Politica

Fuente: Jonathan Heguier | El Destape Fecha: 03 de NOV 2017 La Justicia impuso un nuevo modus operandi: meter presos a políticos sin condena por haber sido funcionarios y posible entorpecimiento de la causa, ya que el solo hecho de haber sido funcionarios provocaría tales complicaciones a las investigaciones. Tanto en el caso Julio De Vido como Amado Boudou usó a ese riesgo procesal limitado y llevó a la cárcel a ambos ex funcionarios del kirchnerismo que se presentaron siempre a declarar por sus propios medios y no dieron señales de querer entorpecer la causa. Hoy, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a Boudou se lo detiene con preventiva por orden del juez Ariel Lijo por haber sido ministro y vicepresidente y «por las relaciones que conserva en el poder». «La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-«, afirma el fallo, similar a la determinación con el ex ministro de Planificación. En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación. Con este mismo procedimiento de la «doctrina De Vido-Boudou», la Justicia argentina podría y debería detener a funcionarios del actual Gobierno que están imputados, procesados o asumieron bajo ese estado judicial. Al ser hoy parte del Estado, les daría un poder privilegiado para complicar el andar de las causas judiciales en su contra, si se siguie esa línea argumental inaugurada recientemente. La lista que complica al Gabinete de Mauricio Macri y hasta al mismísimo Presidente. MAURICIO MACRI El Presidente de la Nación es investigado por la causa del Correo Argentino. ¿El juez? También es Ariel Lijo. Es en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento. El mandatario además asumió procesado por la causa escuchas ilegales, procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Con la «doctrina De Vido-Boudou» no debería haber asumido o caer en prisión ya asumido. Además, Macri acumula causas por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, por el memorándum con Qatar, Panamá Papers y los casos Avianca y Fly Bondi. Todas bajo su presidencia. GABRIELA MICHETTI Imputada la vicepresidenta junto a Macri por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses. Luis María Blaquier, uno de los funcionarios del gobierno nacional que firmó el Memorándum, renunció a su cargo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa apeló y ahora está en manos de el fiscal Germán Moldes, quien debe impulsarla o dejarla caer. JUAN JOSÉ ARANGUREN El ministro de Energía está imputado por negociaciones incompatibles, ya que se inició una causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que hizo el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic, que ahora cambiaron nuevamente de nombre. La denuncia pide que se investigue si Aranguren incurrió en los delitos de «abuso de autoridad» y «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas». Según la denuncia, un funcionario «como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra» de las represas sobre el río Santa Cruz, ahora rebautizadas «Condor Cliff» y «La Barrancosa». GUSTAVO ARRIBAS El director de la AFI (ex SIDE) fue denunciado por recibir transferencias de parte del cuevero Gustavo Meirelles, en una fecha coincidente en la que se decidía el inicio de las obras por el soterramiento del Sarmiento, obra adjudicada a Odebrecht. Hubo documentación y declaraciones que los complicaban, además del propio testimonio de uno de los hombres clave del Lava Jato brasileño. El juez Canicoba Corral no solo no lo detuvo con la doctrina «De Vido-Boudou» sino que realizó un sobreseimiento exprés. Como si fuera poco, el fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de impulsar la investigación, pese a que él era uno de los más enérgicos críticos al cierre de la denuncia de Nisman. LUIS CAPUTO El ministro de Finanzas está denunciado por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Durante el 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión que administró el propio ministro hasta un día antes de asumir como secretario, en 2015. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez. Este magistrado es el primero que ordenó detener a De Vido, a expensas del fallo de la Cámara Federal. El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación. LUIS ETCHEVEHERE El recién asumido Ministro de Agroindustria está denunciado por evasión, desvío de dinero y cuentas ocultas en Uruguay. El Grupo Etchevehere está complicado por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias a través de maniobras irregulares con préstamos por $ 4,5 millones. CARLOS MELCONIAN

