America Latina

Fuente: Atilio Borón | www.atilioboron.com.ar Fecha: 05 OCT 2018 En una taberna maloliente de los barrios bajos del Munich de la primera posguerra un cabo desmovilizado del ejército imperial austriaco –fracasado como pintor y retratista- trataba de ganarse la vida apostando con los borrachos del local a que no lograban acertarle sus escupitajos desde una distancia de tres metros. Si los esquivaba, ganaba; cuando no, debía pagar. Entre una y otra tentativa vociferaba tremendos insultos antisemitas, maldecía a bolcheviques y espartaquistas y prometía erradicar de la faz de la tierra a gitanos, homosexuales y judíos. Todo en medio de la gritería descontrolada de la clientela allí reunida, pasada de alcohol, y que repetía con sorna sus dichos mientras le arrojaban los restos de cerveza de sus copas y le tiraban monedas entre insultos y carcajadas. Años después, Adolfo Hitler, pues de él estábamos hablando, se convertiría, con esas mismas arengas, en el líder “del pueblo más culto de Europa”, según más de una vez lo asegurara Friedrich Engels. Quien en esos momentos -años 1920, 21, 23- era motivo del cruel sarcasmo entre los parroquianos de la taberna resucitaría como una especie de semidiós para las grandes masas de su país y la encarnación misma del espíritu nacional alemán. Salvando las distancias algo parecido está ocurriendo con Jair Bolsonaro, quien encabeza cómodamente las encuestas de la primera vuelta de la elección presidencial de Brasil. Sus exabruptos reaccionarios, sexistas, homofóbicos, fascistas y su apología de la tenebrosa dictadura militar brasileña del 1964 y sus torturas provocaban generalizada repulsa en la sociedad. En el mejor de los casos lo consideraban tan sólo un bufón, un hazmerreír nostálgico de los tiempos del régimen que se abatió sobre el Brasil entre 1964 y 1985.  Por eso, durante dos años su intención de voto nunca superó el 15 o 18 por ciento. Las encuestas de las últimas dos semanas, sin embargo, muestran un espectacular crecimiento de su candidatura. La más reciente le asigna un 39 por ciento de intención de voto. Sabemos que hoy las encuestas de opinión pública tienen enormes márgenes de error; también que pueden ser operaciones mediáticas de la burguesía brasileña dispuesta a instalar en Brasilia a cualquiera que impida el “retorno del populismo petista” al poder. Pero también sabemos, como lo afirma una nota reciente de Marcelo Zero, en Brasil, que la CIA y sus aliados locales han desatado una apabullante avalancha de “fake news” y noticias difamatorias de los candidatos de la alianza petista que encontró un terreno fértil en las favelas y barriadas populares de las grandes ciudades de ese país. (“Tem dedo da CIA nas eleicoes do Brasil”, en www.brasil247.com) Esos sectores fueron sacados de la pobreza extrema y empoderados por la gestión de Lula y Dilma. Pero no fueron educados políticamente ni se favoreció su organización territorial o de clase. Quedaron como masas en disponibilidad, como dirían los sociólogos de los años sesenta.  Quienes sí los están organizando y concientizando son las iglesias evangélicas con quienes se ha aliado Bolsonaro, promoviendo un discurso conservador duro, hipercrítico del “desorden” causado por la izquierda en Brasil con sus políticas de inclusión social, de género, de respeto a la diversidad, a los LGBTI y su “mano blanda” con la delincuencia, su obsesión por los derechos humanos “sólo para los criminales.” Uno de sus recursos para atraer a los favelados a la causa de la derecha radical es mandar supuestos encuestadores para preguntarles si les gustaría que a su hijo José le cambiaran de nombre y le llamaran María, para exacerbar la homofobia. La respuesta es unánimemente negativa, e indignada. La  prédica del ex capitán sintoniza nítidamente con ese conservadorismo popular hábilmente estimulado por la reacción. En ese clima ideológico sus escandalosos y violentos disparates, como los de Hitler, decantan como un razonable sentido común popular y podrían catapultar a un monstruo como Bolsonaro al Palacio del Planalto que, como dato adicional habría que recordar que le prometió a Donald Trump autorizar la instalación de una base militar de EEUU en Alcántara, en el estratégico promontorio del Nordeste brasileño que es el punto más cercano entre las Américas y África, cosa a la que se negaron los gobiernos petistas. Si llegase a triunfar sería el comienzo de una horrible pesadilla, no sólo para el Brasil sino para toda América Latina.

