Politica

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 06 de MAY 2018 La frase del Presidente de la Nación referida a que “el tema de las tarifas es el centro de la batalla cultural” supone no solo la aceptación de la puja, de un enfrentamiento entre sectores e intereses en disputa, sino la existencia de una lucha simbólica, eminentemente política, por “ganar consciencias” y voluntades. Es lógico que para Macri esta tirantez, que se expresa en el Congreso, las calles y en el humor social, suponga una pelea de fondo dispuesta a quebrar los diques de contención de lo aceptable socialmente. De esa lucha –y de las jubilaciones o de la reforma laboral— provendrá, conjetura el PRO, la base de una legitimidad apta para arrasar con el resto de las fortalezas sociales que se encargaron de edificar los trabajadores durante un siglo. Admitir que se trata de una batalla supone reconocer contendientes, actores sociales que se encuentran en situación de antagonismo. Por supuesto que siempre existió este pleito, pero su asunción pública por parte del Presidente (subrayado con un latiguillo caro a la década ganada, —batalla cultural—), funda un escenario menos dependiente del maquillaje marketinero y, por lo tanto, más abierto a la confrontación política. El gobierno vio en los últimos meses deshilacharse su maquillaje a un ritmo paralelo al de su incapacidad de dar soluciones a los problemas que prometió superar. La política incluye consentir la existencia de modelos contrapuestos, asumir que hay algo que los aparta: una fisura, una mínima hendija o una profunda grieta. La nitidez creciente de la acción gubernamental –ostensible por sobre cualquier disimulo u ocultamiento mediático— convierte los colores iniciales de su arco iris en un brutal contraste cromático fundido en blanco y negro, sobreexpuesto por rumores de impaciencia y cansancio irritado. Algunos han denominado esa discrepancia visceral que cíclicamente se pone sobre la mesa, a la vista de tod@s, como proyectos de país opuestos, como lucha de clases, o simplemente como el resultado de antagonismos epocales. Lo cierto es que la contienda –siempre— termina por superar cualquier fraseología acostumbrada al ninismo (ni esto ni lo otro, es todo lo mismo) y se posiciona como una confrontación en el territorio de la política. Ese es el predio donde los latiguillos como “la unidad de los argentinos” y “los argentinos somos derechos y humanos” empiezan a ser insípidos. Donde las convocatorias a superar la grieta se transfiguran en antiguallas protoelectorales que dejan lugar a la irrupción de un conflicto dispuesto únicamente para reducir el valor de la fuerza de trabajo (eufemismo sustituido mediante el sambenito de costo laboral) y la capacidad de pelea de quienes no pueden valorizarse en el mercado financiero. A grandes rasgos (estilizados), el conflicto se expresa en términos de quienes buscan que el capital (lo denominan inversiones) sea más rentable contra quienes pretenden compartir las mieles del desarrollo social en términos un poco más equitativos. Ese conflicto tiene superficies económicas, pero se entabla sobre bases y zonas culturales y simbólicas: se trata de convencer a grandes mayorías acerca de la indefectibilidad de unos aumentos de tarifas (cuyos beneficiarios son los más privilegiados). El macrismo intenta reinstaurar la creencia –un upgrade de Rodrigo, Martínez de Hoz, Menem y De la Rúa— sobre la inexistencia de alternativas por fuera del esfuerzo abnegado de los trabajadores. En una rapiña cíclica, la derecha argentina recurre desde los años ´70 a convocatorias sacrificiales que auguran un paraíso de crecimiento que nunca llega. El mandato neoclásico exige el costo ascético del sufrimiento como única garantía de acceso al reino de los cielos, donde no es posible diferenciar claramente —en su letra chica—, el inequitativo reparto de dicho sacrificio. La energía como territorio en disputa La tensión política se desplaza a todos los campos, sobre todo porque plantea interrogantes sobre el devenir. ¿Cuán lejos nos encontramos del precipicio del 2001? ¿Son el mejor equipo? ¿Gobiernan para enriquecerse aún más? Estas preguntas invaden la cotidianeidad de colectivos sociales que no entienden mucho de la suba del dólar o de las LEBACs, pero sí comprenden las externalidades de la inflación y el incremento de las tarifas. Los empresarios del Foro por la Convergencia Empresarial, reducto condensado de uno de los dos lados del mostrador –aliados de la batalla cultural declarada por Macri— emergieron recientemente como adalides de la responsabilidad fiscal, a través de un documento justificador del tarifazo. [1] Entre las justificaciones manifestadas, demandaron “dejar de lado las especulaciones electorales y el afán de confrontar con el Gobierno”, como si la batalla planteada desde el Ejecutivo requiriese una rendición incondicional de quienes figuran del otro lado del mostrador. “Te declaran la guerra y te acusan de irresponsable cuando intentás defenderte”, murmuró un asistente a las reuniones de Comisión de la Cámara de Diputados, donde se trató la ultima semana el pedido para retrotraer los aumentos. Algunos de los integrantes empresariales de la infantería cultural macrista exigieron, a través de un comunicado, “no apelar a recursos demagógicos que hagan retroceder en el camino iniciado”. El trayecto iniciado al que hacían referencia se traduce, en términos cuantitativos y sintéticos, a los siguientes guarismos ejemplificadores: [2] La factura mensual de gas –de consumo moderado— creció desde $158 a $1.234, entre 2015 y abril de 2018. Eso supone un aumento del 681%. [3] Desde comienzos de 2016 los servicios públicos, en el ámbito de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, se incrementaron en un 920% en energía eléctrica y 683% en agua. [4] Un quinto (21%) del Salario Mínimo Vital y Móvil actual de $9.500 por mes se destina a pago del consumo de servicios públicos, monto que implicaba un 3 % en 2015. [5] Su contraparte, en la llamativa repartija de los panes y los peces, puede plasmarse en el siguiente caso: Pampa Energía, cuyo accionista mayoritario y CEO es Marcelo Mindlin, controla al grupo EDENOR, la Transportadora de Gas del Sur y otras empresas que intervienen en todas las etapas del proceso energético. Edenor es la distribuidora y