Fuente: Gustavo Varela | Socomba Fecha: 16 de OCT 2017 Son otra cosa. No son la rancia aristocracia del siglo XIX; no son las fieras fascistas del treinta. Se parecen a los de la Revolución Libertadora (los antiperonistas se parecen, cualquiera sea la filiación política o ideológica). Pero estos de ahora son definitivamente otra cosa. Varias, no una, pero lo que más son es efectivos (por eso mismo son patoteros). En la política son de genealogía reciente, de fines de los años setenta y comienzos de los ochenta: finanzas y era digital. O sea, máquinas de producción y resultado. Ni Roca, ni Agustín P. Justo, ni Frondizi. Ni Onganía, ni De la Sota, ni Cobos. Eso es carne vieja. Los de ahora son buitres de carroña actual. No son de derecha: no es ese el rango que los mide. Son otra cosa; neo-empresarios, de bicicleta, aire libre y viernes casual. No tienen país de origen, no les importa la Argentina. Pueden vivir aquí o en cualquier lado. No son conservadores ni ilustrados. Son gentes a pura eficiencia y con muchos recursos técnicos. No tienen cultura, apenas aquella necesaria para el desplazamiento. En general son iletrados, de bostezo fácil frente a un libro. Tienen preocupación por las formas, porque es parte del mismo asunto. Formas superficiales, de packaging de felicidad y armonía, de cartel en el subte que dice: “Si alguien se siente mal, ayudémoslo”. Lo obvio se convierte en slogan. Este marketing de vida sana y comprensión es la exudación de la economía política que sostienen. Son corporaciones que negocian. Ni fábricas fordistas ni empresa familiar. Estas corporaciones no tienen dueño, los excede. Son más grandes las acciones que la voluntad individual de un dueño. Por eso no importa si es Mauricio Macri o quién sea. Macri es un muy buen exponente, sí, pero el asunto es más amplio, de inscripción internacional, de lazos más complicados, de intereses cruzados. Tienen entrenamiento en el exterior, todos bajo el ala de las finanzas; son eficaces, muy eficaces para lo que quieren. Insisto: no son la derecha ni son conservadores. Son neo. Pura demolición a fuerza de anticipación financiera. Neo; no es ambición sino procedimiento: es la forma de operación sobre los otros. La eficacia no admite caras, ni parentescos, ni pertenencia grupal. Cuando hablan de equipo es porque los vínculos responden a esquemas funcionales. Son cuerpos de abrazo rígido, de compromiso con la tarea y nada de comunión. Es un equipo gélido. Por eso se abrazan como repeliéndose. La forma de operar sobre los otros es bajo una apariencia (amenaza) de modernización permanente. El Ministerio de modernización es la institucionalización del dominio financiero por encima de cualquier otra razón. No son humanistas, no dudan. Retroceden, a veces, pero no dudan. Saben a dónde van y no necesitan que haya alguna mediación. No tienen un proyecto de país. No les importa. Son lo más agudo del capitalismo, su bisturí más impiadoso. No es un nombre. Son otra cosa: una raza política nueva que casi no conocemos. La administración del gobierno actual tiene una forma específica de ejercer poder: es la política vaciada como aplicación (app). No hay votantes, hay usuarios. Eso ofrecieron en las elecciones: aplicaciones para usuarios. Es decir, herramientas de uso y habilitación personal: ser felices, estar todos juntos, la alegría es poder colaborar, en todo estás vos, mirar al futuro. La aplicación más elocuente: cambiemos. Ante cualquiera de estas aplicaciones, la fuerza argumental en contra es vista como violencia. Y en el colmo de la aplicación, como soberbia. La política como aplicación es el desplazamiento del elector al usuario móvil. La eficacia y la extensión de los íconos salen de las pantallas y se instalan y actualizan en la vida cotidiana. Google play: 700 mil aplicaciones bajadas. Android: más de un millón. Apple, millón y medio aprobadas desde 2008. 35.000 millones de descargas. La extensión no reconoce clase social ni lugar de origen. 35.000 millones (sólo de Apple) es signo de una práctica orgánica, de un tipo de necesidad vital. 35.000 millones: no elegimos, estamos adentro. Sergio Massa como opositor peronista es una aplicación del gobierno actual. En otras funciones, lo mismo Hugo Moyano y también lo fue el Momo Venegas. Los intendentes radicales, volver al mundo, el fin del cepo, ñoqui, contramilitancia, todas son aplicaciones conminadas al uso y la propagación. Y efectivas para administrar usuarios. El yaguareté de los billetes es la aplicación “basta de historia política”. Multitasking Pro. Narcotráfico: la reiteración del tema, la insistencia y difusión permanente, es la composición de una nueva aplicación. Es necesario instalar el ícono en cada pantalla: Narcotráfico. No vemos claramente qué es; es suficiente el ícono. Eugenio Zaffaroni da un reportaje. Argumenta: “Al narcotráfico no le importa la Argentina porque queda lejos de Estados Unidos, lejos del lugar del consumo. El narcotráfico no es un problema aquí”. La aplicación se distribuye igual. A la aplicación no le importa Zaffaroni, no hay lugar para los argumentos de Zaffaroni. La aplicación es eficiencia sin ética ni compromiso. Por eso puede ser una y lo contrario. Carlos Melconián: “Vamos a devaluar”; Macri, un día después: “No devaluamos”. La aplicación se actualiza. Todo es posible. Cedamos siempre el asiento. Dejemos bajar antes de subir. Tiremos la basura en los cestos: aplicaciones para la vida Pro. La más clara, la que indica el gesto de un solapado disciplinamiento social: Esperemos siempre detrás de la línea amarilla. No todo es aplicación. El poder judicial, el poder mediático y las fuerzas de seguridad no son aplicaciones, son la garantía de funcionamiento de las aplicaciones. ¿Para qué? Para la marcha precisa de la economía financiera y del vaciado político. La aplicación que ya no sirve, se borra o se elimina (Ernesto Sanz y buena parte del radicalismo). El ícono Pro, con su tecla de avance, no es un partido sino una aplicación con voluntad de vaciado político. El gobierno Pro no fue votado, fue descargado por un 51 por ciento de usuarios. Esa es su conquista inesperada.

