Por: Leonor Vain
La sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un éxito de la larga lucha de las mujeres. Un paso fue el que dimos cuando en 1994 conformamos “Auto convocadas por el Derecho a Decidir en Libertad” ; en ese momento la Convención Constituyente reunida en Santa Fe estaba discutiendo la incorporación al nuevo texto constitucional los derechos de la “persona por nacer”, y fue necesario salir a batallar en contra de que adquiriera rango constitucional un principio que echaba por tierra hasta los abortos que permitía el texto del Código Penal vigente.
Posteriormente la “Comisión por el Derecho al Aborto” continuo la tarea e incansablemente continuo la lucha sin bajar los brazos ni por un momento hasta que salió a las calles la marea verde, con una extensión y potencia incomparables, y ya no se pudo seguir haciendo oídos sordos. Este es el resultado. YA ES LEY.
Ahora hay que garantizar que los derechos que se consagraron sean accesibles, en todo el país, para todas y cada una de las mujeres que los necesiten. Un primer paso es la reglamentación de la ley, que saldrá rápidamente. Pero también tiene que ser derogada la penalización del aborto, como dijo el Ministro Gines Gonzalez Garcia: “al descomprimir legalmente, con una ley como hay ahora, mucha gente que usaba la objeción de conciencia por miedo, porque ha habido lugares donde se han hechos cosas muy feas vía judicial sobre los propios médicos o los actuantes (ante la ILE) seguramente no se declarara objetora”. Pero seguirá habiendo objetores. Por eso es necesario que se sepa que la objeción de conciencia que contempla esta ley es una decisión que deberán mantener quienes la invoquen en todos los espacios donde desarrollen sus actividades, tanto públicos como privados, y derivar a la paciente para que sea atendida sin dilaciones por profesionales competentes. Ningún profesional podrá oponer la objeción de conciencia cuando se trate de un caso en que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y se requiera una intervención inmediata.
En esta etapa que comienza con la ley en la ano tienen que participar con la misma fuerza puesta para su sanción los movimientos sociales y el movimiento feminista y todas las mujeres que constituimos la marea verde. Hay que difundir los derechos, adaptar la tarea de difusión y capacitación de los profesionales a las características de cada región de nuestro país, garantizar la aplicación de la ley de educación sexual integral en todas las escuelas, y que no falten los insumos necesarios.
Esta es la tarea. Hay que seguir luchando.