Fuente: Irina Hauser | Página/12
Fecha: 30 junio 2019
Como muchos judiciales, Alejandro Slokar empezó su carrera como meritorio cosiendo expedientes y armando legajos, hace 38 años, cuando tenía 18. Desde 2011 integra la Cámara de Casación Penal Federal, el máximo tribunal con esa competencia. Esta semana fue noticia porque sus dos compañeros de la sala II decidieron apartarlo a pedido de Elisa Carrió para que no intervenga más en la causa de espionaje ilegal que tramita en Dolores. Discrepa con esa medida, dirá en esta entrevista. Pero la situación ahora le permite hablar del caso y decir que existió una maniobra para sacarlo, y que es una causa gravísima que revela una posible «amenaza al orden democrático porque hay sectores de inteligencia que operan de modo paralelo, clandestino, con esa idea de doble Estado oculto, para lo que se busca un Poder Judicial cómplice». Slokar describe las presiones que él y otros jueces y juezas deben sortear en forma permanente. A la vez, cuestiona como contracara «que la Procuración General no adopte una posición más seria con respecto a Stornelli», que está en rebeldía por no presentarse a la indagatoria. «Un fiscal no es cualquier imputado», advierte.
–¿Cómo evalúa su apartamiento del caso de espionaje ilegal o «D’Alessiogate»?
–Tengo el deber de respetar el criterio de mis colegas a pesar de mi profunda divergencia. Mi opinión, expresada en un informe, es incompatible con lo que ellos escribieron. No puedo sustraerme a la sospecha sobradamente fundada que detrás de esto existió una maniobra que tuvo por objetivo excluirme de la intervención de la causa de espionaje. En el Consejo de la Magistratura un consejero del oficialismo reflotó una denuncia de hace tres años, que iba camino al archivo, para facilitar el andamiaje para la presentación judicial del apartamiento en Casación. En esa presentación Carrió adujo `temor de parcialidad` por el hecho de que ella había hecho aquella denuncia contra mí en el Consejo. Eso estuvo frenado y curiosamente el día en que es desestimado porque no se verificó ninguna irregularidad de mi parte, ni siquiera disciplinaria, soy apartado de la causa. Quien recusa (Carrió), tampoco jamás se había presentado en el expediente e introdujo el planteo en la cuestión de competencia, sobre la que tampoco revela ninguna posición. Bajo esas condiciones, no obstante, los colegas me apartan. Carrió se calzó el traje de imputada para traducir un favor al resto de los imputados.
–¿A qué atribuye la decisión se sus compañeros (Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci)? ¿Los presionaron?
–No puedo especular. Pero queda claro que el diseño respondía a esta acción de sacarme del expediente. Esto reconduce a otra situación, que es que desde el comienzo se insistió en sacarle la causa al juez Alejo Ramos Padilla. En Casación, Stornelli pidió la nulidad del sorteo que radicó el expediente en la sala II, que yo integro. Lo último fue la maniobra de la que hablamos. ´Algo huele mal en Dinamarca´ cuando se oficia también de abogado en favor de imputados de espionaje legal y extorsiones, como agentes de inteligencia, comisarios, hombres de prensa, funcionarios. A no ser que se busque ´jueces que lo representen´ como alguna vez se afirmó (dice en alusión a una frase de Mauricio Macri) en la Bolsa de Comercio a instancias del Colegio de la calle Montevideo, sin que se sonroje ningún defensor de la república.
–¿Usted ha tenido presiones políticas fuera de este caso?
–Estoy respondiendo informes en promedio trimestrales por denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Me piden juicio político siempre las mismas personas: Waldo Wolff, Alejandro Fargosi, Carrió y demás oficialistas. Nunca vi algo así. Impide la tranquilidad que un juez necesita para resolver. Son claras maniobras de hostigamiento. Cuando asumí en Casación en 2001 me denunciaban los acusados de lesa humanidad. Después empezó el macartismo por Justicia Legítima, que se convirtió en el cliché sobre el que se monta todo lo demás. Está lanzada desde hace tiempo la tentativa de neutralizar la labor de aquellos magistrados que se insinúan como obstáculo. A muchos se los busca incapacitar, sino decididamente eliminar a través del Consejo de la Magistratura.
–¿Piensa que se busca una especie de justicia a la carta?
–Es claro que no todos en el Poder Judicial expresamos lo mismo y que no se acepta a quienes respondemos a otro patrón ideológico o visión del derecho. Nuestra carga genética responde a un compromiso del resguardo de garantías y derechos humanos. Después tiene que ver nuestro resguardo en favor de los intereses de los más débiles. Contra aquellos jueces o juezas que se evidencian como inconveniente, toda la presión desde el oficialismo se desata para neutralizarlo. Es el famoso fórum shopping, como se intenta desde el inicio en la causa de Dolores. Lo que se afecta también es el principio de igualdad que debe imperar en democracia. Los árbitros se sortean, no se eligen. Se quiere eliminar la función de frenos y contrapesos de los jueces naturales. De ahí también las denuncias ante el Relator de Especial de Naciones Unidas por parte de organismos de Derechos Humanos sobre el disciplinamiento y cooptación de jueces.
