Economia

Fuente J. Strada, E. Sacco y H. Letcher | Suplemento Cash Fecha: 4 de FEB 2018 Desde la asunción de Cambiemos, el Gobierno puso especial ahínco en la política oficial respecto al índice de precios. Esta política se sustentó en dos ejes centrales. Por un lado, la deliberada discontinuidad en la serie de inflación, impidiendo comparar la información. En los últimos 10 años hubo 5 cambios de metodología en el índice de precios al consumidor, de los cuales 3 se realizaron en los primeros dos años de la administración de Jorge Todesca. Además, en 2019, según la información que brinda el Indec, está previsto un nuevo cambio. La implementación repetida de cambios metodológicos en poco tiempo genera discontinuidad en la serie, poniendo a disposición información incomparable entre sí. Por otro lado, ya que un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta representativa de consumo, la subestimación del peso de los servicios sobre tal canasta desnaturaliza la función del indicador. Las canastas de consumo (qué cosas consumen los argentinos y en qué proporciones) se determinan a partir de Encuestas de Gastos que se realizan aproximadamente cada 10 años. Es importante realizar estas actualizaciones para introducir las novedades que vayan surgiendo en los hábitos de consumo. El problema actual reside en el cambio profundo de política de Cambiemos en materia de servicios, y los efectos que la quita de retenciones y el desmantelamiento de la Secretaria de Comercio tuvieron en relación al precio de los alimentos. El efecto que los cambios bruscos de precios relativos pueden tener sobre la estructura de consumo de los hogares dificulta la representatividad de cualquier encuesta, ya que en solo dos años el peso de los servicios y alimentos sobre el total de gastos aumentó sensiblemente. Si bien existe una tensión entre la estabilidad y la representatividad de un índice de precios, la administración de Jorge Todesca aplicó numerosos cambios que afectan la estabilidad y a pesar de esto el resultado obtenido es muy poco satisfactorio respecto de la representatividad. El cambio permanente En 2007 se comienza a publicar el índice de precios basado en la encuesta de gastos 2004-2005. Apenas unos meses más tarde surgen críticas sobre la veracidad de los datos de inflación y se construyen índices que buscan reemplazar la información oficial a partir de los relevamientos de precios de institutos provinciales. En 2014, en la gestión de Axel Kicillof y en acuerdo con el FMI, se comienza a publicar un nuevo IPC (IPC-Nacional Urbano o IPC-Nu) basado en la encuesta de gastos de 2012-2013 (la última vigente hasta hoy). Al principio, sectores de la oposición y medios afines reivindicaron el índice, ya que los guarismos arrojaban resultados en sintonía con lo esperado por la “opinión pública” y las mediciones no oficiales. Pero sólo unos meses más tarde, nuevamente dichos sectores retomaron sus críticas al IPC-Nu. Desde diciembre de 2015, la nueva administración del Indec decretó la “emergencia estadística” y dejó de publicar el IPC-Nu. Los índices oficiales pasaron a ser el IPC-CABA y el IPC-San Luis. A pesar de lo escasamente representativo del mismo, el Gobierno utilizó este indicador durante algunos meses. En efecto: ¿resulta ilustrativa de la variación de precios del conjunto del país utilizar exclusivamente la canasta de consumo y la variación de precios de la provincia de San Luis, o alternativamente de la Ciudad de Buenos Aires? Ya en abril de 2016 se publica un nuevo índice de precios. A pesar de que la crítica a los IPC anteriores se centraba en los relevamientos de precios, y no sobre las estructuras de las canastas de consumo, se descarta utilizar la encuesta de gastos de 2012-2013. La justificación resulta muy pobre: habría una gran cantidad de datos perdidos y falta de documentación adecuada. La decisión fue insólita: volver a utilizar la encuesta de gastos de 2005. Como consecuencia, el índice de precios calculado utilizó una estructura de consumo que tiene más de 10 años y no se ajusta a la realidad actual. Paralelamente se implementó un importante ajuste de tarifas, pero como en la estructura de consumos del año 2005 el gasto de gas y electricidad tenía un peso despreciable, el impacto sobre el IPC resultó realmente escaso (sólo 8 por ciento del gasto está destinado a vivienda y tarifas según la vieja ponderación). El consumo deprimido, derivado de la crisis económica, y con hogares que no contaban para aquel entonces con una significativa cantidad de electrodomésticos (fenómeno que fue cambiando a lo largo de los últimos diez años) daba cuenta de una estructura de consumo que no es representativa al día de hoy. Tampoco lo es aquella reflejada en la encuesta de gastos de 2012-2013, caracterizada por un fuerte subsidio al consumo energético, enormemente reducido desde 2015. En definitiva, mediante la Emergencia Estadística y el artilugio de recuperar una estructura de gastos anacrónica, el INDEC obvió medir los saltos de precios más grandes experimentados en los dos primeros años de Cambiemos: la devaluación y quita de retenciones de principios de 2016, que generaron una importante suba de precios de alimentos y, por otro lado, los tarifazos de gas, luz y agua (a los que hoy se suma el transporte). Por último, aunque se preveía cambiar el cálculo del IPC en 2019, en junio de 2017 se estableció un nuevo índice oficial de cobertura nacional y para éste se continuó usando la vieja encuesta de 2005. Esta nueva medición amplió la cobertura geográfica, siendo que anteriormente se limitaba al área de CABA y AMBA (GBA). Por otro lado, el Indec continuó publicando el IPC correspondiente a GBA, pero en lo que respecta a la continuidad de esta serie, aparecieron canastas que en la misma área geográfica tampoco son equivalentes, lo cual afectó nuevamente la comparabilidad. Ponderadores no representativos Como se mencionó, el cambio tan profundo y acelerado respecto de la política de subsidios y en relación a los acuerdos de precios de alimentos, sumado a la quita de retenciones y la devaluación, invalidan cualquier encuesta de gastos previa