Fuente: El Cohete a la Luna Fecha: 05 de MAY 2018 La DAIA pidió la renuncia de su presidente, el comerciante Ariel Cohen Sabban, a raíz de un escándalo sexual con la actriz Esmeralda Mitre, quien en un comunicado mencionó un pedido de dinero. Ya asumió en su reemplazo el vicepresidente Alberto Indij. Segun el diario La Nación, que dirige el padre de la actriz, ella presentó ante la DAIA comunicaciones vía Whatsapp en las que el dirigente habría intentado “aprovechar una situación de vulnerabilidad”. Desde el entorno de Esmeralda Mitre dijeron que todavía evalúan realizar una denuncia formal. La primera información la publicó en Twitter el periodista Hernán Dobry, muy próximo a la conducción institucional de la entidad. Mitre, quien hace un mes se divorció del ex ministro Darío Lopérfido, provocó un escándalo al afirmar que en el Holocausto nazi durante la Segunda Guerra no habían sido asesinadas seis millones de personas. De ese modo intentó justificar a Lopérfido, quien había negado la cifra de 30.000 desaparecidos en la Argentina. Para la DAIA, que acusa de antisemita a cualquiera que critique la política de Israel y que junto al gobierno argentino señala a la ex presidente CFK como responsable de la muerte del ex fiscal Natalio A. Nisman, el caso presentó una encrucijada, ya que la heredera del diario La Nación, también milita en grupos de intelectuales y artistas que adhieren a la alianza Cambiemos. En noviembre de 2015 Mitre firmó la declaraciòn “Votamos a Macri”, junto con Marcos Aguinis, Marcelo Birmajer, Santiago Kovadloff ,Gustavo Noriega,Juan José Sebreli, Luis Alberto Romero, Martín Seefeld, Pablo Sirvén y Marcos Novaro. “Queremos ser protagonistas en esta nueva etapa de la vida argentina”, dijeron. Vaya si Mitre lo ha sido. Cohen Sabban cuestionó a Mitre pero no hubo una declaración formal de repudio como es usual. Para salir del paso la DAIA propuso una reunión con Mitre, que duró una hora y media y en la que se acordó una estrategia discursiva. Al retirarse del encuentro ella dijo que la reunión fue durísima y que asumió el compromiso de instruirse más acerca de todo lo que pasó en el Holocausto. “Pido perdón y me retracto sobre todo lo sucedido, por haber ofendido a la más grande tragedia de la humanidad. También quedamos con la DAIA en que voy a ir al Museo del Holocausto para aprender cada día más acerca de lo que pasó”. Su pedido de disculpas no fue feliz: “Jamás estuvo en mí lastimar y/o injuriar a la comunidad judía. Les tengo un grandísimo respeto y admiro cómo con valentía superaron un hecho tan triste como el Holocausto. Soy una persona libre y apasionada que dije lo que pienso desde el interés personal, no creí que se podría mal interpretar. Para mí la comunidad judía es una comunidad superior, y ojalá fuese mi origen. Reitero, si alguien se sintió lastimado pido disculpas una vez más”. Cohen Sabban está casado y tiene cuatro hijos. Separada de Lopérfido, Mitre vive sola en un departamento en el que recibió la visita de Cohen Sabban. Allí se produjo el episodio sexual sobre el que según Dobry ahora negocian los abogados de ambas partes. La actriz negó que hubiera acciones legales en curso. El comunicado de la señora Mitre dice que vivió “una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Dichas medidas ya han sido tomadas. Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a iniciar acciones legales, ni a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo”. El periodista Jorge Rial publicó en Twitter que hay mensajes de WattsApp que muestran acoso y desubicación. El nuevo presidente El nuevo presidente de la DAIA, Alberto Indij, confirmó lo sucedido a la cadena de noticias Vis a Vis, creada por Claudio Avruj y por el esposo de Patricia Bullrich, Guillermo Yanko, y sostenida con publicidad oficial de los gobiernos de PRO. Según Indij, “ante la situación muy compleja que se desencadenó de todo lo que comenzó a circular en las redes sociales, que es muy serio, le pedimos la renuncia a Ariel, que ya fue efectivizada. Es el mecanismo que disponemos hasta que la situación se aclare. No podemos decir de ninguna manera que todo el episodio sea cierto, pero la situación es insostenible”. Se espera un comunicado oficial. Como vicepresidentes continúan Alberto Hammerschlag y Luis Grynwald. Indij es abogado y heredó el estudio del ex embajador de la dictadura en Italia, Rafael Martínez Raymonda. Su especialidad son los juicios laborales, del lado de los patrones. El año pasado defendió ante la justicia el despido de la ex empleada de la DAIA Vanesa Rodriguez Bustamante quien presentó la demanda por discriminación. Rodriguez Bustamante era secretaria, pero era tratada con desprecio porque no era judía. Hoy es abogada y trabaja con sectores populares. En su favor testimonió el ex director de la DAIA, Jorge Elbaum. La suciedad Consultado para esta nota el sociólogo Jorge Elbaum, presidente del Llamamiento Argentino Judío dijo que “la misoginia es parte del estatuto implícito de la DAIA, que dice luchar contra la judeofobia y contra toda forma de discriminación: casi no hay mujeres en sus Consejos Directivos y su conformación conservadora y dependiente de la derecha israelí la han catapultado a un seguidismo reaccionario desde el cual han perseguido a Cristina Fernández, a Daniel Rafecas y a todas las versiones de argentinidad judía que no se pliegan a los mandatos del PRO, el Likud o la derecha republicana”. “Las acusaciones de Esmeralda Mitre contra el presidente de la DAIA desarman la falacia de un colectivo que dice estar preocupado (y trabajar) contra la discriminación: El paraguas estatutario, sustentado en un organismo que promueve

Fuente: Horacio Verbitsky | El Cohete a la Luna Fecha: 22 de ABR 2018 Con la segunda mitad del mandato del presidente Maurizio Macrì las instituciones fundamentales de la democracia, como la Constitución Nacional llama a los partidos políticos, se revuelven de inquietud y ninguno de los principales escapa a la sensación de crisis. En el caso del justicialismo no sorprende, porque la confrontación de sus jerarquías es la forma de ser que asumió desde que un golpe militar depuso a su fundador en 1955. Esto forma parte del folklore propio. (“Los peronistas somos como los gatos. Cuando nos oyen chillar creen que nos estamos peleando, pero nos estamos reproduciendo”, dijo Juan D. Perón desde su exilio madrileño.) Pero también de la ciencia política. (“La base militante del peronismo es estable, las que rotan son las élites que la conducen”, escribió Steven Levitsky en La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999. En 2005 agregó una asombrada caracterización del kirchnerismo como un hecho nuevo, por su fuerte impronta ideológica, ausente desde los tiempos de John William Cooke.) Pero el malestar alcanza también a los integrantes de la Alianza Cambiemos en el gobierno, entre sus miembros y al interior de alguno de ellos. Embajadas para dos Luego de las elecciones de 2019 es probable que se produzca en el oficialismo una renovación de sus primeras