Economia

Fuente:  Carlos Heller | TiempoAR Fecha: 09 SEPT 2018 Las consultas de los analistas financieros eran apasionadas, y se sucedían día tras día a medida que subía el valor del billete: no se entendían los motivos de la disparada del dólar. «¿Cómo es que las fuertes ventas del Central no llegan a calmar al billete?», se preguntaban. «¿Cómo es que está subiendo la divisa norteamericana con muy poco volumen de transacciones?» Las respuestas eran tan variadas que en realidad no eran respuestas, sino intentos de explicar lo desconocido. Marcelo Bonelli comentó el viernes, que «David Lipton, el vicedirector del Fondo, fue quien monitoreó y autorizó en las últimas jornadas al BCRA a intervenir en el mercado de cambios. Hubo contacto directo con Luis Caputo». También aclara: «Es confidencial, pero se conoce que los funcionarios de Washington alentaban –en las últimas dos semanas– la suba de la cotización» (Clarín, 17.09.18). Hace tiempo que vengo sosteniendo que el gobierno nacional se siente cómodo con el aumento del dólar, porque le soluciona varios frentes: reduce las salidas de divisas por turismo, achica el saldo de las Lebac en dólares (hoy alcanzan a los U$S 16 mil millones, cuando en abril de este año llegaban a los U$S 68 mil millones). Pero, por sobre todo, achica el salario en dólares, uno de los principales objetivos del gobierno, para «mejorar la competitividad» y lograr la «llegada de inversiones directas». Los datos «revelados» por Bonelli llevan a pensar que la «tormenta de frente» venía desde el FMI y del propio gobierno argentino, que comulga con las ideas del primero, con el objetivo de depreciar la moneda argentina y adjudicar dicha conducta a los siempre esquivos «mercados», a la situación internacional y hasta a los «cuadernos», que vienen sirviendo para múltiples justificativos por parte del oficialismo. Siguiendo con los dichos de los personajes de Chespirito, o «estaba todo fríamente calculado» o fue «sin querer queriendo». Lo cierto es que se instaló una fortísima devaluación en la economía argentina con un efecto sin atenuantes sobre el poder de consumo de la población. Un ejemplo: ante una cosecha de trigo que se estima récord, el precio de la bolsa de harina de 50 kg pasó de $ 250 en febrero a unos $ 750 en junio y actualmente se está cotizando entre los $ 1000 a $ 1200 (como en otros productos, hay una gran anarquía en los precios). Esto llevaría al kilo de pan a un precio de entre $ 80 y $ 90. Para Kantar Worldpanel, en la segunda mitad de 2018 el consumo masivo vivirá una de sus peores caídas históricas, con una baja de casi 5% en el volumen de ventas de artículos de la canasta básica: alimentos, bebidas, tocador y limpieza. Una cruel cara del ajuste. Días difíciles La diputada Elisa Carrió sostuvo que se vienen seis meses donde los argentinos vivirán «los días más terribles» de la historia y a partir de julio de 2019 comenzarán a verse los resultados del programa de ajuste impulsado por el gobierno nacional. Para Carrió, esos resultados serían positivos («Yo estoy viendo una luz, la salida al final del túnel», expresó), al contrario de lo que esperan muchos analistas. Leyendo entrelíneas a Carrió, pareciera que la estrategia del gobierno es ajustar fuerte desde ahora, incluso más de lo necesario, para luego intentar dar un alivio previo a las elecciones (una mejora que partiría de los muy bajos niveles a los que se llegará) con la intención de evitar la fuga de votos del oficialismo. Los análisis de Moody’s no ven la luz al final del túnel, al menos en el próximo año. «La caída (del PBI) va a ser mucho más fuerte de lo que se dice, creemos será del 3% este año», dijo Gabriel Torres, su gerente en Nueva York. «Si bien no tenemos un modelo, el año próximo va a haber caída. Vas a tener una corriente algo negativa por lo fiscal y las tasas altas que no van a bajar. Lo bueno será la cosecha.» Una caída que, según Torres, podría extenderse a 2020. Recientemente, la BBC entrevistó al Nobel Joseph Stiglitz, quien fue claro al definir las medidas del actual gobierno argentino: «Cuando llegó, (Macri) confió demasiado en la idea de que habría un ingreso de capital de inversión extranjera. Y cometió un gran error al recortar los impuestos a la exportación, que eran una importante fuente de ingresos, al aumentar el déficit, el monto que tenía que tomar prestado, el costo de los alimentos, y reducir los salarios reales de los trabajadores». El Nobel también reflexionó: «Los términos que Macri acordó con los ‘buitres’, el enorme obsequio después de que Argentina sacrificó tanto, creo que fue desmesurado y le planteó a Argentina un problema a futuro». El Nobel propuso incluir, en la reestructuración de la deuda, un nuevo reperfilamiento de los vencimientos, en especial de los de corto plazo. Para sostener tal opción, Stiglitz observó que «de lo contrario, los costos que probablemente se impongan a través de la austeridad serían demasiado grandes». El Nobel no evalúa que esta reestructuración excluya a Argentina de los mercados internacionales, y citó que «en el caso de Grecia, han sido (los funcionarios del FMI) los defensores más firmes de la necesidad de reestructuración». Creo que habrá que ver si para el FMI Grecia es igual a Argentina. Al menos, esperemos que los próximos ocho años de nuestro país no se parezcan a los durísimos últimos ocho de Grecia. Es la política En su columna, Bonelli describió la situación: «los banqueros tienen dudas por dos cosas: cómo hará Argentina para cumplir sus pagos en el 2020 y qué continuidad política habrá después de las elecciones». Sostiene que quieren ver un acuerdo de Macri con el peronismo «racional». Y que esa es la condición para que el FMI amplíe el monto del préstamo de U$S 50 mil millones. La aprobación del Presupuesto 2019 es esencial, y ya hay varios gobernadores que estarían dando su aceptación y