Fuente: Ricardo Aronskind | elcohetealaluna.com 28 de ENE 2018 “Los costos son los costos y todos tenemos que convivir con eso”, dijo recientemente el Jefe de Gabinete Marcos Peña, en referencia a una pregunta periodística sobre los fuertes aumentos tarifarios impulsados por el gobierno en las últimas semanas. El razonamiento parece impecable: la realidad existe, no podemos ignorarla. Cualquier intento de desconocerla podría llevarnos a cometer errores graves, cuando no fatales. Sin embargo, puestas en el contexto de la ideología neoliberal imperante, todas las afirmaciones, hasta las más razonables, encierran artilugios para favorecer a intereses particulares a costa del resto. ¿Qué cosa son los costos? Nuevamente nos encontramos con una típica expresión “realista” del repertorio neoliberal: los costos son los costos. ¿Qué se podría hacer con los costos sino respetarlos? ¿Se podría violar gratuitamente la racionalidad económica, obligando a alguien a vender por debajo de los costos? ¿Puede, acaso, gastarse en producir un bien más de lo que se obtiene en su venta? ¿Es sensato pedirle a una empresa que pierda plata tratándose de una economía capitalista? No cabe duda que para hablar en serio del tema hay que poder atravesar las obviedades —destinadas a plantear falsos ejes de discusión—, e internarse en la complejidad del problema. Los costos no son magnitudes como la temperatura, el peso de un objeto o la velocidad de la luz. Los costos en la economía moderna son sumamente interdependientes unos de otros, y están influidos tanto por elementos objetivos (cantidades físicas disponibles de determinados insumos) como por factores políticos: regulaciones públicas y acciones privadas, que terminan condicionando en última instancia los precios de los bienes. No sólo hay una realidad material, sino una realidad social: relaciones de poder. Por ejemplo: nadie duda de que los movimientos en un mercado mundial tan importante como el del petróleo no son sólo producto de ofertas y demandas “objetivas” del crudo, sino de todo tipo de intervenciones políticas, guerras, invasiones, alianzas, desestabilizaciones de gobiernos, lobbies de poderosísimos monopolios, descubrimientos y cambios tecnológicos políticamente orientados, que son los que terminan definiendo el precio del barril, y determinan, por lo tanto, uno de los “costos” más relevantes del planeta. El famoso costo salarial Lo mismo pasa con el “costo” salarial. ¿Se trata de un costo objetivo, determinado por la biología? No. Se trata de un costo social, que se define en un contexto objetivo (demanda de trabajadores por parte de diversas actividades productivas, cantidad de trabajadores que buscan empleo en un mercado determinado), pero también por relaciones de fuerza, regulaciones políticas, nivel de organización sindical, grados de apertura económica, etc. Pero además —y este es el dato que queremos discutir—, por lo que cuesta reproducir la fuerza de trabajo. En cada momento histórico, en cada sociedad, se considera “natural” que la población acceda a una determinada cantidad de bienes. En el momento de surgimiento del capitalismo industrial, lo “natural” era que el salario cubriera lo mínimo necesario como para que el trabajador estuviera en condiciones de seguir trabajando al día siguiente. El salario era de subsistencia. Con el tiempo, el aumento de la productividad del trabajo y la evolución de la sociedad permitieron una ampliación y diversificación de la canasta de consumo de los trabajadores. Este incremento de la capacidad de consumo era necesario, obviamente, para colocar la masa creciente de bienes que la industria moderna era capaz de producir. No alcanzaban ya las elites aristocráticas para absorber la explosión de la oferta que caracterizó al capitalismo. Precisamente por su carácter histórico, social y cultural, el costo salarial no es una magnitud objetiva. Porque además el costo salarial depende, objetivamente, de otros costos. Costos que deben ser puestos en discusión, como enseñó el economista inglés David Ricardo. Ricardo, representante de la ascendente burguesía inglesa del siglo XIX, comprendió que el costo salarial estaba formado por los costos de los bienes que consumían los asalariados. Y que los problemas de competitividad de los industriales ingleses no se solucionaban matando de hambre a los trabajadores, sino bajando los costos de los productos que necesitaban para vivir. Siendo el costo laboral tan importante como lo es para la economía, sorprende que la única idea que surja en nuestro país sea una forma primitiva y retrógrada de pensarlo: bajar el costo laboral en términos absolutos, o sea reducir la canasta de bienes a la que se