Fuente:  Ernesto Londoño y NicholasCasey | The New York Times Fecha: 08 de SEPT 2018 El gobierno de Donald Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos rebeldes para hablar sobre sus planes para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según funcionarios estadounidenses y un excomandante militar venezolano que participaron en las conversaciones. Establecer contactos clandestinos con golpistas en Venezuela fue una gran apuesta para Washington, dado su largo historial de intervenciones encubiertas en toda América Latina. Muchas personas de la región aún sienten un gran resentimiento contra Estados Unidos por haber respaldado rebeliones, golpes de Estado y complots en países como Cuba, Nicaragua, Brasil y Chile, así como por haber guardado silencio ante los abusos que los regímenes militares cometieron durante la Guerra Fría. En respuesta a las preguntas sobre esas conversaciones secretas, la Casa Blanca señaló mediante un comunicado que era necesario participar en un “diálogo con todos los venezolanos que expresan el deseo de restablecer la democracia” con el fin de “aportar un cambio positivo a un país que ha sufrido mucho bajo el gobierno de Maduro”. Sin embargo, un comandante militar de ese país que estuvo involucrado en las conversaciones difícilmente puede ser considerado como un emisario democrático: está en la lista de funcionarios corruptos de Venezuela que han sido sancionados por el gobierno estadounidense. Él y otros miembros del aparato de seguridad venezolano han sido acusados por Washington de un gran número de delitos graves, entre ellos torturar a los opositores del régimen, encarcelar a cientos de prisioneros políticos, herir a miles de civiles, traficar drogas y colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo guerrillero que Estados Unidos considera como una organización terrorista. La mayoría de los líderes latinoamericanos están de acuerdo en que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, es un gobernante cada vez más autoritario que arruinó la economía de su país ocasionando una escasez extrema de alimentos y medicinas. El colapso desató el éxodo de los venezolanos desesperados que escapan por las fronteras, y con ello abruman a los países vecinos. Al final, los funcionarios estadounidenses decidieron que no ayudarían a los conspiradores, y el plan del golpe de Estado quedó estancado. No obstante, la disposición del gobierno de Trump de reunirse varias veces con oficiales rebeldes que pretenden derrocar a un mandatario de este hemisferio podría resultar políticamente contraproducente. Desde hace mucho tiempo, Maduro ha justificado su autoritarismo con la afirmación de que los imperialistas de Washington están intentando destituirlo de manera activa, y las reuniones secretas podrían proporcionarle argumentos para cambiar la postura de la región que, en general, se muestra en su contra. “Esto caerá como una bomba” en la región, comentó Mari Carmen Aponte, quien fungió como la principal diplomática en asuntos de América Latina durante los últimos meses del gobierno de Barack Obama. Además del complot golpista, el gobierno de Maduro ya ha eludido varios ataques a pequeña escala, entre ellos una descarga de artillería desde un helicóptero el año pasado y un dron que explotó mientras pronunciaba un discurso en agosto. Los ataques han contribuido a la idea de que el presidente es vulnerable. Los militares venezolanos buscaron tener acceso directo al gobierno estadounidense durante la presidencia de Obama, pero fueron rechazados, señalaron los funcionarios. Después, en agosto del año pasado, el presidente Trump declaró que Estados Unidos tenía una “opción militar” para Venezuela, una afirmación que atrajo el repudio de los aliados de Estados Unidos en la región, pero que animó a los militares rebeldes venezolanos a comunicarse con Washington una vez más. “Ahora era el presidente quien lo decía”, señaló el excomandante venezolano que se encuentra en la lista de sancionados durante una entrevista, quien habló con la condición de conservar su anonimato por temor a represalias por parte del gobierno de Venezuela. “No iba a dudar de la información si provenía de ese mensajero”. Durante una serie de reuniones secretas en el extranjero —que comenzaron el otoño pasado y continuaron este año— los militares le dijeron al gobierno estadounidense que representaban a varios cientos de miembros de las fuerzas armadas que no estaban de acuerdo con el autoritarismo de Maduro. Le pidieron a Estados Unidos que les proporcionara radios cifrados, pues aseguraron que necesitaban comunicarse de manera segura, mientras desarrollaban un plan para instalar un gobierno de transición liderado por el Ejército con el fin de gestionar el país hasta que pudieran convocar elecciones. Los funcionarios estadounidenses decidieron no proporcionar el material de apoyo y los planes se vinieron abajo después de un operativo de represión en el que se detuvo a decenas de conspiradores. El recuento de las reuniones clandestinas y los debates políticos que las precedieron se elaboró a partir de entrevistas con once funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, además del excomandante venezolano. Este dijo que por lo menos tres grupos distintos dentro de las fuerzas armadas venezolanas habían conspirado contra el gobierno de Maduro. Uno estableció contacto con el gobierno estadounidense a través de la embajada de Estados Unidos en una capital europea. Cuando se informó a Washington sobre este acercamiento, los funcionarios de la Casa Blanca se mostraron intrigados pero recelosos. Les preocupaba que la solicitud de reunirse pudiera ser una trampa para grabar clandestinamente a algún agente estadounidense mientras al parecer conspiraba contra el gobierno venezolano, señalaron los funcionarios. No obstante, conforme la crisis humanitaria de Venezuela empeoraba el año pasado, los estadounidenses decidieron que valía la pena correr el riesgo con el fin de tener un panorama más claro de los planes y los oficiales que buscaban destituir a Maduro. “Después de muchas discusiones, acordamos que debíamos escuchar lo que querían decirnos”, comentó un funcionario gubernamental de alto nivel que no tiene autorización para hablar sobre las reuniones secretas. Al principio, el gobierno consideró enviar a Juan Cruz, un agente veterano de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que recientemente renunció a su puesto como principal autoridad normativa de la Casa Blanca en asuntos de América Latina. Sin embargo, los abogados de la Casa Blanca dijeron que sería más prudente enviar a un diplomático de carrera. Le pidieron al enviado estadounidense que asistiera a las reuniones “solo para escucharlos”, y no le dieron

