el miércoles. La lógica indica que Aguinsky le negará la excarcelación dado que estuvo prófugo nueve meses. Un repaso detallado de la historia muestra que el escándalo de Minnicelli no tiene nada que ver con el gobierno anterior. El único punto es que se trata del cuñado de De Vido. El ex ministro no sólo no fue al casamiento de Minnicelli con Celina Rucci sino que nunca mantuvo trato. Lo consideraba una especie de oportunista que, además, produjo la pérdida de la única propiedad que tenía el padre de los Minnicelli. El ahora detenido se metió en negocios que salieron mal, quedó con deudas, y esa propiedad de Santa Cruz fue embargada por la justicia. Pero como en campaña electoral la alianza político-mediática-judicial recurre a lo que sea, entre el domingo y el lunes se despacharon con titulares y más titulares. En ninguno figuraba que a Minnicelli lo buscaban por una tentativa de contrabando durante el gobierno de Mauricio Macri y con funcionarios macristas involucrados.

Fuente: Tali Goldman | Nuestras voces Fecha: 29 de JULIO 2017 La tensión entre el Ministro de Justicia, Germán Garavano y el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj ya no puede ocultarse. Rumores de renuncia, pases de factura, desautorizaciones en público y peleas por falta de presupuesto son algunos de los temas que atraviesan esta tensa relación. El punto álgido de la contienda entre ambos llegó en marzo cuando Garavano aprovechó un viaje de Avruj y le ocupó su oficina. A su regreso el Secretario tuvo que mudarse obligado. En lo único en lo que coinciden es en su deseo de que Milagro Sala siga presa. En su portada del lunes 24 de julio, el diario La Nación titulaba “El Gobierno mudará el Ministerio de Justicia al predio de la ex Esma”. Allí el ministro de Justicia, Germán Garavano, informaba que las gestiones ya estaban avanzadas y que el traslado al predio donde funcionó el centro clandestino de detención más emblemático durante la última dictadura cívico-militar ya era un hecho. Pero la mudanza, más allá de lo que implica, desnuda una interna feroz que ya es vox populi entre el mundillo de la justicia y los derechos humanos: Germán Garavano y Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos, son los protagonistas de una guerra fría que ya no les interesa ocultar. En la nota de La Nación, Garavano tiene un objetivo claro. Dejar en evidencia que su ministerio comprende tanto la de Justicia como la de Derechos Humanos. “Según el ministro, ‘es frecuente que se olvide’ que su cartera es de Derechos Humanos y no sólo de Justicia, y su idea es ‘devolver ese equilibrio’», explica la periodista de la nota. Y no es casual. Lo cierto es que el buen vínculo que supo tener Avruj con los organismos de derechos humanos, que viene de la época en la que ocupaba la misma cartera en la Ciudad, está cortado. Si bien aún existe diálogo, después del escandaloso fallo del 2×1 –que primero apoyó y después tuvo que desdecirse tras la reacción popular–, ya perdió legitimidad entre los organismos. Y eso Garavano lo sabe y lo aprovecha. Por caso, en la reunión que mantuvieron hace dos meses con los organismos de derechos humanos para, justamente, hablar sobre el futuro traspaso del ministerio al predio de la ex Esma, Garavano no hizo menos que desautorizar a Avruj adelante de todos. Los organismos llevaron con cierta preocupación algunas ideas que había manifestado públicamente el secretario de derechos humanos como transformar a la exEsma en un “Centro cívico de Derechos Humanos de Latinoamérica” o sacar las rejas del predio para hacerlo más “amigable a la gente”. En declaraciones a la agencia oficial Telam, Avruj había declarado que su objetivo era rediseñar el predio “para que sea un espacio verde alrededor de los edificios y abierto a la ciudadanía”. Los organismos planteaban que el objetivo de Avruj era “desvirtuar” el contenido y el objetivo principal del predio que es nada menos que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Quédense tranquilos”, aclaró Garavano delante del ministro, “con el traspaso yo vengo a jerarquizar este espacio y vamos a hacer solo cuestiones de Justicia y Derechos Humanos”. En el entorno de Avruj aún anhelan que su cartera deje de depender del ministerio de Justicia y