filas, con el retiro de algunos de los principales articuladores políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Poder Ejecutivo. Quienes maduran su salida son el Presidente de Diputados, Emilio Monzó, y el ministro de Obras Públicas, Vivienda e Interior, Rogelio Frigerio (n), en conflicto permanente con el jefe de gabinete Marcos Peña Braun, quien ejecuta los diseños del consultor Jaime Durán Barba. El último episodio, el miércoles 18, fue en torno de la sesión especial para tratar el tarifazo. La operación, orquestada desde la jefatura de gabinete, dejó la sesión sin quórum por un voto. Monzó había sugerido un camino menos ríspido: contribuir al quórum y dejar en evidencia que aún unida con un tema tan convocante, la oposición quedaba lejos de los 2/3 que hubiera necesitado.Tanto Monzó como Frigerio marcharían como embajadores a países agradables. En la nómina de bajas también podría figurar el presidente del bloque oficialista de diputados, Nicolás Massot, porque en el gobierno crece la idea de que no da la talla para el cargo, luego de su blooper televisado, en el que habló en términos ofensivos para los aliados radicales, creyendo que no estaba al aire. Más allá de la inexperiencia, el contenido de la frase lo alejó de la consideración de la elite de PRO. “¿Vos tenés alguna duda de que después de nosotros vuelve el peronismo?”, dijo. Imperdonable hasta en privado. Durán Barba y Peña Braun desprecian por igual a radicales y peronistas. Tanto Monzó (quien se formó junto con Florencio Randazzo) como Frigerio (de cuyo linaje familiar aprendió que una veta popular es imprescindible para hacer política en la Argentina) intentan mantener y desarrollar la relación con varias de las facciones de origen peronista. En cambio Durán Barba y Peña Braun creen tener la sapiencia para prevalecer sobre el justicialismo sin ayuda. A lo sumo reconocen la utilidad de mucamos, como Miguel Pichetto. “Que el balbuceante Esteban Bullrich venciera a CFK es la prueba de que llegamos para quedarnos”, se jactan, con ese síndrome típico de todo gobierno nuevo, desde Videla a Cristina sin saltearse a Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner. Todos llegan a la Casa Rosada con una impronta refundacional: Galtieri con la guerra de las Malvinas y las urnas bien guardadas; Alfonsín con el regreso de la democracia y el traslado de la Capital a Vietnam del Sur; Menem con la convertibilidad y el neoliberalisno populista, Kirchner con la política de derechos humanos y la trambersabilidad, como lo pronunciaba; CFK con la recuperación y ampliación de derechos en un esquema nacional y popular. “Vinimos a cambiar la historia”, repite ahora Macrì. Unos antes que otros, debieron aprender que la realidad era más escabrosa que la planicie de sus sueños. La intervención El gobierno nacional se preocupó por difundir que no tuvo arte ni parte en la intervención del Partido Justicialista ordenada por la jueza electoral de la Capital Federal, María Servini. Usó para ello diversos argumentos, desde el más angelical (nosotros respetamos la independencia de la justicia) hasta el más jactancioso (tenemos buenos abogados, con masters en las mejores universidades del mundo; nunca hubieran escrito una resolución tan brutal. Esa es una pluma del propio Barrionuevo). Pero sólo pueden atender ese razonamiento quienes ignoren que en diciembre el asesor y amigo presidencial José Torello visitó en La Plata al titular del juzgado federal 2, con competencia electoral, Adolfo Gabino Ziulu. Ese juzgado fue escenario de una encarnizada batalla desde la muerte de su titular vitalicio, Manuel Blanco. El kirchnerismo tardío logró colocar allí como juez subrogante al secretario Lautaro Durán, hijo del camarista y profesor de la policía Ramón Alberto Tito Durán. Aduciendo la afinidad generacional, Lautaro obtuvo que el comisario de justicia de entonces,Julián Álvarez, lo hiciera designar, sin preocuparse por su inquietante filiación. Pero en julio de 2015 la Cámara Federal de la Capital declaró inconstitucionales dos artículos de la ley de subrogancias, Lautaro fue devuelto a su antiguo cargo y en 2016 Macrì colocó allí a su compañero del colegio Newman, Juan Manuel Culotta. El año pasado esa designación también fue declarada inconstitucional y luego de un interinato de la porteña María Servini, Ziulu se instaló en el juzgado electoral. Autor de un tratado de derecho constitucional, de buena relación con la jerarquía local de la Iglesia Católica, Ziulu escuchó el pedido de Torello de que interviniera el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, pero no accedió. Poco más de cien días después, Servini dispuso la intervención al justicialismo nacional, desde el cual el estadista Luis Barrionuevo no tendrá reparos en apoderarse también de la franquicia bonaerense. Las risotadas con que Barrionuevo presentó a sus colaboradores Carlos Campolongo y Julio Bárbaro en la primera conferencia de prensa de su gestión sugieren que no han comprendido la situación

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Nuestras Voces Fecha: 17 de ABR 2018 El escándalo desatado por las palabras de Natacha Jaitt trae a la mesa la larga saga de extorsiones, sexo, balas y dinero sucio en la que siempre hay espías o ex espías involucrados, junto a jueces, políticos y “famosos”. Los senderos que cruzan a Martins, Macri y Stiuso. El caos del significante. Así se podría definir la suma de causas y efectos que acumula el llamado “caso Jaitt”. En resumen: colgada de una pesquisa judicial sobre abusos a menores en clubes de futbol, una famosa ex stripper denuncia sin pruebas en un programa de TV a personajes ligados al poder por prácticas de pedofilia. Y confiesa que los escrutó por cuenta de una “empresa privada”. La asiste detrás de las cámaras una mujer enlazada al mundo de los espías. Se está, entonces, en presencia de un montaje que deja al desnudo otro conflicto: la autonomía de los servicios de inteligencia frente a las autoridades políticas de turno. Una historia que confirma el vínculo entre los fisgones del Estado, el negocio de la prostitución y el star system; algo que, en rigor, se remonta a la noche de los tiempos con fines oscilantes entre el infundio, la extorsión y los “carpetazos” basados en la sexualidad de sus víctimas. Un ilustrativo ejemplo al respecto –ocurrido hace ya dos décadas– fue el “affaire Spartacus”, llamado así en alusión a un lupanar de homosexuales en la zona del Congreso. Su cénit: la difusión por TV de un video en donde se veía al juez federal Norberto Oyarbide coqueteando allí con un taxi boy disfrazado de vikingo. Aquellas imágenes habían sido filtradas por el “gerente” del lugar, Luciano