Fuente: Barak Ravid | Haaretz
Fecha: 02 de OCT 2017
Título completo: La ONU envía cartas de advertencia a 150 compañías que trabajan en los asentamientos israelíes en Palestina
Hace dos semanas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU empezó a enviar cartas a 150 compañías en Israel y el resto del mundo advirtiéndoles de que iban a ser incorporadas a una base de datos de empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes de Cisjordania y Jerusalén Oriental, según declararon a Haaretz funcionarios israelíes y diplomáticos occidentales relacionados con este tema.
El funcionario israelí, que pidió permanecer en el anonimato debido al carácter confidencial del tema, señaló que las cartas, enviadas por el propio Comisionado, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, advertían a estas compañías de que estaban haciendo negocios en “los territorios palestinos ocupados” y, por tanto, su nombre podría incorporarse a la lista negra elaborada por la ONU de empresas que operan violando “la legislación nacional y las decisiones de la ONU”. Dichas cartas, cuyas copias llegaron hasta el gobierno israelí, solicitan a las compañías que aclaren a la Comisión sus actividades empresariales en los asentamientos.
Un diplomático occidental, que también pidió permanecer anónimo, indicó que 30 de esas 150 compañías son estadounidenses y otras proceden de países como Alemania, Corea del Sur y Noruega. La mitad son israelíes.
En agosto, el Washington Post informó de que entre las compañías estadounidenses que habían recibido cartas se encontraban Caterpillar, Priceline.com, TripAdvisor y Airbnb. Según la misma información, la Administración Trump está intentando trabajar con la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para evitar la publicación de la lista. La cadena de televisión israelí Channel 2 informó hace dos semanas de que la lista incluía algunas de las mayores compañías en Israel, como Teva, Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bezeq, Elbit, Coca-Cola Israel, Africa-Israel, IDB, Egged, Mekorot y Netafim.
Funcionarios israelíes de alto nivel temían que la desinversión o la reducción de actividades empresariales debidas a la lista negra hubieran empezado a convertirse en realidad. Según sus informaciones, la Oficina de Asuntos Estratégicos del Ministerio de Economía estaba al tanto de que algunas de las empresas receptoras de la carta habían respondido al Alto Comisionado afirmando su intención de no renovar los contratos vigentes ni firmar otros nuevos.
“Estas compañías no pueden diferenciar entre Israel y los asentamientos, por lo que están dando por terminadas todas sus operaciones”, según el alto funcionario israelí. “Las compañías extranjeras no van a invertir en algo que apesta a problemas políticos: esto podría tener el efecto bola de nieve”.
Un comité interministerial compuesto por los ministerios de Asuntos Exteriores, Asuntos Estratégicos, Justicia y Economía continúa trabajando para intentar evitar la publicación de la lista. Sin embargo, según estiman la mayor parte de funcionarios implicados en esta iniciativa gubernamental, la publicación es inevitable y la lista probablemente se dará a conocer a finales de diciembre.
Para intentar minimizar el daño potencial, el gobierno israelí está contactando con las compañías extranjeras incluidas en la lista, haciendo hincapié en su insignificancia y en que su carácter no es vinculante. También les ha comunicado que está manteniendo contactos con los gobiernos extranjeros para informarles de que la utilización de dicha lista significa cooperar en el boicot a Israel.
En marzo de este mismo año, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos con sede en Ginebra aprobó una resolución propuesta por la Autoridad Palestina y las naciones árabes, para crear una base de datos de compañías israelíes y extranjeras que tuvieran relaciones comerciales directas o indirectas en Cisjordania, Jerusalén Oriental o los Altos del Golán. La resolución fue aprobada a pesar de la enorme presión ejercida por Estados Unidos para suavizar el texto de la misma. La Unión Europea intentó asimismo llegar a un acuerdo con los palestinos para retirar la cláusula en la que se estipula la publicación de la lista negra, a cambio del apoyo europeo al resto del articulado, pero el intento fracasó.
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo