El Plan F: Recuperación del salario perdido, disolución de la AFI y del Ministerio de Seguridad

Fuente: Horacio Verbitzky | El cohete a la luna

Fecha: 6 de octubre de 2019

Alberto Fernández prepara un shock económico, social, político e institucional, que comenzaría a aplicarse en diciembre, en cuanto asuma la presidencia. Entretanto, sigue abocado a la conformación de su gabinete de ministros, del que no piensa dar indicios antes de la elección del 27 de octubre, para impedir que entre los medios que apostaron a la extinción de lo que llaman populismo o kirchnerismo, y los kamikazes del macrismo terminal (cuyas principales figuras son el ex peronista Micky Vainilla y la ex radical Elisa Carrió), erosionen a los futuros funcionarios antes de tiempo.

En sus conversaciones diarias con Cristina Fernández de Kirchner, que no se han interrumpido durante el nuevo viaje de la futura vicepresidente a Cuba, se discuten los nombres propuestos por cada un de les Fernández. La decisión es de Alberto, pero todo está sometido a consulta con Cristina. Ambos están juramentados para no volver a pelearse, algo que sólo ocurriría por diferencias inconciliables sobre temas fundamentales, cosa que no asoma en el horizonte previsible. En la entrevista con Jorge Fontevecchia dije que Alberto pudo comprobar que la primera parte de su definición (sin Cristina no se puede) se demostró cierta, a diferencia de la segunda (con Cristina sola no alcanza). Un alcahuete de provincias escribió que el kirchnerismo intentaba así condicionar y ningunear al candidato. Por ignorancia o mala fe, omitió que no fui yo sino Alberto quien dijo que Cristina no necesitaba cederle la candidatura, porque ella sola ganaba, con Felipe Solá como candidato a la vicepresidencia, como él proponía.

La vida te da sorpresas

El secreto sobre la nómina de los elegidos provocará sorpresas, cuando algunos de quienes son considerados seguros en todas las especulaciones, no figuren o aparezcan en posiciones de menor relevancia, y otros que nadie tiene en cuenta o menoscaban como secundarios, ocupen cargos decisivos. Un elemento influyente para la decisión es el síndrome de Paladino, puesto en evidencia en los meses en los que varios referentes actuaron en nombre de Alberto ante distintos poderes fácticos, lo cual permitió medir la dimensión de sus apetencias y la extensión y carácter de sus relaciones. Otro, la firmeza de carácter, que será imprescindible para lo que viene. Ni el brillo personal, ni los contactos con el otro lado garantizan ser seleccionado. Casi lo contrario.

Lo único que por ahora puede darse por cierto es que a diferencia de Cambiemos, que constituyó una alianza electoral pero nunca una coalición de gobierno, el próximo Presidente será acompañado por representantes de todos los sectores que confluyeron en la conformación del Frente. El candidato afirma que no quiere un albertismo. Entre sus secretarios de Estado figurarán distintos grupos del peronismo (entre otros, representantes de gobernadores e intendentes e incluso alguno de ellos) y las demás fuerzas aliadas. El candidato entiende que esto se expresa también en el trío de inseparables que lo acompañan:

  • Su colaborador personal Santiago Cafiero, quien se estrenará como Jefe de Gabinete de Ministros a una edad avanzada en comparación con su abuelo Tony, quien fue ministro de Comercio Exterior de Juan Perón a los 30 años, diez menos de los que tiene Santiago.

 

 

  • El ministerio de Comercio Internacional, Relaciones Exteriores y Culto, como pasará a denominarse, fue asignado a Felipe Solá, en representación del Frente Renovador de Sergio Massa. Lo acompañará un embajador de carrera para manejar las relaciones al interior de la guarida de devoradores de canapés de la calle Esmeralda, y un especialista en comercio, con la dura tarea de promover el crecimiento de las exportaciones. El candidato habló de duplicarlas. Bastaría con que no le ocurra como a Macrì, quien presentó la meta de triplicarlas y, como en casi todos los rubros, apenas logró igualar las del último año de Cristina, que no fue el más brillante. La Nomenclatura Arancelaria del Mercosur lista 99 capítulos. En dos tercios, las exportaciones decayeron.
  • El ministro del Interior, Wado de Pedro, secretario general en el último gabinete de Cristina, el miembro de la conducción de La Cámpora más próximo a Máximo Kirchner y uno de los hombres que muñequeó la reunificación peronista, desde antes del reencuentro de Alberto y Cristina.

Las distintas procedencias de cada uno (y de quienes completen el elenco) no implica que se trate de un loteo al estilo de las coaliciones europeas o, más cerca, de Chile. Todos ellos son personas de confianza personal de Alberto, con quien conforman el núcleo del próximo gobierno. Cafiero ama a Cristina, y Solá sólo desearía que ella fuera más expresiva hacia él y lo considerara como ministro propio, y no sólo de Alberto.

Los temas de la agenda

La triada prioritaria que encarará el nuevo gobierno incluye

  1. la deuda externa, con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional;
  2. la inflación, y
  3. la recomposición de ingresos de los trabajadores formales e informales, ya sean ocupados, subocupados o desocupados.

El Consejo Económico Social, cuya conformación ya anunció Alberto, será integrado por representantes de los sindicatos patronales y de trabajadores, y allí se negociarán los compromisos imprescindibles para poner un corte abrupto a las políticas que derivaron en la más profunda estanflación de la historia argentina, con caída de la rentabilidad empresarial (salvo los parientes y entenados presidenciales y parte del sector financiero), destrucción de empresas y puestos de trabajo y deterioro de la capacidad industrial instalada. En el rubro alimenticio está ociosa la mitad de esa capacidad, pero ese dato general, que el vicepresidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, le suministró al candidato, debe ponderarse por el estado de esa capacidad. No es lo mismo una empresa cuya planta trabaja la mitad de los turnos pero sigue en el mercado, que otra que quebró y remató sus maquinarias.

El candidato tiene muchas expectativas en el funcionamiento del Consejo, que debería permitir que los apagados motores del consumo y del crecimiento se encendieran, y en los acuerdos que procura alcanzar. Esa seguridad se basa en la percepción de que todos los sectores están asustados por la magnitud de la crisis. En varias reuniones recientes advirtió que asumirá la presidencia con la caja vacía, gentileza del gobierno saliente, que ha tirado por la borda todas sus banderas y se retira con una política de tierra arrasada: el Producto Bruto era de 600.000 millones de dólares cuando asumió, y lo dejará en la mitad. La devaluación fue del 500% en cuatro años. El dólar valía 9 pesos, y el ministro De Prat Gay decía que si hacían todo mal se iría a 16. No se fue a 16 sino a 60. Con estos datos básicos, Alberto advierte que no se pueden bajar el déficit y los impuestos al mismo tiempo. Ante la Sociedad Rural dejó entender que las retenciones son inevitables, sólo cesarán para las manufacturas de origen industrial. Y cree que sus interlocutores lo admiten. Está en la etapa de hablar con el corazón.

Pero tampoco ignora que lo más difícil es sostener en el tiempo las coincidencias que se logren al principio, como demuestran todas las experiencias previas, incluyendo el Pacto Social del tercer peronismo. Alberto se propone una recomposición salarial rápida, que devuelva a los trabajadores el 20% que perdieron sus salarios durante la calamidad neoliberal. Imagina que las patronales aceptarán otorgar desde el 1° de enero un aumento de esa magnitud a sus trabajadores y que se comprometerán a no trasladarlo a los precios. El gobierno asumiría un compromiso equivalente con los jubilados y con los trabajadores estatales. En este rubro, la pérdida no fue del 20 sino del 40% del valor adquisitivo del salario. Esta armonía es posible, pero como diría la línea del FMI, no con alta probabilidad.

El Hugo blanco y el Hugo negro

El jueves, Alberto y Máximo Kirchner asistieron al plenario nacional de la CTA, donde celebraron la propuesta de abrir negociaciones para la eventual reintegración a la CGT, que Hugo Yasky sometió a votación. Se aprobó por unanimidad, así como la participación en el Consejo Económico Social y el apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos. Esos fueron discursos de notable claridad conceptual, enunciados por tres oradores que han madurado de modo apreciable en los últimos tiempos. Esto no excluye contradicciones, que deberán manejarse con inteligencia en el futuro.

