Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna
Fecha: 16 junio 2019
La publicación de tres notas en el portal The Intercept, firmadas por Glenn Greenwald y Victor Pouggy, han vuelto a poner en evidencia la tríada de dispositivos básicos utilizados para disciplinar a diferentes actores políticos y económicos latinoamericanos, considerados como reacios a someterse a los mandatos de la lógica monopólica trasnacional. [1]
El divulgación de los intercambios realizados a través de la plataforma Telegram, entre el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, son inentendibles por fuera del entramado estructural que implicó el origen de la investigación del Lava Jato, el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, la posterior detención de Lula Da Silva y las simultáneas persecuciones a dirigentes políticos populares en América Latina, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa.
La ofensiva busca garantizar la supremacía de los intereses estratégicos de quienes se perciben como desafiados por la emergencia de actores estatales o corporativos dinámicos, capaces de disputar espacios de influencia o preponderancia política y económica, y/o de diluir o debilitar la histórica aspiración de control geopolítico estadounidense.
El denominado Lava Jato tuvo su origen en la aplicación de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA, por su sigla en inglés), motorizada y aplicada por el Departamento de Justicia (DOJ) con sede en Washington. Bajo esa norma doméstica, aprobada en 1977, el gobierno de Estados Unidos se arroga la persecución de todos los empresarios y políticos que interfieren (en la actualidad o en forma potencial) en la supremacía de las cadenas de valor coordinadas por las corporaciones trasnacionales monopólicas. En ese marco, cualquier empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, que posee cuentas bancarias en su territorio, tarjetas de crédito o que registra interacciones con alguna empresa radicada en Estados Unidos, puede ser investigada o perseguida, a nivel local o extraterritorial, por el largo brazo de la justicia de la DOJ, sin mediar acuerdos de extradición u otros protocolos jurídicos bilaterales. Esta legislación autoriza a Washington a una literal jurisdicción internacional, ajena al derecho internacional, para perseguir delitos reales o ficticios de corrupción. Dado que es infrecuente la existencia de empresas o particulares que carecen de interacciones a través de cuentas o tarjetas de crédito cuya terminal es Estados Unidos, el mundo entero es pasible de ser espiado, interferido o interdicto.
El portal The Intercept, fundado y dirigido por Greenwald, residente desde hace 14 años en Río de Janeiro, fue el encargado de hacer públicas, junto al diario The Guardian en 2013, las operaciones de espionaje realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) contra la entonces Presidenta brasileña Dilma Rousseff y la empresa Petrobras, entre otras.[2] Los documentos divulgados, recabados originalmente por el contratista de la NSA Edward Snowden, daban cuenta con lujo de detalles del entramado de investigaciones ilegales articuladas por las distintas agencias de inteligencia y las empresas internacionales de telecomunicaciones, las proveedoras de internet y los responsables de la infraestructura de redes.[3]
Para acceder a las comunicaciones encriptadas de los gobiernos y de las empresas consideradas antagonistas (o capaces de desafiar la hegemonía corporativa estadounidense), la NSA desarrolló los programas PRISM, FAIRVIEW y BLARNEY, idóneos para interceptar comunicaciones, datos encriptados e imágenes provenientes de redes de todo el mundo [4]. Estas aplicaciones, que son actualizadas en forma permanente para sortear contrafuegos y detectores de interferencias, fueron utilizadas tanto para relevar las conversaciones de la Presidenta de Brasil como para examinar las operaciones comerciales llevadas a cabo por distintas empresas brasileñas con aspiraciones trasnacionales, entre ellas Odebrecht y Petrobras.
Dicha información permitió, gracias a los datos suministrados (o manipulados) por la DOJ, el desmantelamiento de las multinacionales brasileñas y el reparto de las distintas licitaciones entre candorosas empresas estadounidenses que poseen el hándicap de no ser espiadas por la Ley de Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA). A nivel doméstico, las corporaciones estadounidenses están resguardadas por la IV Enmienda y la Informational Privacy Act, conocida como Privacy Act 124, relativas a la protección de datos, no pasibles de ser registrados por la autoridad pública sin una orden judicial previa fundamentada [5].