accede con el salario. Decir “los costos son los costos” es una forma de naturalizar que lo que pagan los trabajadores y el resto de la sociedad por sus consumos es “objetivo”, y su precio es el que “corresponde”. La forma en que encara hoy el problema el gran empresariado —que es como decir el gobierno— no deja lugar a dudas: para obtener competitividad hay que bajar el costo salarial (jamás invertir), para bajar el costo salarial hay que degradar el salario real; para achicar el salario hay que hacer trizas la organización de los trabajadores, precarizarlos y atomizarlos. Cualquier similitud con el siglo XIX no es pura casualidad. Otras soluciones para otros costos Aplicando el enfoque de Ricardo en Argentina, no sólo no haría falta tratar de frenar la suba del salario monetario de los trabajadores para “mejorar la competitividad”, sino que la capacidad de consumo de los mismos —el salario real—  se podría ampliar fuertemente. Pensemos en varios ejemplos en base a algunos rubros de la canasta de consumo de los asalariados, en los que se podrían reducir drásticamente los “costos”. Alimentos: hay numerosos alimentos que tienen costos muy bajos de producción, pero que sucesivas etapas de intermediación elevan hasta llegar a ser prohibitivos. Precios que desde el productor al consumidor se multiplican por 4, 6 o más veces. ¿Seguro que no hay nada para hacer para reducir la gigantesca brecha entre productores y consumidores? ¿Qué pasaría si se lograra que la canasta básica de alimentos se redujera en un 50%? ¿Cuánto margen de rentabilidad cargan las grandes cadenas de comercialización a los bienes que compran? ¿Cuál es la magnitud en la que explotan tanto a los proveedores

Fuente Alfredo Zaiat | Página 12 Fecha: 29 de DIC 2017 El saldo concreto en la cuestión económica de la conferencia de prensa que lideró Marcos Peña fue el reconocimiento del fracaso oficial en materia inflacionaria. La modificación de las metas anunciada por Nicolás Dujovne, en teoría definidas por el Banco Central aunque anunciadas por el Poder Ejecutivo, un día después de la aprobación del Presupuesto 2018 que tiene anotada otra previsión de la tasa de inflación, es una derrota conceptual y política para el hoy devaluado presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. El otro resultado es en términos políticos. Sin la formalidad del juramento en el Salón Blanco de la Casa Rosada, se presentó en sociedad el verdadero ministro de Economía del gobierno de Macri, cargo que ocupa el jefe de gabinete Marcos Peña, quien estuvo rodeado de los secretarios de Hacienda y de Finanzas, ambos figurando como ministros en el organigrama oficial, y de un titular del Central que ha entregado en ese acto los pilares que tanto dice defender de independencia y de conquista de reputación ante el mercado. El único gesto de independencia de Sturzenegger fue el de usar corbata, además de su tradicional muestra de humildad de felicitarse por los éxitos de su gestión explicando la relación de Lebac y reservas internacionales, el movimiento del tipo de cambio de libre flotación y el aumento de los créditos, en especial los hipotecarios. En esto último, los tomadores de créditos atados a la inflación (UVA) no lo evaluarían del mismo modo al crecer las estimaciones oficiales de alza de precios y, por lo tanto, el incremento de la cuota y el capital adeudado. No hay antecedentes de la degradación funcional a la que ha sometido Peña a un equipo económico, con la repetida consigna de marketing del “trabajo y fortaleza del equipo”. Marcó el ritmo, coordinó y lideró la conferencia de prensa para informar que el BCRA no podrá cumplir las metas de inflación en 2018, repitiendo la performance negativa de 2016 y 2017, con desvíos del 82 y 72 por ciento, respectivamente, según el cálculo del economista Mariano Kestelboim. Ahora la brecha sería menor al fijar la tasa de inflación en 15 por ciento para el año que esta por comenzar, pero aumentando la meta en 50 por ciento. Es lo que Dujovne denominó “recalibrar”. Definido el aumento de la inflación esperada, el paso siguiente será la disminución de la tasa de interés, como dejó traslucir el secretario de Política Monetaria dependiente de la Jefatura de Gabinete, que fue presentado como presidente del Banco Central. Otra derrota de Sturzenegger en este caso a manos del ministro de la Deuda, Luis Caputo, quien terminó de convencer al presidente Macri de la necesidad de reducir la tasa de interés. “Meta de inflación que se cambia, no es meta”, había definido hace dos meses Sturzenegger. Para disimular la capitulación, luego de pedirle permiso para hablar a Peña, informó un sendero de financiamiento del Central al Tesoro hasta el 2020, presentando una regla fija a partir de ese año, a la que consideró lo más relevante de su exposición. Nicolás Dujovne se concentró en dibujar la trayectoria fiscal para los próximos años, Luis Caputo se ocupó de mostrar que el endeudamiento desaforado (un mínimo de 56 mil millones de dólares adicionales en los próximos dos años) es una buena noticia, Federico Sturzenegger se dedicó a mostrar que su gestión es tan buena que no entiende cómo la población no se da cuenta y Marcos Peña hizo lo que mejor saber hacer: marketing de confusión. La apertura de la cotización del dólar llegando casi a 19 pesos y el cierre a 19,46 pesos fue la respuesta a la conferencia de prensa de devaluación del equipo económico.

