Fuente: David Grossman | El País
Fecha: 06 de AGO 2018
La capacidad de dividir y hacer daño de la nueva ley sobre el Estado-nación del pueblo judío es tan evidente que la obstinación del primer ministro en no modificarla hace sospechar que tiene otra intención oculta: la voluntad de mantener abierta la herida de las relaciones entre el Estado y la minoría árabe que vive en él. Abierta, reavivada y amenazadora.
¿De dónde puede emanar esa voluntad? ¿Por qué tendrán ese deseo el Gobierno y el primer ministro? No podemos hacer más que conjeturas: ¿quizá porque una minoría herida es más vulnerable y manipulable, es blanco fácil del odio, el terror y la desintegración, más propicio para la política del “divide y vencerás”?
Esta es la forma de dejar una llaga abierta: de golpe, con una sola ley superflua, Netanyahu y su Gobierno han sacudido los cimientos sobre los que se apoya la quinta parte de los ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Porque pueden. Porque están seguros de que nadie puede impedírselo. Porque quieren que los ciudadanos árabes de Israel vivan con cierta sensación permanente de malestar existencial, de incertidumbre sobre su futuro. Que recuerden constantemente, a cada instante, que dependen de la buena o mala voluntad del Gobierno, que su existencia, aquí, es condicional. Están presentes, pero pueden convertirse en cualquier momento en ausentes.
Esta ley, además, expresa de forma inequívoca otra cosa: que el primer ministro de Israel está empeñado no solo en no poner fin a la ocupación y la situación de apartheid en los territorios ocupados sino en todo lo contrario, en intensificarlas y extenderlas desde esos territorios al corazón del Estado de Israel. En otras palabras, esta ley representa, en la práctica, el abandono de cualquier posibilidad de que un día llegue a su fin el conflicto con los palestinos.
Por otra parte, esta ley “devalúa” la presencia en Israel de la lengua árabe, una lengua que encarna un universo, una conciencia, una identidad, una cultura. Un tejido infinito que abarca los menores detalles de la vida. Un hombre, un político, tiene que ser increíblemente osado y arrogante para atreverse a atacar —aunque sea solo formalmente, como alega el legislador— la lengua de otro pueblo para humillarlo. El hebreo y el árabe son lenguas hermanas, que han estado imbricadas durante toda la Historia. Millones de judíos israelíes han mamado el árabe de su madre. El hebreo no contiene palabras suficientes para indignarse ante el ultraje cometido contra su hermana.
El pueblo judío ha vivido durante milenios como una minoría en sus países de residencia. Esa experiencia conformó nuestra identidad y agudizó nuestra sensibilidad ética. Hoy, los judíos constituimos la mayoría en nuestro país. Ser la mayoría entraña una responsabilidad enorme y un formidable reto político, social y, sobre todo, humano. Exige comprender que la actitud respecto a la minoría es una de las grandes pruebas que tiene que superar una mayoría en un régimen democrático. Y en estos momentos, en esa prueba, el Gobierno de Israel ha fracasado de una forma tan estrepitosa que ha resonado en todo el mundo. En ese mismo mundo al que acusamos hasta hartarnos de discriminar a las minorías judías que habitan en él.
Por eso sería una tragedia irreparable que la comunidad drusa se resigne a aceptar una “compensación”, económica o de otro tipo, por la injusticia que comete contra ella la ley del Estado-nación del pueblo judío. Al contrario, la nueva situación creada por la ola de protestas —justificadas— contra esta ley puede ser un trampolín para un proceso más general en el que los drusos sean la punta de lanza de la lucha por la igualdad de todas las minorías musulmanas y cristianas de Israel.
El hecho de que, al menos por ahora, los dirigentes drusos hayan aceptado el programa de compensación propuesto por Netanyahu demuestra que años de discriminación y promesas vacías les han hecho olvidar, incluso a ellos, el significado exacto de la plena igualdad.
En la conflictiva realidad israelí, no está de más recordar que la igualdad no es una “recompensa” que el ciudadano recibe de su Estado por los servicios prestados de una u otra forma. Ni siquiera por haber sacrificado su vida. Hasta los judíos ortodoxos que se niegan a servir en el ejército son ciudadanos que gozan de los mismos derechos. La igualdad es el punto de partida de la ciudadanía, no su resultado. Es el suelo sobre el que el germen de la ciudadanía puede crecer. Y es lo que otorga la libertad suprema, la libertad de ser diferente, otro, divergente, y, sin embargo, ser igual a cualquier otro ser humano.
En mi opinión, las últimas leyes dictadas por el Gobierno son una consecuencia no pequeña de un modo de pensar perverso engendrado por cinco décadas de ocupación. Son resultado de un complejo de superioridad étnica, del frenesí de aventurarse en no sé qué “nosotros” nacionalista que se justifica a sí mismo y pretende expulsar del “hogar” a todos los que no sean esos “nosotros”, ya sean miembros de otros pueblos, otra religión u otro sexo.
No obstante, es posible que esta ley tenga algo positivo, porque ha dejado al descubierto, tanto para la derecha como para la izquierda, sin ilusiones ni otras trampas de la conciencia, qué bajo ha caído Israel. Quizá esta ley sacuda por fin a todos los que, en la derecha y en la izquierda, tememos por Israel, por su espíritu, su humanidad y sus valores judíos, democráticos y humanos.
No tengo ninguna duda de que hay mucha gente así, de izquierda, de derecha y de centro, personas honradas y realistas que saben que esta ley no es más que una medida despreciable y una traición del Estado para con sus ciudadanos. Netanyahu, como de costumbre, presenta la decisión como un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Pero no es verdad; es un combate más profundo y más fatídico, un combate entre los que se han rendido y los que aún conservan la esperanza. Entre los que han cedido a la tentación nacionalista y racista —y a las manipulaciones de la intimidación— y los que le siguen plantando cara. Los que se obstinan en mantener en su corazón una imagen, una intención, una esperanza de cómo pueden ser las cosas en un Estado de derecho.
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