Opinion

Fuente: CELS Fecha: 24 de JUL 2018 El presidente de la Nación comunicó el inicio de una “nueva política de defensa” con una serie de anuncios generales y ambiguos, pero enmarcados en un mensaje muy claro de avance hacia la participación de las Fuerzas Armadas en la persecución de delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Es decir, se afirmó la voluntad de Cambiemos de incorporar a las FFAA en misiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior en las que tienen prohibido participar por ley. En línea con la doctrina de las “nuevas amenazas” que el gobierno viene instalando desde enero de 2016, se proponen una serie de coordenadas para modificar las misiones que, a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las FFAA luego de recuperada la democracia y durante los siguientes 30 años. Esta doctrina anunciada por el gobierno asume como propia la definición de una agenda internacional que viene impuesta y que no está necesariamente asociada a los intereses nacionales. El mensaje presidencial planteó la necesidad de que la Argentina se modernice frente a los retos del siglo XXI y que, para eso, es preciso flexibilizar la legislación vigente en materia de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, planteó que los militares “colaboren en seguridad interior”, fundamentalmente como apoyo a la lucha contra el narcotráfico en las fronteras. De acuerdo con el decreto 683/18 publicado hoy y una directiva presidencial que todavía no tomó estado público, se le otorgan más funciones a las FFAA. La reforma, que modifica el decreto reglamentario de la Ley de Defensa 727/06, se apoya en tres puntos principales: se elimina toda referencia a que una agresión externa debe ser de origen estatal, lo cual amplía los supuestos de intervención primaria de las FFAA a cuestiones de seguridad como el terrorismo y el narcotráfico, si se los caracteriza como “agresiones externas”. A su vez, hace hincapié en las tareas de “apoyo logístico” de las FFAA a las fuerzas de seguridad. El concepto que usa de apoyo logístico aparece estirado como una coartada para la intervención operacional prohibida por la Ley de Seguridad. Por último, da a las FFAA la facultad de custodiar objetivos estratégicos sin las limitaciones de la Ley de Defensa. Según esta ley, la intervención de las FFAA en este aspecto se encuentra prohibida salvo que una ley del Congreso defina esos objetivos como zona militar. Es decir, la reforma implica un cambio en el paradigma político de intervención de las FFAA así como, en algunos puntos, un exceso en las facultades de reglamentación, ya que lo hace en contra de las leyes de Defensa y de Seguridad. Este cambio suscita una fuerte preocupación en torno a cómo se definirán esas “agresiones externas”; quién y con qué criterios y alcance se definirá la intervención militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad; así como qué es un objetivo estratégico, fundamentalmente en relación a las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestión de la conflictividad social, tarea para la cual las FFAA tienen prohibido intervenir y no están preparadas. Estas medidas se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países. Estas políticas en ningún caso han contribuido a resolver los problemas planteados por las denominadas “nuevas amenazas”. Fracasaron en sus objetivos y tuvieron graves consecuencias para los derechos humanos: escalaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional, hay miles de muertos y desaparecidos, se dio un proceso de creciente corrupción de los propios militares. En el caso de Brasil, por ejemplo, la creciente militarización de la seguridad ha dado mayor relevancia a las fuerzas armadas en la vida institucional de ese país. Las derivaciones políticas de este hecho no pueden ser menospreciadas en la región. La decisión del Ejecutivo de anunciar estos cambios, en momentos en que en Brasil los militares intentan incidir en la vida nacional en todos los frentes es por demás alarmante. El camino elegido por el gobierno elude el debate social y político sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude también cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una “verdadera reforma del sistema de defensa nacional”. Es una decisión unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadanía, instala un clima de incertidumbre e implica una regresión democrática. Ni las FFAA ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista. Esta reforma abre una puerta muy peligrosa a la derogación del principio de demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, desprofesionaliza y convierte a las FFAA en actores de la “lucha contra el crimen” y habilita una militarización de la seguridad interior que traerá consecuencias profundas para el sistema democrático. Esto no es modernizar sino retroceder. Carlos Acuña, Luciano Anzelini, Ileana Arduino, Jorge Battaglino, Alberto Binder, Paula Canelo, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Gastón Chillier, Enrique del Percio, Rut Diamint, Lucila Edelman, Natalia Federman, Enrique Font, Sabina Frederic, Roberto Gargarella, Jaime Garreta, Manuel Garrido, Juan Carlos Herrera, Gabriel Kessler, Diana Kordon, Paula Litvachky, Ernesto López, Juan López Chorne, Ruben Lo Vuolo, Pablo Martínez, Gabriela Massuh, Germán Montenegro, Alejandra Otamendi, Gustavo F. Palmieri, José Paradiso, Hernán Patiño Mayer, Sidonie Porterie, Marcelo Sain, Raúl Sánchez Antelo, Beatriz Sarlo, Catalina Smulovitz, Fernando Pino Solanas, Maristella Svampa, Luis Tibiletti, Juan Tokatlian, Manuel Tufró, José M. Vásquez Ocampo, Horacio Verbitsky, Enrique Viale. Grupo Convergencia XXI Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia- ILSED Centro de Estudios Legales y Sociales- CELS Grupo Fragata Espacio Autónomo de Pensamiento Crítico