Fuente: Claudio Scaletta | Suplemento Cash Fecha: 03 DIC 2017 Uno de los términos más usados por la mayoría de los analistas para definir a la actual política económica es “gradualismo”. La expresión puede parecer extraña cuando la economía experimenta un verdadero cambio de régimen, un shock económico. Sin embargo, resulta de interés repensar la definición desde la perspectiva de quienes la formulan. La Alianza Cambiemos se propone, como lo hizo la última dictadura cívico-militar y el menemismo, una transformación de largo plazo en las relaciones de poder entre el capital y el trabajo. En las dos primeras experiencias, la insustentabilidad de los modelos puestos en marcha evitó la consecución de los objetivos de máxima, pero las semillas quedaron latentes, desde la reforma financiera de Martínez de Hoz a las privatizaciones de Carlos Menem, sin olvidar los valores sociales inoculados durante los dos períodos. Se trata de transformaciones que pueden definirse, por aproximación, como la búsqueda de un proceso de “latinoamericanización” de la economía local. El objetivo es reducir la participación en el ingreso de los trabajadores de ingresos medios y altos, una situación contraria a la que caracterizó a la Argentina en las etapas de auge de la Industrialización Sustitutiva de Importaciones. El resultado global de la redistribución perseguida es, al final del camino, la caída de la participación de los salarios en el ingreso y, con ello, del poder de negociación de los trabajadores y del peso real de sus sindicatos en el mundo del trabajo. Los requisitos básicos para avanzar en este camino son dos. El primero es la descomplejización de la estructura productiva. Una muestra de que tal cosa ya sucede desde diciembre de 2015 se encuentra en que el empleo industrial cae mes a mes. Decisiones como la apertura importadora y el acuerdo Mercosur–Unión Europea, del que jamás se explicaron los beneficios presuntos, refuerzan el proceso. De modo sintético el objetivo es lograr que la base productiva se concentre en el agro y sus manufacturas derivadas y en las commodities industriales, como los productos de las industrias metálicas básicas. Es el mundo gobernado, en la esfera del capital, por las grandes firmas exportadoras del agro, las biotecnológicas, por empresas como Arcor, Techint o Aluar, asociadas a su vez con el “gran conductor” del capitalismo contemporáneo, las finanzas globales. Estas firmas trabajan en conjunto y en comunidad de objetivos con el millar de multinacionales que conducen de hecho la economía mundial. El dato central es que en el presente no existen tensiones intracapitalistas sobre la definición del modelo económico. El objetivo es claro, un mundo que ofrezca la menor resistencia posible a la libre circulación de capitales y de mercancías y en el que los países periféricos no cuestionen su lugar en la división internacional del trabajo y acepten un modelo de desarrollo dependiente. El segundo requisito es el cambio de las reglas que definen el mundo del trabajo, que ya en la segunda etapa del actual gobierno, se expresará en la reforma laboral. Su objetivo no es otro que el de la vieja flexibilización, cuya última aparición fue en el año 2000 con la tristemente célebre Ley Banelco. El proyecto no puede considerarse separado de las reformas previsional y fiscal. La reforma previsional significa, vía el cambio en la fórmula de actualización, una potente transferencia presupuestaria desde los jubilados a otros usos, entre ellos al fondo del conurbano bonaerense, un recurso que se considera clave para una eventual reelección de la fuerza gobernante. Al mismo tiempo, la reforma laboral eliminará los aportes patronales a los salarios hasta un tope en principio de 12.000 pesos. Es decir, se desfinanciará a la Anses, un círculo vicioso para trabajadores pasivos y destinatarios de ayuda social, además de un agujero en las cuentas públicas. La medida presenta un segundo resultado tácito, impondrá un tope salarial, ya que superar la barrera liberada de aportes significará un alto costo para el empleador: comenzar a pagar aportes. La opción sería pagar un plus en negro, lo que se supone la nueva legislación busca combatir. En sus propios términos, entonces, el gobierno avanza con “gradualismo” hacia un nuevo régimen económico cuyo objetivo es reducir la participación del salario en la distribución funcional del ingreso. El capital, que ahora gobierna sin mayores mediaciones políticas, aprendió de sus errores y sabe que el avance que se propone debe compatibilizarse con la resistencia social a la que podría generar. La complejización preexistente de la estructura productiva también complejizó la estructura de clases asociada, clases que, a priori, no serían tan fáciles de doblegar. Sin embargo, todo sería posible con el gradualismo suficiente. El economista sraffiano Fabio Petri, profesor de la Universidad de Siena, explica los procesos de pérdida de ingresos de los trabajadores con el siguiente ejemplo: “imagínese irónicamente –decía– que una clase de invasores imponen a toda la población el estilo de vida