Fin de año es época de balances. De lo que se hizo y perfilando lo que vendrá. Pero, para tratar de avizorar el futuro, hay que partir del presente. Aunque este es un presente muy discutido, porque para Juntos por el Cambio parecería que nos dejaron un país muy ordenado, y que la cuestión de la emergencia es un tema del oficialismo. Por eso es esencial discutir el país que nos dejó Mauricio Macri y la emergencia en la que estamos.
Una caída del PBI per cápita del 9% durante la gestión anterior, la tasa de desocupación más alta desde 2006 y un retroceso de más de diez años en la lucha por reducir la pobreza. El nivel de producción industrial hoy es equivalente al del año 2006: perdimos 13 años. Se cerraron más de 20 mil empresas en cuatro años, de ellas, más de 4200 industriales. Se produjo una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones de entre el 15% y el 20%, similar a la pérdida de los salarios.
Nos enfrentamos entonces a múltiples crisis, como lo dice la ley recientemente sancionada: emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Entonces, un balance de lo que se heredó es el punto de partida para que más adelante veamos dónde estamos, y podamos decir si avanzamos o retrocedimos, si las jubilaciones mejoraron o no mejoraron, si la redistribución del ingreso mejoró o empeoró, si hay más desempleados o menos, si se han abierto pymes en vez de seguir cerrando, cuánto se ha reducido el flagelo del hambre.
Las tergiversaciones
Se dijo y se escribió mucho acerca de que Alberto Fernández, con la nueva ley, estaría aplicando el ajuste que pide el FMI. Sin embargo, el término «ajuste» está referido a cuando hay que ajustarse el cinturón. Es lo que les pasa a los que menos tienen, a los maestros que no ganan lo suficiente, a los trabajadores informales, a los jubilados que cobran la mínima, entre otros.
Ahora se está intentando que los sectores más favorecidos contribuyan a partir de los beneficios que han tenido y que seguirán teniendo, para ir hacia un sistema tributario más progresivo. Porque lo que hizo Macri en estos cuatro años fue, precisamente, disminuir los tributos sobre los bienes personales (es decir, la riqueza) y sobre las ganancias de las grandes empresas. Y lo que se está haciendo ahora es corregir ese absurdo, que redujo los tributos a los que más tienen. Ahora, los que más tienen tendrán que pagar más.
Desde Juntos por el Cambio se habla de ajuste a partir de la Ley de Solidaridad Social. No obstante, el programa económico actual está en las antípodas de un ajuste, porque se trata de obtener aportes de los que tienen capacidad para aportar los recursos. Y a esta estrategia la gente de Juntos por el Cambio la llama, yo diría maliciosamente, ajuste.
Y gran parte de la oposición también degrada el significado de la «solidaridad» sobre el cual se asienta todo este cambio que genera la nueva ley.
La verdadera solidaridad atraviesa todo el articulado de la nueva ley, denominada, precisamente, «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública»: todo un título.
Porque hay una cuestión esencial: el asistencialismo es una herramienta para arrancar cuando se está en el peor de los escenarios. Sin embargo, las políticas tienen que apuntar a que se genere trabajo de calidad, con el cual las personas ganen lo suficiente para vivir decentemente, y esa es la rueda virtuosa que hay que poner en marcha. Estos conceptos están en la ley, porque despliega un plan asistencialista, pero en el marco de la justicia redistributiva y de la reactivación económica.
Siempre sostuve que no soy partidario del déficit fiscal como meta a largo plazo, y que no creo que deba resolverse por la vía del recorte del gasto, sino por la vía del aumento de los ingresos que debe venir de una mayor actividad.
Comencemos con los aumentos que obligatoriamente el gobierno tendrá que dar en los próximos dos trimestres a los jubilados. No se trata sólo de la nueva fórmula, sino de que hay que regenerar los ingresos previsionales para que una fórmula de mejora pueda ser sustentable. No se menciona, por ejemplo, que el 70% de la mayor recaudación por vía del impuesto al atesoramiento y a los gastos en el exterior irá a la Seguridad Social y al Pami, y un 30% a la vivienda social.
En el caso de los eventuales aumentos en las retenciones, irían un 67% a financiar también a la Seguridad Social y al Pami, y un 3% a un fondo solidario de competitividad industrial para estimular la producción de pequeños productores y cooperativas; el 30% restante se destinaría a rentas generales. Además, «el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas» con criterios que tengan en cuenta las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización, entre otros.
Estos son los conceptos de solidaridad incluidos en la ley, que la mayoría de la oposición y los medios concentrados casi no mencionan.
La otra cara de la moneda de la solidaridad es que el sistema tributario se hace más progresivo. Por eso se incrementó el impuesto a los bienes personales. En verdad, se llevaron las alícuotas a los niveles de 2015, nada excepcional. Además, se excluye el valor de la vivienda familiar de la base de tributación. Lo que sí es nuevo, que los bienes en el exterior, principalmente los que fueron declarados en el blanqueo que hizo Macri, tributarían una tasa de hasta el doble de la tasa más elevada (que es del 1,75%); pero en la medida que repatrien sus activos financieros este plus puede bajar. También se imponen tributos a los autos, embarcaciones, aeronaves, orientados a recaudar más, así como a fomentar la industria automotriz nacional.
Hay muchas posibilidades de concretar un acuerdo por la deuda pública, con un período prolongado de gracia de intereses y capital, que dará oxígeno fiscal al gobierno hasta que se vaya recuperando la economía y la situación social. Es uno de los puntos esenciales del plan.
La idea es generar un shock de consumo que tendrá impacto en la producción y, seguramente, en la mejora del empleo. Abonan a este propósito los aumentos especiales a los jubilados que cobran la mínima, de $ 5000 en enero y febrero, más la baja de las tasas de interés de los créditos de la Anses y la prórroga de las cuotas de enero a marzo. También los aumentos de salarios que determinará el gobierno y que le pondrán un piso a las paritarias. Para resaltar: en el gobierno de Macri le ponían techo a las paritarias y ahora el gobierno de Fernández les pone un piso. Además suman la tarjeta alimentaria, los ingresos adicionales para la AUH y Precios Cuidados hechos con verdadero entusiasmo, entre otras medidas.
Lo esencial es el cambio de modelo y de filosofía, para pasar de la meritocracia, del «sálvese quien pueda», al concepto de solidaridad en la emergencia. De pasar del Estado canchero a un Estado activo, que interviene en la puja distributiva y en la regulación de los mercados. Conjuntamente con otros cambios importantes en las políticas de salud, de seguridad, de género. Creo que esto es lo esencial y por lo tanto tenderá a generar una continua mejora del bienestar de la población en varios de los aspectos de su vida.