Fuente: Carlos Heller | TiempoAr
Fecha: 04 de NOV 2018
«Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene es el aumento de impuestos y otra parte la reducción del gasto». Esta frase fue dicha por Mauricio Macri en una conferencia de prensa en Córdoba esta semana, avisando que el objetivo de déficit primario cero será costoso, especialmente preocupado, como lo expresó otras veces, por los aumentos de impuestos, que van en contra de lo que prometió en todo momento al círculo rojo y a la ciudadanía. El tema es quiénes pagarán los costos. Los invito a ir descubriendo esta pregunta.
Fiel a su política de monitoreo constante sobre los países deudores, el FMI ya confirmó que una nueva misión llegará a la Argentina para continuar con la evaluación del programa económico. El vocero del Fondo, Gerry Ryce, remarcó el compromiso argentino de «eliminar el déficit fiscal y apuntar a una política de libre flotación del tipo de cambio». Queda claro entonces que más allá de las expresiones de confianza hacia el gobierno de Cambiemos, el organismo no dudará a la hora de seguir bien de cerca la ejecución de las políticas económicas. En ese sentido, no es casual que la aprobación definitiva del nuevo acuerdo se haya dado a conocer al día siguiente de haberse obtenido la media sanción del Presupuesto 2019, en el que se incorporan todos sus pedidos. El más importante, el ajuste fiscal.
Pero la contracción fiscal del 3,1% del PBI para 2019 es sólo el comienzo, un anticipo de lo que en realidad es un plan a más largo plazo. La idea última es que la Argentina deje de endeudarse. Para que esto suceda, no basta con alcanzar el déficit primario cero, ya que esta definición deja afuera los intereses de la deuda, que son cada vez más cuantiosos. Sólo en 2018, la deuda pública como porcentaje del PBI habrá aumentado 23,6 puntos porcentuales, es decir, pasará en sólo un año del 57,6% al 81,3%. En algún momento, el endeudamiento será inviable. Por eso, la meta fiscal acordada con el FMI para 2020 es lograr un 1% de superávit primario. Resultan interesantes en este punto las declaraciones del expresidente del BCRA y exministro de Economía, Roque Fernández. En una entrevista brindada el 2 de noviembre al diario El Cronista, manifestó que «la economía, en la situación en la que está, no puede indexar salarios», a lo que agregó que si no se logra el superávit fiscal (primario) «la Argentina no es viable (…) y muchas veces eso requiere de un ajuste en todos los sectores que integran el Presupuesto». ¿Por qué la necesidad del superávit fiscal? Porque se necesita para pagar los intereses de la deuda pública. Fernández señaló claramente: «Acá rápidamente hay que empezar a proveer condiciones que aseguren que ese déficit primario que va a ser cero ahora, va a pasar a un superávit de 2% en 2020 y de 4% en 2021». No es más que la propuesta de continuar con el fuerte ajuste fiscal.
Este discurso que intenta transmitir la idea de que no hay otra alternativa no es una novedad. La idea de un único camino es conocida. En plena crisis en septiembre de 2001, el por entonces ministro de Economía Domingo Cavallo nos decía, luego de presentar la carta de intención al FMI, que la única meta por cumplir era el déficit cero para luego agregar que «no es una solución sencilla (…) pero es la mejor frente a todas las alternativas». Casi 30 años antes, el ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz, señalaba ‒también en el marco de un fuerte ajuste económico‒ que la política es el «arte de lo posible» y no de lo «deseable».
Pero volviendo a la Argentina actual, el objetivo de equilibrio fiscal no es un objetivo erróneo en sí mismo. El problema radica en cómo se llega a él. Si por la vía del recorte del gasto público, especialmente en aquellas áreas más sensibles, o por la vía de la reactivación económica que genera un círculo virtuoso de mayor recaudación, mayor poder de compra de los salarios, más empleo, etc. El primer caso, al que adhiere el gobierno de Macri, se caracteriza por políticas fiscales procíclicas de ajuste (cuestión reconocida por el staff del FMI) que, a través del «enfriamiento» de la economía, y contradiciendo las experiencias ya vividas, lleva necesariamente hacia una senda de ajustes interminables. Otro tema esencial es la magnitud del ajuste que está encarando Argentina, que es uno de los más profundos entre los que ha monitoreado el FMI.
El último documento del organismo sobre Argentina destaca que «el staff continuará trabajando con las autoridades a lo largo del programa para mejorar la calidad de la consolidación fiscal y hacerla lo más amigable al crecimiento y duradera posible». Frase que omite deliberadamente la incongruencia entre ajuste fiscal y crecimiento «amigable». ¿Amigable para quién? ¿Para los jubilados que deben sobrevivir con ingresos cada vez más lejanos a la realidad inflacionaria? ¿Para los trabajadores informales que sin cobertura médica deben enfrentarse a un sistema de salud público con recursos fuertemente recortados? ¿Para los alumnos que asisten a colegios públicos a los que prácticamente se les eliminó la partida para mantenimiento de infraestructura?
La frase citada continúa: «Esto podría incluir una eventual expansión de la cobertura del PIT (se refieren al Impuesto a las Ganancias de la IV categoría) desde el decil más alto al quintil más alto de la distribución salarial»; (es decir, pasar de gravar el 10% más alto de los salarios al 20% más alto, el doble). Aumento de impuestos (como dijo el presidente) sobre las espaldas de los trabajadores. Es el modelo.
Trabajadores que, además, vienen soportando una gran pérdida en el poder adquisitivo de sus ingresos. Se acaban de conocer los datos de salarios recabados por el Indec para agosto de este año, y son más que preocupantes. Si comparamos la evolución de los primeros ocho meses, período en el cual pegó más fuerte la crisis, las diferencias son significativas: con una inflación del 24,3% hasta agosto, los salarios privados registrados aumentaron un 17,7%, los públicos un 15,2%, mientras que los no registrados evidencian un aumento de sólo el 9,7%. Estas cifras no sólo sustentan que se está consiguiendo uno de los objetivos principales de los planes de ajuste, la caída en los salarios reales, sino también el impacto de la precarización laboral sobre estos.
La recesión también hace lo suyo. Cada día cierran más y más empresas pymes, y es usual conocer las quiebras o convocatorias de acreedores de grandes empresas de distintos rubros, principalmente industriales.
La situación recesiva, además, mejora la cuenta comercial, reduciendo en forma significativa las importaciones, y achicando el déficit externo, una preocupación que siempre ha estado en el primer lugar entre las tantas del FMI sobre la economía argentina.
De allí que el combo devaluación y recesión ha sido (y seguirá siendo) esencial para los planes del FMI y del gobierno argentino. Un altísimo costo para «estabilizar la economía». Costo que queda implícito cuando reconocen que hay que proteger a los sectores más débiles. Pero, ¿de qué hay que protegerse? De sus políticas. Eso ya no lo pueden negar.
Por más que quieran prometernos un futuro venturoso, el plan económico de este gobierno no tiene un final feliz. Al menos para la mayor parte de la población. Las condiciones sociales serán, entre otras cuestiones, las que desafíen esa ansiada «estabilización» de parte del gobierno y el FMI. Y hay que tener en cuenta que, lo repito, aún no ha comenzado el fuerte ajuste previsto en el Presupuesto 2019.