de las personas sin hogar. Sucederá que la gran mayoría no estará dispuesta a reducir su estilo de vida. Si para un desamparado sin hogar su estado es el resultado de un lento proceso de degradación, para la gente normal una fuerte caída en el nivel de vida es simplemente insoportable”. Nótese que lo que media entre la situación del desamparado y la “gente normal” es el tiempo transcurrido. Si Cambiemos consigue tiempo, si no trata de cambiar las condiciones de vida de los trabajadores de un día para otro, podría lograr el objetivo de cambiar el patrón de distribución del ingreso heredado de los regímenes nacional–populares. En caso contrario podría ocurrir la segunda consideración de Petri: “hay un nivel de consumo por debajo del cual no vale la pena vivir, y por defenderse de caer en él vale la pena poner en peligro la vida”. Hoy parece mucho, pero el desenlace de la puja distributiva siempre es incierto. Dado este componente de incertidumbre la Alianza gobernante decidió enviar señales claras a sus contrincantes. No sólo regulará la velocidad de las transformaciones para que la población se acostumbre al cambio, sino

Fuente: Marcelo Veneranda | La Nación 04 de SEPT 2017 La Casa Rosada concentró la mayor parte de la asistencia con fondos discrecionales en los municipios bonaerenses de Cambiemos. En lo que va del año, los intendentes oficialistas se quedaron con el 84,5% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el Ministerio del Interior giró al territorio bonaerense para pagar sueldos o enfrentar emergencias por inundaciones: en total, los jefes comunales oficialistas acapararon $ 321 millones de los $ 379,5 millones que fueron a la provincia. Los ATN fueron creados para atender emergencias desde la cartera del Interior. Según información suministrada por el Ministerio del Interior, 37 de los 69 municipios de Cambiemos recibieron esos $ 321 millones. En cambio, sólo cuatro de las 54 intendencias peronistas tuvieron suerte. Una de ellas, Ezeiza, muy cercana al oficialismo. Otra, Hurlingham, soporte hasta la semana pasada de Florencio Randazzo. Los cuatro municipios peronistas recibieron $ 52,5 millones, el 13,8% de los fondos que giró la Casa Rosada. Sólo uno de los 11 municipios massistas, Villarino, recibió $ 6 millones: el 1,5%. Desde el Gobierno reconocieron esas cifras luego de que LA NACION accedió a datos que revelan montos mayores. Esta otra información contiene ya no sólo las órdenes de pago que libró este año la cartera que conduce Rogelio Frigerio, sino también las disparadas a fines de 2016, pero que, por la demora del trámite, recién fueron cobradas por los municipios en enero de 2017. De acuerdo con esos datos —que LA NACION confirmó con fuentes provinciales y contactando a los intendentes beneficiados (de Cambiemos y del kirchnerismo)—, los municipios bonaerenses recibieron este año $ 820 millones originados en ATN. Nuevamente, los oficialistas concentraron el 80% de esos fondos. Del cruce de datos surge otra lectura interesante: dentro del universo del FPV/PJ, los intendentes más beneficiados por la Casa Rosada fueron curiosamente los que este año apoyaron la candidatura de Randazzo. Diez de los 54 municipios del FPV/PJ acompañaron en las PASO al ex ministro. Cinco de ellos recibieron ayuda. Se llevaron $ 63,5 millones (el 7,7%). Sólo nueve de los 44 que apostaron por Cristina Kirchner recibieron asistencia: $ 95,5 millones (el 11,6%). Estas preferencias se observan en otro corte. Todos en fila y como bloque político, los intendentes de Cambiemos recibieron en promedio $ 9,49 millones en ATN. Los de Randazzo, $ 6,35 millones. Los de Cristina, $ 2,1 millones. Los de Massa, $ 0,54 millones. La misma relación se verifica con los 379,5 millones de pesos en ATN reconocidos por Interior. Sobre esa base, en promedio, los intendentes de Cambiemos recibieron $ 4,6 millones. Los de Randazzo, $ 2,5 millones. Los cristinistas, $ 625.000. Los de Massa, $ 545.000. «Los ATN sólo se otorgan ante emergencia hídrica y financiera (sueldos). Cruzamos todos los datos con el Banco Central para que la justificación financiera sea consistente. Siempre hemos atendido las necesidades que se puedan confirmar. No sólo en provincia, sino en todo el país, sin importar el color político», señalaron desde el Gobierno. Sin embargo, sigue habiendo diferencias. Esta semana, en el informe que dio al Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña, detalló los ATN distribuidos por todo el país en los primeros cinco meses de 2017. De allí surge, como publicó El Cronista, que los municipios de Cambiemos se quedaron con el 66% de los fondos. Desde el Gobierno también destacaron que buena parte de los ATN entregados fueron por las inundaciones y que Cambiemos gobierna la mayoría de esos distritos. Es cierto, pero en parte: de los 26 distritos en emergencia hídrica, nueve son opositores. Sólo dos de ellos recibieron ATN: se trata de Salto y Hipólito Yrigoyen, aliados de Randazzo. Los otros trece que recibieron ATN son oficialistas. Ninguno de los municipios kirchneristas declarados en emergencia hídrica recibió ATN.

