Politica

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 23 de ENE 2018  Fue un verdadero brote conmemorativo de la llamada “lucha antisubversiva”: el Ejército –con el auspicio del Ministerio de Defensa– acaba de homenajear a militares muertos por la guerrilla, en un acto encabezado por su comandante, Diego Suñer, mientras el Museo de la Casa Rosada inauguraba una muestra de objetos personales del dictador Pedro Eugenio Aramburu, como si éste fuera la versión autóctona del general Charles de Gaulle. Y a manera de remate, una frase dicha por el jefe de los diputados del PRO, Nicolás Massot, durante una entrevista publicada en el diario Clarín: “Con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación”. ¿Acaso esa fue una idea soltada al voleo o el anticipo de algún proyecto parlamentario para impulsar tal cuestión? Claro que la “teoría de los dos demonios” está en los genes filosóficos del macrismo. Eso explica por sí sólo el negacionismo gubernamental sobre el número de víctimas, la escandalosa ley del 2×1, la indiferencia del Ministerio de Justicia por los juicios, el festival de arrestos domiciliario a represores y la desfinanciación de actividades y programas de Derechos Humanos articulados por el gobierno anterior. Pero al corpus doctrinario del oficialismo se le suma su colosal empeño por instalar el carácter únicamente castrense del genocidio, soslayando así a sus hacedores de saco y corbata. No es novedoso que la fortuna de la familia presidencial fuera forjada al calor de la última dictadura con fabulosos contratos de obra pública. Ni que la actual política económica sea idéntica a la aplicada por José Alfredo Martínez de Hoz. Y menos aún que varios funcionarios y asesores del gobierno del PRO también lo fueron en el régimen que usurpó el poder entre 1976 y 1983. De ahí proviene –junto con profundas convicciones ideológicas– el atávico reparo del oficialismo por la revisión política y judicial de ese período; especialmente en lo que hace al componente civil del terrorismo de Estado. De allí que el modelo sudafricano de “reconciliación” suene como una agradable melodía. Perdón a la africana Las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica habían marcado el final de 46 años de apartheid, tal como se bautizó el sistema de segregación imperante  entre 1948 y 1994. Con el 62% de los votos, el Congreso Nacional Africano (ANC, en su sigla inglesa) resultó elegido y designó a Nelson Mandela como presidente. Su gran desafío se concentró en unificar el país sobre la base de una democracia parlamentaria sin desigualdades étnicas. En tal contexto, la Comisión por la Verdad y la Reconciliación fue la herramienta concebida para reparar los efectos de las violaciones a los derechos humanos cometidas hasta entonces por el régimen racista. Su etapa más represiva se desató a partir de 1960. El 21 de marzo de ese año la policía abrió fuego contra una manifestación antigubernamental en el poblado de Sharpeville, situada en la provincia de Transvaal. El saldo fue de 69 muertos y 180 heridos. Desde ese momento la población negra fue objeto de una cacería en todo el país para acabar con la estructura ya clandestina del ANC. Su cosecha: 12 mil presos a disposición de tribunales especiales. Otro hito sangriento fue la masacre de Soweto. Ubicada en las afueras de Johannesburgo, se trataba del área urbana con población negra más grande del país. El 16 de junio de 1976 hubo allí una multitudinaria manifestación de estudiantes y profesores. La policía envió 1600 policías. Sus balas en aquella ocasión sumaron más de 700 muertos y un millar de heridos. Ese mismo día el gobierno declaró el estado de emergencia, una medida de excepción que se prolongó durante 13 años. En ese lapso alrededor de otros 750 jóvenes fueron asesinados y unas 10 mil personas pasaron a engrosar las cárceles sudafricanas sin proceso y bajo torturas permanentes. Aquellas fueron las heridas que Mandela decidió “cicatrizar” a través de su Comisión por la Verdad y la Reconciliación. Presidida por el obispo anglicano de Ciudad del Cabo, Desmond Tutu (Premio Nobel de la Paz en 1984), la Comisión estructuró su funcionamiento en los principios de la denominada justicia “reparadora” o “compasiva”, cuya dinámica hace foco en la necesidad de los sobrevivientes en relatar su calvario y confrontar tal experiencia con el testimonio de sus victimarios. Esa dinámica excluye el castigo penal a estos últimos. El lema acuñado al respecto por Tutu fue: “Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no hay perdón”. Es notable a simple vista que entre el proceso represivo sudafricano y el que hubo en Argentina no hay demasiados puntos en común; ambos casos son incomparables tanto por la clase de conflicto como por su duración y también por los actores que intervinieron en su desarrollo. Por lo tanto es muy difícil que sus modelos de digestión político-judicial puedan ser similares. De hecho, el esquema argentino es reconocido internacionalmente como el paradigma más desarrollado en materia de juzgamiento a perpetradores de delitos de lesa humanidad, en tanto que dichos procesos permiten explorar los secretos del terrorismo de Estado y así conocer mejor lo que pasó. En cambio, el modelo sudafricano ofrece el camino opuesto: impunidad por información, y con la creencia de que tal trueque propiciaría una instancia reconciliatoria. Esa, por cierto, es la propuesta del diputado Massot. Grupo de familia Aquel hombre de 34 años es uno de los pocos cuadros genuinos del macrismo. La solidez de su retórica está a años luz del discurso de los CEO’s amaestrados por Jaime Durán Barba, sin mencionar los casos clínicos de Esteban Bullrich o Gabriela Michetti. Eso explica que sea justamente Massot –y no, por caso, Claudio Avruj– el instalador de este asunto. Y –tal como supo expresarlo en Clarín– con una motivación etaria, al decir que él, perteneciendo a una generación que ni siquiera vivió aquella época, deba dispensarle “el tiempo que le tendría que dedicar a los combates de la actualidad, que son la inflación, la pobreza y la informalidad laboral”. Tal vez al pronunciar aquellas