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 15 de JUL 2018 ¿Cómo enfrentará el gobierno macrista lo que a todas luces aparece hoy como una crisis de credibilidad en la sociedad argentina enmarcada en los presagios de un agravamiento de la crisis económica y política? El presidente dijo recientemente a sus allegados, según las crónicas periodísticas, que “para el mundo somos los únicos garantes de este modelo”. Puede tratarse de una frase de ocasión pero también podría considerársela como una clave de la hoja de ruta presidencial. El gobierno carece de una agenda atractiva para la sociedad, capaz de asegurar la inversión de la marcada tendencia al debilitamiento de sus apoyos. El texto del acuerdo firmado con el FMI tiene un contenido inequívoco; su centro es el ordenamiento de las cuentas fiscales, objetivo que ha pasado a ser una obsesión del presidente, quien intenta construir una épica refundacional a partir de un propósito tan poco promisorio como es la disminución del gasto estatal. Es decir, para cumplir con el organismo de crédito hay que limitar la obra pública, recortar la inversión en educación, salud, infraestructura, jubilaciones y pensiones, entre otras tareas esenciales del estado. Y eso es presentado como una epopeya argentina. Es evidente que la comprensión del “mundo” (que para el gobierno son los grandes consorcios financieros y sus centros de coordinación globales) es considerada un activo fundamental para la etapa política que se abre. Es una lectura característica de la tradición oligárquica local. En este caso, se reviste de un dramatismo especial: si el “mundo” abandona a Macri, el fantasma del regreso del populismo está en el futuro próximo inevitable del país. Esta premisa valorizaría al gobierno argentino frente a Estados Unidos para el que no sería una buena noticia un cambio que afectara su agenda geopolítica en el sur de su campo más inmediato de influencia. Las noticias que vienen de Brasil tampoco son halagüeñas para la principal potencia mundial, en términos de lo que su Departamento de Estado llama la “estabilidad regional”. ¿En qué consistiría esa comprensión imperial? A primera vista parecería que la cuestión podría girar en torno de la posibilidad de un importante grado de flexibilidad del Fondo para evaluar el grado de cumplimiento argentino de los compromisos recientemente firmados. Un ajuste brutal como el que se desprende de la letra de esos documentos se convertiría en un salvavidas de plomo para transitar los meses previos a la crucial elección presidencial de 2019. “Nosotros o el caos” es el dilema que Macri enuncia con poco disimulo. Claro que pensar que el FMI se convierta en una especie de comité de campaña en las sombras de Cambiemos no entra ni en los más drásticos reduccionismos respecto de lo que son las relaciones internacionales. La apuesta más bien parece querer incorporar la mirada del “mundo” en la disputa política doméstica. La idea es poner a prueba la cambiante política de la estructura federal del justicialismo y del massismo frente a la crítica etapa que espera al país. El planteo del macrismo es que tendrán que resolver si permanecen en el registro de políticos responsables y serios que no quieren una catástrofe nacional o se inclinan por defender sus intereses sectarios a cualquier precio. “Nosotros o el caos” es una fórmula de múltiples significados: se dirige a la estructura sindical, a los movimientos sociales, a la élite del poder económico, a los diputados, senadores y gobernadores. Es un arma de uso interno sostenida por un mito central de esta administración, como es que el atractivo (económico, geopolítico o de cualquier otro orden) que el país pueda significar para los poderosos del mundo global es la clave central para el futuro. El otro dilema central es la posición del peronismo y de la “oposición responsable”. Desde que en diciembre de 2001 estallaron la economía, la sociedad y la política argentina después de más de una década de reestructuración neoliberal, esa escena se ha convertido en un poderoso mito político. Según quien lo recupere significará el fracaso del experimento del consenso de Washington o la índole oportunista y poco democrática del peronismo, siempre dispuesto a asaltar el poder movilizando todos sus recursos sociales y estatales. Curiosamente parece haber muchos conspicuos dirigentes justicialistas que parecen haber adoptado el segundo punto de vista bajo el prestigioso ropaje de la “autocrítica”. Entonces aquel diciembre mítico se convierte en el demonio que debe ser exorcizado. Hay que reemplazar aquella conducta oportunista del peronismo por una visión que le otorgue prioridad al sostenimiento de la gobernabilidad, cualquiera sea el costo que haya que pagar a cambio. Sin embargo, esa lectura de aquel episodio está abiertamente reñida con la realidad histórica. La oposición de entonces no fue la que creó las condiciones de la catástrofe. En todo caso, su contribución al desmadre consiste no en la rebelión popular, muy difícil de evitar en la situación social a la que habíamos llegado, sino en los años del menemismo, cuando se ejecutaban en tono festivo todas las políticas que nos llevaron a la quiebra económica, la ruina social y el derrumbe político. Todo el sistema político tuvo una responsabilidad innegable en aquella deriva caótica. Es lógico que hoy abunden los juicios de “especialistas” que procuran endosar los antecedentes de la crisis actualmente en desarrollo a la experiencia kirchnerista. Y hasta es seguro que ese argumento goza de autoridad y credibilidad en un sector no pequeño de nuestra sociedad. Pero tiene un problema: no es verdad. Argentina tenía muchos problemas en diciembre de 2015 pero un problema que no tenía era el de la extrema vulnerabilidad de su economía, claramente conectada con el hiper-endeudamiento de este corto período y el desastroso estado de nuestra balanza comercial y de cuenta corriente producto de las políticas en curso. Claro que ese razonamiento corresponde a la verdad histórica. Pero la pos-verdad camina por otros andariveles. Y estamos ante un elenco de gobierno que desde el comienzo reemplazó la política por la publicidad. Es por eso que es muy difícil de

Fuente: Aldana Huilén Ceijas | Revista Zoom Fecha: 11 de JUL 2018 “La ciudadanía supone soberanía. Si no hay decisión sobre el propio cuerpo, la ciudadanía está en mengua. El derecho al aborto es un derecho humano y básico”, explica Dora Barrancos. Entre metáforas y términos académicos, se hace entender con facilidad, rasgo que tal vez traiga de su trayectoria como docente: desde su juventud como maestra de escuelas públicas, hasta su larga experiencia como profesora en universidades nacionales. Fue una de las pioneras en el estudio de la historia de las mujeres y las sexualidades disidentes en Argentina desde fines del siglo pasado y se le forma una sonrisa amplia al hablar del “importante relevo generacional” que advierte en las feministas de esta época. En su casa porteña, las habitaciones son grandes y acogedoras, con ventanales que llegan hasta el techo y dejan entrar toda la luz de la media tarde. Se ubica en uno de los sillones de la sala de estar y se acomoda para hablar largo y tendido. Se presenta como “historiadora y socióloga”, pero su currículum es mucho más extenso que eso. En la década del 60, estudió la -por entonces- nueva carrera de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y fue parte de la “generación que quebrantó la menguada participación de las mujeres en la Universidad”. Durante la última dictadura militar, civil y religiosa, debió exiliarse a Brasil por su compromiso con la Juventud Peronista, espacio del cual se alejó cuando volvió al país, una vez repuesta la democracia. Reconoce que fue en Brasil donde se vinculó al movimiento feminista, a Michel Foucault y a la historia como