Garbellano, un proxeneta inescrupuloso e impulsivo que supo instalar cámaras ocultas en las habitaciones. Lo cierto es que, entre otras calamidades, el asunto destapó una red de protección policial a prostíbulos encabezada por el jefe de la Superintendencia de Seguridad Personal, comisario Roberto Rosa, que involucraba al propio Oyarbide. El 24 de marzo de 1998, Garbellano fue baleado por desconocidos mientras conducía su automóvil hacia a Zarate. Le pegaron seis tiros. Por milagro, sobrevivió. Y el móvil del ataque no tardó en trascender: días antes había negociado la venta de su preciada “videoteca” –a razón de 50 mil dólares la unidad– con dos enviados de la SIDE. Y eso habría ofuscado de sobremanera a Rosa. Cabe destacar que uno de los interesados en dicha transacción resultó ser el hoy célebre Antonio Stiuso. Fue la primera que vez que su identidad real saltaba a la luz pública. Y en medio del río de tinta que corrió a raíz del escándalo en cuestión, también emergieron otros nombres, tanto de espías como de proxenetas. O con ambos oficios a la vez. Entre estos últimos resaltaba un tal Raúl Martins Coggiola. Si hay una vida que simboliza la utilización del sexo comercial para el acopio de datos sensibles, esa es la suya. Bien vale repasarla. El rufián melancólico Hubo un tiempo remoto en que Martins era otro: “Aristóbulo Manghi”. Así fue rebautizado en la SIDE. Tenía apenas 27 años y un espíritu locuaz, al que solía dar rienda suelta entre los parroquianos de Angelo’s, un pequeño bar en la esquina de Santa Fe y Laprida. Allí –según un testigo de esos días– decía dar clases de Historia en un secundario. Y provenir de una familia acomodada, de la cual –se jactaba– hasta heredaría un pequeño campo. Pero en más de una oportunidad, entonado por el whisky, solía revelar su verdadera ocupación. Nadie sabe con exactitud por qué el único hijo de doña Cledis Precilla Coggiola, una madre severa y sobreprotectora, se enroló en el organismo de la calle 25 de Mayo. Pero sí trascendió que su solicitud de ingreso –recomendada por un teniente coronel amigo de la familia– fue presentada en 1973. Meses después salió su “nombramiento condicional” con categoría C-C33 IN 14, que en buen romance significa “agente secreto” con funciones operativas. Y fue destinado a la Base Bilinghurst. Es justo reconocer que, como hombre de acción, lo suyo fue modesto. Sus primeras tareas fueron tomar fotografías de militantes en actos y marchas, durante los días previos al golpe de 1976. A partir de entonces, se dedicó al seguimiento de posibles “blancos de la lucha antisubversiva”. De ese modo se hizo diestro en el arte del “ovejeo” y la “capacha”, tal como en argot represivo se denominaban los dispositivos de vigilancia sobre las futuras víctimas. Hay que aclarar que el personal de la Base Billinghurst tenía bajo su control el centro clandestino de detención Automotores Orletti, nada menos que la filial vernácula del Plan Cóndor. Allí hizo amistad con dos celebridades del terrorismo de Estado: Eduardo Ruffo y Aníbal Gordon. Allí también hizo excelentes migas con un muchacho de su edad: “El Lauchón”. Su nombre real: Pedro Tomás Viale. Incluso lo presentó en una oportunidad a sus contertulios de Angelo’s. Al restaurarse la democracia en diciembre de 1983, Martins dejó de frecuentar ese bar. Tres años después renunció a la SIDE. Y al tiempo se transformó en el “Yabrán de la prostitución”, como a él le agrada que lo llamen. Hay quienes creen que en su conversión empresarial pudo haber dinero negro del aparato represivo de la última dictadura. Paralelamente –y quizás por hobby– retomó la docencia impartiendo clases de Historia e Instrucción Cívica en un colegio católico del cual su abuelo había sido rector. En una ocasión invitó al joven secretario de un juzgado correccional para dar una clase de sobre adicciones. Era nada menos que Norberto Oyarbide. Todo indica que ambos se conocían de otros claustros más festivos. En tanto, sus burdeles prosperaban debido a su notable cintura para tal negocio. Y se dedicaba a esa actividad sin haber quebrado del todo su lazo con la SIDE. De allí reclutó dos estrechos colaboradores: su “culata” predilecto, Marcelo Gordon (hijo del ya fallecido Aníbal), y al agente Viale, quien seguía reportando en la central de espías a la Sección

Fuente: Pedro Biscay | El Cohete a la Luna Fecha: 08 de ABR 2018 La avivada y el papelón La filtración de los Paradise Papers reveló a Luis Caputo (foto principal) como nuevo involucrado del gobierno en el mundo offshore. Un dato que no sorprendió a nadie que conociera el desempeño del actual ministro en el mundo de las finanzas y menos a quienes saben de los vínculos del ex Deutsche Bank. Tanto la información filtrada en aquellos papeles como el papelón que realizó durante la reunión de la “Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación”, reflejan el estirpe de un Ministro de Finanzas blindado detrás del mito de ser “el único que trae la guita al país”, que por cierto es la guita que financia la fuga y que ahora utiliza el Presidente del Banco Central para intervenir vendiendo dólares en cada jornada en la que el billete se dispara. La actitud del ministro en la comisión es un botón de muestra de hasta donde está dispuesta a llegar la oligarquía financiera argentina para defender su modelo de negocios, que consiste en bajar salarios, liberar precios y alimentar la especulación financiera y la fuga de capitales. Un modelo conocido y que en el pasado nos llevó siempre hacia una crisis financiera, económica y social. El ministro forma parte del pasado de un país que alimentó los privilegios del bloque de poder dominante, por sobre el deterioro de las condiciones de vida y la pérdida de derechos de sectores del trabajo, actuando durante un tiempo duradero con el beneplácito de la clase media. Para estos agentes de la oligarquía financiera no hay ningún ethos democrático que merezca ser respetado, como en una dimensión más aguda vemos en el derrotero del golpe judicial y la condena a prisión impuesta sobre las espaldas de Lula. El ministro se burló de todo el Parlamento, se levantó y se fue ni bien sintió un poquito de incomodidad. No mostró ninguna voluntad de rendir cuentas ni contestar las preguntas que los diputados y senadores tenían previsto realizar. En un ejercicio de soberbia institucional propia de los que mandan, soltó por lo bajo la orden de levantar justo cuando venía de generar una provocación que el Presidente de la Comisión no controló. A juzgar por la excusa, suponemos que luego se fue a descansar. El ministro dijo: “Dale, levantá, levantá que estoy muerto”. ¿Le habrá dicho lo mismo a los inversores que