Fuente: Ari Lijalad | Nuestras Voces Fecha: 29 de OCT 2017 Hace algunas semanas se conoció que Cristóbal López y Fabián de Sousa buscan desprenderse del Grupo Indalo. Entre los compradores está Jorge Rosner, financista del Grupo Macri y de Clarín. Pero también el fondo OP Investments, radicado en Estados Unidos. Hasta Marcelo Tinelli opinó sobre la venta. Un joven pero potente buffete de la city porteña interviene en el negocio. Todo a pesar de que las empresas que integran el holding están inhibidas por orden del juez Ercolini por una deuda con AFIP. ¿Quién es quién en esta operación que puede reducir aún más el arco de medios críticos al gobierno? El futuro del Grupo Indalo, el holding multirubro comandado hasta ahora por Cristóbal López y Fabián De Sousa, es una de las incógnitas centrales de los últimos días. Si bien hace meses que circulan versiones de una venta debido a la ruinosa situación fiscal y judicial que atraviesan, ahora los rumores se convirtieron en avances concretos. Quedan, sin embargo, varios obstáculos para que se concrete el pase de manos. Una operación que incluye fondos radicados en Estados Unidos, un financista ligado a los grupos Macri y Clarín, abogados de la city, a Marcelo Tinelli, jueces permeables que mantienen inhibidos los bienes en disputa y un Gobierno que, entre otras cosas, tiene especial interés en esta operación por el destino de los medios de comunicación del Grupo Indalo, entre ellos C5N y Radio 10, que asomaban como voces discordantes en el afinado coro mediático oficialista. Compraventa Los vendedores son más conocidos. Se trata de Cristóbal López y Fabián De Sousa, que construyeron un grupo empresario partiendo de sus negocios con el juego y luego diversificado hacia la energía, combustibles, infraestructura, alimentos, industria, finanzas y medios de comunicación. Su antigua relación con la familia Kirchner es vox populi. Lo mismo sus asuntos con el fisco: acumulan una deuda de más de 8 mil millones de pesos con la AFIP, generada al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La idea de López y De Sousa era deprenderse de algunas empresas para pagar la deuda, pero el juez contencioso administrativo Enrique Furnari impidió que se desmembrara el Grupo hasta que no resolviera el pago de su deuda. La AFIP denunció penalmente a ambos dueños de Indalo, causa que quedó en manos del juez Julián Ercolini –de los más permeables y maleables de Comodoro Py– que inhibió todos sus bienes. Con este panorama, López dejó trascender que no soportaría ir preso y aceleró las negociaciones para desprenderse de sus empresas. El primer intento fallido fue con los mendocinos del Grupo Terranova, cercanos a Macri. Ahora aparecieron nuevos interesados. Los compradores reales son aún un misterio. Alguna de las partes de esta operación decidió filtrarla a la prensa. La vía elegida, el diario La Nación. El pasado miércoles, el periodista Hugo Alconada Mon publicó que el Grupo Indalo quedará en manos de un financista, Ignacio Jorge Rosner. Al día siguiente, el mismo medio y el mismo periodista dieron por concretada la venta del Grupo Indalo al fondo OP Investments, pese a que las empresas que integran el holding están inhibidas por orden del juez Ercolini. OP Investments es un nombre genérico que utilizan los fondos de inversión. Aún no se sabe quiénes serán realmente los que aporten el dinero. Estos inversores emitieron un comunicado donde anuncian la adquisición del 100 por ciento del Grupo Indalo que, según el texto, comprende más de 170 sociedades. “OP Investments firmó el acuerdo de adquisición el pasado 20 de octubre”, afirmaron. El único dato que dieron es que está radicado en Estados Unidos. Según el portal opencorporates.com, en Estados Unidos hay varios fondos con ese nombre. El financista Diez años en el Grupo Macri, diez años en el Grupo Clarín. Ese es el núcleo del currículum de Ignacio Jorge Rosner, que parece ser el ariete de la operación Indalo. Cuando reveló su nombre como el armador de la operación, el periodista Alconada Mon lo presentó de forma escueta: “Egresado en 1975 del colegio Cardenal Newman –en la promoción anterior a la del presidente Mauricio Macri–, Rosner trabajó para el Grupo Clarín, integró el directorio de Papel Prensa, pasó por los grupos agropecuarios El Tejar y La Banda, y desde 2005 es el director ejecutivo del fondo Latin American Assets Management LLC, con oficinas en Buenos Aires, San Pablo, México DF, Nueva York y Londres”. Hay algunos datos más en la biografía de este financista. En su perfil de Linkedin, Rosner revela que no sólo compartió el Newman con Macri. Al igual que el presidente, también se recibió de ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina. Luego hizo un seminario en el Massachusetts Institute of Technology entre 1991 y 1992. Dice que tiene más de 30 años de experiencia en medios, negocios agropecuarios, energéticos, eléctricos y en la construcción. Detalla su paso por proyectos de infraestructura como las hidroeléctricas Yaciretá y Piedra del Águila, entre otros. En 1985 ingresó a IECSA, por entonces aún bajo el mando del pater familia, Franco Macri. Se quedó hasta 1995, cuando pasó al Grupo Clarín. El currículum de Rosner muestra una prolífica carrera dentro del Grupo Clarín, donde integró los directorios de sus principales empresas. En 1998 ya era director de CIMECO, la compañía que comparten Clarín y La Nación para administrar los diarios La Voz del Interior y Los Andes de Mendoza. Compartía la mesa de trabajo, nada menos, que con Julio César Saguier, José Antonio Aranda y José Saenz Valiente. Es decir, parte de los dueños de los diarios y su abogado de confianza. En 1999 fue director titular en CTI y en 2002 llegó a ocupar la vicepresidencia. En 2000 ya figura como director titular en el directorio del Grupo Clarín comandado por Héctor Magnetto y José Antonio Aranda. El cargo de director titular lo tenían también Lucio Pagliario (el cuarto accionista del Grupo), los Sáenz Valiente (abogados de confianza), Saturnino Herrero Mitjans (lobbista

