Fuente: Ileana Arduino, Natalia Federman, Sebastián Angresano Ilustrador | Revista Anfibia (Univ. Nac. de San martín)
Fecha: 17 de diciembre de 2019
El gobierno de Macri, que alegaba que el eje de su gestión era la transparencia, apostó a la oscuridad. Por eso los anuncios del presidente Alberto Fernández tienen la potencialidad de saldar una de las grandes cuentas pendientes de la democracia: los campos de la inteligencia y la justicia federal. Será una gran tarea la de reordenar el sistema institucional democrático en sus vigas básicas y desarticular la triada medios, jueces y servicios. Lo saben quienes se vieron involucrados en procesos penales donde la extorsión ha suplido a la investigación.
El martes el Presidente Alberto Fernández anunció la derogación del Decreto 656/2016, dictado por el saliente Presidente Macri. Lo dijo así: “Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. En el marco de la derogación de dicha medida, que significó un lamentable retroceso institucional, también he tomado otra decisión: dichos fondos reservados, no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre en la Argentina”.
Semejante reorientación no sólo implica una mejora sustancial en términos de calidad institucional sino que también conectó dos ejes sobre los que urge actuar: el deterioro institucional y la acuciante crisis socioeconómica que para demasiadas personas se ha vuelto lisa y llanamente hambruna.
El anuncio, además de ser una loable reasignación de fondos, es una buena oportunidad para recordar de dónde venimos en materia de inteligencia y cuáles pueden ser los efectos de esta medida. No casualmente las definiciones sobre la política que se planifica en relación al sottogoverno fueron inmediatamente posteriores al anuncio de que en los próximos días se enviaría al congreso un conjunto de leyes para avanzar en una reforma integral del sistema federal de justicia, básicamente, para que deje de funcionar como un aparato de persecución política.
Desactivar el tándem inteligencia /justicia federal como paso indispensable para mejorar la dinámica institucional en nuestro país es un ya viejo reclamo de abogados/as defensores del fuero y de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el sistema democrático -la iniciativa ciudadana para el control de la inteligencia lleva tiempo trabajando en torno a esta cuestión– y debería ser celebrado y apoyado por todo el arco político.
De dónde venimos: la política como acoso y extorsión
Entre 2014 y 2015, dos procesos de cambio empezaron a transitarse en el sentido correcto para la democracia pero inconvenientes para la lógica corporativa y/o mafiosa: la transformación del sistema de justicia penal federal y la reforma del sistema de inteligencia, que incluyó reglamentar de manera más transparente el uso de fondos secretos y quitarles el control sobre las interceptaciones telefónicas. Al asumir Mauricio Macri se tomaron inmediatamente medidas para revertir o paralizar esos procesos.
El gobierno saliente suspendió la implementación de la reforma del sistema de justicia penal federal que, en lo sustancial, implicaría sacar dicho fuero del modo de funcionamiento colonial, cuya única funcionalidad es mantener el secreto, la maraña de expedientes y la discrecionalidad como modos corrientes de actuar.
La cultura inquisitiva que aún mantiene el sistema de justicia no es solo un problema de viejos diseños, es un dispositivo que funciona perfecto para las operaciones políticas y la persecución: hoy los jueces de instrucción son quienes llevan adelante la investigación y quienes controlan esa misma investigación, los fiscales carecen de poderes suficientes para investigar con autonomía, lo que en los medios se llama pruebas luego tras varios años resulta que no eran pruebas, hay ausencia de contradicción efectiva entre las versiones en juego y declaraciones tomadas de espaldas al público son opciones procesales que garantizan impunidad.
No todos los que trabajan allí se valen de esas funcionalidades pero quienes las necesitan las tienen a mano con la excusa de que así es la ley. Así, el sistema procesal penal aprobado en 2015 quedó anquilosado, con una implementación parcial que comenzó bien lejos de Comodoro Py, mientras se desplazaba de la Procuración General a la gestión de la Dra. Gils Carbó que mostró empeño en ese proceso de reforma.