semanas atrás le exigieron explicaciones en una ronda especialmente convocada en los salones de Wall Street? El incidente del papelito “misógino” no merece mayores comentarios, salvo que la próxima habrá que tener presente que el se enoja pierde, pero también que el que riendo la hace, llorando la paga. Lo más importante de la reunión es que Caputo confesó ser “tenedor fiduciario” de la offshore Noctua Partners. Al hacerlo, implícitamente, reconoció que al momento de presentar sus declaraciones juradas, le mintió tanto a la Oficina Anticorrupción como a la Administración de Ingresos Públicos. La información revelada por la Security and Exchange Commission semanas atrás lo dejó tras la cuerdas y por eso, a pesar del “coucheo”, no pudo escapar a ese dato irrefutable. Si en los Estados Unidos declaró ser shareholder aquí omitió hacerlo, pero además le mintió en la cara a los diputados y senadores. Tal vez sea que su estirpe de financista de la oligarquía argentina le dio bríos adicionales para declarar que no estaba obligado a informar las tenencias a la Oficina Anticorrupción, porque simplemente era un tenedor fiduciario o nominal de las acciones. Caputo el testaferro En su exposición Caputo dijo: “Con respecto a ese reporte de la SEC, es un reporte de una tenencia accionaria nominal. Sí, yo era un tenedor fiduciario de eso. ¿Qué quiere decir un tenedor fiduciario? Alguien que tiene algo en confianza de otra persona. “Fiduciario” viene de “fiducia”, de “confianza”. “Ahora, no tengo que tenerlo declarado eso, porque eso no me convierte en propietario”. Con estos términos, Caputo pretendió justificar por qué no declaró a Noctua en sus papeles ante los organismos de control. En el derecho argentino el fiduciario no actúa solamente bajo un mandato de confianza. De acuerdo con la Ley 24.441, el vinculo fiduciario emerge a partir de la transmisión de propiedad realizada por un fiduciante, de modo que el fiduciario recibe la propiedad de determinados bienes para ser afectados a un fin específico. La ley denomina a esta forma de propiedad como dominio fiduciario y hace responsable al titular de este dominio de las consecuencias derivadas de las responsabilidad extracontractual. Es decir el fiduciario, en base a un vínculo de confianza, se transforma en propietario de un bien, que luego de cierto tiempo debe regresar al titular originario o a quién este haya designado. En el derecho anglosajón existe la figura del trust que se diferencia del fideicomiso en base a una ficción jurídica admitida por la common law: quién transmite (settlor) no se desprende de la titularidad del dominio; y quién recibe (trustee) adquiere la condición de titular del dominio para un tercero. El trust no está reconocido en el derecho argentino y el fideicomiso, como vimos, se rige por una ley específica que admite esquemas de afectación específica de bienes identificados como dominio fiduciario. Caputo ante los parlamentarios mencionó que era fiduciario y accionista nominal. Pero en nuestro derecho, el único accionista nominal es aquel a cuyo nombre están las acciones, puesto que la Ley 24.587 del año 1995 prohibió las acciones al portador obligando a su reconversiones en acciones registrales. Entonces o es accionista y dueño o es dueño para un tercero, algo que sólo es admisible bajo la figura del socio aparente prevista en la legislación societaria. Para nuestro derecho, el fiduciario es dueño y el dueño es dueño. No es suficiente afirmar que dado que esa tenencia no era de él (porque era un simple fiduciario), no tenía que declararla

Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha: 05 de ABR 2018 Quizás en estas horas Alejandro Fantino haya evocado la ya lejana noche del 11 de abril de 2017, cuando puso su programa, Animales sueltos, al servicio de la crucifixión televisiva de Alejandro Cacetta, quien hasta entonces presidía el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Orquestado desde la sombra por el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y con ejecución a cargo del panelista Eduardo Feinmann, el asunto fue tan grotesco que hasta ciertos aplaudidores del régimen como el realizador Juan José Campanella y el crítico Gustavo Noriega no disimularon su indignación al respecto. Claro que no era la primera ni la última trapisonda del otrora relator de fútbol en la materia. En cambio, el influyente columnista del diario La Nación, Carlos Pagni, supo ser más prolijo en el ejercicio del infundio. Tanto es así que en diciembre de 2015 la jueza federal Sandra Arroyo Salgado lo bendijo con la sorprendente nulidad de su procesamiento por integrar –junto al ex titular de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre; el ex jerarca del Ejército, general Daniel Raimundes; el director del portal Seprin, Héctor Alderete; el periodista Roberto García y dos agentes de inteligencia– una “red clandestina de espionaje” abocada al hackeo de correos electrónicos pertenecientes a políticos, empresarios, personajes de la farándula y funcionarios del gobierno kirchnerista. Sin embargo el destino fue impiadoso con ambos comunicadores. El lunes pasado Fantino no era el de siempre. Dolido y, por momentos, con los músculos faciales gambeteando un “pucherito”, abrió su programa con una frase que lo decía todo: “Mirtha Legrand me desilusionó”. Ya se sabe que en la última emisión del ciclo de la nonagenaria diva, una de sus invitadas, la señorita Natacha Jaitt le atribuyó un hábito atroz, la pedofilia, al igual que a otras figuras públicas. “¡Quiero saber quién está detrás!”, clamó Fantino una y otra vez. Lo cierto es que aquel muchacho sencillo y entrador se veía en una situación que jamás imaginó para sí. Vueltas de la vida. No menos contrariado, pero con gélida templanza, Pagni también utilizó su propio espacio en la señal LN+ para editorializar esa circunstancia. “Mirtha Legrand ofreció su programa para una operación”, sostuvo de una manera casi quirúrgica. Aquel hombre, un asiduo pasajero de las cloacas del Estado, sabía perfectamente de lo que hablaba. Dicen que el que avisa no es traidor. “Llamen a los bomberos, va a salir fuego de esta mesaza”, escribió Nacho Viale el domingo a la tarde en Twitter para promocionar el programa de su abuela, del cual es productor ejecutivo. A la hora señalada, la antorcha humana llegó al canal con una parva de papeles, escoltada por un abogado y una presunta vestuarista, además de su hermano, Ulises, quien oficiaría de apuntador. Ya es conocido el cariz que tomaron los acontecimientos delante de las cámaras. Y los nombres que esa boca vomitó. “A mí me contrató una empresa para investigar al señor que en su momento trabajaba en TN, un tal C.P. (por