Fuente: Atilio Borón | atilioboron.com.ar Fecha:  06 de SEPT 2018 Días atrás, el 4 de Septiembre, para ser más precisos, se cumplieron 48 años del triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de Chile de 1970. Con el paso de los años se comprueba, con dolor, que su figura no ha cosechado la valoración que se merece mismo dentro de algunos sectores de la izquierda, dentro y fuera de Chile. En vez de honrar la figura del presidente-mártir y su obra muchos se plegaron irreflexiblemente a las críticas que el consenso neoliberal dominante formuló a su gestión, sin ofrecer un análisis alternativo que tuviese en cuenta las dificilísimas, extremadamente adversas condiciones que rodearon su acceso a La Moneda y toda su labor de gobierno. El advenimiento de la “democracia de baja intensidad” en el Chile pos-Pinochet -producto de una sobrevaluada transición cuyas limitaciones económicas, sociales y políticas son hoy evidentes- corrigió sólo en parte la subestimación que había sufrido la figura de Allende y el gobierno de la Unidad Popular. No obstante, luego de casi treinta años de una decepcionante transición que acentuó las inequidades de la sociedad chilena y su dependencia externa las cosas comienzan a cambiar y, afortunadamente, se notan numerosas tentativas de revalorizar su fértil legado. Se trata de un acto de estricta justicia porque, como lo hemos manifestado en más de una ocasión, Allende fue el precursor del “ciclo de izquierda” que conmovió América Latina (y el sistema interamericano) hasta sus cimientos a partir de finales del siglo pasado. Las experiencias vividas en Venezuela con Hugo Chávez, en Ecuador con Rafael Correa, en Bolivia con Evo Morales en donde se recuperaron los recursos naturales tienen en el gobierno de Allende un luminoso precedente en la nacionalización de la gran minería del cobre en manos de oligopolios norteamericanos, en la nacionalización de la banca, la expropiación de los principales conglomerados industriales y la reforma agraria. Teniendo en cuenta las condiciones de esa época, comienzos de los años setenta, lo que hizo el gobierno de la UP fue una proeza en un país rodeado de dictaduras de derecha y atacado con saña por Estados Unidos. De estricta justicia, decíamos, porque Allende fue un hombre extraordinario de Nuestra América. Un socialista sin renuncios, un antiimperialista sin concesiones, un latinoamericanista ejemplar. Cuando Cuba padecía de un aislamiento casi completo y el Che iniciaba su última campaña en Bolivia Allende asumió nada menos que la presidencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) para apoyar a la Isla rebelde y al Comandante Heroico. Era por entonces Senador por su partido, y ya entonces fueron muchas las voces que se alzaron para reprocharle por su incondicional apoyo a la isla caribeña y a la insurgencia que brotaba no sólo en Bolivia de la mano del Che sino en casi toda América Latina. Yo vivía en Chile en esos años y fui testigo de la campaña de difamaciones, agresiones, insultos y escarnio que se descargó en su contra. El diario El Mercurio, una de las expresiones más indignas del periodismo latinoamericano    –en realidad, no es periodismo sino propaganda y nada más- lo atacaba a diario en sus páginas políticas y en sus opiniones editoriales, invariablemente acompañadas por una caricatura que reproducía al líder socialista en la carta del rey (K) en el naipe de póquer, la mitad superior empuñando una metralleta y sosteniendo en sus manos la campana de Senado en la mitad inferior. El mensaje era clarísimo: Allende no era sino un guerrillero castrista que se había puesto la piel de cordero de un demócrata y que desde su posición en el Senado engañaba a chilenas y chilenos. Este también era el diagnóstico de la CIA, que detectó tempranamente el peligro que su figura representaba para los intereses de Estados Unidos. Ya en la campaña presidencial de 1964 la agencia había movilizado grandes recursos para impedir el posible triunfo de la coalición de izquierda que lo postulaba para el cargo. Documentos recientemente desclasificados demuestran que destinó para tales fines 2.6 millones de dólares para financiar la campaña de Eduardo Frei, paladín de la Democracia Cristiana y la malhadada “Revolución en Libertad” que se proponía como la alternativa a la Revolución Cubana. Y otros 3 millones para financiar una campaña de terror en donde la figura del dirigente socialista era presentada como la de un monstruo que enviaría niños chilenos a estudiar a Cuba o a la URSS y acusaciones por el estilo. En total, unos 45 millones de dólares si los computamos a su valor actual[1] De lo anterior se desprende con meridiana claridad las razones por las que Washington se opuso desde la noche misma del 4 de Septiembre de 1970 a la posibilidad de que Allende asumiera la presidencia de la república. Había triunfado en la elección popular pero al no alcanzar la mayoría absoluta necesitaba ser ratificado como presidente por el voto del Congreso Pleno. Su victoria era un resultado inaceptable en plena contraofensiva imperial, y el dinero invertido para frustrar la llegada de Allende a La Moneda fue mucho mayor que el canalizado para la anterior elección, aunque todavía no hay un consenso acerca de la cifra exacta. Estados Unidos se encaminaba hacia una derrota inapelable en Vietnam y había saturado el continente con dictaduras militares. Lo de Allende era un grito de guerra contra el imperio y para Washington esto era totalmente inadmisible. Había que acabar con él de cualquier manera. Según la documentación de la CIA, el 15 de Septiembre de 1970, pocos días después de las elecciones, el Presidente Richard Nixon convocó a su despacho a Henry Kissinger, Consejero de Seguridad Nacional; a Richard Helms, Director de la CIA y a William Colby, su Director Adjunto, y al Fiscal General John Mitchell a una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca para elaborar la política a seguir en relación a las malas nuevas procedentes desde Chile. En sus notas Colby escribió que “Nixon estaba furioso” porque estaba convencido que una presidencia de Allende potenciaría la diseminación de la

Fuente: Sofía Solari | Página 12 Fecha: 26 de AGO 2018 Después de un largo camino desde el centro de Curitiba para visitar a Lula, Adolfo Pérez Esquivel llegó a la puerta de la Superintendencia de la Policía Federal. “A las afueras estaba el campamento en apoyo a Lula, soportando la lluvia. Cuando entramos a la cárcel tuvimos que presentar el documento y seguidamente nos requisaron. Nos pasaron por el escáner para ver si portábamos algo y nos sacaron el celular”, recordó el premio Nobel de la Paz, una de las pocas personas autorizadas para visitar al ex presidente brasileño, además de su familia y sus abogados. Llegó al lugar de detención junto al ex canciller brasileño Celso Amorim. Escoltados por policías subieron en ascensor hasta el tercer piso, cruzaron un pasillo,  dieron con una puerta vigilada por dos guardias, uno a cada lado, y entraron. “Lula me estaba esperando, él había pedido que yo lo visitara. Está en una habitación angosta. Tiene su cama contra una pared, una cinta para correr, un televisor, algunos libros, una mesita, un bañito