Fuente: Jorge Elbaum | elcohetealaluna.com Fecha: 14 de enero 2018 Mientras permanecen como ignoradas las causas de la desaparición del ARA San Juan y el destino de sus 44 tripulantes, el canciller argentino, Jorge Faurie, manifestó recientemente que “las relaciones bilaterales (con el Reino Unido) comenzaron a cambiar (…) el 10 de diciembre del 2015, con una nueva orientación que busca enriquecer el nivel de relacionamiento”. La permanente omisión de la cuestión de Malvinas ha sido una constante del gobierno de Cambiemos. Es harto probable que Mauricio Macri no sea recordado como un presidente comprometido con causas patrióticas, pero su nombre perdurará, sin dudas, en los anales del Foreign & Commonwealth Office —el ministerio de relaciones exteriores británico—, como uno de sus más conspicuos facilitadores y aliados del primer cuarto del siglo XXI. El 17 de septiembre de 2017, Horacio Verbitsky difundió en Página 12 algunos pormenores de la visita a nuestro país del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de los acuerdos alcanzados con el gobierno de Cambiemos. Entre los integrantes de la comitiva de empresas que acompañaron al líder del Likud, partido de la derecha gobernante, figuraba el NSO Group, fundado en 2010 por mayor general Avigdor (Janusz) Ben-Gal, quien fuera anteriormente presidente de la empresa estatal Industrias Aeronáuticas de Israel, mandataria de la corporación Rafael Advanced Defense Systems. NSO Group es una de las tantas start-ups generadas a partir de una decisión militar de desarrollo enfocada al área del software estratégico, con base en la célebre Unidad 8200: una entidad de las fuerzas armadas israelíes fundada en 1952, dedicada a la ciberseguridad y ubicada en las cercanías de la ciudad de Beersheva, en el desierto del Neguev. Caballo de Troya En enero de 2015, la Corte Suprema de Panamá anunció el resultado de una investigación sobre espionaje en la que se acusó al ex presidente panameño Ricardo Martinelli de monitorear mediante el malware Pegasus —malware es un programa o código malicioso concebido para dañar un sistema, como los virus y troyanos— a más de cien políticos, periodistas, embajadores y empresarios. A raíz de esa denuncia, el ex presidente fue detenido el 12 de junio de 2017 en Miami y permanece en esa condición, a la espera de una extradición reclamada por la justicia panameña. Dos de los hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, tienen pedido de captura internacional por el caso Odebrecht. A ambos se los acusa, además, de lavado de dinero producto de sobornos y de la utilización del mismo software de vigilancia, Pegasus. El 19 de junio de 2017 el New York Times (NYT) reveló que el gobierno mexicano y diferentes empresas privadas de ese país desarrollaron acciones de espionaje mediante Pegasus contra periodistas, políticos de la oposición, integrantes de organizaciones no gubernamentales y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evaluaban la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa. La administración de Peña Nieto había adquirido el software espía a través de la Procuración de la Nación, por un monto de 32 millones de dólares, el 29 de octubre de 2014. Según los datos revelados por el NYT, entre los vigilados se encontraban también diversos periodistas, entre ellas una de las más renombradas de ese país, Carmen Aristegui, y varios activistas relacionados con el fomento de impuestos sobre las gaseosas azucaradas, que sufrían la franca oposición de la empresa Coca-Cola. La fuente principal del artículo periodístico del NYT fue el dossier difundido por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, uno de los centros más rigurosos en el monitoreo de las políticas contra la privacidad. Su trabajo se titula “Espionaje gubernamental: monitoreo sistemático de periodistas y defensores de derechos humanos en México”. Uno de los “productos” de NSO Group es la aplicación de intrusión y vigilancia de celulares, computadoras y bancos de datos que empezó a ser comercializado internacionalmente en 2011, permitiendo la gestión remota de la información recopilada. NSO Group vendió un setenta por ciento de su paquete accionario en 2014, por un monto de 140 millones de dólares, a un fondo de inversión denominado Francisco Partners, que al momento de la adquisición aceptó los requerimientos de las políticas de seguridad israelíes, que exigen la continuidad operativa de la gestión de este tipo de empresas (y de la ubicación de sus servidores) en la misma ciudad donde se originó, es decir, en Hertzlía Pituaj, veinte kilómetros al norte de Tel Aviv. La presentación corporativa de NSO Group anuncia, desde sus orígenes, que comercializa su software únicamente a agencias gubernamentales dispuestas a enfrentar el crimen organizado y al terrorismo. ¿El lema de la empresa? “Hacer del mundo un lugar más seguro”. Uno de los accionistas de Francisco Partners es el fondo de inversión Elliot Management, uno de los denominados “fondos buitre”. Elliot esta administrado por Paul Singer, que en 2016 logró, gracias al gobierno de Cambiemos, la cobranza de los bonos “basura”, reclamados infructuosamente durante el kirchnerismo. El aporte de Cambiemos a dichos “fondos buitres” incluyó intereses usurarios y cuantiosas comisiones por un monto cercano s los 12.000 millones de dólares. Elliot Management y Francisco Partners adquirieron —gracias a las ganancias exorbitantes concedidas por Macri— el porcentaje mayoritario de la trasnacional de computación DELL y de la empresa dedicada a “combatir” virus informáticos, conocida como Symantec, logrando de esta manera la ubicación en los dos extremos de la vigilancia de internet: la producción de malwares y el software elaborado para combatirlo, como es el caso de Symantec. Francisco Partners posee oficinas en Londres, donde participa —gracias al aporte de uno de sus programas estrella, Pegasus—, de la red de compañías cooperantes del GCHQ, Government Communications Headquarters, la agencia gubernamental británica de inteligencia, dedicada a la ciberseguridad y la ciberdefensa. El sable del cielo El 29 de octubre de 2015, los gobiernos del Reino Unido y de Israel informaron conjuntamente una alianza estratégica orientada a la ciberseguridad. El acuerdo incluye la cooperación para la compilación y examen de información geoestratégica, el relevamiento de contingencias, el análisis de big data (orientado a descubrir patrones ocultos)

Fuente: Raúl Kollman | Página 12 Fecha: 14 de ENE 2018 “Vamos camino a una amnistía, tarde o temprano. Aquí no hay nada jurídico. No es una cuestión de derecho ni de justicia. Es una cuestión de poder. A este sector de la justicia no le interesa el derecho como no le interesaba al juez Botet. Hemos iniciado un largo camino hacia una amnistía, que es como siempre terminan las persecuciones políticas.” El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema, realizó este durísimo diagnóstico sobre el proceso judicial de la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Hoy se cumplen tres años de aquel 14 de enero de 2015 cuando Alberto Nisman presentó la denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros dirigentes. La referencia es al juez Luis Botet, que en 1956 armó el proceso contra Juan Domingo Perón por traición a la patria y asociación ilícita. Este es el diálogo de Página|12 con Zaffaroni. –La realidad es que hoy hay personas presas por el Memorándum: Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y también Cristina Kirchner, si no tuviera fueros y Héctor Timerman, si no estuviera enfermo. ¿Es razonable que estén personas privadas de su libertad por el delito de encubrimiento agravado, una vez que descartaron la traición a la patria? –Antes de cualquier valoración jurídica, debo advertir que no tiene ninguna importancia práctica inmediata. Todo lo que digamos desde el derecho, para un sector de la justicia carece de sentido, porque lo que se juega es simplemente poder. Para ese sector ya no interesa el derecho, como no le interesaba al juez Botet en los años cincuenta. Esto es un simple problema de poder, que trasciende a la Argentina. Nos metimos