Politica

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 15 de JUL 2018 El aniversario número 24 del atentado contra la AMIA, este miércoles, se produce en medio de una ofensiva de la Casa Rosada en varios terrenos. En primer lugar para debilitar la investigación del atentado, instalando una secretaría anti-terrorista que seguramente pondrá en la mira a organizaciones mapuches y agrupaciones sociales, mientras que ya está desactivando a los fiscales que investigan el atentado. En segundo lugar, son evidentes las presiones del Ejecutivo para lograr la absolución o penas muy menores a los que entorpecieron o desviaron la pesquisa. En el banquillo están el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales, los mandos de la SIDE y el policía favorito del Presidente, Jorge El Fino Palacios. Bajo cuerda exhiben un argumento burdo: que las condenas podrían favorecer a los acusados iraníes del atentado contra la mutual judía. Y, en tercer lugar, usan a los jueces de la coalición Comodoro Py-Cambiemos para avanzar contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman en la burda causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán y el expediente por la muerte de Alberto Nisman. En los actos del miércoles también llama la atención la marginación de la DAIA, que en estos años funcionó casi como una sucursal de la administración de Mauricio Macri. En la interna comunitaria, la DAIA está impactada por los escándalos de su ex presidente y por la forma en la que recauda dinero. El nombre de la DAIA no figura en el cartel de convocatoria al acto ni, de acuerdo al anuncio, tendrá orador propio (ver aparte). Secretaría El viernes se difundió una resolución del Procurador de la Nación, Eduardo Casal, anunciando la creación de una Secretaría Integral de Análisis del Terrorismo Internacional (SAIT). Casal ha hecho todo lo que le pide la Casa Rosada, tal vez para quedarse en el cargo. Sin embargo, el anuncio es llamativo por varias razones: Casal es procurador interino y en las próximas semanas el Senado tendrá que evaluar la propuesta del Ejecutivo de designar a Inés Weinberg de Roca. Es curioso que un interino se lance a establecer una estructura semejante. Casal no designa a un fiscal al frente de esa Secretaría Anti-Terrorista, sino que la ubica en la Procuración ante la Corte, a cargo de él mismo. O sea arma una estructura que él mismo va a conducir y usufructuar. El Ministerio Público, es decir los fiscales, deben actuar ante delitos cometidos. Para prevenir ataques están las policías y los servicios de inteligencia, no los fiscales. Cuando se armaron procuradurías contra la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico fue porque había muchos expedientes sobre esos delitos y se buscaba tener expertos. En este caso, los hechos terroristas que vivió la Argentina son dos, la AMIA y el atentado contra la Embajada de Israel, y no es la situación que tiene por ejemplo Europa, con las secuelas de ISIS y otras organizaciones. Como el texto de la resolución es difuso y habla de “abordar de manera integral el extremismo violento entendido como conducto hacia el terrorismo internacional”, parece cantado que juntarán materiales e información sobre mapuches y organizaciones sociales, a los que la Casa Rosada y la ministra Patricia Bullrich han señalado como terroristas, incluso financiados desde el exterior. Otra jugarreta en linea con Washington. Sobre el final del texto hay una mención al caso AMIA y se señala, en forma difusa, que la flamante Secretaría colaborará con la Unidad Fiscal AMIA que es la que encabezaba Alberto Nisman. Tras su muerte se designaron tres fiscales que dieron pasos importantísimos en la pesquisa. Ahora, la Casa Rosada, haciéndose la distraída, está desmontando esa fiscalía. No investigar I Hace ya cuatro meses, el 22 de marzo, presentó su renuncia Mario Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. Ese organismo, creado durante el gobierno de la Alianza, tenía como objetivo coordinar a todos los organismos del Estado en la investigación del atentado y en las causas derivadas. Por ejemplo, la Unidad debía ayudar en el análisis de los documentos encontrados en la SIDE, facilitar búsquedas de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, acelerar los estudios genéticos que se necesitaban y cualquier otra tarea relacionada con la investigación, juicios y causas. Cimadevilla denunció en forma ruidosa al ministro de Justicia Germán Garavano, por presionar a los abogados de la Unidad AMIA para que no acusaran a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por las maniobras en la causa del atentado. El ministro ya había ordenado el desplazamiento de abogados y mandó interventores a las reuniones donde se debatía la estrategia en el juicio. Lo concreto es que Garavano disolvió, de hecho, la Unidad AMIA aún antes de la renuncia de Cimadevilla. El paso siguiente fue trasladar el organismo ya inexistente a la órbita de la secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj, ex funcionario de la DAIA durante la gestión del imputado ex presidente de la entidad, Rubén Beraja. En síntesis, el Ejecutivo exhibió su voluntad de des-jerarquizar y diluir el esfuerzo estatal en la investigación del ataque contra la mutual judía. No investigar II La investigación judicial del atentado contra la AMIA está en manos de la Unidad Fiscal AMIA, ya que el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, delegó la instrucción en la fiscalía. El que estaba al mando era Alberto Nisman. Tras su muerte, la procuradora Alejandra Gils Carbó designó un equipo de tres fiscales y un coordinador. Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, luego reemplazado por Leonardo Filippini, con Juan Murray como coordinador. Ese grupo dio pasos muy significativos en la investigación. Los familiares habían acusado a Nisman de “trabajar poco y viajar mucho” y el nuevo equipo demostró que se podía avanzar. Por ejemplo, confirmaron con sofisticados estudios de barrido electrónico que se usó la camioneta Trafic en el atentado, establecieron la existencia de restos de una persona

