Fuente: Jorge Elbaum | El cohete a la luna
Fecha: 07 de ABR 2019
Las repetidos papelones de la Ministra de Seguridad son valorados como indudables aportes por parte de Estados Unidos e Israel. Patricia Bullrich sobreactúa su rol, vinculado a la criminalidad doméstica, para congraciarse con las prioridades estratégicas ajenas a los flagelos realmente existentes en la Argentina. Los documentos de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de los Estados Unidos, filtrados inicialmente por Edward Snowden a partir de 2013, muestran con claridad que las temáticas del narcotráfico y el terrorismo son los dos elementos utilizados por Washington para controlar y disciplinar a quienes se evalúa como antagonistas a sus intereses económicos o políticos.[1]
Los informes filtrados de la NSA indican que la inexistencia de amenazas de terrorismo y/o narcotráfico en países socios, no pueden ser óbice para que abandonen su tratamiento como prioridad global: todos los recursos de los países subalternos deben estar orientados a su combate, para auxiliar la guerra que Estados Unidos lleva a cabo. Las diferentes agencias de inteligencia estadounidenses sugieren (y/o exigen) la permanente implantación de dichas agendas, con independencia de su relevancia doméstica.
Algunos de esos documentos dan cuenta de cuáles son los procedimientos y formatos más recomendables para imponer el tópico del terrorismo que, se sugiere, debe estar coligado al del narcotráfico dada la pregnancia que genera la adicción juvenil a estupefacientes entre las familias.[2] La apelación al terrorismo ha sido utilizada por la NSA para espiar a la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la primera ministra alemana, Angela Merkel, o la empresa Petrobras; y para inventar el “asesinato” del fiscal Natalio Alberto Nisman.[3]
En los documentos filtrados de la NSA (disponibles en ACLU) se especifican los mecanismos de asociatividad con gobiernos y referentes amigables, aptos para resguardar los beneficios estratégicos de Estado Unidos, tanto de su gobierno como de sus empresas.[4] Los puentes con dichos socios, como el caso de la ministra Bullrich, se establecen a través de las delegaciones diplomáticas, la consultoría, el intercambio de asesores y funcionarios, la financiación de Centros de Investigación (think tanks), la donación de recursos para operativizar sus intereses y la formación académica de dirigentes. Entre los colaboradores de la ministra, Alberto Föhrig, Secretario de Coordinación, y Eugenio Burzaco, Secretaría de Seguridad, han recibido titulaciones educativas en universidades ubicadas en Washington.
Desde que Patricia Bullrich asumió como ministra realizó dos viajes relevantes, ajenos a cumbres o encuentros protocolares. El primero fue a Tel Aviv en noviembre de 2016 y el segundo a Washington en febrero de 2018. En el primero de los periplos adquirió software de vigilancia para el combate al terrorismo y cuatro lanchas de guerra para la lucha contra el narcotráfico. En el último viaje, en 2018, renovó su compromiso de enfrentar a Hezbollha, supuestamente instalado en la Triple Frontera, motivo por el cual logró renovar los U$S 700.000 de ayuda otorgada por el Pentágono, mereciendo, además, una felicitación de la DEA por su inestimable colaboración. Otra de las retribuciones otorgadas a Bullrich en Washington consistió en un acuerdo de información compartida para ser analizada por los centros de fusión, dependientes de la Office of Intelligence and Analysis (I&A) adscriptos a la NSA, donde se relevará y procesará material público y privado atinente a la lucha contra el terrorismo.[5]
Durante ese viaje, la defensora de la doctrina Chocobar también visitó, en el seno de Cámara de Representantes, al legislador republicano Harold Rogers, presidente de la Subcomisión de Asignación de Fondos, encargado de otorgar viabilidad financiera a los más conspicuos seguidores de las políticas del Pentágono. Rogers ha sido nominado en más de una oportunidad, por asociaciones civiles, como “uno de los congresistas más corruptos”, por sus espurias relaciones con dictadores latinoamericanos y por promover negociados ajenos a su tarea legislativa.[6]
Convocatoria a los fantasmas
La Triple Frontera es un tema recurrente en el discurso de Washington y por extensión en el de Bullrich, porque permite actualizar periódicamente el fantasma imprescindible del terrorismo. Entre los analistas más rigurosos no puede ser explicado cómo un área compuesta por tres pequeñas ciudades, cuya población total es de 650.000 personas, no ha podido ser controlada por las fuerzas policiales de tres países, cuyo presupuesto invertido en la zona supera con creces el dispuesto sobre áreas de mayor criminalidad. La razón sustantiva del interés de Washington en la zona (eufemizado detrás del narcotráfico y el terrorismo) parece ligarse más a la exigencia de diferentes corporaciones multinacionales que exigen disminuir la proliferación del fraude con marcas comerciales, elusivo del pago de patentes.