y nada más. También hay una ventana pero no vi nada por ahí. Ese día Lula estaba contento porque más temprano había recibido a sus familiares. Ellos le llevan frutas, libros y ropa. Lula tiene días estipulados para las visitas. A veces van amigos y otros días grupos religiosos, pero él no puede salir de la celda.” El ex mandatario está preso desde el siete de abril por orden del juez Sérgio Moro, quien lo condenó por supuesta adquisición fraudulenta de un departamento, cuestión que Lula niega y de la que no existe evidencia documental. “Cuando lo vi nos abrazamos. Le hice saber que él no está solo y que hay gente en todas partes del mundo que lo está apoyando”, explicó Esquivel en conversación con PáginaI12 a la vuelta de su viaje. En su intensa recorrida, el defensor de derechos humanos, denunció la persecución política hacia el ex mandatario junto a Celso Amorim, ministro de relaciones exteriores (2003-2010) y Fernando Haddad, ex alcalde de San Pablo. Además Esquivel se reunió con Cármen Lúcia, presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, para exigirle la liberación de Lula. –¿Cómo lo vio a Lula? –Entré y nos abrazamos. Lo encontré bien físicamente pero no deja de estar aislado a pesar de las pocas visitas que puede recibir. No le permiten que vaya nadie de prensa, no le permiten comunicarse con el afuera. No tiene derechos políticos, está bloqueado. Lula está muy consciente de todo y sabe que esto es una lucha y que ahora estamos en resistencia. Ahora a él le toca estar adentro y a nosotros afuera, pero también adentro. En cada visita le hacemos saber que él no está solo, le decimos que hay gente en todas partes del mundo que lo está apoyando. También lo vi muy lúcido políticamente, sabe que su caso no es un hecho aislado. En el encierro aprovecha para leer mucho lo que le llevan sus hijos y sus amigos. –¿Cuál es la principal preocupación que le transmitió Lula? –Él está muy preocupado por el aumento de la represión y de las muertes,  fundamentalmente por el accionar del ejército en las calles de Río de Janeiro. Está preocupado también porque hubo amenazas, de generales de Brasil, que afirmaron que si Lula queda en libertad, ellos estaban dispuestos a dar un nuevo golpe de estado. Los poderes de derecha están tratando de bloquear cualquier posibilidad de que Lula vuelva al poder. También mostró su preocupación por el inminente peligro de recolonización que se está llevando a cabo en nuestros países con las políticas neoliberales como, por ejemplo, la propuesta de Temer de privatizar Petrobras. –Usted visitó a Lula el mismo día que lo vio su compañero de fórmula, Fernando Haddad. –Haddad llegó media hora más tarde que nosotros y luego se quedó un tiempo más. Mientras yo estaba ahí hablaron sobre la cuestión más partidaria y sobre cómo estaba la organización. El asunto es que ahora están esperando que el Supremo Tribunal Electoral se expida sobre la inscripción de la candidatura de Lula. Sin embargo muchos brasileños dicen que si Lula no puede presentarse a elecciones, declararán fraude, por eso es que Lula, junto a Haddad, está pensando alternativas. Además que ya saben cómo viene el panorama, si bien hay una resolución de Naciones Unidas donde exige que Lula tenga derechos políticos, ya saben que la procuradora general defenestró al ex presidente. –¿Lula hizo alguna mención a lo que ocurre en la región? –Sí, alertó sobre el cuidado que hay que tener porque esto es una política continental, con la complicidad de los grandes medios de comunicación. está muy preocupado. La misma metodología que se le aplicó a el es lo que se está aplicando ahora con Cristina. Bonadío es el Sergio Moro de Cristina. Lo podemos ver en el caso de Cristina, en el de Correa, o en Venezuela. En los golpes de estado en Honduras y en Paraguay. Brasil tiene un gobierno con un estado de excepción, dónde los derechos constitucionales y democráticos no se respetan. –¿Qué dijo sobre la visita a la región de James Mattis, el secretario de Defensa de Estados Unidos? –Dijo que es una vergüenza que venga este personaje a Brasil para imponer sus condiciones. Y dijo que su llegada justo en este momento no es una casualidad. Yo agregaría que el imperio nunca se quedó quieto con nuestra primavera latinoamericana. Se quedó maquinando y empezó con experiencias piloto para neutralizar y destruir los movimientos populares, porque América Latina, para el imperio, siempre fue una reserva de bienes y recursos. –¿Cómo fue su encuentro con la Presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Carmen Lúcia? –En primer lugar yo le dije que Lula es un preso político y que es inocente. Además le dije que la causa por la que Lula está preso es parte de una acción para impedir que él se presente como candidato a la presidencia

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 12 de AGO 2018 La triple alianza entre el periodismo, las agencias de inteligencia y sectores de la justicia, orientados a conservar o restaurar la hegemonía del Departamento de Estado en la región, se puso nuevamente en evidencia a través de la Operación Bayly. Tres días después del intento de asesinato del presidente venezolano, el presentador peruano describió en detalle el frustrado atentado afirmando que conocía a sus autores y que se había reunido con algunos de ellos en Miami, semanas antes del hecho sucedido el sábado 4 de agosto. En su show nocturno de las 21 a través de Mega TV, el limeño encomió y reivindicó la tentativa (planificada en Colombia y Estados Unidos, según Caracas) y confesó que sus fuentes le habían brindado la primicia: “El sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los drones en Caracas: funcionan”. Según Bayly, él les respondió eufórico: “Hágale, vamos para adelante”. Como sucede habitualmente en el mundo televisivo, una parte de la verdad alcanzó para generar la atracción necesaria que exige la lógica exhibicionista del rating. Sin embargo, los interlocutores del showman no parecen haber sido sus ejecutores –quienes se encontraban todos en Venezuela con anterioridad a la presumida reunión llevada a cabo en Miami— sino sus planificadores y financistas, radicados en Florida y partícipes de todas las desestabilizaciones y golpes militares sucedidos en América Latina desde la década del ’60. Dos semanas antes del atentado, el 17 de julio, Bayly recibió a Otto Reich en su programa, concediéndole un bloque central de media hora. Reich se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Venezuela hasta 1989 y fue uno de los más conocidos impulsores del golpe contra Chávez de 2002. Según un documento de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense de 2002 –avalada por 14 congresistas—, Reich fue el organizador de dicha intentona, hecho que motivó el pedido de su renuncia, que se concretó en noviembre de ese año. Reich ha introducido a Bayly en los círculos cubano/venezolanos, hermanados por su tirria visceral al chavismo y al castrismo. Uno de los integrantes de este colectivo es Osman Alexis Delgado Tabosky –residente en Florida y habitual contertulio de Otto Reich—, a quien el gobierno venezolano acusa de ser el encargado principal de aportar para la adquisición de los drones y la financiación del atentado. Otto Reich es un cubano que abandonó con su familia la isla luego de la revolución y que se desempeñó en distintas áreas del Departamento de Estado. También se dedicó a representar —en distintos periodos— a la corporación Lockheed Martin, fabricante y comercializadora de aviones de guerra y pertrechos militares. En una pormenorizada investigación realizada por José Sant Roz, referida al rol ocupado por las agencias de inteligencia en Venezuela, se recuerda la repetición que hacía Reich de una fórmula empleada originariamente por Nixon en relación con el gobierno de Salvador Allende: “Hay que hacer aullar de dolor a la economía”.