Fuente: Graciana Peñafort | El cohete a la luna Fecha: 14 de JUL 2018 El fin de semana pasado estando en San Juan para abrazar a mis padres, sufrí el ataque de un tiburón blanco descomunal. Hacía una excursión en los abismos del océano, para explorar una misteriosa nave sumergida allí. Cuando descendía en una controlada expedición, el tiburón me atacó. Estaba en una suerte de jaula de seguridad y al principio me sentí segura, hasta que el tiburón arrancó con su poderosa dentadura uno de los lados de la jaula y se abalanzó sobre mí. Grité aterrada, presa del pánico. y me saqué el dispositivo de realidad virtual que mi hermano menor me estaba enseñando a usar. En San Juan, bella –y muy mía— ciudad entre montañas, no hay océanos ni misteriosas naves sumergidas. Lo sé porque ahí crecí y no he dejado de volver llamada por los afectos y los infinitos tonos de amarillos, rojos y ocres que sólo existen allí luego de la vendimia. Pero precisamente en San Juan me atacó un tiburón blanco. Que sólo existía en un dispositivo de cables, pero cuya existencia mis sentidos dieron por cierta. Me quedé reflexionando y llegué a la conclusión de que con la realidad —que los peronistas sabemos que es la única verdad—, hoy pasa en la Argentina y en buena parte de la región algo similar al ataque de tiburones blancos que no existen. Los autores de esos ataques son múltiples. Los medios de comunicación y el imperio de las fake news o noticias falsas. Recuerdo el testimonio de una ex secretaria de Néstor Kirchner que recorrió infinitos canales de televisión contando que había visto circular bolsos con dinero. Pero cuando fue llamada por el Poder Judicial a declarar al respecto, reconoció no haber dicho la verdad, y sólo haber hecho una formidable operación de prensa para publicitar su libro. Cuando la verdad se supo, no la invitaron de los canales de televisión a contarla. Porque la verdad parece no importarle a casi nadie. Al menos en la TV. De ello da cuenta el deliberado ocultamiento de lo real que sucede día a día. Y al escribir esto pienso que el joven periodista Juan Amorín investigó e hizo público un estrafalario y fraudulento sistema de aportes dinerarios para las elecciones llevado adelante por Cambiemos, el partido político que actualmente gobierna este país: alguien tomaba personas beneficiarias de planes de asistencia social, usaba sus datos para afiliarlos al PRO y luego registraba a su nombre aportes económicos para la campaña 2017. La investigación fue creciendo, más de mil personas ya identificadas resultaron víctimas de la maniobra. Personas que contaron estrecheces económicas cotidianas y crueles y que no estarían nunca en condiciones de hacer aportes económicos a ningún partido político. Que jamás se afiliaron al PRO, partido al que muchas de esas personas señalan como el responsable de medidas que han hecho aún mas acuciante su situación de pobreza. Hay testigos, pruebas, causas judiciales, papeles infinitos. Conforme a la ley 26.215 que regula el financiamiento de los partidos políticos, la investigación podría afectar incluso el destino político de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Porque ella es la presidenta del PRO en la provincia, lugar donde habitan las personas afectadas. La ley 26.215 establece en su artículo 63 que el presidente y tesorero de un partido político y los responsables políticos y económico financiero “serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando: …b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. El principal y hoy más oligopólico grupo de medios de la Argentina, el Grupo Clarín, no ha publicado una sola línea de esa investigación. Porque parece sostener el Grupo Clarín que el sol se puede tapar con la mano y la realidad disimular con maquillaje, superchería y titulares falsos. ¿Pero qué pasa cuando el que decide tapar o hacer tapa la verdad es el Poder Judicial? Déjenme contarles un caso. El de Angelina Abbona, ex Procuradora del Tesoro de la Nación. Una de las personas más dignas que conozco. Durante su gestión enfrentó a fondos buitre, reclamos en el CIADI, demandas judiciales. Feroces jornadas de trabajo le dedicó a cuidar los intereses del Estado Nacional. Con humildad, sin prensa, con todos en contra. El poder económico la odia por eso y hoy la persigue con inverosímiles denuncias, para disciplinar a cualquiera que ose alguna vez volver a enfrentarlos. Hace un tiempo surgió la noticia de que Angelina había ocultado prueba de Lázaro Báez. La información surgía, supuestamente, de una auditoría del disco duro de su computadora. Un juez remitió al doctor Casanello, juez que investiga a Báez, la causa por el supuesto borrado de archivos de la computadora de Angelina, sosteniendo que el peritaje sobre archivos borrados demostraba la afectación “a documentos en los cuales obraba información relacionada con Lázaro Báez”. El peritaje se hizo en base a la búsqueda de palabras claves en los documentos borrados: “Lázaro Báez”, “Báez”, “NML”, “Paul Singer”, “Santa Cruz” y “Mosack Fonseca”. Casanello, a quien parece importarle un poco más la Verdad que a otros jueces que conozco, analizó lo supuestos documentos alterados. Llegó a estas conclusiones: del archivo “imágenes” hay, entre otros, una foto de ocho mujeres vestidas de azul, una mujer con un pincel y una publicidad de Frávega. También una foto del debate Scioli- Macri, una foto de un festejo de Macri y los globos y una foto de CFK. Y por cierto una publicidad de la Trump Tower. Entre los supuestos documentos borrados hay un texto de la demanda presentada ante un juez argentino, aparentemente con competencia contencioso administrativa federal, donde se señala que el objeto de la demanda es “promover acción declarativa de inconstitucionalidad contra

Fuente: Mariano Pedrosa | TiempoAR Fecha: 13 de JUL 2018 El gobierno de Mauricio Macri viene escalando en la decisión de volver a incluir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, en sus palabras: “Para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales”. Estas tareas por ahora están prohibidas por el decreto 727/2006 que limita su accionar a “agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros Estados”. Sin embargo, las declaraciones del presidente y de su ministra Patricia Bullrich indican otro camino. Pero no se trata sólo de retórica, por ejemplo, el 12 de junio el presidente Mauricio Macri, luego de una reunión con Marcos Peña, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, entre otros, ordenó enviar a lo largo de este año al menos 1000 militares para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la zona de frontera norte, desde Salta a Misiones. A esta decisión, impulsada luego de la visita del ministro Germán Garavano a Estados Unidos se le suma la reactivación de la base que el Comando Sur impulsa en Neuquén. Elsa Bruzzone, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional y secretaria del Centro de militares para la democracia argentina (CEMIDA), alertó sobre ese peligro en el canal