 

Por ejemplo, Alberto dijo que la conducción de la futura CGT debe estar en manos de quienes resistieron al neoliberalismo en estos años, algo similar a lo que declararon en sendas entrevistas Pablo Micheli y Sergio Palazzo. En el palco también estaban Hugo y Pablo Moyano, Omar Plaini, El Gringo Amichetti y el segundo del SMATA, Mario Roberto Manrique. Los pasos hacia la unidad comenzaron tan temprano como 2007, cuando la policía de Neuquén fusiló de un cartuchazo de gas en la nuca al maestro Carlos Fuentealba. El Hugo Blanco, que ya conducía la CTA, y el Hugo Negro, que en ese momento era secretario general de la CGT, realizaron un acto junto al Obelisco y un paro conjunto. Gobernaba Neuquén por entonces Jorge Sobisch, quien mantenía una alianza nacional con Macri, quien de inmediato tomó distancia. Esto muestra el tiempo que llevan estos procesos, sobre los cuales el vandalismo macrista actuó como catalizador.

Yasky, que ha sido el gran promotor de la unidad en estos últimos años, reconoció que la futura conducción sindical es un territorio en disputa, pero no lo puso como condición excluyente. Fernández también aseveró que «el gesto de la CTA al unirse a la CGT es estratégica y moralmente tan grande como el gesto de Cristina». Su categórico pronunciamiento fue recibido con algarabía, pero el tiempo hablará sobre la viabilidad y los modos de la reintegración. Por lo pronto, algunos dirigentes de grandes gremios (como Comercio & Servicios, Construcción, Tranviarios Automotor o Personal Civil de la Nación) no ocultan su incomodidad ante el arribo de los ceteistas. La afinidad de Fernández con quienes lucharon en las calles es bienvenida, pero para el pacto también necesitará de aquellos otros que siempre acompañaron a todos los gobiernos y que recelan de los combativos. Con unos se identifica, a los otros los necesita. Se trata de un desafío a su destreza política.

El cruce del Atlántico Norte

Es imposible separar estas cuestiones de la negociación por la deuda externa. También en este capítulo, Alberto ostenta un optimismo envidiable. La puja entre el FMI y los acreedores privados abre una brecha que el gobierno podría capitalizar. En su visita a la Fundación Mediterránea en Córdoba, un orador que precedió a Fernández encomió el «reperfilamiento a la uruguaya». A su turno, el candidato aceptó que era una posibilidad. Pero no más que eso. De inmediato, fueron voceros del Fondo Monetario los que adujeron que no bastaba con la extensión de los plazos ni con un periodo de gracia, que era imprescindible una quita, por supuesto sobre los fondos privados de inversión. El estatuto del FMI, del que la Argentina es socia, no permite quitas a sus créditos. Se trata de un acreedor privilegiado. Su estimación es que, sin quita a los privados, el país no tendría los dólares necesarios para cancelar su deuda con el Fondo.

Por la situación de los inversores, el candidato recibió una propuesta atractiva de un fondo inglés, cuyo nombre se comprometió a mantener en reserva, que ofreció hacerse cargo de la reestructuración y ofreció cuatro años de gracia. El candidato aprecia que si ése es el planteo inicial, no sería imposible obtener aún mejores condiciones. También le atrae la señal que implicaría desplazar la negociación de Nueva York a Londres, que sigue siendo la capital financiera del mundo. Está claro que la deuda es una sola, aunque esté repartida entre distintos tipos de acreedores, porque el bolsillo pagador es el mismo. Se trata de un fondo con experiencia en ambos lados del Atlántico, en Asia y el mundo árabe. Su única actuación previa en esta región fue en Colombia.