Fuente: Carlos Heller | Tiempoar Fecha: 26 de AGOSTO 2017 El ALCA recibió su sentencia de muerte en aquellas memorables jornadas de la Cumbre de las Américas de 2005, en Mar del Plata. Pero en la actualidad el presidente Mauricio Macri desea reflotar sus ejes esenciales. Bajo otros formatos, pero con los mismos objetivos. Es así que intenta a toda costa firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, o integrarse a la Alianza del Pacífico. Pero la realidad se encarga de mostrar los problemas a los que se enfrentan las naciones en desarrollo como nuestro país que se embarcan en estos procesos. Un claro ejemplo fue la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien se deshizo en elogios para el gobierno de Macri. «Vemos a la Argentina como líder de la región», sostuvo Pence, seguramente con la mira puesta en las conversaciones que tendrían sobre Venezuela. Verdaderas relaciones de amistad. Pero al tratar las cuestiones comerciales, la postura de su país no otorga concesiones: para poder exportar limones a Estados Unidos, se debe ofrecer algo a cambio. De allí que su visita resultó gananciosa para Estados Unidos: Macri levantó barreras arancelarias a la importación de carne de cerdo, luego de 25 años. Hasta la Sociedad Rural, que se ha convertido en uno de los más entusiastas defensores del actual gobierno, se expresó en contra de esta medida. Si tal negociación con el vicepresidente estadounidense parecía perdida para la Argentina, la decisión de dicho país de colocar aranceles de hasta el 64% sobre el biodiésel importado de Argentina resultó un balde de agua fría. La casi totalidad del biodiésel producido en nuestro país se exporta a este destino. Argentina estaría obteniendo una posibilidad de exportar limones (a lo sumo por U$S 300 millones anuales), mientras que el biodiésel, que tiene un mayor valor agregado y genera ventas externas por unos U$S 1200 anuales, es rotundamente rechazado por aquellos países en los cuales nuestro gobierno desea negociar. Para peor, la Unión Europea acaba de postergar la reducción de los derechos antidumping contra las exportaciones argentinas de biodiésel a pesar de que un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó que esa medida no se ajusta a la normativa internacional. ¿Cuáles serán las consecuencias que nos esperan de formalizarse los acuerdos de integración que persigue Macri? El resultado, a la vista. Escuela de ideología El reciente Consejo de las Américas fue precedido por el comunicado de las grandes cámaras empresarias en el cual reclamaron una justicia transparente. Las asociaciones entre las que se cuentan ACDE, ABA, AEA, Amcham, IDEA y la SRA, justificaron su pedido: «De esta forma, se generará la confianza necesaria de la ciudadanía en el Poder Judicial y por ende, el clima adecuado para el desarrollo de las empresas y la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible». Toda una definición. Con tal antecedente, la cuestión de la inversión y las reformas necesarias para «atraerla», entre ellas la laboral, fueron el eje de las discusiones en el Consejo de las Américas. El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, sostuvo: «Hay algunos temas urgentes que deben ser abordados. Una rebaja en serio de los aportes patronales para bajar el costo laboral. Flexibilizar las condiciones de contratación y despido, porque si no será imposible generar empleo. Y descentralizar las negociaciones colectivas, para discutir por empresa o por sector». Para redondear la idea, Cristiano Rattazzi, titular de Fiat, agregó: «Claro que aparecen temas como la reforma laboral en Brasil y te plantea un gran desafío en la búsqueda de mayor competitividad. Hoy estamos entre los primeros 20 países del mundo de casualidad, agradezcámosles a Menem y Cavallo por estar ahí». ¿Será el país de los ’90 al que aspira Rattazzi cuando sostiene que hoy somos un país normal? Otros, en forma más indirecta, se centraron en los costos: para Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU): «Un cajero de un súper gana en la Argentina 250 dólares más que en España. Después no nos sorprendamos de que las cosas sean más caras acá que en Europa». De la ganancia empresaria como un gran componente del costo de los productos en nuestro país, ni una sola mención. El broche de oro fue el del representante del FMI, Alejandro Werner, que alabó el cambio producido en Argentina, con datos más que optimistas, una visión que sólo suelen obtener los gobiernos que aplican los programas del Fondo a rajatabla. Estos avances a favor de la flexibilización laboral ratifican los motivos de la movilización del 22 de agosto de la CGT, la CTA y otras organizaciones gremiales y sociales. Los trabajadores se congregaron en contra de la reforma laboral, de la promovida reforma previsional y contra un modelo que genera desempleo y profundiza el ajuste. Un ajuste que ya está en marcha pero por razones electorales se está dilatando para después de octubre. Como la reciente decisión de pagar los servicios energéticos en cuatro cuotas, que se superpondrán con las aumentadas tarifas en noviembre y diciembre. El único orador, el triunviro Juan Carlos Schmidt, expresó: «Estamos frente a un Estado ausente, un Estado que hace rato que se olvidó de proteger al hombre que se levanta a la madrugada y construye con grandeza esta nación. El trabajo es un derecho. El desempleo y la caída del salario es la moneda que explica el fracaso de cualquier plan económico». La decisión de Macri de despedir a dos funcionarios vinculados a la CGT es una muestra más de que se intenta disciplinar la resistencia social y a los sindicatos díscolos. Incluso utilizando el poder que le otorga al gobierno el manejo de la caja de las obras sociales. Presiones inaceptables, que exceden la línea del respeto a las instituciones republicanas, supuestamente tan defendidas por Cambiemos. La reforma laboral de Brasil es tomada por muchos grandes empresarios como una referencia para Argentina. Casualmente, el gobierno de Michel Temer, con el