Annur TV, a partir de eso, Tiempo se contactó con Bruzzone, que hizo énfasis en el peligro de la participación de fuerzas armadas norteamericanas en territorio argentino. La especialista recuerda que el gobierno nacional ha firmado convenios, “que no han pasado por el Congreso Nacional”, con el estado de Georgia en 2016: “Nosotros nos enteramos por declaraciones del mismo gobernador del estado norteamericano de Georgia en noviembre de 2016, y el 14 de diciembre de ese año fue ratificado por el Ministerio de Defensa (entonces a cargo del radical riojano Julio Martínez, actual senador). Este acuerdo posibilita la intervención de la Guardia Nacional de Georgia en nuestro país. De hecho, las últimas informaciones que tenemos, que fueron dadas por la jefa de esa Guardia, es que durante todo el 2017 han recibido efectivos de fuerzas de seguridad argentinos para adiestrarse con ellos. Como si fuera poco que entrenan en Israel ahora también lo hacen en el estado norteamericano de Georgia”, remarca Bruzzone. “Cuando uno ve que esos convenios no pasaron por el Congreso, que se reactiva la base de Neuquén, que están hablando de la reactivación de la triple frontera y de otra en el triángulo entre Bolivia, Argentina y Chile, que no sabemos si será en Salta o en Jujuy, qué quiere que le diga, algo huele a podrido en Dinamarca, como decía Hamlet”, enumera Bruzzone los motivos de preocupación y que llevan a no olvidar los convenios firmados con la Guardia Nacional estadounidense del estado de Georgia. Sobre el convenio de 2016, puntualiza que “le permite a esa fuerza pasar por encima de las resoluciones que pueda dictar el Poder Ejecutivo o Legislativo y de las Fuerzas Armadas y de seguridad e intervenir militarmente, porque es una fuerza militar”. Respecto de la Guardia Nacional explica que “su misión no es sólo operar en el interior de Estados Unidos cuando las policías se ven sobrepasadas, también acompañan a las Fuerzas Armadas de EE UU en todas sus aventuras imperiales y operaciones especiales. Responden al Departamento de Defensa y al de Estado, tienen estatus militar”. Para que se entienda que se trata de un riesgo concreto pone el ejemplo de la participación de esta fuerza en el país europeo Georgia: “Los georgianos hicieron acuerdos y les reestructuraron no solo toda la seguridad interior, sino también toda la Defensa y, para ponerle la frutilla, los mandaron a un enfrentamiento con Rusia que ya sabemos cómo terminó.” Audio relacionado:

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 20 de JUN 2018 “¡Facundito! ¿Cómo estás, querido?”, había exclamado aquella mujer desde el mostrador mientras extendía hacia un cliente un atado de cigarrillos. Junto a una heladera con gaseosas, otra, vestida con uniforme de alguna empresa privada de seguridad, sonreía. El tal “Facundito”, un tipo joven, grandote y desaliñado, dijo estar con sueño porque venía “de allanar la cueva de unos senegaleses en el Once”. Aquello bastó para que la cara de la mujer se transmutara en una mueca atroz. Entonces, soltó: “A esos ‘senegales’ habría que mandarlos a su país de una patada en el orto”. Y acotó: “Hasta a sus abogados les pagamos nosotros”. La otra seguía sonriendo. Parecía una escena costumbrista de la última dictadura. Pero transcurrió el viernes 8 de junio en el pequeño snack bar de la estación de servicio Esso, situada en la esquina de Chacabuco y Chile. Al rato, los noticieros comenzaron a dar cuenta de un “megaoperativo” efectuado por la Policía de la Ciudad en la avenida Pueyrredón, a la altura de Bartolomé Mitre, del barrio de Balvanera. Los mastines humanos del alcalde Rodríguez Larreta, dirigidos por la fiscal porteña Celsa Ramírez, desalojaron primero a manteros africanos con forcejeos y palazos, además de saquear sus mercaderías, para después irrumpir en tres viviendas de la zona, habitadas por inmigrantes. En el primer ataque hubo 20 detenidos; en el segundo, sólo cinco. Con razón “Facundito” estaba tan cansado. Postales del apartheid Por entonces en las redes sociales se habían viralizado las imágenes de otro “megaoperativo” de este tipo, esta vez en el barrio de Flores, ocurrido tres días antes. Allí se ve a una horda de uniformados al inmovilizar con puñetazos y patadas al ciudadano senegales Kane Serigne Dame en medio de un charco de sangre y alaridos de dolor; el hombre tenía una fractura expuesta en el brazo derecho. “Voy a mear en un vaso y se lo voy a dar”, comentaba jocosamente un suboficial de civil. Y el lunes pasado en La Plata, durante un “megaoperativo” conjunto de la Policía Local y el Comando de Patrullas de la Bonaerense (encabezado por su propio jefe, el comisario inspector José Luís Paniagua), con apoyo de una patota de la Subsecretaría de Control Urbano, se procedió a desalojar con los mismos métodos a manteros de dicha nacionalidad. Dos de ellos y tres criollos que intentaron interceder fueron subidos a los patrulleros. La faena también incluyó saqueos de mercadería y celulares. Especialmente celulares. Lo cierto es que los atacantes estaban esa mañana muy interesados en la telefonía de sus víctimas. “Vayan a la comisaría a buscarlos, a ver si se animan”, desafiaba a viva voz servidor público Paniagua. Tales episodios se desarrollaron en un lapso de apenas diez días. Pero también hubo otros con leves variaciones genéricas. En este punto, una aclaración: a diferencia de la xenofobia, el racismo a secas no discrimina dado que incluye entre sus blancos a excluidos sociales de origen nacional; o sea, una extranjería de clase. Al respecto, su ejemplo más reciente fue la bestial incursión realizada el último sábado de mayo por una jauría de la Prefectura en la Villa 21-24. Los agresores balearon la casilla de Iván Navarro –que había denunciado en 2016 a efectivos de esa fuerza por torturas–, arrestaron con violencia a la madre de un pibe hostigado por ellos, cometieron abuso sexual sobre su tía y detuvieron a otros cuatro vecinos; entre ellos, Roque Azucurraire, el fotógrafo de la revista villera La garganta poderosa. Hay que reconocer que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –de quien depende esa mazorca–, salió a dar la cara: en una conferencia de prensa convocada para “desenmascarar la mentira” —según el encabezado del correo electrónico enviado a los medios para convocarla—, ella ni siquiera parpadeó al sostener que el consejo editorial de La Garganta quiere que “el narcotráfico se meta y que la venta de drogas esté liberada”, no sin acusar a la Procuraduría de Violencia Institucional (Pocuvin), dependiente de la Procuración