Opinion

Autor: Jorge Elbaum/Convergencia 30 de NOVIEMBRE 2016 Cuando se escriba la historia del rol de la DAIA en relación a la causa del atentado de la AMIA y al caso Nisman, los lectores de los informes quedarán impresionados por el inusitado y desmedido rol asumido por una institución que nació en 1935 para enfrentarse a los nazis y a la judeofobia. El primer dato que irrumpirá como evidencia será la connivencia con el estado menemista, que llevará a la institución en la figura de su ex presidente Rubén Beraja a ser cómplice del encubrimiento, para ser juzgada en compañía de los servicios de inteligencia, el juez de la causa y los fiscales intervinientes. El segundo elemento remitirá al vínculo que la propia institución consistió en entablar con los familiares y amigos de las víctimas, basado en el desconocimiento de su dolor, el desprecio de su rol como querellantes y el permanente ninguneo de sus puntos de vista. El tercer elemento, quizás el más grave, es la decisión estratégica de acompañar el giro ideológico reaccionario —como integrante y motorizador local del mismo—, pretendiendo alinear “lo judío”, al bloque conservador local e internacional, que desprecia inmigrantes, abona respuestas militaristas a todo conflicto internacional y plantea el enfrentamiento civilizatorio pregonado por Huntington en la década del 90 del siglo pasado. Este último indicador asume, además, características más complejas y peligrosas: pretende instaurar la idea de que asumen la “representación” de todos los judíos argentinos, reduciendo su historia compleja y plural a una unanimidad singular y derechizada. La DAIA y la AMIA han deicidio oponerse a todo proceso emancipador y construir como “enemigos” a todos los movimiento y fuerzas que pretenden cambios sociales. Este deslizamiento –cada vez más profundo y descarado— se ejecuta desde un sentido común persecutorio, según el cual, todos los posicionamientos progresistas y/o populares asumen un lugar de inmediata enemistad y conjura contra Israel y todas las tradiciones judías. Ese mecanismo de engaño ya ha sido descripto y explicado por las ciencia sociales en diferentes periodos históricos: se trata de tomar la parte por el todo, instituyendo justificaciones que amparen decisiones y posicionamientos prefijados. De esta manera, todos los que apoyan a los familiares de las víctimas del atentado —tal cual lo sugirió el ex presidente de al DAIA, Rubén Beraja, recientemente, refiriéndose al periodista “Tuni” Kollmann— “no pertenecen a la comunidad judía”. La operación de “reduccionismo judío”, es parte de una estrategia geopolítica que pretende encolumnar a todos los sectores reaccionarios en el mismo paraguas de “sociedades libres”, manteniendo la amenaza extorsiva sobre todo intento de democratización, emancipación o superación de inequidades a nivel global. La DAIA es parte de esas políticas de tenaza, que muchos analistas y periodistas están incapacitados de denunciar so pena de ser cuestionados como antisemitas o judeófobos. La DAIA que usurpa una identidad colectiva y plural, y que al mismo tiempo busca reducir dicha identidad a una visión reaccionaria del mundo, borrando todo vestigio de progresismo, se ha convertido en un ariete neo-conservador con un rol similar al asumido en la edad media por Torquemada. El viraje incluyó la articulación internacional con los sectores republicanos de Estados Unidos, que se oponían a cualquier tipo de negociación con Irán, ya sea para limitar su desarrollo nuclear, como para acordar mecanismos de comparecencia de los imputados en la Causa AMIA. En el primer caso apoyaron la fracasada intentona del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien llegó a dirigirse al Congreso de los Estados Unidos para exigirle a Obama y a los parlamentarios demócratas que desaprobaran el tratado —denominado 5 +1— que limitaba la proliferación nuclear persa. Esta operación simbólica desarrollada tanto por la DAIA como por la AMIA ha anexado un nuevo capítulo, el último miércoles 26 de octubre de 2016, con la visita a la Corte Suprema de Justicia. Por parte del Tribunal participaron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Como “representantes” de los judíos argentinos concurrieron el Director Ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman —entidad que está presidida por el millonario brasileño Jack Terpkins— y su asesor, Adrián Werthein, fuerte empresario local ligado a emprendimientos agrícolaganaderos, de seguros y de telecomunicaciones. Por parte de la DAIA concurrió su vicepresidente, Alberto Indij, y por la AMIA Thomas Saieg, actual titular de la mutual de la calle Pasteur, quienes se presentaron como voceros de una colectividad que nadie recuerda cómo es que fueron elegidos como representantes. Quizás una de las particularidades más sugestivas del ágape haya sido la participación de cuatro magistrados: Mariano Borinsky, Marcos Grabivker, Marcelo Aguinsky y Gustavo Meirovich, una pequeña parte de los operadores judiciales que proviniendo de tradiciones judeo-argentina fueron invitados por adscribir al rol asumido por la DAIA y la AMIA en los dos últimos años. Según testigos de la reunión realizada en el «Salón Oval» del Palacio de Justicia, los integrantes de la AMIA y la DAIA se habrían referido al ex fiscal Nisman como la última víctima del atentado de 1994, señalando la indudable connivencia entre los perpetradores de la masacre de 1994 y los responsables de la muerte del fiscal. Estos comentarios fueron realizados, curiosamente, en presencia del juez Mariano Borinsky que —como miembro de la Sala I de la Cámara de Casación Penal— debe expedirse a la brevedad, junto con otros dos magistrados, sobre el pedido de la DAIA para que la denuncia del ex fiscal Nisman sea reabierta, permitiendo de esta manera la continuidad del acoso a la ex Presidenta y a su ex canciller. Durante este último bienio, tanto la AMIA como la DAIA fueron parte integrante de una campaña desembozada para culpabilizar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su canciller, Héctor Timerman, de connivencia con el terrorismo internacional, por el solo hecho de haber enviado al Congreso de la Nación, para su aprobación, un memorándum de entendimiento con la Republica Islámica de Irán. Dicho “memorándum” estaba destinado a lograr la comparecencia de los imputados en la causa del atentado de 1994,