campo de estudio. Después de obtener una maestría en Educación y un doctorado en Historia en instituciones brasileras, fue Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente dirige el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en representación de las Ciencias Sociales y Humanas. En esta entrevista con Revista Zoom, recorre la historia de la lucha por el derecho al aborto, analiza la coyuntura política que habilitó el debate parlamentario y las próximas luchas en la agenda política del feminismo. ¿Cuándo podemos ubicar los inicios del debate por el derecho al aborto en Argentina? El debate sobre el aborto, como cuestión pública, es muy reciente. Ahora, que no hubiera debate público no quiere decir que no se debatiera. Cuando yo era joven, era muy común el punto de vista favorable al aborto que teníamos las de mi generación. Sin embargo, no tenía una expresión de gran debate público, que sólo pudo venir a tono después de la recuperación democrática, con el renacimiento de diversos cauces feministas. La agenda principal del feminismo fue la violencia y produjo una serie de leyes: la primera de violencia doméstica y la más reciente, que es contra todas formas de violencia, la 26.485. El aborto no estuvo entre los elementos más importantes de la agenda hasta que se formaron grupos específicos de feministas. Puedo recordar muchos núcleos, como puede ser el Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y después una Coordinadora por el Derecho al Aborto. Hasta que hubo un paso muy notable con los talleres sobre aborto en los Encuentros Nacionales de Mujeres. Yo creo que eso fue una contribución fundamental para su debate público. De los encuentros surgió la primera pro-forma de la campaña nacional, que coaguló en 2005 y que se extendió con muchísima fuerza. Así llegamos al debate en el Congreso, por primera vez en nuestra historia. ¿Hubo un cambio de paradigma para llegar a poner el aborto en la agenda del feminismo y de la política en general? Lo que sí cambió como paradigma en la segunda ola del feminismo, que arranca en los años 60, fue el reconocimiento del cuerpo. Las feministas se dieron cuenta de que tenían cuerpo y de que el cuerpo era el campo fundamental en donde se acertaban las claves de la lucha antipatriarcal. Se dieron cuenta de que la forzosa norma de ser madres era una forma de la violencia. ¿A qué se debe ese “renacimiento” del feminismo con la vuelta de la democracia? Entre las generaciones de los ´60 y ´70 y las actuales, ocurrieron grandes cambios sociales y culturales. Los cauces feministas se ensancharon de forma significativa para que otros sujetos se aliaran también a reclamar sus derechos. Me refiero a los sujetos de sexualidades disidentes, lo que fue una enorme contribución para la visibilidad y reconocimiento de esas personas que estaban también en las márgenes de la sociedad. Estos cambios culturales fueron muy profundos también en un orden: creo que hay un sentido más aguzado del derecho a la sexualidad en las más jóvenes. Se construyó una subjetividad contradictoria e insurgente con respecto al “establishment moral” que corresponde a la madre o a la abuela. Me parece que las jóvenes, aunque no hayan leído ni una página de feminismo teórico, tomaron esa clara decisión interna de: “conmigo no va a pasar lo mismo”. Las generaciones anteriores de mujeres tuvieron que pagar su sexualidad, evitarla, no ponerla en evidencia o no experimentarla. Usted desarrolló sobre derecho al pleno goce de la sexualidad. ¿Cómo se relaciona con el derecho al aborto? Toda mujer o cuerpo en condición de gestar que tiene relaciones heterosexuales, convive con la sombra de la posibilidad de un embarazo no deseado porque no existen métodos anticonceptivos infalibles. En el 80% de los casos, el embarazo es una contingencia y no la voluntad de la gestante. Cuando estaba en Brasil, tuve acceso a un trabajo que se hizo con mujeres de sectores populares y que reconocían que sólo con la menopausia se dieron el derecho a una sexualidad mucho más estridente, por así decirlo. Ahí viene una cuestión: el patriarcado implica la inhibición del goce sexual de las mujeres por el mandato reproductivo. El acto sexual, para ellas, es sólo para tener hijos. Para esta

Fuente: David Iud | Llamamiento Argentino Judío Fecha: 08 de JUL 2018 EL FALLO DE CÁMARA QUE RESUELVE LA APELACIÓN – CRÍTICA Del fallo de Cámara, firmado por los Dres. Irurzun y Bruglia, lo que más ha trascendido es la ratificación que se hace de que la muerte de Nisman fue un homicidio. El fallo, de 39 carillas, tiene dos votos, el del Dr. Irurzun (algo más de 28 carillas) y el del Dr. Bruglia (algo más de 9 carillas, la carilla restante es la parte resolutoria). De las 28 carillas que ocupa el voto del Dr. Irurzun, 14 carillas (la mitad) están dedicadas a robustecer la teoría del “homicidio”, antes resuelta por el Dr. Ercolini. Es necesario puntualizar que solo el Dr. Irurzun se refirió a la cuestión de la calificación como “homicidio” de la muerte del Fiscal. El Dr. Bruglia, en cambio, en un corto párrafo de escasas seis líneas, zanja la cuestión diciendo que considera el fallo de Ercolini “debidamente fundado” (pg. 30 del fallo publicado por CIJ en su web oficial) En su voto, el Dr. Irurzun, como antes dijimos, hace una extensa revisión de los hechos enfilada a robustecer la conclusión del Dr. Ercolini (homicidio). Da cuenta del escenario externo al expediente desde los primeros días a partir del hecho. Dice el Dr. Irurzun “Externamente -pero gravitando directamente sobre el proceso-, diversos funcionarios, especialistas y opinólogos hacían públicas sus creencias en torno al devenir del sumario con un no acreditado conocimiento de los elementos obrantes en él”. Es lo que yo he preferido llamar “afirmaciones tácitas” calificando el hecho como homicidio y relacionándolo con la denuncia presentada por Nisman. (pg. 4 del auto de procesamiento publicado en la web oficial del CIJ) Más adelante (pg. 6 de lo publicado por el CIJ) trascribe el párrafo en el que Ercolini atribuye a Lagomarsino “haber prestado la colaboración necesaria…” que más arriba citáramos. Da cuenta de los diversos intervalos temporales en los que, según diversos informes, se ubicaría la “data de muerte” (pgs. 8 a 10 de lo publicado por el CIJ), sin mayores discrepancias entre los diversos informes (Unidad Médico Forense, Depto. Tanatología de la Morgue Judicial e Informe de Gendarmería). Entre las pgs. 11 y 13 del auto publicado por el CIJ, el Dr. Irurzun reseña los diversos estudios realizados sobre las manchas hemáticas halladas en las manos del Dr. Nisman y en la escena del hecho. Aparecen allí discrepancias entre los dictámenes del Cuerpo Médico Forense y el Estudio de Gendarmería. El voto del Dr. Irurzun adhiere a lo dicho por Ercolini diciendo, en la pg. 13 del fallo de Cámara que “Si bien las