General de la Nación, de estar coptada por aquel medio. Fue su manera de celebrar ese 7 de junio el Día del Periodista. Y en comunión con ciertos “colegas”. Porque salvo honrosas excepciones, las coberturas gráficas y televisivas reflejaron semejante exhibición de psicosis paranoica como si fuera un hecho de lo más normal. Con idéntica tónica también suelen referirse a las tropelías callejeras de la policía contra minorías étnicas o a las frecuentes razzias en los en barrios pobres, las cuales hasta llaman “controles poblacionales”. Como si fueran simples –y necesarios– actos civilizatorios sobre una variada gama de flagelos urbanos. Algo muy a tono con la sensibilidad de un notable sector del espíritu público. Y este es un fenómeno que merece ser analizado. Ley de Residencia Los sueños de la “seguridad” crean monstruos. Eso se da desde la noche de los tiempos. Ya en 1892, el diario Tribuna editorializó el asunto de un modo que poco tiene que envidiar a los actuales reclamos punitivos; a saber: “Los que viven de lo ajeno van multiplicándose a ojos vista y es necesario poner valla a ese crecimiento dañino. A la justicia sí hay que exigirle que sea más severa con esos delincuentes, que, en gran parte, no hacen más que entrar y salir de la cárcel, sin propósito de enmienda”. Cabe destacar que en aquella época el aumento de los índices delictivos derivó en una lectura xenófoba de la cuestión. Tal, por caso, era el pensamiento de Miguel Cané, el impulsor de la Ley de Residencia, que propiciaba la deportación de inmigrantes díscolos. No menos extrema fue la postura del diputado del Partido Autonomista Nacional (el polo conservador liderado por Julio Argentino Roca), don Lucas Ayarragaray, quien en la sesión legislativa del 27 de marzo de 1910 entretuvo a los presentes con el siguiente concepto: “Este país, que en su población ya tiene elementos étnicos bien inferiores, debe precaverse trayendo elementos de orden superior. Y para ello resulta absolutamente necesario seleccionar la

Fuente: Irina Hauser | Página 12 Fecha: 20 de JUN 2018 Con la lógica de facilitar el armado de tribunales a medida que les inspiren confianza a la DAIA, al Gobierno y la derecha internacional, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal decidió apartar a la jueza Sabrina Namer y evitar su intervención en el juicio oral por el Memorándum con Irán, que se basa en la denuncia que hizo Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otras personas por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Namer fue recusada por la entidad judía y familiares de las víctimas después de resolver junto con su colega María Gabriela López Iñíguez la excarcelación de Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Kalhil. Antes de eso, cuando fue designada para el caso, nadie la cuestionó. Sin embargo, el argumento oficial fue que había intervenido ya como fiscal en la Unidad AMIA y eso impedía tener garantías de su futura imparcialidad. Los jueces Juan Gemignani y Gustavo Hornos abonaron ayer esa teoría. Mariano Borinsky votó en disidencia y la respaldó. Namer siempre sostuvo que la investigación del atentado y la de un supuesto encubrimiento son causas separadas, y que ella nunca se pronunció ni investigó el memorándum. Algunas de las defensas analizan llevar la discusión a la Corte Suprema. Igual todo indica que, mientras tanto, se sorteará un nuevo juez o jueza para integrar el tribunal de juicio. El Gobierno ya había mostrado de manera explícita su interés en tener un tribunal afín para esta causa y otras contra CFK, cuando logró conformar y designar a dedo, a través de su mayoría en el Consejo de la Magistratura, al Tribunal Oral Federal 9 (TOF9). Fue tan irregular el procedimiento, que la Corte Suprema lo frenó con una acordada. Pero no era la primera señal de interés e intromisión del Ejecutivo en este caso: como muestran actas de la DAIA presentadas por la defensa de Héctor Timerman, ya en 2016 esa entidad y el propio presidente Mauricio Macri se reunían para hablar sobre la “estrategia” en todas las causas vinculadas al caso AMIA. El recorrido que hizo el expediente de la denuncia de Nisman, a partir de que el primer juez, Daniel Rafecas, estableció que no había delito (lo que fue avalado por la Sala I de la Cámara Federal) mostró que el objetivo primordial era conseguir jueces que mantuvieran viva la causa hasta llevar a juicio a CFK, sus ex funcionarios y otros personajes laterales. Es lo que se suele llamar “forum shopping”, elegir un tribunal conveniente. Para ese entonces, por si acaso, la dirigencia judía había logrado una causa paralela por “traición a la patria”. Todo quedó en manos de Claudio Bonadio, que ordenó detenciones y mandó el caso a juicio oral. Cuando no pudo prosperar el TOF9 armado por el Gobierno, fue sorteado el TOF8, que quedó a cargo de juzgar la causa del Memorándum. Sus integrantes son Namer, López Iñíguez, Nicolás Toselli, aunque este último se excusó desde el principio y fue designado José Antonio Michilini. Ninguno fue cuestionado por las partes, hasta después que las jueza decidieron dejar en el liberta a Zannini, D’Elía y Kalhil, mientras que a Fernando Esteche lo dejaron detenido por otras causas. El fallo de ayer de Casación tiene argumentos y planteos sorprendentes. Gemignani y Hornos coinciden en la presunción de que las querellas pueden dudar de la imparcialidad de la jueza, que fue integrante de la UFI AMIA después de la muerte de Nisman, que es la unidad que investiga el atentado ocurrido en 1994. El Código Procesal Penal establece en el artículo 55 una lista de causas específicas para apartar a un juez, pero ambos jueces de Casación decidieron flexibilizar el criterio. Gemignani sostuvo que no se pueden separar los expedientes sobre el atentado y los que tengan que ver con otras maniobras posteriores. Pero no contempló, por ejemplo, que nunca se declaró la conexidad de los distintos expedientes, porque –además– como es evidente, son hechos bien distintos. Gemignani acusa a Namer de “desconocer que entre el hecho principal y su encubrimiento existe una relación tan íntima” y que actuar en uno “le impide actuar en el otro”. Con ese criterio, no se entiende por qué fue avalado en su momento Bonadio para continuar con la causa “por traición al a patria”, dado que había intervenido durante cinco años en el expediente sobre irregularidades, del que incluso fue apartado por cajonearlo. Tampoco queda claro por qué podría intervenir Hornos en el propio fallo de ayer, dado que fue fiscal en los inicios de la investigación del