Una voz en el teléfono
Los datos provistos por la NSA que divulgaban los secretos comerciales de Petrobras (nada originales, cotejados con otras gestiones corporativas de empresas de hidrocarburos a nivel global) fueron esgrimidos para derogar en Brasil, en 2017, la Ley 4567, aprobada durante el gobierno del PT, mediante la cual se garantizaba la exclusividad de la explotación del crudo por parte de la empresa estatal. Desde ese momento, gracias a la labor de Michel Temer, refrendada luego por Bolsonaro, lo que pertenecía a la sociedad brasileña pasó a ser extraído, operado y comercializado por Chevron y Royal Dutch Shell. Dos corporaciones en las que sobreabundan los capitales accionarios cuyos titulares son fondos especulativos radicados básicamente en Estados Unidos y en el Reino Unido. Paradójicamente los mismos paquetes accionarios tienen presencia en las mismas empresas de telecomunicaciones, cooperantes de la NSA, con la que se llevaron a cabo las labores de espionaje [6].
En forma sincrónica, las plataformas del tipo FPSO (Unidades flotantes de producción, almacenamiento y transferencia de petróleo y gas) ancladas a unos 200 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, cuadruplicaron las existencias del recurso: de los 40.000 millones de barriles conjeturados para 2013 se pasaron a contabilizar pozos capaces de producir 176.000 millones. Dicha cifra, divulgada por el Instituto Nacional de Aceite y Gas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro, equivale a cinco años del total del consumo mundial. La ventaja extra radica en su costo de extracción: alrededor de 8 dólares por barril, muy por debajo del valor promedio de la producción mundial [7].
Otro tanto sucedió con la empresa Embraer, que fue adquirida por Boeing en un 80 %, de su valor accionario (por un monto de U$S 4.200 millones) después de un sistemático esquema de espionaje gestionado por la NSA para impedirle a la empresa estatal brasileña la realización de acuerdos con corporaciones europeas y asiáticas. Dicha operación, ejecutada mediante la aplicación de espionaje ECHELON, fue denunciada por la Comunidad Económica Europea por ser parte de un programa de inteligencia competitiva ilegal para evitar la sinergia entre Embraer y Airbus. La disputa por espacios de influencia corporativa incluyó la pérdida del contrato del grupo francés Thompson-CSF con Embraer por 1300 millones de dólares, en favor de la empresa estadounidense Raytheon, asociada a Boeing, gracias a la información comercial interceptada por ECHELON. Durante ese mismo lapso, Boeing logró impedir el convenio por 6.000 millones de dólares (monto superior al de la venta en 2018) con Arabia Saudita. El contrato, en forma sin dudas fortuita, terminó siendo adjudicada a las corporaciones estadounidenses Boeing y McDonnell-Douglas. Gracias a la NSA, la suma de los contratos perdidos por Embraer (en Europa y Arabia Saudita) suman el doble de la inversión hecha por Boeing para la adquisición de Embraer [8].
La ofensiva lanzada por la NSA también limitó el desarrollo de proyectos estratégicos de defensa nacional, como la construcción de los submarinos nucleares, que fueron caracterizados por el entonces embajador estadounidense en Brasil, Clifford Sobel (según los documentos divulgados por los Wikileaks en 2010), como un “elefante blanco políticamente populista” al que habría que imposibilitar su financiamiento. De acuerdo con un estudio realizado por la consultora GO Associados, la Operación Lava Jato causó una caída del 2,5% en el PIB solamente en 2015 y arrastró a la economía brasileña a una pendiente de la que aún no se pudo recuperar [9].