en problemas en los noventa, problemas que eran totalmente ajenos a nosotros y que nos costaron dos crímenes terroristas y muchos muertos. Luego, la administración demócrata de los Estados Unidos comenzó a negociar con Irán para resolver un riesgo nuclear. Benjamin Netanyahu pasó por encima de Barak Obama y habló en el Congreso norteamericano contra esa negociación y mencionó el caso del atentado en la Argentina. No he hablado con Timerman de esto, pero seguramente la sugerencia de que se hiciera algo para mover la causa paralizada vino de la gente de Obama, y ahora los republicanos y otros intereses, todos ajenos a nosotros, están moviendo estos procesos contra los funcionarios nuestros que promovieron el memorándum para destrabar la causa. Aquí no hay nada jurídico, el derecho no tiene nada que ver, es poder puro, lucha de poder e intereses, demasiado poderosos y extraños a nosotros. En eso, como en otros procesos por supuestas corrupciones a lo Botet, hay un sector de la justicia que se presta a la revancha política pura y simple. Hemos iniciado un largo camino hacia una amnistía, que es como siempre terminan las persecuciones políticas. A la larga terminan así, nos cuesta a los contribuyentes pagar reparaciones por los daños causados y, además, si algún corrupto en serio hay entre los perseguidos, lamentablemente se beneficia también con la amnistía que, por mandato constitucional, siempre debe ser “general”. En esto no valen razones jurídicas, si las mencionamos será por su importancia futura, cuando este momento pase, los que hoy callan se rasguen las vestiduras jurando que no se daban cuenta de lo que sucedía, que no sabían nada, y haya que ajustar cuentas con los responsables de las aberraciones y reparar los daños personales y sociales que hayan cometido. Pero ahora, cualquier razón jurídica es inútil, no habrá instancia judicial nacional que la escuche y a las internacionales les niegan valor. Estamos viviendo la crisis más grande del Estado de derecho de los últimos treinta y cuatro años. En cuanto a la “razonabilidad” de su pregunta, no, jurídicamente no es razonable, porque al descartar la traición a la Nación se está inventando un supuesto de hecho diferente, ya no son los mismos hechos, porque la traición era “prestar ayuda y socorro al enemigo” y ahora se imputa tratar de beneficiar a prófugos. Son dos hechos diferentes pero, como le decía, esto es jurídico y carece de importancia para el poder arbitrario, nadie lo va a recoger ahora, es sólo para tenerlo en cuenta en el futuro, cuando termine y se revierta este cuadro de franca persecución política. –Se ha instalado últimamente el criterio de que todo ex funcionario tiene capacidad para obstaculizar las investigaciones ya que, supuestamente, cuenta con “relaciones residuales”. –Primero, las investigaciones se refieren a hechos pasados hace años y cuya prueba hoy es casi exclusivamente documental, escrita, bastando con secuestrar la documentación. En segundo lugar esas relaciones residuales son presumidas, pero no están probadas. En tercer lugar, esto sería muy peligroso para los funcionarios en actividad, que se supone que tienen relaciones plenas y activas. En cuarto lugar, la prisión preventiva debería ser excepcional y nunca la regla basada en presunciones que no admiten prueba en contrario. En quinto lugar, si ese es el pretexto, no veo la razón, fuera de revanchismo y venganza, para detenciones escandalosas que restablecen la picota, ni para tenerlos en cárceles de máxima seguridad, con visitas y comunicación restringidas al máximo, y menos aún, para intentar mantener a un enfermo con prisión domiciliaria e impidiéndole o dificultando su tratamiento. Esto no es otra cosa que el juez Botet redivivo. –La Cámara Federal ha dicho que el Memorándum es perfectamente judiciable porque el tratado no versaba sobre materias propias del Poder Ejecutivo, sino sobre una cuestión judicial como era las indagatorias de los sospechosos iraníes. Por lo tanto, sostienen que no sólo es judiciable sino que constituye el delito de encubrimiento porque, según los camaristas, favoreció a los imputados.  –No me cabe duda acerca de que las relaciones internacionales pueden abarcar cuestiones de judicialidad, sin duda, salvo que los jueces se declaren independientes del Estado, lo que no me extrañaría después de “Fontevecchia”, claro. Imaginemos que hubiese una guerra y para

Fuente: Demián Verduga | TiempoAr Fecha: 13 de ENE 2018 Fue la primera presa política de la era Macri. El martes cumplirá dos años en prisión sin tener condena. La Justicia jujeña, jugando al límite de la Constitución Nacional y de los tratados de derecho internacional, decidió extender su arresto preventivo por un año más. Ella, Milagro Sala, logró, por pedido y exigencia de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un arresto domiciliario por motivos de salud. A regañadientes, la Justicia provincial se lo otorgó. Luego se lo quitó con la excusa de que había faltado a un control médico. Los reclamos internacionales y la Corte Suprema obligaron a restituirle esa condición de detención en la que hoy se encuentra. Estas son sólo algunas de las arbitrariedades que la líder de la agrupación Tupac Amaru padece desde que la arrestaron el 16 de enero de 2016, cuando protagonizaba una acampe frente al edificio de la gobernación de Jujuy, protestando contra el recién asumido mandatario Gerardo Morales, principal impulsor de la «lluvia de causas» sobre Milagro. Ella se define como coya, negra y peronista. Después de varios intentos, contesta el teléfono celular desde la casa en la que cumple con su prisión y se dispone a hablar con Tiempo. Lo primero que comenta es un problema de salud que tiene uno de sus hijos, que está hospitalizado. Los detalles, por obvios motivos, no se describirán aquí. Luego, comienza a referirse a su propia situación, a su vida cotidiana, su día a día encarcelada. Habla rápido, concentrando varias ideas en pocas palabras, como quien no quiere que se le queden afuera algunas de las cosas que tiene para decir. «Estoy escribiendo un libro de lo que viví a lo largo de estos dos años. Lo estoy escribiendo con Raúl» (Noro, su marido). –¿La ayuda escribir?  –Sí, porque al principio no entendía lo que me estaba pasando. Yo siempre estuve muy preocupada por que todas las obras que teníamos que hacer se terminaran y se realizaran. Sabía que si ganaba la oposición iban a venir a buscar cualquier cosa para deslegitimarnos. Voy a cumplir dos años presa y, a medida que veo el panorama político, me doy cuenta de que no nos perdonan haber construido viviendas y todo lo que hicimos. Nosotros no sólo hacemos viviendas sino que, si quedaba plata, hacíamos más cosas, piletas de natación, polideportivos. Es la diferencia con las empresas privadas, que se llevan eso a su casa. Ahora realmente hay corruptos y no veo que se los investigue. Todo lo que hicimos nosotros fue de corazón. Porque teníamos que demostrar que el ser humano, más allá de su origen, tiene derecho a una vida digna. Nosotros nos ocupábamos de la salud y la educación muy a fondo. Esas son las cosas que no nos perdonan. Eso es lo que me ayuda a entender por qué estamos presos. –Además de escribir, ¿cómo es el resto de su día? –Tomo los medicamentos que tengo que tomar. Después me pongo a hacer las cosas de la casa. Lo ayudo a Raúl. Pero la verdad es que en lo que más intento concentrarme es en el libro que estoy escribiendo. Lo empecé hace varios meses. Comencé a escribirlo en el penal y ahora lo sigo. También me gusta leer todo lo que puedo. –¿Qué está leyendo?  –Estoy leyendo el último libro de (Horacio) Verbitsky. Además, aunque no lo creas, también estoy leyendo a (Jaime) Durán Barba. Quiero entender a (Mauricio) Macri, quiero entender lo que está haciendo, por qué trata a los argentinos de esta manera. El poder económico quiere recuperar todos los privilegios y no les importa lo que tengan que hacer para lograrlo. Ese discurso de que había que convivir, respetarse, dialogar, era falso. A mí, por ejemplo, me extraña muchísimo que el presidente no le haya dado un consuelo a los familiares del ARA San Juan. Todos los días dan consejos que ellos no aplican. –¿Cree que la Justicia argentina puede resolver su situación de un modo justo o sólo confía en las instancias internacionales? –La verdad es que siento que sólo puedo confiar en las instancias internacionales. La misma Cámara de Casación que absolvió a Carlos Pedro Blaquier es la que me condenó a mí. Y conmigo fue más dura. Macri y Morales prepararon la Justicia para ellos y no para lo que tiene que ser en una verdadera democracia. Macri dice a quién van a juzgar, a quién van a condenar, quién tendrá el mote de corrupto, de delincuente. Los funcionarios actuales tienen causas por corrupción y nadie los detiene diciendo que pueden presionar para entorpecer la investigación, y a mí me tienen presa. –¿Cómo ve a los movimientos sociales y los sindicatos frente a las políticas que impulsa el gobierno? –Hay muchas organizaciones sociales y sindicatos que han salido a la calle. El tema es que el 90 por ciento de la prensa está cooptada por el oficialismo. Y cuando hay un medio que no habla bien de Macri, de alguna manera, lo empiezan a judicializar. Es lo que pasó con C5N y ahora lo quieren hacer con Página/12, apretando al Suterh. No hay suficiente difusión de las protestas que se ven en el país. Hay muy pocos periodistas que se juegan para difundir el descontento social. Ahora me parece que algunos dirigentes sindicales empezaron a despertarse. Hay una frase del general (Juan) Perón: «Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes». Así que creo que muchos se están dando cuenta de que comienzan a perder el apoyo de sus propios afiliados, de sus propias bases. –Usted es parlamentaria del Parlasur por el Frente para la Victoria, ¿qué debería hacer el peronismo? –El peronismo lo que tiene que hacer es dejarse de joder, aplicar la doctrina de Perón y Eva. Tiene que unirse porque sin eso no hay posibilidades. Tiene que preguntarse qué Argentina quiere, una para todos o para unos pocos. Y, sabés qué,

Fuente: Pedro Golfarb* | Página 12 Fecha: 12 de ENE 2018 En la noche del día miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamín  Netanyahu recibió en su despacho a la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Argentina, Gabriela Michetti. Además de reunirse con el primer ministro, en la agenda de Michetti figuran entrevistas con el Presidente de Israel, Reuben Riblin y con el responsable del Parlamento Israelí, Yuli Edelstein. Netanyahu, acosado por discusiones internas en su propia coalición de gobierno con respecto a la aprobación del  presupuesto anual del estado y acorralado cada vez más por las investigaciones policiales y judiciales sobre supuestos casos de soborno y de conductas no acordes con la investidura de su cargo, ha aprovechado la visita de Michetti para recalcar el cada vez mayor reconocimiento que tienen de Israel los países latinoamericanos, y en especial el gobierno argentino liderado por Mauricio Macri. Los dos mandatarios recalcaron y reafirmaron la amistad, el dialogo fraterno y los intereses mancomunados que unen a los dos gobiernos y a los dos países. Netanyahu no se cansó de dar muestras de agradecimiento por las últimas votaciones internacionales de la Argentina en las Naciones Unidas en favor de los intereses políticos del gobierno de derecha de Israel ¿será que Macri tiene pensado trasladar la embajada argentina de Hertzlía a Jerusalén? La señora Michetti no vino sola. Esta acompañada en esta visita de cinco días por altas personalidades de distintas áreas, como la industria, la agricultura, relaciones internacionales, inversiones turísticas y comercio internacional. Es que ayer se realizó en el Hotel Dan en Tel Aviv un encuentro económico con la presencia de la vicepresidenta que lleva el título: “Grandes Oportunidades para las  inversiones económicas israelíes en la Argentina”. En la invitación se aclara que: La Argentina está considerada perteneciente al grupo de los paises poderosos G-20. Que la economía argentina, bajo el gobierno de Macri, es la tercera potencia económica en América Latina y que el gobierno de Macri hace todo lo posible para encauzar con éxito el desarrollo de la economía local. Las empresas israelíes, avidas de buscar nuevos campos de expansión comercial, se verían beneficiadas por las políticas de reforma impositiva del gobierno argentino con respecto a inversiones extranjeras. Parece ser que esto responde a convenios firmados por Netanyahu en su visita a la argentina en septiembre del año pasado: los intereses económicos de los paladines de las políticas neoliberales antes que cualquier otro tema de importancia. Yo pensaba que Michetti aprovecharía su visita a Israel para tratar de adelantar las negociaciones con el primer ministro israelí sobre la pronta extradición de Anibal Gauto, alias Yosef Carmel, delincuente y asesino en la época de la dictadura militar y buscado por la justicia argentina. Qué iluso. Pensé que en dichos encuentros llegarían a un acuerdo para liberar todos los documentos relacionados con las macabras relaciones que tuvieron la Argentina e Israel durante los fatídicos años setenta. O para hablar de la “política humanitaria” del gobierno y la justicia argentina con respecto al ex canciller Héctor Timerman. ¿De qué temas pueden haber hablado entonces? ¿De la continuidad del apoyo logístico, informativo y técnico que brindan los servicios especiales de Israel a las fuerzas de seguridad argentina, apoyo que incluye tareas de adiestramiento y ejercitación en territorios ocupados contra población palestina? ¿Acaso habrá explicado Michetti, con orgullo y soberbia, sobre los éxitos en la política de represión de la policía y la Gendarmería sobre el pueblo Mapuche, militantes sociales como Santiago Maldonado o contra manifestaciones populares, donde camiones lanza chorros de agua colorante, producto de la industria kibutziana israelí tuvieron un importante papel? ¿O habrán hablado de los tremendo éxitos de la política neoliberal de los dos países, donde la brecha social entre la minoría rica y la mayoría pobre de la población alcanzan límites insospechados? * Historiador. Universidad Hebrea de Jerusalén. 