atentado. A la hora de fundamentar, Hornos dijo que la participación de Namer “no permite brindar garantías suficientes de imparcialidad para las partes” porque ya estuvo implicada en el tema y eso es “incompatible con la posición de neutralidad”. El voto de Gemignani tiene un agregado que causó estupor en tribunales: dijo que el Consejo de la Magistratura debería investigar a López Iñíguez, a Michilini y a la propia Namer porque al rechazar la recusación, según su punto de vista, “evidenciaron desconocimiento del derecho”. Agrega que en el Consejo, Luis Cabral (consejero juez) debería excusarse porque intervino como subrogante en una resolución que sellaba el cierre de la causa que estaba a cargo de Rafecas, porque había desistido el fiscal de Casación, Javier De Luca, quien coincidía en que no había delito. Que el Memorándum no podía ser delictivo, que fue aprobado por el Congreso, que no se aplicó, y que jamás estuvieron en peligro de levantamiento las alertas rojas que pesan sobre los iraníes. Junto con Cabral, firmaron Ana María Figueroa y el propio Hornos. No tenían otra opción que cerrar la causa. Pero Gemignani también le reprocha a Cabral que pese a esta intervención, después no se excusó en el Consejo a la hora de analizar una denuncia contra Rafecas. De casualidad, no denunció también a Borinsky, que ayer firmó en disidencia. Este juez señaló puntos clave: que nadie

Fuente: Carlos A. Villalba* | Nuestras Voces Fecha: 8 de JUN 2018 En plena noche catalana del martes 5 de junio los jugadores de la Selección Argentina de fútbol hicieron oír su decisión de no viajar a Israel para jugar en Jerusalén. Fue el momento en que se desmoronó el riesgoso castillo de naipes político, diplomático y comercial construido por el gobierno de Mauricio Macri y el premier Benjamín Netanyahu. El intento del presidente de usar a la selección argentina y a Messi, el jugador de fútbol más famoso del mundo, como herramienta favorable a su alineamiento con Estados Unidos y con el gobierno derechista de Israel, su proveedor de las armas de control poblacional interno al Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, terminó en un escándalo internacional y desnudó el manejo interesado de los colores nacionales por parte de la Casa Rosada y de su operador Daniel Angelici . En plena noche catalana del martes 5 de junio los jugadores de la Selección Argentina de fútbol hicieron oír su decisión de no viajar a Israel para jugar en Jerusalén. Fue el momento en que se desmoronó el riesgoso castillo de naipes político, diplomático y comercial construido por las autoridades argentinas y el premier Benjamín Netanyahu. Las denuncias internacionales, el efecto de cartas cargadas de emoción -dirigidas sobre todo a Lionel Messi-, los ruegos a los gritos de un grupo de argentinos, barceloneses y de algún palestino durante el entrenamiento matutino del plantel, las conclusiones sobre el daño a sus propias imágenes de ídolos deportivos globales, cargados de contratos con marcas que se venden en lugares tan distantes como América, Europa, China y, también en mercados de millones de personas del mundo árabe y países de creencias musulmanas empujaron el rechazo. El intento del presidente Mauricio Macri de usar a la selección argentina y a Messi, el jugador de fútbol más famoso del mundo, en la previa del mundial de Rusia, como herramienta favorable a su alineamiento con Estados Unidos y con el gobierno derechista de Israel, su proveedor de las armas de control poblacional interno al Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, terminó en un escándalo internacional que desnudó el manejo interesado de los colores nacionales por parte de la Casa Rosada, de su operador Daniel Angelici y, una vez más, de la Cancillería que maneja Jorge Faurie quien, con el desastre consumado, trató de ocultar las huellas de la participación del Ejecutivo en la maniobra frustrada y de echarle el fardo “de las decisiones de la AFA”, a pesar de reconocer que existió una conversación entre el Presidente y su par de Israel, Benjamín Netanyahu, que “intentó convencer” al argentino de que actuara para que la selección concretase el viaje. No fueron la Presidencia de la Nación, la diplomacia argentina, la asociación que maneja el futbol nacional ni la empresa televisiva organizadora los que pusieron coto al dislate. Por el contrario cada uno se encargó de tirar más leña a las llamas de una herida abierta hace décadas, con la invasión israelí a territorios palestinos y la persecución permanente de su pueblo, en el marco de un conflicto que arroja un saldo de 9.476 palestinos muertos a manos del ejército israelí, tanto en Israel como en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza y de bajas de 1.246 israelíes como consecuencia de las acciones de resistencia palestina desde el año 2000, según el recuento del Centro de Información Israelí por los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’TSELEM), organización insospechada de “antisemitismo”. Subestimación de la ignorancia El Mundial es una reunión deportiva que absorbe la atención de la mayoría de los argentinos, cuyo impacto ensordecedor del resto de los temas de la agenda diaria hasta más allá de la final del mediodía del 15 de julio próximo será usado por el gobierno nacional para avanzar en las políticas de ajuste y empobrecimiento que ya pactó con el Fondo Monetario Internacional. En este caso, y a pesar de las estrategias comunicacionales de sus “expertos”, el fracaso en toda la línea de la “maniobra Israel” que Macri dejó en las manos directas de su secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, constituyó de manera simultánea: Una derrota diplomáticapara la política de la Alianza Cambiemos, casi tan potente como el fracaso en el intento de instalar a su primera canciller, Susana Malcorra, en la Secretaría General de la ONU. • Un impacto negativo para Tel Avivpor el aumento de la visibilización de su política. antipalestina considerada un auténtico “genocidio” por ese pueblo y sus defensores; donde el pretendido uso de la imagen de Messi actuó como bumerán y todos atendieron a las denuncias, por encima de la opinión que les merezca. • Desprestigio para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que, a instancias del dúo Macri-Angelici, impuso la realización del partido contra la opinión del plantel nacional, incluido el DT Jorge Sampaoli • Descrédito internacional para Torneos y Competencias/Clarín, empresa que maneja los intereses televisivos internacionales de la celeste y blanca, a pesar de que su