Declaración del Llamamiento
La Defensoría del Publico de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue creada por la ley 26522, en su art. 8 y como parte de una normativa general sancionada en octubre de 2009, para dotar al Estado de organismos que regularan el amplio campo de la comunicación.
Estaba en línea y lo sigue estando, con disposiciones similares que rigen hoy en todo el mundo promovidas por Naciones Unidas y diversos organismos de esa envergadura, para conjugar el orden democrático con el enorme desarrollo que han alcanzado todos los medios audiovisuales y las redes digitales que difunden información.
En ese marco, hace unos días la titular del organismo, Miriam Lewin, implemento una línea de trabajos conocida como NODIO, destinada a registrar y analizar la información que tuviera contenidos violentos o falsos, susceptibles de provocar una degradación del debate público.
Nadie podría decir hoy en la Argentina, que no sabe de qué se está hablando. Podrá controvertirse la necesidad o eficacia de la medida y aún cuestionar sus objetivos. Forma parte de la confrontación democrática y este gobierno está honrando con su comportamiento esos modos comunitarios.
Sin embargo como una secuencia más del Lawfare con el cual la derecha local quiere intervenir en la vida pública, varios legisladores han promovido una denuncia atribuyendo a la directora del organismo la perpetración de los delitos tipificados en los arts. 161 y 248 del Código Penal.
Se trata de normas que sancionan a funcionarios que atenten contra la Constitución Nacional o ataquen a la libertad de prensa y excedería el contenido de esta declaración abundar sobre la inaplicabilidad de esas previsiones legales a aquello que se está abordando.
La causa quedó radicada en la Justicia Federal en lo Penal – Comodoro PY – y debió ser rechazada en limine. Fundamentalmente porque la propuesta conocida como NODIO contempla la evaluación de información pero no la adopción directa de conductas con las cuales la funcionaria podría sancionar a alguien. Y por diversas razones que podrían sumarse para desestimarla.
Pero estamos en el reino del Lawfare y la jueza interviniente le giró las actuaciones al fiscal Carlos Stornelli. El mismo que hace tiempo tendría que haber sido eyectado de su cargo por las maniobras comprobadas en las causas de extorsión radicadas en los procesos en trámite en la jurisdicción de Dolores. Un funcionario que en vez de activar procesos, tendría que estar procesado.
Con el blindaje de que goza, incrementado porque los poderes facticos han registrado inmediatamente que la actuación de la Defensoría del Público podría develar la manera en que desinforma, construye agenda e influye maliciosamente en la opinión pública, se ha iniciado otra instancia dirigida a erosionar la capacidad de gestión del gobierno.
Manifestamos nuestra indignación por estos comportamientos y alertamos sobre la necesidad de retomar cuanto antes el camino de la reforma de la justicia federal en lo penal, para garantizar la vigencia del orden democrático. En la misma línea, nos solidarizamos con la periodista y funcionaria Miriam Lewin.
Bernardo Fischberg – David Iud – Luis Kon -Alfredo Kraut – Marcelo Seltzer Beinusz Szmukler – Leonor Vain
Comisión Jurídica del LLAMAMIENTO ARGENTINO JUDÍO