Fuente: Mariano Pacheco| Revista Zoom
Fecha: 19 de junio de 2020
Comenta que prefiere ser presentada como militante y subraya que si le entregaron el certificado Honoris Causa en dos universidades nacionales (Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Rosario) es por su trayectoria en la pelea por la soberanía alimentaria durante más de dos décadas, más que por su inserción académica. Miryam Gorban es nutricionista y tiene 88 años. En diciembre, cuando recibió la distinción en la Facultad de Medicina de la UBA, fue a salón lleno. También se la puede ver en fotografías en las que habla con alguna bandera de organizaciones sociales rurales sobre la mesa mientras los activistas la escuchan con atención. En la década del setenta fue Jefa de Alimentación del Sanatorio Güemes, espacio que entonces contaba entre sus filas a distinguidos profesionales, bajo la coordinación de René Favaloro. En esta conversación con revista Zoom, la especialista en cuestiones alimentarias se mete con uno de los temas candentes de la coyuntura que hoy atraviesa la Argentina. Una entrevista a fondo para pensar los desafíos que el país enfrenta en medio de la pandemia mundial.
Para comenzar querría que compartas alguna reflexión que pueda ayudarnos a dilucidar las diferencias y relaciones que se pueden establecer entre tres conceptos: “Seguridad alimentaria”; “Soberanía alimentaria” y “Soberanía nacional”.
En primer lugar, aclarar que seguridad y soberanía alimentaria no son términos idénticos. Seguridad es un término eminentemente técnico, elaborado en su momento por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), y hace a la cantidad y no a la calidad de los alimentos. Por otra parte, no cuestiona el modelo productivo y no tiene en cuenta la participación de los verdaderos actores sociales en todo el proceso de la cadena alimentaria. En cambio, el de soberanía es un término más político, más participativo, que nació desde los movimientos sociales, de la mano de la Vía Campesina Internacional, que representa a millones de productores de todo el mundo. Diría que siempre que hablamos de soberanía hacemos referencia a la autodeterminación de los pueblos en distintos planos: alimentario, pero también marítimo, territorial, energético, etcétera. Por ejemplo: cuando hablamos de soberanía territorial, desde Argentina levantamos la bandera de las Islas Malvinas y la Antártida; tiene que ver con reivindicar la capacidad de cada país de regular y elaborar sus propios programas alimentarios en función de las necesidades de su pueblo y de las condiciones y capacidades de producción y disponibilidad económica, política, social y cultural. El ejemplo más claro fue el intento de la “Soja solidaria”: cuando en pleno auge de la globalización se pretendió instalarla a través de las escuelas, tanto los maestros como el resto de la comunidad educativa se plantaron. A ellos se sumó la comunidad científica y buena parte de la sociedad en general, para que la soja no fuera parte central de nuestra alimentación.
En otras entrevistas hablaste de la falacia de que alimentamos a 400 millones de personas. ¿Podrías retomar y profundizar esa idea?
No se tiene en cuenta que en las últimas décadas, no sólo en Argentina sino en el mundo entero, alimentamos a la vez seres humanos, animales y automóviles. El modelo económico vigente nos sumerge en una puja por ver quien gana en ese tironeo, y a veces los seres humanos perdemos -y perdemos bastante-. Por ejemplo, Estados Unidos transforma el 60% del maíz en combustible, y eso para México -a quien se lo robaron- significa un aumento exponencial en el precio de la tortilla de maíz, que es la base de su alimentación, como para nosotros lo es el pan que se hace con harina de trigo. Por eso considero correcto lo que dijo Alberto Fernández: “todo esto es un paso hacia, pero aún no es la soberanía alimentaria”. En nuestro país, tal soberanía no puede ser una realidad mientras se mantenga el modelo productivo, mientras sigamos fumigando y produciendo con venenos, al mismo tiempo que se ve imposibilitado el acceso a la tierra. Yo siempre digo que, ya que hay tanta gente que le gusta comparar y establecer modelos en base a lo que sucede en otros países, bueno, que me muestren otro país en el que suceda como acá, que un solo dueño tiene un millón de hectáreas y no se sabe qué produce, ni para quién.