discrepancias existentes entre los estudios ordenados por la jurisdicción, y los realizados por las querellas y la defensa se da en puntos cruciales, la interpretación final -como bien refirieran los especialistas- corresponde a la sede judicial, toda vez que son los magistrados quienes, encontrándose en contacto con los restantes elementos colectados y siguiendo las reglas de la sana crítica, se encuentran en posición de examinar tanto sus carencias como su fuerza convictiva, pudiendo incluso dejar de lado sus conclusiones en la medida en que la labor pericial se trata de una prueba más y no la única” En la pg. 14 del fallo publicado por el CIJ, el Dr. Irurzun se refiere a otras circunstancias de la escena del hecho: la ausencia de huellas dactilares de personas extrañas al departamento y la ausencia de registros de comunicaciones entrantes y salientes de mensajería “whatsapp” de la cuenta de Nisman en el lapso que va entre el 17 de enero a las 10:31:21 y el domingo 18 de enero a las 7:54:16. También la ausencia de registros “de llamadas telefónicas, almacenadas o borradas en el período comprendido entre el 9 de mayo de 2014 a las 10:46:19 y el día 18 de enero de 2015 a las 13:46:45” (estamos hablando de un lapso de 8 meses y 9 días). También el juez da precisiones sobre ausencia de registros de mensajes SMS y de navegación en Internet usando su teléfono La aparición de estos intervalos temporales con registros inexistentes en su teléfono, es incongruente con numerosos testimonios que dan cuenta de comunicaciones sostenidas por el Fiscal, y de registros surgidos de la compañía proveedora de telefonía celular. De allí que es correcto concluir que existieron comunicaciones, y que estas fueron borradas de la memoria del teléfono. O las borró Nisman o las borró otra persona. En la pg. 15 de su fallo (versión publicada por el CIJ) el Dr. Irurzun hace una valoración de esta prueba. Las presunciones acerca de lo irrazonable que sería que las hubiese borrado el propio Nisman, parecen acertadas, para quien mira la sentencia y conoce fallos anteriores, pero no el expediente (como es mi caso). Parece acertada la hipótesis del juez, que, por cierto, sería congruente con un homicidio: quien borró los registros, sería la persona o la organización que cometió el presunto homicidio. Lo que es extraño es que en la sentencia estén totalmente ausentes otros indicios. Desde mi propia sana crítica –con las limitaciones que he expuesto, no tuve el expediente a la vista-, deberían haberse valorado en conjunto. Porque en el fallo del juez, no solo hay una hipótesis respecto de la naturaleza del hecho, homicidio, también hay una hipótesis sobre el móvil del crimen, según el juez, la amenaza que para el gobierno de ese entonces era la denuncia formulada por el fiscal. Esta presunción es clave, si esta presunción no estuviera, el Expediente debería haber quedado en la Justicia Ordinaria, y nunca debió haber pasado al fuero de excepción, la Justicia Federal. Recordemos que el incidente de competencia (entre la querella, que quería el fuero federal, y las defensas que querían que continúe entendiendo el fuero penal nacional ordinario) lo resolvió la Corte en un corto decisorio de solo 11 carillas, el 20/9/2016. Dice el considerando 8º de ese fallo que “aun en ese caso, la evidente incidencia en el normal

Fuente: Horacio Verbitsky | El Cohete a la Luna Fecha: 01 JUL 2018 El gobierno de la Alianza Cambiemos adelgaza sus opciones, constreñido como está por las exigencias contradictorias del FMI y de los sectores sociales que resisten sus políticas de transferencia de ingresos. No es un determinismo inevitable sino la consecuencia de decisiones políticas que el presidente Maurizio Macrì adoptó libre y voluntariamente, motivadas en parte por intereses y en parte por anteojeras ideológicas. Conformar a ambos es imposible, porque se disputan los mismos recursos para fines distintos y por definición excluyentes. Lo previsible es un tironeo constante, en busca de esa conciliación imposible entre propósitos antagónicos, en el que a cada avance de un lado seguirá la reacción del otro. En otra escala, ese tipo de equilibrio inestable acompañó las dos décadas que median entre el golpe eclesiástico con ejecución castrense de 1955 y el golpe militar con sostén clerical de 1976, ambos con un fuerte componente empresarial, lo mismo que el intermedio de 1966. En aquellas dos décadas, se enfrentaron por la definición de políticas y por la participación en el ingreso nacional dos coaliciones económico-sociales, una formada por el sector agropecuario y las finanzas, otra por industriales y trabajadores. Los ciclos eran más largos y los antagonismos políticos no coincidían con la situación económica. La producción industrial, los niveles de empleo y remuneración eran más satisfactorios que los actuales, pero la inclusión del país en la lógica de la guerra fría exacerbó los enfrentamientos. El programa económico del golpe del ’55 no pudo aplicarse por la dura oposición social y también política encarnada en el peronismo, cuya supresión llegó a ser un propósito compartido por el conjunto de las clases dominantes, incluso aquellas que resultarían perjudicadas por su imposición a la fuerza a partir de 1976, luego del último intento fallido por otros medios, con el rodrigazo del año anterior. La globalización y dentro de ella la financierización, acortan los plazos y agudizan todas las contradicciones. Por eso, el tironeo entre intereses contrapuestos puede adquirir un ritmo paroxístico, favorecido por la caída a pique de la credibilidad del gobierno, la certidumbre de que no habrá reelección posible en 2019 y la duda acerca de si el actual gobierno llegará al término de su mandato. Las discusiones políticas a lo sumo especulan acerca de la posibilidad de un recambio dentro del PRO, en torno de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, del que ella misma no está convencida. Vidal y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta evaluaron a principios de este año que Macrì no podría aspirar a un segundo periodo sólo si la crisis económica adquiriera impulso y profundidad de catástrofe y que, en tal caso, tampoco habría oportunidades para ellos. Eso no quita que el porteño y la bonaerense prodiguen gestos de diferenciación, tanto en la política económica que conduce a la hecatombe como en las opciones políticas y el personal que cada uno considera necesario para capear el temporal.  