Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna
Fecha: 5 de julio de 2020
En las últimas semanas se escuchó el sonido de estatuas destrozadas y pedestales quebrados. Activistas enemigos de las herencias coloniales ataron cuerdas y cadenas en los cuellos de bronce de épocas despreciables. La irritación de los manifestantes se inició con el asesinato de George Floyd, pero su onda expansiva se desplazó hacia las representaciones de los victimarios de los pueblos originarios, curiosamente coincidentes. El 25 de mayo último, en Minneapolis, se inició una protesta social multitudinaria que cubrió el territorio de los Estados Unidos pero que luego se extendió hacia otras ciudades del mundo. El contexto del distanciamiento social no impidió que cientos de miles de personas se congregaran para revelar su hartazgo respecto a un sistema que necesita de la discriminación para su autopreservación.
Cuando Covid-19 se transformó en una pandemia, muchos analistas se preguntaron sobre sus posibles consecuencias y sobre cuáles serían los actores sociales colectivos que influirían en sus efectos y secuelas. Apenas tres meses después se advierten algunas respuestas. El virus dejó al desnudo diferentes superficies infectadas del engranaje neoliberal, pero la pausa global no logró disimular algunas de sus partes constitutivas, sobre las que fundan la cultura racialista de la modernidad.
El supremacismo, más o menos explícito, es una condición de posibilidad del entramado neoliberal. Sus beneficiarios se han postulado históricamente como los promotores de una etapa racional y sensata de la civilización. Para justificar su continuidad como redentores de la humanidad han apelado a la naturalización del sometimiento y a la sacralización de sus ornamentos urbanos, emplazados como adorno pero también como dispositivo de advertencia y disciplinamiento.
Las movilizaciones que terminan destruyendo monumentos, que los vandalizan, manchan o que llevan a cabo intervenciones sobre ellos están desafiando la argamasa simbólico-cultural sobre la que se sustenta el orden social. Su malestar se orienta a rechazar tanto su impronta bélica como su persistencia represiva. La primera fase de la movilización social, convocada para repudiar el asesinato de Floyd, consistió en desplegar consignas contra la desvalorización de la vida de los afrodescendientes. La segunda etapa cuestionó las estatuas de los referentes esclavistas ligados a la Guerra de Secesión de mediados del siglo XIX y a sus traficantes de esclavos asociados. El último movimiento de protesta se aglutinó en torno a las representaciones imperiales expresadas por la imagen de Cristóbal Colón. En Boston, una estatua del marino italiano fue decapitada en rechazo al sufrimiento causado a los pueblos originarios. En la ciudad de Bristol, en el Reino Unido, el monumento que recordaba al esclavista Edward Colston fue arrojado al río Avon.
Las manifestaciones que se suceden desde hace más de mes tendrán sin duda consecuencias en la campaña electoral estadounidense, de cara a los comicios de noviembre próximo. Sin embargo, quienes agitan la consiga de Las vidas de los negros importan (Black Lives Matter) no objetan únicamente un presente electoral. Advierten una realidad disimulada y/o escondida: que la población afrodescendiente es la minoría más golpeada por el desempleo, que sufren los más altos índices de encarcelamiento y que es la más castigada por la epidemia de las adicciones. Además, la respuesta al crimen contra Floyd no se agota en el antirracismo. Se amplía hacia otras expresiones recónditas del sometimiento: contra las representaciones de quienes instauraron la comercialización de seres humanos y contra quienes se enriquecieron con la acumulación de riqueza generada por el trabajo esclavo.
Superhéroes esclavistas
Como contrapartida, los grupos hegemónicos herederos y beneficiarios de la lógica supremacista –hoy devenidos en rentistas de los esquemas financieros– intentan preservar la memoria de sus ancestros, los mercaderes de carne humana, porque de esa rememoración también depende la continuidad de su identidad legitimada. Son conscientes de que su perdurabilidad como grupo también depende de que se cuestione lo menos posible la impunidad de la dominación, en todas de sus formas. Con ese cometido, para impedir la continuidad de este desorden subversivo, el Presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva en la que se prohíbe destruir monumentos, dado que forman parte de los contenidos fundacionales de la sociedad estadounidense. Efectivamente: para que la lógica imperial pueda perpetuar su rol de gendarme planetario –esbozan los indignados defensores de las estatuas– deben preservarse los lazos históricos que vinculan y actualizan el permanente énfasis guerrerista.