Algunos hechos podrían jugar a favor de la Argentina:

  • El FMI tiene el 60% de sus recursos prestables enterrados en la Argentina, lo cual lo convierte en el principal interesado en una salida que evite la cesación de pagos, que lo arrastraría en la caída.
  • La tasa de interés internacional está muy cerca de cero, mientras la deuda argentina paga intereses próximos al 10%, altísimos en el actual contexto recesivo que se insinúa en todo el mundo. Esto da margen para la discusión.
  • Los préstamos del Fondo a la Argentina se hicieron en violación a los propios estatutos, que no permiten emplear las transferencias recibidas para financiar la fuga de capitales, y ese ha sido el único principio irrenunciable del macrismo. Esto también puede contribuir a ablandar a los corresponsables del descalabro, que atienden en el edificio de las calles H y 19 de Washington.

Si de alguna de estas afirmaciones se dedujera que la situación es fácil, o me expresé mal o no me entendiste bien.

La reforma institucional

El shock no será sólo económico, sino también institucional. Fernández se fastidia cuando alguien atribuye al gobierno de Juntos Cambiemos un respeto por los valores, la calidad institucional, la independencia de la Justicia o de la prensa. El profesor de derecho penal no ocultó su desacuerdo con la forma en que el gobierno presionó a la Justicia para que persiguiera a políticos y empresarios por hechos ocurridos antes de 2015 y a periodistas por su trabajo posterior. La casita del tiempo que mencionamos la semana pasada cumple sus misiones a la perfección: las sucesivas excarcelaciones de Fernando Esteche, Gerardo Ferreyra, Fabián De Sousa y Cristóbal López son ilustrativas. Eran barbaridades, sostenidas no en una legítima persecución penal sino en una espuria persecución política, que suenan parecido pero son cosas por completo distintas.

Comodoro Py, sensible a los cambios del clima.

Falta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre las nulidades argüidas por la defensa de Cristina en la causa de la obra pública, en la que el tribunal de juicio se negó a adquirir las pruebas pedidas por la imputada, lo cual la deja en un estado de indefensión. Aun así, el fiscal Diego Luciani confiesa que carece de elementos para acusarla y por eso se limita a repetir como una letanía que ella «no podía ignorar», o «debía saber», qué hacían los casi cuatro millones de empleados públicos del país que gobernó, aun aquellos que estaban 13 escalones por debajo de ella en el organigrama estatal. Al mismo tiempo, el doctor Glock no se ruboriza al afirmar que Paolo Rocca, presidente de la transnacional italiana Techint, no estaba al tanto de los sobornos que su mano derecha, Luis Betnaza, pagó en Venezuela. Cuando se caiga esta causa, arrastrará también a las de los hoteles Los Sauces y Hotesur, donde Cristina es acusada por lavado de dinero. Sin el delito precedente que (en la construcción del doctor Glock, el camarista Martín Irurzun y su valedor, el obispo de Rafaela, Ricardo Lorenzetti), serían las coimas por la obra pública, no hay lavado de dinero.

El candidato está decidido a cortar el vínculo espurio entre la Justicia Federal y los servicios de inteligencia. La situación ha llegado a tal punto que los operadores como Francisco Javier Fernández cuentan sus travesuras en entrevistas (como la que consiguió Julián Maradeo para la revista Crisis) y los jueces justifican su relación con el operador Daniel Angelici (como Alberto Lugones en respuesta a las preguntas de Habrá consecuencias, en El Destape Radio).

La disolución de la AFI

Luego del fracaso de varios intentos de reforma, Alberto se propone disolver la Agencia Federal de Inteligencia. Corresponderá a la Justicia investigar al delegado de Macrì en esa dependencia, el traficante de hombres jóvenes ligeros de ropa Gustavo Arribas, y a su vice, Silvia Majdalani. Para esos efectos podrán ser útiles los datos revelados la semana pasada sobre las compañías offshore abiertas en Miami por Majdalani y familia, con abundante documentación.

Otro vínculo offshore del Presidente dio con sus huesos en la cárcel esta semana. Se llama Raúl Martins y es protagonista de otra forma de la prostitución orientada desde los servicios de inteligencia: en este caso de mujeres, en prostíbulos y lugares de esparcimiento nocturno, en uno de los cuales fue fotografiado Macrì. Martins fue denunciado por su hija (luego de que abandonara a su esposa y no arreglara cuentas con ella en forma satisfactoria), quien dijo que fue uno los financistas de la campaña de Macrì por la intendencia porteña. El agente detenido en México fue uno  de los protagonistas de la guerra de la SIDE con la Policía Federal por el control de un negocio que, además de dinero, brinda información sensible sobre personajes poderosos, como aprendió el ex juez Norberto Oyarbide, cuando lo filmaron en paños menores y un disfraz de legionario romano junto a un joven servicial. María Servini se resistió por años a proceder contra Martins, con distintos argumentos procesales, que se disolvieron por arte de magia (electoral) en la segunda semana de agosto. Ahora habrá que tramitar su extradición.

Lorena Martins: mi papá es un delincuente que financió la campaña de Macri.

La república autónoma del cuarto piso

En cambio, Alberto Fernández no suscribe la idea de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, para diluir en una nueva mayoría los conflictos entre el Obispo de Rafaela, Ricardo Lorenzetti, quien a toda costa se propone recuperar las canonjías que alegran la existencia del presidente del tribunal; el Emperador, Carlos Fernando Rosenkrantz, que se ilusiona con ejercer en plenitud el cargo arrebatado a su adversario y no intuye ninguna sombra en su futuro; el ex ministro de Justicia y Procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, que aspira al mismo sitial, y el Pato Juan Carlos Maqueda, que sería el más calificado para asumir tamaña responsabilidad en este momento, pero que por eso mismo no quiere saber nada con tal carga. Elena Highton merece un reparador descanso, luego de tantos trajines en bien de la patria y la familia. Sí ha pensado en un candidato impecable para la Procuración General de la Nación, que tendrá un rol fundamental en la Justicia penal cuando entre en plena vigencia el nuevo Código Procesal acusatorio, con el que las investigaciones recaerán en los fiscales. Es una de las personas que soportó con entereza el aislamiento en Comodoro Py, por no participar de las reglas del juego.

La idea de Fernández es que las distintas funciones de la AFI sean absorbidas por los ministerios que correspondan. Una hipótesis es que la secretaría de asuntos estratégicos creada durante el macrismo para Fulvio Pompeo, pase a ocuparse de la inteligencia estratégica nacional. Allí  trabajan jóvenes analistas altamente calificados, que no pertenecen a la estructura política del PRO. Respecto de las escuchas telefónicas y las captaciones remotas de dispositivos electrónicos, tan utilizadas por el gobierno de Maurizio Macrì, Patricia Bullrich, Marcelo Sebastián D’Alessio y Mario Montoto, volverían a depender del Ministerio Público Fiscal, que es donde mejor funcionaron a lo largo de la historia, sin una sola filtración ni intromisiones en la vida privada de nadie.

El Presidente Fernández también disolvería el Ministerio de Seguridad, cuyas funciones serían absorbidas por un Consejo Nacional de Seguridad, del que formarían parte distintos sectores del oficialismo y de la oposición y cuyo presidente reuniría las facultades ejecutivas y la conducción de las fuerzas federales. Del Consejo participarían también los gobernadores. Cualquiera sea el organigrama resultante (y es preciso tener cuidado para que el nuevo ente no se superponga con el Consejo Federal de Seguridad, del que participan los ministros de seguridad provinciales) subsisten cuestiones que requieren una intervención decidida de la conducción política, en la línea que Alberto le marcó a la ministra Bullrich, cuando cuestionó la criminalización de la pobreza que implica la orden ilegal de que las fuerzas federales ejerzan el control de los pasajeros que viajan en trenes suburbanos, como si para ellos no rigieran las garantías constitucionales.

Ni conducción autoritaria ni autoregulación

La reforma de las policías, los protocolos que regulen la excepcionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, la estricta demarcación entre defensa y seguridad, el manejo no violento de la conflictividad social en el espacio público, la baja de la tasa de encarcelamiento por la ley de drogas, no pueden quedar librados ni a una conducción autoritaria y retrógrada como ahora, ni a la autoregulación policial.

La música que escuché mientras escribía

 

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