Si bien no han cambiado su evaluación del semestre pasado, tampoco son fundamentalistas en ese sentido y según se presenten las cosas, están dispuestos a considerar alternativas. Pichetto y el plan del yo no fui Simultáneamente y no por casualidad, el Opoficialismo que tiene como emblema al Senador Miguel Pichetto, ha comenzado a contemplar la peor hipótesis para el gobierno. No hará nada para apresurar el final que prevé, porque teme las consecuencias colectivas y desea evitar que se cargue en su cuenta un nuevo naufragio como el de Raúl Alfonsín en 1989 y el de Fernando De la Rúa en 1999. “Esta gente no precisa ayuda para derrapar. Hay que prepararse para lo que venga después”, sostienen en la mayor reserva Pichetto y su aliado Diego Bossio. (A propósito de Bossio, el periodista de la revista Noticias Juan Luis González confirmó que el miércoles 20 una mujer le arrojó un vaso de agua mientras él lo entrevistaba en el restaurante del Museo Evita, y hablaban sobre Cristina Fernández de Kirchner. Pero negó que Bossio dijera que la ex presidente se hacía “la rata cruel” y que la mujer lo llamara traidor. “Le tiró el agua y se fue sin mediar palabra”.) Por eso, dicen, no bajaron a la sesión en minoría en la que el Frente para la Victoria y la izquierda reclamaron el envío al Congreso del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Pero tampoco se sumarán al Gran Acuerdo Nacional que Macrì intenta convocar en torno de las pautas que Nicolás Dujovne acordó con Christine Lagarde. El paro general que la CGT no pudo menos que declarar pese a la aversión de los triunviros a toda medida de fuerza, la recalificación de la Argentina como mercado emergente por el juez y parte Morgan Stanley (seguida por una nueva disparada del dólar hasta rozar los 30 pesos, pese a que entre el BCRA y el Tesoro quemaron otros 450 millones de dólares) son pruebas elocuentes de la completa falta de confianza de unos y otros en las promesas y propósitos de Macrì. Luego del paro, los triunviros, acompañados por Gerardo Martínez, que maneja las relaciones internacionales de la CGT, y  el economista de Víctor De Gennaro en la menor fracción de la CTA, Claudio Lozano, mantuvieron una cordial teleconferencia con los encargados de poner en caja a la Argentina en el FMI. El Fondo operó el plan oficial de un acuerdo económico-social, la recurrente fantasía de una Moncloa argenta en la que los perjudicados legalicen el atraco. Cuando resta poco más de un tercio del fallido mandato presidencial en curso, cada vez que Macrì se acerca a un micrófono o una cámara para reiterar generalidades tranquilizadoras, esa imagen hoy inquietante se superpone con la de la campaña de 2015, cuando sostuvo que contener la inflación era muy fácil y que en cuanto él asumiera la presidencia y el país saliera del cepo, lloverían las inversiones. Hay al respecto preguntas que sólo la historia podrá responder:  ¿Es un ingenuo voluntarista? ¿Es un

Fuente: Edgardo Mocca | Página 12 Fecha: 01 de JUL 2018 El Fondo Monetario Internacional no tiene mayorías propias en el congreso argentino. Por eso el gran problema para la derecha es la ausencia de una coalición del orden, un bloque político de la responsabilidad y la gobernabilidad. Si eso pudiera construirse -o reconstruirse bajo la forma en que funcionó en los primeros meses del gobierno de Cambiemos, con el concurso de renovadores y federales para la aprobación de leyes que hoy se revelan claves de la política oficial que hoy hace agua- irían creándose las condiciones para una transición ordenada entre el “populismo irresponsable” y la “política seria”, que no es otra cosa, esta última, que la administración firme del orden neoliberal. Nada de eso parece importarle a un sector de los economistas del establishment que critican al gobierno por el supuesto gradualismo y hasta el populismo de sus políticas. Unos y otros, voceros directos de los grupos concentrados y ceos de esos mismos grupos en función de gobierno, entienden la política bajo la forma de una serie de planillas con números; lucen bien cuando se exhiben en el powerpoint pero no tienen el mismo encanto cuando se convierten en orientación política real. Poco les importa en sus análisis las consecuencias sociales de esos esquemas. Siempre hay un largo plazo virtuoso del derrame de las ganancias y la felicidad general. Un largo plazo que no llega nunca. La reconstrucción del gran partido transversal del orden no tendrá viento de cola en los próximos meses ni en el más optimista de los cálculos de la derecha. Ya quedó demostrado en la extraordinaria demostración de fuerza del movimiento obrero y popular del último lunes: hasta los promotores más enérgicos del diálogo y la responsabilidad en el interior de la CGT formaron parte del paro y dejaron al descubierto un estado de ánimo social cuyo desarrollo será una cuestión decisiva en el próximo período. ¿Cómo se hace para pedir comprensión y acompañamiento entre dirigentes sindicales y sociales, gobernadores, intendentes y parlamentarios cuando el gobierno ha decidido unilateralmente un acuerdo con el Fondo, cuyo contenido es el ajuste, la recesión, el freno de la obra pública, el achicamiento del presupuesto nacional y el de las provincias, la pérdida de empleo y que, aunque el texto del memorándum no lo diga, convivirá con altas tasas de inflación por lo menos hasta fin de año, según los propios voceros gubernamentales? Para el sistema político en su conjunto —incluidos algunos segmentos de la alianza Cambiemos que empiezan a insinuar rebeldías respecto del rumbo— el costo de ofrecerse como garante del orden en medio de semejante huracán antipopular, acompañado de sombríos pronósticos macroeconómicos que vienen de la ortodoxia más pura, empieza a resultar muy caro. Sin embargo, la sesión de la cámara de diputados impulsada para exigir el tratamiento parlamentario del ominoso acuerdo funcionó en minoría: ni el massismo ni el sector peronista de Argentina Federal asistieron. El hecho es revelador de que un sector del peronismo camina en un angosto desfiladero; no puede acompañar al gobierno en un curso que no promete otra cosa que privaciones populares, conflictos y potenciales situaciones de ingobernabilidad, tampoco puede ceder la iniciativa al espacio que conduce Cristina y que, en esta ocasión confluyó con las fuerzas de izquierda. Lo que eso está demostrando es que junto al cuadro de estancamiento e inestabilidad económica hay otra variable que entra en juego: los cálculos electorales. El centrismo justicialista procura combinar oposición dura —sobre todo en lo declamativo— al plan del gobierno y el fondo con el esfuerzo táctico por intentar el aislamiento de las fuerzas más consecuentes en el enfrentamiento a ese plan. Un minué difícil de bailar porque será difícil para este sector la construcción de un espacio electoral competitivo sobre la base de acompañar una acción política cuyo juicio en las urnas será la cuestión central del proceso político que desemboca en las presidenciales de octubre de 2019. Para encontrar ese espacio se procura construir una cartografía política que reconoce tres fracciones: el fundamentalismo neoliberal (Macri y su gobierno de la mano del FMI), un populismo extremo (el kirchnerismo) y