pase a la órbita de la jefatura de gabinete, como sucedía en la Ciudad. Tenían las esperanzas puestas en que entrara en el combo con los últimos cambios en el gabinete nacional, pero todo se desvaneció de un plumazo. El secretario de Derechos Humanos aún recuerda con cierto placer cuando en la ciudad no tenía a nadie por encima. “A él no le gusta ser el segundo de nadie”, explica una persona que tuvo trato cotidiano cuando trabajaba en la Ciudad. El origen de la pelea, como siempre, tiene un único motivo: el presupuesto. La secretaría que comanda Avruj no tiene ni caja ni firma propia. Es decir, tanto una designación como el pedido de productos de limpieza, tienen que ser aprobados por Garavano. Ninguno es tonto, y con estas cartas sobre la mesa, ambos saben poner en jaque al otro. Pero también ambos saben el peso y la banca que tiene el otro. Avruj es un hombre de línea directa con el Presidente, es habitué en los partidos de fútbol que organiza Macri en Olivos y todas sus declaraciones públicas vienen directamente de Balcarce 50. Garavano, en cambio, mantiene cierta autonomía. Si bien tiene el respaldo, sobre todo, de Marcos Peña, es un hombre que proviene del mundo académico y con vínculos que exceden al Pro. Apenas asumió el gobierno de Cambiemos, en diciembre de 2015, el ministerio de Justicia tuvo su primer gran conflicto. Como durante la campaña el propio Mauricio Macri le había hecho promesas al referente de la comunidad qom, Félix Díaz, que sus reclamos iban a ser oídos, cuando llevaba unos pocos días ocupando el Sillón de Rivadavia, dio la orden de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pase del ministerio de Desarrollo Social al de Derechos Humanos. Pero desde ese día y durante un año y medio los casi 300 trabajadores que se mudaron de órbita estuvieron reclamando que les adecuaran el sueldo correspondiente. Hicieron panfletos, paros, asambleas, tuvieron reuniones con todos hasta que finalmente, después de varios meses, los recibió Garavano. “Vayan y tomen la secretaría de Derechos Humanos”, dijo sin pelos en la lengua el ministro, en una mesa que compartían trabajadores y funcionarios. Todos lo miraron desorbitados y entendieron que la guerra estaba declarada. Pero lo mismo ocurrió a la inversa. Cuando el conflicto ya no encontraba cauce y las resoluciones estaban frenadas, los trabajadores decidieron hacer un escrache en el ministerio de Justicia. Los asesores de Avruj tenían una sonrisa que no les entraba en la cara. La falta de diálogo entre Garavano y Avruj era tal, que el conflicto terminó de resolverse luego de un fin de semana en el que ambos coincidieron en un “timbreo” de

Fuente: Adrián Murano | TiempoAr Fecha: 29 de JULIO 2017 Con un documento histórico y rotundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio 15 días al Estado argentino para que Milagro Sala salga de la prisión de Alto Comedero, donde lleva más de un año privada de su libertad. El documento retoma la investigación que un grupo de trabajo de Naciones Unidas realizó en Jujuy. La cautelar hace referencia a esa tarea, convalida sus conclusiones y exige la liberación de la dirigente social. «El Estado Argentino, de conformidad con sus obligaciones internacionales, se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata», dice el artículo 45 de la medida cautelar. La contundencia de la resolución obligó al gobierno a desplegar toda su artillería mediática para manipular los hechos a gusto y necesidad. A través de sus medios afines, el macrismo buscó imponer que «la CIDH recomendó que Milagro siga presa, aunque en su domicilio» (Clarín) y «que pase a prisión domiciliaria» (La Nación). Ambas afirmaciones son falsas. Al tratarse de una medida cautelar, la resolución no aborda la cuestión de fondo —si Milagro está bien o mal detenida—, sino las consecuencias físicas y psicológicas de los apremios que sufre desde que está en prisión. En ese sentido, la resolución detalla los abundantes indicios de maltrato y llega a un desenlace implacable: “La Comisión concluye, al valorar la integralidad de la situación planteada desde el estándar de prima facie, que el requisito de gravedad se encuentra cumplido, al encontrarse en riesgo los derechos a la integridad personal y a la vida de