Fuente: Stella Calloni | La Jornada Fecha: 08 de ENE 2018 “En Argentina no existe la pena de muerte, pero un juez, activo practicante de graves irregularidades jurídicas, me condenó a muerte como preso político que soy, aislado en mi domicilio, cuando enfrento una enfermedad que requiere atención permanente”, dice el ex canciller argentino Héctor Timerman. Sus problemas de salud se agudizan con la prisión preventiva a la que es sometido en una causa que no tiene “ninguna racionalidad, ni respaldo jurídico, ni razón de ser, sólo un maldito juego de intereses geoestratégicos”. En entrevista exclusiva con La Jornada, un sereno Timerman relata esta increíble “historia de injusticia y crueldad”, de la que además son víctimas todos los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri, y recuerda que en 1978, en plena dictadura, su padre, Jacobo, fue puesto en prisión domiciliaria luego de dos secuestros y de haber sido torturado en varios centros clandestinos de detención y exterminio. Jacobo Timerman fue fundador del mítico diario La Opinión, que cambió el periodismo en Argentina y fue cerrado por la junta militar. En diciembre pasado, Héctor Timerman, quien batalla contra un cáncer de hígado, junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, otros ex funcionarios de su gobierno y tres dirigentes sociales, fueron procesados por el juez Claudio Bonadío por supuesto intento de encubrimiento a funcionarios de Irán, acusados por Estados Unidos e Israel de ser responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que en 1994 dejó 85 muertos y decenas de heridos. El supuesto pacto nunca existió, pero así calificó Bonadío el Memorando de Entendimiento entre ambos países que sólo intentaba un avance en la causa de la AMIA, que lleva 23 años de impunidad. La acusación más sorprendente fue la de “traición a la patria”, por la cual Bonadío dictó una ilegal prisión preventiva, puesto que nada se ha juzgado aún, ni se ha demostrado siquiera que tal encubrimiento exista. “Cuando fui a declarar ante Bonadío, el 19 de octubre de 2017, le pregunté al juez cuándo Argentina había declarado la guerra a Irán, porque era la única cuestión que podría dar lugar a un acto de traición a la patria, uno de los disparates de esta causa”, explica Timerman, quien ha sido visitado por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, enfrentadas a la embajada de Israel y a las derechistas organizaciones de buena parte de la comunidad judía local, a las que acusan de obstaculizar el camino a la verdad. Sobre las acusaciones que pesan sobre él, Timerman señala que además del hecho de que fue el canciller que negoció el Memorando de Entendimiento, una acción dentro de las reglas de la Organización de las Naciones Unidas, se le acusa “de una supuesta complicidad” con el ex secretario general de Interpol, el estadunidense Ronald Noble, “lo cual es insólito, ya que yo estoy preso por cómplice de alguien que no está detenido ni es juzgado”. Recuerda que cuando en enero de 2015 comenzó a urdirse la trama de la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra Fernández de Kirchner, aunque “todo fue público, abierto, un documento aprobado por el Congreso argentino, y que no se puso en vigencia en ningún momento, con lo cual ni siquiera en esto existe delito alguno”, Noble envió una carta “desmintiendo que el gobierno de Kirchner hubiera pedido la baja de las alertas rojas que mantenía Interpol sobre los acusados iraníes”. Bonadío acusó a Noble de mentir, pero el 13 de diciembre pasado el ex jefe de Interpol negó las imputaciones. Todos los gobiernos argentinos han mantenido una relación normal y comercial con Irán, e incluso “existe en el Congreso una comisión de amistad con el pueblo iraní”, destaca Timerman. “Es increíble todo lo que han usado para mantener la causa viva en estos años, tratando de acusar al gobierno anterior de la muerte de Nisman. Bonadío se apresuró a cerrar esta causa sin sentido, para evitar el testimonio de Noble. El juez ordenó nuestra detención y después de arrestarnos dice que tiene que leer 300 mil correos electrónicos. Imagínense, si yo debo esperar hasta que Bonadío lea los correos, no puedo asegurar si sobrevivo a ese tiempo. Pero además, antes de detenernos no pasó la causa por fiscalía y es increíble que se nos acuse antes de revisar los supuestos correos electrónicos, cuando decidió elevar esta causa, el 9 de junio pasado. Tampoco escuchó a los propios familiares de las víctimas de la AMIA”. Indicó que Bonadío, quien mató a una persona por la espalda “en defensa propia”, según dijo en su momento, es el magistrado que más denuncias acumula por acciones ilegales en su función jurídica. Timerman recordó que el ex fiscal Alberto Nisman nunca investigó el atentado a la AMIA, para lo que fue nombrado por el ex presidente Néstor Kirchner en la fiscalía especial. Sobre la muerte del fiscal, el 18 de enero de 2015, peritos de la Corte Suprema y otros organismos determinaron que no hubo ninguna otra persona en el baño del departamento de Nisman, donde fue encontrado su cuerpo con una pistola en la mano. Las puertas de entrada a la vivienda estaban cerradas por dentro. “Nisman viajaba permanentemente a Israel y trabajaba para la extrema derecha de Estados Unidos. Sheldon Adelson depositaba dinero en la cuenta secreta que tenía Nisman en Uruguay”, precisa el hoy detenido ex ministro. Adelson es el mayor donante del Partido Republicano y principal recaudador de fondos para comités de acción política en favor de Israel. En un discurso el 22 de octubre de 2013 en la Universidad Yeshiva, de Nueva York, dijo: “Estados Unidos debería lanzar una bomba atómica contra Irán para impulsar al país a poner fin a su programa nuclear”. Timerman recuerda que cuando su entonces par israelí, Avigdor Lieberman, “me increpaba por negociar con Irán, yo le explicaba que queríamos un proceso justo, que en Argentina no existe el juicio en ausencia y en Irán no existe extradición, como tampoco en Israel o Brasil”. Los beneficiados en esta historia ¿Quienes han sido los beneficiados por estas