un “centro nacional” que se ofrece como garante de la responsabilidad. Hay que decir que el esquema se alimenta de una versión, tan difundida como disparatada, que presenta los años de los gobiernos kirchneristas (particularmente los últimos cuatro) como una versión extrema e ideologizada, predispuesta al conflicto innecesario y penetrada por una visión sectaria de la política. No es este el espacio para un análisis crítico de ese relato, pero no puede dejar de decirse  que es él mismo pura ideología. La conflictividad que vivió el país a partir del otoño de 2008, y que está lejos de haber desaparecido, no es el resultado de una voluntad del gobierno de entonces sino del antagonismo planteado por los sectores más poderosos del país contra una política que estuvo lejos de cualquier obsesión socializante, que simplemente tuvo como brújula una distribución más justa del excedente que produce el país. Muchas de las profundas reformas indispensables en la perspectiva de un nuevo ciclo popular y democrático no pudieron ser concretadas durante ese período; pero bastó simplemente la decisión de ejercer el poder democrático sin la mediación de los grandes lobbys locales y globales para producir una furia que no reparó en brutalidad política y mediática orientada a la recuperación plena del poder a como diera lugar. El problema no es, entonces, mediar entre dos extremos. Es asumir un antagonismo real, que está en la política y no en la imaginación de sectarios o de extremistas. Si hiciera falta mostrarlo alcanza con el texto del acuerdo con el Fondo que además de cláusulas leoninas y coloniales tiene la audacia de calificar como “incautación” la resolución de recuperar para el estado nacional los fondos de pensión privatizados en la anterior orgía neoliberal que vivimos en la década del noventa. Una recuperación aprobada legislativamente tal cual lo establece la constitución nacional y es lo contrario

Fuente: Sergio Wischñevsky | Nuestras Voces Fecha: 30 de JUN 2018 La Agencia Telenoticiosa Americana (Télam) fue creada el 14 de abril de 1945, bajo la influencia de Juan Domingo Perón con el objetivo de generar noticias propias para los argentinos y el mundo. En el 55 se intentó desmantelarla por primera vez y unos años después Frondizi la privatizó. En los años siguientes fue estatizada, clausurada, censurada y vuelta a poner en funcionamiento. La historia de un proyecto de soberanía informativa. El despido de 354 trabajadores de la agencia de noticias del Estado tiene implicancias profundas. El martes llegaron los telegramas a Télam y ayer se sumaron los más de 40 trabajadores de Radio del Plata. Mientras achican los medios públicos y asfixian a los medios críticos, el Grupo Clarín crece y crece: el gobierno aprobó la fusión entre Cablevisión y Telecom. Una sola voz es la consigna. Las cesantías en las diferentes áreas del Estado estuvieron siempre justificadas por el gobierno de Cambiemos con un discurso que asegura que es necesario achicar el gasto y ajustar. Sin embargo, los argumentos esgrimidos por el presidente de Télam, Rodolfo Pousá, abren un nuevo capítulo: reconoció que muchos trabajadores habían sido echados por su ideología. De esta manera, dio por inaugurada la temporada de persecución ideológica, que si bien estuvo presente desde la asunción de Macri a la presidencia, pocas veces fue admitida sin eufemismos. La crueldad del ministro Hernán Lombardi es solo una muestra más de la insensibilidad de quien empezó su gestión con el eslogan “todas las voces”. Sobre el dolor de los que se iban enterando que se quedaban afuera de la empresa celebró: “Hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos”. Pero más allá del ajuste y la persecución de ideas, el achicamiento del personal de Télam en casi un 40 por ciento de su capacidad operativa responde a un proyecto que viene desde mucho más atrás en la historia. Se trata de la vieja discusión por la soberanía informativa. El 14 de abril de 1945, bajo la influencia directa del entonces coronel Juan Domingo Perón se creó la Agencia Telenoticiosa Americana, cuyo acrónimo es Télam, que quedó luego como su nombre definitivo. Estamos en los tiempos de fines de la segunda guerra mundial, y sobre el horizonte mundial aparece Estados Unidos como la potencia hegemónica. Si algo sabían los países con mayor influencia es que debían tener su propia agencia de noticias. La economía, las armas y el control del flujo informativo fueron las herramientas que los países más poderosos cuidaban con celo. En Argentina había dos agencias de noticias norteamericanas que habían desplazado a las europeas del centro noticioso: la United Press International (UPI), creada en 1907, próxima al Pentágono, y Associated Press (AP), fundada en 1848, vinculada con el Departamento de Estado. Las noticias que llegaban desde el mundo eran filtradas por ellas. Los medios gráficos más importantes eran los conservadores La Prensa y La Nación. Télam inició formalmente sus actividades el 12 de octubre de 1946, el objetivo era claro: no depender de las noticias generadas por entes extranjeros y privados, generar un flujo de noticias propio para la población argentina, y para los países del mundo. Mediante un decreto se ordenó que las radios se nutrieran de esta fuente. En 1947, dos años después de la fundación, la agencia pasó a ocupar el primer piso del edificio de Esmeralda 433 sobre las instalaciones del Teatro Maipo. Pusieron pizarras y la gente se agolpaba, “la ñata contra el vidrio”, durante los grandes acontecimientos. Se inauguraron corresponsalías en muchos puntos del país. Se buscó evitar la enorme deformación que implicaba que llegaban más noticias de París o Nueva York que de cualquiera de las capitales provinciales argentinas. La autoproclamada Revolución Libertadora que tomó el poder a sangre y fuego en 1955 no creía en la necesidad de que el Estado tuviera que dar su propia versión de las noticias en detrimento de las agencias internacionales. Se despidió gente de Télam y hasta se interrumpió el pago de sueldos por un año en 1957 y parte de 1958. El único motivo por el que la agencia no cerró fue la dedicación de sus profesionales que siguieron trabajando igual. En 1959, con el efecto de la Revolución cubana rebotando por toda América, Estados Unidos impulsó la consigna “periodismo para el desarrollo”. Se pasó del paradigma que desconfiaba de la información proveniente de las empresas privadas, al que las veía como agentes del desarrollo. Con esta idea entró en total sintonía el entonces presidente, Arturo Frondizi, y tomó la decisión de privatizar Télam. El 30 de julio de 1959, mediante un decreto presidencial, la agencia pasó a denominarse: Télam Sociedad Anónima, Periodística, Radiofónica, Cinematográfica, Comercial, Inmobiliaria y Financiera. Pero como su interminable nombre lo indica, el objetivo