[1] Ese principio ha sido repetido desde la pantalla de Mega TV por el propio Bayly, convocando a boicotear cualquier posibilidad de recuperación económica del gobierno de Maduro. El ex funcionario cubano-estadounidense fue nombrado en 1983 director de la Oficina de Diplomacia Pública en el Departamento de Estado, donde conoció a Oliver North, organizador de la contra nicaragüense. La fiscalía general de los Estados Unidos consideró en 1987 que North y Reich participaron “en actividades de propaganda prohibidas y encubiertas” en apoyo a dictaduras centroamericanas. Documentos desclasificados, además, revelan que Reich contrató personal militar para la realización de “operaciones sicológicas” orientadas a desprestigiar dirigentes políticos y sociales opuestos al rol desarrollado por las delegaciones diplomáticas en América Latina. Según William Goodfellow, analista del Centro para la Política Internacional de Washington, Reich es un “fanático derechista, con un récord bien documentado de negocios sospechosos que se originan en el escándalo Irán-Contras”, en el que su triangularon armas, cocaína y mercenarios para desestabilizar a la Nicaragua Sandinista. Reich ha conectado a Bayly a su red en Miami entre quienes se encuentran Rogelio Pardo Maurer, ex alto oficial de la Contra nicaragüense y ex secretario del Pentágono para el Hemisferio Occidental, que en su libro The Contras, 1980-1989: A Special Kind of Politics reivindica las alternativas de lucha militar en América Latina basadas en la asistencia y la financiación de la CIA. Reich ha sido un crítico de las políticas de Obama referentes a reestablecer relaciones diplomáticas con Cuba y el analista internacional Larry Birns lo considera, junto a Ted Cruz, uno de los máximos exponentes “del proceso de diseño de política hacia América Latina [que permanece en manos] del ala de extrema derecha de la comunidad cubano-estadounidense”. “Esta es una conspiración y vendrán otras, cuyos autores son todos hombres de honor, militares, policías, ex militares, ex policías venezolanos. Esta no es una conspiración de intelectuales o de artistas”, advirtió Bayly en su programa del 7 de agosto. “Es fácil que desde un canal de televisión de Estados Unidos se mande a matar a un presidente —respondió Nicolás Maduro desde Caracas—: ¿Qué pasaría si un periodista fanfarrón como este, desde una televisora de Venezuela, mandara a asesinar al presidente de Estados Unidos?”, se preguntó, retóricamente, el presidente venezolano. El injerencismo de la doctrina Monroe no descansa: sólo que en la actual etapa envía drones con explosivos en vez de capacitadores dispuestos a enseñar las mejores formas de aplicar el submarino. [1]. https://bit.ly/2M6fbsi

Fuente: Emiliano Guido | Nuestras Voces Fecha: 11 de AGO 2018 Tras la decisión del gobierno argentino y el llamado Grupo Lima de suspender su participación en la Unasur, el Jefe de Estado ecuatoriano anunció el cierre de la sede central –ubicada en Quito– que lleva el nombre de su primer Secretario General, Néstor Kirchner. Lenin Moreno pretende transformar la nave del bloque en una universidad indígena para reforzar su enfrentamiento con el ex presidente Correa. Mientras tanto, la diplomacia boliviana, a cargo de la presidencia pro témpore, intenta sin suerte convocar a una reunión extraordinaria de Cancilleres para zanjar la crisis. Una de las actividades turísticas típicas en la zona conocida como “la mitad del Mundo”, ubicada en el extrarradio de Quito, es conocer el edificio “Néstor Kirchner”; la nave moderna, vidriada y con jardines verticales, donde cumplen su jornada diaria de labor los funcionarios, cuadros técnicos y administrativos del bloque regional Unasur. “La actividad no ha sufrido ningún cambio a raíz del anuncio del presidente Moreno”, asegura Liset Lantigua, encargada del lugar, ante una enviada especial del diario colombiano El Tiempo que busca saber qué pasa en el supuesto “elefante blanco” de Sudamérica. Los nuevos gobiernos sudamericanos y los medios de comunicación no identificados con el proceso de integración vivido a principios de siglo vienen insistiendo con esa imagen: el coloso de la Unasur como un lugar fantasma, integrado por “okupas” de la burocracia zonal. “En un recorrido que realizó El Tiempo por la construcción de 20 mil metros se sintió el nerviosismo de decenas de empleados, nacionales y extranjeros que aún asisten y desconocen su futuro laboral. Estudiantes y turistas visitan a diario el edificio y algunos compran recuerdos del emblemático lugar en el que todavía funciona activamente la biblioteca Gabriel García Márquez”, detalla el artículo mencionado. En términos informativos, el presidente ecuatoriano anunció semanas atrás en un acto conjunto con la central indígena CONAIE que el edificio escoltado simbólicamente por la estatua de bronce del ex gobernador patagónico, una escultura que lo muestra con el saco abierto y el brazo extendido, será la futura Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblo Indígenas Amawtay Wasi. Además, el oficialismo y la oposición no correísta coincidieron, tanto en el Congreso como en la Alcaldía de Quito, en la intención de remover la estatua de Kirchner en Unasur y un busto del ex presidente situada en un plaza quiteña por considerar que no se debe homenajear a “un símbolo de la corrupción”. Moreno tomó la propuesta de su nuevo Canciller José Valencia, un diplomático de carrera formado en la Universidad de Harvard y ex representante permanente ante la OEA. Es más, el movimiento conservador CREO, liderado por el poderoso banquero Guillermo Lasso, propuso a Moreno realizar una minuciosa auditoría sobre los gastos incurridos por la burocracia asentada en el edificio “Néstor Kirchner”. Pero ninguna institución –o edificio en esté caso– termina casualmente con los músculos de gestión ateridos y vacío por dentro. El estado fallido de la Unasur fue construyéndose en los últimos meses con el auxilio de las administraciones que han adoptado una estrategia de inserción política y comercial diametralmente opuesta al horizonte marcado en su momento