Fuente: Martín Granovsky | Página 12 Fecha: 24 de OCT 2017 Alejandro Grimson dijo a este diario que “la antropología no es la única disciplina que ve la importancia de no perder jamás la determinación de cuál es el punto de vista de los actores sociales”. Admitió que lo mismo hacen muchos sociólogos o historiadores. Pero aclaró que “los antropólogos buscamos ese punto de vista obsesivamente, porque si te olvidás de la subjetividad de los demás dejás de ser antropólogo”. –No tengo relativismo ético, moral o político –dijo a PáginaI12 este investigador del Conicet y la Universidad de San Martín–. Pero como antropólogo debo comprender incluso lo que no comparto. Y, ya que estamos, no sería una mala cosa para la política, ¿no? O para analizar las elecciones. –¿Por qué triunfó Cambiemos? –A mi juicio, no ganó porque pudo resolver los problemas sociales y económicos que se agudizaron en los últimos años. Ganó porque pudo resolver la interpretación de la causa de esos problemas y, para sus electores, consiguió quedar fuera de la responsabilidad. Una gran parte de los votantes de Cambiemos no considera que está mejor que antes. Pero piensa que los problemas actuales no son culpa de Cambiemos. Y sigue teniendo una expectativa alta de que las cosas mejoren en el futuro. Hace más de un año que existe una brecha entre personas con altas expectativas hacia el futuro, que son alrededor del 50 por ciento, y personas que dicen estar mejor y son una franje mucho más chica: alrededor del 20 o 25 por ciento. Néstor Kirchner dijo una vez que la política es cash más expectativas, Cambiemos no ganó por cash sino por expectativas. En algún momento esa brecha entre los dos grupos puede cerrarse. –¿Cómo? –Una posibilidad es que la gente esté mejor y lo sienta así. Otra es que esté peor y las expectativas se diluyan. Muchos de nosotros pensamos que esa brecha se resolvería pronto. El logro de Cambiemos es haberla mantenido mucho tiempo. No se cerró en su favor, pero tampoco en su contra. –¿Los votantes tienen intereses objetivos? –Hay un problema de concepción de la política y de lo social que parte de una presunción muy polémica: la de suponer que alguien sabría con certeza absoluta cuáles son los intereses de los votantes. Como si fueran intereses totalmente objetivos. Por ejemplo, es probable que todos querramos ganar salarios más altos y pagar menos de luz y de agua. Pero la gente tiene ilusiones, confianzas, desconfianzas. A veces puede identificar su propio interés con el interés del personal jerárquico de su propio trabajo y no con sus pares. Puede querer por sobre todo una inflación baja porque prefiere cierta previsibilidad a situaciones que considera inestables. Y podría seguir. –¿Los intereses son fijos? –No. Se van desplazando a lo largo del tiempo. Si las personas consiguen ciertos objetivos en términos económicos cambian sus demandas y pasan a tener otras, por ejemplo vinculadas a la transparencia, al transporte público o a la seguridad ciudadana. Es erróneo tener una concepción objetivista de la política, que pase por alto los imaginarios o el deseo. –Sin ser objetivista, ¿no hay un terreno objetivo? –Tomemos la ciudad de Buenos Aires, donde el índice de aprobación de Horacio Rodríguez Larreta, de alrededor de un 70 por ciento, supera inclusive la votación de Elisa Carrió. La gestión no hizo subtes pero sí cumplió con otras cosas o cositas que las personas perciben como concretas y en su beneficio. Y para hablar a nivel nacional, la inflación de 2017 es altísima pero menor que en 2016. El desempleo todavía no se disparó a las cifras a las que podría llegar sin el famoso gradualismo del Gobierno. O quizás la percepción sobre Cambiemos fue buena porque el Gobierno recién hará desde hoy lo que hasta ahora postergaba porque buscaba una legitimación electoral de medio término. –Sin embargo el Gobierno no prometió un tarifazo pero no escondió que subirá tarifas o practicará una reforma laboral. –La campaña de Macri en 2015 se enmarca en la famosa frase de Menem: “Si les decía lo que pensaba hacer no me hubieran votado”. La elección del último domingo 22 fue distinta. No solo fueron anunciando lo que vendría sino que resultaron efectivos en cargar las culpas de la inflación de 2016 sobre el kirchnerismo, sobre muchos de cuyos funcionarios pesan cuestiones judiciales. –Pero hubo procesos de movilización. –Sí, con una intensidad pocas veces vista en una situación que no es terminal como en 2001 o 2002. Hubo marchas por temas científicos, educativos, sociales y de derechos humanos. Pero se trató de heterogeneidades políticas que no pudieron ser sintetizados por ninguna fuerza política por sí sola. Cambiemos pudo imponer su interpretación sobre los problemas de la realidad y al mismo tiempo hubo fragmentación de las oposiciones al proyecto político del Gobierno. –Los grandes medios jugaron a su favor. –Sin duda. Y no menosprecio su enorme poder pero tampoco lo absolutizo. En la Argentina y en América Latina triunfaron y se mantuvieron en el Poder Ejecutivo procesos políticos que no coincidieron con la visión de los grandes medios. Cuentan las oleadas, los ciclos o los momentos. –¿Lo mismo pasa con las redes sociales? –Es una dimensión diferente. A veces incluso sirven para fenómenos de democratización. Hay grandes movilizaciones convocadas a través de las redes. –La marcha contra el dos por uno sentenciado por la Corte Suprema, en mayo último. –Sí. Una marcha que fue posible porque reflejó el rechazo visceral de la sociedad argentina ante el fallo. –¿Todo es visceral en política? –En el voto se juegan emociones, identidades, relaciones entre emociones y bolsillo, entre emociones y casa propia, entre emociones y derechos… Ahora está de moda decir que todo es nuevo. Pero el voto de febrero de 1946, cuando Juan Perón le ganó a la Unión Democrática, también puede ser analizado como un voto visceral. Si pensabas que Perón era nazi votabas visceralmente a Tamborini-Mosca. Si estabas convencido de que la Unión Democrática era la oligarquía votabas

