Como el resto de las naciones del orbe, la nuestra lleva ya más de seis meses atravesando una situación condicionada por los efectos de la pandemia, que se extiende a todos los espacios de la vida social. Hay sin embargo un hecho singular en el caso de nuestro país y es el intento creciente de quebrantar el orden democrático. Lo refleja con su comportamiento, una parte de la población, reducida en su dimensión cuantitativa pero poderosa y arrogante por los intereses que representa y la cobertura mediática que recibe. Entendemos que existe una intención definida y explícita de cuestionar la legitimidad para gobernar de autoridades respaldadas por el voto mayoritario hace menos de un año, con propuestas de signo opuesto al gobierno anterior que, al ser derrotado en las urnas, tuvo que abandonar la gestión del aparato del Estado. Podríamos enumerar varios hechos que tienen ese común denominador. La campaña contra los proyectos de reforma judicial, la de sanción de un impuesto a las grandes fortunas, la de expropiación de una empresa imputada por indicadores ostensibles de delitos económicos, la violación proclamada de las medidas sanitarias de aislamiento establecidas para prevenir los contagios, la protesta armada de sectores policiales reclamando mejoras salariales y otras reacciones parecidas que no se limitan a expresar una disidencia con la orientación del gobierno sino a cuestionar el ejercicio de su autoridad para promover cambios anunciados en sus programas o regular la atención y ordenamiento de conflictos propios de una sociedad, incrementados por el contorno que rodea a la pandemia. Estos sectores se han expresado de forma violenta, con consignas de corte destituyente que van mucho más allá de la expresión de una disidencia política que merecería ser respetada, y en ese sentido cabe aclarar que todas las vías para manifestarlas las han tenido siempre abiertas y con un potente aparato comunicacional que les continúa sirviendo de respaldo. Es preocupante que con estrategias parecidas se haya contribuido a derrocar por procedimientos ilegítimos a varios gobiernos latinoamericanos en los últimos años o se hayan verificado actos proscriptivos en contiendas electorales. Brasil, Bolivia y Ecuador, dan cuenta de la veracidad de esa descripción. La historia argentina del último siglo, presenta lamentablemente períodos oscuros de desaparición del orden democrático y por eso es importante desplegar un llamado de alerta, cuando asoman comportamientos que parecieran poner en juego su vigencia. Dice nuestra Constitución en su art. 22 que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Agrega que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya sus derechos o peticione en su nombre comete el delito de sedición. Es una norma nuclear y es importante evitar un estado de anestesia social que acepte con resignación que sus disposiciones, de origen centenario, no tengan vigencia porque minúsculos sectores privilegiados se creen con derechos mayores a los alcanzados con su voto por las mayorías populares. Desde el LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDIO, nos resulta necesario no guardar silencio frente al riesgo que representan estos fenómenos, alertar sobre su existencia y convocar a todos las fuerzas afines a nuestra mirada a sumarse y desplegar acciones que contribuyan a la defensa del orden democrático. Marcelo Horestein, Presidente Dardo Esterovich, secretario