era comercial, muy alejado de su misión primigenia de obtener y producir información propia, veraz, y vinculada a los intereses nacionales. La aparición de cuatro canales de televisión y la multiplicación de radios y medios gráficos le dieron a la agencia un enorme dinamismo y crecimiento. El presidente títere que quedó una vez que los militares encarcelaron a Frondizi, José María Guido, clausuró Télam. La excusa fue que no informaba con objetividad. El gobierno de facto de Juan Carlos Onganía compró las acciones y la volvió a estatizar para controlar la información, que ya en ese entonces, estaba claro que era controlar el poder. La dictadura surgida del golpe de 1976 dejó huellas terribles en Télam. Además de la censura a la que fue sometida, y la desaparición de dos de sus trabajadores, el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín comprobó que gran parte del archivo periodístico y fotográfico de la empresa había desaparecido. Pero Télam siempre molestó. En 1984, las agencias privadas Noticias Argentinas (NA) y Diarios y Noticias (DyN) solicitaron públicamente el cierre de Télam. En 1992 el presidente Carlos Menem dispuso la intervención de la empresa y dos años después su liquidación, pero en 1996 dejó sin efecto el decreto para reemplazarlo por uno nuevo firmado por él y el entonces ministro

Fuente: David Iud | Llamamiento Argentino Judío Fecha: 26 de JUN 2018 INTRODUCCION – EL CASO El objeto de estas líneas es acercar al lector una opinión técnica y política sobre el caso judicial abierto a partir del hallazgo sin vida del cuerpo del Dr. Natalio Alberto Nisman, caso de indudable gravedad institucional que nuevamente por estos días vuelve a ocupar minutos de medios audiovisuales y primeras planas de la prensa escrita, a raíz del fallo emitido por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de fecha 1/6/2018, que confirma la hipótesis de que el Dr. Nisman fue asesinado (es lo que ha causado mayor conmoción) pero también formula hipótesis sobre la causa del crimen y el móvil del asesinato, a mi juicio, más importante que la confirmatoria de la naturaleza del hecho (homicidio) como explicaré. Desde el primer momento la prensa de mayor circulación y los medios audiovisuales de mayor audiencia afirmaron tácitamente que la muerte del fiscal era un homicidio (a pesar de la carátula “muerte dudosa” del Expediente Judicial), y del mismo modo, de manera tácita, que el homicidio provenía de algún pliegue del poder político de ese momento, afectado por la denuncia que el fiscal había presentado en la justicia solo cuatro días antes de su muerte. Anticipo, bajo el título elegido, “El Caso Nisman”, englobo las dos causas, la iniciada por su muerte, causa 3559/2015 actualmente radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 a cargo del Dr. Julián Ercolini, y la causa iniciada por la denuncia hecha por el Fiscal Nisman, presunto encubrimiento del atentado a la AMIA (1994), causa Nº 14305/2015, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 a cargo del Dr. Bonadío. El por qué de este englobamiento, quedará explicado en el desarrollo del trabajo. El expediente abierto por la muerte del Fiscal, partió de una hipótesis que involucraría a la estructura operativa del Estado, bajo la Administración de la Ex-Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como partícipe de un plan criminal cuyo objetivo habría sido el asesinato del Dr. Nisman, como reacción ante el daño político que le causaba la denuncia del Fiscal. Esa presunción “ab-initio”, fue lentamente “construyéndose” en el expediente a través de numerosas y sucesivas decisiones procesales. Inicialmente no surgieron de la escena del crimen, ni de la autopsia, indicios que permitieran sostener la hipótesis del homicidio, aunque tampoco  concluyentes indicios de que se tratara de un suicidio. Así las cosas, el caso fue asignado a la Justicia Nacional Penal Ordinaria, Juzg. Nac. Criminal de Instrucción Nº 5. Posteriormente, a lo largo de los más de tres años ya trascurridos desde la muerte del fiscal, diversos incidentes y pasos procesales fueron dando pábulo a la presunción del homicidio vinculado al trabajo del Fiscal, lo cual pondera la Corte en su fallo del 20/9/2016, disponiendo el envío del Expediente al  Fuero Federal, donde es asignado al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 a cargo del Dr. Julián D. Ercolini. Cumplidos los pasos que manda el Código Procesal Penal (actuación del fiscal, informes periciales, imputaciones, declaraciones indagatorias), el 26/12/2017 en un extenso fallo (656 carillas), el Dr. Julián Ercolini tiene por acreditado que la muerte del Fiscal Nisman fue un homicidio y procesa a) a Diego Ángel Lagomarsino el “asesor informático de Nisman, que le proveyó el arma) por el delito de HOMICIDIO agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de partícipe necesario; b) a los cuatro custodios, Durán, Benítez, Niz y Miño por el delito de incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, agravado, en concurso ideal con el delito de Encubrimiento. El procesamiento dispuesto de Lagomarsino, lo es por un delito particularmente grave y de trascendencia institucional, se le acusa de ser partícipe necesario del homicidio, la persona sin cuya participación, el crimen no podría haberse consumado Todo esto, atribuyendo verosimilitud suficiente a la hipótesis de que la causa que habría decidido a los perpetradores a cometer el asesinato habría sido la denuncia que sólo cuatro días antes de su muerte la víctima hizo contra la Ex-Presidenta de la Nación, el ex Canciller Timerman y otras personas, en su condición de Fiscal Especial asignado a la investigación de la voladura de la AMIA (1994) El Juez, al comienzo de su fallo de 656 carillas, en la pg. 83 de la publicación del CIJ, atribuye a Lagomarsino  “Haber prestado una colaboración necesaria en el hecho ocurrido entre las 20.00 hs. del sábado 17 de enero de 2015 y las 10.00 hs. del domingo 18 de enero de 2015, cuando una o más personas -aún no identificadas- ingresaron al departamento donde residía el Fiscal General Natalio Alberto Nisman, sito en la calle Azucena Villaflor n° 450, Complejo Le Parc, Torre Boulevard, piso 13°, departamento de esta Ciudad y, luego de reducirlo, fue trasladado hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda donde se le habría dado muerte a través de un disparo en la cabeza ejecutado mediante un arma de fuego marca Bersa calibre .22, serie n° 35.099 registrada a nombre del imputado” Funda la calificación de “homicidio”, haciendo suyo lo expresado en el informe pericial de Gendarmería Nacional, que trascribe en su sentencia “A modo de conclusión, expresaron que ―los integrantes de ésta junta interdisciplinaria de Gendarmería Nacional Argentina se encuentra en condiciones de concluir que la muerte violenta de quien en vida fuera el Dr. Natalio Alberto Nisman, se trató de un homicidio” (pg. 491 del auto de procesamiento, fecha 26/12/2017, publicado por el Centro de Información Judicial “CIJ” en su web oficial). RELACIÓN CON LA CAUSA ABIERTA POR LA DENUNCIA DE NISMAN La evolución de la causa abierta por la muerte del Fiscal —causa 3559— no puede entenderse sin observar lo que fue ocurriendo en la otra causa, la que fue abierta por la denuncia del Fiscal Nisman, Nº 14305 originalmente radicada en el Juzgado del Dr. Rafecas, y actualmente radicada en el Juzgado del Dr. Bonadío. Se verá, en el desarrollo que