Gran parte de los monumentos atacados por los manifestantes, advierten las organizaciones de Derechos Humanos, fueron emplazados con posterioridad a la Guerra Civil (1861-1865), con el explícito objetivo de someter culturalmente a la población afrodescendiente, garantizar la continuidad de su segregación y desvalorizar la libertad recientemente obtenida. A mediados de junio la senadora estatal de Virginia Mamie Locke explicó el malestar de la comunidad negra respecto a determinado mobiliario urbano: “Esas estatuas no fueron erigidas para hablar sobre la realidad de la historia. Fueron erigidas para decirme a mí y al resto de los afrodescendientes que ‘sus vidas realmente no me importan’”.
La bandera de la Confederación –que funciona como divisa para los grupos supremacistas– sirve para humillar a los descendientes de esclavos con el objetivo de impedirles abandonar la actitud de resignación y subordinación introyectada por los mercaderes. Sus integrantes son homólogos a quienes defienden la portación de armas de guerra para usos civiles. Son parientes también de los que desprecian a los inmigrantes y que resguardan el espíritu militarista que legitima bombardeos e invasiones. Estos defensores del orden consideran que es ignominioso destrozar iconografías urbanas porque suponen una afrenta contra su identidad. Se resisten a aceptar que muchos transeúntes se ven obligados a observar –como si fuesen altos dignatarios o próceres– a los torturadores y asesinos de sus antepasados.
Entre 1870 y 1930 se difundieron por América del Norte y Europa los zoológicos itinerantes humanos. El objetivo, presentado con ánimo antropológico, permitía observar detenidamente a quienes se definía como criaturas diferentes –procedentes de África y otras regiones periféricas–. En 1958, durante la denominada Exposición Universal de Bruselas, se montó el último zoológico de personas en el que se exhibió (para la educación y diversión de los europeos blancos, “en condiciones autóctonas”) a familias africanas en una situación homóloga a la de otras especies de mamíferos. La Segunda Guerra Mundial había concluido pocos años atrás, pero la experiencia belga en el Congo –donde se llevó a cabo el genocidio más cruento del Siglo XIX– nunca produjo un juicio de Nuremberg. La expo fue muy exitosa y tuvo una duración de 200 días. El concepto organizador de la mismas fue exponer los avances tecnológicos, sociales y culturales de la posguerra. Bruselas es hoy la capital del Parlamento Europeo.
Cuestionar el pasado a través de sus monumentos y dilucidar el rol de los próceres supone también debatir el presente. Toda estatua busca imponerse como pretensión de inmortalidad. Su emplazamiento intenta consolidar una versión pública y representativa del pasado. Sin embargo, todas las sociedades intervienen en forma permanente sobre sus monumentos históricos con el objeto de otorgarles un sentido adecuado y coherente con su devenir presente. La historiadora del arte Erin Thompson considera que “el poder quiere siempre auto preservarse: por eso –en la historia– la destrucción es la norma y la preservación es la rara excepción. Como humanos, hemos estado haciendo monumentos para glorificar a las personas (…) y otras personas han comenzado a derribarlos. Hay estatuas del antiguo Cercano Oriente de los reyes asirios que tienen talladas maldiciones que dicen ‘al que derriba mi estatua, déjelo sufrir por el resto de su vida’”.
Ningún criminal histórico ha logrado per se garantizar la permanencia de su busto luego de las sistemáticas reconsideraciones y balances sobre su trayectoria biográfica. Siempre han logrado posar para algún artista mercenario pero no han impedido que la impetuosa horda humana saldara cuentas con sus mezquindades y sus bajezas. Ni siquiera su pretendida eternidad les fue garantizada.
El último miércoles 1° de julio, el juez federal Daniel Rafecas identificó un inmueble en el barrio porteño de Floresta donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura genocida. En su dictamen, dispuso que dicho predio debía transformarse en un Sitio de Memoria. En 2018 falleció el investigador catalán Josep Fontana i Lázaro. Una de sus sentencias más recordadas consigna que “si para alguna cosa sirve la historia es para hacernos conscientes de que ningún avance social se consigue sin lucha”.