anterior gerente, Alejandro Burzaco, permanece bajo prisión domiciliaria en Estados Unidos, engrampado a una pulsera electrónica, por el papel estelar que cumplió en el “FIFA Gate”, el proceso por sobornos, fraude y lavado de dinero efectuados por la productora deportiva de TV por cable para corromper a las dirigencias nacionales e internacionales del fútbol y garantizarse los derechos de comercialización de los juegos de la FIFA en América. El partido que debía realizarse el sábado 8 de junio, también formaba parte de la campaña recaudatoria de la AFA, presidida por Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, dirigente de la primera “C” del fútbol del ascenso, pasible de volar por los aires en cuanto no sea funcional a los intereses del poder detrás del trono que detenta Angelici, operador macrista y presidente de un club del peso del que hoy goza Boca Juniors, el laboratorio administrativo de Macri y su equipo antes de desembarcar en Balcarce 50. El también titular del Club Atlético Barracas Central, está además sujeto a los vaivenes de la relación del poder político nacional con su suegro, el líder sindical Hugo Moyano, actualmente distanciado del gobierno y con un poder de fuego con capacidad de movilización y paralización de las actividades del país. Las razones estratégicas, y millonarias, que impulsaron su realización hicieron que la

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 03 de JUN 2018 La visita de la selección argentina a Israel está atravesada por una extorsión política a los jugadores y al técnico. Detrás de un partido amistoso se divisan sobreprecios en compras de embarcaciones, negociados vinculados a la venta de armas y alianzas estratégicas suyo antecedente son los atentados terroristas sangrientos en Buenos Aires de 1992 y 1994. El vínculo entre la política y el fútbol, en la historia de la Argentina, incluye imágenes amargas atravesadas por dictaduras. Una de ellas se remonta a Antonio Ratín, expulsado injustamente en los cuartos de final de la copa del mundo, en un partido contra Inglaterra, en Wembley en 1966, donde se perdió 1 a 0. En aquella ocasión el capitán, el “Rata”, fue echado por pedirle un traductor al árbitro alemán, Rudolf Kreitlein. Pocos días antes el general Onganía había dado un golpe contra Arturo Illia. El 23 de julio de 1966 Ratín abandonó la cancha y se sentó –desafiante— en la alfombra roja de la reina. Antes que termine el partido se retiró del estadio acariciando despreciativamente el banderín del córner, ataviado con la bandera británica. Apenas 12 años después, se divisan las imágenes de tres genocidas celebrando un gol en forma desaforada, mientras los gritos de miles de desaparecidxs eran ahogados en torturas y asesinatos. La gira de la selección argentina, previa al mundial de Rusia, obliga a transitar esas ambigüedades que supone un mundial: el equipo de Messi jugará el 9 de junio en Jerusalén, después de una imposición de la diplomacia israelí, orientada a dotar de legitimidad a una ciudad que tiene dos banderas pero que se busca rodearla de una sola. El gobierno de Trump ha resuelto, en el marco de una decisión arbitraria, trasladar su embajada a una ciudad que según las Naciones Unidas corresponde dividir para que pertenezca a dos Estados: a Israel y a Palestina. La provocación efectuada por el gobierno de Estados Unidos supone un desconocimiento de todas las normativas internacionales, entre ellas la resolución 478 del Consejo de Seguridad de la ONU, que cataloga la anexión como contraria al Derecho internacional. Apropiaciones simbólicas La iniciativa por quitarle identidad a Al-Quds –nombre con que denominan a Jerusalén los palestinos— es acompañada por el gobierno de Netanyahu con la ocupación recurrente de nuevas franjas de territorio de Cisjordania, pertenecientes a la Autoridad Nacional Palestina, dirigida por Mahmud Abás. La colonización israelí de Cisjordania se desarrolla de la mano de políticas de negación de derechos civiles de los habitantes árabes. Esta situación de conflicto se ve ahondada por repetidos bombardeos –hacia las ciudades israelíes— de dos grupos gazatíes fundamentalistas (Hamás y la Yihad Islámica) que no reconocen ni a la Autoridad Nacional Palestina ni a Israel. La franja de Gaza es uno de los territorios más densamente poblado del mundo. Viven dos millones de personas y en el último mes miles de sus habitantes se han manifestado contra el traslado de las embajadas, siendo reprimidos brutalmente por las tropas israelíes que provocaron 130 muertos y 3.000 heridos. Muchos de los jugadores de la selección, y el técnico Jorge Sampaoli, han solicitado ante la AFA que el partido del 9 de junio no se lleve a cabo. La respuesta que obtuvieron fue que la cancelación no podía tomarla la AFA dado que existía un acuerdo intergubernamental (entre Macri y Netanyahu) que “de ningúna manera podía quebrantarse”. Sin embargo el (digno) disgusto de Sampaoli generó el martes pasado una situación de tensión nunca vista entre los dirigentes y el técnico, que concluyó con la reducción de la estadía a dos jornadas, cuando estaba planificada originalmente para el doble de días. Además, los deportistas y el técnico les exigieron a los funcionarios que se garantice la ausencia de políticos israelíes, ni en forma previa ni posterior al partido. Uno de los jugadores, referente del equipo –que pidió confidencialidad –afirmó “es difícil ir a jugar un partido amistoso a un país que acaba de matar a 130 personas, entre ellos 10 pibes”. El partido del día 9 –que decenas de miles de aficionados al fútbol de distintos países reclamaron que no se lleve a cabo— se transmitirá televisivamente a 50 países del mundo. El mensaje subliminal, orientado a instalar la idea de una ciudad totalmente israelí, tramitado con la complicidad del macrismo, está dado en la elección del estadio donde jugarán ambas selecciones. Será justamente en Jerusalén a diferencia de los partidos de los años anteriores, que se desarrollaban en Tel Aviv. El diputado de la Kneset (parlamento unicameral israelí) Yousef Jabareen, miembro de la Lista árabe-judía, envió semanas atrás una carta al embajador argentino en Israel solicitando que la selección de fútbol no juegue en Jerusalén. “Me preocupa mucho que este partido tenga lugar en Jerusalén. Si bien Israel siempre buscó el reconocimiento internacional y la aceptación de Jerusalén como su capital, este reconocimiento no se realizará: Jerusalén fue ocupada en violación de la ley internacional, según lo establecido en numerosas resoluciones de la ONU (…) Celebrar el partido otorga legitimidad y apoyo a las continuas violaciones de los derechos humanos del gobierno israelí, incluido el robo de tierras”, agregó el miembro del Parlamento. Lo mismo opina Claudio Morresi, ex futbolista y ex Secretario de Deportes: “La única razón por lo que la Selección argentina juegue en Jerusalén es por una presión del gobierno a la AFA. Llevar a Leo Messi y al resto del equipo a una ciudad donde existe un conflicto internacional, solo se entiende por algún negociado del gobierno, que expone a un peligro innecesario al equipo nacional. Si el pueblo israelí quiere ver a la selección argentina lo lógico sería que la lleven a jugar al estadio Ramat Gan de Tel Aviv, que tiene capacidad para 10.000 personas más que el Teddy Kolek de Jerusalén. Según la Asociación de Futbol de Palestina, el campo originario donde se iba a jugar era el Sami Ofen de Haifa y se trasladó al estadio