¿De allí la importancia de la intervención de Vicentín, no?
Por supuesto, intervención que tendrá o no la expropiación como resultado, dependiendo de la aprobación en el congreso. Eso es lo que falta hoy: soberanía en el control de la producción y la exportación, y, por otra parte, la evasión impositiva y la fuga de divisas. Tener una empresa nacional y pública es fundamental, más aún que sea participativa. Con esto me refiero a las cooperativas, los trabajadores y la sociedad civil junto al Estado en la conducción de la empresa, sin lo cual es imposible ejercer un control de precios de la canasta familiar de todos los argentinos. Pensemos que Vicentín es una empresa que procesa harina de soja, que se puede transformar en harina de centeno o trigo para el pan nuestro de cada día. También produce agrocombustibles, mal llamados biodiesel, ya que bio es vida. Se puede avanzar en procesar semillas de girasol, y por otra parte, Vicentín cuenta con un frigorífico. Sintetizando, se cuenta con tres o cuatro ramas fundamentales de la producción de alimentos. Romper con la concentración monopólica también es indispensable para detener la espiral inflacionaria en la cadena de alimentación -que se da desde la producción hasta la distribución y comercialización-; finalmente, son las empresas las fijadoras de precios, no los almacenes de barrio.
Antes mencionaste experiencias de organizaciones como la Vía Campesina, que también en estas tierras se expresa con nombres como los de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil (MST) o el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) en Argentina. En ese sentido…
Sí, sí, claro, está el MOCASE y también organizaciones como el Movimiento Campesino de Liberación y otras adheridas a su vez a la Vía Campesina, que son quienes han marcado un sendero. Yo los conocí a todos ellos en 1996, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, donde apareció por primera vez este concepto de soberanía alimentaria que nos cambió tanto la cabeza.
Por eso quería preguntarte cómo estás viendo en la actualidad (y en perspectiva) el vínculo entre investigación y producción universitaria, militancias de movimientos populares y gestión del Estado, sobre todo teniendo en cuenta que, como vos bien señalaste, el concepto de soberanía alimentaria no surge de la academia sino de los movimientos, que a su vez hoy integran parte de los equipos del gobierno de Alberto Fernández.
Me parece un avance muy importante. Es parte de un proceso, en el que también habría que destacar el rol que jugaron las Cátedras de Soberanía Alimentaria presentes en más de cincuenta facultades de todo el país, que abrieron un diálogo profundo entre productores y académicos. Haber visto Ferias Populares en los predios de las universidades fue un acto verdaderamente revolucionario, hasta entonces eran espacios cerrados a este tipo de problemáticas. Desde lo universitario surgieron también otras iniciativas, como fueron las Redes de Comercio Justo. Veo mucho avance en ese sentido, así como en la designación de Eduardo Cerdá al frente de la Dirección Nacional de Agroecología del Ministerio de Agricultura de la Nación (y esto es un hecho histórico), ya que fue él quien mostró que la salida no pasaba por hacer huertas comunitarias a pequeña escala o en el fondo de las casas, sino en grandes extensiones territoriales, lo que dio pie a crear la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA), a partir de la cual cada vez más sitios se suman a trabajar en esto que llamamos la autosuficiencia alimentaria.
Por último, te quería preguntar qué pensás sobre la discusión política más general, en torno a las posibilidades de tratamiento de la iniciativa parlamentaria para avanzar en una ley de expropiación de Vicentín.
Creo que es fundamental avanzar en ese sentido. Hoy en día hay diez empresas monopólicas que concentran el 93% de la exportación de granos de nuestro país. Si a eso le sumás la evasión fiscal, las maniobras especulativas que los empresarios realizan, su influencia sobre la fijación de precios de artículos de primera necesidad es tremenda. Eso puede cambiar: se puede avanzar en fijar precios y controlar la exportación, porque se han llevado puesta la Junta Nacional de Granos, el IAPI, los puertos, la Marina Mercante. Esos controles son un índice de cuan es soberano un Estado, más allá de si sus gestiones son conservadoras o progresistas. Es importante saber que con Vicentín el Estado puede controlar gran parte de la riqueza y la producción de su país, y eso es algo fundamental para pensar la soberanía.