Fuente: Ari Lijalad | Nuestras Voces
Fecha: 20 de OCT 2017
El juez Pablo Cayssials declaró que es inconstitucional el artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que el juicio político es la única forma de remoción del Procurador General. Con esta decisión deja habilitada la posibilidad de que Mauricio Macri pueda desplazar a Alejandra Gils Carbó con un simple decreto. La operatoria fue tramada entre el Gobierno, un juez vinculado a Macri y el Grupo Clarín.
Mauricio Macri logró un fallo a medida para intentar remover a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó sin juicio político. El juez Pablo Cayssials resolvió que el requisito del juicio político es inconstitucional. Es en una causa iniciada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y uno de sus apéndices, la asociación Será Justicia. La operación fue coordinada con el Gobierno y avalada por un juez con estrechos vínculos con Macri y el Grupo Clarín.
El Gobierno, la city y el sello de goma
La operación contra Gils Carbó desnuda las relaciones entre el Gobierno y los abogados de la city, alineados en esta cruzada. El modus operandi fue la presentación de dos denuncias gemelas. Una presentada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), cuya sede en la calle Montevideo alberga lo que Horacio Verbitsky definió como “el establishment jurídico que postró al país”. La otra, por un sello de goma creado por el mismo Colegio de la calle Montevideo, la agrupación Será Justicia. Ambos, con un vínculo estrecho con el Gobierno.
La relación del Gobierno con Será Justicia –el apéndice de los abogados del establishment– es explícita. Lo demuestran sus posicionamientos políticos y los funcionarios que provienen de sus filas. Un ejemplo es Maria Eugenia Talerico, la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), fundadora de la agrupación. Fue su primera protesorera. Otro, Juan Curutchet, actual presidente del Banco Provincia designado por Maria Eugenia Vidal, que fue vocal de Será Justicia en su fundación.
El vínculo entre el CACBA y Será Justicia también es alevoso. El acto fundacional de Será Justicia, en 2012, fue en la sede del Colegio en la calle Montevideo. Su objetivo primordial fue accionar contra las reformas judiciales encaradas entonces por el kirchnerismo. Fueron los artífices de las movilizaciones a favor del eterno supremo Carlos Fayt y de la marcha del 18 de febrero de 2015, al cumplirse un mes del fallecimiento del fiscal Natalio Alberto Nisman. Será Justicia apenas funciona formalmente: tienen una página de Facebook pero el link a su web institucional no está operativo. El presidente del CACBA es Guillermo Lipera, socio del estudio Bulló. Antes, fue presidente fundador de Será Justicia. Hicieron enroque con Máximo Fonrouge, que pasó de conducir el Colegio de la calle Montevideo a presidir Será Justicia. Fonrouge es socio del estudio Cassagne, uno de los más prominentes de la city porteña. Otro de los socios es Ezequiel Cassagne, que oficia de Secretario del Colegio de Abogados de la calle Montevideo.
Forum shopping
La presentación de denuncias gemelas es una de las formas de lo que en la jerga judicial se conoce como forum shopping. En criollo, son maniobras para manipular el destino de las causas judiciales y que le toque resolver a jueces y fiscales permeables o cercanos.
La denuncia de Será Justicia le tocó al juez Ernesto Marinelli, la del CACBA a Rita Ailán. El juez Marinelli, luego de un pedido del CACBA, las unificó. Este juez tuvo una tensa relación con el kirchnerismo. Con el macrismo, por el contrario, tuvo buenos gestos. Por ejemplo, rechazó la suspensión del decreto que permitió ampliar la amnistía de delitos financieros (que el Gobierno llamó “blanqueo”) a los familiares de los funcionarios.
Las denuncias tenían un sólo objetivo: lograr el desplazamiento de Gils Carbó. Pedían que se declare inconstitucional el artículo 76 de ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que a Gils Carbó sólo se la puede remover por vía del juicio político. Es lo que ahora les concedió el juez Cayssials.
Enseguida se notó la mano del Gobierno en esta operación. En lugar de defender al Estado y la legalidad de las leyes, el Ministerio de Justicia comandado por Germán Garavano le dio la razón a los demandantes. Fue la confesión implícita de que era una maniobra coordinada, ya que el Estado siempre debe defender la legalidad de las leyes.
El artículo 76 de la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal establece que “el Procurador General de la Nación solo puede ser removido por las causales y mediante el procedimiento establecidos en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”. El 53 dice que la Cámara de Diputados puede iniciar un juicio político y el 59 que el Senado es quien juzga. En ambas Cámaras se requieren dos tercios de los presentes. Macri no tiene esos números parlamentarios y, por ende, intenta avanzar por otras vías non sanctas.
La Procuración quiso intervenir en esta causa que apunta contra Gils Carbó, pero el juez Marinelli no aceptó. Sólo admitió a la propia Gils Carbó como tercera interesada. Esta intervención de la Procuradora logró un primer freno a esta maniobra a todas luces coordinada entre el Gobierno y los grupos de abogados afines. La cuestión era obvia: si alguien demanda y el demandado le da la razón, el juez falla a favor del demandante. En este caso, le iba a dejar despejado el camino a Macri para remover a Gils Carbó por un mecanismo fuera del juicio político.
Finalmente, el juez Marinelli fue recusado y el expediente recayó en manos del juez Cayssials. Entre los últimos fallos de Cayssials se destacó la anulación de la adecuación de oficio del Grupo Clarin a la ley audiovisual (hoy derogada por Macri). Tal como informó Nuestras Voces, el juez Cayssials tiene en sus manos la demanda de la familia Macri contra el Estado por la estatización de Correo Argentino donde reclaman 2.365 millones de pesos.
Nuestras Voces también informó que esta operación tuvo un revés cuando el fiscal Miguel Gillian dictaminó que los aliados de Macri no tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad del requisito del juicio político y que, además, esto implicaría derogar una ley, prerrogativa que es del Congreso. Ahora, con su fallo, el juez Cayssials revierte la postura del fiscal Gillian y le libera el camino a Macri para desplazar a Gils Carbó.
Para el juez, la Ley de Ministerio no podía establecer el requisito de juicio político cuando la Constitución no lo establece taxativamente. Cita para esto al prestigioso jurista Germán Bidart Campos, pero de forma parcial. Tal como advirtieron abogados como Graciana Peñafort y Lucas Arrimada, el juez Cayssials recortó intencionalmente el párrafo del texto de Bidart Campos donde explicita que justamente el caso de la Procuradora General de la Nación es uno de los que sí se entiende que debe ser removida vía juicio político.
El fallo es apelable, y Gils Carbó ya prepara su presentación. Sin embargo, los antecedentes de Macri permiten avizorar un horizonte de tironeo de la legalidad para cumplir sus objetivos. El abogado constitucionalista Gustavo Arballo arriesgó una vía de acción que puede tomar Macri: la utilización del artículo 99 de la Constitución, que permite que el Presidente nombre y remueva a “los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma”. Es la herramienta que utilizó Macri para nombrar dos jueces de la Corte por decreto al inicio de su mandato.
“Por decreto no, sino que intentaremos reformar la ley”, le dijo el ministro de Justicia Garavano a Clarín. Sin embargo, según pudo saber Nuestras Voces, ese decreto (o un borrador avanzado del mismo) ya está escrito.
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