Para acompañar esa decisión de obturar la modernización del sistema de justicia, en materia de inteligencia se tomaron a poco de asumir decisiones que agravaron las cosas. En los primeros 18 meses de gestión, sin disimulos y mediante decretos simples o decretos de necesidad y urgencia, se revirtieron los ejes principales de las reformas que en 2015 se habían introducido a la ley de Inteligencia Nacional (Nro. 25520) como producto de consensos políticos intersectoriales.
La reforma de 2015 nació en un contexto preciso: estuvo precedida por el reconocimiento de que el modelo vigente estaba agotado y de que su sola continuidad implicaba un riesgo democrático. Presentó los primeros pasos para que pudiera desarrollarse una política que desande, de una vez por todas, la máquina de extorsionar que fueron los servicios de inteligencia —en alianza con otros factores de poder— en nuestra vida democrática.
La disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) – creada en 2000 como sucesora de la ochentosa SIDE- y la conformación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue una decisión que tenía como objetivo sacar a las estructuras de inteligencia de la autonomía y la desorientación estratégica.
Con esas modificaciones a la ley se propiciaba también una conducción profesionalizada, cuyas autoridades tendrían que ser designadas con criterios de idoneidad y control político parlamentario, para acompasar las regulaciones que se adoptaron en materia de doctrina y formación, todo acompañado por la incorporación transversal de criterios de transparencia en cuanto a los recursos económicos disponibles.
A eso se sumaba una decisión estratégica de aquella política como fue la de transferir la gestión de las interceptaciones de las comunicaciones que se hicieran por razones de inteligencia o a pedido de los jueces en el marco de causas penales a la Procuración General de la Nación.
Las herramientas con que la reforma impulsada por CFK propiciaba el desarrollo de una doctrina acorde a una sociedad democrática, que hiciera uso del secreto y las interceptaciones telefónicas sólo para garantizar el éxito de sus objetivos y no como un privilegio al servicio del tráfico de información y las operaciones políticas, fueron despreciadas por la ahora gestión saliente.
En nombre de la “eficiencia administrativa”, a partir de diciembre de 2015 se dio cauce al descontrol como toda doctrina en materia de inteligencia.
Una primera señal de lo que sucedería llegó en los primeros días de la Presidencia de Mauricio Macri, cuando mediante un decreto de necesidad y urgencia se modificó la Ley de Inteligencia Nacional y se dispuso el traspaso de las funciones relacionadas con las interceptaciones de las comunicaciones desde la Procuración al ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sabemos que desde entonces la carroña disfrazada de periodismo se alimentó de escuchas producidas bajo esa dependencia. Hasta enero de 2016 ni una escucha se había filtrado.
La selección del Director General y la Subdirectora no echó mano a la meritocracia que exigían a los demás. Se entregó la conducción de un área sensible y estratégica a personas con ausencia de antecedentes profesionales y a representantes de sectores internos del área que se debía conducir. En otras palabras: se ratificó el rumbo de la gestión basada en vínculos subterráneos teñidos de opacidad.
Con los fondos reservados, nuevamente, la retórica oficial fue una mientras las decisiones institucionales eran otras: el aire de transparencia que tanto se pregonaba incomodaban, y mucho, al sector inteligencia. Soplaron sólo por pocos meses.
En julio de 2015 se había dictado el decreto reglamentario de la nueva Ley de Inteligencia (N° 1311/15) que estableció procedimientos administrativos para que todos los gastos de fondos reservados quedaran registrados y fueran controlables. En el mismo decreto se habían aprobado otros anexos que regulaban la doctrina de la AFI, su estructura y organigrama y los regímenes de personal de los tres nuevos escalafones: inteligencia, seguridad y apoyo.
Por decreto 656/2016 se derogaron 6 de los 7 anexos dictados en 2015. Sólo quedó en pie el referido a la doctrina de la Agencia, a sabiendas de que aquello naufragaría pues las prácticas, la vieja organización y, sobre todo, las mañas se mantuvieron intactas. También delegó en el puro decisionismo del director la conformación de una nueva estructura orgánica que, “disciplina del secreto” mediante, la devolvió a las catacumbas desconocidas de siempre. Un gran salto en garrocha hacia lo peor, el pasado.