Fuente: Juan Alonso | Nuestras Voces Fecha: 22 de OCT 2017 El juez Gustavo Lleral dijo que habrá que esperar dos semanas más para determinar, según los datos que arroje la autopsia, la fecha aproximada de la muerte de Santiago Maldonado y saber cómo se produjo. El gobierno salió nuevamente a despegarse de la responsabilidad del caso. Repasamos en esta nota los puntos centrales que demuestran que Gendarmería está involucrada en la muerte de Maldonado: el rol de Noceti, los gendarmes identificados durante la respresión, el terror del sargento Pelozo y las contradicciones del subalférez Echazú. ¿Por qué todavía no se allanó la estancia de Benetton? ¿Por qué no se peritó el teléfono de Noceti? Esta crónica está hecha sobre la muerte. Una muerte joven. La de Santiago Maldonado. A veces escribir es lacerante. Los primeros datos de la autopsia determinaron, según fuentes confiables, que no hubo lesiones visibles o aparentes, pero eso no significa que no haya sido obligado a arrojarse al río con el agua fría que calaba los huesos. Los resultados finales de la autopsia estarán en quince días. Santiago murió durante un operativo represivo de la Gendarmería. De ahí en más (casi) todo es debatible, menos la consecuencia funesta de haber puesto en marcha un aparato militarizado capaz de acorralar la vida. Argentina vive uno de los momentos más oscuros de su historia. Un gobierno negador que intentó tapar la responsabilidad de la Gendarmería en la muerte de Santiago desde el 1 de agosto. Hay al menos siete gendarmes identificados. Llegaron a la vera del río después de las 11:32 del 1 de agosto, luego de que la propia fuerza tomó una fotografía de Santiago vestido de azul-celeste a la izquierda de una casilla de la Lof en resistencia mapuche de Cushamen, Chubut. Lo que sucedió después de ese fragmento de tiempo encriptado hasta las 12:30 es un misterio macabro. Santiago hoy estaría vivo si no fuese porque la Gendarmería entró de forma ilegal con la ruta despejada. Este gobierno eligió al pueblo mapuche como chivo expiatorio y lanzó una cacería criminal que aquí venimos narrando desde enero. Santiago tenía una causa sublime: fue hermano de los otros. Por eso estaba en el kilómetro 1848 de la ruta 40 a las 18 horas del 31 de julio. Para pedir por la libertad del lonko mapuche Facundo Jones Huala, preso desde fines de junio en Esquel, con pedido de extradición de Chile. Podría decirse que el dramático desenlace de la vida de Santiago comenzó cuando Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidieron elegir a los mapuches como hipótesis de conflicto. A las 10 de la mañana del 31 de julio, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, encabezó una reunión en la ciudad de Bariloche. Allí estaban los jefes regionales de las fuerzas federales, sus pares de la Policía de Chubut y de Río Negro, y el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. ¿Qué discutieron? Un informe de Inteligencia de Gendarmería que decía “R.A.M.” (Resistencia Ancestral Mapuche). Allí constaban seguimientos de antigua data, que definieron como de “seguridad nacional” y aconsejaron no revelar el contenido completo de esa carpeta sigilosa. Aquella vez Noceti hizo una arenga sobre lo “inconveniente” para “el turismo y las inversiones agropecuarias de los productores locales y extranjeros” el hecho de convivir en la Patagonia con “un grupo de mapuches extremistas”. Con esos mapuches, que Noceti y los funcionarios de su Ministerio, entre ellos, Daniel Barberis y Gonzalo Cané tildaron como “terroristas” estaba Santiago Maldonado. Viajó desde El Bolsón a Cushamen en la camioneta 4×4 de la testigo Claudina Pilquiman y participó del corte de ruta del 31. Así fue grabado por el Canal 4 de Esquel y reconocido por sus familiares, amigos y la comunidad mapuche. ¿Qué sucedió después? Pasó la noche en la Pu Lof con varios testigos, entre ellos Matías Santana, tan hostigado por estas horas de odio y persecución contra el pueblo mapuche. Todo comenzó a transformarse en una sombra maligna. Fue luego de las 11:15 del 1 de agosto. Al verse en minoría, los mapuches y Santiago huyeron rumbo al río Chubut, y en ese lugar Santiago se topó con los gendarmes y su muerte. Dentro de la comunidad sólo quedaron dos mujeres y sus niños. ¿Qué gendarmes estaban en los alrededores? Uno de ellos era el sargento Juan Carlos Pelozo, quien declaró ante el juez Guido Otranto, las querellas y el defensor oficial Fernando Machado. En esa ocasión, Pelozo estaba muy nervioso. Vestía una campera negra y la risa que esgrimió durante “el procedimiento” al andar por las vías de La Trochita, se le esfumó del rostro cuando le preguntaron sobre el subalférez Emmanuel Echazú: –¿Lo vio a Echazú dentro de la comunidad? –Sí, haciendo las actuaciones. –¿Y en el río? –No, yo en el río no lo vi… Es curioso lo de Pelozo. En estas horas llamó a un familiar para que lo asista en su abismo personal. Tiene miedo al miedo. Es decir: pánico. Vive dentro de un cuartel y teme a sus camaradas, a los mapuches y al destino. La última vez que estuvo frente al Juez pidió garantías para él y su familia. Declaró que fue uno de los primeros en llegar al río, pero dice que no vio a Echazú, del que hemos hablado varias veces aquí. El subalférez Echazú bajó al río con una escopeta calibre 12/70 que carga postas de goma y plomo, y volvió con una fractura de pómulo y serias heridas en el maxilar. Dijo que había sido herido con una piedra al igual que su colega Ernesto Yáñez antes de ingresar por la tranquera de la Pu Lof. Pero no. El enfermero Juan Ramos y los escopeteros Darío Rafael Zoilán y Aníbal Cardozo aseguraron en la causa que lo vieron con un abundante sangrado hasta el cuello del uniforme dentro del territorio mapuche y no afuera. ¿Si Echazú y Yáñez fueron heridos dentro de la Lof, hubo delito en flagrancia?

