Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna
Fecha: 01 de JUL 2018
Este domingo se realizan las elecciones en México. La totalidad de los pronósticos coinciden que el ganador será Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO o “El Peje”. Ese resultado –de no ser alterado por las aceitadas maquinarias electorales ilícitas— supondría la primera vez en 70 años que se consagra como Jefe de Estado un candidato que proviene de un partido de izquierda.
El 7 de octubre de este año se desarrollarán las elecciones en Brasil, donde el PT, incluso sin la candidatura de Lula, aparece como el partido con mayores expectativas de voto. Las recientes elecciones en Colombia, donde por primera vez en 60 años llegó a segunda vuelta un candidato progresista, se suma a un fenómeno donde las alianzas neoliberales vuelven a ser cuestionadas con fuerza desde diversos sectores sociales y empiezan a mostrarse con deslices de debilidad vacilante. Las secuelas de estas dos compulsas electorales, de México y de Brasil, tendrán un gran impacto en el proceso electoral argentino de 2019, y generarán un nuevo vínculo de Latinoamérica con EE. UU.
Para las elecciones del 1 de julio están inscriptos 89 millones de mexicanos. Casi 5 millones de ellos son jóvenes –entre 18 y 21 años– que podrán votar por primera vez. Además de la elección presidencial, se eligen gobernadores, senadores nacionales, legisladores federales, regionales, alcaldes y concejales. En total es una disputa por 18.311 cargos públicos en las distintas instancias, entre ellos 500 diputados y 128 senadores.
Los cuatro aspirantes que lograron acceder a la candidatura presidencial son José Antonio Meade, postulado por la coalición Todos por México, alianza formada por el actual partido gobernante, el PRI (Partido Revolucionario Institucional), junto a dos pequeños partidos, la Nueva Alianza (PANAL, que sustenta una impronta neoliberal) y el Verde Ecologista de México (PVEM), que –al igual que varios de sus parientes en otros países latinoamericanos– se suma a cualquier conglomerado que estipule alguna medida genérica de cuidado del medio ambiente.
Otro de los candidatos es Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, creada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) –otrora el agrupamiento político de izquierda del cual proviene AMLO, hoy parte del centro de espectro político—, en alianza con el Movimiento Ciudadano (MC) y el PAN (ambos conglomerados de derecha). Al igual que lo sucedido en la Argentina durante los años ’90, cuando Menem utilizó el PJ para llevar a cabo políticas neoliberales, el PRD ha sido inficionado por la misma experiencia, situación que motivó el abandono de AMLO de esa configuración política.
El tercer candidato es un independiente: Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, gobernador del Estado de León y antiguo integrante del PRI. Su pretensión electoral original tenía como motivación disputarle caudal electoral a MORENA, pero el desarrollo de los acontecimientos llevó a que sus potenciales votantes aparezcan más ligados a la coalición Por México al Frente.
Por su parte, AMLO conformó la coalición Juntos Haremos Historia donde se ha sumado su propia organización, MORENA, a los aportes de PT (Partido del Trabajo) y el Partido del Encuentro Social (PES), una agrupación evangelista conservadora que priorizó la faceta de honestidad (y lejanía de las mafias) del Peje, a quien nombran de esa manera en referencia al pejelagarto, un animal que es una combinación entre pez y lagarto, originario de Tabasco, su estado natal.
López Obrador es hijo de comerciantes, estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y entre 1977 y 1982 volvió a Tabasco para convivir en las comunidades chontales, territorio de un pueblo originario de origen Maya, con quienes desarrolló programas de mejora agrícola y la generación de una línea de créditos –sin garantía— destinados a la construcción de viviendas, supletorias de la choza en las cuales vivía la comunidad desde siglos atrás. Durante los años ’90 AMLO volvió a activar junto a los chontales y encabezó varias protestas contra los daños ecológicos provocados por los pozos petroleros instalados en las cercanías de sus comunidades.
La pobreza no se apaga con NAFTA
Los sectores de la derecha neoliberal del continente vienen asumiendo con preocupación manifiesta el probable triunfo de López Obrador, luego de haber fracasado en su intentona de deslegitimación a través de su asociación con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La feroz campaña que lo tuvo como destinatario fue producida en Miami y tuvo como leit-motiv su caracterización como populista, etiqueta con la que la derecha latinoamericana denomina a todo lo que no es neoliberal.
El sexenio de gobierno de Peña Nieto ha finalizado con un incremento colosal de la violencia, la corrupción y la pobreza. Según guarismos oficiales del instituto de demografía mexicano, el 43,6 por ciento de la población –54 millones de personas—viven en situación de pobreza y 26 millones de ellos con carencias alimenticias severas.
Una gran parte de la economía del país depende de las trasnacionales automotrices y de empresas extranjeras que se implantan en territorio mexicano con el único objetivo de abonar salarios paupérrimos en relación con los que deben pagar en sus metrópolis. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, también conocido como NAFTA por sus siglas en inglés) ha beneficiado a un sector minoritario de la sociedad, exiguas contribuciones que el gobierno de Trump busca limitar para repatriar capitales hacia EE. UU.
México, que había intentado una política de sustitución de importaciones hasta los años ’80, se enfrentó al problema crónico de quienes lo intentan: la carencia de divisas. Para solucionar ese cuello de botella –a diferencia de Japón o Corea del Sur (entre otros)—, apeló a la solución facilista neoliberal de extranjerizar su economía beneficiando prioritariamente al sector trasnacional, lo que motivó una ampliación de las desigualdades sociales, una mayor dependencia de la economía norteamericana y una profundización del vínculo delictivo con las mafias del narcotráfico de los EE. UU., sin tener desarrollado un sistema de seguridad pública adecuado a esa apertura.
La inversión extranjera creció –desde que se aprobó el NAFTA— en más de 300% y las exportaciones en más de 800%. Sin embargo, en el mismo periodo la pobreza relativa se redujo en forma mucho más limitada que el resto de América Latina.
Lo que en 1992 se presentó como la panacea del crecimiento virtuoso (mediante la desregulación de los mercados y la apertura externa) expresa hoy con una estructura económica mucho más dependiente que, de cambiar el patrón de acumulación decidido en Washington, sucumbiría a una crisis devastadora. Paralelamente, la articulación subalterna con Canadá y EE. UU. se observa ahondada a través de las políticas migratorias supremacistas y humillantes postuladas por Trump, sumadas a sus recurrentes amenazas de construcción del muro fronterizo entre ambos Estados.
La inversión extranjera y las exportaciones –que motivaron la incorporación al NAFTA— tenían el propósito de aliviar un problema crónico de la economía mexicana: la escasez de divisas y su consecuencia, el recurrente déficit de balanza de pagos, que caracterizan a los Estados que persiguen un esquema de industrialización por sustitución de importaciones. El resultado del NAFTA es que las divisas provistas por la instalación de la “maquila” no se canalizaron en inversión productiva, social ni en infraestructura, sino que gran parte de ese valor agregado se dirigió a la fuga de capitales y a oxigenar las burbujas especulativas.
Con el NAFTA, México produjo una apertura económica funcional a las necesidades de las cadenas globales de valor y abandonó su política industrial histórica, lo que generó la disminución de su crecimiento y —sobre todo— una restricción creciente en la integración social de inmensos segmentos poblacionales a la red de servicios sociales.
Algunos analistas comparan el NAFTA con el tratado firmado por Guadalupe Hidalgo en 1848, en el que México aceptó la entrega de la mitad de su territorio a Estados Unidos luego de la guerra que los confrontó. El tratado rubricado en la década del ’90 reorientó la economía mexicana hacia las demandas de EE. UU., y al mismo tiempo congeló las estrategias locales de desarrollo. Desnacionalizó los soportes estructurales de su sistema bancario, ubicándolo al servicio de la especulación financiera y rentista y consolidó un “modelo exportador segmentado y excluyente”, generando además un entramado legal —en relación con el NAFTA— que solo podría resquebrajarse (paradójicamente) gracias a un torpe movimiento de Donald Trump.
Se escuchan tiros
El gobierno de Enrique Peña Nieto va a quedar en la historia de su país asociado a una mancha de sangre cuyo rótulo dice Ayotzinapa. Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 la policía municipal de Iguala, ubicada a 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México, persiguió a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se encontraban reclamando pacíficamente contra las medidas gubernamentales de reducción presupuestaria para la educación. El saldo de esa represión fue 9 personas fallecidas, 27 heridos y 43 estudiantes que aun permanecen desaparecidos, alumnos del magisterio de una escuelita rural. Ese crimen de lesa humanidad no cuenta con detenidos, ni juzgados ni imputados.
En la campaña electoral que se inició hace tres meses fueron asesinados 129 políticos y candidatos de los diferentes partidos políticos. Desde 2007 se han producido 200.000 homicidios muchos de los cuales se vinculan al enfrentamiento de carteles del narcotráfico, articulados a la participación de las fuerzas armadas en la represión. En el último año, los informes oficiales contabilizan 30.000 asesinatos.
La violencia contra las mujeres ha alcanzado cifras aterradores: en los últimos 12 años, entre 2004 y 2015, han sido asesinadas 23. 461 mujeres, y sus victimarios han sido –mayoritariamente— sus ex parejas. En 2017 ha habido 507 agresiones contra periodistas, 52 atentados contra medios de prensa y a 12 periodistas se los ha asesinado. En ese mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha informado sobre 34 homicidios contra activistas y militantes de los DDHH. El promedio de impunidad de estos delitos alcanza el 90% de los casos.
El sistema político mexicano está atravesado por dos grandes grupos mafiosos que en anteriores elecciones coincidían en candidatos y esquemas de continuidad expoliadora, asociada a la apertura trasnacionalizada. Ese esquema se resquebrajó ante la renegación del NAFTA, planteada por Trump, la corrupción inocultable y el crecimiento exponencial de la violencia. Uno de eso grupos se conoce con el mote de Atlacomulco, del cual forma parte Peña Nieto y la cadena Televisa (similar al grupo monopólico Clarín de la Argentina o la Red O´Globo de San Pablo). Su actual oponente en la distribución de favores estatales es Salinas de Gortari, otro ex presidente –también proveniente del PRI— pero socio de Carlos Slim, el multimillonario propietario de TELMEX.
En diciembre de 2017 Peña Nieto promulgó una Ley de Seguridad Interior destinada a afrontar la sangría homicida —convertida en pandemia social— con balas del ejército y la marina de guerra. Esa normativa, similar a la que pretende el macrismo en Argentina, fue repudiada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) y el Washington Office of Latin America (WOLA), entre otras instituciones que Peña Nieto no pareció escuchar.
El mismo día que fue publicada en el boletín oficial la incorporación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, se promulgó, además, un Ley de Biodiversidad que autoriza a desplazar comunidades originarias y erradicar áreas naturales protegidas en aras de la explotación minera y de hidrocarburos.
Sociedades militarizadas, articulación subalterna con las cadenas de valor, recursos naturales expoliados por el extractivismo desenfrenado y una especulación financiera resistente a las regulaciones, son las expresiones más acabadas del modelo impuesto por el neoliberalismo. Un gran desafío para AMLO, quien –consultado sobre qué frase de la historia mexicana lo interpelaba con mayor elocuencia, no dudó en apelar a Emiliano Zapata: “Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”.
[1]https://elpais.com/internacional/2017/08/15/mexico/1502756737_844937.html