Fuente: Gerardo Lissardy | BBC News Mundo Fecha: 06 de SEPT 2018 El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz lanza un consejo para el presidente argentino, Mauricio Macri: debería pensar en reestructurar la deuda del país. «Si eso excluye a Argentina de los mercados internacionales, que probablemente no lo hará, puede que no sea tan malo», sostiene el estadounidense Stiglitz en entrevista con BBC Mundo. Argentina vive una nueva crisis económica con una gran devaluación del peso y una subida de las tasas de interés al 60%, la más alta del mundo. El país teme que aumente la inflación, la incertidumbre y sobrevuela de nuevo el fantasma del default o cesación de pagos. Macri ha recurrido a la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero de momento no ha insuflado confianza en la economía. A juicio de Stiglitz, quien fuera economista jefe del Banco Mundial, los errores del pasado de Macri limitan su margen de acción y los costos de las medidas de austeridad que busca imponer podrían ser demasiado grandes sin un reperfilamiento o hasta una posible quita en la deuda. «Este es un problema particular para Argentina, pero una gran crisis para Argentina podría claramente afectar a los otros países (de la región) a través de varios canales», advierte. Lo que sigue es un resumen del diálogo que Stiglitz mantuvo con BBC Mundo tras participar de un evento organizado por la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) en Nueva York. Usted recomendó en junio (en un artículo junto al economista Martín Guzmán) cambios en la política macroeconómica argentina. ¿Qué piensa sobre las medidas que está aplicando el gobierno? Lo que escribí originalmente es que Macri, cuando llegó, confió demasiado en la idea de que habría un ingreso de capital de inversión extranjera. Y cometió un gran error al recortar los impuestos a la exportación, que eran una importante fuente de ingresos, al aumentar el déficit, el monto que tenía que tomar prestado, el costo de los alimentos, y reducir los salarios reales de los trabajadores. Acabamos de hablar en una conferencia sobre la importancia de la desigualdad, y esa fue una medida que aumentaba la desigualdad porque reduce los impuestos a algunos de los argentinos más ricos y el precio lo pagan algunos de los más pobres. No he seguido todo lo que ha hecho, pero por lo que he visto, ahora subió impuestos a exportaciones como parte de un paquete nuevo. Si lo hubiera hecho originalmente, no estaría en la situación extrema que está ahora. Así que ese es un movimiento en la dirección correcta. Nuestra opinión también era que una parte crítica del error fue el enfoque excesivo en las metas de inflación… Y que se estaba atrayendo más capital especulativo… Exacto. Los tipos de interés excesivamente altos atraen capital que viene por algún tiempo y luego se va. Lo que me preocupa es que una vez que se crea una crisis, como parecen haberlo hecho estas políticas de mala gestión de una forma previsible, el margen de maniobra está muy limitado. Las medidas de austeridad que parece estar imponiendo obviamente ralentizarán la economía e impondrán nuevamente un alto costo en la gente común. Otro instrumento es la reestructuración de la deuda. ¿Usted recomienda eso como una opción? Sí, creo que debes incluir la reestructuración de la deuda. De lo contrario, los costos que probablemente se impongan a través de la austeridad serían demasiado grandes. Hay mucho optimismo irracional, tanto de parte de los prestatarios como de los prestamistas. ¿Sugiere algún tipo específico de reestructuración de deuda? Espero al menos una necesidad, probablemente, de un nuevo reperfilamiento, lo que significa aplazar los pagos inmediatos. Pero sospecho, dada la magnitud de los errores económicos que se han cometido en los últimos años, que tendría que haber una quita en la deuda. ¿De nuevo? De nuevo. Después de la crisis de 2001, hubo una filosofía de que Argentina debería evitar endeudarse mucho en el exterior. Y fue, no quiero decir una bendición, pero no una mala cosa que Argentina haya sido excluida de los mercados internacionales. Fue una especie de disciplina que hizo que Argentina enfrentara las realidades de las restricciones presupuestarias, no necesariamente hechas de la mejor manera, pero al menos evitó una post-crisis. Los términos que Macri acordó con los «buitres», el enorme obsequio después de que Argentina sacrificó tanto, creo que fue desmesurado y le planteó a Argentina un problema a futuro. Y luego los términos en los que pides prestado también son inquietantes. Cualquiera del lado del prestamista debería haber hecho el tipo de análisis que yo y otros hicimos, darse cuenta de que tal vez no era algo bueno. Obtuvieron tasas de interés más altas, una prima de riesgo, y cuando te pagan más por la prima de riesgo tienes que enfrentar el riesgo. Ahora es el momento. Si eso (la reestructuración de la deuda) excluye a Argentina de los mercados internacionales, que probablemente no lo hará, puede que no sea tan malo. ¿Algún consejo a Argentina sobre su negociación con el FMI y qué errores evitar del pasado? Los errores del pasado fueron una austeridad excesiva, la pérdida de autonomía económica nacional… Hay una enorme lista de condiciones que eran inapropiadas para un país en particular. La buena noticia es que en algunas negociaciones recientes han sido más flexibles. En el caso de Grecia, han sido los defensores más firmes de la necesidad de reestructuración. Entonces uno tendrá que ver cuáles son las demandas particulares que impone el FMI. ¿Hay posibilidades de un efecto contagio para el resto de la región, en América Latina? ¿O este es un problema particular de Argentina? Este es un problema particular para Argentina, pero una gran crisis para Argentina podría claramente afectar a los otros países a través de varios canales. Y particularmente en este momento concreto porque los países de todo el mundo con grandes déficits de cuenta corriente, como Turquía, o grandes déficits presupuestarios enfrentan problemas. Hay varios países, no voy a mencionar

Fuente: Enrique de la Calle | Agencia Paco Urondo Fecha: 06 de SEPT 2018 En diálogo con AGENCIA PACO URONDO, el economista Mariano Kestelboim analizó la situación económica del país. «Este modelo fracasó hace rato. Siempre que se lo quiso aplicar en la Argentina terminó en catástrofe», afirmó. APU: Para romper el hielo: ¿Cree que el dólar finalmente se estabilizó en torno a los 40 pesos?  Mariano Kestelboim: Es apresurado decir eso. Hay una inercia inflacionaria muy importante que se aceleró por la disparada del tipo de cambio. Después están los ajustes de los servicios públicos. La única manera que le queda al Gobierno para parar la espiral inflacionaria tiene que ver con anclar el salario, que es lo que ya hizo el macrismo. Por supuesto que no estoy de acuerdo con esa política. Estas bestias anclaron el salario. La otra cosa que deberían hacer tiene que ver con frenar los aumentos tarifarios, pero no hay nada de eso. Las prepagas, los combustibles, el transporte, el gas, la electricidad van a aumentar de acá a fin de año. Por eso va a persistir la dinámica inflacionaria. Estimo una inflación del 45% anual. Ese escenario va a empezar a impactar sobre la competitividad del tipo de cambio. No veo una estabilidad en el valor del dólar. Sí, creo que el salto brusco ya lo dio. APU: El propio Gobierno reconoce que la economía va a caer más del 2% en 2018 y no va a crecer en 2019. Algunos especialistas hablan de números aún peores. Con esas cifras se complica el escenario electoral para el oficialismo. ¿Cuál es la sustentabilidad política del proyecto macrista? MK: En principio, una aclaración. Ese número de caída del 2,4% en 2018 no es un número oficial del Gobierno. Creo que es un borrador que trascendió, pero no sé si el Gobierno quería que se conociera. Más allá de eso, creo que la actividad económica va a caer más de un 2,4% este año. Vamos a una caída muy pronunciada. Creo que al Gobierno no le quedó otra alternativa. Lo otro que le quedaba a Macri era sacar a todos los funcionarios y elegir a otros. APU: ¿Este modelo económico está acabado? MK: El modelo fracasó hace rato, lo vengo diciendo hace un tiempo. Este modelo económico es la tercera vez que se aplica en el país y siempre terminó en catástrofe. El modelo neoliberal en la Argentina no funcionó y todo indica que no va a funcionar de nuevo. Estamos padeciendo la aplicación de ese modelo. APU: El Gobierno pone énfasis en «bajar el déficit a cero» pero se refiere al déficit primario. Porque el déficit total, el que incluye el pago de la deuda externa, está en una situación cada vez peor. Usted suele recordar que durante la fenomenal crisis de 2001, la Argentina tuvo superávit primario (pero un déficit total muy alto). ¿Es así? MK: Es así, esas son las estadísticas públicas. En los 90 no se hacía hincapié en el déficit primario, sino en el total. Cuando se hablaba de déficit fiscal 0, se hablaba del financiero, del que incluye el pago de servicios de la deuda. Así debe ser, además. Hablar de déficit fiscal primario es una novedad de estos tiempos. Existe la variable, pero es una novedad que los funcionarios le den tanta relevancia sin ver qué pasa con el déficit total. En Brasil pasa lo mismo. Cuando hablan de déficit, se refieren al primario. APU: ¿Durante los años 2000 y 2001 el país tuvo superávit primario? MK: Siempre dio positivo. APU: ¿Cuál es la situación del déficit total, en comparación con 2015, cuando asumió Cambiemos? MK: Estamos en el 6% del PBI. En 2015 era de 4,8% del PBI. APU: Con un PBI cayendo, ese número va a tender a crecer… MK: Exacto. APU: Con todos estos números en rojo vuelve una y otra vez el interrogante sobre la sustentabilidad del programa económico de Cambiemos. ¿Está terminado? Ayer, Elisa Carrió decía que se viene un fin de año difícil pero que la economía estará creciendo a mitad del 2019.  MK: No sé. No tiene sustento eso que dice Carrió, no veo por qué la economía va a estar creciendo en 2019. En el mejor de los casos va a haber un estancamiento. En el mejor de los casos. No veo ninguna posibilidad de que crezca.

Fuente:   Alejandro Bercovich | BAENegocios Fecha: 24 de AGO 2018 Criado en la placidez suburbana del La Salle y con un carácter forjado en la exuberancia metálica de Wall Street, los tironeos del ajuste le son completamente ajenos a Luis “Toto” Caputo. Por eso y por la severa crisis de confianza de los mercados que intenta revertir, momentáneamente sin éxito, pidió que no lo molesten con nimiedades administrativas apenas asumió como presidente el Banco Central. Y por eso también se tomó más de dos meses para saludar al personal del banco, una tradición con la que sus antecesores nunca habían dejado de cumplir en sus primeros días de gestión. Esa presentación formal, que finalmente ocurrió el viernes pasado en el viejo hall del banco, lo exhibió más nervioso que aquel día del papelito en el Congreso, cuando tartamudeó al intentar explicar sus tenencias no declaradas en guaridas fiscales. Quizás consciente del malestar que genera entre los empleados y técnicos de carrera el hermetismo de su despacho, Caputo procuró meterse a todos en el bolsillo. Aun a riesgo de caer en demagogias más propias de un populista que de un republicano, anunció la continuidad de todos los asesores de la gestión anterior, negó que vaya a haber recortes y hasta ofreció sus condolencias “a los amigos y compañeros de Ricardo Torres”, un integrante de la Comisión Gremial Interna fallecido un mes atrás. Los delegados del Central retribuyeron ayer el gesto. Giraron una circular a todo el personal donde cuentan que se reunieron con él y que les prometió evaluar todos sus reclamos. Entre ellos está la restitución de los adicionales para la veintena de choferes cuyos sueldos de entre $120.000 y $200.000 mensuales ordenó podar en enero Federico Sturzenegger. Lo que el anterior jefe consideraba injustificable (que los miembros del directorio los tuvieran a disposición las 24 horas del día los siete días de la semana) al actual no le parece tan grave. Ni siquiera cree que deba ser un beneficio exclusivo del directorio o de los funcionarios de alto rango. Incluso concedió a su secretaria y vocera, Yael Bialos, la comodidad de que uno de esos choferes la traslade a diario. Lo de los colegas de Oscar Centeno son monedas frente a los US$ 3.351 millones que el propio Central admitió que se fugaron del país solamente durante julio y frente a los $ 100.000 millones que Hacienda pretende que recorten las provincias durante 2019. Pero en temas de austeridad, para evitar enojos, siempre conviene predicar con el ejemplo. ¿Qué dirán los gobernadores, enfrentados al riesgo de perder sus puestos el año que viene si atienden a rajatabla el pedido de Nicolás Dujovne de deprimir (más) los salarios y recortar servicios? ¿Y los intendentes, que acaban de paralizar centenares de obras pequeñas pero de alto impacto que financiaban con el Fondo Federal Solidario alimentado por las retenciones a la soja? ¿Qué pensarán los preceptores designados por el FMI, Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, si se enteran de que el mismo Banco Central cuyas autoridades les pidieron en secreto el primer waiver (perdón) del acuerdo firmado en junio son así de dispendiosos a la hora de administrar un presupuesto? ¿Aceptarán igual que la inflación va a ser mayor que el 32% y que el crecimiento no va a llegar ni al magro 0,4% previsto en el programa? Plan D Ante financistas y ejecutivos, en un evento organizado por Balanz Capital, Carlos Melconian insistió en advertir la deriva explosiva del modelo. El expresidente del Banco Nación, eyectado del cargo al año de haber asumido en medio de una dura interna con otros economistas cambiemitas, dijo que el “plan B” (el acuerdo con el Fondo) ya se mostró insuficiente para aplacar la crisis. Deslizó que si no alcanza con seguir devaluando, el Gobierno podría adoptar un “plan C” con medidas heterodoxas para intentar contener la demanda de dólares. Todo para evitar un “plan D” que apenas definió como “coerción”, pero que podría incluir un nuevo control de cambios y hasta canjes compulsivos de títulos o depósitos por bonos a mayores plazos. La incertidumbre entre los hombres de negocios es tal que cualquiera de esas opciones aparece como verosímil. Melconian, de hecho, no solo vierte esos pronósticos en esos foros VIP. También comparte cada tanto esas impresiones con el propio Mauricio Macri, quien lo recibe a escondidas de Marcos Peña y de sus archienemigos Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Avatares del ejercicio radial concéntrico del poder. No en todo cambiamos. Lo que ya nadie discute, ni dentro ni fuera, es que las tormentas globales combinadas con un rumbo impreciso y los golpes de timón al capearlas terminaron por hundir al país en una severa estanflación. El año que iba a coronar el “regreso al mundo” acaba de registrar en junio, según informó ayer el INDEC, el desplome interanual de la actividad económica más pronunciado desde la crisis de 2009: 6,7%. Y justo cuando le toca presidir el G-20 y ser anfitrión de los estadistas más poderosos del mundo, Macri terminó por insertar al país en el G-3 de los estados con mayor inflación del planeta, junto a Sudán y Venezuela. Como si ese parentesco con Nicolás Maduro no fuera suficientemente oprobioso, la CEPAL anotó también esta semana a la Argentina en otro selecto club junto a la tierra de Hugo Chávez: el de los países latinoamericanos que van a ver contraer su PBI durante 2018. El tercer socio es Dominica, una isla caribeña semidependiente de Gran Bretaña cuyos habitantes podrían entrar en un estadio de fútbol. ¿Ayudará a disipar tantos temores juntos que Macri haya decidido viajar en persona el mes próximo a reunirse con dos de los grandes fondos de inversión de Wall Street que le cortaron el chorro a Caputo a inicios de este año? ¿No se leerá como una muestra de debilidad, de ausencia del fusible que suelen representar los ministros de Economía? En cualquier caso, mucha alternativa no queda. El viaje relámpago que emprendieron días atrás junto a Mario Quintana los dos hombres de mayor confianza de Caputo, Santiago Bausili y Gustavo Cañonero, fue como hablarles con el corazón. Les contestaron con el dólar a $31. Me

Fuente: Martín Mangas * | Le Monde Diplomatique Fecha: 24 de AGO 2018  En Argentina, el sistema universitario público se financia principalmente con recursos que provienen de rentas generales del presupuesto sancionado anualmente por el Congreso Nacional. Por eso, resulta interesante analizar la evolución de los recursos públicos volcados a la educación superior y conocer el impacto distributivo de esas erogaciones. El andamiaje legal e institucional de la educación superior está dado por la ley homónima (sancionada en 1995) que fue producto de las reformas neoliberales propiciadas en el documento “La educación superior: Las lecciones derivadas de la experiencia” del Banco Mundial. La norma posee una concepción mercantilista del conocimiento, niega su valor como bien público social, abre la puerta al arancelamiento y liga los derechos políticos y la ciudadanía universitaria al rendimiento académico. Por ende, el desafío consiste en revertir las nociones de esa ley, y asumir el compromiso de convertir a la educación superior en “un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado”, como la definió la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe celebrada en junio de 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Decimos que es el principal desafío porque transformar en un derecho lo que hasta no hace demasiado tiempo se vivía como un privilegio es mucho más que un giro retórico. Para garantizarlo de manera plena, efectiva y exitosa, se requiere de un despliegue de políticas públicas y de asignaciones presupuestarias acordes y en línea con ese objetivo. En efecto, entre los años 2003 y 2015 existió la decisión política de ampliar el sistema de educación superior –se crearon dieciocho universidades– y de dotarlo de una mayor asignación de recursos (humanos, presupuestarios, tecnológicos), de manera de ponerlo a la altura del desafío. Esos avances se pueden observar con el indicador que mide los recursos destinados por el Estado a la educación superior y universitaria en términos del Producto Interno Bruto (PIB). En 1985 se destinaba el 0,45% del PIB, en 1995 el 0,57%, en 2004 un 0,69% y en 2015 se alcanzó el 1,32%, según los datos que se desprenden de la Cuenta de Inversión producida por la Contaduría General de la Nación. En treinta años se triplicaron los recursos, en línea con la expansión comentada, y con otro aspecto muy decisivo como fue el aumento sistemático, vía negociación paritaria, de los salarios del personal docente y no docente desde 2005 a 2015. En ese lapso, en promedio, todas las categorías tuvieron un incremento del 1.300%. Ese incremento notable del gasto en educación superior tuvo su correlato a fines de 2015 en una reforma parcial de la Ley de Educación Superior, que incorporó tres aspectos clave: la noción mencionada antes de bien público social y derecho humano universal; la responsabilidad indelegable del Estado en garantizar la igualdad de oportunidades y la prohibición taxativa del arancelamiento sobre los estudios de grado. La aplicación de la nueva ley fue judicializada, por vía de amparos, por algunas universidades y a casi dos años de su sanción, todavía no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. Financiación y gastos La principal fuente de financiamiento de las casas de altos estudios proviene del Tesoro Nacional. Como hemos señalado al inicio, es la asignación que realiza el Estado a partir de la sanción del presupuesto realizada por el Congreso de la Nación. Otro mecanismo de financiamiento lo constituyen los recursos propios que provienen de la venta de bienes y servicios que realizan las universidades. También cuentan, no siempre, con recursos otorgados por el sector público para ser afectados a un fin específico (en general, obras de infraestructura), y por último, lo que se conoce como “economía o ahorro” de ejercicios anteriores, que es una facultad concedida a las universidades para que aquellos créditos presupuestarios no comprometidos al cierre del año puedan ser utilizados en los ejercicios siguientes sin ser devueltos al Tesoro. Existen otras fuentes, como las transferencias externas o el crédito, que representan un aporte marginal. Del total de recursos de las universidades nacionales, la fuente del Tesoro Nacional representa el 85,7%, los recursos propios el 7,6%, los remanentes (ahorros) el 4,9% y todo el resto de las fuentes, tan sólo el 1,8%. En relación a los gastos, la función de producción de los servicios de educación y ciencia y tecnología presenta una alta intensidad en el uso del factor trabajo. Por esa razón, el 74% del gasto se concentra en salarios. Un 13% en los denominados “servicios no personales” que incluyen honorarios, servicios públicos, transporte y seguros, entre otros y los otros gastos de funcionamiento (bienes de consumo, bienes de uso y transferencias) representan el 13% restante. El 91,4% de los salarios se financia con la fuente del Tesoro Nacional. Tanto porque los salarios tienen un peso muy determinante en el presupuesto, como porque su pago se financia casi enteramente con los recursos del Estado Nacional, es tan decisiva la política salarial. Por esa razón, el conflicto abierto por el gobierno de Mauricio Macri en relación a la negociación paritaria del año 2017 tiene en vilo al presupuesto general del sistema universitario y a los ingresos de los más de 130 mil docentes. El impacto distributivo Si bien es evidente que en tamaño y recursos el sistema universitario público creció sostenidamente en las últimas décadas, resulta pertinente conocer el impacto del gasto en educación superior en la población. Algunos economistas consideran al gasto en educación superior como “pro-rico”, porque se distribuye de modo creciente a mayor nivel de ingresos y porque es el que menor fuerza redistributiva tiene dentro del Gasto Público Social. Entonces, para analizar ese impacto, vale la pena considerar tres datos en diferentes momentos, a saber: 1) en un trabajo de Leonardo Gasparini, “La distribución del ingreso en Argentina”, realizado con datos de 1992 y publicado por FIEL en 1999, se muestra que el quintil más pobre participaba en un 8,5% del gasto en educación superior, y el más rico en un 38,4%; 2) en el documento

Fuente: Jorge Majfud* | www.alainet.org Fecha: 21 de JUN 2018 Cuando en 1970 los chilenos decidieron elegir un presidente que no agradaba a los dueños del mundo, el presidente Richard Nixon dijo: “vamos a hacer que su economía grite”. Efectivamente lo hicieron, aunque la crisis económica ni fue suficiente crisis ni fue suficiente para desestabilizar el orden democrático, por lo cual el clan Kissinger-Pinochet optó por el tradicional Plan B para América Latina, documentado por sus perpetuadores desde antes de las elecciones de 1970, solución probada y conocida a todo lo largo y ancho del siglo XX: un sangriento golpe de Estado y la posterior instauración de una dictadura. Chile no fue el único caso, ni este modus operandi se remonta a los principios de la Guerra Fría, sino que la precede por lo menos en sesenta años: aprovechar el descontento y las revueltas populares, pacíficas o armadas, para instaurar brutales regímenes represores que protegiesen el statu quo, es decir, los intereses de las elites criollas y el de los “inversores” extranjeros. Una vez desestabilizados los países rebeldes e instauradas las “dictaduras amigas”, el proceso fue el mismo. Por parte de los mercaderes del “mundo libre”, se volvió a abrir el grifo de los dólares fáciles, creando inundaciones de créditos para el “desarrollo” de esos países endémicamente atrasados por sus “enfermedades mentales” (se dijo y hasta tituló en libros, ya que la teoría de la incapacidad racial había sido destrozada a principios de siglo y quedaba feo seguir usándola sin maquillajes). Durante los años 60 y 70, por ejemplo, los préstamos a las dictaduras latinoamericanas eran con tasas de intereses mínimas, aún más bajos que la inflación de los países receptores. Incluso el secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano se quejaba de ser acosado desde el exterior para recibir más dinero. En ese período, América latina multiplicó por cien su deuda externa mientras se multiplicaron las favelas, se reprimían las organizaciones sociales y sindicales y los salarios se mantenían deprimidos para favorecer la exportación de materias primas, pese a los precios elevados. Nada nuevo. Alguien se benefició de esta bonanza y no es necesario ser un genio para darse cuenta quiénes. Los gobiernos (la gente común) tomaron deuda y pasaron dólares a los privados. Nada nuevo. Claro que había un detalle: los intereses de las deudas no eran fijos. El problema llegó con la crisis del petróleo de los años 70 y la posterior escalada inflacionaria en Estados Unidos. Como respuesta lógica, la Reserva Federal en Washington debió subir sus tasas de interés hasta 20 por ciento mientras en Londres hacían prácticamente lo mismo. En los años 80s, en América Latina, las “dictaduras amigas” se enteraron del valor de la amistad no sólo con la Guerra de las Malvinas sino cuando la masiva deuda externa, semilla del progreso y el desarrollo, se vio inflada por los mayores intereses hasta que se volvió impagable. O casi. Los países del sur debieron destinar casi todos sus beneficios en pagar los intereses de estas deudas, lo que hizo imposible cualquier “progreso y desarrollo”. No fue una “década perdida”, como se la conoce hoy, porque, más o menos, se recuperaron las democracias liberales. La verdadera democracia, como voluntad de los pueblos dentro de los marcos del derecho, no se recuperó, en parte gracias a la falta de derechos de las víctimas de las dictaduras y en parte por las deudas externas heredadas. En los 90, como solución, el FMI volvió a la carga y abrió nuevamente el grifo para “solucionar el problema” imponiendo, obviamente, condiciones. ¿Suba de salarios y ayuda de emergencia a los necesitados como forma de reactivar la economía y la justicia social? No, eso es lo que se llama “irresponsabilidad”. Se recomendó la privatización, como se vino haciendo desde un siglo antes en el gobierno de Porfirio Díaz en México, lo que promovió el “progreso y el desarrollo”, dejó al 85 por ciento de los campesinos sin tierra y desencadenó la Revolución Mexicana. Lo mismo a lo largo del continente. Como en los casos anteriores, la receta de los mercaderes terminó en la catástrofe económica y social del 2001 que todos conocen, hasta el extremo que incluso el FMI reconoció el fracaso de todos los países que habían aplicado sus exitosas recetas. En los años 2000 Argentina logró independizarse del FMI, a pesar de la telenovela de los Fondos Buitres. La economía creció como pocas veces antes, aunque en parte se debiese, otra vez, a las condiciones favorables de los commodities. Los gobiernos de Lula y los Kirchner no lograron capitalizar ese gran crecimiento en reformas radicales en la educación, por ejemplo. Pero en ese período Brasil sacó a treinta millones de la pobreza y los convirtió en contribuyentes, lo cual no es un detalle, más considerando que en otros períodos de crecimiento anteriores del PIB no significó un decrecimiento de la pobreza y las desigualdades sino todo lo contrario. Ahora, para lograr el milagro de repetir una historia de cien años de fracasos, se inventan nuevos slogans y explicaciones, como la “necesidad de sincerar la economía”. El sinceramiento es selectivo. Hay que sincerar de la clase media para abajo. Si todos los productos e insumos de primera necesidad suben como leche hervida, si el dólar rompe todas las barreras que el gobierno aseguró nunca iban a romper, si a pesar de los recortes brutales que se llaman “graduales” la deuda del país se dispara en sólo dos años, si el crecimiento es endémico, si después de todos los intentos fallidos de sinceramiento se termina recurriendo a un desesperado salvataje del FMI que se gritó como un gol de Messi, si las condiciones del FMI se llaman “condiciones del gobierno argentino”, como si el que pide dinero fuese capaz de imponer al prestamista las condiciones para el préstamo… eso hay que premiarlo. El grupo financiero Morgan Stanley Capital International acaba de mejorar la calificación argentina de “País de Frontera” a “Mercado Emergente” (vale más ser un buen mercado que

Fuente: Ricardo Aronskind | El cohete a la luna Fecha: 17 de JUN 2018 Los tropiezos encadenados bajo la conducción imprevisible e incomprensible para propios y extraños de Federico Sturzenegger lo convirtieron en el candidato ideal para ser eyectado en nombre de la “buena praxis” financiera. Como si hubiera una buena política financiera que acompañara una política irresponsable de desregulación externa, que le provocó al país un déficit de divisas de aproximadamente 50.000 millones de dólares anuales. Lo financiero es principio y fin en el neoliberalismo argentino, y la producción, apenas un detalle del que se ocupan los que no entienden por dónde pasa realmente la cosa. Así, en el macrismo lo principal fue desregular lo financiero en línea con los deseos del capital financiero: entrar y salir a voluntad, sin controles, administrando a su favor la conexión central entre la economía local y el resto del mundo. Fue, no cabe duda, una transferencia de poder no sólo económico sino político, desde las instituciones públicas hacia el sector privado local y externo. Apenas se pudo se sacó la flamante chequera en dólares, ahora que se podía disfrutar del respaldo de la comunidad financiera internacional: ¿buitres, cuánto quieren? ¿9.300 millones? Tomen (y cuéntenlo). Y se adoptó la teoría adecuada para este gobierno, la arcaica y primitiva teoría cuantitativa del dinero sobre las causas de la inflación, esgrimida por el eyectado Sturzenegger, que se dedicó consecuentemente a reducir la cantidad de dinero en circulación para supuestamente hacer bajar la inflación emitiendo LEBACs. Mientras tanto, en otro despacho, otro ministro a quien también le conviene creer en la teoría cuantitativa del dinero avanzaba con gigantescos impulsos a todo el sistema tarifario argentino, simulando que eso no tendría ningún impacto inflacionario relevante. La combinación de ambas zonceras desembocó en persistencia de la inflación, la creación de una explosiva deuda en LEBACs y el atraso cambiario que se logró gracias a la abundancia de los fondos externos que venían a disfrutar de las teorías de Sturzenegger y de los enormes montos de fondos prestados que conseguía el ex ministro Caputo. Vale recordar que esa masa enorme de fondos no eran presentados por la prensa dominante como una gravosa deuda, sino, en sintonía completa con el discurso oficial, como manifestaciones de la confianza internacional de “los mercados” hacia tan racional y profesional gobierno. Todas las formas de gastar dólares fueron promovidas, combinando atraso cambiario con apertura comercial. Se facilitó y promovió la demanda de dólares por el público, que próximamente podría comprar la preciada divisa en un supermercado, en una cadena de electrodomésticos, en un hotel o cualquier otro comercio. Como si fueran mandarinas. La salida del “cepo”, o sea autorización para vender dólares –un recurso clave y escaso— con total desaprensión, fue festejada como el avance de las libertades republicanas. Y se abrió la economía hacia la importación, habilitando el ingreso de todo tipo de productos del mundo. Argentina pasó a ser, de la mano del ideologismo macrista, la góndola de los productos importados del mundo. La consigna parecía ser: ¡gasten dólares!, apelando al viejo truco de que la mayoría de la población jamás ha percibido peligro en el momento en que se producen los endeudamientos masivos. En síntesis: el gobierno hizo todo lo necesario para crear volatilidad y fragilidad financiera, en un contexto internacional que difiere sustancialmente de los años ’90. Pareció seguirse un manual de cómo generar condiciones de riesgo, imprevisibilidad e incertidumbre. Se apareció en los rankings internacionales entre los campeones de toma de deuda, al mismo tiempo que se subía al podio de los países con abultado déficit en la cuenta corriente del Balance de Pagos. La temeridad de un gobierno irresponsable asustó a los propios financistas globales, que en el primer trimestre de 2018 mostraron creciente reticencia a seguir acompañando el festival de deuda del gobierno argentino. Habría que ver cómo pesaron en la actitud de esos actores –que no se han caracterizado tampoco por la prudencia en décadas anteriores— dos antecedentes históricos significativos: el de la posición de otro gobierno republicano norteamericano, el de George W. Bush, quien se endureció con la Argentina en 2001, retaceando el apoyo en otra gran corrida cambiaria y bancaria para proteger a los acreedores financieros, y la actitud de negociación dura del posterior gobierno kirchnerista, que no se allanó dócilmente a las demandas inmediatas de los prestamistas externos. En la construcción de ese escenario participó Sturzenegger con plena convicción, pero el cuadro general lo excedió ampliamente, porque esta crisis en el segundo semestre de 2018 es una creación colectiva. No sólo de un gobierno específico, el de Cambiemos, sino de un