Pagni). Conozco mucho la noche. Por eso me contrataron”, esgrimió Natacha no sin un toque de candidez, para así legitimar su pretendido papel de fisgona. No contenta con eso, publicó luego en Twitter una foto con la mujer que la acompañaba junto al siguiente epígrafe: “Gracias @PoleroAna, gran amiga de años por couchearme en La noche de ML”. Aquella señora de 66 años era en realidad una ex agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Sin duda fue un gran momento de la televisión argentina: el espionaje como espectáculo en tiempo real, con casi 11 puntos de rating. Fue también un semillero de hipótesis conspirativas de variada catadura, cuyos supuestos actores desvelan en estas horas a los especialistas. Más allá de eso, en el affaire Jaitt anida una nueva manifestación de la criminología mediática. La misma que en los últimos tiempos resultó útil para vincular, por ejemplo, a Aníbal Fernández con el apodo “La Morsa”; o para probar la corrupción kirchnerista a partir del falso testimonio de la no menos apócrifa secretaria Miriam Quiroga; o para encarcelar a Julio De Vido en base a una pericia plagiada de Internet. La lista es extensa, pero anudada al calor de un denominador común: el impacto de las maniobras de prensa por sobre la verdad de los hechos. En tal sentido no está de más reproducir una reflexión que la abogada Graciana Peñafort –quien patrocina a Héctor Timerman, entre otros– acaba de publicar en su cuenta de Twitter: “En cada uno de estos casos (se refiere a los que tuvieron por víctimas a ex funcionarios del gobierno anterior) se violó el principio de inocencia, el derecho al buen nombre y al honor, el derecho a defensa y del debido proceso. Los medios de comunicación, embanderados de odio, fueron los ejecutores de esas violaciones de derechos y garantías”. “Varios de los periodistas que formaron parte del pelotón de fusiladores mediáticos están siendo acusados de un delito horrible. ¿Es legítima defensa la venganza? ¿Es lícito lanzarse sobre ellos como una jauría enloquecida? Claro que de ninguna manera”. Tal, por cierto, es el lado ético y legal de la cuestión. Pero, además, hay algo, quizás un fantasma apenas disimulado, que sobrevuela al ejercicio de la impostura como política de Estado: su descontrol. Porque toda “operación de inteligencia” supone una lucha denodada contra el azar. Sin embargo, cuando el azar se impone, ello a su vez significa el triunfo de la estupidez sobre las manifestaciones más oscuras de la voluntad. ¿Será por eso que los hacedores de la “posverdad” prueban ahora su propia medicina?   Nota relacionada Entre caníbales

Fuente: Alejandra Dandan | El Cohete a la Luna Fecha: 25 de MAR 2018 Podés patearla o tirar directo, dijo la piba de La Poderosa. El niño agarró la pelota con una foto pegada de Juan Miguel “El Nazi” Walk, comisario mayor y director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con prisión domiciliaria en su casa de Mar del Plata. ¡Vamos!, volvió a decir la piba. El niño pateó directo a un arco de cancha, armado en medio de la Avenida de Mayo. No le falló la puntería. La piba dijo: ¡Adentroooo! Y el niño volvió a meter a Walk, de alguna manera, adentro de esa red callejera, esa suerte de prisión social de la que pese a todo, los genocidas ya no pueden escapar. La conmemoración del 42 aniversario del golpe de Estado volvió a tener ese aire de fiesta de la democracia. El pedido de cárcel común y efectiva para los responsables del horroroso exterminio de este país atravesó cada una de las postales del día: stencil en la calle, cartones transformados en pecheras, pasacalles con la palabra genocidas, remeras y hasta enormes retratos tamaño real preparados por primera vez por un grupo de sobrevivientes de la ESMA con todos los ‘malos’ más simbólicos sobre los que sobrevuelan vientos de impunidad. La calle abrió así su diálogo con el escenario, donde las domiciliarias aparecieron como parte de las consignas de la convocatoria del 24M de los organismos de derechos humanos. “A 42 años del golpe cívico-militar —decía—, denunciamos el mismo plan económico y sostenemos la misma lucha: por eso, hoy marchamos contra el ajuste, la represión y la impunidad. ¡Por una democracia sin presos y presas políticos ni genocidas sueltos!” Cientos de miles de mujeres y varones acudieron a la cita cuyo punto de encuentro fue la cabeza de la bandera de los detenidos desaparecidos, que ingresó alrededor de las tres de la tarde a la Plaza de Mayo, con la primera mitad liberada contrarreloj para esta marcha. Desde el escenario, integrantes de Madres, Abuelas, Hijos, Familiares, CELS y la Liga, entre otros organismos, leyeron el documento consensuado que tuvo entre sus subrayados muy especialmente el diálogo con la calle. Allí entró el 2×1 y las domiciliarias: “El pañuelazo de un millón de personas en todas las plazas del país”, que frenó el intento de liberar con el 2×1 a los genocidas encabezado por el gobierno y la Corte Suprema. Y el reconocimiento a “la lucha del pueblo”, volvió a oírse en fragmentos que recordaron que fue la movilización “la que posibilitó que se revocara el privilegio que permitió al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz pasar el verano en una casa con pileta en Mar del Plata”. Ese pueblo que desde hace dos años sale a la calle para frenar intentos de retroceso en todos los frentes, volvió a ser evocado desde el escenario. “A los ciudadanas y ciudadanos que están en las calles —dijo Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo—, queremos decirles que las Madres los abrazan”. Por ahí arriba también pasaron nombres que marcaron la agenda política del último año: Santiago Maldonado y su familia, su madre Elena y su hermano Sergio pisaron el escenario. Rubén, el hijo de Julio López. Y Carlos Zannini, recién liberado de la cárcel. Y el diálogo con la calle retumbó transformado en un silbido cuando el documento recordó la participación de la cúpula de la Iglesia sentada en la mesa de Videla o a los grupos económicos beneficiados por la dictadura. Dijeron Clarín, La Nación. Y la calle dijo: —¡¡Uhhh!! La Nueva Provincia de Massot, la editorial Atlántida, la Sociedad Rural Argentina. Y la calle repitió el silbido. Ledesma de Blaquier. La Ford, ahora en juicio. La Fiat. Mercedes Benz. La embajada de Estados Unidos detrás de todo, dijeron. Y la corporación judicial, que rechazó “miles y miles de hábeas corpus”. El Mundial. Malvinas. Y en el presente, las políticas de vaciamiento de los programas de memoria, verdad y justicia. Y la calle volvió a silbar. “También queremos destacar que cuando hay voluntad política, los derechos humanos pueden ser políticas de Estado”, dijo Estela Carlotto