Las referencias a Hezbollha, por su parte, permiten intervenir y modelar a los servicios de seguridad y de inteligencia de los países a los cuales se busca subordinar. Ese objetivo supone además externalidades beneficiosas para las corporaciones monopólicas: incluye la comercialización de armamento y la cooptación de funcionarios mediante prebendas materiales y simbólicas con las que se imponen los modelos políticos exportados. La denominada Guerra contra el Terrorismo ha pasado a ser el elemento central de la política exterior luego del final de la Guerra Fría. A través de esa coartada, Washington se ha visto legitimado para operar en cualquier lugar del mundo, sin las limitaciones que imponen las soberanías nacionales.[7]
Para darle vitalidad a la agenda consensuada con sus socios, la ministra ha procedido con sistematicidad a convertir en terroristas a las familias mapuche que pujan por no ser expulsadas de sus tierras. Para lograr ese objetivo, tergiversaron la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, asociándola a la lógica subversiva, y viabilizaron su represión causando los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Desde esta perspectiva legitimaron, también, la detención de los hermanos Salomón, que permanecieron 22 días encarcelados, y la apertura de una causa, de claro contenido islamofóbico, contra Hassan Adnan Hamze (primo de los Salomón), a quien el juez de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, acusó de actividades sospechosas luego de encargar helados a un delivery.
La reciente detención de los artistas chilenos y la difusión del caso como un hecho de terrorismo, sumado al irresponsable tratamiento del ministerio de seguridad relativo a la pareja iraní que ingresó al país con pasaportes falsos: la expulsión del equipo paquistaní de futsal y la retención al team colombiano de bicicleta de montaña. explican la gestión de una agenda funcional a la compra de armas, adquisición de aparatología de seguridad, justificación de persecuciones varias y –sobre todo—, el aval para la injerencia de agencias extranjeras en el seguimiento de las problemáticas domésticas. Los aparatos de inteligencia paraestatal puestos en evidencia en el caso D’Alessio y sus vínculos íntimos con las delegaciones diplomáticas extranjeras completan el cuadro de pérdida de soberanía y utilización de información local al servicio de intereses foráneos.
Una de las consecuencias directas de la inclusión forzada de dicha agenda, en países que aún permanecen ajenos a luchas fratricidas de índole confesional, puede observarse en el reciente acto terrorista sucedido en Nueva Zelandia, donde el supremacista blanco Brenton Tarrant masacró a 49 personas en dos mezquitas. La convocatoria negligente a los fantasmas del terrorismo podrá ser útil a las políticas de Washington. Pero solo engendra odio, discriminación y muerte.
[1]. Bonifaz, Rafael. “La NSA según las revelaciones de Snowden”. En https://bit.ly/2UfYkHR
[2]. Lacaze, Laura: “Vigilancia masiva de comunicaciones: una (ciber)inquisición”. En: https://bit.ly/2TZ6E9X
[3]. https://glo.bo/1eDNtdk y https://bit.ly/2CVIo2y
[4]. https://bit.ly/OhRvOO y https://bit.ly/2uK2FDU
[5]. El caso de Odebrecht fue iniciado por información recolectada en los fusion center. Dichos datos fueron enviados a la justicia brasileña con el objeto último de limitar la acción y competitividad de la empresa constructora que venía hace dos décadas quitándole espacio a sus competidoras de capitales estadounidense. https://bit.ly/2K8QdrF
[6]. La ministra argentina logró reunirse con quien la Asociación de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética nominara como el miembro más corrupto del Congreso. https://bit.ly/2K98Goc