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 17 de JUN 2018 El gobierno del presidente Mauricio Macri ha hecho del engaño y el fraude una práctica reiterada, expresada tanto en sus promesas de campaña como en su abierta búsqueda de tergiversación electoral, a través de la utilización de dispositivos tecnológicos provistos por empresas extranjeras. Las denuncias contra Cambridge Analítica (CA) y la asunción de su CEO de que desarrolló actividades en Argentina –negándose a nominar a su “cliente”— cierran cada vez más el círculo sobre los sistemáticos artificios orientados a manipular a la ciudadanía. El titular de Cambridge Analítica (CA), Alexander Nix (AN) aceptó el último 8 de junio, frente a la comisión investigadora del parlamento británico, que su empresa realizó tareas de asesoramiento político en Argentina y que existieron contactos para sumarse a una campaña electoral de contenido antikirchnerista. El segmento textual del diálogo entre Damian Collins (DC) –integrante de la Comisión de Asuntos Digitales del parlamento británico— y Nix incluyó este contrapunto: DC: ¿Trabajó en Argentina? AN: Sí, trabajamos en Argentina. DC: Estoy viendo una nota que alguien compartió conmigo de una reunión del grupo SCL (la empresa madre de Cambridge Analytica) del 27 de mayo, donde hay una nota que dice: “Campaña antikirchnerista presentada al tomador de decisiones, esperando devolución”. AN: Correcto. DC: Pero para ser claro. Las reuniones giraban alrededor de esa premisa, que era una campaña antikirchnerista, entonces estaban trabajando para un partido de la oposición u otra persona interesada en influenciar la política en Argentina, que no estaba apoyando al Gobierno. AN: Esa sería la apariencia. Ambos asentimientos de Alexander Nix suponen que: a) Existieron reuniones con clientes en Argentina, y b) Que dichos contactos incluyeron una campaña “antikirchnerista”. Las consultas realizadas a los responsables de la Secretaría de Comunicación Pública, cuyo titular es Jorge Miguel Grecco —funcionario dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros— no han dado respuestas a esas aseveraciones del CEO de CA, integrante de SCL: aún no han dado explicaciones acerca de las reuniones llevadas a cabo ni del tenor de la manipulación sugerida /contratada / implementada. El silencio –según una fuente de la Jefatura de Gabinete— obedece a posteriores investigaciones que dejan descubierta una trama de contactos que supera a CA, de la cual Jaime Durán Barba ha sido partícipe. El amigo británico Según información recabada de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, uno de los ejecutivos de CSCL que ingresó a través del aeropuerto de Ezeiza en dos ocasiones, en 2014 y 2017, fue el responsable del data mining (minería de datos) de CA, Alex Tayler. La minería de datos es el conjunto de tecnologías que permiten examinar grandes bases de información con el objeto de encontrar patrones, detectar tendencias, elaborar diagnósticos y orientar conductas. La minería de datos no es ilegal. Lo es –como en el caso de la denuncia hecha sobre CA— cuando las bases han sido obtenidas sin la conformidad de sus propietarios. Alex Tayler fue uno de los integrantes de CA, filmados por la cámara oculta de Canal 4 de Londres, que ofrecía la manipulación a su interlocutor, un potencial cliente de Sri Lanka. En ambos casos, sus ingresos fueron previos a procesos electorales. En marzo de este año –luego de que se difundiera la cámara oculta a integrantes de CA en Londres— la diputada Graciela Camaño solicitó informes sobre la presencia en nuestro país de integrantes de CA. Por su parte, el periodista Marcelo Bonelli del Grupo monopólico Clarín –de conocido acceso a la información proveniente del macrismo— afirmó: “Funcionarios de máximo nivel del gobierno de Mauricio Macri habrían mantenido negociaciones con directivos de CA antes de las elecciones legislativas de 2017”. Según los relevamientos realizados, aun no existe una respuesta formal a dicha requisitoria. La fragilidad de la privacidad virtual, orientada a la manipulación electoral, fue expuesta internacionalmente luego de la difusión de la filtración de cuentas para ser utilizadas por CA en programas de direccionamiento electoral. Decenas de millones de cuentas de Facebook (FB) fueron derivadas para ser utilizadas por Nix, hecho que fue reconocido públicamente, el último 10 de junio, por parte del CEO de FB, Mark Zuckerberg. La sesión especial de la comisión de investigaciones de la Cámara Alta de los Estados Unidos fue presidida por el senador Charles Grassley el último 11 de junio. En ese encuentro de diez horas Zuckerberg aceptó que fueron entregadas / vendidas 87 millones de cuentas y que FB “no había hecho lo suficiente” por evitar la fuga de información. El escándalo internacional se hizo público en marzo de este año cuando el Canal 4 inglés difundió una cámara oculta en la que CA se jactaba de haber influido en 200 elecciones en todo el mundo, incluidas “Nigeria, Kenia, República Checa, India y la Argentina”. La utilización de la manipulación electoral vía virtual, la recurrencia de “carpetazos” utilizados contra jueces y la difusión de falacias a través de la utilización engañosa de las redes sociales han sido prácticas usuales y sistemáticas del macrismo en toda su historia de su construcción política, desde que Marcos Peña instauró el primer laboratorio de redes sociales (denominados espacios de “comunicación 3.0”) con sede en la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Según la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC), con datos del año 2015, casi el 90 por ciento de los mayores de 10 años tiene perfil de redes sociales a partir de por lo menos uno de los soportes tecnológicos (celular, computadora o tablet). El impacto sobre estas cuentas ha sido motorizado políticamente desde que Macri asumió como Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. En una nota de investigación de Javier Borelli, de enero de este año, para el diario Tiempo, se describían las tareas que algunos empleados realizaban –en formato de teletrabajo— para agencias contratadas por el macrismo: “(…) había diseñadores gráficos que hacían memes, community managers que manejaban cuentas más importantes y