Fuente: Ari Lijalad | Nuestras Voces Fecha: 20 de OCT 2017 El juez Pablo Cayssials declaró que es inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que el juicio político es la única forma de remoción del Procurador General. Con esta decisión deja habilitada la posibilidad de que Mauricio Macri pueda desplazar a Alejandra Gils Carbó con un simple decreto. La operatoria fue tramada entre el Gobierno, un juez vinculado a Macri y el Grupo Clarín. Mauricio Macri logró un fallo a medida para intentar remover a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó sin juicio político. El juez Pablo Cayssials resolvió que el requisito del juicio político es inconstitucional. Es en una causa iniciada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y uno de sus apéndices, la asociación Será Justicia. La operación fue coordinada con el Gobierno y avalada por un juez con estrechos vínculos con Macri y el Grupo Clarín. El Gobierno, la city y el sello de goma La operación contra Gils Carbó desnuda las relaciones entre el Gobierno y los abogados de la city, alineados en esta cruzada. El modus operandi fue la presentación de dos denuncias gemelas. Una presentada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), cuya sede en la calle Montevideo alberga lo que Horacio Verbitsky definió como “el establishment jurídico que postró al país”. La otra, por un sello de goma creado por el mismo Colegio de la calle Montevideo, la agrupación Será Justicia. Ambos, con un vínculo estrecho con el Gobierno. La relación del Gobierno con Será Justicia –el apéndice de los abogados del establishment– es explícita. Lo demuestran sus posicionamientos políticos y los funcionarios que provienen de sus filas. Un ejemplo es Maria Eugenia Talerico, la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), fundadora de la agrupación. Fue su primera protesorera. Otro, Juan Curutchet, actual presidente del Banco Provincia designado por Maria Eugenia Vidal, que fue vocal de Será Justicia en su fundación. El vínculo entre el CACBA y Será Justicia también es alevoso. El acto fundacional de Será Justicia, en 2012, fue en la sede del Colegio en la calle Montevideo. Su objetivo primordial fue accionar contra las reformas judiciales encaradas entonces por el kirchnerismo. Fueron los artífices de las movilizaciones a favor del eterno supremo Carlos Fayt y de la marcha del 18 de febrero de 2015, al cumplirse un mes del fallecimiento del fiscal Natalio Alberto Nisman. Será Justicia apenas funciona formalmente: tienen una página de Facebook pero el link a su web institucional no está operativo. El presidente del CACBA es Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló. Antes, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Máximo Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir Será Justicia. Fonrouge es socio del estudio Cassagne, uno de los más prominentes de la city porteña. Otro de los socios es Ezequiel Cassagne, que oficia de Secretario del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Forum shopping La presentación de denuncias gemelas es una de las formas de lo que en la jerga judicial se conoce como forum shopping. En criollo, son maniobras para manipular el destino de las causas judiciales y que le toque resolver a jueces y fiscales permeables o cercanos. La denuncia de Será Justicia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la del CACBA a Rita Ailán. El juez Marinelli, luego de un pedido del CACBA, las unificó. Este juez tuvo una tensa relación con el kirchnerismo. Con el macrismo, por el contrario, tuvo buenos gestos. Por ejemplo, rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó “blanqueo”) a los familiares de los funcionarios. Las denuncias tenían un sólo objetivo: lograr el desplazamiento de Gils Carbó. Pedían que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la puede remover por vía del juicio político. Es lo que ahora les concedió el juez Cayssials. Enseguida se notó la mano del Gobierno en esta operación. En lugar de defender al Estado y la legalidad de las leyes, el Ministerio de Justicia comandado por Germán Garavano le dio la razón a los demandantes. Fue la confesión implícita de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defender la legalidad de las leyes. El artículo 76 de la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal establece que “el Procurador General de la Nación solo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”. El 53 dice que la Cámara de Diputados puede iniciar un juicio político y el 59 que el Senado es quien juzga. En ambas Cámaras se requieren dos tercios de los presentes. Macri no tiene esos números parlamentarios y, por ende, intenta avanzar por otras vías non sanctas. La Procuración quiso intervenir en esta causa que apunta contra Gils Carbó, pero el juez Marinelli no aceptó. Sólo admitió a la propia Gils Carbó como tercera interesada. Esta intervención de la Procuradora logró un primer freno a esta maniobra a todas luces coordinada entre el Gobierno y los grupos de abogados afines. La cuestión era obvia: si alguien demanda y el demandado le da la razón, el juez falla a favor del demandante. En este caso, le iba a dejar despejado el camino a Macri para remover a Gils Carbó por un mecanismo fuera del juicio político. Finalmente, el juez Marinelli fue recusado y el expediente recayó en manos del juez Cayssials. Entre los últimos fallos de Cayssials se destacó la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la ley audiovisual (hoy derogada por Macri). Tal como informó Nuestras Voces, el juez Cayssials tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos. Nuestras Voces también informó

Fuente: M. Escalada & A. Ronconi | El Disenso Fecha: 19 de OCT 2017 Una nueva opereta que se cae a pedazos. Mientras Santoro desde las paginas de Clarín asegura que la secretaria del fallecido Fiscal Nisman “negó que su ex jefe haya avalado la firma del acuerdo con Teherán por la AMIA“, la defensa del ex canciller Timerman le responde contundentemente publicando documentación oficial donde Nisman firma que la fiscalía “recibe con beneplácito y encuentra altamente constructivo” el acuerdo. Desde El Disenso reproducimos el comunicado del ex Canciller Timerman sobre la causa. El ex canciller Héctor Timerman se presentó el martes en Comodoro Py citado por el juez Claudio Bonadio, por una supuesta “traición a la patria” a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán para intentar avanzar con el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Debido a sus problemas de salud, el ex Canciller solicitó declarar en el mes de septiembre, lo que fue rechazado por su señoria. La declaración debió interrumpirse por una descompensación de Timmerman, quien debió ser trasladado desde tribunales a la Unidad Coronaria del Sanatorio Otamendi. “Fue una tortura y una crueldad lo que hicieron hoy”, denunció su abogada, la doctora Graciana Peñafort. Durante su declaración, Hector Timerman dejó en claro que el fiscal Alberto Nisman, al que se le anunció oficialmente y por escrito la existencia de negociaciones reservadas, respaldó el Memorándum con Irán. Esta declaración provocó una nueva embestida mediática contra el ex canciller. Desde el medio hegemónico, Santoro aseguró que “los testimonios de la ex secretaria letrada del fallecido fiscal Alberto Nisman Soledad Castro tanto ante la Justicia como ante el Consejo de la Magistratura, entre otras pruebas, contradicen la coartada que Héctor Timerman ante el juez federal Claudio Bonadio en la causa por encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA“. El Dr. Alejandro Rúa, abogado del ex canciller Timerman, fue quien echo luz sobre el tema. Según Santoro, la ex secretaria aseguró que “Nisman “siempre sospechó del Memorándum”“, lo que se hace difícil de creer luego de ver los documentos firmados por el propio Nisman donde queda claro la contundencia de lo declarado por el ex Canciller. La ex secretaria, cuyas declaraciones Clarín utiliza para la nueva embestida mediática contra el ex Canciller Timerman, hoy trabaja en la vocalía del ministro de la Corte, Horacio Rosatti. La palabra de Héctor Timerman Un día después de declarar ante el Juez Bonadío, quien rechazó la presentación espontánea solicitada por el ex canciller a raíz de su delicado estado de salud, Timerman hizó público un comunicado sobre la causa, que reproducimos a continuación. Por mi esposa, mis hijas, mi nieta, mis hermanos, y por la memoria de mis padres. Por mis amigos. Por los asesinados en el atentado a la AMIA, por sus familiares, y por todos los argentinos. Mi delicado estado de salud, tal vez no me permita enfrentar hasta su finalización, la investigación por traición a la patria y encubrimiento que lleva adelante el juez Claudio Bonadío. Por eso, solicité hace un tiempo, se fije una audiencia en forma inmediata, a fin de poder aclarar los hechos de los que me acusan, en una presentación espontánea. Pero el juez no respondió a mi pedido. Escribo la presente para que toda la sociedad conozca la verdad. El llamado Memorándum con Irán, aprobado por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, y por el que se me acusa de haber querido encubrir a los culpables del atentado, tenía un solo objetivo: Terminar con la parálisis de casi dos décadas en la causa, encontrar y juzgar a los responsables del más cruel atentado del que hayamos sido víctimas desde el retorno de la democracia. Desde que era joven participé de muchas acciones para proteger los Derechos Humanos en todo el mundo. Pensé que esta misión, impulsar la Causa AMIA, inmovilizada desde hace mucho tiempo, era la más importante de mi vida y que una vez finalizada podía retirarme satisfecho de haber cumplido con mis ideales como persona y mi deber como canciller. Sentí, con la firma del memorándum, la profunda emoción de encontrar el camino para encontrar y juzgar a los autores del atentado a la AMIA. Es normal que haya desacuerdos en cualquier tema de política internacional, pero nunca me imaginé la reacción que se desataría en este caso. Y, particularmente, el vehemente rechazo de la comunidad judía a la que pertenezco, que me sorprendió y causó un profundo dolor. En la Argentina no existe la posibilidad de continuar con un proceso penal si no hay indagatoria de los imputados.Dado que varios imputados por el atentado a la AMIA residen en Irán, que por legislación nacional no los puede extraditar, todo lo que nos propusimos era lograr que la Justicia Argentina tuviera la posibilidad tomarle declaratoria a los imputados en su país. Contra todas las acusaciones sin pruebas, aclaro una vez más que: No solicitamos el levantamiento de las alertas rojas. Por el contrario, me comuniqué con el responsable de Interpol para asegurarme que las alertas rojas se mantendrían vigentes. No negociamos el reclamo de justicia a cambio del acuerdo. Ni el comercio de granos, ni de petróleo ni de nada. No hubo reunión secreta en Alepo. Nunca se negoció abandonar la causa de la Amia. El fiscal Alberto Nisman al que se le anunció oficialmente y por escrito la existencia de negociaciones reservadas, respaldó el Memorándum con Irán. Poco después de nuestro fallido intento de mover el estancamiento de la causa con una negociación para mandar a la Justicia Argentina a Irán, el por entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, intentó un camino de negociación. Firmó – junto con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China- un tratado con Irán. En este caso, para detener el acceso de los iraníes a la bomba atómica. A cambio, otorgó el levantamiento de sanciones contra Irán. Nosotros no cedimos nada – quizás por eso nunca logró la aprobación final en Irán. ¿De qué encubrimiento y traición se me acusa?

Fuente: Néstor Espósito | TiempoAr Fecha: 07 de OCT 2017 El fallo que confirmó los procesamientos de dos personas que dijeron haber visto al juez Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos, en la antesala de una reunión con Cristina Fernández, invita a profundizar la investigación para determinar quiénes estuvieron detrás de esa maniobra. Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, los dos procesados por “falso testimonio agravado”, corren riesgo de condena de hasta diez años de cárcel. Y, según se desprende del expediente, no les será fácil zafar. Ya no pueden argumentar que confundieron a Casanello con alguien parecido. No vieron a nadie parecido porque ni siquiera estuvieron en Olivos: “Las pruebas que desacreditan la visita del Magistrado a la morada presidencial revelan, al mismo tiempo, que ninguno de los imputados concurrió al complejo en la fecha declarada”, dice el fallo. Mintieron a sabiendas. El Código Penal lo define como “una divergencia entre lo que el (imputado) transmite y lo que conoce como verdadero”. ¿Hay alguna forma de mejorar sus situaciones procesales? Los difusos contornos del régimen de “delación premiada” no están pensados para el delito de falso testimonio. Pero las mentiras de ambos procesados parecían apuntar a apartar a un juez federal que está investigando un caso de presunta corrupción. Y para eso sí aplica la delación premiada. Corizzo y Scozzino deberían, en ese caso, revelar quiénes pergeñaron la mentira, y para qué. Corizzo se presentó en el expediente como “un soldado del proyecto” kirchnerista. Pero el fiscal Carlos Stornelli (quien no puede ser considerado K) advirtió que su relato “significaba una acusación grave contra la persona que conducía el ‘proyecto’ con el cual se identificaba fuertemente”. ¿Quién es, en realidad, Corizzo? El fallo de la Cámara aporta dos primeros nombres para una investigación ulterior y más profunda: Martín, uno de los hijos de Lázaro Báez, y su abogado, Santiago Viola. Pero la supuesta presencia de Casanello en Olivos y su relación con CFK sólo existieron en la literatura periodística, que luego fue reconocida por los propios autores de las notas como “pescado podrido”. Sin embargo, sobre la base de esos artículos que luego se revelaron falsos, Graciela Ocaña pidió el juicio político de Casanello ante el Consejo de la Magistratura. Peor aún: las publicaciones dieron cuenta de comunicaciones telefónicas reales que había sostenido el juez con parientes y allegados. Pero Casanello no tenía su teléfono intervenido por orden judicial. Es decir, lo espiaron ilegalmente. Lo que resta investigar está en manos del juez federal Luis Rodríguez. Tirar de esa cuerda podría dejar al desnudo una vergonzosa operación político-mediático-servicial.