Fuente Atilio A. Boron | atilioboron.com.ar Fecha: 29 de DIC 2017 El 2017 termina en la Argentina con otra pésima noticia que se suma a otras conocidas en las últimas semanas: el Tribunal Oral Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires le concedió el genocida y torturador probado y confeso Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, el beneficio de la prisión domiciliaria a causa de su «delicado cuadro de salud». El personaje de marras desempeñó aquel cargo entre marzo de 1976 y fines de 1977 y fue la mano derecha de otro asesino de triste memoria, el ex general Ramón Camps. En 1986 Etchecolatz (que actualmente tiene 88 años) fue sentenciado a 23 años de cárcel al ser hallado culpable de 91 casos de tortura. Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 fue condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio que se sustanció en el 2006 y donde fue el único acusado. En esa oportunidad se lo condenó a prisión perpetua por seis homicidios. Fue en el juzgado de La Plata donde se ventilaba el caso que un testigo presencial de sus crímenes, al albañil Jorge Julio López, lo identificó como uno de los torturadores. En su declaración narró entre otras la siguiente escena: “La chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le habían tirado un baldazo con agua y Etchecolatz le pasaba picana…y ella le gritó: ‘Por favor no me mates, llevame presa de por vida pero dejame criar a mi beba’…y él le sonrió…y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez, verán que la cabeza tiene dos agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado”. Conocida la sentencia, los fotógrafos advirtieron que el genocida había escrito el nombre de López en un pequeño papel, y también una orden: “secuestrar”. El mensaje fue a parar a manos cómplices y obedientes. Tres horas después, López desaparecía para siempre. Teniendo a la vista estos antecedentes, ¿debería concedérsele a Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria? Desde el punto de vista ético, filosófico, la respuesta es terminante: no, de ninguna manera. Ni la edad ni una enfermedad deben atenuar la ejemplaridad de la pena que le fue impuesta por la comisión de delitos atroces y aberrantes. Pero, además, hay un antecedente internacional que merece ser tenido en cuenta: es el caso del ex jerarca nazi Rudolf Hess. Este había caído prisionero de los ingleses en una extraña misión que lo había llevado al Reino Unido, supuestamente con el objeto de pactar una tregua con Londres para que los ejércitos hitlerianos librasen una batalla en un solo frente, el oriental, y aplastar a la Unión Soviética que, sin duda, era una vieja aspiración de las potencias capitalistas. Al producirse el derrumbe del Tercer Reich Hess como tantos otros fue juzgado por el Tribunal de Nuremberg y condenado a cadena perpetua el 1º de octubre de 1946. Junto con otras prominentes figuras del régimen nazi fue enviado a la cárcel de Spandau, un enorme complejo carcelario construido por Bismarck en Berlin. El presidio fue diseñado para albergar a 500 prisioneros pero luego de los juicios de Nuremberg trasladaron a todos los presos y la cárcel se destinó exclusivamente a la reclusión de los condenados, custodiados por más de cien guardiacárceles y personal militar de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Sólo 7 antiguos jerarcas nazis ocuparon sus celdas y en 1966, con la excarcelación de Albert Speer al cumplirse los veinte años de su condena, el único que permaneció en ese inmenso presidio, en confinamiento solitario y custodiado por un inmenso aparato fue Hess. Desde los años ochenta algunos sectores neonazis europeos comenzaron a promover abiertamente una campaña para lograr la excarcelación de Hess, aduciendo su avanzada edad (más de 80 años) y sus problemas de salud. Pero tal como lo revelara el periódico británico The Guardian en su edición del 20 de Julio de este año, nada menos que desde 1957 Londres venía sigilosamente solicitando la excarcelación de Hess a las autoridades soviéticas. La reciente desclasificación de los Archivos Nacionales que se hizo efectiva al cumplirse 30 años de la muerte del lugarteniente de Hitler permitió conocer algunos interesantes entretelones anteriormente vedados a la opinión pública, entre ellos la hipocresía de la lucha de las “democracias capitalistas” contra el fascismo. En once ocasiones -¡once, no una!- el Reino Unido demandó de manera unilateral a la URSS la liberación de Hess, y en otras catorce lo hizo de común acuerdo con Washington y París. La última petición británica la firmó Margaret Thatcher el 4 de Octubre de 1982 según consta en los archivos. (ver https://www.theguardian.com/uk-news/2017/jul/20/uk-pressed-for-rudolf-hess-release-from-spandau-prison-soviets-hitler-thatcher-national-archives) Sin embargo, la absoluta intransigencia de la Unión Soviética frustró esos planes. Esta actitud fue acompañada, si bien discretamente, por el gobierno de Israel. El argumento de Moscú se apoyaba en dos consideraciones: uno, la liberación de Hess sería una afrenta a los veinte millones de soviéticos que murieron a causa de la invasión nazi a la URSS; dos, que una tal decisión alentaría la resurgencia del nazismo y el racismo en Europa. Fracasadas estas tentativas de liberación por “causas humanitarias” Hess murió en prisión en 1987, a los 93 años, en misteriosas circunstancias. La versión oficial es que se ahorcó, pero en Londres hay quienes aseguran que fue asesinado para que se lleve a la tumba el secreto de la misión que lo llevara al Reino Unido a inicios de los años cuarenta. De lo anterior se desprende una lección para la Argentina: un gesto supuestamente “humanitario” como el que benefició a un personaje como Etchecolatz -aún más sórdido y criminal que Hess que nunca perpetró por mano propia las atrocidades cometidas por aquel- no sólo es inmoral sino que fomentará el crecimiento de grupos racistas y neofascistas de diverso pelaje y alimentará la ilusión de que sus crímenes, como ocurrió en el pasado, podrían quedar impunes.