–¿Cree que está en riesgo la causa de espionaje?
–Si no hay un fortalecimiento y respaldo a la labor que lleva adelante el juez de Dolores, está en riesgo. No cuenta con el respaldo desde el punto de vista institucional y corporativo con que cuentan otros colegas suyos. Hay circunstancias que conspiran que vienen de la mano de la generación de investigaciones paralelas que pretenden poner en crisis lo actuado allá.
–¿Usted hizo una evaluación sobre la gravedad de este expediente antes de que lo apartaran, podría explicarlo?
–Existe una estructura o una organización que puede constituir una amenaza al orden democrático porque hay sectores de inteligencia que operan de modo paralelo, clandestino con esa idea de doble Estado oculto, para lo que se busca un Poder Judicial cómplice. No se sabe si se trata de actividades estales o sectores que operan subterráneamente, pero está claro que hay vasos comunicantes. Se habla de una relación promiscua y una situación clandestina y paralela. Están implicados el manejo y control de datos personales de un universo inconmensurable. Al amparo de esta pesquisa, cualquiera puede ser observado, desde la más absoluta clandestinidad, interferido en un mensaje de texto, en un correo electrónico, y es un atentado grave contra la privacidad de cualquier ciudadano, como nunca antes. Es un ataque a las libertades civiles. Por eso también la Corte Suprema puso atención a este fenómeno en una acordada sobre las escuchas. El Papa tuvo que advertir esto en el último en encuentro con jueces, que llama la atención sobre la crisis de institucionalidad y no lo podemos naturalizar.
–¿Recuerda algún caso similar?
–Quizá me trae un deja vú de la etapa embrionaria de la recuperación democrática en que operaban bandas militares o paramilitares como la de Aníbal Gordon.
–¿Qué debería suceder con la situación de fiscal Carlos Stornelli, cuya rebeldía quedó firme esta semana tras faltar a cinco indagatorias?
–Prefiero no hablar de «rebelde». Rebelde era James Dean. Técnicamente es un magistrado contumaz que elude una y otra vez la comparecencia ante un juez. En tanto imputado cuenta con todos los derechos garantizados para hacer valer cualquier táctica o estrategia en el marco de un proceso. Pero un fiscal tampoco es cualquier imputado. Lo que me parece muy grave es que la Procuración General no adopte una posición más seria. La situación institucional es crítica.
–Usted mencionó la acordada de la Corte que estableció criterios escuchas telefónicas ¿Cree que sirve de algo o es una mera expresión de deseos?
–Sí, porque jerarquiza la cuestión y reacciona frente al reclamo del relator de Naciones Unidas (de derecho a la privacidad, Joseph Cannataci). Hay un llamado de atención también sobre el uso de escuchas, como también el celo de resguardo a las condiciones de validez. Si la corte dicta una acordada, si bien no es una sentencia, fija estándares, debe tener impacto en la interpretación de los jueces.
–¿Por qué se filtran escuchas? ¿A quién hay que responsabilizar?
–¿Alguien puede ser ajeno? No. Evidentemente hay muchos actores. Por un lado quien adopta una decisión de ordenar una escucha. El registro de escuchas que se lleva adelante no parece lo bastante racional, responde a un modelo más represivo. Y además debería haber un registro de controles cruzados sobre la estructura de escuchas de la Corte Suprema. Los resortes internos del mecanismo reportan a los titulares, dos camaristas y un director a cargo. Parecería más sano desde el puto de vista institucional, que existiera algún control externo más allá de los órganos de inteligencia, que también son parte del problema y corresponsables. Un sistema puesto en crisis de este modo requiere al menos de un control profundo de auditoría de un organismo externa.
–¿Qué le parece el planteo de que hay que revisar todos los fallos de los últimos tiempos, como plantea un sector del kirchernismo?
–Nadie puede molestarse por ver sometidas a examen sus decisiones, que es la labor que dentro de su ámbito cumplen los tribunales de alzada y dentro de su competencia el Consejo de la Magistratura. Eso es imperativo en un Estado de Derecho. El control existe por regla.
–Pero usted mismo me dice algunos de esos órganos de revisión son utilizados para hostigar o disciplinar.
–Quizá ocurre con la mayoría actual del Consejo, en las Cámaras no creo. Hay que resguardar a rajatabla la independencia horizontal de todo poder formal y fáctico, pero también vertical, de cúpulas que siempre pugnan por alineamientos dóciles. El propio Estado de Derecho no admite la distorsión y hasta la perversión como la del momento actual, donde el signo es el macartismo. Es la página que tenemos que lograr dar vuelta.