sector social, que es el que viene promoviendo este tipo de políticas desde Martínez de Hoz hasta hoy, y que es quien nos vuelve a reenviar a los funcionarios de las gestiones neoliberales fracasadas precedentemente. No fue Sturzenegger el único aportante al desorden actual. Todo el gobierno es así y es eso: irresponsabilidad política, ignorancia teórica severa y primacía de los negocios particulares en cualquier circunstancia. Pucha, se deterioró mi credibilidad Claro, Federico hizo lo suyo, sumando una incongruencia detrás de la otra. Dicen algunos economistas que rescatan su ser neoliberal, que lo que lo dañó fue la conferencia de prensa del 28 de diciembre, en la que fue obligado a cambiar la estimación de inflación para este año del 10% (!!!) al 15% (!!!). Dicen que eso lo desautorizó y que puso en entredicho la famosa y ridícula “autonomía del Banco Central”. A los monitos de la periferia les gusta mucho imitar cosas que en otras comarcas parecen serias, sin considerar en qué lugar habitan ni quiénes son ellos mismos. Nadie lúcido puede creer en serio en la patraña de la autonomía del Banco Central. La autonomía es la forma astuta de nombrar, en la época de la financiarización global, la entrega de esa institución clave a representantes directos o indirectos de los intereses del capital financiero aquí, en Suiza o en Estados Unidos. Se sustrae la institución del control democrático

Fuente: Carlos Heller | TiempoAR Fecha: 17 de JUN 2018 En medio de una nueva ronda de tensión cambiaria, el reciente comentario del ministro Nicolás Dujovne despeja cualquier duda: «a pesar del cambio de nombres el programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo». Pasó desapercibido en la conferencia de prensa del día viernes, pero da a entender que los cambios en la cúpula del BCRA no obedecen a mala praxis. Más bien expresan los límites intrínsecos del actual modelo, que se profundiza y se rubrica formalmente mediante el acuerdo con el FMI. En una economía como la argentina, es la restricción externa la que está en la base de la constante tensión alrededor del dólar. José Del Río (La Nación, 15 de junio) señala, por ejemplo, que «un 65% de las drogas que tienen como insumo las farmacéuticas para la producción de remedios no hablan castellano y el 90% de los celulares y LCD que dicen fabricados en Tierra del Fuego cuentan con tecnología del exterior (…). Seis de cada diez insumos que se importan no tienen un proveedor local que pueda abastecerlos. A eso se suman los combustibles con su valor liberado, entre tantos otros ejes que demuestran que el tipo de cambio afecta a todos los segmentos y no puede ser minimizado”. Ante esta situación estructural, desde que asumió, la respuesta del gobierno ha sido la de liberar la entrada de productos del exterior, interrumpir el largo pero necesario proceso de sustitución de importaciones en la industria y eliminar la obligatoriedad de liquidar las divisas de las exportaciones, entre otras decisiones desacertadas. Y encima ahora, acuerdo con el FMI mediante, ha reforzado la estrategia de dejar flotar al dólar libremente. Lo que está ocurriendo no es inevitable. Remite en última instancia a la disyuntiva entre Estado y mercado, algo que siempre he sostenido. Poco tiempo atrás hemos sido testigos de la importancia de administrar el valor del dólar y la utilización de las divisas –que son bienes públicos–, de tener una política activa de gestión de las importaciones, de regular los flujos de capitales. Sin embargo no son opciones bien vistas por el establishment. Con el apoyo de los grandes medios, los grupos hegemónicos lograron instalar durante la anterior gestión el concepto de «cepo», haciendo alusión a un instrumento de tortura que no permitía acceder al dólar. Sin embargo, hoy podríamos decir que el concepto de cepo está vinculado al elevado precio de la divisa, que lo fija el mercado y que además incide directamente sobre el poder adquisitivo del salario, estableciendo una verdadera restricción al acceso de bienes y servicios esenciales para el conjunto de la población. La letra chica del acuerdo En línea con lo planteado en la anterior columna, el eje del acuerdo del gobierno argentino con el FMI no es más que una profundización de las medidas que ya venía implementando y respeta a rajatabla lo que pretende el organismo. En cuanto a la actividad económica, ya se empieza a proyectar el fuerte impacto negativo de las políticas, con una estimación de crecimiento que estará entre el 0,4% y el 1,4% para este año. Este último valor implica, teniendo en cuenta el alto valor del primer trimestre, que la actividad debería caer un 1,7% entre el segundo trimestre y el último de 2018. Bajo la lógica actual, una economía en virtual recesión es esencial para contraer el consumo, la inversión y las importaciones: una manera pírrica, pero típica de los programas del FMI, de tratar de reducir el desbalance comercial. Una de las principales herramientas para contener el gasto interno es el recorte fiscal. En el memorándum presentado en sociedad el jueves se habla, por ejemplo, de que el gobierno nacional alcanzará en 2020 el «déficit cero», en tanto las provincias deberán alcanzar un superávit primario del 0,25% del PBI hacia mediados de 2021, cuando finalizaría el stand by. Como expresa el FMI en uno de sus pasajes, estas condiciones «sirven para asegurar que el país podrá saldar el préstamo». Bien lejos de representar un auxilio para la economía real y el empleo. En materia cambiaria y de política antiinflacionaria, los funcionarios están «completamente comprometidos con un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado» y con un esquema de metas de inflación. El gobierno se compromete «a hacer lo que sea necesario para cumplirlas». Esto último significa que las altas tasas de interés y sus impactos negativos se mantendrán en el tiempo. Las autoridades consultarán al FMI qué hacer en caso de que la inflación supere las bandas máximas, toda una muestra de resignación de soberanía, que trata de condicionar a futuros gobiernos. Un aspecto esperable que aparece en el texto es el previsional. El gobierno argentino se compromete a financiar parte del gasto previsional con la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Cabe recordar que ya en mayo de 2016, cuando se aprobó la bien conocida Ley de «Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados», se había comenzado a preparar el terreno legal para llevar a cabo esta medida. Dentro de su extenso articulado se incluyó la eliminación de la Ley 27.181, que declaraba «de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del FGS», al tiempo que se modificaron las restricciones que existían para vender estos activos. Dos años después, y con el «aval» del FMI, se termina de plasmar esta posibilidad bajo el paraguas de hacer «financieramente sostenible y más justo» el sistema previsional. Como en otros rubros de análisis, no es la única alternativa posible. En vez de vender las participaciones, lo deseable sería apoyar la actividad económica y la generación de empleo, fundamentales para otorgarle fuentes genuinas de financiamiento a un sistema previsional público y de reparto. La decisión de desprenderse de estos activos implica la pérdida de una importante herramienta en poder del Estado. La composición de la cartera de acciones que posee el FGS incluye a grandes