por el power trío conformado por los mandatarios Néstor Kirchner, Luiz Inácio Da Silva y Hugo Chávez. Un semestre atrás, la mitad de los miembros de la Unasur, capitaneados en la decisión por la Casa Rosada, determinaron su alejamiento temporal del bloque alegando que la no definición de su Secretario General estaba produciendo una parálisis del organismo. La no concurrencia de seis socios a los Consejos Ministeriales de la Unasur –como el Consejo de Defensa Sudamericano– paraliza el funcionamiento de la entente porque el quórum necesario de dichos brazos coordinativos requiere la participación de la mitad más uno de sus miembros. Luego, Lenin Moreno comunicó su intención de “recuperar” el edificio. Por último, el entrante mandatario colombiano Iván Duque fue por más y propuso directamente un abandono en estampida de la mesa común sudamericana. El profesor de relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian advirtió en una columna titulada “¿Bye bye South America?” escrita para el diario colombiano El Tiempo que: “No resulta claro el cálculo estratégico que podría subyacer al eventual alejamiento definitivo de Unasur. Un simple análisis de correlación de fuerzas muestra que los gobiernos de derecha y centroderecha constituyen hoy una mayoría evidente y políticamente gravitante. Si Unasur no funciona mejor no es por Ecuador, Bolivia o Uruguay, o por los gobiernos de derecha en Guyana o por el mandatario de origen golpista –ahora reelecto– de Surinam. El problema ha estado en la incapacidad de forjar acuerdos prácticos acerca de la Secretaría General y de crear mecanismos operativos para dirimir desavenencias, a lo cual se suman el elocuente ensimismamiento de Brasil y la refractaria política venezolana en materia de concertación. En todo caso, la responsabilidad del deficiente funcionamiento reciente de Unasur no puede recaer sobre Bolivia, que asumió la presidencia pro témpore hace apenas unos meses”. Mientras tanto, la Cancillería boliviana, a cargo de la presidencia provisional, advierte que el intento de desalojo anunciado por Moreno no es reglamentario y, en paralelo, intenta, o simula, la activación de un canal diplomático para devolverle sangre al bloque multilateral. En el primer punto, el ministro de Relaciones Exteriores de Evo Morales, Fernando Huanacuni, explicó en declaraciones públicas que el edificio “Néstor Kirchner” le pertenece en realidad a los doce miembros del bloque y que, por lo tanto, Moreno no puede pretender disponer del inmueble como si fuera una propiedad a su nombre. En todo caso, advierte Huanacuni, el gobierno ecuatoriano sólo podría abandonar su rol de anfitrión del bloque dando de baja el Tratado Constitutivo de la Unasur ante el Congreso local. Y recalca que una sede opcional a Quito debe suscribirse nuevamente por consenso entre los doce países miembros. En paralelo, el presidente boliviano Morales aprovechó una reunión bilateral con su futuro colega paraguayo Mario Abdo Benítez para remarcar que, ante el intento sin suerte de su Canciller, está dispuesto a tomar con manos propias lo que ya parece una ciclópea misión:

Fuente: Celso Guanipa Castro* | estrategia.la Fecha: 27 de JUL 2018 Tras seis años, en una decisión histórica contra la mentira institucionalizada por el latifundio y las transnacionales del agronegocio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay absolvió este jueves 26 de julio a los campesinos acusados ​​injusta e ilegalmente por la masacre de Curuguaty. Los magistrados dictaminaron que no se pudo comprobar que los acusados ​​tuvieron cualquier tipo de participación en la masacre del 15 de junio de 2012, cuando, cuando seis policías y 11 trabajadores rurales murieron tras un “enfrentamiento” provocado por la acción de francotiradores (algunos desde helicópteros) en el campamento de campesinos sin tierra de Marina Kue, en Curuguaty. El fallo dio por tierra con la farsa montada por los sectores más retrógrados de la sociedad paraguaya con apoyo de la prensa hegemónica, demostrando que la masacre montada no fue más que una excusa para el golpe de Estado y, con él, el intento del poder de frenar la lucha del pueblo paraguayo por la tierra, la independencia y la soberanía. De acuerdo con el juez Emiliano Rolón, la decisión fue unánime en favor de los campesinos: “no habrá nuevo juicio, simplemente se revoca la decisión del Tribunal. Tienen que salir libres”. El hecho, subrayó, “es que no se pudo ver quién disparó, hubo falta de evidencias, sumada a numerosas irregularidades, como alteraciones de la escena del crimen”. “La investigación fue muy incipiente, se cometieron muchos errores”, reiteró el jurista, para quien los recurrentes desasidos, siempre a favor de un lado de la balanza, requieren una profunda reflexión. “Es una administración de Justicia en crisis”, enfatizó. En Cuaraguaty se daba una disputa entre el Estado y la familia del senador Blas Riquelme, uno de los grandes beneficiados por la dictadura proestadounidense de Alfredo Stroessner (1954-1989), que acusaba a los campesinos de haber invadido una propiedad que no era suya. Aquel día de junio de 2012,  324 policías rodearon a menos de 60 campesinos, la mitad de ellos mujeres, niños y ancianos. Los magistrados al fin reconocieron que los trabajadores rurales no portaban armas de gran calibre —de las cuales partieron los proyectiles que provocaron las muertes— y las garruchas que disponían ni siquiera fueron disparadas. Para completar la manipulación, engrosada por los medios que contribuyó al derrocamiento del presidente Fernando Lugo una semana después de la masacre, el 22 de junio, la policía hizo desaparecer el rodaje del helicóptero sobrevolando el campamento, al igual que una serie de pruebas e indicios favorables al equipo de abogados de los sin tierra, recuerda el periodista brasileño Wexell Severo, observador internacional del Tribunal de Sentencias. Utilizados para justificar el golpe contra el gobierno de Lugo, los campesinos de Curuguaty se transformaron en presos políticos, de un proceso, viciado desde su nacimiento, por la camarilla de los sucesores de Stroessner. Wexell Severo explicó en sendos libros cómo el capital monopolista nacional y los carteles transnacionales actúan en fina sintonía contra la democracia y la soberanía, criminalizando la lucha por la tierra Para el abogado Victor Azuaga, las piezas del norme rompecabeza de la supuesta confrontación, “está claro que ha sido una masacre planificada, el propósitos muy bien definidos”. De esta manera, por unanimidad los magistrados Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto votaron por la nulidad de la sentencia del Tribunal de primera instancia —compuesto por Ramón Zelada, Benito González y Samuel Silvero— y el del tribunal de apelaciones -integrado por los camaristas Narciso Ferreira, María Belén Agüero y Carlos Domínguez. “Es un momento único y festivo que marca nuestras vidas, multiplica y potencia la lucha de los paraguayos por justicia, tierra