Fuente: Raúl Kollmann | Página 12 Fecha: 02 de JUN 2018 La Cámara Federal dictó ayer, en la causa por la muerte de Alberto Nisman, el fallo que le pedía la Casa Rosada y los aliados internacionales del gobierno de Cambiemos. Sin pruebas, sin elementos, en un fallo totalmente descolorido, el tribunal confirmó que el fiscal fue víctima de un supuesto homicidio, sobre el que los camaristas no pudieron describir nada: ni quién fue, ni como entraron, ni cómo salieron, ni cuál pudo haber sido la mecánica del supuesto crimen, ni cómo podría ser el vínculo con el informático Diego Lagomarsino, propietario del arma del disparo letal. Pero, además, elucubraron que la muerte fue producto de la denuncia que presentó Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y otros funcionarios kirchneristas por haber firmado el Memorándum de Entendimiento con Irán. Sobre esta hipótesis tampoco aportaron un nuevo dato ni una evidencia. La Cámara no aceptó calificar la muerte de Nisman como un magnicidio ni nombró a CFK en su fallo –tal como pedía Pablo Lanusse, abogado de la madre del fiscal–, pero le dijo al juez que debe investigar a funcionarios del kirchnerismo que hablaron mucho por celular el sábado 17 de enero de 2015, día anterior al deceso del fiscal, y el mismo 18 de enero, cuando apareció el cuerpo. Suponen que esos funcionarios fueron parte de un complot. También insistieron –sin pruebas– en que los policías federales que integraban la custodia de Nisman actuaron ineficientemente a propósito para facilitar el plan del homicidio. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia –muy cercanos al gobierno de Cambiemos– le hicieron su ofrenda a la administración Macri que, como está visto, necesita seguir acusando al gobierno anterior de todos los males. Dice el fallo de ayer: “se encuentra prima facie acreditado que Natalio Alberto Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA. Se afirmó también que, a partir de la prueba reunida, su concreción resultó posible a partir del despliegue de una correlativa logística que debió contar necesariamente con la cohesión de diversas voluntades orientadas a la concreción con éxito del plan urdido”. Este es uno de los párrafos centrales de la resolución: se parte de que a Nisman lo mataron y que hubo un complot muy sofisticado que necesitó de mucha gente –“diversas voluntades”– para cometer el crimen. La base del fallo es el estudio que hizo la Gendarmería Nacional, fuerza bajo las órdenes de Patricia Bullrich. No se confrontan las conclusiones con lo que dijeron, primero, los especialistas de la Policía Federal y luego la Junta de Criminalistas: “no había ninguna otra persona en el baño en el momento del disparo”. Irurzun y Bruglia directamente ignoran esa conclusión. Al mismo tiempo, se tergiversa el informe del Cuerpo Médico Forense que sostuvo que no es su papel dictaminar sobre homicidio o suicidio, porque eso corresponde al juez, quien tiene que mirar todos los elementos. Sin embargo, en la mañana de la autopsia, la fiscal Viviana Fein informó que recibió una llamada del titular de la Morgue Judicial, Fernando Trezza, adelantándole que no existía indicio de que otro persona hubiera disparado y que era probable el autodisparo. A lo largo de los meses, ante la insistencia de los forenses contratados por Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman, los integrantes de la Junta Médica señalaron que “no hay evidencia desde el punto de vista pericial de lo afirmado por la querella”. La querella insistía con que fue un homicidio y los forenses de la Corte dijeron que no existía evidencia de tal cosa. Lo más notorio respecto del texto de Irurzun y Bruglia es que dedicaron una buena parte de las 39 páginas de la resolución a sostener la hipótesis del homicidio. Sin embargo no pudieron aportar nada: No existe el menor indicio de quienes fueron los autores del supuesto crimen. Dicen que Lagomarsino fue partícipe porque aportó el arma, pero no se sabe de quién fue cómplice. El técnico informático no registra ni llamadas ni mensajes con alguno de los integrantes del supuesto complot ni hay un testigo que lo haya visto en situación extraña. Hablan de que fue parte de una “célula dormida”, pero trabajó en la fiscalía durante nueve años, contratado directamente por Nisman. No se indican cómo entraron los supuestos homicidas y mucho menos como salieron del departamento ni del edificio Le Parc. La unidad del piso 13 estaba cerrada del lado de adentro y el propio baño no se podía abrir, tal como declaró la madre del fiscal. No se explica cómo Nisman ni siquiera se defendió, ya que los camaristas abandonaron la absurda hipótesis de que le dieron una sustancia, ketamina, para dejarlo indefenso. Bruglia e Irurzun convalidan que a Nisman le dieron una paliza, algo categóricamente desmentido por el Cuerpo Médico Forense. Tampoco se explica cómo es que si le pegaron una paliza no se encontró nada desordenado ni un rastro de sangre en todo el departamento. La serie de incongruencias es ilimitada, pero la Cámara pasó por encima de esos obstáculos y concluyó que detrás del crimen hubo un amplio y sofisticado complot. Por eso le dice al juez que investigue: “el caso estuvo rodeado de llamativas, reiteradas y no habituales comunicaciones desde la noche del sábado hasta avanzado el domingo entre funcionarios de diversas áreas del Estado Nacional -Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad provincial, Jefatura II Inteligencia del Ejército Argentino. El momento en que se cometió el delito, el grado de organización evidenciado y la amplitud de la cobertura colocan en una razonable perspectiva funcional el desarrollo del hecho, pues todos ellos se presentan como indicios de entidad suficiente como para sustentar seriamente como hipótesis que el destino de Nisman fue decidido a consecuencia de la naturaleza, gravedad y alcances de la denuncia que presentara unos