Fuente: Adrián Murano | Revista Zoom Fecha: 15 de  JUN 2018 El gobierno se dispone a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El plan no es nuevo: la maniobra fue habilitada por la ley ómnibus que en 2016 posibilitó el “blanqueo” impositivo. La novedad es que el desguace fue ratificado por escrito en el memorando de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”, reza la carta de intención. “Las autoridades y el staff del FMI acordaron una misión de asistencia técnica del FMI para fines de 2018 que recopilará la información necesaria y asesorará a las autoridades sobre el registro correcto de la operación de nacionalización y los cambios subsiguientes en el sistema de pensiones que sean consistentes con principios estadísticos sólidos como los incorporados en las Manual de Estadísticas Públicas. Si las recomendaciones de la misión llevan a cambios en la medición del resultado presupuestario no se aplicarán medidas de política adicionales para los fines del programa respaldado por el FMI”, precisa el documento. En criollo: en el memorando con el prestamista, el Gobierno se compromete a liquidar el FGS para hacer frente al programa de reparación histórica a los jubilados. Esto implicará que el Ejecutivo se desprenderá no sólo de los títulos públicos que heredó de las AFJP sino también de las acciones de empresas privadas que aún tiene en sus manos. A los empresarios amigos de Macri le gusta esto. El proceso de venta de activos y saqueo de los recursos del FGS (como su nombre lo indica, creado para ser un reaseguro del delicado sistema previsional) lleva más de un año, y ya generaron media docena de causas judiciales. Por una denuncia del legislador nacional Rodolfo Tailhade, por ejemplo, el juez Claudio Bonadio lleva la demanda por la venta de bonos de la empresa EPEC, que le entregaban una tasa del 12,5% al Estado, para la suscripción de deuda de la provincia de Córdoba por U$S 150 millones a diez años, a un interés anual del 7,25%. Por ese caso se denunció una pérdida de U$S 75 millones para el organismo. La diputada Victoria Donda, por su parte, denunció la venta del 11,8% de las acciones que el FGS tenía en Petrobras. Se las entregó a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, a $ 10,37 cada una y tan sólo algunos días después el precio bursátil se disparó a cerca de los $ 18. El caso también está en manos de Bonadio. La Unidad Fiscal de la Seguridad Social (UFISES) inició una demanda por presuntos negociados entre el FGS, Petrobras y Pampa Energía, que por conexidad se unió también al expediente originado por Tailhade. El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Luis Rodríguez, denunció posibles negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y violación de los deberes de funcionarios públicos vinculados al fondo. El expediente está en manos del juez federal Claudio Casanello. Otra denuncia de la UFISES cuestiona la colocación de fondos en un fideicomiso de la financiera Axis, fundada por el ex ministro de Finanzas y flamante titular del Banco Central, Luis Caputo. El 80% de los $ 450 millones transferidos se destinaron a la compra de Lebacs, que el FGS bien podría haber adquirido sin pagar la comisión a la compañía creada por un funcionario. Esa causa transita, con el típico andar cansino que los jueces federales le otorgan a los expedientes que involucran a funcionarios en funciones, en el juzgado de Luis Rodríguez. La tercerización de las colocaciones financieras -con el consiguiente pago de comisiones a los colocadores- se convirtió en una práctica habitual durante la gestión cambiemita de la Anses, que conduce Emilio Basavilbaso. Según detectó y difundió el periodista Ari Lijalad, la Anses colocó millones de pesos en Fondos Comunes de Inversión (FCI) con tres tipos de maniobras: compra de Lebacs, inversiones en fondos donde ANSES representa casi todo el capital y la colocación de dinero de ANSES en fondos que luego invierten en empresas de allegados a Macri, como su “hermano de la vida”, Nicolás Caputo, y Marcelo Mindlin. El desvío de los recursos del FGS hacia la especulación financiera se inició apenas el PRO tomó posesión de una de las cajas más voluminosas del país. Y como es usual, la maniobra incluyó beneficios adicionales personales para funcionarios del Gobierno. En este caso, el beneficiado fue Luis Caputo: en lugar de que la ANSES comprara las Lebacs en forma directa, Caputo hizo que el FGS invirtiera en el fondo Axis, fundado por él y donde, según su última declaración jurada, conserva varios millones invertidos. Según reveló Lijalad, las inversiones de ANSES en Axis aparecen por primera vez en el acta 133, de julio de 2016. Puso, de un saque, 292 millones de pesos en el fondo Axis Ahorro Plus. Al mes siguiente, según el acta 134, rescató 236 millones pero puso 427 millones más. “Le quedaron un total de 498 millones en el fondo Axis Ahorro Plus”, concluyó el periodista. Según informó Axis a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el 99,9% de ese fondo luego se invertía en Lebacs. O sea: ANSES gastaba millones en comisiones para que el fondo fundado por Caputo hiciera algo que el organismo podía hacer por sí mismo. El caso fue denunciado por el fiscal Gabriel De Vedia, que estaba a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de Seguridad Social (UFISES). Luego de la denuncia, el Gobierno quiso primero eliminar la UFISES y luego, hace unos días, ordenó el desplazamiento del fiscal De Vedia. En paralelo a la persecución de los denunciantes, Mauricio Macri decidió premiar a los denunciados. El viernes, Luis Caputo fue designado al frente del Banco Central en lugar de Federico Sturzenegger, quien ofició de fusible por el incendio cambiario que lleva más de dos meses