en el tramo de su lectura. “Así quedó demostrado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, donde muchas de nuestras banderas se hicieron realidad. Hace 14 años, un 24 de marzo, Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar. Esos genocidas murieron juzgados y condenados a prisión perpetua y en una cárcel común gracias a la lucha del pueblo. Por eso le reiteramos al gobierno que no permitiremos ni un retroceso en Memoria, Verdad y Justicia”. A las dos de la tarde Ramiro Pérez se compró su remera de Juicio y Castigo. Delegado del Ferrocarril Urquiza, parte de la Juventud Sindical, llegó con su organización pero también hizo recorrido aparte. Dijo que estaba ahí porque sí, porque es una fecha clave en su rol como delegado gremial. Cuando tenía 19 años y empezaba medicina, de lo que más se acuerda es de su madre diciéndole: No te metas en el centro de estudiantes. “Creo que me dio mucha vergüenza por mi vieja, yo terminé militando, pero entendí que ellos pertenecen a una generación que miró para el costado, criados por familia de milicos”. No dijo si su madre era una de cientos de señoras muy grandes que anduvieron por las calles enganchadas entre las multitudes, porque había muchas, pero perfectamente podría serlo: pasó el tiempo y la vida, su madre ahora es delegada de sanidad. La vendedora de las remeras del Juicio y Castigo tenía otras con 30.000, otras con pañuelos, ese símbolo una y otra vez recuperado por la calle. Y en una esquina puso a flamear bien a la vista una con la cara de Cristina y el Vuelve. Dijo que le sobró de la época de la campaña, pero, ¿viste?, agrega: Volvió. —¡¿Ustedes vieron a ese grupo de senegaleses tocando batucadas adelante de la Chilinga?!—, pregunta emocionada Ana González, antropóloga y militante—. ¡Acabo de decirles: ¡Massar

Fuente: Ailín Bullentini | Página 12 Fecha: 25 de MAR 2018 “Considerar que Carlos Zannini y Luis D’Elía deben estar presos es violentar el principio de igualdad ante la ley”, concluyó la fiscal general Gabriela Baigún. En diálogo con PáginaI12, la representante del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 8, que dirigirá el juicio oral por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la promoción del memorándum de entendimiento con Irán, explicó los argumentos de su dictamen, que propició la libertad del dirigente social y del ex secretario de Legal y Técnica, detenidos hasta ayer en Ezeiza. “Aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley”, remata. –¿Cuáles son los elementos fundamentales de su dictamen?  –El primero es que el proceso se vive en libertad salvo excepciones que hagan indispensables medidas de coerción como la detención. Por otro lado está la garantía de inocencia que plantea que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en una sentencia condenatoria. Pero además existen normas procesales que regulan estrictamente la excarcelación y que determinan que todo aquel que está imputado por un delito reprimido con una pena que no sea superior a los 8 años de prisión puede ser beneficiado con la excarcelación. En este caso, y esto es lo más importante para que la gente no se confunda, el delito con el que quedó elevada a juicio de todos los imputados de la causa que investigó el memorándum de entendimiento con Irán, es el delito de encubrimiento, previsto con una pena de 1 a 6 años de prisión. El delito por el que originalmente estas personas fueron indagadas, el de traición a la patria penado con entre 10 y 25 años de cárcel, fue descartado por la Cámara. Entonces, esa pena ya no es más la que afrontan. Si afrontan una pena inferior a los 8 años de prisión, pueden salir. –¿Qué sucede con el peligro de fuga o de interferencia en la investigación, razones por las que se les ha dictado la prisión preventiva a Zannini y a D’Elía? –Yo concluí que no hay razones para presumir que estando en libertad los imputados pueden eludir la acción de la justicia, es decir fugarse, o entorpecer la investigación, frustrarla. En el caso de Zannini, porque su calidad de ex funcionario no le da un poder residual parecido al poder que tenía cuando era funcionario. No puede entrar más a la Casa Rosada, ni a la Secretaría Legal y Técnica, ni acceder a documentación ni a funcionarios. También demostró arraigo, un trabajo y una residencia en Santa Cruz y familia en Argentina. Cuando fue citado a declarar no había intentado fugarse. En el caso de D’Elía, consideré que estuvo a derecho siempre. Y eso que yo fui la fiscal que lo acusó por el copamiento de una comisaría de La Boca, solicité pena de 4 años y 8 meses de cárcel. Cuando alegué no pedí su detención ya que sabía que debía quedar la sentencia firme para eso. Lo condenaron a 4, pero la sentencia fue recurrida. Cuando quede firme seré la primera en pedir su detención. Más allá de estos argumentos, hice una reflexión posterior: si en la actualidad, como pasa, los acusados que afrontan el juicio por el encubrimiento del mayor atentado en la historia argentina que por cierto aún sigue impune, pasaron todo el proceso penal en su contra y ahora el juicio en libertad, estoy hablando del ex presidente Carlos Menem, varios ex funcionarios de su gobierno y compañía, considerar que Zannini y D’Elía deben estar presos es violentar el principio de igualdad ante la ley. –No hay razón para un trato diferenciado ante la ley. ¿Qué consecuencias acarrea violar el principio de igualdad?  –Yo no pienso violar el principio de igualdad ante la ley. No voy a opinar sobre lo que hicieron los demás funcionarios judiciales. Actúo como actué durante toda mi carrera judicial como fiscal, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Si los demás violan la ley, actúan en una misma situación de diferente forma frente a personas de diferentes partidos políticos, raza o religión el problema está en los otros. Hoy pueden ser partidarios del gobierno de turno pero, ¿y si mañana les toca juzgar a integrantes de ese gobierno? Por supuesto que no corresponde actuar de esa forma y entonces esa es la diferencia entre un funcionario independiente y uno que no lo es. Aquel que es independiente actúa y se pronuncia ante una situación igual de la misma manera sin importar a quién tenga enfrente como acusado. Sería terrorífico que sea de otra forma, de ahí la necesidad de jueces y fiscales independientes y de que el Estado los garantice. Aseguro que el día que se confirme la pena de D’Elía en la causa por el copamiento de la comisaría pediré su detención como vengo pidiendo hace años la del ex titular del PAMI Víctor Alderete, cuya pena de 3 años y 6 meses de prisión está firme pero se resisten a efectuarla. Fui desde 1995 hasta 2007 fiscal de juicio de San Isidro y renuncié por tener diferencias sustanciales con la forma en la que venía trabajando el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, que terminó luego en juicio político. Durante los siguientes tres años y a pesar de haber ganado los concursos para la fiscalía general en Capital, no me nombraban así que me quedé sin trabajo por no querer trabajar con alguien que era deshonesto. –¿Cuáles son las consecuencias de aplicar mal las prisiones preventivas? –Aplicar mal la prisión preventiva es violar la ley. La ley es clara y establece condiciones precisas. –Se ha descalificado su dictamen bajo la “acusación” de que usted integra Justicia Legítima. ¿Lo entiende como una presión? –Parto por asegurar algo: no pertenezco a Justicia Legítima ni nunca lo hice, pero conozco a gente que sí lo ha hecho. Partir del prejuicio de que un funcionario judicial, por pertenecer a Justicia Legítima,

