En el contexto en que se está llevando adelante un brutal ajuste, la represión es una de las respuestas que cuadra perfectamente con el manual de los gobiernos neoliberales. Pero hoy la represión cobra múltiples formas y no es solamente la que ejercen físicamente las fuerzas de seguridad contra el pueblo en la calle. Hay otra más sutil que consiste en el control de la población mediante el uso métodos sofisticados de vigilancia que permitirían anticipar escaladas de protestas callejeras, puntualizar persecuciones y arrestos, generar miedo y minimizar desbordes. En ese marco, la incorporación del sistema de alta tecnología israelí Pegasus —adquirido recientemente por el gobierno de Cambiemos— adquiere una significación superlativa. En qué consiste, para qué sirve y el marco jurídico de su aplicación es abordado en un vasto informe que preparó la Comisión de Asuntos Jurídicos del LLAMAMIENTO Argentino Judío que brindamos a continuación. INFORME “Pegasus”, el Estado de Policía de Macri y la provisión israelí del soft En los últimos años, la noticia de la existencia de un software capaz de espiarte en tu casa intrusando tu celular ganó en varias oportunidades páginas de los periódicos en diversos países del mundo. Últimamente, ha llegado a la Argentina. El soft del que hablamos es “Pegasus” un producto creado por una corporación —NSO Group— del complejo industrial-militar israelí. La existencia del software fue detectada a raíz de la denuncia hecha por un activista de Derechos Humanos en Emiratos Árabes Unidos, detenido por el gobierno de su país en 2011. Ahmed Mansoor logró aportar material sobre su denuncia al laboratorio de la Universidad de Toronto, donde el “malware” fue detectado. Porque se trata de eso, es un “malware”. (Contracción de “Malicious Software”, un software utilizado por alguien que penetra en un dispositivo para extraer —ilegalmente, por cierto— información, según lo define la empresa “Avast” editora de programas antivirus y de protección). Su utilización en Latinoamérica por los gobiernos de Panamá y México ha generado escándalos de los que se ha ocupado la prensa continental y de los Estados Unidos. Su fabricación y venta —sólo a Estados— constituye una violación a derechos humanos básicos aceptados sin controversia por la comunidad de naciones que colocan a este instrumento de inteligencia en una categoría similar —mutatis mutandi— a la de las armas químicas: en ambos casos la tecnología permite fabricarlas, y ciertamente otorgan, en un escenario de guerra una ventaja estratégica a quien las posea. Pero, el orden público internacional las prohíbe por cuanto su utilización constituye una gravísima violación a los derechos humanos. Su posesión otorga al Estado que lo posea una ventaja estratégica en su esfuerzo de seguridad. Pero los hechos demuestran que los Estados que lo adquieren lo usan para violar las garantías básicas de sus ciudadanos y que, en lugar de incrementar la seguridad de los ciudadanos, deja sin seguridad a todo aquel que sea opositor al gobierno que lo posee. Así lo revela particularmente el caso de México, entre los espiados hay periodistas —una de ellas sería la famosa periodista Carmen Arístegui— y México tiene uno de los récords mundiales en asesinato de periodistas. No es menor que el fabricante del soft en cuestión sea Israel por el rol que tiene en el tablero geoestratégico mundial y es inquietante que uno de los compradores sea el gobierno de Mauricio Macri, que ya lo estaría utilizando entre nosotros. Se trata de un soft diseñado para invadir la privacidad de las personas. Eso, contraviene el Sistema de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Israel (y Argentina) están obligados a respetar por ser parte de las Naciones Unidas (que, en definitiva, estambién un Tratado Internacional) Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las NN.UU el 10/12/1948, en su Art. 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. El Art. 18 del mismo instrumento, establece el derecho a la libertad de pensamiento, y el Art. 28 —¡importantísimo!— dice “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.” El Art. 17 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966, tiene el mismo texto. Israel, como país fabricante y comercializador a Estados del software “Pegasus” claramente incumple estos mandatos que le son obligatorios. El 31/10/2017, en el programa conducido por el periodista Roberto Navarro —por entonces en el canal C5N— el también periodista Horacio Verbitsky se refirió a la adquisición de “Pegasus” por el gobierno de Mauricio Macri y exhibió en cámara un brochure de la compañía fabricante “NSO Group”. De esa fuente, leyó Verbitsky en cámara: “PEGASUS, la completa solución de Inteligencia Cibernética que le permite a los organismos de orden público y a las agencias de inteligencia extraer de forma secreta y remota información remota y secreta desde prácticamente cualquier dispositivo móvil”. Este párrafo trascripto, confrontado con los textos de los tratados internacionales de derechos humanos que antes se ha citado, no deja lugar a dudas: lo que “NSO Group” fabrica es un instrumento de violación de Derechos Humanos. Ello es así porque lo que ofrecen, exclusivamente a Estados, no es un instrumento de uso judicial (para intervenir teléfonos bajo orden de un juez, por ejemplo) sino, lisa y llanamente, un instrumento para ser usado por organizaciones que eufemísticamente llaman “de orden público” o, más lisa y llanamente, “agencias de inteligencia”. Actividades que el sistema legal vigente globalmente, el sistema de Naciones Unidas, sólo permite para uso militar y expresamente veda, como se ha visto, para ser usadas inmiscuyéndose en la privacidad de los ciudadanos. Israel, lamentablemente, es un estado especializado en violar Derechos Humanos de todo tipo. Una reseña de sus graves violaciones no es