El modelo de inteligencia competitiva coordinado por los organismos de seguridad de Estados Unidos para darle continuidad forzada a su hegemonía productiva y financiera tiene un caso testigo. El último enero fue publicado en Francia el libro Trampa Americana, de Frederic Pierucci, en el que se detalla cómo el ejecutivo de la empresa energética Alstom, de capitales europeos (el propio Pierucci), fue detenido en el aeropuerto de Nueva York en 2013, acusado de entregar dádivas a corporaciones tailandesas, en el marco de la Ley FCPA. En forma coetánea a su detención, Pierucci formaba parte del conjunto de funcionarios de Alstom opuestos a la venta del paquete accionario a inversores estadounidenses. Condenado a dos años de cárcel bajo el cargo de corrupción en terceros países, escuchó el 23 de abril de 2014, desde la prisión de Wyatt, en Rhode Island, el informe de la adquisición de Alstom por parte del grupo estadounidense General Electric [10].
El trípode: medios, jueces y servicios
El maridaje de espionaje y persecución jurídica se instituye a través de un tercer pilar: las noticias provistas por los medios hegemónicos, también comprometidos, por claros intereses crematísticos, con el Departamento de Estado. Glenn Greenwald, quien obtuvo el premio Pulitzer en 2014 por su análisis e investigación de los materiales divulgados por Edward Snowden, entre ellos un informe detallado sobre el programa estadounidense de asesinatos selectivos, declaró el último martes que la Red O´Globo “es socia, agente y aliada de Moro y [de la cuestionada investigación] del Lava Jato”[11]. Después de calificar a sus responsables editoriales como parte de un “grupo de tareas” detalló cómo sus periodistas se sometieron a un pedido de Moro para que no se reporteara a Lula, a quien consideraban capaz de influir en la campaña electoral en la que terminó venciendo Bolsonaro.
La concentración oligopólica y la defensa irrestricta del modelo neoliberal financiero, caracterizado por la precarización y la exclusión de amplias capas sociales, requiere de la desterritorialización de los países subalternos y la consiguiente búsqueda por desmembrar sus pilares soberanos, tanto jurídicos como económicos.
Las pretensiones de control global, sin embargo, se llevan a cabo en nombre de los valores republicanos y la supremacía de la Justicia, al tiempo que se violan descaradamente los acuerdos básicos del derecho internacional. El último 17 de abril el jefe del departamento de seguridad del gobierno de Donald Trump, John Bolton, celebró eufórico en Miami la fracasada invasión de Bahía de Cochinos de 1961. Una de las frases más aplaudidas de su discurso de homenaje a los mercenarios derrotados fue: “La Doctrina Monroe está viva. Bien viva”.
[2]. Además del espionaje sobre la Presidenta brasileña, la NSA interfirió la comunicación de otros 29 integrantes de su gobierno, entre ellos el entonces secretario de la presidencia, Antonio Palocci y el ex ministro de Relaciones Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo Machado y los embajadores brasileños en París, Ginebra, Bruselas y Washington. http://bit.ly/2WEAxT0
[6]. https://bbc.in/2F9ETGN y http://bit.ly/2KmX6VI
[10]. Un hecho similar sucedió en diciembre pasado con el arresto de la directora financiera de Huawei (y a la vez hija de su fundador), Meng Wanzou, en Vancouver, Canadá, a petición del DOJ, bajo la acusación de violar las sanciones económicas de EE.UU. contra Irán. Uno de los datos más significativos de dicha detención, enmarcada en la denominada guerra comercial que no es más que una búsqueda desesperada por conservar el dominio y la hegemonía mundial, fue la exigencia realizada por las autoridades estadounidenses a las canadienses para que la detenida entregue en forma inmediata todos sus dispositivos electrónicos, ordenadores y contraseñas respectivas, para ser inspeccionadas con carácter de urgente. http://bit.ly/2IGqrav y https://bbc.in/2WJRhIv