Fuente: Jorge Elbaum | lilianalopezforesi.com.ar Fecha: 25 de MAR 2018 La DAIA comunicó el día de ayer que solicitará la investigación de los antecedentes de los jueces y la fiscal que ordenaron la libertad de Carlos Zannini y Luis D´Elía. La razón fundamental de la persecución instrumentada por la derecha de la colectividad judía tiene dos componentes centrales: por un lado, la defensa de intereses empresariales concentrados que —al igual que Clarín o los CEOs corporativos— requieren de la desaparición de todo modelo político (por ejemplo, el kirchnerismo) que desafíe privilegios. El segundo aspecto es el alineamiento desvergonzado con las políticas colonialistas y belicistas de la derecha israelí. Representada por el Likud y asociada a los republicanos estadunidenses. Esta adhesión busca, además, invisibilizar todo vestigio del judaísmo humanistas y popular asociado –en la historia de nuestro país—a las luchas sociales, el cooperativismo, el mutualismo, el anarquismo, el sindicalismo, la izquierda nacional, el nacionalismo popular y la memoria de 1800 desaparecidos argentinos-judíos, comprometidos por una Patria para Todxs. La DAIA soslaya (como era de esperar) la evidencia sobre el origen argentino-judío de la Fiscal Federal Gabriela Baigún y de la Jueza Federal del Tribunal Oral Federal Número 8, Sabrina Namer. Las posiciones de ambas ponen en evidencia la pluralidad de visiones y perspectivas al interior de quienes descendemos de esa colectividad. Transparenta además la incapacidad que posee la DAIA para extorsionar (identitariamente) a esos mismos integrantes, que desprecian crecientemente los turbios manejos elaborados en conjunto por Cambiemos, la DAIA y la AMIA. La DAIA ha demostrado que no duda en negar cualquier principio de veracidad con tal de malversar la identidad hebrea al servicio de intereses geopolíticos y corporativos funcionales con los sectores más concentrados de la economía argentina. La DAIA ha intentado constituirse en la única forma de ser judeo-argentino, engañando a la sociedad argentino acerca de su verdadera representatividad: no expresan a más que un 20 por ciento del colectivo judeo-argentino existente en nuestro país. Han montado una gran falacia tergiversadora que aprovechó la indiferencia de gran parte de la colectividad para apropiarse de la etiqueta “judía”, dada su inscripción en otras pertenencias identitarias. La DAIA fue parte, institucionalmente, del encubrimiento del atentado de 1994 al ser parte de una asociación ilícita destinada a acusar a policías de la provincia de Buenos Aires como partícipes de la masacre dl 18 de julio. Por ese motivo varios inocentes permanecieron años encarcelados. Beraja, Corach, Menem, Anzorreguy, Jorge “Fino” Palacios, Mullen y Barbaccia, han sido cómplices para tergiversar la causa y han impedido que la sociedad argentina sepa qué es lo que realmente pasó. La DAIA vuelve a participar de un segundo encubrimiento al intentar negar la obvia participación de Beraja en esa maniobra que requirió de 400.000 dólares de fondos reservados de la SIDE, entregados a Telleldín para que finja responsabilidades. La DAIA fue el artífice prioritario a través del cual se viabilizó la reapertura de la denuncia de Nisman, luego que ésta fuese desestimada por seis jueces. También fue el ariete con el que se pretendió establecer un Jury de enjuiciamiento a Daniel Rafecas. Los dos ejes de la acusación del fiscal fallecido se centraban en (a) la supuesta intención de “dar de baja” las alertas rojas, y (b) la existencia de negociaciones económicas justificatorios de dichas indulgencias. Ambas acusaciones fueron parte de una misma falacia destinada a contribuir al éxito electoral del macrismo.  La DAIA insiste en el entramado de camuflaje al sumarse a la denuncia fantasiosa de Natalio Alberto Nisman, cuya querella ha sido desestimada por el entonces titular de Interpol, Ronald Noble, quien afirma taxativamente que el fiscal fallecido mintió sobre la supresión de las alertas rojas. La DAIA suma un nuevo capítulo a su desfachatada búsqueda de impunidad al convertirse en cómplice del ministro Germán Garavano quien impidió que se desarrollen las acusaciones contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, tal cual lo ha denunciado –una semana atrás– el ex funcionario (de la eliminada secretaria de la Causa Amia) Mario Cimadevilla. El nombramiento por parte del ministro de justicia Garavano de Mariano Fridman —ex abogado de al DAIA y además adscripto durante casi una década al estudio de la Dra. Marta Nercellas, responsable de la defensa de Rubén Beraja— es un baldón más en la desvergonzada acción destinada a garantizar la impunidad. Los estatutos de la DAIA señalan que es una entidad cuyo objetivo central es la lucha contra la judeofobia y todo tipo de discriminación. Las tareas de persecución a exfuncionarios de gobiernos populares y militantes supone una tergiversación de sus propias motivaciones fundacionales. Los directivos de la DAIA Rubén Beraja, Alfredo Neuburger, Jorge Kirzsenbaum. Jorge Knoblovits, Claudio Avruj, Sergio Bergman y Waldo Wolff son los baluartes de una persecución (y una saña) claramente macartista, bajo un escudo artificiosamente identitario. La utilización de una historia social milenaria, el indecente blindaje tras un holocausto y/o el disfraz de legitimidad inscripto bajo los escombros de dos atentados sucedidos en nuestro país nunca podrán borrar la inmoralidad, el cinismo y la desvergüenza de haber usufructuado, comercial y políticamente, con el dolor y el sufrimiento de otr@s. La Memoria, la Verdad y la Justicia también serán pregonadas —frente a sus rostros— en las jornadas en las cuales tendrán que rendir cuentas frente a los tribunales, la sociedad y la historia de nuestra Patria.