Fuente: Cristian Girard* | Ag. Paco Urondo Fecha: 28 de JULIO 2017 Las LEBACs son un instrumento de deuda de corto plazo que emite el Banco Central de la República Argentina (BCRA), por el cual paga un determinado interés, según plazo de vencimiento (arrancan desde alrededor de un mes y nunca superan el año). Una vez al mes el BCRA realiza una subasta y, a cambio de pesos, entrega LEBACs a los inversores interesados (a esta operación se la denomina “colocación”). En este sentido, se dice que “colocando LEBACs” el BCRA retira dinero en circulación de la economía. Las LEBACs son entonces, además de una deuda del BCRA, un instrumento de regulación de la cantidad de dinero. Si en determinado contexto la autoridad monetaria considera que hay un exceso de dinero en circulación, a través de la colocación de LEBAC puede “retirar pesos” de la economía. A este tipo de intervenciones de los Bancos Centrales se las denomina “operaciones de esterilización monetaria”. A diferencia de los billetes y monedas emitidas por el BCRA, que también forman parte de su pasivo, las LEBACs implican una pérdida patrimonial por el pago de intereses. Cuanto mayor sea la tasa, mayores serán las pérdidas. En igual sentido, cuanto mayor sea el monto emitido de LEBACs, mayor será la pérdida para la autoridad monetaria. Esto es importante, ya que si al resultado financiero del Estado Nacional le agregamos el resultado del Banco Central, llegamos al denominado resultado cuasi-fiscal. En este sentido, decimos que el pago de intereses por colocación de LEBACs, al generar pérdidas al BCRA, genera un déficit cuasi-fiscal. Durante los últimos años, la tasa de interés de las LEBACs funcionó como tasa de referencia para la economía, y era considerada por el BCRA como la tasa de política monetaria. Si el BCRA quería bajar o subir las tasas de interés de la economía, debía bajar o subir la tasa de las LEBACs. Luego, el resto de las tasas de interés se movería en igual sentido. Para subir la tasa, el BCRA emitía y colocaba LEBACs, haciendo bajar su precio y subir la tasa. Esta configuración cambió en abril de 2017, cuando las autoridades del BCRA anunciaron que las subastas de LEBACs dejarían de ser semanales y pasarían a realizarse una vez al mes. Asimismo, anunciaron que a partir de entonces la tasa de las LEBACs dejaría de ser la tasa de referencia, y su lugar pasaría a ser ocupado por la tasa de interés de referencia del mercado de pases, donde el BCRA toma y da fondos a los bancos comerciales a plazos muy cortos. Dicha decisión fue tomada por el BCRA en un contexto de fuerte preocupación de la opinión pública, expresada por analistas económicos de distintos colores políticos, incluso simpatizantes del macrismo, ante el crecimiento exponencial del stock de LEBACs en circulación desde la asunción de Macri como presidente de la Nación y de Sturzenegger como presidente del BCRA. El monto total de LEBACs emitidas pasó de 350 mil millones, en diciembre de 2015, a alrededor de 950 mil millones en julio de 2017, marcando un crecimiento del 175% del stock en circulación. En abril, cuando el BCRA tomó la decisión de cambiar el esquema de colocación de LEBACs, el monto total emitido llegaba a 750 mil millones. A pesar de esa decisión del directorio del BCRA, no solo no se detuvo el crecimiento exponencial del stock, sino que se agudizó. Este proceso de fuerte emisión de LEBACs se dio en un contexto de intensa suba de la tasa de interés para las letras de plazos más cortos: en promedio, la tasa se ubicó, desde diciembre de 2015, por encima del 28%, llegando a tocar un máximo de 38%, vigente durante marzo, abril y la primera mitad de mayo de 2016. Tan alto se mantuvo el nivel de tasas desde que asumió Macri, que Argentina se ubicó en el tope del ranking de plazas financieras donde se obtuvieron rentabilidades por el denominado “carry trade”, una operación también conocida como “bicicleta financiera”: se convierte una determinada suma de dólares en pesos, se compran LEBACs, y finalmente se vuelven a recomprar dólares con el capital inicial y los intereses acumulados. Si la tasa de interés se ubicó por encima de la suba del dólar, entonces hubo ganancias en dólares. Durante 2016, el dólar pasó de $13,06 a $15,85 (+21%) y la tasa se mantuvo en promedio por encima del 30%. Una jugosa ganancia en dólares por no hacer nada, lo cual sin lugar a dudas atenta contra las inversiones productivas, que, lejos de haberse manifestado como la lluvia que había prometido Cambiemos, se ubicaron en los niveles más bajos de la última década. Llegados aquí resulta evidente la necesidad de responder a la pregunta acerca de cuáles podrían ser los motivos de la administración Macri para realizar este manejo de la política monetaria. La tasa de interés es una variable de relevancia para el funcionamiento de la economía, ya que afecta las decisiones de inversión, incidiendo, por lo tanto, sobre nivel de actividad, es decir, sobre el nivel de producción y empleo. Sintéticamente, si la tasa de interés es alta en comparación con las rentabilidades esperadas de una determinada inversión productiva, las empresas se verán desincentivadas a invertir. Por eso, subir la tasa de interés es un modo de “enfriar” la economía, y es uno de los mecanismos predilectos por los economistas formados bajo el pensamiento neoliberal para bajar la inflación. Asimismo, al afectar las decisiones de composición de los ahorros y las inversiones financieras, los cambios en la tasa de interés pueden generar movimientos en el precio del dólar. Si se espera una suba del precio del dólar que supere el rendimiento de la tasa de interés, entonces los pesos se vuelcan a la compra de dólares, generando así una presión devaluatoria. Subiendo la tasa de interés se puede, entonces, controlar el precio del dólar evitando una corrida cambiaria. A su vez, los movimientos del precio del dólar en una economía