la señora Milagro Sala.» Es por esa situación de riesgo que la comisión insta al Estado argentino a que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad» de la dirigente. Lejos de ser una recomendación, como sugirió el gobierno de Cambiemos, la comisión describe algunas «medidas alternativas a la prisión preventiva» que el Estado podría adoptar para cumplir con la resolución. Una es el arresto domiciliario. Otra, «que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica». En ningún párrafo del documento la CIDH recomendó que «Milagro siga presa», como inventó el periódico ultraoficialista Clarín. En efecto, en el punto 48.6 la CIDH considera que el hecho de que Milagro «continúe privada de su libertad» a pesar de las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, «constituye un posible indicio que reforzaría lo alegado por los solicitantes en cuanto a la presunta intención de criminalizar su liderazgo social». O sea: la CIDH cree que hay elementos para considerar que Milagro es una presa política. Como se consigna en el documento, Milagro fue apresada el 16 de enero de 2016 por realizar una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. En las formas, la orden de detención fue emitida por un fiscal. Pero la decisión fue del entonces flamante gobernador, el radical Gerardo Morales, que acumuló volúmen político aplastando a una de las líderes sociales más potentes y, por lo tanto, odiadas por el establishment local. Miembro pleno de Cambiemos, Morales forjó su autocracia al amparo del Ejecutivo nacional: destruyó la obra de la Tupac, cooptó organizaciones sociales, nombró jueces adictos y sembró un régimen que domestica a base de billetes y persecución judicial. Los atropellos de Morales recibieron el repudio de los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos del mundo, como Human Right Watch y Amnesty International, quienes identificaron a Sala como una presa política. El informe de la CIDH hace una referencia en la misma dirección: «La Comisión ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia, y que sería identificada con parte representativa de un sector de oposición». Argumentos similares expusieron, en octubre pasado, los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU que calificó de «arbitraria» la detención de Milagro Sala. Fiel a su estilo pendenciero, Morales replicó con una provocación: «A los organismos internacionales les falta información, han escuchado una sola campana. Si los organismos afirman que se viola un derecho, lo que tendrían que hacer es actuar inmediatamente, deberían venir con premura», dijo Morales. Los organismos tomaron el consejo. Delegaciones de la ONU y la OEA estuvieron en Jujuy, comprobaron las condiciones de detención de Milagro, revisaron expedientes y emitieron documentos que detallan el hostigamiento del régimen y piden el cese de la detención. A conclusiones idénticas llegó la procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien hace ya tres meses remitió a la Corte Suprema un dictamen donde solicita que se deje «sin efecto» la detención de la dirigente, a la que calificó de «ilegal». Atenta a los intereses políticos del gobierno, la Corte mantiene en suspenso su decisión. En los hechos, esa dilación prorroga el «hostigamiento» que pone en riesgo la «vida y la integridad» de Milagro, según las propias palabras de la CIDH. La resolución de la comisión, sin embargo, podría empujar a la Corte a tomar una decisión, para no quedar expuestos como cómplices de atropellos que suman repudios en el mundo. El gobierno espera, también, que la Corte resuelva el asunto para reducir el costo político que puede sufrir frente a sus fanáticos. Esa fracción de oficialistas, guiada por el odio anti K, considera que las acusaciones contra Milagro son caso cerrado y cree que está «bien presa». Los propios Macri y Morales alentaron esa demonización, que contradice el principio de presunción de inocencia, para hacer uso político de «la grieta» y debilitar a las organizaciones sociales. Si la Corte resolviera que Milagro debiera cumplir prisión domiciliaria, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro: mantendrá detenida a una de las dirigentes que más detesta, pero podrá decir que cumplió con la