Fuente: Página 12 Fecha: 07 de OCT 2017 «El presidente ha dicho que soy la peor lacra que existe en el país, y luego ha dicho que el país andaría bien si pusieran en un cohete y enviaran a la luna a 562 personas, entre las cuales dijo que hay periodistas. Yo por las dudas me ajusto el cinturón”. Con estas palabras, Horacio Verbitsky graficó sus sensaciones ante la ofensiva de Mauricio Macri contra aquellos que critican con pruebas el gobierno de Cambiemos. El periodista y titular del CELS quedó en el ojo de la tormenta por la publicación en Página/12 de una nota en la que revelaba que Gianfranco Macri, hermano del presidente, había blanqueado más dinero que el propio Mauricio, aprovechando las bondades del decreto a través del cual modificó la ley de blanqueo y permitió que los familiares de funcionarios públicos se sumen a este beneficio. “El Presidente esta omitiendo bienes en su declaración, de otro modo es incomprensible que su hermano menor, que ha tenido siempre un rol secundario en los negocios de la familia, pueda blanquear cinco veces más de lo que el Presidente declara», dijo Verbitsky en FM La Patriada. El columnista dejó traslucir su molestia por la serie de trascendidos respecto de la irritación de Macri por esa nota y la ofensiva oficial a través de otros medios. «Son amenazas muy directas, muy claras, que yo no las minimizo en absoluto. Puedo decir que los insultos de Macri son un galardón, que me honran, pero de todos modos prefiero que no me lo coloque personalmente al galardón», aseguró. También consideró que “la irritación presidencial, incluso con el principal accionista de Página/12, Victor Santa María, no es por él específicamente, sino por las cosas que yo he publicado específicamente en la nota ‘Gianfrancamente hablando’ sobre el blanqueo del hermanito». Así, no dudó en calificar como “represalia” el enojo de Macri, que llevó a buscar en la AFIP la fuente que pudo haber suministrado información sobre el blanqueo de capitales. Para Verbitsky, también tuvo que ver la labor del CELS en tres casos: el 2×1 en el fallo de la Corte Suprema que benefició a genocidas, la desaparición de Santiago Maldonado y la denuncia por el arresto arbitrario de Milagro Sala en Jujuy. «Me parece que esos son los motivos de la furia presidencial, eso es lo que dicen periodistas que no son afines ni a mí, ni al CELS, como Carlos Pagni o Alconada Mon, por ejemplo”, afirmó el autor de Robo para la corona. «En el caso de Menem, por ejemplo, quién me llamo ‘terrorista de la pluma’, ponía la cara y lo decía él, en consecuencia esto estaba dentro de un marco institucional y habían formas de enfrentar esto”, agregó. Precisó que “no lo dice el Presidente, lo deja trascender a través de funcionarios, a través de voceros, de periodistas, incluyen amenazas de muerte”, y que “desde el año 75 con las notas de la revista El Caudillo no recuerdo algo similar en la Argentina». Respecto del caso de Milagro Sala y el trabajo del CELS, narró que el gobernador Gerardo Morales respondió al pedido de la CIDH llevándola “a una vivienda que no es su domicilio y que la eligió él arbitrariamente, y colocar allí un destacamento de Gendarmería en la puerta. Es una violación directa de la Ley de Ejecución Penal”. Para comprender la magnitud de la medida, dijo que “hay 150 funcionarios de la última dictadura, procesados o condenados por crímenes de Lesa Humanidad que tienen el beneficio de la prisión domiciliaria y ni uno de ellos tienen la menor custodia de fuerzas de seguridad”, lo cual da la pauta de lo “absolutamente ilegal” de lo ocurrido en Jujuy. Verbitsky habló además del caso Maldonado y estimó que “la resolución de Naciones Unidas de ayer habla claramente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de sus declaraciones, de sus actitudes, del retaceo de información, de la información falsa que suministró a la opinión pública y a las propias Naciones Unidas. Es una declaración muy dura, si a ellos les consuela pensar que yo manejo los organismos internacionales, bueno, cosa de ellos». Sobre el caso del joven desaparecido desde el 1º de agosto, remarcó que el informe de la ONU consigna “ese diálogo terrible entre el subsecretario Barbieri, de Seguridad, con un grupo de gendarmes donde Barbieri dice ‘Estamos en el mismo bote, nos salvamos todos juntos o nos hundimos todos juntos’, lo cual, a su juicio, “no es el lenguaje institucional de la Seguridad sino es el lenguaje de la mafia”. El titular del CELS puntualizó que “no ha habido ninguna sanción a Barbieri por decir eso, no ha habido ninguna sanción a ningún gendarme, al margen de que si judicialmente se prueba o no se prueba quién hizo qué con Santiago Maldonado”; y fue categórico al resaltar que “está acreditado absolutamente que varios de los gendarmes han mentido, entre ellos el segundo jefe del operativo de represión”.