Fuente: Irina Hausser | Página 12
Fecha: 24 de JULIO 2017
El fiscal Delgado impulsa una causa penal para investigar si se hizo o no el sorteo para nombrar al juez Irurzun en la Dirección de Captación de Comunicaciones. Una semana antes ya había trascendido quién sería designado.
Como buen organismo de espionaje, la Dirección que se ocupa de las escuchas telefónicas está cargada de misterios, que se multiplicaron desde el día uno en que pasó a ser controlada por la Corte Suprema. El fiscal Federico Delgado decidió impulsar una investigación penal para determinar si fue trucho o ni siquiera se hizo el sorteo del titular de esa dependencia, el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal. El dictamen de la fiscalía imputa a los jueces supremos que firmaron una acordada con esa designación –que son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda– y al secretario general de administración, Daniel Marchi, que aparece como fedatario. Se basa en una denuncia que hizo el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en función de una nota publicada por PáginaI12 el 20 de junio último, que revelaba que en el expediente sobre la oficina de escuchas no hay ninguna constancia ni acta de que se haya hecho el sorteo, que es obligatorio según el decreto que dispuso el traslado del área desde la Procuración hacia el máximo tribunal, y que se debe hacer entre las decenas de camaristas federales de todo el país. Hasta hubo publicaciones periodísticas previas al menos en dos diarios que anunciaban que el camarista “sorteado” para el cargo iba a ser Irurzun. Delgado también quiere investigar la prolongación por un nuevo decreto del mandato del mismo camarista, que en un comienzo duraba un año y cuando se le estaba por vencer pasó a durar tres, lo suficiente como para acompañar al gobierno de Mauricio Macri hasta el final.
Delgado señaló en su requerimiento que se debe analizar si hubo una falsedad de documento público, ya que el texto de la acordada en la que los jueces supremos nombraron a Irurzun como titular de la llamada Dirección de Captación de Comunicaciones (el 15 de febrero de 2016) dice que lo hicieron por sorteo, pero no especifica qué mecanismo se usó (puede ser con bolillero o un sorteo informático, como se hace por lo general con las subrogancias), ni hay acta adjunta que acredite su realización, y en el máximo tribunal las fuentes consultadas por este diario no tienen noticia de que se haya hecho. El fiscal pidió una serie de medidas iniciales básicas, desde la incorporación al expediente de todos los decretos vinculados con la creación y el funcionamiento de la Dirección de escuchas, las notas de La Nación y Perfil que anuncian la designación de Irurzun el fin de semana previo a que se concretara el supuesto sorteo, los elementos que puedan acreditarlo y la declaración de empleados y funcionarios de la dependencia a cargo del tema. La que suele ocuparse de los sorteos y de la implementación de nuevas estructuras es la Secretaría de Administración, que conduce el contador Marchi, hombre de máxima confianza de Lorenzetti.
Parrilli presentó la denuncia en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, porque allí tramita la causa donde se investiga el origen de las filtraciones públicas de sus comunicaciones telefónicas, algunas con Cristina Fernández de Kirchner y otras con funcionarios que lo acompañaban en la AFI, como Juan Martín Mena. Fueron todas intervenciones telefónicas que se hicieron durante la nueva gestión en la central de espías, a cargo de Gustavo Arribas, y desde que pasaron a la órbita de la Corte Suprema. Unas se hicieron en un caso de supuesto encubrimiento del narco Ibar Pérez Corradi y otras, previas, fueron parte de una “precausa” iniciada por la propia AFI con la pretensión de verificar si Parrilli se había llevado material del organismo de inteligencia. Esta escucha se hizo apenas asumió Arribas y mientras el área de intervenciones pasaba a la Corte. Duró cuatro meses pero la jueza María Servini de Cubría cerró el caso, y después empezó la de la causa de Pérez Corradi a cargo de Ariel Lijo. Ninguna de esas conversaciones arrojó nada de interés penal, sólo una pintura de la vida privada del ex funcionario y sus diálogos en confianza con la ex presidenta que fueron mostrados por algunos medios. Frente a la nueva denuncia de Parrilli por Irurzun y los decretos de escuchas, Canicoba Corral prefirió mandar a abrir una nueva investigación. El sorteo informático lo designó a él mismo, junto con el fiscal Delgado.