Fuente: Horacio Lutzky | lacausamia.blogspot.com.ar Fecha: 27 de DIC 2017 La AMIA ejecutó días atrás la sentencia de desalojo dispuesta en el juicio que siguió contra Radio Jai («La radio judía de Latinoamérica») ante en Juzgado Civil 29, Secretaría 57. El fallo había sido confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en un proceso iniciado en marzo de 2015. Radio Jai ocupaba un inmueble de la AMIA en virtud de un supuesto comodato, sin haber pagado jamás alquiler. En un comunicado oficial, AMIA expresó: «Que la emisora es una empresa privada que desarrolla su actividad en un inmueble sito en Valentín Gómez 2950/52 que pertenece, desde 2012, a la AMIA, por donación de la Asociación Comedores Populares Israelitas; entonces asumimos el compromiso de continuar atendiendo a los beneficiarios de dicha organización. Radio Jai no ha compensado a la AMIA de ninguna manera por el usufructo del inmueble desde que éste pertenece a la institución. Durante tres años, hasta 2015, y con la sucesión de diferentes Comisiones Directivas, la institución intentó por todos los medios alcanzar un acuerdo para que la radio se trasladase a otro domicilio, permitiendo así que AMIA pudiera disponer de un edificio cuya superficie excede largamente las necesidades de la radio. Ante la reiterada negativa, no quedó otro remedio que recurrir a la Justicia para recuperar el inmueble. Radio Jai es una Sociedad Anónima que desarrolla un emprendimiento privado y jamás efectuó pago alguno en concepto de alquiler y/o de servicios por la utilización del espacio». En numerosas oportunidades, hemos señalado la muy sugestiva posición de Radio Jai respecto del encubrimiento del atentado a la AMIA, particularmente la militante defensa efectuada por su director Miguel Steuermann respecto de Beraja y la DAIA berajista, Galeano y otros procesados por el desvío de la causa, y muy especialmente de lo actuado por la ex SIDE. Incluso, entrevistando como «especialistas» a funcionarios imputados, o responsables de graves irregularidades policiales o de los servicios de inteligencia. Así por ejemplo: http://lacausamia.blogspot.com.ar/2015/06/radio-jai-continua-elogiando-acusados.html o bien: http://lacausamia.blogspot.com.ar/2015/05/se-viene-el-homenaje-menem.html#more También «perdiendo» audios relevantes para actuaciones judiciales: http://lacausamia.blogspot.com.ar/2017/03/radio-jai-encubre-gabriel-levinas.html El juicio por desalojo abre ahora sorprendentes interrogantes y algunas posibles respuestas. Porque resulta que «Miki» Steuermann no es el titular de Radio Jai S.A., y ni siquiera figura en sus estatutos. El asombro aumenta al constatar que la autoridad máxima y presidente del directorio de RADIO JAI S.A. es el abogado JUAN JOSE RICHARTE, padre del ex número dos de la SIDE. En tal carácter, contestó la demanda e intervino en todo el proceso:   ¿Y quién es el abogado Richarte, el presidente del directorio de RADIO JAI, que resistía el reclamo de devolución del inmueble a la mutual judía? A primera vista, no se trata de una personalidad que parezca acreditar un historial en pos de la cultura judía. En cambio, fue involucrado en un escándalo de proxenetismo, presuntamente vinculado a los servicios de inteligencia del Estado (ex SIDE), organismo que registra un tenebroso prontuario en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Diversos medios de comunicación (incluyendo el programa PPT de Jorge Lanata) se hicieron eco en el año 2013 de una denuncia de vecinos y de la Fundación La Alameda que involucró a Richarte, con relación a un inmueble utilizado para trata de personas. Como las denuncias no prosperaban, organizaron un «escrache». Según la Fundación La Alameda, liderada por el amigo del Papa Francisco Gustavo Vera, «El dueño del departamento, según el informe de dominio, es Juan José Richarte (L.E. 4167969) casado en segundas nupcias con Nora Inés Ferreyra». Como se aprecia en la primera imagen de este posteo, la Dra. Ferreyra es quien firmó junto a Richarte la contestación de la demanda por desalojo promovida por la AMIA. La información de La Alameda consigna que el departamento tenía 13 denuncias por proxenetismo y que ninguna avanzó. «La impunidad de este antro de la mafia se debe a que el dueño del inmueble es el padre de quien fuera segundo de la SIDE en la época de la Alianza, Dario Richarte», considera la publicación de La Alameda. Los vínculos con la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) son destacados por los denunciantes: «Juan José Richarte dueño del narco-prostíbulo tiene su estudio jurídico en Lavalle 1523 3º Of: 33/34. En este estudio jurídico fue fundada MAGNUM RECORDS S.A. que registra su sede social en av. Córdoba 323 1º (sede del estudio de Dario Richarte). Mágnum Records tiene como socios al contador y ex SIDE, Juan José Gallea (…) y al ex 2ª de la SIDE el abogado Darío Florián Richarte…». No nos consta si la justicia avaló la veracidad de las denuncias y si todos los hechos pudieron ser probados. Pero el punto aquí no es ese, sino el ocultamiento de estas oscuras circunstancias por parte del Sr. Miguel Steuermann, que tiene la obligación moral de aclarar a sus oyentes al «servicio» de qué intereses viene trabajando. En caso en que la radio sea suya, debe explicar porqué no figura en los papeles y se maneja con testaferros. Y en caso en que la radio sea —como figura en los estatutos— de gente cercana a la ex SIDE, porqué lo ocultó hasta ahora, siendo que en todos los ámbitos públicos se presenta como sacrificado dueño de una radio comunitaria. Sea cual fuera la respuesta, cuando el director de Radio Jai editorializa sobre la causa AMIA y el encubrimiento, no pueden ya pasarse por alto sus vínculos y fuentes de inspiración.

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 27 de diciembre de 2017 El nuevo jefe de la Policía de la Ciudad propuesto por Horacio Rodríguez Larreta, Carlos Arturo Kevorkian, no es menos inocente que sus dos antecesores, que terminaron presos. Uno mientras ejercía el cargo, Potocar, y el otro mientras lo ocupaba virtualmente, Claviño. Kevorkian fue filmado mientras ejecutaba una feroz represión contra hinchas en un partido entre Chacarita y Defensores de Belgrano en el que un joven murió por una golpiza policial en un patrullero. En sus años mozos integró la temible Superintendencia de Seguridad Federal, la élite policíaca más destacada del país durante el imperio del terrorismo de Estado, bajo las órdenes del comisario Juan Lapuyole, alfil del general Albano Harguindeguy. Tal vez aquel hombre ya esté cansado de aclarar su falta de parentesco con el “Doctor Muerte”, tal como la prensa llamaba al médico norteamericano Jack Kevorkian, el rey del suicidio asistido. Pero lo cierto es que él, Carlos Arturo Kevorkian, tampoco es un fanático de la vida ajena. Eso lo supo en carne propia Fernando Blanco, de 17 años, quien dejó de existir por los golpes recibidos en un patrullero de la Policía Federal luego del partido entre Chacarita y Defensores de Belgrano disputado el 25 de junio de 2005 en la cancha de Huracán. El operativo de seguridad estuvo al mando del comisario inspector Kevorkian. De esa jornada hay un video que lo muestra gritándole a los hinchas: “¡Te hago cagar a palos! ¿Cuál es el problema?” Ahora acaba de ser propuesto por el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como nuevo jefe de la Policía de la Ciudad. Si, “propuesto”, dado que –según la Ley 5688– su nombre y antecedentes deben ser publicados por diez días en el Boletín Oficial y, de no haber en dicho plazo alguna impugnación de peso, se concretara el nombramiento. Una formalidad que también alcanza al titular de la Superintendencia de Operaciones, comisionado Gabriel Oscar Berard, a su vez elegido para la subjefatura de la fuerza. El anuncio se hizo durante la mañana del último miércoles de 2017 en la Comisaría Comunal 4ª, del barrio de Parque Patricios. Acompañaba al jefe de Gobierno su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, y el secretario de dicha cartera, Marcelo D’Alessandro. Fue precisamente este último –un abogado sin formación policial– quien desde mayo condujo esa mazorca en forma interina, a raíz del súbito arresto de su primer cabecilla, José Potocar, al ser procesado por coimas a comerciantes y trapitos. Claro que en aquel lapso las decisiones reales corrían por cuenta de la dupla Kevorkian-Berard. Durante la conferencia de prensa, el primero, un sujeto macizo como un toro pese a sus 66 años, ahora sonreía de oreja a oreja bajo su mirada torva y el cabello oscurecido con matizador. El ladero de Palacios Una carrera policial en Argentina supone tres décadas de servicio activo. Pero por algún milagro de la persistencia, Kevorkian lleva ya 46 años con uniforme y chapa. Primero en la Federal, después en la Metropolitana y finalmente en la Policía de la Ciudad. Por lo tanto, es un pedazo de historia viviente: desde que egresó en 1970 de la Escuela Ramón Falcón, supo transitar en patrullero dos dictaduras cívico-militares (la de Lanusse y la de Videla con sus sucesores), junto con la virulenta etapa constitucional de Cámpora, Perón e Isabel y, claro, todos los gobiernos democráticos surgidos a partir de 1984. De modo que en sus años mozos integró la temible Superintendencia de Seguridad Federal, la élite policíaca más destacada del país durante el imperio del terrorismo de Estado. Y bajo las órdenes del comisario Juan Lapuyole –un alfil del general Albano Harguindeguy–, quien con Carlos Gallone y Miguel Ángel Timarchi dirigía el Grupo de Tareas 2 (GT2) que operaba bajo la órbita del Batallón 601. Allí el joven Kevorkian hizo amistad con otro sabueso de fuste: Jorge “Fino” Palacios. Ellos serían inseparables. Al respecto, una anécdota. Durante la mañana del 23 de noviembre de 1991, Macri fue llevado a una casa de Parque Patricios para reconocer el sitio en el que había transcurrido su secuestro. Al llegar a un oscuro sótano rompió en llanto. Su sollozo entrecortado y agudo era casi infantil. En ese instante, un oficial lo estrechó entre sus brazos con fingida ternura. Se trataba de un tipo alto, con bigote tupido y mirada fría. La cuestión es que su gesto bastó para que el joven heredero recobrara la compostura. Es posible que entonces el uniformado no haya llegado a imaginar hasta qué punto aquellas palmaditas incidirían con el tiempo en su destino. No era otro que Palacios. Y 17años más tarde, Macri –ya ungido como alcalde porteño– le concedería el gran honor de diseñar y dirigir la Metropolitana. Una fuerza de amigos. Y formada por los amigos de los amigos. Tanto es así que Kevorkian no tardó en ser convocado. De hecho, durante dos décadas él había sido en la Federal un destacado ladero del “Fino”. Pero la caída en desgracia de éste en 2004 no lo arrastró a Kevorkian. Por esos días se desempeñaba en la jefatura de la División Mitre (dependiente de la Dirección de Seguridad del Transporte), donde libró una ardua guerra contra vendedores ambulantes. Y aquel año –ya ascendido a comisario inspector– fue puesto al mando del Departamento de Delitos contra las Personas de la poderosa Superintendencia de Investigaciones. En 2005 pasó a ser jefe de la Circunscripción VII, con seis comisarías a su cargo. Y pasó a retiro en 2007 como comisario mayor, cuando era jefe de la Dirección de Sanidad Policial, de la que depende el Complejo Médico-Policial Churruca-Visca. En 2009 –caído Palacios nuevamente en desgracia, pero esta vez en la Metropolitana por el escándalo del espionaje telefónico y su procesamiento por encubrimiento en la causa AMIA– Kevorkian fue nombrado coordinador del Instituto Superior de Seguridad Pública la academia de la aún no nacida Metropolitana. Desde semejante sitial supervisó las actividades preparatorias para su puesta en marcha, tarea que incluía contratos y licitaciones. Después