Fuente: Carlos Heller | TiempoAr Fecha: 22 de ABRIL 2017 «La prioridad es ganar las elecciones y convalidar en octubre las propuestas del gobierno. Después vamos a encarar las asignaturas pendientes», expresó el ministro de Finanzas Luis Caputo, según relata Marcelo Bonelli (Clarín, 21.04.17). La frase fue dicha en una reunión «secreta» en Nueva York con 30 banqueros y representantes de fondos de Wall Street. Los asistentes le preguntaban por la capacidad de gobernabilidad de Macri. Los citados inversores están en una zona de comodidad. Según la nota citada: «Se trata de los bancos que facilitan el endeudamiento a la Argentina, haciendo exuberantes ganancias financieras». La opinión no es solitaria. Fue comunicada en Nueva York a los inversores por el propio ministro Nicolás Dujovne: Argentina «ofrece niveles de retorno que son muy difíciles de lograr en otros países del mundo». No obstante, las inquietudes de los inversores están originadas en las sucesivas marchas, piquetes y huelgas generales que se vienen produciendo en Argentina, aunque su verdadera preocupación es el elevado déficit fiscal que, sostienen, alcanza al 6,2% del PBI. Si en el futuro el balance fiscal no mejora, complicaría el repago de las deudas financieras, una cuestión que siempre desvela a los inversores. Para comprender a qué se refiere Caputo con las asignaturas pendientes, acudimos a otra frase del ministro explicando la necesidad de ganar las elecciones: «No se puede encarar ahora el problema fiscal. Si atacamos el déficit, habrá más piquetes y la vida será imposible en Argentina». Es decir, fortísimo ajuste fiscal tras las elecciones. En aras de lograr la tan ansiada victoria en los comicios, los inversores reunidos en Nueva York cuestionaron «la decisión del gobierno (argentino) de no intentar abrir un diálogo con la oposición, tipo Frente Renovador», según los comentarios sobre la reunión «secreta». Este ajuste fiscal también es reclamado por sectores de poder vernáculos, que se expresan a través de varios economistas. En la semana resonaron con fuerza los dichos del «gurú» Miguel Ángel Broda: «Se eligió un camino de una política monetaria, de metas de inflación, para reducir la inflación, y una política fiscal extraordinariamente expansiva financiada con ahorro externo, y esta combinación genera problemas en el corto y largo plazo». Con su estilo, agregó: «El enfermo está grave. No hay plan A ni B, esto es insostenible en el largo plazo». No es un argumento que le disguste al macrismo. Durante la firma del «Compromiso Federal por la Modernización del Estado» con 13 gobernadores provinciales, el presidente solicitó «dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero». Es la vieja intención de desvincular la gestión estatal de la política: es inviable. El Estado, en sí mismo, es un reflejo de la política. Así debe ser. Colocar CEO en los principales puestos de dirección del gobierno nacional es también una definición profunda de política. En la misma línea de reducir la participación estatal, aun con incumplimiento de la ley, Macri ratificó que no convocará a paritaria nacional docente, porque la fijación del salario «corresponde a cada gobernador, los docentes son empleados provinciales». Sostuvo: «Es obvio que tenemos un problema de calidad de la educación pública argentina. Claramente no hay igualdad de oportunidades si no hay educación pública de calidad.» Una definición no exenta de sarcasmo, ya que al dejar el nivel de salarios docentes a lo que puedan pagar las provincias, la educación de las regiones más pobres sufrirá significativamente, destruyendo la supuesta «igualdad de oportunidades» que tanto alaba Macri. Un sarcasmo que se refuerza al decidir, a través de un DNU, la eximición a los colegios privados del pago de contribuciones patronales hasta fin de año para limitar el aumento de las cuotas. Un paso más en el intento de destruir la escuela pública. La economía no despega Resultó impactante el dato de la facturación de supermercados para febrero, que evidenció un aumento de sólo el 16,3% comparado con el mismo mes del 2016. Un guarismo muy por debajo de la inflación que se ubicó en el 35,6% según el IPC CABA (el Indec no publica datos para este período). El enfriamiento llegó a la CABA, con un incremento interanual de la facturación del 13,8%, al Gran Buenos Aires (15,5%, similar al guarismo de las provincias del Norte), y una suba de apenas el 8,9% para el grupo de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis. Una evolución desigual que refuerza los efectos nocivos del derrumbe del consumo. Si tomamos las cifras de empleo publicadas por el Indec, se observa una destrucción de 68.314 puestos de trabajo privados en 2016 (midiendo el cuarto trimestre de cada año). La reducción más significativa se produce en la industria (46.728 puestos), seguida de la construcción (35.289), con algunos sectores con un leve crecimiento como los servicios sociales y salud, y el comercio.Las empresas muy grandes (más de 1000 asalariados) fueron las responsables del 73% de la merma, mientras que las que poseen entre 51 y 200 trabajadores perdieron el 19% del total. Un panorama laboral preocupante. La recuperación que no arranca también es recogida por analistas y organismos internacionales. En esta oportunidad, el FMI revisó a la baja la proyección de crecimiento de la economía argentina para 2017, con un nuevo pronóstico del 2,2 por ciento. Respecto de la inflación, estimó un incremento del 21,6% para este año, bastante por encima de la meta del BCRA fijada entre el 12 al 17 por ciento. No obstante, Dujovne ratificó las metas de inflación, y comentó su postura. El INCAA El proyecto de Reforma Tributaria en el que trabaja Dujovne tiene como base un documento de FIEL de agosto de 2015, denominado «El sistema tributario argentino. Análisis y evaluación de propuestas para reformarlo». Allí se sugiere eliminar varios impuestos de bajo potencial recaudatorio y que, en algunos casos, financian fondos con asignación presupuestaria específica. Incluye, entre otros: «El impuesto de 10% a las entradas de cines y videogramas grabados.» El gravamen se destina al Fondo de Fomento