Poder concentrado
Durante muchos años, la dependencia que manejaba las escuchas telefónicas perteneció a la ex Side y era conocida como la Ojota (Oficina de Observaciones Judiciales). Su función siempre fue técnica: es el lugar donde se registran las conversaciones, en los casos de delitos que requieren rápida acción se siguen en directo (como con los secuestros extorsivos) y todo se graba en CDs. Las intervenciones sólo se pueden hacer con la orden de un juez o jueza y por el tiempo que éstos determinen. En ocasiones, alguna fuerza de seguridad colabora con la toma de las escuchas o su desgrabación, según indica el juzgado. Pero esa es su única actividad: grabar, horas. Cuando se perfilaba la sanción de un código procesal acusatorio que daría facultades de investigación más fuertes a los fiscales y mientras se reformaba la ex Side, las escuchas fueron mudadas a la Procuración. Con el desembarco de Macri, un decreto las sacó de la órbita de Alejandra Gils Carbó y las mandó a la Corte. Desde que se hizo el traspaso curiosamente empezaron a trascender episodios de espionaje político. Aquel decreto decía que el organismo estaría a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, a designar por sorteo, y señalaba que duraría un año en funciones, sin chances de renovar hasta pasados cinco años. Este año, cuando se estaba por vencer el mandato de Irurzun el Gobierno publicó un nuevo decreto (102/2017) que establecía que el titular de la dirección de las escuchas pasaría a durar tres años en el cargo en lugar de uno y que por única vez dejarían seguir al que ya estaba, empezando a contarse los tres años desde la publicación del decreto. Cuando termine ese lapso, el cargo de director pasará a ocuparlo el subdirector.
En septiembre del año pasado la propia Corte amplió las facultades de la dependencia a cargo de Irurzun y la llamó Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, que contiene a la Dirección de Captaciones. El ente en cuestión, además de dedicarse a pinchar teléfonos, les proporciona asistencia técnica a los jueces federales que quieran. O sea que Irurzun, que es el presidente de la Cámara Federal y, como tal, revisa fallos de los jueces inferiores, a través del órgano que dirige en la Corte puede participar de las investigaciones que luego revisa su tribunal. El texto que dispuso esa expansión de potestades habla de casos de tráfico de drogas, trata y explotación, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, crimen organizado y transnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales. O sea, prácticamente todo. Y como si fuera poco, el máximo tribunal también acordó con el Ministerio de Justicia que la Dirección de Asistencia tendrá acceso a bases de datos clave, como la de la AFIP, el Registro de la Propiedad, el Registro Automotor, la Unidad de Información Financiera, entre otros. Es decir, centralizará la información y será quien se la dé a los jueces.
Irurzun –a quien en tribunales vinculan con el ex jefe de Operaciones de la ex Side Antonio Jaime Stiuso, personaje todavía influyente– ha sido, en la Cámara Federal el ideólogo de fallos para instar a los jueces a que apunten a CFK y, como presidente de ese tribunal, puede tomar decisiones tales como haber definido que Claudio Bonadio se quede con la causa melliza de la denuncia de Alberto Nisman contra la ex presidenta por AMIA.
Supremos imputados
El dictamen de Delgado señala específicamente a los jueces supremos Lorenzetti, Highton y Maqueda y al contador Marchi como los posibles imputados. Además de investigar la existencia o no del sorteo, el fiscal apunta a los decretos: tanto al que dispuso el traspaso de las escuchas (265/2015) a la Corte como el que prolonga el mandato de Irurzun.
Parrilli planteó que no se verifica el supuesto previsto en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que dice que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo y que sólo puede utilizar decretos de necesidad y urgencia cuando sea imposible la vía legislativa. Pero la denuncia señala que, además de que no hubo un control de constitucionalidad de la Corte al reglamentar el decreto de Traspaso de la ex Ojota, la ley que la puso bajo la esfera de la Procuración (27.126) sólo se podía haber modificado por otra ley.
La prolongación del mandato de Irurzun también fue impugnada penalmente por Parrilli. En referencia a su presentación, Delgado dice en su dictamen: “Se concluye que la designación del Dr. Irurzun al frente de dicha dependencia (la dirección de escuchas) y la prórroga de su mandato interesarían especialmente al gobierno del presidente Mauricio Macri, ya que de esa forma podría ejercer un control sobre muchas de las causas que tramitan en el fuero federal”.
La causa impulsada por Delgado y que está en manos de Canicoba Corral retrata cómo el aparato de inteligencia atraviesa al Poder Judicial y en especial a Comodoro Py, en una alianza fluctuante que suele funcionar en tándem con los medios de comunicación. ¿Alguien se animará a desarmar la sociedad de jueces y espionaje que tiñe la vida política?