El gobierno que alegaba que el eje de su gestión era la transparencia apostó, y fuerte, a la oscuridad. Lo saben quienes se vieron involucrados en procesos penales donde la extorsión ha suplido a la investigación. La investigación que lleva adelante el juez Ramos Padilla es un ejemplo de lo que muchos venían señalando acerca de la tríada medios, jueces y servicios, cada vez más indisimulable y visible.
La intervención en el campo de los servicios de inteligencia y la necesidad de replantear profundamente el funcionamiento de la justicia federal anunciadas por el presidente Alberto Fernández, si son exitosas, tienen la potencialidad de saldar algunas de las grandes cuentas pendientes de la democracia. La reforma de la Ley de Inteligencia propuesta por el Poder Ejecutivo en enero de 2015 y aprobada por el Congreso en marzo de aquel año mostró, con sus aciertos y desaciertos, un sistema político preocupado por recuperar la iniciativa frente a la crisis institucional producida por la falta de control sobre los servicios de inteligencia. Luego vinieron las decisiones que devolvieron las cosas a sus peores momentos.
Hay cuestiones que recuperar y, tal como sostienen representantes de diversos sectores, existen caminos nuevos por recorrer. En otra oportunidad destacábamos que el secreto acerca de la identidad de les agentes fue una regla que favoreció el descontrol y provoca que imperen lógicas de trabajo en las que se espía todo, todo el tiempo. Es por ahí el momento de preguntarse seriamente no qué partes del sistema pueden ser públicas sin afectar la seguridad nacional, sino mejor qué del sistema debe permanecer secreto y qué debe ser visto como una excepción.
Lo que resulta obvio es que ha llegado la hora de abandonar un sistema institucional que dejaba espacio al chantaje de sus servicios de inteligencia porque, como el escorpión, tarde o temprano pican a aquellos a quienes ofrece cruzar el río. “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, `operadores judiciales`, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”, dijo en su asunción el Presidente. Los términos de la ecuación sobre los que debe actuarse con la urgencia declarada están explicitados.
La convivencia con un sistema judicial administrado a fuerza de operaciones de inteligencia viene teniendo los costos referidos en el discurso del Presidente, aquellos que implican haber hecho de algunos estrados de la justicia federal el ámbito para neutralizar proyectos políticos opositores al gobierno de turno.
Además, esta justicia corrompida ha demostrado ser dañina no sólo para los/as dirigentes políticos que han sufrido su embestida. Ese modo de funcionar fue garantía de impunidad para hechos gravísimos que aún hoy se mantienen sin esclarecer. Las víctimas del atentado a la AMIA y sus familiares han sido testigos privilegiados, durante más de 25 años, de esas relaciones espurias. Memoria Activa ha denunciado hasta en organismos internacionales que la causa de sus vidas fue el campo de batalla en la que se disputaron las luchas internas de los “sótanos de la democracia” y se desplegaron un sinfín de operaciones políticas y judiciales signadas no por la búsqueda de verdad y justicia sobre el hecho sino por intereses geopolíticos.
Los anuncios de Alberto Fernández inauguran una nueva oportunidad. La extorsión como una práctica institucionalizada viene demostrando su potencia antipolítica.
Será una gran tarea la de reordenar el sistema institucional democrático en sus vigas básicas. Es importante, como primer paso, que un acto inaugural de una nueva etapa política deje claro que tenemos un sistema cuyas reglas formales e informales hasta hoy, favorecen prácticas que corroen peligrosamente a la política como instrumento de mediación principal en las relaciones, tensiones y resolución de los intereses en nuestra sociedad, a la democracia en su conjunto.
El anuncio de comprometer al sistema político – tan gestor como víctima de este estado de cosas – con la necesidad de abandonar ese camino, es en sí misma, una gran noticia.