y libertad. Esta es una victoria mayúscula que energizará y movilizará a miles”, declaró Guillermina Kanonikkoff, coordinadoras del Comité de Solidaridad con los presos de Curuguaty, anunciando lo que está por venir. Dolores López, Lucía Agüero y María Fani Olmedo, condenados a seis años de prisión, y Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Felipe Benítez Balmori y Juan Carlos Tillería, condenados a cuatro años, ya habían cumplido sus penas. Aún resta liberar a los cuatro presos políticos restantes recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, condenados de manera totalmente ilegitima y sin pruebas por homicidio doloso agravado, consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble:Rubén Villalba, condenado a 30 años de cárcel más cinco de medida de seguridad; Luis Olmedo Paredes, con una pena de 20 años de prisión; Néstor Castro, con 18 años, al igual que Arnaldo Quintana. *Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico   Nota Relacionada Lugo: Masacre de Curuguaty fue un montaje para justificar el juicio político  

Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna Fecha: 14 de JUL 2018 La guerra comercial planteada por Estados Unidos contra China, la Unión Europea, Canadá y México –entre otros— es la expresión del agotamiento económico y político puesto en evidencia por el gobierno de Donald Trump. Después de cinco décadas de neoliberalismo, y de instigar al resto del mundo a abrirse a los mercados globales, Washington se lanza a reducir su déficit comercial y relocalizar sus empresas. Al mismo tiempo intenta darle continuidad a sus debilitadas ventajas tecnológicas, hoy desafiadas por la República Popular China. Estados Unidos ha decidido instituir aranceles del 25 % a partir del 6 de julio sobre 818 artículos chinos, por 34.000 millones de dólares. Y mantiene en carpeta para decidir antes de que termine este año la inclusión de otras 300 posiciones arancelarias, sobre 16.000 millones. La respuesta de China fue gravar, prioritariamente, a aquellos productos que Beijing tiene identificados como pasibles de ser adquiridos a través de proveedores (países) alternativos, y a aquellos bienes que proceden de las zonas del Medio Oeste donde Trump tuvo su mayor caudal electoral en las últimas elecciones. Con este último objetivo China intenta garantizar conatos de resistencia en el núcleo duro del voto republicano. El 90 % de los 545 aranceles que Beijing ha decidido imponer provienen del sector agrícola de los farmers, históricos seguidores de las posiciones supremacistas de la derecha estadounidense. [1] De todas formas, el tema central de la disputa entre EE. UU. y China es prospectivo, y se vincula con quién será el líder del campo de las innovaciones en el mediano plazo. Hasta la fecha Washington sólo tiene superávit comercial en servicios e intangibles, justamente el campo comercial en el que ahora está siendo desafiado por China. La denominada Sección 301 de la Ley de Comercio de los Estados Unidos –encargada de monitorear (arbitrariamente) el acatamiento o la violación de las patentes— denunció que Beijing “roba propiedad intelectual de tecnología avanzada”, sin explicar con precisión el mecanismo y los beneficios alcanzados por tal hurto. La sección 301 siempre ha sido un mecanismo para imponer sumisiones científicas a todos los países que pretendían un desarrollo homogéneo dentro de sus fronteras. Lo que históricamente han hecho todas las potencias, copiar, adaptar y recrear, es hoy motivo de amenazas y persecuciones por parte de las agencias comerciales de Estados Unidos. La pelea de fondo Estos sectores –los servicios y los intangibles— empiezan a ser desafiados por la capacidad innovativa de Beijing, acrecentando aún más el déficit comercial total estadounidense: Jack Ma (Alibabá), Pony Ma (Tencent), y Liu Jun (de Xiaomi) empiezan a cuestionar el liderazgo de Larry Page y Serguei Brin (Google), Mark Zuckerberg (Facebook) y Jeff Bezos (Amazon). Entre las 50 empresas (startups) de alta tecnología más importantes del mundo, 26 son chinas y apenas 16 estadounidenses. Según investigadores del Pentágono –que siguen con mucha atención el dinamismo competitivo chino—, en 2016 Beijing participaba de proyectos de inversión tecnológica en Estados Unidos por un monto de 46.000 millones de dólares, mientras que en 2018 ese monto se redujo a 1700 millones, luego de guerra declarada por Trump. En el marco de esta contienda, Washington ha denegado recientemente a China Mobile (integrante de la corporación Alibabá) la posibilidad de ofrecer sus servicios de telecomunicación dentro de Estados Unidos, bajo argumentos eufemizados de seguridad nacional. Este conflicto tiene amplias repercusiones para América Latina, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico: la unipolaridad de las medidas planteadas por Trump –desconociendo las regulaciones planteadas por la Organización Mundial de Comercio— combinada con el trato discriminatorio hacia quienes son catalogados de “hispanos” (los latinoamericanos) es enunciado por el actor político estatal que fue el histórico legitimador del neoliberalismo en el último medio siglo. Los gobiernos de derecha en Brasil, Colombia, Argentina y Perú –entre otros— se muestran confundidos frente a las medidas neoproteccionistas planteadas por Washington, pero no atinan a reorientar sus políticas hacia las lógicas de integración planteadas con anterioridad por los gobiernos progresistas de principios de siglo XXI, dada su acostumbrada colonización mental. En el caso de Michel Temer, el seguidismo hacia las políticas de Estados Unidos lo ha llevado incluso a suspender la construcción del proyectado tren bioceánico (del Atlántico al Pacífico) que estaba destinado a ser una pieza clave en el comercio de la región con China. Macri, por su parte, en el marco del ascetismo fiscal neoliberal que Trump no practica, ha desestimado la construcción de Atucha IV, con tecnología canadiense y financiamiento de capitales chinos. Aún está pendiente la concreción o suspensión del inicio de Atucha V proyectada para inicios de 2022 y la realización de los acuerdos de producción conjunta de buques, aviones y helicópteros en la Argentina, también con financiación china. Estos dos últimos proyectos deberían –según las expectativas de Beijing—ser confirmados en noviembre de este año cuando Xi Jinping llegue a Buenos Aires en el marco del G20. Esta sería la diferencia clave con respecto a las experiencias latinoamericanas receptoras de Inversión Extranjera Directa (IED): mientras que China utilizó el arribo de empresas extranjeras para imaginar y generar productos propios (en el marco de políticas industriales activas), las maquilas mexicanas sólo dieron empleo a una pequeña porción de la sociedad, derivando sus rentas al mercado financiero especulativo. El modelo de inversión estadounidense pretendió que Beijing se comportara como México, absteniéndose de derivar sus rentas hacia la producción de bienes y servicios de exportación (íntegramente de marca y producción local): sin embargo, luego de armar por más de una década celulares nacidos en el Sillicon Valley, hoy China exporta teléfonos inteligentes por los que no debe abonar royalties a ninguna empresa por fuera de sus fronteras (como los celulares Huawei que disputan los primeros lugares de ventas en el mundo). El unilateralismo bravucón de Trump desafía la estabilidad discusiva de los relatos de la derecha latinoamericana. Durante la campaña electoral de 2015, el macrismo y los medios hegemónicos acusaron al gobierno de Cristina Kirchner de aceptar “bases

Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna Fecha: 01 de JUL 2018 Este domingo se realizan las elecciones en México. La totalidad de los pronósticos coinciden que el ganador será Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO o “El Peje”. Ese resultado –de no ser alterado por las aceitadas maquinarias electorales ilícitas— supondría la primera vez en 70 años que se consagra como Jefe de Estado un candidato que proviene de un partido de izquierda. El 7 de octubre de este año se desarrollarán las elecciones en Brasil, donde el PT, incluso sin la candidatura de Lula, aparece como el partido con mayores expectativas de voto. Las recientes elecciones en Colombia, donde por primera vez en 60 años llegó a segunda vuelta un candidato progresista, se suma a un fenómeno donde las alianzas neoliberales vuelven a ser cuestionadas con fuerza desde diversos sectores sociales y empiezan a mostrarse con deslices de debilidad vacilante. Las secuelas de estas dos compulsas electorales, de México y de Brasil, tendrán un gran impacto en el proceso electoral argentino de 2019, y generarán un nuevo vínculo de Latinoamérica con EE. UU. Para las elecciones del 1 de julio están inscriptos 89 millones de mexicanos. Casi 5 millones de ellos son jóvenes –entre 18 y 21 años– que podrán votar por primera vez. Además de la elección presidencial, se eligen gobernadores, senadores nacionales, legisladores federales, regionales, alcaldes y concejales. En total es una disputa por 18.311 cargos públicos en las distintas instancias, entre ellos 500 diputados y 128 senadores. Los cuatro aspirantes que lograron acceder a la candidatura presidencial son José Antonio Meade, postulado por la coalición Todos por México, alianza formada por el actual partido gobernante, el PRI (Partido Revolucionario Institucional), junto a dos pequeños partidos, la Nueva Alianza (PANAL, que sustenta una impronta neoliberal) y el Verde Ecologista de México (PVEM), que –al igual que varios de sus parientes en otros países latinoamericanos– se suma a cualquier conglomerado que estipule alguna medida genérica de cuidado del medio ambiente. Otro de los candidatos es Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, creada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) –otrora el agrupamiento político de izquierda del cual proviene AMLO, hoy parte del centro de espectro político—, en alianza con el Movimiento Ciudadano (MC) y el PAN (ambos conglomerados de derecha). Al igual que lo sucedido en la Argentina durante los años ’90, cuando Menem utilizó el PJ para llevar a cabo políticas neoliberales, el PRD ha sido inficionado por la misma experiencia, situación que motivó el abandono de AMLO de esa configuración política. El tercer candidato es un independiente: Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, gobernador del Estado de León y antiguo integrante del PRI. Su pretensión electoral original tenía como motivación disputarle caudal electoral a MORENA, pero el desarrollo de los acontecimientos llevó a que sus potenciales votantes aparezcan más ligados a la coalición Por México al Frente. Por su parte, AMLO conformó la coalición Juntos Haremos Historia donde se ha sumado su propia organización, MORENA, a los aportes de PT (Partido del Trabajo) y el Partido del Encuentro Social (PES), una agrupación evangelista conservadora que priorizó la faceta de honestidad (y lejanía de las mafias) del Peje, a quien nombran de esa manera en referencia al pejelagarto, un animal que es una combinación entre pez y lagarto, originario de Tabasco, su estado natal. López Obrador es hijo de comerciantes, estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y entre 1977 y 1982 volvió a Tabasco para convivir en las comunidades chontales, territorio de un pueblo originario de origen Maya, con quienes desarrolló programas de mejora agrícola y la generación de una línea de créditos –sin garantía— destinados a la construcción de viviendas, supletorias de la choza en las cuales vivía la comunidad desde siglos atrás. Durante los años ’90 AMLO volvió a activar junto a los chontales y encabezó varias protestas contra los daños ecológicos provocados por los pozos petroleros instalados en las cercanías de sus comunidades. La pobreza no se apaga con NAFTA Los sectores de la derecha neoliberal del continente vienen asumiendo con preocupación manifiesta el probable triunfo de López Obrador, luego de haber fracasado en su intentona de deslegitimación a través de su asociación con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La feroz campaña que lo tuvo como destinatario fue producida en Miami y tuvo como leit-motiv su caracterización como populista, etiqueta con la que la derecha latinoamericana denomina a todo lo que no es neoliberal. El sexenio de gobierno de Peña Nieto ha finalizado con un incremento colosal de la violencia, la corrupción y la pobreza. Según guarismos oficiales del instituto de demografía mexicano, el 43,6 por ciento de la población –54 millones de personas—viven en situación de pobreza y 26 millones de ellos con carencias alimenticias severas. Una gran parte de la economía del país depende de las trasnacionales automotrices y de empresas extranjeras que se implantan en territorio mexicano con el único objetivo de abonar salarios paupérrimos en relación con los que deben pagar en sus metrópolis. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido como NAFTA por sus siglas en inglés) ha beneficiado a un sector minoritario de la sociedad,  exiguas contribuciones que el gobierno de Trump busca limitar para repatriar capitales hacia EE. UU. México, que había intentado una política de sustitución de importaciones hasta los años ’80, se enfrentó al problema crónico de quienes lo intentan: la carencia de divisas. Para solucionar ese cuello de botella –a diferencia de Japón o Corea del Sur (entre otros)—, apeló a la solución facilista neoliberal de extranjerizar su economía beneficiando prioritariamente al sector trasnacional, lo que motivó una ampliación de las desigualdades sociales, una mayor dependencia de la economía norteamericana y una profundización del vínculo delictivo con las mafias del narcotráfico de los EE. UU., sin tener desarrollado un sistema de seguridad pública adecuado a esa apertura. La inversión extranjera creció –desde que se aprobó el NAFTA— en más de 300% y las