Fuente: Elsa M. Bruzzone | alainet.org Fecha: 30 MAY 2018 Hace unos días nos enteramos de la infausta nueva: El Comando Sur de los EE UU lograba imponer, luego de un primer intento abortado en el año 2012, su objetivo de hacer pie en nuestro país para disponer una base militar en la Provincia de Neuquén. Durante el año 2017 el entonces embajador norteamericano interino Tom Cooney había recorrido la Provincia y ratificado la intención de reactivar la construcción de la base. Al mismo tiempo destacó las inversiones que Chevron y Exxon Mobil realizaban en Vaca Muerta. Los medios de comunicación provinciales informaron, en la semana del 7 de mayo, que un grupo de “técnicos” norteamericanos habían arribado la Provincia para construir las instalaciones, donadas por el Comando Sur bajo la figura de “Ayuda Humanitaria”, donde funcionará la Defensa Civil Provincial. El costo de la obra asciende a 2.000.000 dólares y consta de una sede y un galpón de 600 metros cuadrados que podría funcionar como centro de evacuación ante catástrofes eventuales ya que contará con dormitorios, baños, cocina, una sala de cuidados médicos, otra para conferencias y un helipuerto. Se ubica sobre la Autovía Norte y a escasa distancia del Aeropuerto Internacional de Neuquén . “No se trata de una base militar, sino del Programa de Ayuda Humanitaria para retomar la marcha de la obra que se suspendió en 2.012 y que consiste en un depósito y un edificio de oficinas para la coordinación de Defensa Civil y otros organismos ante una emergencia”, afirmó Leonel Dacharry, Secretario General de la Gobernación Provincial. Agregó “Comenzamos los contactos en 2009 y a través del programa conseguimos un campamento para evacuados para 250 personas, que nos vino muy bien cuando se produjo la erupción del volcán Puyehue, en 2011”. El año pasado llegó la segunda etapa del campamento, que ahora puede albergar hasta 500 personas”. Informó además que la ayuda incluyó vehículos todo terreno que integran el Plan de Manejo del Fuego, se encuentran en Junín de los Andes y pueden ser utilizados para búsqueda y rescate. Señaló que “el lugar elegido está junto a la autovía Norte y cerca de un centro de distribución estratégica como es el aeropuerto (Internacional Juan D. Perón) para el traslado de elementos a zonas que lo ameriten y que no es una base porque los edificios quedan bajo el registro dominial de la Provincia”.Añadió que las obras habían comenzado en 2012, se habían detenido y que recientemente habían llegado de EE UU “tres ingenieros y un arquitecto del programa de ayuda humanitaria para supervisar la continuidad de las tareas”. Agregó que “se trata de una estructura “muy liviana, con posibilidad de expansión, estará dotada de un grupo electrógeno por posibles cortes de energía eléctrica y servirá para el acopio de víveres, los campamentos móviles y, eventualmente, para alojar personas ante alguna emergencia”. Reiteramos para Neuquén lo que sostuvimos en nuestro documento “El Comando Sur en El Chaco”. Presentamos un análisis de la forma cómo se ha aplicado y se aplica la estrategia para el control militar y de los recursos naturales estratégicos de la Región por parte del llamado “Comando Sur” de EE UU. Todo se inició cuando el Comando Sur y la embajada norteamericana impulsaron un “Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias,” que fue aprobado en 2006 por el ex Ministro Aníbal Fernández, como un aporte a los programas sociales que desarrollaba el gobierno. De esta manera y enmascarando las reales intenciones se posibilitaba la entrada de dicho Comando en territorio argentino por la puerta de servicio. Ello implicó realizar inicialmente campañas de «concientización humanitaria» y de instrucción a la población con el objetivo de establecer, en un futuro que manifestaron cercano, personal para colaborar con la «ayuda humanitaria», tal como había ocurrido con anterioridad en Ecuador, Honduras, Costa Rica, Paraguay y Colombia. Lo que el representante del Comando Sur para Argentina no ha explicado ahora, como tampoco lo hizo en el año 2012 el Coronel Edwin Pastor cuando hacía las gestiones en la Provincia del Chaco, es como un programa con apariencia civil es realizado por un comando militar de EE UU, el cual no guarda relación de dependencia con la embajada de ese país, que es la que debería tener a su cargo o patrocinar programas realmente solidarios y exclusivamente civiles. Existiendo múltiples organismos no militares nacionales e internacionales cuya actividad se orienta hacia una misión social y humanitaria no queda claro por qué estas tareas se encomendaron al Comando Sur en forma altamente sospechosa ya que es conocida la doble misión de las embajadas y los organismos militares de EE UU en los diversos programas civiles y militares de ese país para ayuda, capacitación, intercambio, cooperación, trabajo bilateral y que culminan con la realización de ejercicios militares “combinados” con los efectivos de los países involucrados . Además todo ello constituye el fundamento del funcionamiento del llamado SIAD (Sistema Interamericano de Defensa) creado por EE UU dentro del cual el Comando Sur es el principal órgano operador para Latinoamérica y el Caribe, independientemente de las atribuciones políticas de las embajadas norteamericanas en el Continente. Por un lado, Washington presenta un componente humanitario visible al público, estructurado sobre actividades que la sociedad visualiza como ‘justas’ y en su beneficio, de modo tal que pueda justificarse una interacción bilateral. Causas como ayuda humanitaria, sanidad y salud pública, emergencias y desastres naturales, derechos humanos, seguridad, lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Pero por otro lado existe una componente no visible que se encuadra en los objetivos estratégicos afines a los intereses de EE UU y muchas veces contrapuestos a los del país asistido conducidos por un comando militar. Además se suman a esta operatoria los ”Acuerdos de Cooperación” que el Gobierno Nacional Argentino ya viene manteniendo con EEUU en el plano militar y civil; sea por ejemplo para capacitación de civiles y militares con instructores estadounidenses, como son los Programas Internacionales para Educación y Entrenamiento Militar, de Seguridad de Fronteras y Control de Exportaciones